Diario de Sesiones 10/2011, de fecha 10/10/2011 - Punto 24

· 8L/C-0082 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre las obligaciones de servicio público en el transporte aéreo.

El señor presidente: Señorías, vamos a ver la comparecencia, la última, y la primera interpelación del Grupo Parlamentario Popular, la interpelación número 7.

Entonces comparecencia, instada por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre las obligaciones de servicio público en el transporte aéreo.

Don Julio Cruz Hernández tiene la palabra.

El señor Cruz Hernández: Señor presidente. Señorías. Señor consejero.

El 10 de julio de 1998 el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo por el que se declararon obligaciones de servicio público 13 rutas aéreas en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal declaración tenía como objetivo garantizar para las rutas interinsulares del archipiélago una prestación mínima de servicios aéreos regulares, en términos de continuidad, regularidad, tarifas y capacidad mínima, de forma tal, señorías, que desde ese momento los servicios en el modo aéreo entre las siete islas canarias se consideran, ex lege, como servicio aéreo regular, como un servicio público regular, con lo que ello implica, conlleva y significa (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente segundo, Fernández González).

Y, señorías, el incremento de la demanda de servicios aéreos en más de un 40% en los años subsiguientes llevó a que este Parlamento, en varios debates, y el Gobierno de Canarias, de conformidad con el Gobierno de España, se plantearan una revisión, que se hizo viable mediante un acuerdo del Consejo de Ministros del 2 de junio del año 2006, donde, a propuesta de los ministerios de Economía y Hacienda y del Ministerio de Fomento, se adoptó el acuerdo de actualizar y declarar esas obligaciones de servicio público mejoradas a las rutas aéreas en las islas Canarias. El citado acuerdo mantiene los principios de solidaridad, con atención particular a las circunstancias derivadas del hecho insular, conforme al artículo 138 de la Constitución española, y se fundamenta, igualmente, en las disposiciones contenidas en los reglamentos del Consejo de la Unión Europea, relativos al acceso de las compañías aéreas a las rutas aéreas intracomunitarias y sobre tarifas y fletes de los servicios aéreos. En el repetido acuerdo del Consejo de Ministros se crea además una comisión mixta, formada paritariamente entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, comisión que a la luz de esas obligaciones de servicio público tiene como objetivo, como misión fundamental, analizar los programas que presentan las compañías aéreas para cada temporada, conforme a la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, lo que se conoce por IATA.

En estos momentos, y ya desde hace algún tiempo, concretamente desde la crisis financiera iniciada en el año 2008, que ha afectado de forma importante a la demanda interior del tráfico aéreo en Canarias, a lo que debemos añadir las acciones de la compañía operadora, que ha buscado el escenario de crear la necesidad de la subvención, que han traído una consecuencia forzosa y en algún momento forzada de que algunas de las rutas aéreas de débil tráfico, para las que se habían declarado obligaciones de servicio público, hayan dejado de tener interés económico y que se representan con el escenario de pérdidas importantes. Considerando además, de forma individual, algunas de las rutas, aunque, señorías, todos debemos saber que el conjunto de las rutas, de las 13 rutas obligaciones de servicio público, da beneficios, amplios beneficios, para la única compañía que venía explotándolas. Pero, como lo importante ahora es la cuenta de resultados y no lo que se decía en este Parlamento ni en las Cortes Generales cuando se privatizó Binter, se llega a la situación de que esta haya comunicado su intención de abandonar el servicio en la temporada de invierno conforme a la norma IATA, es decir, el próximo 30 de octubre, dentro de 20 días, señorías.

Si a ello añadimos el planteamiento comunicado al Gobierno de España por Binter de abandonar, entre las rutas que decide, la isla de La Gomera con Gran Canaria, la isla de La Gomera con Tenerife, la ruta que comunica El Hierro con Gran Canaria y la ruta Tenerife Sur con Gran Canaria y viceversa, todas ellas, estamos en el escenario en el que el Estado se compromete y se obliga a aplicar el mecanismo previsto en las obligaciones de servicio público y en el reglamento del 2008 del Parlamento Europeo y del Consejo o dejan de prestarse esas obligaciones, esos servicios públicos en las rutas en Canarias. Así, una vez más, señorías, el Gobierno del Partido Socialista, el Gobierno del señor Zapatero, ha estado a la altura de las necesidades de Canarias y el pasado viernes acordaba, en Consejo de Ministros, someter dichas rutas a contratos de servicio público, limitando el servicio a una sola compañía aérea por un periodo de...

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Señor Julio, un momento, tiene un minuto para terminar.

