Diario de Sesiones 10/2011, de fecha 10/10/2011 - Punto 23

· 8L/C-0060 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre formulación y adaptación de los planes generales de ordenación urbana a la Ley por la que se Aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.

El señor presidente: Y ahora sí, vamos con la comparecencia 60, que habíamos anunciado, don Emilio Mayoral, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre los planes generales de ordenación urbana y su adaptación a la Ley de Directrices o de las Directrices.

El señor Mayoral Fernández: Muchas gracias, señor presidente. Señorías.

Hemos pedido esta comparecencia ante la situación en la que se encuentran las adaptaciones a la normativa vigente de los planes generales de ordenación de los distintos municipios de Canarias.

Señor consejero, mi grupo comparte con usted -y así consta en el acuerdo firmado entre Coalición Canaria y PSOE- que la política territorial debe afrontarse desde una concepción única del territorio como recurso natural escaso, en un medio insular y en la necesidad de que los cambios en su ordenación y adecuación a la legislación vigente se produzcan a la mayor brevedad. Todo ello en aras del desarrollo sostenible y bajo los principios de transparencia y participación.

Tenemos un territorio frágil que hay que preservar y que hay que ordenar, y ejemplos en el pasado de cómo no se debieron hacer las cosas. No tenemos duda, por tanto, de la necesidad, de la necesaria ordenación de nuestro territorio y del establecimiento de un marco normativo adecuado, pero también de que esta ordenación hay que hacerla facilitando al mismo tiempo la iniciativa empresarial y ciudadana, y todo ello dentro de un marco que garantice su seguridad jurídica.

El planeamiento, señorías, no puede convertirse en un fin en sí mismo. Debe ser un instrumento cuyo objetivo es lograr el desarrollo económico y social de Canarias. El planeamiento debe entenderse como un instrumento dinamizador de un desarrollo sostenible que garantice la seguridad jurídica de los inversores y de los ciudadanos en general, en donde cada uno conozca sus derechos y obligaciones. No podemos permanecer año tras año en la fase de planificación, como si el hacer un plan fuese un fin en sí mismo. Así nos podemos pasar la vida, planificando, sin llegar nunca a acometer los planes de actuación y desarrollo que en los documentos de planificación se diseñen. Además, a la velocidad en la que se producen los cambios económicos y sociales en nuestra sociedad, los planes se pueden tornar obsoletos aún antes de acabarlos y se tengan que comenzar de nuevo, en un constante tejer y destejer, en un inútil esfuerzo. Hemos de ser conscientes de que lo importante son las actuaciones que se derivan de esos planes y que son los que permitirán el desarrollo de nuestra economía. Hablamos de un planeamiento que es crucial para la vida económica de la región, al igual que lo es para la conservación del territorio. Lograr un equilibrio entre ambos debe ser el objetivo.

Un repaso a la situación actual, señor consejero, nos indica que el planeamiento adaptado se encuentra considerablemente retrasado. Solo 20 de los 88 municipios de Canarias tienen sus planes adaptados, aproximadamente un 22%, y otros 9 cuentan con aprobación provisional. Por islas: en El Hierro, 0 de 3; en La Gomera, 3 de 6, 50%; en La Palma, 5 de 14, el 35%; Tenerife, 9-31, un 29%; en Lanzarote, 1 de 7, 14%; Fuerteventura, 0 de 6, ninguno; y en Gran Canaria, 2 de 21, un 10%.

Los cabildos insulares no se encuentran en mejor situación, con el añadido de que sus planes insulares de ordenación además remiten su desarrollo a un sinfín de planes territoriales, parciales y especiales, estando la mayoría de estos sin aprobar. No tiene sentido que, por ejemplo, los planes insulares de Tenerife y de Gran Canaria remitan su desarrollo a más de 60 planes territoriales o especiales, generando en muchos casos vacíos normativos, hasta que estos se aprueben, con la consiguiente indefensión de los ciudadanos.

Señorías, esta situación de planeamiento municipal entraña una gran dificultad para llevar a cabo actividades propias del desarrollo del planeamiento municipal, como son convenios urbanísticos, los cambios de clasificación o categorización del suelo, las implantaciones de orden industrial, turísticas, terciarias, etcétera, y todo ello conlleva que muchas iniciativas que quieren ponerse en marcha con la actual coyuntura económica resulten en muchas ocasiones imposibles.

Por otra parte, esta situación origina un alto grado de inseguridad jurídica, con una fuerte conflictividad y judicialización de esta materia, siendo en última instancia jueces y magistrados quienes terminan gestionando el territorio. Es verdad que la responsabilidad es compartida entre las tres administraciones: Gobierno, cabildos y ayuntamientos. No se trata de buscar culpables, sino de encontrar soluciones. Para ello, señor consejero, señorías, es necesario, en primer lugar, analizar las posibles causas de esta situación para después buscar las posibles alternativas que permiten cumplir con el objetivo de...

El señor presidente: Sí, tiene un minuto para ir terminando, don Emilio.

El señor Mayoral Fernández: ...con el objeto de lograr tener el planeamiento adaptado de todos los municipios en Canarias en el menor tiempo posible.

En mi segunda intervención me extenderé un poco más.

El señor presidente: Bueno, muchísimas gracias, don Emilio.

Señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, don Domingo Berriel.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Señor presidente. Señorías.

Cuando hablamos del estado del planeamiento territorial o urbanístico, de su gestión y del control de su cumplimiento, estamos hablando nada más y nada menos que de la regulación y eficacia de la gobernanza que debe tener como objetivo la obtención de un modelo territorial equilibrado y sostenible, y sostenible en su amplio concepto social, económico y ambiental.

Esta comparecencia me permite reiterar que el actual procedimiento de aprobación de los planes generales de ordenación urbana, que está regulado tanto en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias como en el reglamento de procedimiento de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, se caracteriza por ser bifásico y, en su fase primaria, la más importante, de impulso, promoción y definición, corresponde, como sus señorías conocen, a cada ayuntamiento, atribuyéndose a la fase autonómica, es decir, a la de aprobación definitiva, solo el control de legalidad y de cumplimiento de las estrategias y programas supramunicipales y suprainsulares, sin perjuicio de los informes previos en trámites de cooperación y de coordinación.

Para el control autonómico en la fase de aprobación definitiva, el reglamento otorga un plazo solo de cuatro meses. Esto es, señorías, la fase autonómica dispone de un plazo de cuatro meses desde la completa recepción del documento exhaustivamente diligenciado y acompañado de los informes sectoriales preceptivos del documento provisionalmente aprobado, así como del expediente administrativo y de la plena contestación a las alegaciones formuladas en el proceso de información pública.

Resultan, pues, tales exigencias y el cumplimiento de los requisitos sustantivos de aquellos informes elementos indispensables para la garantía jurídica del documento y para el correcto examen, constituyendo su incumplimiento o las discrepancias una de las causas frecuentes de devolución o de exigencia de correcciones y, por tanto, de las dilaciones que pueden producirse en la fase de aprobación definitiva.

Sin embargo, señorías, es, como veremos, en la tramitación en sede municipal, por distintas causas, en sus diferentes trámites y fases de avance, aprobación inicial y aprobación provisional, donde se constatan los mayores retrasos, que en muchos casos desvirtúan el procedimiento legal de elaboración y aprobación.

La situación actual es que de los 88 municipios, en efecto, 22 -2 más de los que comentó su señoría, pero, en fin, se aproximó mucho-, 22 disponen de plan general de ordenación a todo el texto refundido y a la Ley de Directrices.

Y como esta comparecencia la ha solicitado su señoría para que informe de las previsiones, diré que esperamos elevar a la Cotmac, en los próximos meses, los planes generales de los 8 municipios que ya disponen de la aprobación provisional de su documento, para su aprobación definitiva, aunque algunos puede que tengan que afrontar procesos de corrección que nos impiden concretar la fecha de su aprobación definitiva.

A esto, señorías, se unirán los cinco planes supletorios, cuyas elaboración asumió el Gobierno en aplicación de la ley, de las previsiones de la Ley 6/2009, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo. Planes supletorios cuya redacción se terminará este año, lo que posibilitará su aprobación a principios, como mucho, del próximo ejercicio.

De los 53 municipios restantes se encuentran en fase de avance 18 municipios, tienen exonerado el avance 3 de ellos, y, por tanto, han pasado directamente a la fase aprobación inicial. En fase de aprobación inicial, 19, es decir, 19 han aprobado inicialmente el documento. Y no han concluido o ni siquiera han formulado el avance 13 de los municipios de Canarias.

Es muy difícil, señorías, establecer una previsión sobre la aprobación de los planes generales de estos municipios. No obstante, el Gobierno de Canarias, a pesar de no ser el competente en la formulación y tramitación del planeamiento urbanístico, sí en generar las condiciones para que eso se haga de la mejor manera o de la manera más rápida posible, salvo en el caso de la ordenación de los espacios naturales, ha realizado un esfuerzo económico sin precedentes para fomentar y apoyar a los ayuntamientos en la formulación y tramitación de estos planes. Siendo conscientes de las dificultades económicas, técnicas y de gestión de muchos municipios, se ha venido apoyando económicamente a las corporaciones locales, financiando gran parte del planeamiento urbanístico y habiendo dedicado a este fin más de 20 millones de euros solo en la pasada legislatura.

Pero no ha sido solo el esfuerzo económico de inversión en el planeamiento. Por otra parte, como bien saben sus señorías, el Gobierno puso en marcha, a través de la empresa pública Grafcan, el sistema de información territorial del planeamiento de Canarias, con el objetivo de modernizar la gestión del territorio, abordando los trabajos de normalización del planeamiento, para una mayor interpretación e interoperatibilidad, creando herramientas de ayuda para la redacción y tramitación de los planes de generación de informes de control de calidad, para la integración de bases de datos del planeamiento, para la utilización de redactores y de técnicos, manteniendo actualizada toda la información en capas de planeamientos vigentes, con la posibilidad de generar informes de consultas que muestran todo el contenido de la base de datos para un punto o una zona determinada y dotando al sistema de servicios temáticos de explotación, con la funcionalidad de la traducción o conversión de los datos a otro formato y difundir así los productos obtenidos.

