Diario de Sesiones 119, de fecha 7/7/2010
Punto 10

· 7L/PNL-0243 Proposición no de ley de los Grupos Parlamentarios Socialista Canario, Coalición Canaria (CC) y Popular, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con los seguros agrarios.

El señor vicepresidente segundo (Alemán Santana): Pasamos a la siguiente proposición no de ley: de los Grupos Parlamentarios Socialista Canario, Coalición Canaria y Popular, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con los seguros agrarios.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor diputado.

El señor Santana Reyes: Señor presidente, muchísimas gracias. Señorías.

La mayoría de las labores del campo son estacionales: se labra, se siembra, se cosecha en diferentes periodos del año, por lo que, entre otras cosas, están supeditadas a los caprichos del clima. Por otra parte, estos trabajos estacionales suelen generar mucha mano de obra, en su mayoría con carácter temporal. Unos empleos que siempre han existido y que, como ya dije, requieren un gran número de trabajadores en el mismo sitio y en la misma época. Una necesidad que las empresas agrícolas y las cooperativas han cubierto en muchos casos con asalariados por cuenta ajena o con temporeros.

Unas explotaciones agrarias que tienen en los seguros agrarios un instrumento imprescindible para protegerse de las consecuencias que se derivan del riesgo natural y/o mermas sustanciales de las cosechas por causas determinadas. Una cobertura que da seguridad y tranquilidad a los propietarios de las explotaciones agrarias y a los agricultores por cuenta propia, mientras que deja desamparados a los trabajadores asalariados del campo ante la pérdida de empleo y de renta por estas circunstancias ajenas a su voluntad.

Para ello, señoría, el único sostén es el sistema público de prestaciones por desempleo, pero la realidad es que estas ayudas, ya sean contribu­tivas o asistenciales, afrontan insuficiente e inadecuada­mente para este colectivo de trabajadores los periodos de inactividad obligatoria, derivada, como ya señalé anteriormente, de inclemencias climatológicas: temporales, sequías, plagas y otro tipo de catástrofes naturales.

Por ello, en mi grupo parlamentario creemos que es justo que se adopten las medidas necesarias para cubrir los días no trabajados achacables a las contingencias antes citadas. Es evidente, señorías, que estos días de trabajo perdidos y que objetivamente no se pueden trabajar comportan una pérdida de ingresos para los trabajadores eventuales y fijos discontinuos; lo que a su vez genera una situación de discriminación respecto al sistema de seguros agrarios de los que, desde los principios de la democracia, Ley 87/1978, de Seguros Agrarios Combinados, disfrutan los empresarios y titulares de explotaciones agrarias. Un ejemplo claro de ello han sido las pérdidas de jornales por lluvias y temporal, que han mermado las cosechas en Canarias y en otras comunidades autónomas como Andalucía y Extremadura en la campaña 2009/2010. Así... (Rumores en la sala.)

El señor vicepresidente segundo (Alemán Santana): Perdón, señor diputado.

Por favor, yo les rogaría que o hablan fuera o bajan la voz, porque el señor diputado no puede ejercer su derecho.

Muchas gracias.

El señor Santana Reyes: Así, mientras las ayudas adoptadas por el Gobierno de España han compensado a estos colectivos en Andalucía y Extremadura, han dejado fuera de su cobertura a los trabajadores y trabajadoras asalariados de nuestra Comunidad. Una situación que se hubiese podido atender si tuviéramos un sistema de compensación parecido al que ya tienen estas comunidades autó­nomas, que extendiera la cobertura a las pérdidas de jornales y empleo de los trabajadores asalariados por cuenta ajena.

Señorías, mientras que los agricultores por cuenta propia disponen de compensaciones directas mediante estos seguros agrarios cofinanciados con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado y del Feader para cubrir pérdidas por situaciones y contingencias como las anteriormente descritas, los miles de trabajadores por cuenta ajena que desarrollan su actividad en el campo canario no tienen ningún tipo de cobertura por la pérdida de empleo y, consiguientemente, de renta como consecuencia de las inclemencias meteorológicas. Una situación que entre todos debemos evitar y en nuestras manos está acabar con esta discriminación y que en el futuro los trabajadores por cuenta ajena en el medio rural canario tengan la seguridad de que la pérdida de empleo y renta ante la aparición de fenómenos meteorológicos adversos estará cubierta.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Alemán Santana): Muchas gracias, señor diputado.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, doña Beatriz Acosta.

