Diario de Sesiones 12/2011, de fecha 25/10/2011 - Punto 22

· 8L/C-0102 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre aplicación de la Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo.

El señor presidente: Señorías, se ha concluido el turno de preguntas y vamos a pasar a las comparecencias. Como habíamos anunciado, veremos por la mañana la 102, que es el punto 2.7 del orden del día: del Gobierno, instada por el Grupo Nacionalista Canario, sobre la aplicación de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio.

Sí, don David de la Hoz tiene la palabra.

El señor De la Hoz Fernández: Buenos días, presidente. Señorías. Señor consejero.

Señoría, mucho se ha hablado en esta Cámara de la situación excepcional en la que nos encontramos, en un marco global de incertidumbre y con una especial dependencia del exterior de nuestra tierra. Esto nos obliga a mayores esfuerzos, a seguir innovando, a mejorar la gestión de nuestros recursos; en definitiva, a aplicar todas las políticas capaces de reactivar nuestra economía de una forma sostenible, respetuosa con nuestro medio ambiente y que propicie la tan necesaria generación de empleo.

Con la intención de facilitar el desarrollo de las iniciativas públicas y privadas que con observancia de la legalidad tiendan a la generación de riqueza, mejorando la competitividad en los sectores primario, energético, industrial y muy particularmente el turístico por el peso que esta actividad tiene en nuestra economía, facilitando aquellas que tengan por objeto mejorar la oferta turística alojativa y complementaria en estos momentos de dificultad económica y de pérdida de niveles de empleo, nace la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, con la compleja vocación de integrar los aspectos de sostenibilidad ambiental y desarrollo económico, posibilitando agilizar y simplificar los procedimientos administrativos. Todo ello dentro de un marco legislativo que otorgue plenas garantías jurídicas. Se introducen modificaciones en normas tan importantes como el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se Aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se Aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.

El territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias viene definido por sus características naturales de escasez, singularidad, insularidad y no renovabilidad y constituye la base del desarrollo económico y social del archipiélago. Por ello, y por el sobradamente consignado reconocimiento de la variable medioambiental, que forma ya parte indisociable de nuestra identidad, no es posible seguir pensando en el territorio como simple soporte físico sobre el que desarrollar actividades meramente económicas o urbanísticas, pues como recurso natural escaso debe contemplarse desde todas las vertientes de forma coordinada, integrando políticas y actuaciones sectoriales tendentes a lograr el mayor y más racional aprovechamiento de sus potencialidades naturales y económicas y el necesario equilibrio con su propia pervivencia y relación con los restantes recursos naturales, compatibilizando el desarrollo y calidad de vida con la preservación del medio ambiente.

Dado que la norma que hoy se somete a informe supuso la modificación de normativa básica de ordenación territorial, se hace imprescindible, una vez transcurridos más de dos años y medio de su aprobación por esta Cámara, realizar una evaluación de la misma. En definitiva, conocer y valorar cuáles han sido sus logros e identificar aquellos aspectos en los que pueda mejorarse.

Por ello, señor consejero, desde el Grupo Nacionalista Canario le solicitamos esta comparecencia, para que nos informe de cuál ha sido el balance en la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señoría.

Por el Gobierno, señor consejero de Obras Públicas y Política Territorial, señor Berriel Martínez.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Señor presidente. Señorías.

En primer lugar, permítame que le agradezca a la Mesa la posibilidad de adelantar esta comparecencia y también a los grupos de la Cámara que lo han posibilitado, para poder coger un vuelo a tiempo de realizar otra tarea en otra isla.

Señorías, la Ley de Medidas Urgentes vino a resolver dificultades y lagunas normativas para la consecución de instrumentos de ordenación territorial, con el fin de dinamizar los sectores primario, energético, industrial y turístico, como su señoría ha recordado. Hasta la fecha de entrada en vigor de la ley, numerosas iniciativas de planeamiento municipal se encontraban paralizadas y no podían iniciar su tramitación con motivo de las limitaciones contenidas en las disposiciones transitorias del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias y también de la Ley de Directrices.