El objetivo de este proyecto ha sido la modernización de la gestión del territorio de Canarias, entendiendo por modernización el dotar al sistema de herramientas que hagan más eficientes las tareas de gestión de las oficinas técnicas municipales. Esto es, entre otras herramientas, que faciliten la consulta e interpretación del planeamiento, su tramitación y su interoperatibilidad y la toma de decisiones.

Así, desde el año 2005 se puso en marcha un programa de apoyo a la gestión, formación y sistematización de planeamientos, en el marco de los objetivos del Gobierno de Canarias de fomentar la transparencia, la eficacia en la gestión y la cooperación interadministrativa en la ordenación y gestión del territorio. Se comenzó así a promover la redacción de planeamientos sistematizados, mediante acciones divulgativas y formativas, cursos y asesoramiento personalizado a equipos redactores, la inclusión de prescripciones en los pliegos de condiciones técnicas para la redacción de los instrumentos de planeamiento y un largo etcétera.

Este programa, al que hemos dedicado más de 10 millones de euros, parte de la necesidad de apoyar la mejora de la capacidad de gestión técnica y administrativa de las oficinas técnicas municipales, dotándolas de los medios y el apoyo preciso para modernizarse y ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades de la población, permitiendo así llevar a cabo el desarrollo de las previsiones de sus respectivos planes generales de ordenación y de su planeamiento de desarrollo.

Entre las líneas de actuación de este programa se encuentra el apoyo de la organización interna y equipamiento de las oficinas técnicas municipales, el apoyo a la gestión de los planes generales de ordenación y el planeamiento de desarrollo, la sistematización de los planes generales de ordenación y de los espacios naturales protegidos, la implementación de gestores de expedientes y la formación de los recursos humanos de las oficinas técnicas municipales.

Estamos, por tanto, señorías, mejorando el funcionamiento del sistema, asistiendo a los productores de la información, a los redactores, con herramientas de ayuda que faciliten la redacción normalizada y rigurosa de los planes y redundando en la eficacia de sus procesos y mejorando los tiempos de entrega.

También les anuncio, señorías, que vamos a realizar esfuerzos en el desarrollo de herramientas que faciliten protocolos de comunicación, de asesoramiento y de consulta entre las administraciones competentes en la tramitación y aprobación de los planes y los equipos redactores. En ambos sentidos estamos en fase de análisis para el desarrollo de prototipos que modelen la directiva que están terminando de especificar en la normalización. Pero tenemos que reconocer que, pese a los evidentes esfuerzos económicos, políticos y de gestión, el proceso de adaptación del planeamiento general ha sido lento, pues a pesar de las sucesivas prórrogas para su adaptación concedidas por necesarias reformas legislativas, el 35% de los municipios canarios se rigen por planes y normas anteriores al Decreto legislativo 1/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, y hay que reconocer, por el contrario, que 57 municipios canarios, es decir, el 65% del total, sí cuentan con planes generales aprobados en la década pasada y adaptados al citado marco legal, esto es, al texto refundido, y de estos además, como ya he dicho, 22 a la Ley de Directrices.

Sin embargo, en contraste con la lentitud de los ayuntamientos, por los distintos condicionantes que estos tienen, el Gobierno de Canarias -al que compete la redacción, tramitación y aprobación de los planes y normas de los espacios naturales protegidos, incluyendo los parques nacionales- ha redactado, tramitado y aprobado el 90% de los planes rectores de uso y gestión de los 146 espacios naturales con que cuenta el planeamiento ambiental urbanístico, aprobado a partir del año 2000. Y esto tiene una extraordinaria importancia si tenemos en cuenta que estamos hablando del 42% de nuestro territorio, yo diría que de la parte más valiosa y más frágil de nuestro territorio.

Señorías, para acelerar el proceso de adaptación y actualización al texto refundido del 2000, se prevé una serie de medidas coactivas, prohibiciones y sanciones, limitadoras de la potestad de planeamiento de las corporaciones locales e insulares, que resultaron ineficaces y que en la práctica estaban significando un freno, al menos a las modificaciones puntuales y revisiones parciales, así como al desarrollo del planeamiento, impidiendo la tramitación y aprobación del planeamiento parcial, lo que venía produciendo paralización o la suspensión sine díe de importantes inversiones y la imposibilidad de resolución de problemas de suelo para equipamientos y servicios públicos. Situación que fue desbloqueada por la Ley 6/2009, de Medidas Urgentes, que aquí hemos citado.

Es precisamente con esta Ley de Medidas Urgentes con la que se introduce en el sistema de planeamiento una nueva figura, a la que ya me he referido, con objeto de acelerar su actualización...

El señor presidente: Sí, tiene un minuto para ir terminando, don Domingo.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Gracias, señoría, señor presidente.

...y que posibilita la tramitación y aprobación de los planes generales supletorios, además de continuar con el planeamiento de desarrollo. Planes generales supletorios a formular por el Gobierno, formular y aprobar por el Gobierno, en los casos en los que la pasividad o la imposibilidad municipal lo aconsejen. Plan supletorio que habrá de contener el contenido estructural del plan general de ordenación, así como la ordenación pormenorizada que resulte necesaria para implantar los sistemas generales, las dotaciones y los servicios públicos, la implantación y ejecución de las viviendas de protección pública, la creación y ordenación del suelo industrial, la mejora de la calidad alojativa turística o la implantación de sus equipamientos complementarios.

