Acuerdo adoptado por el Pleno de la Cámara en el que adopta una postura en referencia a un asunto, o bien se insta a otra institución (normalmente el Gobierno, ya sea el de Canarias, ya el del Estado) a realizar una actuación determinada. Una vez aprobada, la resolución se remite a quien proceda, si bien sus efectos no tienen fuerza jurídica, únicamente política.