El señor Cruz Hernández: A partir de ahora se abre un proceso. Ahora es el momento en el que este Parlamento, el Gobierno de Canarias, todas las fuerzas políticas, debemos estar pendientes de cómo se desarrolla este proceso, porque es muy importante cómo se adjudica ese contrato de servicio público. Es la primera vez desde el año 1998 en la que el Gobierno de España utiliza el mecanismo, se compromete y pone recursos, que son 6.200.000 euros, los dos primeros años. Ahora toca, señor consejero, que esas obligaciones y los compromisos que aquí se han adquirido en este Parlamento se hagan efectivos, en esa contratación de servicio público por parte de la compañía, y esperemos que otras compañías que no operan en Canarias también se presten a concursar en esa obligación.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Muchas gracias.

Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): ...(Sin micrófono.) territorios ultraperiféricos de la Unión Europea, como es el caso de Canarias, y es muy expresivo a este efecto el texto que recoge la filosofía central del Libro Verde sobre la cohesión territorial de la Unión Europea, en especial lo que compete a la política de transportes, cuando afirma que esta tiene unas implicaciones innegables para la cohesión territorial por sus efectos sobre la implantación de las actividades económicas y el esquema poblacional. Juega un papel particularmente importante en la mejora de las conexiones hacia y el interior de las regiones menos desarrolladas.

Y es que en determinadas circunstancias donde la rentabilidad de uno o varios corredores de transporte es dudosa e incluso negativa, en un mercado liberalizado como el que actualmente se registra en Canarias, condiciona el que los operadores prefieran aquellos corredores más rentables, dejando sin servicio o simplemente con unas frecuencias testimoniales las líneas deficitarias o menos rentables. Es aquí cuando las instituciones públicas competentes han de actuar en aras a equilibrar dicha accesibilidad y con ello facilitar un desarrollo socioeconómico más homogéneo de este espacio. Es evidente que los operadores privados no se van a ocupar de ello, tiene que ser el sector público. De esta manera el organismo público introduce ciertos parámetros mínimos de cumplimiento, frecuencias, horario, capacidad de carga y de asientos, etcétera, intentando con ello integrar esos territorios menos favorecidos desde el punto de vista de la accesibilidad.

La Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, mandaba al Gobierno estatal para que, conforme a la normativa europea y previa la audiencia de los gobiernos autónomos respectivos, procediese a la declaración de obligaciones de servicio público en las rutas interinsulares de Canarias y Baleares. Así, el Estado, por acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, modificado posteriormente por acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2006, vigente hasta la actualidad, estableció las obligaciones de servicio público en 13 rutas interinsulares en Canarias.

En dicho acuerdo se identificaban las rutas que quedaban afectadas, que en nuestro caso son todas las rutas interinsulares, y también se especificaba la capacidad mínima que debe ser ofertada por las compañías para poder operar en tales rutas, así como las tarifas de referencia aplicables a cada una de ellas, que son periódicamente actualizadas, en las condiciones y de acuerdo con el procedimiento previsto.

Hay que precisar que el actual régimen de obligaciones de servicio público no ha implicado ningún tipo de compensación económica hasta ahora a las compañías áreas por la prestación del servicio, pues estas han redistribuido en el conjunto de las rutas interinsulares los costes de explotación de las que son deficitarias. Esto por lo que se refiere al régimen vigente en cuanto a las previsiones de la obligación de servicio público hasta ahora.

El pasado mes de abril se reunió en la sede del Ministerio de Fomento, a instancias del Gobierno de Canarias, la Comisión Mixta para el seguimiento de las obligaciones de servicio público y en dicha reunión la consejería expuso al ministerio las dificultades que se observaban en determinadas rutas, donde, por un lado, la compañía aérea que las prestaba manifestaba que las pérdidas que suponía la explotación de determinadas conexiones, como las de La Gomera y El Hierro, hacían inviable su explotación y no descartaba la retirada de estas rutas a medio plazo; y, por otro lado, también se insistió al ministerio sobre la exigencia de las instituciones locales insulares de reforzar la conectividad de esas islas con el resto del archipiélago, así como el objetivo del Gobierno de la permanente garantía de conectividad en todo el archipiélago. Estas dos islas soportan una situación de aislamiento más grave que el resto del archipiélago, debido a los menores niveles de accesibilidad y conectividad aérea de que disponen, por la escasa demanda, obviamente. Esta circunstancia afecta negativamente a las condiciones de vida de sus residentes y limita la capacidad de desarrollo de su tejido económico.

