Diario de Sesiones 38, de fecha 12/6/2008
Punto 2

'· 7L/IDC-0002 Informe del Diputado del Común. Informe anual correspondiente al año 2007.'

'El señor presidente: Como les decía, pasamos, de acuerdo con lo que se había acordado, consultados los portavoces, al siguiente asunto, que es el Informe anual correspondiente al año 2007 del Diputado del Común.'

'Le damos la bienvenida al señor Diputado del Común, a sus adjuntos y personal de la institución, y tiene la palabra el señor Alcaide.'

'El señor Diputado del Común (Alcaide Alonso): Señor presidente, señoras y señores miembros de la Mesa, señorías.'

'Como siempre, es para mí un gran honor comparecer de nuevo ante este Pleno, en esta ocasión con la finalidad de dar o hacer el informe correspondiente al año 2007, el informe de las actividades de esta institución.'

'Como en años anteriores, tienen ustedes a disposición un informe resumido, en donde se ha querido destacar lo que creíamos que era más importante y, sobre todo, porque tienen también información sobre las estadísticas de las quejas presentadas.'

'Me van a permitir, antes de entrar en el tema de fondo, pues, destacar la buena acogida que este Parlamento ha dado a dos iniciativas del Diputado del Común. La primera de ellas es la de adaptar y hacer accesible a todas las personas la sede de la institución en Santa Cruz de La Palma. Cuestión ésta que se había convertido ya en un imperativo legal para respetar las exigencias en materia de accesibilidad de nuestro ordenamiento jurídico. Pese a su pequeña cuantía económica -en términos comparativos- y a su escasa visibilidad, al tratarse de una reforma interior, estamos convencidos de que esta obra va a suponer una sustancial mejora en la atención a estos. Esperemos también en el futuro que en las distintas instituciones podamos también realizar reformas para permitir la accesibilidad de los discapacitados.'

'El otro proyecto que estamos desarrollando es el de la elaboración de una nueva herramienta de gestión informatizada de las quejas y actuaciones de oficio, que nos permita mejorar la eficacia y calidad del servicio que prestamos y que dé cumplimiento a las previsiones de la Ley de Administración Elec­trónica. Todos los organismos públicos debemos hacer un esfuerzo para que la Sociedad de la Información no nos deje atrás y para evitar que se abra una brecha entre la prestación de los servicios privados y la prestación de los servicios públicos. Hoy día carece de sentido que cualquier ciudadano pueda revisar todos sus movimientos bancarios desde una terminal en su domicilio o desde cualquier otro punto del mundo, que cualquier día y a cualquier hora se pueda hacer, se pueda constatar, o contratar sus vacaciones, examinar los textos legales vigentes, o utilizar cualquiera de los servicios que la red tenga, y, sin embargo, que ese mismo ciudadano tenga que contratar, que presentar, desplazarse a las oficinas públicas para presentar cualquier queja, para presentar cualquier solicitud. Muchas veces oficinas alejadas de su domicilio o ubicadas en otra isla incluso, sujetas a un horario de apertura y de cierre de las mismas, para presentar un recurso o examinar un expediente administrativo. Nuestro objetivo es, por tanto, en este caso facilitar al ciudadano la posibilidad de acceso a nuestras oficinas, de mejorar nuestro trabajo, para que desde su terminal pueda conocer en tiempo real todos los trámites que el Diputado del Común y su equipo de colaboradores están llevando a cabo con respecto a su queja.'

'A su vez queremos que nuestra comunicación con las administraciones objeto de supervisión sea mayoritariamente electrónica, reduciendo así los plazos de resolución de los expedientes, evitando costes innecesarios y minimizando el consumo de papel en la transmisión de información.'

'Me gustaría también aprovechar esta ocasión para informarles de que estamos en un proceso de coordinación con algunos ayuntamientos desde el momento mismo en que se han creado las comisiones especiales de sugerencias y recla­maciones en los ayuntamientos de Canarias, que en otros lugares ya han sido desarrollados con la figura del defensor del ciudadano, que en este caso queremos conectar para que sea, a través de este personaje, el que nos pueda resolver con más facilidad y agilidad las quejas que los ciudadanos presentan en el Diputado del Común.'

'Entrando ya en el análisis de las áreas de supervisión de la actividad de las administraciones canarias, en este ejercicio voy a invertir el orden de exposición de otros años, comenzando por aquellas áreas temáticas que presentan mayor número de quejas en el año 2007, con el único objetivo de hacer visibles otros problemas que quizás no hayamos enfatizado tanto en ocasiones anteriores pero que preocupan, igualmente, a la ciudadanía canaria. Ello, por supuesto, sin perjuicio de nuestra especial dedicación a los grupos de población más desprotegidos, como son los menores, los discapacitados y los mayores.'

'La primera de las áreas en donde se presentan más quejas es la referente a las Actividades Clasificadas. Ha aumentado extraordinariamente, notablemente, el número de las quejas presentadas de los años anteriores. Quejas que se deben a las molestias originadas por actividades denominadas "clasificadas", que son aquellas que, por los efectos que producen, resultan molestas, insalubres, nocivas o peligrosas para las personas y la naturaleza.'

'La Constitución española contempla el derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio, así como el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, por lo que la producción normativa y la actividad de las administraciones públicas debe protegernos de cualquier injerencia o emisión nociva: ruidos, polvo, gases, humos, etcétera, etcétera. En muchos casos, la actividad se desarrolla sin la preceptiva licencia municipal, son ilegales; en otros casos, muchas veces no se acomoda o altera lo que se le ha autorizado para realizar.'

'Este año nos han llamado la atención las quejas relativas a la instalación de las antenas de telefonía móvil, que con licencia o sin licencia, y colocadas de forma estratégica en las fachadas y azoteas de los edificios, que en este sentido, y atendiendo al principio de precaución, creemos que sería deseable la elaboración de una normativa autonómica que regule de forma rigurosa estas instalaciones y las considere como "actividades clasificadas", por las molestias que puedan generar, evitando así situaciones de desigualdad en función de la residencia en un municipio o en una o en otra isla.'

'Sin embargo, el principal motivo de queja en esta área sigue siendo, sin duda, el ruido. Por ese motivo, un año más, el pasado día 6 de julio, celebramos otra conferencia, en este caso en la isla de Lanzarote, pues, un poco para difundir la labor de esta institución y profundizar en algunos aspectos de difícil problemática, bajo el convencimiento de que es necesario realizar, incentivar las actividades de las administraciones locales para poder controlar, de alguna manera más concreta, el fenómeno del ruido.'

'La segunda área que tenemos es la de Justicia. Debo señalar que la lentitud en la Administración de Justicia sigue caracterizando el funcionamiento de la misma. El tiempo medio de respuesta en la resolución de asuntos judiciales está establecido en 6,75 meses. Sitúa a nuestra Comunidad en el segundo puesto por la cola respecto de las comunidades nacionales. La excesiva movilidad del personal y el fenómeno de la creciente inmigración hacia las islas son factores, entre otros, determinantes de esta situación, que se repite un año más pese a la creación de 12 nuevas unidades jurídicas durante el periodo que nos ocupa. Reflejo de todo ello son las 161 reclamaciones registradas durante 2007, de las que 97 se encuentran directamente relacionadas con el funcionamiento de juzgados o tribunales. La mayor parte de las mismas hacen referencia a retrasos en la tramitación o resolución de diferentes expedientes judiciales o bien a dilaciones a la hora de ejecutar las resoluciones dictadas.'

'Hay retrasos en partidos judiciales de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Puerto del Rosario. Se ha incrementado extraordi­nariamente el número de asuntos de competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo cual quedan totalmente desfasados estos órganos, así como también un gran retraso en las audiencias provinciales en las áreas de lo penal.'

'Al margen de lo expuesto, merecen una especial mención las recomendaciones realizadas este año a la Administración autonómica relativas a las subvenciones destinadas a los juzgados de paz. En este sentido, la recomendación que se le ha hecho a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha sido aceptada plenamente.'

'Asimismo, numerosas las quejas recibidas en el año 2007 ante los tiempos de espera para obtener certificaciones o bien la tramitación de inscripciones por parte del Registro Civil. Estas han venido en gran medida referidas al funcionamiento del Registro Civil de Puerto del Rosario, desbordado en los últimos años ante la creciente demanda y la necesidad de atender a la misma con los medios personales y materiales disponibles hasta el momento, lo que viene haciendo imposible una actuación ágil, eficaz y adecuada a las necesidades de la nueva realidad social.'

