Diario de Sesiones 71/2017, de fecha 4/4/2017 - Punto 31

9L/C-0609 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES.

La señora PRESIDENTA: Vamos a la comparecencia 2.4, señorías.

(La señora presidenta abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández).

(Rumores en la sala).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Señorías, comparecencia 2.4, al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, instada por el Grupo Socialista Canario, sobre planificación de infraestructuras judiciales.

Para su defensa, el señor Matos.

Señorías, señorías, por favor, guarden silencio.

Señor Matos, cuando quiera.

El señor MATOS EXPÓSITO: Gracias, señor presidente.

Le iba a decir al señor Ruano que estoy desatado porque me ha tocado intervenir dos veces seguidas, y la pena es que no esté en el hemiciclo para decírselo.

Esta comparecencia que le hacemos, que hemos solicitado es para que el consejero de Justicia nos pueda explicar algo que ha salido publicado en los medios de comunicación, que ya ha generado cierta controversia entre los operadores jurídicos de Santa Cruz de Tenerife. Yo he tenido la oportunidad, antes y después del anuncio, de hablar en privado con el consejero, pero está bien que, aparte de las conversaciones que se hayan podido tener fuera del hemiciclo, personalmente, con otros grupos, incluso con el resto de asociaciones o agentes que tienen, digamos, algo que decir en cuanto a la ubicación del edificio judicial o del Palacio Judicial de Santa Cruz de Tenerife, pues, que, como digo, el consejero pueda venir aquí a explicarlo y, a raíz de la información que él nos dé de forma oficial... Esta mañana ha tenido además la gentileza y el buen gesto parlamentario de aportarnos alguna documentación desde por la mañana para poderla ir examinando en relación con esta comparecencia, cosa que le agradezco -se nota que el señor consejero ha sido muchos años diputado en esta Cámara, se agradece-.

Y, como le digo, señor consejero, usted es consciente como yo de que no es una decisión sencilla, que no es una decisión fácil. Que ha salido publicado en los medios de comunicación el rechazo, al menos inicial, de los colectivos. En primer lugar el decano de los jueces de Santa Cruz de Tenerife se ha mostrado abiertamente en contra de la ubicación de la ciudad de la justicia de Santa Cruz de Tenerife en la ubicación, digamos, de la población de El Sobradillo en la capital; también lo ha hecho oficialmente el decano del Colegio de Abogados; lo han hecho algunos funcionarios, que están pendientes de tomar algunas decisiones cuando al parecer conozcan mejor el proyecto, pero también abiertamente una parte de ellos se ha manifestado en contra del traslado de la vida judicial de Santa Cruz de Tenerife fuera, digamos, del centro urbano de la ciudad.

Y, por lo tanto, esta comparecencia tiene, digamos, como objetivo saber exactamente cómo se ha tomado esa decisión, qué motivos han llevado a tomar esa decisión, conocer de forma detallada cuáles son las alternativas urbanísticas que el Ayuntamiento de Santa Cruz le haya podido dar al señor consejero. En definitiva, qué ha motivado que finalmente haya sido la alternativa del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife en El Sobradillo la que haya, digamos, de alguna manera, sido por la que el Gobierno de Canarias se ha decantado.

Ese es el objeto de la comparecencia. En función de las explicaciones que nos dé el consejero, pues, haremos nuestra segunda intervención.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Matos.

Para su primera intervención, el señor consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): Señor presidente. Señorías.

Venía preparado, señor Gustavo Matos, en realidad para lo que era el título de la comparecencia: planificación en materia de infraestructuras judiciales en Canarias. Y no solamente para la de Santa Cruz, que también vengo preparado y, de hecho, imaginé que con la actualidad que tiene ocuparía más el centro de atención.

Pero sí quiero decir, por lo menos a vuelapluma, que efectivamente el plan de infraestructuras judiciales, que el equipo anterior tenía bastante avanzado y que estamos terminando ahora, del 2018 al 2032, no solamente contempla las prioridades del Palacio de Justicia de Puerto del Rosario sino también el campus o la ciudad de la justicia de Santa Cruz de Tenerife. Pero no quiero dejar de referirme también a necesidades que tenemos en los partidos judiciales de Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Santa María de Guía, el partido judicial de Telde, el partido judicial de Arrecife, el judicial de La Laguna y el de -como estaba diciendo- el de Puerto del Rosario y el de Santa Cruz.

Entrando más en la decisión, me preguntaba usted cómo habíamos llegado a esa conclusión. Sabe que en la comparecencia dije que una de las primeras cosas que quería afrontar era una decisión que desde el año 2007 se venía gestando; de hecho incluso se planificó un edificio que no se construyó jamás, que valía más de ciento veinte millones de euros, y que tampoco resolvía los problemas de aglutinar todo lo que son las sedes judiciales de Santa Cruz de Tenerife, del partido de Santa Cruz de Tenerife.

Cuando llego, veo cuáles son las opciones que tenemos de suelos disponibles. Había un suelo que tenía uso educativo, una parcela de uso educativo. El consejero anterior de Educación, de la pasada legislatura, el equipo anterior, había dicho que esa parcela era necesaria -tienen ustedes también una copia del informe del director general de Infraestructuras planteando la necesidad de esa parcela-. No tenemos en la zona otra parcela tan fácil de conseguir para cambiarla para suelo educativo. Y nos encontrábamos con una decisión: ¿qué queremos, un edificio en plan torre, judicial, que resuelva los problemas durante algunos años, más los años que tardamos en construirlo, o queremos un campus, una ciudad de la justicia, que resuelva todos los problemas para cincuenta o sesenta años?