Hasta el momento, señorías, se han suscrito convenios para la aprobación de planes supletorios con cinco municipios, en concreto Arafo, Teror, Yaiza, La Aldea y Pájara, cuya redacción, como hemos dicho, se terminará a finales de este año, lo que nos permitirá su aprobación a principios del próximo ejercicio. Entre estos, por ejemplo, hay que destacar el plan de Yaiza, municipio con graves problemas urbanísticos...

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero.

Por los grupos no solicitantes de la comparecencia, don Román Rodríguez, Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Rodríguez Rodríguez: Algunas consideraciones de orden general a este tema.

Es evidente que el planeamiento es un elemento básico del funcionamiento de la sociedad canaria. Es determinante porque actúa sobre el suelo y el suelo es escaso y lo determina casi todo. Y es también evidente que debemos reconocer notables retrasos que pueden influir negativamente en el adecuado funcionamiento de la sociedad canaria actual. De manera que todo lo que haga el Gobierno de Canarias para facilitar la cooperación con los otros ámbitos institucionales, ayuntamientos y cabildos, y todo lo que se introduzca de mejora en los procesos normativos reguladores, para simplificarlos, para acelerarlos, para acortar espacio, para evitar duplicidades, debe ser bienvenido. Y a eso nosotros jamás nos opondremos, porque una de las responsabilidades de lo público es ser eficientes y además generar seguridad jurídica al resto de los agentes que operan en nuestra sociedad.

Pero aprovecho este tema para decir que tampoco es de recibo, porque no es verdad, que la simplificación a la que estamos asistiendo, endosando prácticamente todos los males del funcionamiento de la sociedad canaria al sector público, en esto y en otras cosas, a nosotros nos parece que esa es una simplificación que no es neutral, que es ideológica, que es conservadora, que es liberal y que trata de endosar al sector público, en todas sus expresiones, todos los males de esta sociedad, y yo aprovecho este tema para discutirlo, para cuestionarlo. Debemos simplificar, debemos aclarar, debemos facilitar el desempeño del planeamiento, pero la regulación del suelo, la regulación del territorio, el gobierno del territorio, es una responsabilidad de los poderes públicos, debe responder al interés general, lo tiene que hacer con eficacia y con transparencia, prontitud y garantizando la seguridad jurídica, pero no debe abandonar esta función.

En definitiva, creo que la simplificación, la ayuda que el Gobierno pueda prestar para facilitar los procesos de planeamiento y de su adaptación a las normas, sean bienvenidas en la sociedad canaria. Creo que son buenas para la economía, pero no podemos estar de acuerdo con los discursos desreguladores que al final, primero, no responden al interés general y que pueden hacer ya que esta sociedad, que es bastante selva en otros ámbitos, también en este, en el recurso después de las personas más estratégico de la sociedad canaria, que es su territorio, y por lo tanto su preservación y uso inteligente, es decisivo para el bienestar colectivo y para el futuro de esta sociedad.

Por lo tanto, sí a los procesos de simplificación y cooperación, no a la desregulación, porque tiene otros intereses que nada tienen que ver con el interés general.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Sí, muchas gracias, don Román Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.

El señor De la Hoz Fernández: Presidente. Señor consejero. Señorías.

Señor Berriel, quiero volver a transmitirle la máxima predisposición y colaboración del Grupo Nacionalista Canario y desearle a usted y a todo su equipo que alcance las mayores cotas de los objetivos propuestos para esta VIII Legislatura.

Señorías, ya se ha hablado sobradamente del contexto de incertidumbre en el que nos encontramos, siendo todos conscientes de que nada volverá a ser igual y que lo que toca es seguir reinventándose y, en definitiva, seguir caminando. Y es que hablar de territorio es hablar del bien más importante que puede tener una tierra tan singular como la nuestra.

Es por ello que la materia que usted gestiona, señor consejero, es una herramienta vital para el desarrollo y la activación económica de nuestra comunidad. Una planificación del territorio de forma inteligente, equilibrada y sostenible. Ahora más que nunca es necesario crear ese marco legal en la ordenación urbana que pueda generar la confianza necesaria y ofrezca una plena seguridad jurídica a los ciudadanos y a los posibles inversores, que facilite la tan ansiada dinamización económica.

Señor consejero, vuelve usted a tener la responsabilidad y el reto de ampliar las ratios de adaptación de los planes generales de ordenación urbana; y es que en el contexto en el que nos encontramos inmersos se requieren decisiones que no podemos dilatar en el tiempo. Tenemos las bases para que esto sea una realidad, herramientas técnicas, como es la empresa pública Grafcan, que goza de un amplio reconocimiento en el sector, y la mejor herramienta, el conocimiento, un buen y experimentado equipo de técnicos dentro de la consejería, un amplio sector de profesionales y por supuesto nuestras dos universidades. Ahora más que nunca nuestra tierra necesita de un acuerdo por el territorio, que busque los mayores consensos y soluciones para dinamizar la planificación de nuestro espacio.

