El Parlamento solicita que se protejan los derechos de la mujer en la regulación jurídica de la interrupción del embarazo
El Parlamento de Canarias aprobó hoy, a propuesta de los grupos Nacionalista Canario y Socialista Canario, una proposición no de ley en relación con la reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en la que "se insta al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España a descartar el impulso de cualquier iniciativa legislativa que debilite la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria, legal y segura del embarazo (IVE)".
12/nov/2014
El texto de la propuesta fue defendido por las diputadas Dolores Padrón y Flora Marrero. Junto a ellas, intervinieron en el debate Román Rodríguez, del grupo Mixto, y Milagros Bethencourt, del grupo Popular.
La proposición no de ley pide al Gobierno de Canarias que “impulse políticas que garanticen el acceso a la IVE en condiciones que aseguren la protección y eficacia de los derechos de cualquier mujer que solicite la mencionada intervención en el Sistema Canario de Salud, y en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación”.
En ella, además, la Cámara “considera que las leyes deben garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como las condiciones de la IVE que reconoce nuestra vigente legislación, de acuerdo con los instrumentos internacionales y resoluciones de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales”.
En este contexto, la proposición no de ley “propone mantener una legislación de plazos combinada con determinados supuestos de indicación terapéutica, de acuerdo con las recomendaciones expertas y la aplicación en el Derecho comparado, que asegure a las mujeres la adopción de una decisión libre e informada en un periodo concreto de la gestación, ejerciendo la autodeterminación consciente sin interferencia de terceros, como ha recogido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