'Finalmente, señorías, entre la población reclusa también existen quejas. Sigue siendo, la primera de ellas, el motivo, el alejamiento del cumplimiento de la pena de su lugar de residencia, pero este año también destacan otras quejas referidas a problemas de salud y a la falta de atención sanitaria dentro del centro penitenciario.'

'Trabajo y Función Pública. Destacan aquí los problemas referentes al acceso al empleo público. Hemos tramitado quejas referidas a irregularidades en los procesos selectivos llevados a cabo en distintas administraciones. También con respecto al empleo público de las personas con discapacidad; hemos detectado la posible vulneración de los derechos de dichas personas como consecuencia de la aplicación del Decreto 43/1998, de 2 de abril, que regula el sistema de acceso de las personas con minusvalías a la prestación de servicios en la Administración pública canaria. En dicho decreto se establecen limitaciones generales en función del grado de discapacidad, lo cual contradice los principios de igualdad en el acceso y no discriminación incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, en cuya virtud la limitación de acceso debe venir referida a un requisito profesional, esencial y determinante. En este sentido, puede parecer desproporcionado que se excluya de cualquier puesto de trabajo a una auxiliar administrativa, a una persona que no puede escribir manualmente, cuando existe un gran número de puestos, tal vez la mayoría, en los que la escritura manual es prácticamente residual, predominando la escritura mediante teclado. No obstante, la Dirección General de la Función Pública nos ha manifestado que es consciente de que la normativa es inadecuada y que está trabajando en su modificación.'

'Se han tramitado diversas quejas referidas a supuesto acoso en el trabajo en el seno de las administraciones públicas canarias. Conviene recordar que las administraciones públicas no están exentas del cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en cuya virtud los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, y este derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. En estas quejas, en las que se denuncian conductas personales, se presenta con frecuencia un problema de prueba, que en la mayoría de las actuaciones solamente pueden ser dirimidas por los tribunales de justicia en función de la convicción que alcance el juzgador de acuerdo con las pruebas practicadas. No obstante, creo que las administraciones públicas deben prestar especial atención al fenómeno del acoso laboral en su faceta preventiva, pues, según las voces más autorizadas, en los sectores en los que más casos de acoso laboral se producen son la Administración pública, la sanidad, la educación, seguidos de los medios de comunicación y de las organizaciones ideológicas.'

'El área de Seguridad Pública realmente no está tramitada -por así decirlo- por el Diputado del Común, porque en casi todas las materias las quejas que se presentan caen fuera de la esfera de la Comunidad Autónoma, de la Administración autónoma. Me estoy refiriendo a extranjería, por ejemplo, casos para la reagrupación familiar, residencia, permisos de trabajo o nacionalidad, que son tramitadas, evidentemente, por el Defensor del Pueblo. Igual lo que se refiere a las quejas referidas al tráfico, circulación de vehículos a motor, seguridad vial. Y, por último, todo lo que se refiere a las fuerzas de orden público, que no tenemos competencias, excepto con respecto a las policías locales.'

'La Sanidad y la Salud Pública también es otra de las áreas que más quejas tienen. Destacamos aquí que los evidentes avances que la medicina está alcanzando en los últimos años no evitan que los riesgos que continuamente venimos asumiendo o soportando sean cada vez mayores. Desde la implantación de la sanidad universal y gratuita la situación se viene complicando cada vez más y los gastos precisos para prestar una medicina de calidad cada vez son mayores, lo que produce una serie de disfunciones que se vienen agudizando últimamente y previsiblemente también van a ir en aumento en los próximos años.'

'Todo ello se complica extraordinariamente, ya que la sanidad canaria continúa siendo uno de los problemas que más preocupan al ciudadano, posiblemente junto al paro y a la vivienda, por afectar a situaciones que o bien se sufren muy intensamente o bien se sienten impotentes para superar la falta de salud ante las dificultades que encuentran para lograr una curación o al menos una mejoría de su estado, habida cuenta de las carencias que tiene nuestra sanidad.'

'Por ello, la intención de esta institución al resaltar las quejas más importantes que se vienen sucediendo año tras año y más concretamente las presentadas en el año que examinamos no es otra que la de coadyuvar con la Administración a la mejora de la salud de las personas afectadas y, aún si cabe, de los ciudadanos en general. Por eso, cuando la Consejería de Sanidad se retrasa, se está afectando a este derecho fundamental de los ciudadanos, que es su salud, en sus aspectos preventivos o curativos. En este orden de consi­deraciones, los graves retrasos en las listas de espera, tanto quirúrgicas como para consultas externas y especialidades, las continuas quejas de los usuarios sanitarios relativas a los servicios de urgencias por las carencias encontradas y por el trato recibido, las frecuentes deficiencias de los aceleradores de los servicios de Oncología Radioterápica y las diferentes reclamaciones por la actuación de los médicos y demás personal sanitario son las más importantes que se reflejan en nuestro informe.'

'En el área de Política Territorial hemos de señalar que los reiterados y graves incumplimientos urbanísticos y territoriales continúan siendo objeto de presentación de un gran número de quejas, lo que nos permite sostener que se viene produciendo una progresiva concienciación social acerca de la necesidad de perseguir firmemente las vulneraciones de la legalidad generadas en este ámbito. Sin embargo, ello no ha redundado en una reacción de las administraciones competentes, quienes en la mayoría de las ocasiones no adoptan medidas o, cuando proceden a ello, no es con la prontitud que la situación planteada demanda, produciendo daños y perjuicios no solo a los intereses generales sino también a personas físicas o jurídicas concretas. Al respecto, vemos que una de las patologías más frecuentes en la aplicación de las medidas de protección de la legalidad urbanística radica precisamente en que, adoptadas las medidas de restauración de la realidad física alterada, las mismas solo en casos excepcionales llegan a ejecutarse de forma efectiva o, lo que es peor aún, se llevan a cabo de forma selectiva. Es éste, sin lugar a dudas, uno de los puntos necesitados de la correspondiente reflexión y adopción de medidas normativas, con el fin de acabar con esta anomalía en el cumplimiento de la legalidad objetiva, tanto en lo que se refiere a su incumplimiento como al plazo existente para proceder a su ejecución.'

'En el área de Economía y Hacienda, las causas más frecuentes están en la falta de respuesta de las administraciones públicas canarias a las solicitudes, cuestiones y recursos que los ciudadanos les plantean, no cumpliéndose así con la obligación legal de resolver de forma expresa y menos aún en el plazo legalmente establecido, amparándose para ello la Administración pública en que el ciudadano, si no está conforme con la inactividad formal de la misma, debe acudir a los tribunales de justicia para dirimir en sede jurisdiccional su asunto. Entendemos que se trata de una interpretación desviada de lo que es la autotutela administrativa, así como una clara vulneración del ordenamiento jurídico vigente y, por ende, del interés general.'

'Esta desidia de la Administración viene motivada por la ausencia de asunción de responsabilidades por los titulares de las unidades administrativas, que están encargadas de tramitar y resolver dichos asuntos, responsabilidad que señala la normativa vigente. Por ello, debemos denunciar, un año más, que las autoridades responsables de los distintos servicios tienen la obligación de buscar la solución a esta grave patología de la Administración pública de Canarias, que, además, contribuye a saturar a los tribunales de justicia de forma innecesaria y a dilatar en el tiempo la resolución justa del caso cuestionado.'

'Reiteramos, igualmente, en este ejercicio que el mayor número de quejas en esta materia viene motivado por la exigencia indebida de tributos de las diversas administraciones públicas. Así, son numerosas las quejas que presentan los ciudadanos alusivas al embargo de sus cuentas corrientes bancarias al exigírseles un tributo, por el procedimiento de apremio sobre su patrimonio, cuando en ningún momento anterior se les ha comunicado en el período voluntario de pago la obligación de abonar la deuda tributaria o derecho económico en cuestión. Lo que es una merma de la posición del ciudadano, que han tratado de reformar las normas garantistas de las actuales leyes vigent es.'

'Por otro lado, hemos constatado, un año más, que algunas administraciones utilizan las prerrogativas que el ordenamiento jurídico tributario les otorga para exigir y recaudar derechos económicos que ya están prescritos, contraviniendo así el principio general de seguridad jurídica. La falta de aplicación del instituto prescriptorio es una constatación de un funcionamiento anormal de la Administración pública, que debe ser, igualmente, corregido.'