Sin embargo, señorías, debemos ser conscientes de que el proceso de adaptación no es exclusivamente responsabilidad del Gobierno autónomo. Son los municipios los que tienen esa responsabilidad en mayor grado. Por lo tanto, son estos los que deben impulsar y liderar estos procesos. Sabemos las dificultades que esto conlleva, bien por la dimensión de los gobiernos municipales o por las limitaciones técnicas de los mismos, y eso pese a las diferentes prórrogas conseguidas en los plazos y a los esfuerzos del Gobierno de Canarias, tanto económicos como de información.

En su comparecencia en comisión nos adelantó algunas de las medidas que ha previsto el Gobierno, como es la simplificación procedimental, con el claro y más que necesario objetivo de reducir los plazos. ¿Puede usted profundizar en este punto y cómo la simplificación procedimental no llevará implícita una pérdida de las garantías de los interesados?

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don David de la Hoz.

Por el Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Jorge Blanco.

El señor Jorge Blanco: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario no puede estar más de acuerdo, desde la primera hasta la última palabra, con el interviniente, con el proponente de esta comparecencia, el señor Mayoral. El señor Mayoral ha clavado literalmente cuál es el problema que tiene la gestión del planeamiento, la gestión del suelo en Canarias. Lo ha clavado, insisto, desde la primera hasta la última palabra. Lástima, señor Mayoral, que su grupo parlamentario no esté de acuerdo con lo que usted ha dicho en esta tribuna en el día de hoy, y a los hechos y a la historia me remito.

Si hubo un proyecto estrella en el mandato pasado del señor Rivero, un proyecto estrella en el que basó todo su discurso político y toda su actuación política, fue la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes, que venía a simplificar, a desburocratizar muchísimas normas y determinados requisitos que las distintas leyes del territorio, Ley de Directrices del año 2003, imponían. Y el Partido Socialista, de manera radical -entre comillas-, se opuso rotundamente a esa ley, y yo me alegro, señor Mayoral, y me alegro además de que el señor portavoz, hoy no presente en esta Cámara, pues, ya considere que de la Ley de Medidas Urgentes -lo dijo el otro día en una declaración pública- existen aspectos muy positivos y otros también que están por demostrar. Me alegro porque el Partido Socialista y el Grupo Socialista se han incorporado al consenso generalizado de que era necesaria una actuación valiente para reformar las leyes del territorio y las leyes de directrices, aprobadas en el año 2003.

Señor Berriel, de lo que se ha hablado hoy es del camino, de cuántas piedras están en el camino o existen en el camino para aprobar un plan general o un proyecto de actuación urbanística cualquiera. Y yo quiero en esta tribuna hacer una reflexión: aquí se habla de deberes, quién ha hecho los deberes y quién no ha hecho los deberes, quién ha caminado más rápido o quién ha caminado más lento. Y mi pregunta es, ¿es que a lo mejor el contenido de los deberes es demasiado alto, es demasiado costoso?, ¿es que a lo mejor esos deberes hay que, de verdad, simplificarlos y mejorarlos para que los ayuntamientos y cabildos sean capaces de cumplirlos en los propios plazos que la ley establece? Y mi grupo añade algo más: es que a lo mejor no solo es necesario simplificar, es que a lo mejor también hay que desregular algunas cuestiones.

Yo quiero saber su opinión. Mi tiempo se acaba. Esta es una comparecencia apasionante, porque, en definitiva, de la gestión del suelo depende, pues, el futuro prácticamente de todos los canarios, pero sí quisiera conocer cuál es la opinión del señor consejero.

El señor presidente: Muchas gracias, don Miguel Jorge.

El grupo solicitante de la comparecencia, don Emilio Mayoral, Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Mayoral Fernández: Gracias, señor presidente.

Dije antes en mi primera intervención que no se trataba de buscar culpables, ni de culpabilizar a los ayuntamientos ni a los cabildos ni al Gobierno, porque las causas son múltiples. Múltiples pueden ser las causas que nos han llevado a esta situación. Seguro que el Gobierno y cada una de sus señorías tendrán algunas y, por supuesto, si se les pregunta a cada uno de los ayuntamientos que no están adaptados, nos encontraríamos con otras tantas respuestas. No es mi intención ni pretendo, por tanto, agotar las posibles causas, ni siquiera determinar la importancia que cada una de ellas pueda tener o pueda haber tenido en el retraso del planeamiento municipal adaptado. Aunque en general entiendo que el retraso acumulado puede agruparse en dos grupos: por un lado, en la complejidad del marco legislativo y, por otro, razones de índole política, económica y técnica.

Respecto a la primera, hemos de reconocer que Canarias ha hecho en las últimas dos décadas un esfuerzo por dotarse de un marco normativo en los ámbitos de ordenación del territorio y el medio ambiente adaptado a sus necesidades. En total han sido una docena de normas legislativas y reglamentarias.

El marco regulatorio en materia urbanística y de protección del medio ambiente producido durante la pasada década ha sido complejo, máxime teniendo en cuenta que en su reglamentación han intervenido distintas instancias: Unión Europea, el Estado, la comunidad autónoma, los cabildos y los ayuntamientos.