Con ese ánimo planteé, como dije en la comparecencia en la comisión, planteé los tres esquemas de las reuniones, ¿no?: con los operadores judiciales, también efectivamente con los graduados sociales, con los procuradores, con los abogados y obviamente con los representantes de los trabajadores de justicia. De esas reuniones encontramos, como usted bien ha dicho, más resistencia en la Fiscalía, en los representantes de la Fiscalía, de la magistratura y del representante de los jueces, pero también dejaron abierto que querían un informe de la gerencia -que también tienen ustedes en la carpeta- para garantizar que no había ningún suelo disponible en la zona donde se pudiera construir la ciudad de la justicia, y el informe de la gerencia dice que no tenemos ningún suelo disponible de esa cantidad de metros para hacer un palacio de la justicia. Y, por lo tanto, nos fuimos con los tres suelos que teníamos disponibles.

Si lo que queremos es una ciudad de la justicia, un campus de la justicia, para que la gente se haga una idea, estamos hablando de una ciudad de la justicia similar, parecida, pero corrigiendo también los errores que habíamos cometido en la construcción de la de Las Palmas de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, pues, eso requiere unos metros de suelo, que no tenemos en la zona de Cabo-Llanos.

Y yo creo que de las tres opciones que se pusieron sobre la mesa, en este caso los representantes de los trabajadores -ahora confirmada, creo, por una reunión que hubo el viernes- siguen pensando que la solución es la de El Sobradillo, si lo que queremos es una ciudad de la justicia, los procuradores se manifestaron a favor, los graduados sociales también, los abogados debo decir que también, en la reunión que tuvieron conmigo, los dos representantes -no solamente nos felicitaron por la decisión sino que hicieron dos aportaciones interesantes para que se tuvieran en cuenta en la construcción del edificio-, y efectivamente tenemos la oposición de los fiscales y los jueces.

Se nos habla de la proximidad, de la zona de la proximidad, se nos planteó el tema de las comunicaciones. Todo eso está resuelto de una forma satisfactoria, y tenemos para resolver los problemas de transporte en la zona cinco o seis años, que es lo que se tardaría en construirse.

También he tenido en cuenta el tema del precio. Un edificio como el que estaba proyectado en aquella época, en el año 2009, el proyecto estaba cuantificado en 138 millones, lo rebajamos en 18 millones, quitándole elementos ornamentales, y se quedaba en 120 millones la construcción de ese edificio en el año 2009. Habría que actualizar los precios ahora. En la ciudad de la justicia de la que estamos hablando, señorías, similar a la de Gran Canaria, estaríamos hablando de entre 135 y 150 millones de euros. Fíjense, nada más que desde el punto de vista de los intereses económicos de la comunidad autónoma, es decir, del dinero de los ciudadanos. Es una solución para 50 o 60 años, tiene las mismas posibilidades que la de Las Palmas, en el sentido de que las necesidades de ampliación en el futuro se podrían albergar. Podríamos hacer una concentración de todo lo que son las sedes judiciales, no solamente la magistratura, sino también los juzgados, todos los juzgados, todo lo que tenga que ver en relación con la justicia, el Instituto de Medicina Legal, que necesita una ampliación y, por lo tanto, iría también en esa parcela, y por supuesto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que también se encuentra en un estado, como ustedes saben, en un edificio prestado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, un BIC, y que no permite muchas más ampliaciones en la zona.

Viendo todos los pros y los contras que tenían las parcelas, está claro que si lo que pretendemos es una ciudad de la justicia el lugar es El Sobradillo. Sobre el argumento de que aquello por lo visto no es ciudad, que aquella parte no es Santa Cruz, aquello es un barrio y parece que la justicia necesita más prestancia... Debo recordar que hay soluciones en otras ciudades de España, pongo a Valencia, Barcelona como ejemplo, donde los edificios judiciales, los palacios de justicia o las ciudades de la justicia no están en el centro de la ciudad. Primero por una cuestión urbanística, van creciendo y no quedan los espacios para construir un edificio de esa envergadura. Por lo tanto, estamos hablando, señorías, de diez minutos de diferencia dentro de una ciudad como Santa Cruz. Donde además hay un compromiso de que si efectivamente ponemos allí la sede judicial, también hay un compromiso de que el tranvía, que está a escasos metros por debajo, hay un compromiso de llevar una parada del tranvía -por lo tanto, servicio público- a esa zona. Y también es posible llegar a un acuerdo con Titsa en estos años que tardaría en construirse para que hubiera un servicio de guaguas. Ya no solamente directa desde ahora mismo el Intercambiador sino también la posibilidad de que las guaguas que vengan desde fuera de Santa Cruz también pudieran tener una parada previa en esa zona antes de regresar al Intercambiador.

Por otra parte, tendríamos, insisto, espacios para albergar lo que puede ser el nuevo concepto de la justicia con la oficina judicial y la oficina fiscal.

Y, por lo tanto, insisto, de todas las propuestas que hemos estudiado, por precio, porque efectivamente soluciona un problema de cincuenta o sesenta años de infraestructura judicial en la isla de Tenerife, porque la decisión para tomar este tipo de decisiones no puede ser la proximidad de algunos operadores judiciales al actual edificio de justicia o a la actual zona de Cabo-Llanos, porque además tendríamos en la zona un espacio para los ciudadanos, para los justiciables, con más de seiscientas plazas de aparcamiento, con facilidades, todo concentrado en la misma zona y que puede ayudar también a operar, en este caso a los operadores judiciales, en un solo edificio... Insisto, el mejor ejemplo que tenemos en Canarias, quizás el edificio judicial de Las Palmas de Gran Canaria. Y si efectivamente queremos invertir bien el dinero de la comunidad autónoma, porque no se trata de que lo invirtamos nosotros hoy, 120 millones en un edificio que, además, insisto, se quedaría pequeño en algunos años por las necesidades futuras de la justicia en Santa Cruz de Tenerife; si queremos invertir 120 millones hoy y dejarles una herencia a los que estén aquí dentro de diez o doce años, que tienen que construir otro edificio de otros 120 o 150 millones en la zona, si es que estuviera el edificio, ese tercer edificio en la zona, ante la posibilidad de construir todo junto por 150 millones, aproximadamente, en la zona de El Sobradillo, que llegará a ser también una parte del centro de la ciudad... Y les recuerdo a sus señorías que Cabo-Llanos era el extrarradio, ahora lo que llaman centro era el extrarradio de Santa Cruz de Tenerife, y hoy allí está el Corte Inglés, están los edificios administrativos, pero así se construyen las ciudades.