'Según la mayoría de los estudios de opinión publicados, la vivienda se ha convertido, despla­zando a otros asuntos que tradicionalmente han encabezado el ranking, en el principal problema que los españoles citan al ser preguntados al respecto. A pesar de la reciente desaceleración del mercado inmobiliario, el precio de la vivienda se mantiene en cifras que hacen, si no imposible, sí muy difícil su acceso a grandes sectores de población. Por ello, los poderes públicos han de continuar impulsando políticas que, partiendo de la necesidad de garantizar el derecho al acceso de una vivienda digna, fijen las técnicas precisas para afianzar una oferta adecuada a las necesidades por medio de los sistemas de promoción de suelo y vivienda que den prioridad al derecho social frente a la concepción protectora del derecho de la propiedad del suelo. Y es que, a pesar del impor­tante esfuerzo presupuestario realizado tanto a nivel autonómico como nacional, todavía son muchas las familias canarias que, estando en situaciones de extrema necesidad, no disfrutan de una vivienda adecuada a sus necesidades. Y todavía son muchos también los municipios canarios que, por distintos motivos, a veces razonablemente discutidos, no están aportando el suelo suficiente y adecuado para la promoción de viviendas acogidas a la protección oficial.'

'Por ello debemos insistir en que los poderes públicos no pueden caer en la autocomplacencia ni en el espejismo de pensar que, por encontrarnos en una sociedad que ha alcanzado altas cotas de bienestar social, en la que además se dedican grandes partidas financieras a facilitar el acceso a las viviendas a los ciudadanos, se puede bajar la guardia al respecto. Se debe, pues, continuar con el esfuerzo realizado, implementando medidas novedosas que den respuesta, de manera efectiva, a los nuevos retos que la sociedad actual plantea, día a día, en materia de vivienda.'

'Las quejas en este sector se refieren, básicamente, a solicitantes de viviendas promovidas por las administraciones públicas, deterioro del parque público de viviendas, desahucios administrativos de viviendas públicas y problemas derivados de la adquisición de viviendas promovidas por la Administración.'

'En Servicios Sociales destacamos la elabora­ción de un Informe extraordinario relativo a las actuaciones de las entidades públicas canarias para situaciones de exclusión social extrema, que no voy a detenerme en él, porque fue explicado, planeado y expuesto ante este Pleno en el pasado mes de diciembre.'

'En cuanto a los grupos de población más vulnerables. Debo en este momento finalizar la exposición del resto de las áreas con una referencia a la actividad de la supervisión relativa a los grupos de población más vulnerables, como son las personas con discapacidad, mayores y menores, porque sería demasiado extenso detenernos en todas las áreas de trabajo de la institución, siendo todas ellas igual de importantes, pero que no cabe la posibilidad de seguir el desarrollo en materias como educación, comercio, turismo o medio ambiente, por citar solo algunas.'

'Las discapacidades. Destacan dos asuntos preferentes con respecto a ellas. De un lado, los problemas que plantea el acceso a recursos especializados y, de otro, el incumplimiento por parte de las administraciones canarias de las normas sobre accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.'

'Con relación al primero, las quejas suelen reflejar graves problemas sociofamiliares, derivados de los desajustes en la salud mental de alguno de sus miembros. Se hace necesario un mecanismo de coordinación de las administraciones entre los sistemas social y el sistema sanitario.'

'El otro gran apartado lo constituyen las quejas de los ciudadanos o colectivos por el incumplimiento de la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación y su reglamento, así como las restantes normativas de ámbito supranacional, comunitario y nacional.'

'Es cada vez mayor el número de quejas en las que se solicita la protección de derechos recono­cidos constitucional y legalmente, en asuntos tales como el incumplimiento de las normas de accesi­bilidad en la ejecución de obras en las vías públicas; el incumplimiento de las normas sobre mobiliario urbano, específicamente por la colocación de bolardos en paradas de autobuses, pasos de peatones y otras zonas, pudiendo constituir barreras arquitectónicas; sobre la reserva de plazas de aparcamiento para vehículos de personas con movilidad reducida y sobre el derecho de uso particular de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.'

'Creemos que es importante el papel que debe desempeñar el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras, creado por el artículo 33 de la Ley territorial 8/1995. Órgano colegiado que tiene entre sus funciones la de proponer al Gobierno de Canarias directrices y orientaciones generales en materia de política de accesibilidad y supresión de barreras.'

'El análisis de la situación de la infancia en Canarias sigue revelando los mismos problemas funcionales que se han venido denunciando en nuestros informes a lo largo de los últimos años. Es destacable la ausencia de sistemas de prevención de situaciones de riesgo y maltrato, la descoordinación entre corporaciones locales, cabildos y la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, así como la práctica inexistente de protocolos de funcionamiento, que generan sobre todo el aumento de situaciones de desprotección de la infancia.'

'Muchas de las medidas arbitradas en la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, tales como el acogimiento familiar, el acogimiento profesionalizado o en hogar funcional, no se han puesto en funcionamiento en la mayoría de las islas, como alternativa a los acogimientos residenciales, desoyendo el principio general de prevalencia del interés de los menores.'

'Respecto al cumplimiento de las medidas judiciales, sigue siendo uno de los sectores en los que más quejas se vienen recibiendo, no solamente por parte de los familiares de los jóvenes internos sino de los propios trabajadores del centro y de sus comités de empresa. Las cuestiones que se denuncian son, entre otras, las condiciones de estancia en los centros, la falta de higiene, la carencia de infraestructuras y la ausencia de actividades formativas y educativas.'

'Respecto al maltrato infantil y las situaciones de desprotección de menores, se ha puesto de manifiesto la existencia de casos de maltrato prenatal e incluso la falta de rigor en la investigación y análisis de circunstancias de desamparo o riesgo de menores por parte de la entidad pública. En otras ocasiones las quejas se dirigen hacia el abuso de las medidas de acogimiento residencial, cuando en muchos casos la permanencia de los menores en los centros causa graves trastornos a los mismos, debiendo en todo caso incentivar las medidas de intervención directas en el contexto normalizado de las familias, dejando la institucionalización como último recurso asistencial.'

'Respecto a los menores extranjeros no acom­pañados, los representantes de las asociaciones que los asisten tienen conocimiento por su trabajo diario de que se producen situaciones que vulneran los derechos de los menores contemplados en la legislación española, así como en la legislación internacional y europea. La masiva llegada de menores no acompañados a nuestras costas ha reavivado la polémica sobre la competencia en la acogida y derivación de los mismos a otras comunidades autónomas o al propio Estado.'

'Las familias adoptantes siguen planteando quejas respecto a las deficiencias del servicio de adopciones.'

'El funcionamiento de los llamados "Puntos de Encuentro" ha motivado la apertura de varias quejas. Los reclamantes plantean que los métodos educativos del personal que en ellos trabaja dista mucho de ajustarse a los criterios de imparcialidad y neutralidad.'

'Y otro de los problemas es la falta de recursos para los menores en situación de conflicto social.'

'En definitiva, el panorama expuesto evidencia que en numerosas actuaciones, las actuaciones administrativas en materia de atención integral a la infancia olvidan el principio de responsabilidad pública de protección de los menores.'

'Con respecto a los mayores, en coordinación con otras áreas de trabajo de la institución, el Diputado del Común ha iniciado una actuación de oficio, con la finalidad de efectuar un seguimiento al desarrollo y aplicación en Canarias de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Sobre este asunto, nos preocupa particularmente que la red de servicios públicos de carácter sociosanitario de Canarias no sea suficiente para que la prioridad que la ley otorga a los servicios de carácter público pueda ser una realidad a corto o a medio plazo. Si no se crean recursos públicos, a la hora de elaborar los planes individuales de atención, se tendrá que optar por conceder una prestación vinculada al servicio para que el usuario compre su servicio en el mercado privado o una prestación para cuidados en el entorno familiar. Además, la inexistencia de plazas residenciales y de centros de día e incluso la saturación de servicios como el de ayuda a domicilio pueden convertir en una mera declaración de intenciones el derecho que asiste a los beneficiarios de participar mediante consulta y, en su caso, elección entre las alternativas propuestas.'

'Destacamos la iniciación de una actuación de oficio, a fin de conocer los motivos por los que el Consejo Canario de Mayores no se está reuniendo con la periodicidad que establece el Decreto 240/1997, de 30 de septiembre, por el que se regula el funcionamiento de dicho órgano.'