En definitiva, señorías, en la comisión de seguimiento el Gobierno de Canarias negoció la continuidad de la prestación de las obligaciones de servicio público, especialmente en las líneas de baja demanda, y se acordó la modificación del esquema vigente para incorporar mecanismos de compensación económica en aquellas rutas en las que la falta de rentabilidad no incentivaba la prestación del servicio.

Como resultado de tales acuerdos, el pasado viernes, señorías, el Consejo de Ministros aprobó la modificación de las condiciones del 2006, justificado en el hecho de que las demandas interiores de tráfico aéreo se han visto severamente afectadas por la crisis financiera internacional iniciada en el 2008.

Así, algunas rutas de débil tráfico para las que se habían declarado obligaciones de servicio público han dejado de tener interés económico para la única compañía que venía explotándolas, que, como hemos dicho, comunicó a la Administración su intención de abandonar el servicio en los próximos meses. Estas rutas, sin embargo, como se ha dicho, constituyen un elemento fundamental para garantizar la movilidad de los residentes en estos territorios, cuya lejanía respecto al resto del territorio nacional confiere al modo aéreo una importancia vital para mantener su adecuada conectividad con el resto del archipiélago canario y con el resto del territorio nacional.

La importante disminución de la demanda y de la consiguiente necesidad de adaptar las condiciones de las obligaciones de servicio público a la realidad del mercado hace recomendable, desde luego, modificar este régimen, de forma que permita la explotación de estas rutas, con alternativa de una operación menos costosa, más adecuada al volumen de tráfico y que mantenga las comunicaciones entre las islas, por la caída del tráfico experimentada en el mercado en estos tres últimos años. Por ello, la modificación recientemente aprobada, efectivamente el viernes pasado, y que entrará en vigor a partir del 30 de octubre, establece que quedará limitado el acceso de la ruta Gran Canaria-Tenerife Sur, Gran Canaria-El Hierro, Gran Canaria-La Gomera y Tenerife Norte-La Gomera, una única compañía aérea, y compensando económicamente con la cantidad necesaria para que acepte dar cumplimiento a la obligación de servicio público, mediante licitación pública lógicamente, conforme a lo previsto en el Reglamento 1008/2008, de la Comisión Europea, sobre normas comunes para la explotación del servicio en la comunidad. Todo ello por un periodo, como muy bien ha dicho su señoría, de dos años.

El proceso de licitación se realizará de conformidad con la legislación comunitaria y podrán participar todas las compañías aéreas que dispongan de una licencia de explotación que les autorice a prestar servicios aéreos en el ámbito del territorio comunitario. Para ello el ministerio aportará un total, efectivamente, de 6,2 millones de euros en los dos años. Los servicios aéreos en el resto de las 13 rutas actualmente declaradas obligación de servicio público continuarán operando en las mismas condiciones en que lo hacen actualmente.

El Gobierno de Canarias siempre, señorías, ha exigido el mantenimiento del nivel de servicio prestado actualmente, por lo que la activación del sistema de compensación, dada la baja rentabilidad de determinadas rutas, garantiza también para ellas la continuidad de la obligación del servicio público, a la vez que mantiene unas condiciones de calidad del servicio equivalentes a las que se proporcionan en la actualidad.

En esencia, señorías, la situación de las obligaciones de servicio público para estas rutas queda como sigue: entre Gran Canaria y Tenerife Sur varía la frecuencia mínima, que será de una ida y una vuelta diaria, en lugar de las dos que estaban en el acuerdo del 2006. La capacidad mínima ofrecida en la ruta será la siguiente: durante la temporada ...(Ininteligible.) 21.000 asientos en la ruta, frente a los 19.000 en ambos sentido que había anteriormente; durante la temporada de verano, hay hasta 30.000 asientos en la ruta, frente a los 38.000 en ambos sentidos en el acuerdo del 2006. Esta modificación de los parámetros característicos de esta ruta se justifica por la adaptación a la demanda del actual mercado.

Entre Gran Canaria y El Hierro, la frecuencia mínima será de una ida y una vuelta diarias. En el acuerdo del 2006 se establecía una frecuencia de dos idas y vueltas en la temporada de verano, del 1 de julio al 30 de septiembre. La capacidad mínima ofrecida en la ruta será de 10.000 asientos, frente a los 6.000 que había antes, y durante la temporada de verano, 26.000 asientos, frente a los 16.000 del acuerdo de 2006. A estas rutas se les excluye de cumplir el requisito de que las salidas de los vuelos sean entre las siete y las ocho treinta y con regreso a la última hora del día.