Y, por lo tanto, señorías, no tenemos que tenerle miedo a que porque ahora estemos a diez minutos del actual edificio, a diez minutos dentro de Santa Cruz en coche a esa zona, con la posibilidad de que los órganos judiciales dispersos estén todos concentrados y que todo el mundo pueda ir a trabajar a una misma zona...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Señor consejero, ¿quiere un minuto más o lo...?

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): Simplemente -gracias, señor presidente-, simplemente, insisto, para nosotros, para la Administración en este caso, no tiene color. Tenemos que pensar, insisto, mucho en los recursos que vamos a emplear, en una solución definitiva, y una solución en la que, siendo importantes los trabajadores, los magistrados, los jueces y los fiscales, señorías, lo más importante es que la justicia es para los ciudadanos, y los ciudadanos son los que tienen que tener la mayor comodidad cuando requieren de esos servicios.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor consejero.

Tiempo de los grupos no solicitantes. Por parte del Grupo Mixto, la señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías; buenas tardes, señor consejero.

"El distrito suroeste albergará la ciudad de la justicia de Santa Cruz de Tenerife", con esta noticia amanecía Canarias el 23 de marzo de 2017, no dejando indiferente a nadie, siendo calificado por el Gobierno de emplazamiento idóneo y soportando duras críticas por parte del colectivo dedicado a la actividad jurídica. El colectivo de procuradores y abogados, muchos de los cuales han establecido sus despachos profesionales en las inmediaciones del actual Palacio de Justicia, ubicado en la avenida Tres de Mayo, muestran su descontento, así como muchos jueces y fiscales. Pero lo cierto es que, en cualquier caso, ha de solventarse la actual situación de evidente dispersión de organismos. Y es que hoy por hoy encontramos por un lado el Palacio de Justicia; por otro lado, las dependencias de la plaza de San Francisco; por otro lado, el actual Instituto de Medicina Legal; y, por otro lado, tres locales más, que suponen un coste anual superior a 1,2 millones de euros.

La realidad es que necesitamos una auténtica ciudad de la justicia con proyección de futuro. Pero no solo la futura ciudad de la justicia ha sido noticia: el 26 de enero el titular lo proporcionaba el Palacio de Justicia de Arrecife, al estropearse la mayoría de los sistemas de grabación con la consiguiente suspensión masiva de vistas y el evidente riesgo de nulidad de actuaciones. La situación crítica del partido judicial de Puerto del Rosario también ha sido noticia, con un injustificado retraso y colapso, señalando fechas para vistas para el 2018. En La Gomera, señor consejero, a la gran carga de trabajo se le añade la escasez de medios. Estos retrasos en la justicia son una constante en todas nuestras islas, lo que evidentemente quebranta el derecho de todos y todas a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de nuestra Constitución.

En el mes de febrero, señor consejero, debatíamos en esta Cámara la Estrategia de Modernización de la Administración de Justicia en Canarias 2017-2019. Asimismo, nos relató sus ocho objetivos, de resultados, que pretenden desarrollarse a través de seis líneas estratégicas, pero mientras tanto, según el informe difundido el mes de marzo por el Consejo General del Poder Judicial, denominado Situación de los órganos judiciales en el año 2016, los tribunales de Canarias soportan la mayor tasa de litigiosidad de toda España, con 158 asuntos por cada 1000 habitantes, mientras que la media a nivel estatal es de 124 asuntos.

En este punto en nuestro grupo nos preguntamos cuándo se van a materializar las actuaciones englobadas en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2016-2023, que ahora es 2018-2032. Esperamos que en el año 2032 ya sea una realidad...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Mendoza. Ha finalizado su tiempo.

Por el Grupo Nueva Canarias, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidente.

Señor consejero, el Plan de Infraestructuras Judiciales, el del 2016-2019, porque del de 2018-2032, de ese todavía no conozco su contenido, incluía dos grandes objetivos, que eran el del edificio judicial de Santa Cruz de Tenerife y el de Puerto del Rosario. Tenía además dos fases: una fase que era la redacción y la aprobación de los proyectos durante el ejercicio 2016-2017 y la segunda fase, que era la de las obras de construcción y el equipamiento de los edificios, que era 2018-2021. Ya estamos en el segundo trimestre del 2017 y de momento la primera fase ni siquiera se ha iniciado, por lo menos en estas dos grandes infraestructuras.

En referencia a la nueva ciudad de la justicia, como se la va a llamar ahora, de Santa Cruz de Tenerife y que, según sus declaraciones, está absolutamente convencido de que el sitio idóneo es El Sobradillo, y además lo justifica con, vamos, con razones que yo entiendo contundentes: que va a permitir concentrar en una misma sede las oficinas, servicios, dependencias comunes, así como los distintos órganos judiciales, que además va a ser una inversión para sesenta o setenta años, que va a gozar de muy buena conectividad, que además las otras tres alternativas evaluadas se desestimaron, y además una de las razones de que se desestimaran es que, al encontrarse localizadas en el centro de Santa Cruz o en zonas colmatadas de Santa Cruz, convertirían las condiciones de tráfico de las mismas en un importante problema...

Ya le insisto, entiendo que son razones que justifican que la ciudad esté en El Sobradillo, pero lo que está claro es que los operadores judiciales no lo comparten. Según declaraciones de hace tres o cuatro días, no lo compartían ni los colegios de abogados ni los de procuradores ni los jueces ni los magistrados ni los fiscales, que entendían que no era la decisión adecuada trasladar todo el aparato judicial para alejarlo del centro administrativo y que además consideraban que había otras posibilidades que no se habían estudiado en profundidad, que eran mucho más cercanas, con mejores comunicaciones y que además gozaban de suficientes edificaciones para satisfacer las necesidades actuales y las futuras.