'También debo reseñar que, aparte de las quejas que hemos indicado, el personal de nuestra oficina ha atendido las consultas de más de 12.000 ciudadanos, que acuden a nuestra institución para intentar resolver sus problemas.'

'Señorías, finalizo aquí mi intervención con el deseo de haberles trasladado, con el mayor detalle posible, la gestión que este Diputado del Común y todo su equipo de colaboradores ha realizado durante el año 2007. Mi empeño, desde que acepté la responsabilidad de ser comisionado del Parlamento de Canarias, ha sido que todas las personas que lo necesitaran tuvieran a su disposición un mecanismo efectivo y no burocratizado para la defensa de sus derechos, cuando estos fueran supuestamente vulnerados por acciones u omisiones de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma.'

'En el balance de este mandato quedarán aciertos y también errores, es inevitable, pero finalizo el mismo con la satisfacción de haber mantenido en todo momento mi vocación de servicio público, que ha inspirado toda mi trayectoria profesional, en un principio, en los distintos estamentos de la Administración de Justicia y, finalmente, como defensor de la ciudadanía de Canarias.'

'Muchas gracias por su atención.'

'El señor presidente: Muchas gracias, señor Diputado del Común, señor Alcaide Alonso. Muchas gracias.'

'Turno de los grupos parlamentarios, por el Grupo Parlamentario Popular el señor Cabrera Pérez-Camacho tiene la palabra.'

'El señor Cabrera Pérez-Camacho: Señor presidente. Señorías. Señor Diputado del Común y demás personalidades y funcionarios de la institución.'

'Anoche tuve un sueño que les voy a contar. Soñé que leía la portada de un diario de las islas que estaba fechado el 23 de marzo del año 2084, año 2084. En la parte de arriba, de esa primera página, pude leer: "El Gobierno de Canarias firma un convenio con varios países extraterrestres para fomentar el turismo galáctico a las islas"; en la parte de abajo de esa primera página leí: "El Diputado del Común en funciones, don Manuel Alcaide, presenta su Informe anual en el Parlamento de Canarias".'

'Don Manuel, bienvenido ahora y siempre, ahora y siempre, que sepa que estoy encantado de verle por aquí y de leer las 572 páginas de su informe, que, como usted sabe, y sin que salga de aquí, no constituyen una lectura que se pueda decir que es excitante o apasionante, para qué nos vamos a engañar, pero, en todo caso, es altamente ilustrativa y pedagógica y nos sumerge en el mundo de lo que no se debe hacer.'

'Yo, ante la extensión de su trabajo, me voy a ceñir a las cuestiones que considero más importantes, ya sea por su novedad, ya sea por su importancia intrínseca.'

'La primera de ellas, la primera de ellas, es la alarmante frecuencia de ausencia de respuesta por parte de todas las administraciones públicas a las reclamaciones presentadas por los administrados. Todavía hay políticos y funcionarios que piensan que actúan conforme a Derecho usando la manida solución de dar la callada por respuesta, vulnerando los principios más elementales que establecen nuestras leyes administrativas -Ley 30/92- y tributarias -Ley 58/2003- y, lo que es más importante aún, vulnerando los mandatos del artículo 9 y 29 de nuestra Constitución. ¿A qué es atribuible esta conducta por parte de los funcionarios y de las administraciones? Yo pienso que la única respuesta es la vagancia, la dejadez o el miedo a equivocarse. Sin embargo, no se dan cuenta de que es mucho mejor dar al administrado una respuesta errónea que le sirva para ir rápidamente a los tribunales de justicia que dar la callada, que no responder, que omitir el deber legal de responder, porque con ello lo que se le está diciendo a ese administrado es que su petición o su causa, para el funcionario que la estudia o que debe estudiarla, es irrelevante o necia, y los sueldos de esos funcionarios y los costos de esas administraciones los estamos pagando todos con nuestros impuestos.'

'La segunda cuestión más relevante, a mi juicio, es la que se produce cuando las administraciones públicas, como usted pone de relieve, omiten su deber, omiten el deber de explicar a los ciudadanos el alcance exacto de sus derechos y de sus obligaciones, haciendo -como yo le dije el otro en la comisión, don Manuel- que recobren fuerza otra vez las críticas que en su día ejercieron Montesquieu y Joaquín Costa acerca de los efectos devastadores de la ignorancia de las leyes. El barón de Montesquieu, en su ya clásico L''esprit des lois -El espíritu de las leyes-, proclamaba en el siglo XVIII que no hay peor gobierno que el que ejerce la tiranía en nombre de las leyes ni peor tiranía que la que se ejercita en virtud de leyes que se desconocen. Y Joaquín Costa, el padre del regeneracionismo español, en el año 1902 ya explicaba, con motivo de su ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que el principio, hoy recogido en el artículo 6 del Código Civil, de que "la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento" es, aparte de una burda ironía, la mayor tiranía que se ha ejercido en toda la historia.'

'Bien. La ignorancia de las leyes implica exactamente lo contrario de lo que debería ser el uso común y, si hoy Joaquín Costa levantara la cabeza y viera cómo el repertorio legislativo ha aumentado de tal forma que ni siquiera los juristas podemos dominarlo, volvería a decir, primero, que lo cierto es que nadie conoce todo el Derecho; segundo, que conforme a la verdad, a la razón, a la justicia y a la lógica la presunción correcta sería la contraria, es decir, la presunción correcta sería la inversa: nadie conoce todo el Derecho, salvo que se pruebe lo contrario. Sin embargo, la aplicación de esta presunción inversa sería de imposible aplicación, ya que subvertiría todo el orden jurídico y social y, en consecuencia, atacaría frontalmente el principio de seguridad jurídica y haría que todo el ordenamiento quedara al pairo, porque quedaría su aplicación en la voluntad de cada uno. Pero lo que es inexcusable es que las administraciones públicas tengan que compensar o mitigar el efecto de ese conglomerado de normas y, por lo tanto, informar inexcusablemente, con todo detalle, a los administrados de hasta dónde llegan sus derechos y hasta dónde llega el alcance de sus obligaciones. Eso sí que es inexcusable, absolutamente.'

'Hay una cuestión que usted hoy no ha tocado pero, sin embargo, figura, don Manuel -que en lo anterior, insisto, tiene toda la razón-, en su informe, en las páginas 351 y siguientes de su informe. Usted dice ahí que, efectivamente, en el sector de la sanidad, en el sector de la sanidad pública, queda mucho por hacer, pero también reconoce que en los últimos meses se ha mejorado mucho tanto en materia de la gestión general como en las tan traídas listas de espera. Hoy no lo ha dicho pero sí está escrito en esas páginas de su informe. Por lo tanto, en ese problema yo me alegro de que por lo menos ya haya habido una mejoría apreciada por la Diputación del Común y felicito a la responsable del ramo, deseándole que siga en esa línea de progreso.'

'He querido dejar para el final el punto que yo considero más trascendente del informe del Diputado del Común: la pobreza, la miseria, la falta de medios; en suma, la falta de dinero. Cuando yo tenía 18 años, acostumbraba a sospechar que el dinero era una de las cosas más importantes de la vida; hoy, que tengo 53, estoy seguro de que lo es. Sin dinero es imposible la felicidad. Ya decía Oscar Wilde que entre el dinero y la felicidad hay la misma relación que entre las plumas y las gallinas. Una gallina sin plumas sigue siendo una gallina, pero, sin embargo, no convence a nadie. Es tan importante la falta de dinero que un escritor tan grande como el romano Horacio, ya anciano, ya anciano, le decía a su hijo: "hijo mío, procúrate dinero; si puedes, procúratelo honradamente; si no puedes, procúratelo de cualquier otra forma". Yo no lo comparto, por supuesto (Risas del señor diputado).'

'Bien. Decía, si el Diputado del Común está en lo cierto, cosa que no dudo, la pobreza severa -estoy hablando exclusivamente de la pobreza severa- ya está aquí, ya está aquí. Ya, en los últimos dos años, lo que es pobreza severa, es decir, menos de 300 euros al mes, afecta aquí en Canarias al 2% de la población. Vivir con menos de 300 euros al mes implica exclusión social, implica familias desestructuradas, implica más paro, más inflación e implica que la crisis económica mundial está golpeando de forma desalentadora a nuestras islas.'

