XXXI Aniversario de la Constitución Española

4/dic/2009

Intervención del presidente del Parlamento, Antonio Castro

Nos reúne el aniversario y la fiesta de la Constitución de 1978, que estableció y aseguró los derechos y libertades civiles y el periodo más largo de paz y prosperidad de la historia de España y que, frente a la tradición centralista, reconoció las diferencias y peculiaridades de los territorios y su autogobierno.

Con ese motivo, celebramos la fiesta de mayor legitimidad y rango, porque nació de una voluntad y un logro colectivos; un contrato para la convivencia plural y enriquecedora de distintas tierras y culturas bajo la premisa de la solidaridad.

Redactada desde la concordia, la Constitución recoge los ideales políticos modernos, y ha sido esencial para la transformación y la modernización del Estado. Como manifestó el catedrático Pedro de Vega, la Constitución “no es un puro nombre, sino la expresión jurídica de un sistema de valores a los que se pretende dar un contenido histórico y político”.

Desde la razonada necesidad dentro de su marco y la premisa del amplio acuerdo, una buena Constitución y tres largas décadas de libertad y progreso nos avalan para actualizar los objetivos, reactivar las nobles ambiciones y para, desde posiciones centradas, definir e impulsar las políticas y estrategias de la nueva Edad, aún sin bautizar, que la globalización nos ha descubierto.

Desde las coordenadas de una crisis internacional que, en cada territorio muestra, también, secuelas propias sobre la economía y el trabajo, se impone la colaboración leal entre fuerzas políticas, agentes sociales e instituciones; y es absolutamente prioritario escuchar y resolver las legítimas demandas ciudadanas.

Voces de todo el espectro político y representantes de distintos ámbitos de la sociedad han pedido ejercicios de autocrítica y reflexiones desinteresadas para articular las nuevas reglas que impidan en el futuro situaciones tan peligrosas e indeseables como la que padecemos.

Junto a las medidas de saneamiento, resulta obligatorio y prudente la regulación del mercado mediante criterios y mecanismos de garantía y transparencia, y el control, por parte de los poderes públicos, sobre los movimientos de capitales.

Se imponen criterios de moral pública frente a la codicia y el exceso que, tarde o temprano, devienen en caos; y, de la misma manera, se necesitan reformas de las administraciones públicas para hacer frente a las demandas sociales.

En la atención a los sectores más débiles y afectados de nuestra población, tenemos que reconocer los esfuerzos de los gobiernos de todo signo y de las distintas administraciones públicas para cumplir sus obligaciones aún con presupuestos menguados.

Los tiempos nuevos nos marcan dos tareas difíciles y simultáneas, dos exámenes sin oportunidad de repesca. La primera es la respuesta cabal a los problemas de nuestra sociedad, que no admiten espera; la segunda, la dotación de los instrumentos legales para caminar juntos y con pie firme por el Tercer Milenio.

“Las leyes no son justas por el hecho de ser leyes; deben ser leyes porque son justas”. Desde la afirmación de un pensador del Renacimiento y de su sabio consejo de “no tornar a las cosas pasadas sino, por el contrario, prever las futuras”, necesitamos leyes que sean útiles para todos porque expresan las aspiraciones generales y que, por su amplia participación y debate, nazcan con voluntad de amplio recorrido en la vertiginosa era de cambios que vivimos.

Debemos recuperar la síntesis de pragmatismo e ilusión, que demostró la Transición, para emprender las reformas constitucionales y estatutarias pendientes, porque lo permite la salud del sistema democrático y, lo que es más importante, la madurez, sentido común y templanza de nuestra sociedad.

Hoy, más que nunca, tenemos que usar la política en su sentido original, para garantizar la dignidad de su ejercicio y satisfacer la exigencia ética de nuestros representados.

La importancia de la cuestión no permite dogmatismos, exclusiones y refriegas estériles. Exige, por el contario, el concurso de la mejor política que es aquella que, liberada de lo accesorio, se dirige al interés general; la que se funda en la lealtad y el respeto a las instituciones; la que asegura la atención efectiva de los sectores más sensibles y necesitados de la sociedad, la que entiende la cooperación como la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegan todos.

En la realidad incuestionable de la pluralidad de las nacionalidades y pueblos, Canarias pone en valor sus rotundas diferencias para contar y pesar en los ámbitos políticos y culturales a los que pertenece. Es una aspiración digna y compartida por todos y una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar, por nosotros y por las nuevas generaciones, que nos pedirán cuentas de lo que hicimos mal o dejamos de hacer.