Yo me pregunto, es que no sé si esas que ellos dicen son estas tres que ustedes desecharon y por qué, si es así, dicen que no se han valorado en profundidad. Y yo, en cualquier caso, como la expresión dice que más vale un mal arreglo que un buen pleito, yo entiendo que debe reunirse todas las veces que haga falta con todos los operadores judiciales para que, con además el convencimiento que usted ha mostrado aquí de que ese es el sitio idóneo, pues, los convenza de que la opción elegida ha sido la adecuada y que no se actúe por la vía de la imposición, porque esa siempre es mala.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora González.

Por el Grupo Podemos, señora Del Río.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Buenas tardes, señor presidente, a todas y a todos.

El tema, efectivamente, yo también cuando leí el título de la comparecencia pensé que era algo más general, pero viendo cómo estaba el patio de las noticias dije: la cosa va a ir efectivamente por la ciudad judicial de Santa Cruz de Tenerife. Y aunque no quiero dejar de hablar también de las otras, sí queremos dar nuestra opinión.

También hemos estado preguntando a distintos colectivos y agentes y el tema es difícil. Sabemos que hay una parte importante, o una parte significativa al menos, que se opone, que son los decanos, fiscales y jueces, pero hay otra parte de trabajadores y trabajadoras que no les parecía mal la idea.

Y desde luego, viendo también el informe que nos ha pasado esta mañana con respecto a las parcelas, sí que consideramos que lo mejor es que el edificio reúna los requisitos suficientes para que no se nos quede pequeño como este, que antes de inaugurarse ya se había quedado chiquitito el actual, digo cómo... (ininteligible) otro sitio aquí. Que se planifique a largo plazo, con un buen edificio, que se puedan reunir todas las necesidades y esté todo en el mismo espacio nos parece interesante, y es verdad que conocemos la experiencia de Barcelona, de Valencia, de Málaga, de otros sitios que están así.

Hay un argumento que no nos gustaba mucho, y eso nos ha hecho reflexionar. No tenemos tampoco una postura cien por cien clara, porque sí que pensamos que la postura tiene que ser lo más consensuada posible, lo más hablada posible. Creemos que están en esa línea y también veníamos, por eso, a escuchar cuáles eran las posiciones de uno y otro partido.

Pero desde luego desechar la opción de El Sobradillo porque está a 10 km, porque son barrios fuera del centro, no nos parece razonable. Nos parece que los barrios tienen derecho a crecer, a hacerse vida importante en ellos. Que precisamente por ser un barrio un poco quizás más lejano al centro puede ser una oportunidad también, desde el punto de vista urbanístico, para conectar ese barrio con la ciudad y que se revitalice a nivel económico, y esa parte, desde el punto de vista social, también nos parece interesante. Con lo cual, una vez que ustedes hablen con todas las partes y lleguen a acuerdos, a nosotros por el espacio en sí nos parece razonable y lo veríamos con buenos ojos.

Por otro lado, queremos hablar también de la urgente necesidad y de cómo está la situación del edificio judicial de Fuerteventura, que nos parece tremendamente urgente y muy demandado.

Y también de los que ya existen que nos plantean también qué tipo de soluciones les van a dar, porque la gente se queja -ya me queda muy poco tiempo-, pues, tanto del edificio de Guía, que se moja todo el año; en Arucas también tienen problemas; en San Bartolomé de Tirajana, 40 grados de temperatura; en La Orotava, que no cumple los mínimos requisitos de seguridad; el de Arrecife, que parece que es de los mejores realmente, como edificio que está bien, pero que también está teniendo otro tipo de problemas. En fin, que haya una planificación de construcción de los que hacen falta urgentemente pero también que se tomen medidas para los que ya existen y que puedan realizar bien su trabajo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Del Río.

Por el Grupo Popular, el señor Moreno.

El señor MORENO BRAVO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías. Señor consejero.

He hablado sobre infraestructuras judiciales y sobre la modernización de la Administración de justicia, así como de la necesidad de la implantación de la nueva oficina judicial, antes, ahora y después, desde el año 2011 hasta el año 2017, es decir, dos legislaturas, tanto en la Comisión de Gobernación como en el pleno de esta Cámara. Iniciativas que he presentado en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Y, por tanto, mi intervención hoy quiero que se centre, sin olvidar, como se ha puesto aquí de manifiesto, la necesidad que existe, imperiosa, respecto del Palacio de Justicia en Puerto del Rosario o la solución que da, ofrecerse al partido judicial de La Orotava-Puerto de la Cruz, debatir lo que se ha generado como polémica en estos últimos días, que reside en la construcción del nuevo campus de la justicia de Santa Cruz de Tenerife. Porque yo conozco a don Gustavo, señor consejero, y sabía que ese iba a ser el objeto principal de la presente comparecencia: centrarnos en la polémica que se ha generado en torno al campus de la justicia de Santa Cruz de Tenerife.