'No hace falta mirar hacia la cumbre, desastrosa cumbre, de la FAO en Roma para buscar la pobreza ni tampoco hace falta ir a dictaduras lejanas, como China, Zimbabue o Cuba, en busca de la pobreza, países donde además de pobreza hay presos políticos en las cárceles. No hace falta ir a buscarla ahí, podemos quedarnos en Canarias, porque empieza a llegar esa pobreza severa, la de los menos de 300 euros al mes.'

'No hay fórmulas mágicas. Los libros de economía nos pueden decir, en base a la experiencia del pasado, cuáles pueden ser las sugerencias para el futuro, pero los libros de economía no nos pueden decir nada más. Tenemos que buscar nosotros las fórmulas, algo hay que hacer, algo hay que hacer. No es posible hoy ya conformarnos cruzándonos los brazos. No es posible hoy seguir sosteniendo que los principios de la justicia social se pueden elegir tras el velo de la ignorancia, como escribió hace 36 años el profesor de la Universidad de Harvard, John Rawls, y hoy nos comenta el profesor Roque González en su libro sobre la naturaleza económica del Estado. ¡Magnífico libro!'

'Hoy tenemos que hacer algo, señorías, ¡todos! Todas las administraciones públicas, todos los grupos políticos tenemos que esforzarnos en buscar una solución para ese 2% que está inmerso en la pobreza, porque hoy los pueblos viven de esperanzas en un futuro mejor y las revoluciones han tenido siempre por objeto sustituir, con esperanzas nuevas, aquellas que perdieron su fuerza. Y, señorías, no olvidemos, no olvidemos que los pueblos desesperados son aquellos que, habiendo perdido toda esperanza, también han perdido el miedo.'

'Nada más.'

'El señor presidente: Muchas gracias, señor Cabrera Pérez-Camacho.'

'Por el Grupo Parlamentario de Coalición, al señora Marrero Ramos.'

'La señora Marrero Ramos: Muchas gracias, señor presidente.'

'Señor Diputado del Común, una vez más, bienvenido a esta su casa y a todo el equipo que le acompaña.'

'Es usted el alto comisionado del Parlamento de Canarias y tiene sus funciones: la defensa de los derechos y de las libertades constitucionales y supervisar la actividad de la Administración pública. Creo que es importante todo lo que usted representa, porque usted -hay que decirlo y yo creo que no hay que olvidarlo-, que usted actúa sin recibir instrucciones de ninguna autoridad, sin estar sujeto a mandato imperativo y con total independencia y autonomía, como así lo dice la propia ley que lo regula. Y yo creo que ahí está la propia grandeza de la institución que usted representa, porque, cuando la ciudadanía acude a usted, muchas veces -y lo hemos dicho en alguna ocasión- lo hace en el último recurso. Ha ido por multitud de ventanillas, ha tocado un montón de puertas y, cuando ve que sus demandas, a cualquier Administración -el ayuntamiento, el cabildo o el Gobierno-, pues, no son atendidas, pues, acude a usted, no tanto para expresar una queja, que lo hace, sino como, quizás, que esa queja vea un viso de solución, y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, cuando la ciudadanía o el ciudadano, el ciudadano, acuden a usted como un último recurso.'

'Me ha llamado la atención, leyendo también el informe del Defensor del Pueblo, donde usted ocupa el sexto lugar en relación a todos los defensores del pueblo autonómicos, por poner un concepto global, ocupa usted el sexto lugar en relación a las quejas que son remitidas, y yo creo que esto lo que denota es la gran colaboración que hay entre la institución del Defensor del Pueblo y la del Diputado del Común, porque muchas veces -y usted nos lo respondía en la comisión-, muchas veces algunas de las quejas no pueden ser atendidas, porque usted no tiene competencia y entonces la remite automáticamente al Defensor del Pueblo. Pero a mí sí que me parece importante esta colaboración, sobre todo por lo que es el objetivo por el que estamos todos aquí, de que la ciudadanía se sienta atendida.'

'Dado el número de quejas, se incrementa en relación a otros años, estamos hablando de 1.227 quejas, y siempre hacemos la misma reflexión: ¿este incremento de quejas es positivo, este incremento de quejas es negativo? Nosotros entendemos, porque era uno de los objetivos al principio de su mandato, era dar a conocer la institución, y este incremento de quejas, si eso significa que hay un mayor conocimiento de la ciudadanía hacia el Diputado del Común y si hay un menor miedo de ciudadanos y ciudadanas ante la Administración, yo entiendo que es positivo.'

'Y es también, lo comentábamos en la comisión, llama la atención que casi el 54% de las personas que acuden a usted, el 54% de las quejas son archivadas. Usted nos respondía que muchas eran porque se daba solución a la cuestión que se le planteaba a usted o por el límite de las propias actuaciones, y entonces estamos hablando de cuando se acude al Defensor del Pueblo. Yo creo que esto es importante y lo englobo dentro de las 4.553 gestiones que usted realiza. Cuando hablamos de gestiones es, pues, cuando se dirige directamente a un alcalde, cuando se dirige directamente a un director general, a un consejero, para plantearle cómo va este tema. Y cuando ya usted también toca puertas y no encuentra ninguna, pues, que se le abra, pues, es cuando nos remite aquí al Parlamento de Canarias la situación de no atención por parte de las administraciones, en especial por el ayuntamiento.'

'Llama la atención, si nosotros vemos los informes del Diputado del Común de hace cinco años o de hace seis años con los que hay actualmente, está claro que se ha producido una evolución en lo que son las quejas de la ciudadanía. Hace cinco-seis años, en cualquier informe del Diputado del Común, había muy, muy, pocas reclamaciones en relación a las actividades clasificadas y ahora -usted nos daba el dato- son las actividades clasificadas y, en general, las nuevas tecnologías y, en concreto, la telefonía móvil es el mayor número de quejas que usted recibe. Estamos hablando de 169. Hay una evolución. Ya no nos estamos centrando tanto cuando el ciudadano se dirigía hace seis años. Yo creo que en eso también hay que hacer una lectura de cómo esta sociedad, la Comunidad Autónoma canaria, la sociedad canaria, vamos evolucionando. Hay, a lo mejor, unas necesidades que hace diez años teníamos y que son totalmente diferentes a las de ahora.'

'Sigue usted en la lucha contra el ruido. Nosotros lo apoyamos en eso y, sobre todo, por el informe que en su momento dio y por el estudio. Pero lo decíamos, ¿no?, el ruido lo hacemos todos desde que cogemos nuestro automóvil, porque quizás lo que parece que hace más ruido, que son las industrias, son las menos quejas que tiene. Y al final somos todos nosotros los que nos molestamos todos a otros.'

'En relación a los menores, se hablaba de la institucionalización del menor. Y aquí esto es un tema muy complicado. En este momento la Comunidad Autónoma canaria tiene en desamparo a 2.507 menores. De ellos 1.211 están en centros y 1.296 en familias. Y, además, en menores casualmente es donde casi menos quejas hay, porque estamos hablando de 34 quejas, cuando estoy dando una cifra de 2.507, sin contar, que ahora hablaremos del tema de los menores inmigrantes; estamos hablando de 1.300.'

'Entonces, tenemos que hacernos todos una reflexión, porque hay algunas quejas relacionadas con el tema de la adopción, y usted sabe los problemas que ha habido con situaciones de acogimiento temporal, que después son devueltos a sus familias biológicas. Desde el momento en que la madre biológica se presente, se interrumpe el procedimiento de adopción. Y todo esto es una reflexión que tenemos que hacer: ¿qué situación tenemos que dar al menor? Esto es un ámbito que no nos corresponde a la Comunidad Autónoma, porque estamos hablando ya de la Ley Integral del Menor y del propio Código Civil, pero sí es una reflexión que tenemos que hacer, porque estamos hablando, al fin y al cabo al día de hoy hay 2.507 menores atendidos en desamparo y 4.697 en riesgo. Y estos están siendo atendidos, todos y cada uno de estos menores, por la Comunidad Autónoma.'