A partir de 1997, cuando el Tribunal Constitucional se pronunció anulando el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, a favor de la competencia exclusiva de las comunidades autónomas para legislar en materia territorial y urbanística, se abrió el proceso legislativo de las comunidades autónomas, que en Canarias culminó, como todos saben, con la promulgación de la Ley 9/99, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias, y en la que se autorizaba al Gobierno a elaborar un texto refundido con la Ley de Espacios Naturales, y fijaba ya el plazo de un año para adaptar todo el planeamiento de las islas a la nueva ley. Primer plazo, era aquel de un año. Al año siguiente, el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, aprobaba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación Territorial y de Espacios Naturales de Canarias, que, haciéndose eco del incumplimiento del plazo anterior, fijaba un nuevo plazo de tres años para la adaptación del planeamiento. Un año después, se aprobaba el texto refundido, el Gobierno aprueba la llamada "moratoria turística" y dicta dos decretos: el 4/2001, por el que se aprueba la formulación de las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, y el 126/2001, por el que se suspende la vigencia de las determinaciones turísticas de los planes insulares de ordenación y de los instrumentos de planeamiento. Todo ello culmina en la Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y el Turismo de Canarias. Consecuencia de esa ley, es la posterior Ley 19/2003, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. El hecho da lugar a que todo el planeamiento de Canarias, que en aquel momento iniciaba su andadura para adaptarse al texto refundido, tenga que volver a comenzar un nuevo proceso para adaptarse a esa nueva ley, que, a su vez, dicta unos nuevos plazos, evidentemente inasumibles, de forma que el incumplimiento territorial y municipal es el de todos conocido.

El origen y las causas de todo este proceso pueden ser entendidos en el contexto de imposiciones de instancias superiores, como es el caso de la legislación medioambiental nacional, fundamentada en el cumplimiento de las exigencias de las directivas europeas. Las sucesivas leyes promulgadas, bien por el Gobierno autonómico bien por el Gobierno central, o como consecuencia de la aplicación de las directivas europeas, han constituido una madeja de adaptaciones de los planes de ordenación, que ha desembocado en el hecho incontrovertible de que 11 años después de la aprobación del texto legislativo 1/2000, por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Ley de Espacios Naturales de Canarias, y siete años después de la formulación de las Directrices, el planeamiento municipal se encuentre en fase de adaptación en casi el 80% de los municipios y que algunos municipios turísticos tan importantes, como es el caso de Mogán o de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ni siquiera lo hayan comenzado. Además ha dado lugar a que los planes generales municipales, en aquellos municipios que estaban en proceso de adaptación al texto refundido, tuvieran que volver a adaptarse al nuevo marco.

Desde la aprobación primero del texto refundido en el año 2000 y después de la Ley de Directrices en el 2003 ha transcurrido un número de años importante, sin que nuestros municipios cuenten con un instrumento fundamental para el desarrollo económico y social de nuestra región, generando ineficiencias que están restando capacidad a los sectores productivos.

Pero, señorías, en este relato apresurado de toda la legislación que ha tenido incidencia en los procesos de adaptación, como hemos visto, a través de los distintos plazos que se iban dando, no podemos olvidar y no podemos achacar esta situación actual solo a la madeja esta que hemos citado. También existen otras razones, son otras las circunstancias también que han provocado este retraso. En unos casos, como decía antes, ese segundo grupo, son razones políticas, producidas por cambios en las direcciones de los grupos municipales resultantes de las elecciones, cosa lógica cuando hay un cambio, o por discrepancias y falta de acuerdo, cuando hay coaliciones entre los grupos correspondientes. Digo esto en algunos casos concretos, casos que se conocen concretamente, y los que son de Gran Canaria saben concretamente de algún municipio al que me refiero. En otros, por la propia incapacidad, derivada de las dificultades económicas: el coste de personal especializado, el coste de la contratación de las asistencias técnicas que desarrollen la formulación de los planes de los ayuntamientos.

Cuestión más complicada pero que también incide en el retraso en la aprobación del planeamiento adaptado la constituyen las razones técnicas. O mejor sería decir: las razones de los técnicos, pues en muchas ocasiones -y he sido testigo de ello- esa diferente interpretación de la normativa entre técnicos de distintas administraciones con la elaboración de informes y contrainformes a lo que conlleva es a retrasos innecesarios en la tramitación, que se verían superados si existiese un mayor grado de colaboración entre las administraciones y sus técnicos.

Por último, dentro de este segundo apartado de causas generadas por inactividad de la Administración, está la simple dejación de la Administración municipal de no ejercer su responsabilidad, que también existe.

Conclusión. En definitiva, señorías, la situación del planeamiento municipal en Canarias es manifiestamente mejorable y se ha de hacer un esfuerzo por parte de todos para revertir esta situación. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué propuestas podemos sacar? Estoy seguro de que compartimos con el consejero la necesidad de impulsar la simplificación de los procedimientos, que haga más ágil la tramitación de los planes ante la Administración, por lo que, señorías, en relación al marco legislativo, consideramos muy importante el anuncio realizado en su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente, y hoy repetido en este Pleno, de la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos en la tramitación de los planes.

También consideramos de gran interés su anuncio del establecimiento de servicios y protocolos de uniformidad y armonización de procedimientos que superen la diferente interpretación normativa, por lo que puede representar en la agilización de las tramitaciones de planeamiento.