Y entre Gran Canaria y La Gomera, la frecuencia mínima será de dos idas y vueltas diarias, se mantiene, pero prevé, que en la práctica ya se estaba haciendo, que, si no hubiese vuelos directos, las obligaciones en materia de servicios público podrán ser satisfechas mediante conexiones vía Tenerife Norte. En el caso del tiempo total programado, vía Tenerife Norte, no puede ser superior a dos horas y los dos servicios diarios, de lunes a viernes, deben permitir realizar un viaje de ida y vuelta en el mismo día, con una permanencia mínima en destino de cuatro horas.

Como se diría, es todo cuanto tengo que informar. En definitiva, señorías, en la segunda parte podremos debatir esto.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señor consejero.

Tienen la palabra ahora los grupos no convocantes.

El señor Martín.

El señor Martín Martín: Muchas gracias, señor presidente. Señores diputados.

Intentaré ser breve en un asunto que es de vital importancia para esta tierra, para todos los canarios.

Nuestro archipiélago ha tenido históricamente muchos retos, algunos en el orden sanitario, otros en el aspecto cultural, otros en el social e incluso en el sanitario. Objetivos que han estado derivados de un concepto importantísimo, como en ninguna otra parte del territorio español, que en nuestro caso es el de la vertebración territorial y el de la conectividad. Esta vertebración territorial y esta conectividad han tenido siempre un objetivo, el objetivo de la búsqueda de parámetros de igualdad entre todos los canarios.

El ex presidente de esta Cámara, don Victoriano Ríos, dijo hace años que resulta milagroso que, pese a esa situación geográfica de todos los canarios, se haya mantenido una idea de pueblo común. Una idea de pueblo común que lógicamente solo podrá progresar si la conectividad y las relaciones entre todos los canarios se garantizan.

Ha dicho el señor consejero que el evitar, o el no garantizar, esta conectividad afectaba, entre otros aspectos, al de la movilidad. Yo hablaría de que el no garantizar la conectividad no solamente se circunscribe a un aspecto de movilidad; yo creo que la conectividad para los canarios no es una cuestión de privilegios sino es una cuestión de derechos, que garantiza la igualdad de oportunidades para todos y cada uno de los canarios, seamos herreños, lanzaroteños o gomeros. Pero más allá de cercenar el desarrollo personal y colectivo de todos los canarios, también cercenaría, señor consejero, muchos de los objetivos que el propio Gobierno se ha marcado. Hoy estuvimos hablando sobre la Estrategia 2020 de turismo, sobre el pacto firmado en Fuerteventura, uno de cuyos ejes era el de permitir el conocimiento y el acercar a los millones de turistas que visitan esta tierra alguna de las islas. Conectividad importantísima, aspecto fundamental que, si no se produjera, pues, llevaría al colapso o a la no obtención de muchos de estos objetivos.

Yo no voy a hacer un repaso de cuál ha sido, pues, el desarrollo de esta situación. Yo creo que como canario se garantiza un apartado especial, se garantiza un derecho especial de todos los canarios, y sí es verdad que desde el Grupo Mixto estaremos en todo caso vigilantes a que, de una vez por todas, este concurso, como usted decía, siguiendo las reglas comunitarias, sea satisfactorio y no se vea envuelto en otras disquisiciones de tipo jurídico, y que este acuerdo, en principio para dos años, permita garantizar el desarrollo -como le decía anteriormente- individual, colectivo y garantice la igualdad de todos los canarios.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias.

Por parte de Coalición Canaria, el señor Perestelo.

El señor Perestelo Rodríguez: Gracias, señor presidente. Señorías. Señor consejero.

Las obligaciones de servicio público del transporte aéreo han sido una herramienta fundamental para la cohesión económica y social de Canarias. Son palabras que pronunciaba el consejero en su comparecencia en la tarde de hoy y palabras que compartimos.

Desde el año 99, cuando se plantea la liberalización del transporte aéreo, Canarias quedaba, se quedaba desprotegida por posibles privatizaciones que pudieran anteponer intereses económicos a los intereses sociales. La cohesión territorial de Canarias quedaba en peligro ante esa nueva situación que se planteaba en el tráfico aéreo.

No es por casualidad que aparezcan las obligaciones de servicio público. Una vez más, es Coalición Canaria, en el Congreso de los Diputados, la que plantea una iniciativa, una moción, defendida por quien hoy es presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, entonces diputado, don Paulino Rivero; una moción que es aprobada por unanimidad. Esa moción, aprobada por unanimidad, que incluso en aquellos momentos cuando se planteaba la iniciativa la trataban de ingenuidad, de que eso no era posible, que cómo se iba a plantear un tema como el que planteaba el señor Rivero en aquel momento, como tantas veces ha ocurrido en determinados debates que se han planteado en el Congreso de los Diputados... Como digo, esa iniciativa de Coalición Canaria se aprobó por unanimidad y permitió conseguir esas obligaciones de servicio público, esas 13 rutas que se han señalado hoy en esta comparecencia, tanto por quien solicitaba la comparecencia, el señor Cruz, como por parte del consejero.