'Y hay otra reflexión en relación a los 1.300 menores inmigrantes, y a mí me gustaría hacer una referencia, sobre todo porque estamos hablando de la coordinación de su institución con el Defensor del Pueblo, a lo que ha dicho el Defensor del Pueblo en el informe ya presentado del año 2007, donde decía dos cosas que son importantes. Una decía que la Subdelegación -en la página 496-, dice que la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz no está aplicando de manera correcta la legislación de extranjería vigente en lo referente a la documentación de estos menores. Esto es un problema que tenemos aquí en la Comunidad Autónoma. Y esto lo uno también a una petición que hace el Defensor del Pueblo y que nos unimos nosotros, desde el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, los nacionalistas, cuando dice el Defensor del Pueblo que, a juicio de esta institución, es urgente que las distintas comu­nidades autónomas y la Administración General del Estado intensifiquen su colaboración elaborando protocolos de actuación comunes, bajo la supervisión de la Fiscalía. Al final de lo que estamos hablando es de que Canarias es imposible que en este momento tenga 1.300 menores inmigrantes y sobre todo, lo más grave, porque he hablado con personas que conocen del tema, esta cifra se va a ir incrementando ahora que viene el mes de julio y agosto, y esto es una situación que se está haciendo totalmente insostenible.'

'Y esto lo uno a una queja que usted hace, que es la escolarización del menor. Y yo me pregunto -porque leí algunas de las quejas- qué hacemos con un menor que va a venir la próxima semana, ya no digo los que están aquí, sino que va a venir la próxima semana, que tiene 14-15 años, que no tiene el mismo nivel de estudios ni siquiera sabe el mismo idioma de las personas que están aquí. Ya no digo que sepa francés sino el dialecto con el que vienen. ¿Qué hacemos con este menor, que vendrán 40 en un cayuco, 40-50 de golpe? Esto es un problema grave que tenemos que trabajar todas las instituciones en solucionarlo, porque no se da la situación de colapso que había en años anteriores, pero sí es verdad que tenemos que hacer una reflexión, porque es imposible, es imposible que con estas cantidades se les pueda atender. Y me remito en ello -y no voy a hacer más referencia- al propio informe del Defensor del Pueblo, ¿no?'

'Se habla también de las personas con discapa­cidad. Ya estamos todos cambiando lo que es el lenguaje de género, ¿no?, y esto lo englobamos dentro del plan de atención a las personas con discapacidad, que termina en el 2010. Y yo creo que está habiendo un cambio de mentalidad en la propia sociedad. Ya los discapacitados, afortunadamente, no son personas que están aisladas en un centro o en sus propios domicilios sino que ya quieren, y nosotros queremos -y en eso está haciendo un esfuerzo la Consejería de Bienestar Social- trabajar, insertarse; quieren trabajar y quieren tener una vida normal. Y a mí me gustaría recordarle una frase, unas palabras que dijo usted en el informe anual del pasado año, cuando hablábamos de la Ley de Dependencia; y usted decía textualmente, ¿no?, en relación a la Ley de Dependencia: "desde muchos sectores se augura una implantación dificultosa del nuevo sistema de atención a la dependencia, pues se unen a la misma tanto la novedad del sistema establecido como la necesaria coordinación de todas las administraciones públicas implicadas", decía usted. Y al final decía: "de forma que la dependencia no debe convertirse en un motivo más de confrontación entre administraciones de distinto signo político". Don Manuel Alcaide, ¡cuánta razón tenía usted en relación a la dificultad de la implantación de esta Ley de Dependencia! Y en esto quería rescatar esto que dijo usted el año pasado, porque tenía toda la razón. Ojalá el próximo año, cuando valoremos el próximo informe del Diputado del Común, estemos hablando en otros términos. Y son importantes, son importantes los pasos que se están dando desde el Gobierno del Estado -ayer lo decía la consejera de Bienestar Social-, de, por ejemplo, posibilitar, no solo a los trabajadores sociales de los ayuntamientos, sino a otros trabajadores sociales, lo que es la evaluación, porque, si no, es prácticamente imposible mantener las 14.000 peticiones de dependencia que ha habido. Ya se han evaluado 10.000. Es imposible solo con los trabajadores de los ayuntamientos porque están totalmente saturados.'

'En el tema de la justicia, que es uno de los temas que también nos preocupan a nosotros, no todo lo que usted dice, todas las recomendaciones -y usted lo decía ahora-, caen en saco roto, porque una de las recomendaciones, quizás uno de los temas que más ocupan su informe, es el tema de los juzgados de paz, donde usted mismo dice que "hemos entendido aceptadas, consecuentemente, las recomendaciones dirigidas a la Administración autonómica, que estimamos ha actuado acertadamente, acercando la realidad de los juzgados de paz a Canarias a las ayudas para sus funcionarios" (Se enciende la luz roja en la tribuna de oradores). Yo creo que esto es un poco por lanzar un poco de luz en todo este informe, de las más de 572 páginas, que todo son quejas, pero yo creo que es importante, porque muchas de las recomendaciones -y solo estoy poniendo un ejemplo-, pues, son atendidas por la Administración. Y eso no es óbice para que digamos que es necesario. Ya ha habido un incremento en los Presupuestos de este año pero entendemos que es necesario un incremento de partida presupuestaria en los juzgados de paz -ya ha habido, repito, ¿no?-. Y también una adaptación no solo a la población de derecho sino a la población de hecho.'

'Otro de los problemas que ha habido en la justicia, y que sigue habiendo, es la excesiva movilidad y el fenómeno de la inmigración, ¿no? Compartimos con usted, pues, que tenga un nuevo instrumento, como es el Defensor del Ciudadano, en los ayuntamientos. Yo creo que esto va a ser un instrumento necesario e imprescindible y creo que va a avanzar muchísimo en el trabajo, tanto suyo como de su equipo, porque va a encontrar ya una cara, una puerta, una ventanilla, una mesa, un ordenador, donde usted poder dirigirse. Porque antes iba usted -yo me lo imagino-, iba a cualquier Administración local, iba preguntando a quién dirigirse, porque hasta el propio secretario le decía que no podía atender sus peticiones. Yo creo que esto es importante y lo que sí esperamos es que se suscriban esos convenios en los 88 ayuntamientos. Vamos a ver qué sucede a lo largo del año pero nosotros desde Coalición Canaria vamos a hacer un seguimiento. Entendemos que es fundamental como apoyo a su institución, porque muchas veces no todo es dinero, no todo es dinero, sino a veces hace falta colaboración a la hora de solucionar las cosas. Incrementar muchas veces la partida presupuestaria no se soluciona, y yo creo que es importante.'

'Hay un tema que sabe usted que le deman­damos desde Coalición Canaria, desde el grupo parlamentario, año tras año, que es el tema de la adjunta de la Mujer al Diputado del Común, ¿no? Usted lo decía- y me llamaba la atención en la comisión-, usted decía que el nivel de la mujer, pues, que ya las mujeres hemos llegado a todos lados. Usted nos decía que no necesitamos tanta defensa, las mujeres, y yo solamente quiero decirle una cosa: mire, en la era cristiana llevamos 2.000 años de retraso, solo en la era cristiana. Y ayer -le voy a poner un ejemplo para que vea la necesidad de crear esta adjunta de la Mujer y además una petición de los colectivos-, ayer decía en El País una mujer, decía: "no sé quién me maltrató más, si mi ex marido o el juez" -y no voy a decir el nombre del juez-. Y esto es un ejemplo para convencer de que es necesaria esa Adjuntía de la Mujer a la diputación del Diputado del Común. Entendemos que es fundamental, porque le decía los 2.000 años de retraso en la era cristiana, pero son mucho más, estamos hablando de muchos más; seguimos teniendo los salarios más bajos; las mujeres -en este caso tenemos una compañera que acaba de ser madre-, es imposible compatibilizar la jornada laboral y familiar, es totalmente imposible. Sobre la mujer sigue recayendo todo el peso del hogar, y son muchísimas quejas las que formulan las mujeres, y además en relación con la Administración. Y eso es una petición, y nosotros la vamos a formalizar con una iniciativa en esta Cámara. Tenemos una igualdad real, es cierto, tenemos una Ley de Igualdad, donde se están produciendo avances, vamos a empezar a trabajar en Canarias en una Ley de Igualdad canaria, pero no tenemos una igualdad real, y yo creo que esto tenemos que trasladarlo y decirlo muchísimas veces. Es mucho lo que tenemos que avanzar.'

'En la Función Pública hay un fenómeno nuevo, que nosotros lo recogíamos en nuestro programa electoral y así está recogido también en el pacto de gobierno con el Partido Popular, y es un fenómeno nuevo que se está trabajando muy poco, pero en los próximos años seguramente tendremos que hacer hincapié, que es el tema del acoso laboral, del mobbing, el conocido mobbing. Usted ya lo recoge con algunas de sus quejas, pero en relación a lo que sucede en otros países de la Unión Europea es un fenómeno que va creciendo, porque es lo que siempre, a medida que se va conociendo, se va incrementando, pero esto es un tema que hay que trabajar muchísimo. La Administración pública... Larra decía el "vuelva usted mañana".'