Permítanme sus señorías recordar que dichas disposiciones impedían básicamente, para aquellos municipios sin planeamiento adaptado -que no lo hicieron a tiempo-, impedían, digo, continuar con la tramitación de cualquier modificación de los planes o normas subsidiarias o instrumentos de desarrollo -quedaban, por tanto, paralizados-; modificar o revisar determinaciones de los planes generales relativos a los suelos urbanos no consolidados o urbanizables; se impedía también modificar o revisar determinaciones en suelo urbano consolidado, que no fueran de interés público, escasa entidad o acreditada necesidad; y también alterar determinaciones turísticas en suelo urbano no consolidado o urbanizable, incluso suelos mixtos, donde el uso turístico superase el 30%.

La publicación de la Ley de Medidas Urgentes y el levantamiento de esas limitaciones ha permitido que numerosos proyectos de utilidad pública encuentren acogida en los instrumentos de planeamiento habilitados con celeridad. Hablamos, señorías, de modificaciones o revisiones del planeamiento general que han posibilitado ya viabilizar iniciativas, por ejemplo, como la mejora de las instalaciones del Archivo Histórico de Las Palmas; o la construcción de un museo y la recuperación de un horno de cal como bien etnográfico en Puerto del Rosario; o posibilitar la construcción de viviendas de protección oficial en San Bartolomé de Tirajana o en el Camino de la Cruz, en Arucas; o calificar una parcela de usos sociales en Gran Tarajal o en el centro Yrichen de Telde; o las modificaciones para permitir la culminación de obras del paseo marítimo de Bañaderos o la mejora de la distribución de uso del esparcimiento en Arrecife, etcétera, etcétera (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández).

Y a mayor abundamiento, señorías, gracias a sus previsiones, ahora mismo se encuentran en tramitación modificaciones de planeamiento para solucionar la necesidad de un tanatorio en Tuineje o también para nuevas ubicaciones y ampliaciones de colegios, como en Caserones, en Telde o en Antigua, o para permitir la implantación de instalaciones de energías alternativas y reordenar parcelas industriales o mejorar la funcionalidad de zonas industriales, como, por ejemplo, para el parque tecnológico de Lomo de Silva, en Telde; o permitir la instalación del mercado agrícola comarcal en Guía o el Palacio de Congresos Insular en Arrecife o la instalación de un Centro de Educación Infantil y Primaria en Tuineje o de un centro de salud y estación de guaguas en La Oliva, diversas mejoras viarias, etcétera, etcétera.

Además, señorías, ante la necesidad de infraestructuras, equipamientos y dotaciones docentes, educativas, sanitarias y sociosanitarias, la ley posibilitó su implantación en suelo rústico protegido solo por sus valores económicos, siempre que no existiera prohibición expresa en los planes insulares de ordenación o en los planes territoriales de ordenación y previa ponderación de su oportunidad, de su necesidad y de la exigencia de una especial cualificación. Así, se han autorizado, entre otras instalaciones, colegios en Arucas, en Puerto del Rosario, en Arafo o granjas escuela, aula de la naturaleza en Telde, un proyecto educativo de cultura con aves y los cultivos canarios en Arucas, entre otros.

Como habrán podido comprobar sus señorías, la previsión de la Ley de Medidas Urgentes ha permitido y permitirá la implantación con la necesaria agilidad de muy diversas instalaciones y equipamientos y coincidirán conmigo en que ha resuelto inadecuadas prohibiciones, sanciones, del marco jurídico anterior, que venían impidiendo la realización de iniciativas públicas y privadas de interés general y gran trascendencia. Todo ello sin que la nueva regulación haya supuesto desarme, laxitud o pérdida de cautela en la adecuada protección del territorio.

Pero, señorías, el que la ley haya eliminado la prohibición de las modificaciones o revisiones parciales del planeamiento de los municipios que no se habían adaptado al texto refundido y a la Ley de Directrices no implica que no sigamos apostando y trabajando para que todos los municipios canarios cuenten con planes generales de ordenación adaptados al nuevo marco normativo, que es realmente la solución definitiva.