Señorías, nosotros entendemos que estamos ante un tema, como bien decía también el señor Martín, importantísimo para Canarias, un tema fundamental. Por eso saludamos de manera positiva el acuerdo del Consejo de Ministros de la semana pasada, donde se especifican singularidades en tres rutas importantes en Canarias, que en estos momentos tienen un déficit de explotación importante y que requieren ese esfuerzo de aplicar los contenidos de esas obligaciones de servicio público en cuanto a esas líneas deficitarias, que no son atractivas para las compañías.

El Gobierno de Canarias ha hecho un esfuerzo notable de seguimiento del cumplimiento de estas obligaciones de servicio público. Una competencia que es de Aviación Civil, del Ministerio de Fomento, pero que, sin embargo, en Canarias se ha hecho un trabajo excelente, de seguimiento, sobre todo de apoyo también en cada momento al propio ministerio, sobre todo porque nos jugamos mucho los canarios en el mantenimiento de estas obligaciones de servicio público.

Por tanto, señor consejero, le animamos a seguir trabajando en esta línea y seguro que estará con nosotros en que hay que mantener no solo lo que son esas obligaciones de servicio público, en cuanto también a los horarios, sobre todo a primera hora de la mañana cuando se conectan las islas periféricas con las islas capitalinas, porque es fundamental que una serie de personas, que tienen que hacer no solo trámites administrativos, sino también temas de salud, temas de visitas a hospitales, y sobre todo también un tema importante, el tráfico de mercancías, que es muy importante sobre todo en alimentos perecederos y, sobre todo, en medicinas con respecto a las relaciones entre...

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señor diputado.

Por el Partido Popular, señor Afonso. Tres minutos.

El señor Afonso El Jaber: ...(Sin micrófono) es un archipiélago, como es el caso de Canarias. A través del transporte se mueven personas, se mueven mercancías de un lado a otro. Hacerlo de forma rápida, frecuente, barata, cómoda y segura posibilita una mayor competitividad para la región que es capaz de conseguirlo. Por lo tanto, entre mejor lo hagamos en materia de transporte más capacidad de crecimiento económico y desarrollo social tendremos en el futuro, además de ser uno de los mejores instrumentos posibles para superar localismos trasnochados.

La actual regulación que declara la obligación de servicio público en rutas aéreas entre las islas Canarias fue aprobada por Consejo de Ministros, de fecha 2 de junio de 2006, modificando el acuerdo del Consejo de Ministros del 10 de julio del 98, siendo publicado en el BOE el 27 de julio.

¿Y cuáles son, señorías, las filosofías de esta modificación? Pues vayamos al Boletín y veamos su motivación, su preámbulo. Dice el Boletín literalmente: "Se trata, pues, de dar pasos hacia una mayor flexibilización, permitiendo un mayor grado de libertad a las compañías para adecuar sus ofertas a la situación real del mismo, acercándolo a los principios de libre prestación de los servicios". Y en cuanto a los precios se propone modificar el actual sistema de tarifa máxima por un sistema de tarifa flexible, que permita a las compañías adecuar su política de precios. El Partido Popular siempre defenderá una política de transporte que favorezca continuamente la mejora y la innovación, la competencia y que sea sostenible. Aplaudimos esta decisión que difícilmente se va a terminar de ejecutar en este mandato, puesto que tiene que ir a Boletín, pero desde luego llamamos la atención a la regulación. No es lo mismo subvencionar a una sola compañía y mantener una situación de monopolio que subvencionar, por el mismo importe total económico, a las compañías que sean las que tengan los pasajeros. Con ello habría más competencia, y la competencia, señorías, siempre nos traerá una mayor calidad de los servicios para los ciudadanos que sean afectados.

Creo que el transporte, como hemos dicho antes, es determinante para el futuro de Canarias y, por lo tanto, todo lo que sea potenciar las conexiones entre las islas vendrá en redundancia del desarrollo social y económico de Canarias.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra don Julio Cruz, proponente de la comparecencia.

El señor Cruz Hernández: Señor presidente. Señorías.