El reto pendiente sobrepasa las esferas partidarias y reclama la participación activa y generosa de todos, los mayores esfuerzos de integración en un ideal común y asumido por todas las sensibilidades.

El balance de los veintiocho años de autonomía y los veintitrés de adhesión a Europa es francamente positivo. El crecimiento del 60 al 87 por ciento del PIB y los avances en infraestructuras y servicios esenciales como sanidad, educación, vivienda, empleo, medio ambiente y agricultura lo acreditaron. Ahora tenemos la necesidad imperiosa de ir a un verdadero modelo de crecimiento sostenible, para fortalecer los flancos sociales que quedaron al descubierto con la crisis y devolver el estado de bienestar que conocimos.

Escarmentada de las demoras, resueltos los últimos rechazos al Tratado de Lisboa y elegidos los cargos que afrontarán el nuevo quinquenio, Europa apunta a rumbos más sólidos, participativos y solidarios, en cuanto propone una eficaz descentralización y una toma de decisiones basada en la participación de los poderes territoriales, la cohesión internacional, la protección del medio ambiente y el fomento del empleo.

Canarias, que es un aval de seguridad en un área clave del planeta, tiene que desplegar sus potencialidades en ese marco supranacional, creado para asegurar el futuro armónico de todos sus socios, con acciones de desarrollo y cohesión.

El Estatuto canario exige reformas de fondo y forma para desempeñar competencias constitucionales y otras nuevas e insoslayables en esta coyuntura. Por nuestras circunstancias especiales, más acuciantes y diferenciadas que las de cualquier otra Comunidad, precisamos una norma del máximo nivel cuyos alcances recoja la Constitución, que debe y puede ser reformada, como prevé y regula su articulado.

Es el momento de resaltar el espíritu abierto y el carácter social de la Constitución Española pero, también, el de reactivar el consenso que la hizo posible para adecuarla a las nuevas realidades. No se trata de forzar un texto que ha probado su eficacia con gobiernos de distinto signo; se trata de preservar su valor esencial, la base del amplio acuerdo, y habilitarla para una nueva época donde los horizontes socioeconómicos y culturales son lisa y llanamente distintos.

En el mundo globalizado y en la Europa cohesionada, Canarias necesita la delimitación de sus aguas territoriales; capacidad para las relaciones con el entorno africano y América y competencias en comercio exterior; ejercer realmente como puente y avanzadilla de la Unión Europea y, a la vez, activar al máximo el potencial que tenemos por demografía, renta y ubicación geográfica.

Necesitamos habilitar cauces de participación en las políticas estatales y europeas; reforzar el REF, asumir la gestión tributaria, gestionar las infraestructuras de comunicaciones porque estamos en el nudo de las comunicaciones atlánticas y porque, las ampliaciones previstas, servirán a la imparable mundialización del comercio y al desarrollo de las tecnologías de la comunicación.

Viene al caso recordar que en vísperas de la creación de los Cabildos Insulares, hace ahora un siglo, el pensador y político Pedro Pérez Díaz escribió que “para afrontar los conflictos que plantea el régimen político-administrativo de Canarias se han de tener en cuenta tres elementos fundamentales: la personalidad propia de las islas, la vida de relación de ellas entre sí y la del Archipiélago con el estado”. A estas consideraciones, defendidas también por otros próceres como Manuel Velázquez Cabrera, Benito Pérez Armas y Rafael Ramírez, nosotros hemos de añadir ahora las relaciones con la Unión Europea.

Canarias es una singularidad en sí misma y, también una suma de singularidades: la condición de Archipiélago, su posición atlántica y africana, su naturaleza y su clima, la distancia del continente europeo, su vocación y cultura occidentales y su protagonismo hispanoamericano. Por coherencia y patriotismo, estos hechos diferenciales nos instan a reivindicar medios legales y materiales para solucionar viejos y nuevos problemas y desarrollar todas nuestras potencialidades.

Desde esta tribuna, saludamos la efeméride y, animados por la experiencia constitucional de 1978 llamamos a la ilusionante tarea de consolidar con sus aportaciones, y ampliar con la tolerancia y el diálogo, el gran espacio de libertad, convivencia y progreso que hemos construido entre todos.