En cuanto a las medidas para hacer frente a la inactividad de la Administración local, y dada la importancia de que todos los municipios dispongan de un plan general de ordenación adaptado que dé respuesta a las demandas y necesidades de sus ciudadanos, queremos, en primer lugar, dejar clara nuestra postura de respeto a la competencia de los municipios para promover sus planes, y así deben seguir haciéndolo. Sin embargo, la situación del planeamiento municipal y su adaptación a la normativa vigente aconsejó al Gobierno de Canarias incluir en la Ley 6/2009, de Medidas Urgentes, la posibilidad de asumir la elaboración y aprobación de planes supletorios ante la inactividad o incapacidad de los municipios. La iniciativa para impulsar la posible subrogación corresponde a la propia consejería, al cabildo insular de la isla en la que esté el municipio sin planeamiento adaptado y, por último, al propio ayuntamiento afectado.

En cualquier caso, señorías, es un tema este complejo que conviene tratar con cuidado, dado el reparto competencial entre administraciones. En nuestra opinión, señorías, en caso de llegarse a esta situación, la imposición de tal medida debe realizarse con suma cautela, siendo preferible siempre la suscripción de un convenio, tal y como se realizó en la anterior legislatura con los cinco municipios con los que se firmó, y al que antes hizo mención el señor consejero, que llegar a la subrogación.

Hay que continuar y profundizar también en la política de incentivar a los municipios mediante las medidas de apoyo, tanto económicas como técnicas, con el fin de que ejerzan sus competencias en la elaboración de sus planes. En tal sentido, apoyamos las medidas que se anuncian de regulación del régimen de asistencia económica al planeamiento municipal.

El planeamiento, señor consejero, efectivamente, no solo ha de ser más ágil en su procedimiento sino también más transparente, a lo que sin duda ayudarán los trabajos de la plataforma de información territorial y ambiental y de cualquier otra medida que acerque el planeamiento al ciudadano. Compartimos, pues, señor consejero, el objetivo que usted ha expuesto de disponer de un planeamiento adaptado al marco normativo y le animamos a que lo impulse de forma decidida y ponga todos los medios necesarios para ello. Compartimos con usted que uno de los grandes objetivos de esta legislatura sea el que todos los municipios y cabildos cuenten con los planes generales de ordenación y planes insulares plenamente adaptados a la normativa vigente. El lograr la adaptación de todo el planeamiento insular...

El señor presidente: Sí, tiene un minuto para ir terminando.

El señor Mayoral Fernández: Sí, veinte segundos.

El lograr la adaptación de todo el planeamiento insular y municipal a las Directrices es un objetivo ambicioso, pero absolutamente necesario para el desarrollo social y económico de Canarias. Por ello alentamos al Gobierno y más concretamente al consejero competente en la materia a trabajar duramente para conseguirlo. Para ello no le quepa ninguna duda de que contará con el apoyo incondicional del Grupo Socialista.

Quiero terminar mi intervención reiterando mis mejores deseos en el éxito de su gestión, que sin duda será el éxito de toda la sociedad canaria.

Muchas gracias.

El señor presidente: Don Emilio, muchas gracias.

Para concluir la comparecencia, el señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, don Domingo Berriel.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente. Señorías.

En primer lugar, quiero agradecer todas las aportaciones esta tarde aquí en este asunto, porque ciertamente podría suscribirlas prácticamente en su totalidad.

Con carácter preliminar, me gustaría hacer una aclaración, y es que nadie saque como conclusión, desde luego, que la intervención de este consejero concluye con que son los ayuntamientos los responsables del retraso en la planificación de los planes generales. Me he limitado aquí, y así quiero que conste desde luego, a constatar un hecho objetivo, y es el hecho de los tiempos en las distintas fases.

Creo haber aclarado, no obstante, si no es así, lo reitero ahora, que es un hecho objetivo, lo que sucede es que ese hecho objetivo tiene múltiples causas, algunas de ellas son causas municipales y otras son exógenas a la propia voluntad municipal. Como, por ejemplo, los informes sectoriales o los informes incluso de cooperación administrativa, que se hacen desde incluso la propia Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Todo eso va configurando una permanente discusión en los asuntos de planeamiento, que lleva, lógicamente, a retrasos y a múltiples problemas detectados y que desde luego vamos a acometer.

Pero es la fase municipal, digamos, la fase más importante de promoción y elaboración del planeamiento, donde además hay nada más y nada menos que tres hitos importantes. Cada uno de ellos constituye un acontecimiento político importantísimo y consecuentemente de mucha complejidad para poder ser superado, y obviamente eso da lugar a que retrasos de seis, siete y hasta diez años es frecuente poderlos observar en esa fase municipal. Insisto, cuando hablo de fase municipal, me refiero solo a eso, a la fase, no a la situación.