Debemos recordar cómo se inician -decía algún diputado- las obligaciones de servicio público. Las obligaciones de servicio público son consecuencia de la liberalización del transporte aéreo que se produce en el año 92, dentro de la Unión Europea, y por los reglamentos aprobados por la Unión en el año 92, concretamente el Reglamento 2407, 2408 y 2409. Se establece toda la filosofía de las obligaciones de servicio público. Y las obligaciones de servicio público están consideradas además para regiones ultraperiféricas como la nuestra, de tal manera que el propio reglamento de la Unión Europea, el vigente en la actualidad, del 2008, establece, en su apartado o en su artículo 16, algo de lo que se ha hablado mucho en este Parlamento, que es el artículo 299, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, y que permite que en Canarias, pues, se puedan ampliar o adjudicar las líneas por cinco años y no por cuatro, como en el resto del territorio de la Unión.

Pero debemos tener en cuenta que el sistema de obligaciones de servicio público, implantado en Canarias por primera vez en el 98 y ampliado en el 2006, pretendía -y desde nuestro punto de vista debe seguir pretendiéndolo, que hoy no se consigue- estructurar un sistema de transporte en el modo aéreo que facilite la movilidad de los ciudadanos que vivimos en Canarias, que facilite la cohesión social y la cohesión territorial, concibiendo las siete islas con aeropuertos en nuestra comunidad como una unidad administrativa, económica y política, por lo cual esas obligaciones de servicio público, esas 13 rutas de obligación de servicio público, integran el espacio geográfico de las siete islas, permitiendo el desplazamiento, rápido y eficiente, entre ellas, y las comunicaciones con las islas mayores. El sistema eran las comunicaciones de las siete islas con las dos islas capitalinas y algunas comunicaciones de islas no capitalinas entre sí, pero como un sistema único, un sistema único.

¿Qué es lo que ha ocurrido? Que, como consecuencia de las dificultades económicas, como consecuencia de las acciones de las propias compañías operadoras y como consecuencia de suceder lo que se planteaba en este Parlamento en su momento de la privatización de Binter -no nos olvidemos que esta compañía era pública en su origen-, ahora se crea la necesidad de que ya no se prestan en su conjunto las 13 rutas, sino dice: "yo presto las que me dan beneficios y las que no me dan beneficios ya no las considero integradas en el conjunto y, como no las considero integradas en el conjunto, las dejo de prestar". Eso sucede por primera vez. Es decir, las obligaciones de servicio han potenciado las compañías, han potenciado el transporte en Canarias y ahora se pretende que desde las administraciones públicas se suplementen, desde el punto de vista económico, los déficits que se generan en algunas rutas, de tal manera que por esa vía todas las rutas son beneficiosas, todas las rutas dan beneficios.

Por lo tanto, en este caso, señor consejero, y dada la situación que se genera y el acuerdo del Consejo de Ministros... Que nosotros apoyamos, no puede ser de otra manera, lo hemos planteado, lo vimos aquí en noviembre del 2010 cuando debatíamos la situación, que ya se empezaba a hablar de déficit con la isla de La Gomera, cuando se suprimió la ruta entre Gran Canaria y la isla de La Gomera de forma directa, cuando se amenazaba con suprimir las rutas con la isla de El Hierro, cuando se disminuía de una manera notable la ruta entre Gran Canaria y Tenerife Sur; decíamos en ese momento que era necesario implementar una acción de gobierno que garantizara que esas obligaciones de servicio público tenían las frecuencias adecuadas. Pero no solo las frecuencias, sino que se abriría un proceso, como el de ahora, de contratación del servicio público, y usted lo ha dicho. Hay ahora un contrato de servicio público y a partir de este momento tenemos que estar muy vigilantes con lo que va a pasar, porque, miren, se van a poner 6.200.000 euros en dos años y las compañías que concurran tienen que garantizar frecuencias, horarios, precios y tarifas, pero, además, creo que se tiene que mejorar la realidad actual. Se tiene que mejorar la realidad actual, porque sus señorías tienen que saber que las tarifas entre La Gomera y Tenerife o entre La Gomera y Gran Canaria, o viceversa, igual que con la isla de El Hierro, son más caras que ir de Tenerife a Madrid. Y, evidentemente, si usted pone una tarifa muy elevada en esas rutas, llega al escenario de que la gente no viaja. Y si usted además pone un horario que es distinto al resto de Canarias, porque en el resto de Canarias, señorías, se sale en el avión entre las siete y las ocho y media; en La Gomera y en El Hierro se sale un día a las diez y diez, otro día a las once... Evidentemente, si se sale a las diez y media del día, a las once, no se llega ni a Gran Canaria ni a Tenerife para resolver algunos de los asuntos que son importantes desde el punto de vista de la cohesión territorial y de la cohesión social: asistencia al médico, asistencia a los servicios de centros de salud que están especializados, que están radicados en Tenerife o Gran Canaria, las universidades, la Administración pública, como islas capitalinas...