Por tanto, recordando a Puerto del Rosario y recordando a Puerto de la Cruz-La Orotava, que son importantes, así como las necesidades materiales, que se ha hecho por parte de los restantes portavoces parlamentarios, le he de decir que, con respecto a Santa Cruz de Tenerife, por fin las administraciones públicas involucradas, el Gobierno de Canarias, así como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, han decidido apostar por un proyecto concreto. Un proyecto que permite acabar con esa dispersión de los órganos judiciales en esta capital, así como un ahorro anual en costes de arrendamiento de más de un millón de euros. ¿Y qué es lo que ocurre?: que esto genera polémica. Genera polémica incluso con argumentos rayanos en la incomprensión, porque se basan en la representatividad, en la grandeza de lo que debe representar un poder del Estado como el poder judicial. Pues, miren, la grandeza de un poder del Estado como el poder judicial reside en la administración de justicia, en la aplicación de la administración de justicia, ni más ni menos. Justicia que se administra en nombre del Rey, eso sí -que no lo olvide nadie-, justicia que emana del pueblo, conforme al artículo 117 de la Constitución. Y tan pueblo es el centro de Santa Cruz de Tenerife -y, miren, lo está diciendo un magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en servicios especiales-, tan centro es Santa Cruz de Tenerife, la zona de Cabo-Llanos, como es tan centro el barrio de El Sobradillo, donde se va a acometer la construcción del campus de la justicia. Lo importante, eso sí, es que en este proyecto se dote a la zona de buenas comunicaciones viarias, transportes, tranvías, aparcamientos públicos, haya una respuesta a los atascos como consecuencia del incremento previsible en la zona y seguro que con más pedagogía se podrán limar las asperezas.

Se hablaba -que no me queda mucho tiempo- de los casos de Málaga, de Barcelona. Yo le hablo incluso de la Audiencia Nacional. La sala de vistas de la Audiencia Nacional está a 15 km de la capital, San Fernando de Henares.

Nada más.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Moreno.

Turno del Grupo Nacionalista Canario, señora Beato. (Se reincorpora a su lugar en la Mesa la señora presidenta).

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señor presidente. Señorías. Señor consejero, buenas tardes.

El buen funcionamiento de la justicia en Canarias exige la planificación con visión de futuro, de unas obras que sean necesarias y que den respuesta a las demandas de los ciudadanos en todas las islas. La comparecencia versaba sobre las infraestructuras judiciales en todas las islas, pero el proponente se ha centrado en Santa Cruz de Tenerife.

Hay dos obras prioritarias, la de Puerto del Rosario y la de Santa Cruz de Tenerife, para las que hay crédito en el presupuesto para la redacción de proyectos. Por lo tanto, lo más importante ahora es disponer de las parcelas.

En Santa Cruz de Tenerife, a la vista de las nuevas necesidades, se ha cambiado el concepto de palacio de justicia por el de ciudad de la justicia, para concentrar en un solo campus varios órganos judiciales. Todos los informes, los municipales y los del Gobierno, concluyen que El Sobradillo es la única opción con suelo público, con suelo público, adecuado para su construcción. También lo concluía el señor Spínola en una comparecencia en el año 2008, que defendía El Sobradillo cuando aún se hablaba, cuando aún se hablaba, de palacio de justicia, porque es la única alternativa real, válida, inmediata y la menos costosa, con casi veintitrés mil metros cuadrados, que permiten al menos 700 plazas de aparcamiento y que ahorrará miles de euros a las arcas públicas en alquileres.

Disponer de suelo en el centro requeriría años de espera para adquirir parcelas privadas y modificar el planeamiento, y Santa Cruz no está dispuesta, no está dispuesta a esperar más para resolver las necesidades que tiene la justicia. En El Sobradillo aliviará el tráfico en el centro y es una gran oportunidad para el desarrollo económico y el empleo en una parte de la ciudad castigada por el desempleo, que es tan ciudad -y estoy de acuerdo con el señor Moreno-, tan ciudad como el mismo centro.

Hace falta, señor consejero, una buena gestión del cambio en este tipo de decisiones. Por eso le pedimos que continúe reuniéndose y explicando las ventajas y conciliando posturas, porque, miren, hace veinte años Cabo-Llanos era el extrarradio, pero además era un amasijo de basura y de chatarra y hoy es una parte importante de la ciudad. Esta será una obra que marque el futuro de Santa Cruz, como lo ha marcado en Barcelona o en Valencia.

Nosotros le pedimos que comience cuanto antes con la redacción de proyectos, que aproveche los créditos presupuestarios para redactar los proyectos de Puerto del Rosario y el de Santa Cruz de Tenerife, con un proyecto funcional, con buenas zonas de aparcamientos, reforzando las comunicaciones que aún existen, la línea de tranvía que ya existe, y entre decidir entre el interés general y el interés particular o corporativo nosotros siempre decidiremos por el interés general de la isla y de Santa Cruz de Tenerife.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.

Turno ahora del grupo proponente. Señor Matos.

El señor MATOS EXPÓSITO: Bueno, en primer lugar, agradecerle al consejero las explicaciones. Creo que es bueno, como dije en mi primera intervención, que se den aquí, básicamente porque será más fácil trasladárselo también a los agentes, digamos, del mundo de la justicia, que han ido manifestando su parecer al respecto del proyecto.

Déjenme decir solo una cosa, no al consejero sino que ha flotado una idea en el ambiente y me gustaría aclararla. Algunos parece que han descubierto El Sobradillo ahora. Bueno, que yo sepa, en el Ayuntamiento de Santa Cruz lleva gobernando el mismo partido unos treinta y cinco o cuarenta años. No creo que se hayan acordado de El Sobradillo ahora, porque aquí no se trata de decir que El Sobradillo no se merece tener un palacio de justicia, claro, y un colegio, y un polideportivo, infraestructuras culturales y un buen transporte, etcétera, etcétera, etcétera. No hagan demagogia con el debate. No estamos hablando de que El Sobradillo no sea un sitio digno para ubicar unas instalaciones judiciales. Por supuesto que sí, pero los que se han olvidado de El Sobradillo durante treinta años que no nos den clase a los demás de dónde está El Sobradillo y de las carencias sociales, culturales, de infraestructuras, que tiene ese magnífico barrio de Santa Cruz de Tenerife.