La señora Acosta Guerra: Muchas gracias, señor presidente. Señorías.

Aunque la utilización del seguro agrario en España se remonta al año 1919, no es hasta la promulgación de la Ley 87/1978, de Seguros Agrarios Combinados, cuando se considera que todos los riesgos son asegurables. Es un sistema de cobertura de los daños ocasionados en las producciones agrícolas, ganaderas y forestales, como consecuencia de las variaciones anormales de los agentes naturales, de accidentes que afectan al ganado y que implican la muerte, el sacrificio obligatorio y la pérdida de la función específica del animal o los incendios forestales. Además es un sistema voluntario en el que los productores se adhieren mediante la suscripción de una póliza de seguros en una de las líneas establecidas. Y las entidades aseguradoras son accionistas de Agroseguros, SA.

A través del sistema de seguros agrarios combinados los agricultores y ganaderos del país, por lo tanto, los canarios, pueden garantizar sus rentas anuales ante los riesgos principales que año tras año ponen en peligro sus producciones. Durante los últimos años se han realizado avances sustanciales que han mejorado sensiblemente para Canarias el grado de protección de las producciones agrícolas y ganaderas. Tal es el caso del mantenimiento del Plan de Seguros Agrarios en Línea, como es el seguro combinado del aguacate y el plátano, con cobertura de riesgo de viento; el del almendro, con cobertura ante las condiciones climáticas adversas; el seguro integral de la cebolla de Lanzarote, el seguro de la papa canaria o el seguro colectivo del tomate específico para la Comunidad Autónoma de Canarias, etcétera, etcétera. También, y como novedad, son los estudios de las incidencias de la ola de calor, con especial atención también para Canarias.

Señorías, el Gobierno de Canarias siempre ha tenido mucha preocupación y compromiso en esta materia. Nuestro presidente, el señor don Paulino Rivero, en el debate de la nacionalidad del 2008, se comprometió a incrementar los créditos a la contratación de pólizas hasta llegar al máximo permitido por la normativa europea. Y la situación con respecto a cinco años atrás en materia de seguros agrarios ha mejorado considerablemente, al igual que el número de pólizas suscritas.

Pero, a pesar de todo esto, en materia de seguros agrarios, como todos sabemos, queda mucho camino por recorrer y hasta este momento nos hemos olvidado de quiénes son los verdaderos beneficiarios de estos seguros agrarios. Siempre que hablamos de los seguros agrarios lo hacemos de la protección de las producciones agrícolas y ganaderas, hablamos de los agricultores y ganaderos para que estos puedan garantizar sus rentas ante los riesgos que ponen en peligro sus producciones, pero quizás hasta ahora nunca nos habíamos planteado cuál es la situación laboral de estos agricultores y ganaderos. Pues bien, la situación laboral de estas personas, de los beneficiarios de estos seguros, es de lo que trata esta proposición no de ley. Los beneficiarios de estas pólizas hasta el día de hoy son los titulares de las explotaciones agrarias o ganaderas, es decir, los trabajadores por cuenta propia, cometiéndose, por tanto, un agravio comparativo, tal y como se expone en los antecedentes de esta proposición no de ley, con los trabajadores asalariados, contratados de forma eventual o fijos discontinuos, y que sufren en mayor medida, en términos de renta, la reducción de los jornales hasta en un 30% en esta última campaña, en la del 2009/2010, mientras que las pérdidas de las producciones en esta misma campaña no llegan a un 20%.

Por todo ello, mi grupo parlamentario ha planteado, junto con el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, esta proposición no de ley conjunta, a propuesta de los representantes del sector agrícola, y que lógicamente votaremos a favor. Y votaremos a favor con el fin de ayudar a reducir este agravio comparativo de los trabajadores por cuenta ajena o asalariados para que sean también beneficiarios de estos seguros agrarios a través de la compensación conjunta de una póliza y para que exista una mayor y más activa participación entre todos los sectores que intervienen en el sistema de los seguros agrarios. Estos son el Estado, a través de Enesa y el Ministerio de Economía y Hacienda; las comunidades autónomas; agricultores y ganaderos, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, a través de su representación; y las agrupaciones de entidades aseguradoras, representadas por Agroseguros, SA.

Termino, señor presidente, diciendo que de esta manera, señorías, tanto a través de la Comisión General de Enesa como de las comisiones territoriales se podrá mejorar la situación de nuestro sector primario y de los que en él trabajan.

Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Alemán Santana): Muchas gracias, señora diputada.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor diputado don Manuel Marcos.

El señor Pérez Hernández (don Manuel Marcos): Gracias, señor presidente. Señorías.

Quiero comenzar agradeciendo a la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras que haya planteado a los grupos parlamentarios que abordásemos hoy, esta mañana, esta iniciativa, que va a conducir sin duda a mejorar la situación del sector primario no solo en Canarias sino en todo el Estado español.

La Política Agraria Común, puesta en marcha desde la Unión Europea desde hace ya muchos años, tres décadas de historia, ha tenido siempre como destinatarios a los titulares de las explota­ciones agrarias y se ha considerado a esos titulares como el cauce adecuado para, a través de ellos, pues, conseguir los objetivos que se marcaba la Política Agrícola Común. Pero este sistema sin duda, que ha sido beneficioso y positivo en líneas generales, ha carecido, no ha sabido dar respuesta a algunos de los problemas que inciden en la profesionalización de nuestra agricultura. Hay que recordar que en Canarias, pues, en los últimos 10 años más de 16.000 trabajadores han abandonado el campo para dedicarse a otros sectores y motivados fundamentalmente, pues, por la inestabilidad de las rentas que percibían, en muchos casos debido a la pérdida de las producciones, a las plagas o las inclemencias meteorológicas. Pero se han visto afectados, señorías, principalmente los trabajadores con un contrato laboral, que conocemos como fijos discontinuos. Estos trabajadores, por causas completamente ajenas a ellos, año tras año, ven reducido su nivel de renta cada vez que por una situación de esta naturaleza se destruye la producción en la que trabajan, sin recibir, por lo tanto, cobertura social o prestación alguna.

El titular de la protección, como ya se ha dicho por parte de mi compañera y compañero anteriormente intervinientes de Coalición Canaria y Partido Popular, los titulares de la explotación sí que gozan de un instrumento para tratar de paliar los efectos de estas contingencias, que no es otro que el de los seguros agrarios.

El objeto, por tanto, de esta iniciativa que apoyamos los tres grupos parlamentarios no es otro que el que los asalariados también puedan contar con una cobertura en caso de que la producción en la que trabajan se reduzca por cualquiera de estas contingencias que hemos señalado. Es, por lo tanto, un objetivo que comparte plenamente el Grupo Parlamentario Socialista y por el cual vamos a dar nuestro apoyo. No solo contribuye a paliar una injusticia social, señorías, sino también que entendemos que va a servir para potenciar la profesionalización del trabajo agrícola y de esta manera estamos potenciando, sin duda, el sector primario. Dar estabilidad laboral a los trabajadores y trabajadoras contribuirá de forma decisiva a tener un sector más potente, más productivo, más innovador.

Sobre la mesa se plantea en esta iniciativa que la cobertura se ofrezca a través de los seguros agrarios. El Grupo Parlamentario Socialista, sin entrar a valorar en profundidad esa conveniencia, le parece que este es un buen punto de partida para comenzar a buscar soluciones de cara a la completa profesionalización del sector. Por lo tanto, también queremos dejar claro esta mañana que, en el marco de la modificación del régimen especial agrario, también pueden, en ese marco, en esa modificación, pueden abordarse y buscarse soluciones a esta problemática que, entendemos, hay que resolver de forma inmediata.

Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa para instar al Estado a que busque medidas que den una adecuada cobertura a las pérdidas de la renta de los agricultores asalariados y nos comprometemos a tener esto en cuenta también en la realidad de cara a futuras actuaciones en nuestro ámbito autonómico.

Por lo tanto, creo que es importante que este paso que damos hoy sirva para, efectivamente, buscar una solución a esos trabajadores asalariados, que son parte importante del sector primario y que se ven, se ven, desprotegidos ante una situación como la que acabamos de señalar. Por eso nuestro grupo, pues, felicita, insisto, a los que han sido los promotores de esta iniciativa y nosotros lo que somos hoy es la herramienta, el vehículo a través del cual la Cámara canaria se pronuncia a favor de la misma.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente segundo (Alemán Santana): Muchas gracias, señor Marcos.

Vamos a proceder a la votación de esta proposición no de ley. Comienza la votación (Pausa).

Resultado de la votación: 48 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Con esta proposición no de ley se da por concluido el Pleno.

(Se levanta la sesión a las trece horas y cuarenta y cinco minutos.)