En definitiva, hay que modificar, hay que garantizar, ahora que tenemos la sartén por el mango desde el punto de vista de la Administración pública y vamos a contratar un servicio, que se preste y que de esos 6.200.000 euros se saque la máxima rentabilidad. Rentabilidad, señor consejero, que, desde mi punto de vista, tiene que pasar por que el horario de salida sea el adecuado. En la obligación se establecen como mínimo cuatro horas, pero sus señorías saben que entre la llegada y la salida en cualquier otra ruta del resto de Canarias lo normal son ocho horas y entre La Palma y Gran Canaria, solo, es la excepción, son siete horas. Entre La Gomera y El Hierro se ponen cuatro horas. Cuatro horas es poco. Por lo tanto, tenemos que tender a la igualdad, a ser similares al resto de Canarias, porque los ciudadanos de La Gomera, los ciudadanos de El Hierro, son iguales que los del resto de Canarias y tienen los mismos derechos y, como tienen los mismos derechos, tienen que tener en destino siete horas, ocho horas. Por lo tanto, ahora hay que trabajar en esa línea.

Y, por lo tanto, señoría, ese proceso de licitación debe garantizar que ese servicio, manifiestamente mejorable que se presta en la actualidad por la compañía que presta el servicio en esas islas, ahora lo ideal sería que hubiera una competencia, porque incluso mejoraría el servicio del transporte con otra isla.

Pero, con una u otra, lo importante es que se va a contratar, lo importante es que se van a fijar las tarifas por parte de la Administración, lo importante es que se va a garantizar en régimen de monopolio a una compañía que preste servicios para esas dos islas y con Tenerife Sur y lo importante es que, dado que vamos a pagar con dinero de los españoles, dinero de todos, lo importante es que se preste en mejor calidad y en mejor servicio, señor consejero, que el que ahora se presta.

Ahora se abre un proceso. Me preocupa a partir del día 30 de octubre, porque, como usted sabe, el proceso se tiene que publicar en el DOCE -en el Boletín Oficial de la Unión Europea- y tarda aproximadamente cuatro meses en producirse la adjudicación del contrato de servicio público, mientras tanto qué va a suceder, y, por lo tanto, a partir del 30 de octubre, que teóricamente Binter abandona la línea, hay que garantizar que esa línea se preste al menos hasta que se adjudique ese contrato de servicio público. Y cuando se adjudique ese contrato de servicio público, señor consejero, esperemos una comparecencia suya en este Parlamento para dar cuenta de que las tarifas se han reducido de una manera notable y son similares al transporte, al kilómetro recorrido, del resto de los ciudadanos o de las otras rutas en Canarias, que es similar al resto de las rutas canarias la permanencia en destino, que son similares al resto de las rutas canarias los horarios. Porque los ciudadanos de Gran Canaria, los ciudadanos de Tenerife, cuando quieren viajar a La Gomera y a El Hierro, igual que los de La Gomera y El Hierro cuando quieren viajar a las capitalinas, a donde tenemos las capitales de Canarias, tienen los mismos derechos que los palmeros, que los de Lanzarote, que los de Fuerteventura o que el resto de los ciudadanos de Canarias.

Por ello, señor consejero, se abre un proceso importante; un proceso que va a marcar un antes y un después en las obligaciones de servicio público en el transporte aéreo. Por primera vez, después de tanto tiempo, el Gobierno de España pone dinero sobre la mesa: 6.200.000 euros en los dos primeros años. Esto seguro que en los siguientes años será incrementado, pero intentemos que no se incremente, intentemos que estas líneas den beneficios, que estas líneas se presten en condiciones de que a los ciudadanos de La Gomera y El Hierro les sea rentable y les sea atractivo viajar en avión y no una carga, como es en el día de hoy.

Gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señor Cruz.

Para concluir, tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Señor presidente. Señorías.

Realmente nos alegramos todos de que se haya adoptado por el Gobierno del Estado la decisión de financiar el déficit que realmente se produce, por la teoría de la economía de escala, en unas líneas que evidentemente, pues, son deficitarias por razón de su demanda. Pero, claro, las cosas no pueden ser blancas y negras a la vez; se establece un concurso para que lo gane una única empresa, y esa es la competitividad: el propio concurso. Lo que no puede ser es que después de que se saque el concurso haya también condiciones de competitividad, en fin, de concurrencia de otros operadores en esas rutas, porque se ha tenido que sacar así precisamente porque no tienen la rentabilidad suficiente para poder ser competitivas y, por tanto, que haya concurrencia en la prestación de ese servicio.