Es más, la referida Ley 6/2009, de Medidas Urgentes, habilitó al Gobierno para que, previo requerimiento a los municipios inactivos, pudiera promover y aprobar planes generales supletorios. Estos planes, con el contenido estructural y la ordenación pormenorizada que resulte necesaria solo para implantar los sistemas generales, las dotaciones y servicios públicos, la implantación y ejecución de las viviendas de protección pública, la creación y ordenación del suelo industrial y la mejora de la calidad alojativa turística o la implantación de sus equipamientos complementarios, permitirán que los ciudadanos tengan garantizadas las infraestructuras y dotaciones necesarias para el ejercicio de sus derechos y para el desarrollo de los municipios en los que viven.

Desde la vigencia de la ley se han suscrito convenios para la ejecución de esa competencias con cinco municipios: Arafo, Teror, Yaiza, La Aldea y Pájara. Estos planes generales supletorios, algunos ya con muy avanzada tramitación, se podrán aprobar a principios del próximo año, y a partir de ahí, señorías, el departamento asumirá la promoción de nuevos planes supletorios, intentando la cooperación a través de los convenios, y solo cuando fuere preciso mediante el requerimiento previo al municipio que no esté ejerciendo sus competencias de la planificación urbanística.

Por otro lado, señoría, la previsión de la ley de incluir una reserva de terrenos para suelo industrial en los planes generales de ordenación está teniendo ya su fruto en los planes en tramitación y en fase de aprobación, lo que propiciará la relocalización en suelos urbanizables de uso industrial de aquellas actividades y servicios ubicados ahora en cascos urbanos que sean nocivos, peligrosos o insalubres.

Otra de las innovaciones de la Ley 6/2009, de Medidas, fue la distinta regulación entre proyectos de actuación territorial que, por su amplitud, trascendencia territorial y ambiental, deban ser objeto de mayor control y precaución, con la consiguiente tramitación más exigente, conservando esos su consideración de instrumentos de ordenación, con el carácter desestimatorio del silencio administrativo, de aquellos otros que, por su limitada entidad, puedan autorizarse mediante procedimientos simplificados, con mayor celeridad, eliminando para ello el carácter de instrumentos de ordenación, teniendo la consideración de meros actos administrativos, a resolver por los cabildos insulares, a quienes la ley asigna ex novo esa competencia, lo que resulta más acorde con la naturaleza territorial y el reducido efecto al territorio y al medio ambiente.

Estamos hablando en estos casos, señorías, dentro de la consideración de pequeña entidad, por ejemplo, a modo de ejemplo, de la ampliación de un camping o la construcción de una planta de empaquetado de hortalizas o de una estación de servicio o de una planta de trituración de áridos, etcétera, etcétera, que se precisan instalar siempre en suelo rústico.

Además, señoría, la ley viene a posibilitar que, aun no estando el emplazamiento elegido previsto en el planeamiento territorial, 16 de los 23 parques eólicos adjudicados en Gran Canaria puedan implantarse en aquellos emplazamientos, legitimando la implantación a través de los proyectos de actuación territorial, al igual que 5 de los 9 adjudicados en Tenerife, y otro tanto en el resto de las islas.

Señoría, relevante ha sido también la respuesta que dio la ley a las necesidades del sector agrario de simplificar la tramitación de los permisos para las obras propias de las explotaciones agrarias, tales como la restauración, limpieza de terrenos, reparaciones de caños, acequias y otras obras hidráulicas, vallados y pequeños almacenes, etcétera, eximiéndoles de la previa calificación territorial, lo que ha supuesto además la liberalización de una gran tarea a los servicios encargados de estas tramitaciones en los cabildos insulares, reduciendo así las solicitudes a menos del 50% en la actualidad.

Pero especialmente beneficioso para el sector agrario ha sido el proceso de regularización y registro de explotaciones ganaderas, novedad posibilitada en la Ley de Medidas Urgentes, por lo que las instalaciones ejecutadas sin título administrativo preexistente a la Ley 9/99, de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias, se mantuvieran en explotación, han podido obtener la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones mediante un procedimiento simplificado, lo que ha implicado que ya 225 instalaciones de las más relevantes de Canarias hayan ya obtenido su legalización. Además de permitir también la legalización de las ubicadas en suelo rústico en la misma categoría, que se han construido con posterioridad a la Ley 9/99, que de otra manera no hubieran podido llevarla a cabo.