¿Por qué suceden estas cosas en la fase municipal? Pues hay muchas causas, yo he dicho algunas: los informes sectoriales suelen ser complejos, la normativa... Hay cuestiones políticas que conllevan a cambios de criterio en la definición del modelo de ordenación y la presión también de los ciudadanos, que ahondan en estos cambios de forma permanente y muchas veces de modo extemporáneo, y la mayoría de las veces con una presión ambiental muy, muy fuerte, que hacen en épocas fundamentalmente electorales, el abigarramiento de la normativa de aplicación, que se ha convertido en la justificación para muchos de los retrasos y que ciertamente eso da una gran complejidad, pero que tengo que decir que el planeamiento es un proceso técnico cualificado y que exige una alta preparación, exige la participación de equipos multidisciplinares que trabajen con criterios fijos. Y sin perjuicio de que el sistema del procedimiento sea complejo, porque es compleja la propia naturaleza del planeamiento, y desde luego más aún la problemática, las competencias que confluyen en el territorio, pues, eso desde luego trivial no va a ser nunca, por mucha reforma normativa que hagamos. Siempre va a ser de complejidad, pero de una complejidad técnica, que deben resolverla, precisamente, en la esfera técnica.

Estoy de acuerdo, desde luego, con lo que ha dicho don Román Rodríguez. El Gobierno, lo he dicho ya varias veces, está empeñado en simplificar la tramitación de los instrumentos de planeamiento, hacer una simplificación sustantiva, importante. A lo que no está dispuesto es desde luego a desregular, en absoluto. La desregulación no es admisible en una competencia genuina, en un asunto que de por sí es del mayor interés general. La regulación del territorio, las reglas de juego del lugar donde se desarrollan todas las actividades humanas, en un territorio escaso y frágil como el nuestro, no puede ser objeto de desregulación en ninguno de sus aspectos. Tendrá que ser una regulación razonable, adecuada y desde luego moderna, para poder tenerla en tiempo y en forma, pero nunca desregulando. No podemos desarmar ningún entramado que nos lleve a proteger el territorio; eso sí, a tener el planeamiento adecuado para la dinamización económica y para todas las actividades necesarias.

¿En qué está trabajando el Gobierno en este aspecto? El Gobierno había previsto, lo he comentado ya, en la legislatura pasada una serie de reformas tendentes más que nada a la armonización de las distintas normas que confluían en el territorio, en la protección del territorio, para simplificar así, simplificarlas así, de esa manera, pero también para dar lugar después a la elaboración de un texto refundido y unos reglamentos de desarrollo que hicieran razonablemente abordable esta problemática, de forma, ya digo, moderna y eficiente.

En este caso, creo que todos estamos de acuerdo, ya la avanzó también el presidente en el debate del estado de la nacionalidad y forma parte sustantiva y esencial de uno de los ejes en los que se basa el pacto de gobierno que se suscribió con el partido, entre los partidos que sustentan al Gobierno, y es clarificar la competencia de cada uno en los distintos elementos del planeamiento y, además de eso, producir la simplificación, en base a evitar todo lo que pueda ser arbitrario o que pueda ser discrecional, y que se puede convertir en arbitrario por las distintas interpretaciones, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, por unas interpretaciones, al no haber una gran concreción, al haber muchos conceptos indeterminados, a las distintas interpretaciones que desde la esfera técnica se puedan tener, y esto lo tenemos que afrontar. Pero fundamentalmente reduciendo el número de hitos en la fase municipal, es decir, hay tres, nada menos, eso tiene que estar reducido, y otorgando responsabilidad y consiguiendo que esa responsabilidad sea efectiva, porque los equipos redactores dispongan de los elementos técnicos necesarios y del compromiso necesario, acreditado ante la propia Administración, para evitar que sea necesario incorporar al planeamiento o condicionar las decisiones de planeamiento a múltiples informes posteriores de otros técnicos, que, en definitiva, no tienen por qué saber ni más ni menos que aquellos que redactan los planes, pero que deben ser responsables del cumplimiento de la legalidad, sin necesidad de que se les tenga que examinar continuamente por otras administraciones, si lo que han hecho es legal o no es legal. Y esa responsabilidad es fundamental, porque es en la que se basa la Administración moderna. La Administración moderna se basa en que los profesionales que hacen un trabajo para la Administración son responsables -o para los particulares-, son absolutamente responsables de lo que hacen y tienen que dar garantías de legalidad y garantías técnicas suficientes, sin que otros técnicos de la Administración tengan que estar revisando lo que estos han hecho. Por ejemplo, un informe preceptivo de cualquier departamento, Costas, por ejemplo, se basará en el cumplimiento de la Ley de Costas. Para eso no es necesario pedir informes, tiene el propio redactor que saber la normativa aplicable.

En definitiva, señorías, creo que estamos en el camino. Tendremos oportunidad de debatir aquí, en este Parlamento, ampliamente ese proyecto de ley, que espero que esta vez sí tenga un consenso en aras de tener un marco seguro, fiable, para la ordenación de nuestro territorio, y que finalmente la profesionalidad de quienes hacen el planeamiento y la celeridad pongan fin a este cúmulo también de desinformación que existe en el planeamiento y, sobre todo, en las normas de planeamiento, que nos llevan, desde luego, a tener un desosiego, pensando que es que no se puede hacer nada porque el planeamiento ni existe ni se puede redactar. Lo cual también está lejos de la realidad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero.

Bien. Les agradezco un momentito, a los señores portavoces y la señora portavoz, que se acerquen a la Mesa un instante.

(Los señores portavoces atienden la llamada de la Presidencia.) (Pausa.)

(El señor vicepresidente primero, Cruz Hernández, ocupa un escaño en la sala.)

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