Miren, hay datos que a nosotros nos generan dudas, y el consejero lo tiene que entender. A mí me parecen razonables las explicaciones del consejero, pero cuando uno habla con otros responsables o con quienes han tenido responsabilidad en la materia, tanto en la Gerencia municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife como en la propia Consejería de Justicia, nos dan otra información, y aquí de lo que se trata, como bien ha dicho el consejero, es de tratar de buscar la solución más rentable económicamente, más práctica desde el punto de vista del uso, no solo para los que trabajan en el edificio, por supuesto -jueces, fiscales, personal laboral, funcionarios, letrados, procuradores, en fin, todo lo que conlleva un palacio de justicia-, sino también para los ciudadanos. Y aquí es donde a nosotros todavía no nos convence la decisión de El Sobradillo. No es porque el barrio no lo merezca -lo volvemos a repetir-, es una decisión que tiene que estar fundada en criterios objetivos. No para resolverle un problema a un ayuntamiento, que se ha olvidado de ese barrio treinta y cinco años; se trata de resolverle un problema a la Administración de Justicia y cubrir las necesidades de la Administración de Justicia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Miren, la información que nos trasladan a nosotros es que en la legislatura anterior ya había un acuerdo firmado, o casi firmado, por el departamento de educación del Gobierno de Canarias y por el departamento de justicia para permutar dos parcelas. La parcela que tiene uso educativo pasarla a un uso para poder ubicar el palacio de justicia y la parcela que estaba para ese uso pasarla a educación. Por tanto, decir algunas cosas que he escuchado -no recuerdo habérselo escuchado a usted hoy pero sí las he escuchado estos días-, que es que Santa Cruz no quiere renunciar a tener una parcela educativa en ese entorno, bueno, es que la solución que estaba prevista y firmada por los consejeros de Educación y de Justicia en la legislatura anterior no significaba que el Ayuntamiento de Santa Cruz perdiera una parcela educativa en la zona. Por tanto, eso no es verdad. Pero le añado algo más, en las distintas comparecencias que ha hecho la consejera de Educación, en ninguna, que yo recuerde, ha dicho que en esta legislatura tenga prevista realizar ninguna infraestructura educativa en la zona en la que teóricamente está esa parcela. Por lo tanto, ese argumento, no digo que lo haya utilizado el consejero, se lo he escuchado a lo mejor a algún responsable municipal, pero a nosotros no nos convence. En la misma zona hay otra parcela que viene del tema de Gestur, que tiene unos cuantos miles de metros cuadrados, ahí existe otra. El consejero dice que no pero existe esa parcela.

Pero, como le digo, como le digo, la permuta estaba acordada por los dos consejeros. No se llega a resolver o no se llega a finalizar -eso es lo que a mí me cuentan-, no se llega a finalizar porque se acaba la legislatura y, cuando el nuevo consejero, el anterior a usted, intenta retomar el asunto la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias le dice que necesita otra vez la autorización de Educación y es cuando Educación no se la da. Esto es lo que a nosotros nos dicen, estará en el expediente.

Pero, fíjese, lo que sí necesitamos es que se tome una decisión, porque ha hablado, creo que fue la diputada Socorro Beato, de intervenciones de don Francisco Hernández Spínola en este Parlamento sobre la ubicación o la idoneidad de la ubicación del palacio de justicia en un sitio o en otro. Fue el diputado Ruano, que no está, que fue consejero en su día, quien descartó en su día El Sobradillo y quiso retomar -y lo prometió a los operadores jurídicos de Santa Cruz de Tenerife-, hacer un proyecto en la zona de Cabo-Llanos, y se encargó un proyecto; se encargó un proyecto emblemático, con un puente que unía dos torres, etcétera, etcétera, que costó un dinero. O sea, la decisión de El Sobradillo ya se descartó en su día o se trató de ver la viabilidad; insisto, se encargó ese proyecto para ubicar un palacio de justicia en la zona de Cabo-Llanos. Incluso con una idea que tenía el consejero de que una parte de esa torre fuese financiada con iniciativa privada, que grandes despachos de abogados pudieran pagar una parte de ese edificio. Eso no lo hemos inventado nosotros, fue una idea que yo creo que no estaba mal del consejero Ruano en su época al frente de la Consejería de Justicia.

Luego está el tema de los costes. Pues aquí a nosotros nos dan otras cifras. A nosotros nos dicen que ese edificio permutado, el que está en Cabo-Llanos, pues, costaría en torno a 75 millones de euros y sin costes de urbanización, bien comunicado, con un intercambiador cerca. Aquí se ha dicho, "bueno, el tranvía llegará". Cuando llegue. Hombre, no hagamos las cosas al revés, es decir, no llevemos el edificio para luego llevar el tranvía. Pongamos el edificio donde ya hay comunicación. Claro, es que me están poniendo ustedes la carreta, los bueyes por detrás de la carreta, y esto no puede ser. Ya hay comunicación, un intercambiador fantástico en los aledaños del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, infrautilizado, por cierto. Por tanto, hay buenas comunicaciones de transporte público, hay buenas comunicaciones, digamos, para el uso del coche privado en la zona. En el otro lado hay que hacerlas, hay que hacer la urbanización. En estos costes no está, en los terrenos de El Sobradillo hay que hacer la urbanización. Se habla de en torno a ciento cincuenta millones de euros con los costes de urbanización. Esas son las cifras que a nosotros nos dan.

Después nos dicen que hay, he escuchado no al consejero sino al responsable de Urbanismo, pero lo traigo aquí porque es una decisión, la de usted, que depende en parte de lo que le diga la Concejalía de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, que, bueno, que si queremos caballones hay que esperar veinticinco años. Bueno, no es lo que nos dicen a nosotros algunos expertos en urbanismo y algunos exresponsables de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz. Nos dicen que con la modificación del uso, en un plazo razonable -eso es lo que nos dicen-, en un plazo razonable, se podría, digamos, acondicionar la parcela para poder ubicar allí el palacio de justicia.

Y, por último, bueno, al actual palacio de justicia todavía le caben tres plantas más de edificabilidad. Es verdad que hacer obras sobre un edificio que se está utilizando es complicado, pero todavía le caben tres plantas más al actual edificio de Tres de Mayo.