Además de la seguridad jurídica que eso comporta al sector, señoría, permite a los ganaderos acceder también a subvenciones de modernización de sus explotaciones y a mejorar su competitividad. Es importante, señoría, que el sector primario sea rentable y su actividad creciente, porque, además de contribuir a nuestra seguridad y calidad alimentaria con sus productos, su actividad es imprescindible en la conservación y protección de nuestro territorio y su biodiversidad.

Pero además es muy significativo el beneficio al interés general que supone la regularización, al eximirse como condicionantes en plazos razonables la mejora sanitaria, ambiental y paisajística de sus instalaciones.

Podría extenderme más, señoría, sobre el beneficio de las medidas de fomento de la actividad agropecuaria, industrial, de equipamientos y de otras actuaciones, pero la Ley de Medidas Urgentes dedica su segundo título al turismo y la sostenibilidad territorial con una relevante y novedosa regulación de sustantiva trascendencia. La ley modula el crecimiento de la planta alojativa turística, prohibiendo durante cinco años a partir de su vigencia que...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señor consejero, tiene un minuto para concluir, por favor.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Decía, señorías, que la ley modula el crecimiento de la planta alojativa turística, prohibiendo durante cinco años a partir de su vigencia clasificar nuevo suelo urbanizable sectorizado con destino turístico, es decir, concreta el objetivo de no consumir suelo que no estuviera ya clasificado previamente para el turismo durante el quinquenio siguiente. La moratoria turística es una medida que debe aplicarse ponderando todos los intereses en juego, con la clara perspectiva de la limitación de nuestro suelo y su capacidad de carga, así como nuestra dependencia económica de la competitividad del sector.

La ley articula una decisiva incentivación a las actividades de rehabilitación y renovación de las instalaciones e infraestructuras turísticas, a la mejora de la calidad de las explotaciones, principalmente alojativas y de ocio, ofreciendo además alternativas al destino del suelo de uso turístico con derecho urbanístico consolidado que tengan aplazada su ejecución en virtud de la moratoria.

La Ley de Medidas Urgentes, además de propiciar el esfuerzo inversor dirigido a la mejora de la competitividad del sector, ha articulado también mecanismos y procedimientos abreviados de elaboración y adaptación del planeamiento, de sus modificaciones necesarias, para afrontar el cambio en el menor plazo posible. Así, ya se han realizado más de cinco planes de...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero, tiene una segunda oportunidad, como usted sabe, y otros diez minutos. Por lo tanto, le agradezco la conclusión de su tiempo.

Pasamos a las intervenciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Mixto, don Román Rodríguez, por tiempo de tres minutos, tiene la palabra.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente. Señorías.

Para este tema sí que tres minutos es muy poco tiempo. Por lo tanto, no voy a entrar en los detalles, que sería interesante conocer en esta Cámara a través de un informe. A mí me parece que de una legislación tan relevante como esta, además de por el procedimiento de cómo se hizo y que impacta sobre asuntos de tan interés general, sería bueno tener un balance por escrito y conocido previamente por esta Cámara para poder saber la capacidad de impacto que ha tenido esta norma. Me voy a limitar, por lo tanto, a consideraciones de orden general, porque es imposible aterrizar.

Primero, desde luego no parece el mejor procedimiento para arreglar, para legislar sobre tema tan sensible el que se eligió en su momento. El procedimiento es muy importante siempre, pero en leyes estructurantes, estratégicas -y lo son las del territorio-, los atajos no son buenos consejeros. Y hay que decir que esta es la primera vez en la historia de esta comunidad que se aprueba una ley de esta envergadura sin consenso en esta Cámara. Exactamente, remitiéndonos al Diario de Sesiones, por 31 diputados, porque hubo falta de la mayoría de entonces. Por lo tanto, me parece que es muy importante que en cualquier norma, como ha sido tradición de este Parlamento, de esta envergadura, se busque el consenso, porque me parece que es fundamental para un asunto como este, cosa que no se consiguió, y siempre ocurrió así a lo largo de la historia del autogobierno en nuestra comunidad.