Por tanto, esa es la garantía que establecen los poderes públicos cuando el mercado falla, cuando el mercado, no es posible resolver un problema como este, de atención de un servicio público, se comprometen recursos públicos para establecer las condiciones de igualdad de los ciudadanos en un lugar y en otro. Eso es lo que se ha hecho. Por tanto, la única discusión puede ser si esos mínimos que se establecen aquí son suficientes o insuficientes. Nosotros creemos que son, razonablemente, que son aceptables las cuestiones que se ponen, pero son siempre requisitos mínimos; es decir, tendrá más posibilidades de ganar el concurso aquella empresa que presente unas condiciones mejores de servicio, en cuanto a tiempos, horarios, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, esa será la cuestión.

Su señoría me plantea, don Julio Cruz, un problema que puede suceder entre que se resuelve el concurso público y que se abandona por parte del operador actual el servicio. A mí se me ocurre pensar que una condición para poderse presentar en la licitación de un concurso público de esta naturaleza debería ser que no se puede haber abandonado un servicio público de este tipo. Porque el resto de las rutas sí que se siguen prestando y, por tanto, la condición no ha variado para otorgar la condición de servicio público del resto de las rutas. En consecuencia, ese asunto debería tenerse en cuenta, porque lo que no es posible, o lo que no es fácil, es conectar, digamos, el abandono con la presentación luego a un concurso meses después, ¿no? Por tanto, ese es un factor que habría que tener en cuenta y estudiarlo a los efectos del pliego de condiciones del concurso. Pliego de condiciones del que efectivamente estaremos vigilantes, estaremos coordinados con el Estado, para que dé el mejor resultado, el resultado posible.

Efectivamente, las obligaciones de servicio público son una expresión clarísima del principio de igualdad y una expresión muy clara de atender la problemática que tienen las regiones ultraperiféricas, como la nuestra: el aislamiento, la lejanía, ¿no? Es decir, es clave, y el Gobierno ha dicho que eso está en lo alto de su agenda, que está, junto con la sanidad y la educación, son su principal preocupación. Por lo tanto, claro que estaremos vigilantes en la bondad de esta solución.

Y desde luego esta solución trae recursos, trae seis millones y pico de euros en dos años, unos recursos adicionales al sistema, a lo aportado por el sistema. Porque realmente la solución que se tenía hasta ahora era decir, "oiga, quien vuele en todas las islas, tiene que volar ahí también", pero no había ningún tipo de compensación. Como tampoco había unos costes reconocibles, donde se pudieran de alguna manera compensar, no había ningún sistema compensatorio, pues, lógicamente, las compañías, en esa competencia entre sí, pues, lo más sencillo es olvidarse de que se les han otorgado realmente unas líneas, que no son deficitarias, sino todo lo contrario, a cambio de que hicieran estas otras. Pero a la vez hay compañías que no tienen por qué hacer esas no deficitarias y que también realizan, tienen libertad para realizar las otras, que son económicamente rentables.

Por lo tanto, yo creo que se ha resuelto este asunto de la única manera posible de resolver, que es que lo que no puede entrar en el mercado, no puede entrar en competitividad, por su escala, pues, hay que garantizarlo y asegurarlo con recursos públicos. Esa es la cuestión. Otra cosa es si los recursos públicos se sacan de un sitio o de otro, pero esa es la cuestión. Tenemos que recordar que las compañías reciben el doble de lo que facturan, es decir, el 50% es lo que facturan y el otro 50% proviene de los fondos de las subvenciones a los residentes canarios, que ha sido una lucha sistemática de los gobiernos de Canarias sucesivos y que finalmente, pues, está posibilitando la movilidad. Y posibilitar la movilidad significa aumentar la escala de la movilidad, y aumentar la escala de la movilidad significa también aumentar la economía y, por tanto, poder tener precios más competitivos y que el sistema funcione mejor. Pero además aumentar la movilidad significa también aumentar la competitividad de nuestras producciones y, consecuentemente, es lo que justifica esa prioridad del Gobierno en las políticas de transporte.

Insisto, las condiciones que he comentado antes de las rutas son condiciones mínimas. El operador que pretenda llevarse, digamos, ganarse este concurso tendrá ahí un tramo evidentemente de riesgo y un tramo de economía que tendrá que aplicar para poder mejorar esas condiciones mínimas que el ministerio ha diseñado en el acuerdo y que ha sido acordado por el Gobierno.

Nada más, señorías. Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señor consejero.

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  • 8L/C-0082 Sobre las obligaciones de Servicio Público en el Transporte Aéreo.


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