Yo sé que el consejero... -y yo no se lo reprocho, creo que es un argumento a su favor, probablemente lo vaya a utilizar, o no, no lo sé, en su intervención-, la posibilidad de que una vez que se hayan ido los juzgados a El Sobradillo el actual edificio de Tres de Mayo de los juzgados sea utilizado como un edificio de usos múltiples por el Gobierno, con el ahorro que conlleva el no tener que hacer un edificio de usos múltiples que necesitan. Bueno, es un argumento, pero si ese es el argumento, que se diga y luego hagamos los números.

No tenemos desde el Grupo Socialista, digamos, todavía definida una posición final sobre este asunto. Le vamos a seguir escuchando, vamos a escuchar nuevamente sus explicaciones, seguiremos hablando con los operadores jurídicos del entorno del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife y, finalmente, cuando se aclaren un poco más las cosas, daremos a conocer nuestra decisión final al respecto. Insisto, en primer lugar simplemente transmitirle que seguimos manteniendo muchas dudas de que sea la decisión más acertada, no por la dignidad del barrio de El Sobradillo -yo nací en un barrio, imagínese lo que me hubiera gustado a mí que en mi barrio hubieran puesto un palacio de justicia-, no es por eso -nosotros no hemos sido los que nos hemos olvidado durante treinta años de El Sobradillo-, sino simplemente por la idoneidad económica, de transporte, medioambiental, en fin, de comodidad de la ubicación del futuro edificio en el entorno de Tres de Mayo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matos.

Para concluir esta comparecencia, el señor consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los grupos que se han manifestado claramente que creen que deben ser consecuentes con la decisión que se adoptó como una propuesta de resolución de este Parlamento hace escasos días, una propuesta de resolución en la que se pedía una ciudad de la justicia para Santa Cruz de Tenerife y terminar las infraestructuras judiciales en Puerto del Rosario.

Efectivamente, la comparecencia, dije antes a vuelapluma, de las cosas que nos queríamos dedicar en otra ocasión, dado que se ha centrado o se ha monopolizado, el autor de la comparecencia, y yo he estado aquí muchos años y me gusta atender a lo que quiere el que pide la comparecencia, no a lo que le interesa al consejero decir, y, por tanto, voy a seguir hablando de eso, me disculpa el resto de sus señorías, y voy a centrarme.

Pero quiero hablar de lo de Puerto del Rosario. En la visita que voy a girar inmediatamente después de Semana Santa a Lanzarote y a Fuerteventura vamos a ver cómo está el Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario. En principio está aprobado por la Cotmac. Se supone que falta el convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que hay redactado un borrador de ese convenio, y tan pronto tengamos a disposición el suelo, pues, como bien se ha dicho, hay recursos en este presupuesto para encargar los proyectos y, por lo tanto, procederíamos a ello.

Don Gustavo ha planteado algunas dudas sobre esto. No, mire, primera cuestión, yo acabo de llegar a la consejería y, cuando empiezo a mirar el tema, veo que hay una decisión desde el año 2007. Todo el mundo reclamando que faltan infraestructuras judiciales, pagamos 1 200 000 euros en sedes judiciales por fuera de lo que es el palacio de justicia y no hay decisión. Debo corregirle -tiene usted el informe ahí, sabe la firma en la que está-, el director general de Infraestructuras, de la época en la que era consejero José Miguel Pérez, planteó, a finales de la legislatura, que ese suelo lo necesitaba. Por lo tanto, es imposible que exista un convenio entre ambos consejeros. Sí que existía una voluntad de llegar a un acuerdo, pero el informe después, el que escribieron, es que necesitaba la parcela. Efectivamente, que no se construya un colegio ahora no quiere decir que ocupemos la parcela inmediatamente, porque cuando haga falta el colegio tendremos que estar buscando esa parcela por algún sitio. Eso es lo que nos pedía el ayuntamiento.

La parcela de Gestur -si ha visto, lo tiene usted ahí en el plano- en realidad tiene los metros útiles posibles, es una gran zona verde con tres pastillas de 1000 m2 cada una. Tendríamos que hacer una actuación urbanística para unirlas y siempre intentando construir en torre. Saben los problemas que tiene un edificio público que mueve entre 2000-3000 personas diarias, si encima albergamos o concentramos más sedes judiciales en la zona, el edificio, desde el punto de vista de la seguridad, requiere unos elementos completamente distintos, aparte de las plantas que habría que darle para abajo, para que estuviéramos construyendo una nueva torre judicial, simplemente por estar en la zona.

Mire, yo intenté incluso unir la pastilla de educación, donde se iba a construir el edificio, y una plaza pública del convenio urbanístico de DISA, ¿no?, a ver si podíamos unir esas tres parcelas. A las reuniones, sobre todo con los operadores judiciales, asistió la Gerencia de Urbanismo. Tiene usted el informe de la Gerencia de Urbanismo, se lo he trasladado también en el expediente, para que vea lo que dicen, dónde están las parcelas y las dificultades. Todo el equipo de la Gerencia de Urbanismo, que asistió y respondió a las preguntas, en este caso, de los magistrados y los jueces que fueron a la reunión, aparte del informe, volvió a explicar que todas las soluciones no eran tan sencillas como le han explicado a usted o por lo menos a nosotros en las manifestaciones de las reuniones nos lo han dejado bastante claro.

El ayuntamiento apoya esta idea, también la ha apoyado, como usted sabe, no digo el Cabildo Insular de Fuerteventura pero sí el presidente... -perdón, el Cabildo Insular de Tenerife-, sí lo ha hecho el presidente del cabildo, en el sentido de que creen que es la mejor solución.

Yo les invito a pensar en lo siguiente: ¿queremos un edificio judicial en la zona para que dentro de varios años estemos oyendo a los mismos operadores que nos hemos quedado chicos, que a quién se le ocurrió planificar eso, que hacen falta otras sedes judiciales y estar buscando otro suelo para construir otro edificio de otros 120 millones de euros en esa zona, a como está el precio del suelo, o suponiendo que se reserve la parcela?