'Y para terminar, hay un tema importantísimo, que es el tema de la pobreza. Usted lo recogía en su informe y en el informe resumido que nos daba. Me ha llamado la atención que en el informe de la exclusión social no haya recogido la Ley canaria de Inserción, porque entró en vigor en enero del 2007, y quizás hubiese sido buena una referencia, sobre todo porque creo que ha ayudado a paliar el problema, no lo ha solucionado. En eso estamos todos de acuerdo. Pero quizás hubiese sido buena esta referencia, porque ha marcado en Canarias un antes y un después.'

'El señor presidente: Señora Marrero, por favor, vaya concluyendo.'

'La señora Marrero Ramos: Vale, pues voy terminando.'

'Don Manuel Alcaide, darle las gracias por este informe, sobre todo porque nos permite acercarnos a la realidad del administrado, que al final somos todos nosotros. Tenemos nuevos retos, que es trabajar todas las instituciones. Este informe está dirigido a las quejas a la Administración local, insular y a la del Gobierno de Canarias, pero creo que en el Parlamento de Canarias tenemos una importante responsabilidad, porque vamos a utilizar su informe como un instrumento de trabajo a lo largo del año. Y darle las gracias y verlo nuevamente por aquí.'

'Muchas gracias.'

'El señor presidente: Gracias, señora Marrero Ramos.'

'Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Pérez García tiene la palabra.'

'El señor Pérez García: Señor presidente. Señoras y señores diputados.'

'Quiero dirigirme, en primer lugar, a mis compañeros y compañeras del Grupo Socialista para explicarles que tengo una cierta perplejidad sobre el tono en el que debo intervenir, porque durante muchos años he sido militante y cargo público del Partido Socialista Canario-PSOE. Ahora resulta que en los últimos días, según la propaganda gubernamental, PSOE es bueno; Partido Socialista Canario es malo. Yo no quiero hacer el papel de malo, pero siempre había oído que el Partido Socialista Canario era una mera sucursal que seguía instrucciones directas de lo que llaman "Madrid". Tengo una cierta perplejidad a la hora de enfocar mi intervención, porque no quiero jugar el papel de malo. Ustedes lo entenderán.'

'Señor Diputado del Común, señores y señoras adjuntos y miembros de la institución, además de darles la bienvenida y sumarme al recibimiento que les han expresado mis compañeros, los representantes de otros grupos parlamentarios, quiero agradecerles el trabajo desarrollado durante el año, del que ahora rinde la institución su informe.'

'Pero dicho esto, con toda la cordialidad y con el afecto que les quiero expresar, tengo que decirles lo siguiente. La Comunidad Autónoma de Canarias tiene un sistema de autogobierno en el que juegan un papel relevante determinadas instituciones, entre ellas el Diputado del Común. Todas estas instituciones, que desempeñan actividades de control en la administración de los caudales públicos, por ejemplo, la Audiencia de Cuentas, en el asesoramiento y el control jurídico y en la defensa de los derechos de la ciudadanía, todas estas instituciones reciben su legitimidad del Parlamento de Canarias, el órgano que representa al pueblo canario. Cualquier falta de conexión entre la representatividad de este Parlamento, que se renueva mediante los procesos electorales, y la composición de esas relevantes instituciones, entre ellas el Diputado del Común, merma su auctoritas. La auctoritas en democracia siempre se deriva del mandato representativo. Merma su auctoritas y, en consecuencia, dificulta la defensa de los derechos de ciudadanía que la institución tiene encomendados.'

'Con el máximo cariño, le decimos al señor Diputado del Común que probablemente haría una buena contribución al restablecimiento de la normalidad democrática en el funcionamiento de nuestro autogobierno, y la normalidad pasa siempre por que sea el Parlamento de Canarias el centro de gravedad, porque es el órgano que tiene una relación directa, representativa, del pueblo canario. Se haría un buen favor no prolongando más este periodo de interinidad y tomando una decisión que forzara la renovación de la institución; lo mismo que la renovación de las demás instituciones y órganos relevantes para nuestro sistema de autogobierno.'

'Su informe, señor Diputado del Común, es un instrumento y un documento muy importante para evaluar la situación de nuestra Comunidad Autónoma, esencialmente desde el punto de vista social y desde el punto de vista del ejercicio efectivo de los derechos de ciudadanía, porque su informe sirve para evaluar la actuación de un Gobierno que se llama "nuevo" y que se llama "Gobierno de las personas". Si este Gobierno, sustentado por los mismos partidos que han sustentado el Gobierno de Canarias durante ya demasiado tiempo, se autotitula "Gobierno de las personas", los juristas diríamos, contrario sensu, que los otros gobiernos formados por las mismas fuerzas políticas no eran gobiernos de las personas. Debieran ser gobiernos con otras finalidades.'

'Pero este informe, señor Diputado del Común, en muchos de sus aspectos más relevantes desde el punto de vista social, pone de manifiesto, porque en ello insiste el señor Diputado del Común, que en ámbitos, como, por ejemplo, la protección de los menores, dice casi literalmente el señor Diputado del Común que se repiten los mismos problemas funcionales que viene la institución denunciando año tras año, durante largos años: falta de medios, falta de prevención, falta de coordinación entre las entidades públicas, falta de protocolos de actuación, y todo ello se traduce en un incremento de las situaciones de riesgo y de desprotección. Insiste el señor Diputado del Común que hay un abuso de la institucionalización de los menores en centros de acogida, en centros residenciales, en detrimento de lo que debieran ser medidas de acción directa en el contexto normalizado de las familias. Dice el señor Diputado del Común que la falta de recursos está suponiendo un desbordamiento de las familias a la hora de dar respuesta a menores en situación conflictiva, y esto produce fugas, produce alteraciones de conducta, produce caídas en las redes de consumo de sustancias tóxicas y, en definitiva, abocan al menor al circuito de medidas judiciales.'

'Dice el señor Diputado del Común, cuando se refiere a la discapacidad, que existe una notable dificultad para el acceso a los servicios especializados, que hay una falta de coordinación entre los dos sistemas, el sanitario y el asistencial, y una falta de coordinación entre las entidades públicas. Eso en determinadas situaciones en las que las familias y las personas demandan el acceso a servicios especializados genera problemas de toda índole. El primero de ellos, la falta de contenido efectivo de ejercicio de derechos sociales que están exhaustivamente proclamados por nuestro ordenamiento jurídico.'

'Dice el señor Diputado del Común que en materia sanitaria continúan las largas listas de espera. Nos relata una casuística relacionada con las diferentes denuncias presentadas por los ciudadanos. Habla, por ejemplo, de que un nuevo paciente que necesite su acceso a una unidad de salud mental tarda más de seis meses en ser atendido.'

'Por lo tanto, problemas importantes que son el termómetro de la calidad, de la cohesión, del ejercicio de derechos fundamentales en una sociedad determinada están fallando, vienen fallando.'

'No ha llegado ahora la pobreza, señor Miguel Cabrera, no ha llegado, vino desde hace tiempo, y vino para quedarse. Con el agravante de que desde hace tiempo la economía canaria ha experimentado una vertiginosa prosperidad, y esa vertiginosa prosperidad no se ha traducido en una efectiva corrección de desigualdades. La pobreza no está llegando ahora, vino. Y no es que haya que hacer algo, mucho habría que haber hecho por sucesivos gobiernos que se han perpetuado a sí mismos y que ahora se intitulan "gobiernos nuevos" y "gobiernos de las personas".'

'En materia de vivienda. En esta materia, señor Diputado del Común, señoras y señores diputados, como en materia de selección de personal, el Gobierno de Canarias, en los pequeños entresijos del ordenamiento jurídico, con normas de bajo rango, da pábulo, da rienda suelta a sus obsesiones habituales. En materia de vivienda, el Decreto 138 del 2007 establece, en contra de los principios de adjudicación proclamados por la ley canaria de 2003, que son principios de objetividad, de igualdad, de publicidad, de concurrencia, proclama que para ser adjudicatario hay que ser residente durante 7 años ininterrumpidos o 15 interrumpidamente. Son esos fantasmas con los que manotea permanentemente el Gobierno de Canarias, y tienen que ver con sus obsesiones: con la población, con los inmigrantes, etcétera. Pero eso no es legal y han sustituido, subrepticiamente, una referencia genérica que hacía el decreto del año 1994, residir habitualmente, por estos requisitos. Y lo hacen, por ejemplo, a través de órdenes departamentales, como una Orden 20, de noviembre de 2003, dictada por la Consejería de Presidencia, que no se ha cambiado. Esa orden, señoras y señores diputados, establece como requisitos para poder participar en un concurso para la selección de personal interino para los cuerpos de médicos forenses, auxiliares, oficiales, agentes judiciales, el estar inscrito en la Agencia Canaria de Empleo y el tener por un determinado tiempo residencia efectiva en Canarias. Son esos fantasmas con los que el Gobierno de Canarias y especialmente Coalición Canaria manotea, se pelea frecuentemente, como con sus propios miedos.'

