El Parlamento debatió en primera lectura el Proyecto de Ley de transparencia

El Pleno del Parlamento de Canarias debatió hoy en primera lectura el Proyecto de Ley de transparencia y de acceso a la información pública, propuesto por el Gobierno de Canarias con el objeto de regular "la transparencia de la actividad pública y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias".

23/9/2014 Prensa

La iniciativa fue defendida por el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola. Durante el debate también intervinieron los diputados Emilio Moreno (Popular), María Luisa Zamora (Nacionalista Canario), Manuel Fajardo (Socialista Canario) y Pedro Justo (Mixto).

Según se explica en el texto, el Proyecto nace de la decisión de la Comunidad Autónoma de asumir “la demanda ciudadana que exige una mayor transparencia en la actuación de los poderes públicos, para lo cual se precisa de una norma con rango legal que establezca el régimen jurídico del acceso a la información pública en poder de las instituciones, organismos y entidades autonómicas”.

En este contexto, se recoge la regulación de los instrumentos necesarios para la transparencia administrativa, con el convencimiento de que la misma resulta imprescindible para la consecución de un mejor servicio a la sociedad, en cuanto garantiza que esta tenga un mejor conocimiento tanto de las actividades desarrolladas por las distintas instituciones y organismos públicos, como de la forma en que se adoptan las decisiones en su seno, lo que constituye una salvaguarda frente a la mala administración.

Asimismo, y “a diferencia de la legislación básica que carece de un régimen sancionador específico relativo a la transparencia y al derecho de acceso a información pública, la ley, atendiendo a la demanda ciudadana, recoge el régimen de infracciones y sanciones disciplinarias y administrativas en la materia con el objetivo de garantizar su cumplimiento”.

El proyecto de ley se estructura en cinco títulos y una parte final integrada por diez disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres finales, y deberá entrar en vigor en el plazo de seis meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.