La otra solución es esperar a ese hipotético dato de que DISA se marcha, de que libera los terrenos, pero hay que urbanizarlos, como usted bien sabe, hay que preparar la zona y nos podríamos encontrar con un largo tiempo también.

Y desde el 2007 al 2017 estamos aquí, en esta situación, y necesitamos tomar una decisión ya. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de que haya algunos recursos para las infraestructuras judiciales y podemos estar encontrándonos con que se están haciendo las infraestructuras judiciales en el resto de los sitios y nosotros aquí seguimos discutiendo si son galgos o si son podencos.

Yo he intentado el consenso. Lo primero que hice fue reunirme con todos ellos, sabiendo que era imposible un consenso total entre todos los operadores jurídicos, y eso me encontré.

¿Podía darle una patada al problema? Dice: "oye, pues vale, me vuelvo a reunir, termina la legislatura, yo he dicho que, como no hay consenso, no puedo hacer las infraestructuras judiciales, no puedo afrontar el problema y que venga el siguiente y que lo arregle". Los que me conocen saben que no soy así y también saben que con el diálogo y el consenso hasta la extenuación, y lo intento, lo intento, lo intento. Pero también soy consciente, cuando me doy cuenta de que un problema no se puede resolver por mucho que los obligue a sentarse en una mesa, señorías.

Por lo tanto, yo sí tengo clara la decisión, de hecho ya he pedido la parcela, he pedido que se transmita la parcela esa, que es patrimonio de la comunidad autónoma. También se ha especulado con qué intereses podrá tener allí el consejero en esa zona, que quiere llevarse la parcela. La parcela es de la comunidad autónoma desde hace veintiséis años, y lo digo aquí ahora por si alguien piensa que la adquirimos. No hay que adquirirla, es de la comunidad autónoma.

Y otras soluciones de intercambio de parcelas, por ejemplo con alguna parcela del puerto aquí, sí que tendríamos que estar valorando el valor de esa parcela para comprarla, y tampoco solucionaría el problema de un palacio de la justicia.

Por lo tanto, si lo que se quiere en Santa Cruz, es decir, el consenso es, constrúyase usted aquí un edificio porque no nos queremos mover de la zona, ya mañana veremos dónde se construye el otro, yo creo que esa no es la solución. Creo que lo bueno sería construir un palacio de la justicia, resolver todos esos problemas, tener unas infraestructuras dignas para los justiciables y para los operadores jurídicos, para todos los trabajadores que hacen su labor día a día en el palacio de la justicia, tener un Instituto de Medicina Legal en condiciones, tener el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en condiciones y sobre todo tener unas comunicaciones, y por eso hay que planificarlo. Lo que sí me parecería -permítame, don Gustavo, que se lo diga así- un disparate es llevar el tranvía y hacer la combinación de guaguas y después dice: "ya tengo el tranvía aquí y ahora, hombre, tengo la parada del tranvía aquí, ¡cómo no vamos a poner la ciudad de la justicia!". No, se planifica al revés, o por lo menos así me lo han explicado a mí siempre. Dice, "oiga, planifique usted...", aquello tiene dos vías, cuatro vías por cada uno de los carriles, está bien comunicado desde el punto de vista de las carreteras, está bien comunicado desde el punto de vista de la autopista, se puede llevar el tranvía y entre lo que es el concurso, el diseño del proyecto, la adjudicación del proyecto y el tiempo de la construcción del edificio, entre cinco y seis años, cogiendo como parámetro el construido en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en ese tiempo, con un ayuntamiento que está a favor de esa solución, con un cabildo que también está a favor de esa solución, hombre, yo creo que entre todos nos pondríamos a trabajar también para que cuando se inaugure el edificio no nos encontremos con la pregunta: " ¿y dónde está la parada del tranvía?".

O sea, que la idea es trabajar coordinadamente, señorías, algún día se tiene que acabar de tomar la decisión. Esto no puede ser cuatro, cinco años más para tomar una decisión en Santa Cruz, si se quiere un edificio de justicia; y, si no, que me digan esos operadores que prefieren esperar otros veinte años, que la comunidad autónoma pague 1 200 000 euros ahora, más las sedes judiciales futuras que se necesiten, que será incrementar ese precio, seguir llamando la atención de que la Administración no es capaz; pero, miren, por primera vez las tres administraciones, los que tenemos que tomar esta decisión... Yo no me meto, no me pongo una toga, a pesar de que las togas digan Barragán por detrás -porque me enteré el otro día de que se las compran a un tal Barragán-, aunque las togas digan eso por detrás, señorías, las tres administraciones están. Yo no me meto en las decisiones judiciales y las decisiones administrativas, ¿eh?, las decisiones administrativas, las decisiones de dónde van las infraestructuras que mejor convienen a la justicia las toma la Administración de justicia.

Los hemos escuchado a todos, nadie puede decir que no los hemos escuchado, en más de una ocasión los hemos escuchado, y, por lo tanto, creo que la decisión, y oyendo también a la mayoría de los grupos parlamentarios, esa es la decisión correcta. Y sí, por supuesto, abiertos, como hicimos con los abogados, a pesar de haber cambiado de opinión...

Si me da un minuto...

La señora PRESIDENTA: Sí, un minuto más, señor consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): Por supuesto que estamos abiertos a cómo se tiene que hacer esa ciudad de la justicia. Todas las mejoras que podamos incorporar, todas las ideas que pueden haber para mejorar el edificio, bienvenidas sean, ¿no? Estamos a tiempo de hacer, quizás, y miren que el de Las Palmas es un buen edificio, hacer la mejor ciudad de la justicia, no solamente de Canarias sino de muchos sitios de España, si nos dejan actuar en El Sobradillo.

Nada más y muchas gracias.

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  • 9L/C-0609 Sobre -Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad-, sobre planificación de infraestructuras judiciales.

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