Segundo, la excepcionalidad es necesaria y la voluntad que anima a la excepcionalidad es loable. Simplificar, agilizar, promover energías renovables, instalaciones estratégicas, servicios públicos, eso está bien, pero la excepcionalidad solo puede ser excepcionalidad, no se puede convertir en norma, y la ristra de asuntos que se pretendan resolver a través de una ley que establece situaciones excepcionales hace que pierda vigencia y valor el planeamiento participado y controlado a través del resto de los instrumentos. Y esa es otra preocupación.

También hay que tener cuidado en este tipo de normas sobrevenidas e influidas por el contexto, que yo comprendo, de la crisis económica, para no deslegitimar ni intervenir sobre competencias de otros ámbitos institucionales, que tienen su estructura competencial y que aquí también hay dudas en la materia.

En definitiva, y porque no hay tiempo de más, yo le pediría al señor consejero que, como sé que además se está reflexionando y se está trabajando sobre una nueva normativa armonizadora de esto que comentamos aquí en relación a la Ley de Medidas Urgentes, que el procedimiento se cuide al máximo, que se busque el consenso y el acuerdo social y político, porque asuntos de esta envergadura obligan, y que en relación a esta ley nos remita un informe de detalles sobre el impacto que ha tenido en cada uno de los ámbitos, porque hoy aquí no le ha dado tiempo ni de decirlo, porque es poco el tiempo del que ha dispuesto.

Muchísimas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado, le sobró un segundo incluso.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Emilio Mayoral, por tiempo de tres minutos, tiene usted la palabra.

El señor Mayoral Fernández: Gracias, señor presidente. Señor presidente, señorías.

La exposición de motivos de la Ley 6/2009, de Medidas Urgentes, en materia de ordenación territorial señala como un objetivo la realización de determinados ajustes en orden a facilitar los procesos de adaptación del planeamiento, liberalizando con criterios simplificadores aquellas actividades de menor trascendencia territorial, y a ello dedica su título I. El segundo objetivo lo constituye el marco turístico, estableciendo la renovación y mejora de las infraestructuras y establecimientos turísticos mediante la acción concertada entre el sector privado y la Administración, y a ello dedica el título II. Por último, un tercer título se dedica a otras medidas de dinamización sectorial.

Señorías, ha pasado poco más de dos años desde la aprobación de la ley y hoy el señor consejero comparece ante este Pleno para hacer un balance de la aplicación de la misma. En el poco tiempo del que dispongo me gustaría hacer algunas consideraciones al respecto.

En cuanto a las medidas relativas a la ordenación del territorio previstas en el título I, creo que han sido un acierto las modificaciones realizadas respecto a las calificaciones territoriales, al considerarlas como actos administrativos y al establecer el plazo de tres meses o, en caso de información pública, de cinco, y también al establecer el silencio positivo para su aprobación. Además la ley exoneró determinadas actuaciones, petición de solicitudes para algunas actuaciones agrícolas, lo que ha hecho que estas -las peticiones- hayan disminuido y, en todo caso, se hayan acortado los plazos.

En cuanto a los PAT, también creo que han sido o los resultados estarán en función del uso de este instrumento por parte de los inversores, pero, en cualquier caso, un instrumento positivo para la agilización perseguida.

También resulta favorable para la actividad del sector ganadero, como ha explicado el señor consejero, y también la posibilidad de establecer usos y actividades de otro tipo que no estén expresamente prohibidos en el planeamiento y que sean compatibles con el régimen de protección.

En cuanto al suelo industrial, ha tratado de favorecer el incremento de suelo industrial, cuestión que no sabemos hasta dónde ha llegado.