'El señor diputado don Miguel Cabrera hacía referencia a un estado de cosas. Decía: "con este informe uno se sumerge en el terreno que nunca debiera existir", pero parece, querido colega, que toda esa situación dependiera de los poderes galácticos, a los que usted se refirió en un ingenioso introito, ¿no? No, no, depende esa situación de unas instituciones concretas y esencialmente del Gobierno de Canarias y de la Administración autonómica, esencialmente. Instituciones que, además, no han manifestado una especial voluntad de colaborar con la institución. Llega el señor Diputado del Común a señalar con nombres y apellidos, y dice: "esa falta extraordinaria de colaboración, esa lentitud en la respuesta, implica deslealtad institucional, implica merma en el ejercicio efectivo de los derechos de ciudadanía"; y señala la Consejería de Presidencia y Gobernación, la Consejería de Educación y Cultura de nuestra Comunidad Autónoma, el Servicio Canario de Salud, llegando incluso en algunos casos a tener que hacer advertencia de comunicación a la Fiscalía, como, por ejemplo, en el caso de los servicios de la Gerencia sanitaria de la isla de La Palma -y me gustaría aquí que estuviera nuestro buen amigo Asier Antona-. Porque, claro, la agudeza visual que ha demostrado el señor diputado para descender del mundo de las potencias astrales a la eficacia de la Consejería de Sanidad, en sus términos, no la ha tenido para detectar cómo la Gerencia de Sanidad de los servicios sanitarios en la isla de La Palma ha tenido que ser requerida, con advertencia, a la Fiscalía.'

'Señor presidente, señoras y señores dipu­tados, este es un Gobierno que además se ha autoproclamado el Gobierno de la participación. El Gobierno de la participación que ni en el 2005 ni en el 2006 ni en el 2007 ha convocado, como es preceptivo hacerlo, al pleno del Consejo de Mayores de Canarias, no lo ha convocado; ni tampoco es un Gobierno que se destaque por hacer efectivo el derecho de participación que los ciudadanos tienen, por ejemplo, en materia urbanística, en materia de ordenación del territorio. Y dice el señor Diputado del Común que, ante reiteradas y muy graves infracciones urbanísticas, cuando los ciudadanos se quejan, las administraciones públicas no contestan y tratan de escudarse en una supuesta falta de interés legítimo. Lo dice el señor Diputado del Común, no lo dice el Partido Socialista, y como lo dice el señor Diputado del Común, es un mentís rotundo a muchas de las titulaciones que este Gobierno se ha puesto en el inicio precario de su nueva andadura.'

'Termino, señor presidente, señoras y señores diputados. El señor Diputado del Común ha hecho un informe con una estructura formal, en la que al principio del análisis de las denuncias que se han presentado en las diferentes áreas que son objeto de seguimiento por parte de la institución dice el señor Diputado del Común algunas consideraciones. Por ejemplo, que el sistema educativo está fracasando, que todas aquellas cuestiones que conforman lo que se podría llamar, en sus propios términos, la educación en Canarias están fracasando. Estos son elementos de un diagnóstico efectivo de la acción de un Gobierno que utiliza más la propaganda que la acción para alcanzar y materializar derechos efectivos de ciudadanía.'

'Y una recomendación -dígaselo usted a sus colaboradores, dígaselo usted a quien le sustituya-: no empleen, por favor, en el informe el término quejosos. Hay términos mucho más bonitos, mucho mejor sonantes, en ese idioma maravilloso que los canarios hablamos, con nuestro propio deje, con nuestro propio acento, con nuestra propia musicalidad, porque quejoso suena a "latoso", suena a "achacoso", suena casi despectivamente. Creo que los diminutivos, los que nos enseñaban la gramática en aquella remota enseñanza primaria utilizaban esta desinencia como una desinencia típica de los calificativos usados en forma despectiva. No quejosos; reclamantes, denunciantes; simplemente ciudadanos.'

'Nada más y muchas gracias.'

'(El señor Cabrera Pérez-Camacho solicita intervenir.)'

'El señor presidente: Sí, señor Cabrera Pérez-Camacho, dígame a efectos de qué pide la palabra.'

'El señor Cabrera Pérez-Camacho (Desde su escaño): Un minuto nada más porque ha hecho dos referencias a un tema que yo he explicado.'

'El señor presidente: Un minuto, sí.'

'El señor Cabrera Pérez-Camacho (Desde su escaño): Un minuto nada más.'

'Bien. Señor Pérez García, don Santiago, mi querido y buen amigo, no ha sido usted justo y, además, ha tergiversado. En primer lugar, no es cierto, no es cierto lo que usted dijo de que la miseria severa lleva aquí muchos años. ¡No, no!, vayamos a las estadísticas y seamos serios; hace un año había un 1%, hoy hay un 2%, y yo por eso he dicho desde la tribuna que me preocupa que en un año haya aumentado un 1% más. Pero que no se diga que desde hace muchos años, desde que están los últimos gobiernos, la miseria severa está aquí, porque eso usted sabe que no es cierto.'

'Pero, además, no ha sido justo, don Santiago, porque usted ha dado toda la culpa y toda la responsabilidad en la materia al Gobierno de Canarias, y usted sabe que las competencias econó­micas del Gobierno de Canarias son absolutamente residuales, porque usted es profesor de Derecho Constitucional y sabe que el artículo 149, apartado 1, números 13 y 14, hacen que sea el Gobierno del Estado el que asuma todas las competencias en la dirección y planificación de la economía nacional. Aquí lo que queda es nada.'

'Nada más, señor presidente.'

'El señor presidente: Señor Pérez García, a los únicos efectos de concretar la intervención del señor Pérez-Camacho, Cabrera Pérez-Camacho.'

'El señor Pérez García (Desde su escaño): Muchas gracias, señor presidente.'

'Don Miguel, competencialmente, permítame que le diga: "las cosas no son así". El Gobierno de España tiene potestades muy importantes en la dirección política del país y, dentro de ellas, son herramientas de gobierno las competencias de planificación económica, pero el Estado de las Autonomías, sobre todo, ha supuesto una asunción en régimen de autogobierno de amplios campos de decisión en materia social, por todas las comunidades autónomas, aunque resulte más fácil, señor Cabrera Pérez-Camacho, aunque resulte más fácil dedicar los recursos públicos a desplegar policías un poco fantasmagóricas y potenciar instrumentos, que no de información, sí de propaganda gubernamental.'

'Señor presidente, le voy a terminar, ya que tengo el uso de la palabra, con una pequeña anécdota que ocurrió en Los Sauces, isla de La Palma. Resulta que iba un señor conduciendo al oscurecer con las luces apagadas y la policía lo detuvo, y entonces el hombre decía que él veía bien, aunque no tuviera las luces encendidas. Y mientras le estaban poniendo la multa, el señor encendió su cachimba muy apaciblemente y, cuando iba a prender candela a la cachimba, le dijo al policía: "¿usted quiere luz?"; dice el policía: "no, yo veo"; y el buen saucero dijo: "¡ah!, ¿usted sí ve para redactar la denuncia y yo no veo para conducir?". Pues ese mismo problema, señor Miguel, ha tenido usted a la hora de expresar y alardear de agudeza visual para ver algunas excelencias más bien imaginarias del Gobierno que usted defiende.'

'Muchas gracias.'

'El señor presidente: Muchas gracias.'

'Concluido el debate, señor Diputado del Común, le agradecemos su presencia, le agradecemos su informe y, en nombre de la Cámara, creo que trasladando el sentir de todos, felicite a todo su personal por el trabajo que vienen realizando y que deseamos que continúen realizando, por el bien de resolver los problemas, ayudar a resolver los problemas de los más necesitados.'

'Muchas gracias.'