Respecto a la agilización del planeamiento territorial, también se establecía una serie de medidas, sobre todo por la exención del trámite de avance para aquellos planes que estuvieran adaptados a la Ley 1/2000, aunque en esto sí que he de decir que se produjo un retraso en la consideración de algunos planes de los cabildos insulares, cuyas competencias pasaron al Gobierno, incrementándose una nueva fase, la aprobación provisional, la que correspondía al Pleno del cabildo.

Respecto al contenido de las medidas del título II, Turismo y sostenibilidad, creemos positiva la introducción de algunas medidas e incentivos, como los convenios de sustitución, si bien aún es pronto para ver los resultados.

Y en cuanto a las del título III, relativas a la adscripción del suelo urbano urbanizable para la construcción de viviendas de protección pública, pues, estaremos a ver lo que ocurre.

En cualquier caso, antes de terminar, quisiera responder a la intervención del Grupo Popular, que todavía no se ha producido, pero como últimamente cada vez que intervengo dicen que tengo una connivencia con el Gobierno en función de que esta ley fue votada por mi grupo en la anterior legislatura en contra, he de decir que, señores, Dios nos hizo con la cabeza redonda para...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, don Afonso, por tiempo de tres minutos, tiene usted la palabra.

El señor Afonso El Jaber: Buenos días.

Por desgracia, señor Mayoral, sus compañeros no tuvieron la cabeza lo suficientemente redonda para no ver nada bueno, nada bueno, en una ley que afecta al sector primario, al sector secundario, al sector terciario, a las viviendas protegidas, al patrimonio público del suelo, nada bueno para como mínimo abstenerse. ¡Nada bueno! Fue una ley aprobada por el Partido Popular y CC. Una ley en su conjunto buena, que con tantas medidas obviamente a alguien le gustará más unas medidas que otras, pero en su conjunto es una buena ley que ahora exige una buena gestión y otra reforma en profundidad de la legislación sobre el territorio.

Existen dos ritmos distintos en la ejecución de esta ley: la simple aplicación de normas o de gestión sencilla, como las calificaciones territoriales o la ejecución de dotaciones, que ha ido considerablemente bien y que está cambiando la vida o mejorando la vida de muchas personas; otro, que exige mayor gestión, tiene otro tipo de balance: vivienda protegida -solo ha citado dos urbanizaciones el señor consejero-, planeamientos generales, desarrollo de zonas industriales o rehabilitaciones turísticas. En parte por la crisis económica -hay que decirlo honestamente- y sus problemas de financiación, pero también por las carencias en la gestión de las administraciones públicas y también por la espera de otra reforma legislativa. En este sentido, hay que recordar que cualquier sentido de la urgencia de la vida real poco tiene que ver con el sentido de la urgencia de las administraciones públicas, que años después estamos diciendo que estamos empezando a poner en marcha algunas medidas.

Le pregunto, señor consejero: ¿cuántos planes territoriales especiales de singular interés industrial se han aprobado?, ¿cuántas explotaciones ganaderas se han legalizado al 100%?, ¿ha finalizado totalmente el proceso? ¿Es cierto, señor consejero, que los convenios de rehabilitación turística se están tramitando a través, todo, de Gesplan? Que no solamente hace los convenios sino también el proyecto de ejecución, lo que es un binomio difícilmente aceptable y desde luego una competencia absolutamente desleal con un sector en crisis, como es el de los profesionales autónomos, que se están yendo para Alemania, porque aquí no hay trabajo. Me gustaría que me aclarara si parte de esto es cierto o si todo es cierto.

Estoy seguro, señor consejero, de que quedan muchos proyectos durmiendo, esperando que este embudo de las administraciones públicas, de la crisis económica, de la crisis financiera y de pasar todo por Gesplan se abra. Estoy seguro de que cuando lo haga, muchos canarios encontrarán trabajo, porque, repito, es una buena ley, que, a pesar de las dificultades del momento económico, se tiene que gestionar de la manera más óptima posible. Le animamos a que siga en este camino.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por el grupo solicitante de la comparecencia, don David de la Hoz, por tiempo de diez minutos, tiene usted la palabra.

El señor De la Hoz Fernández: Gracias, presidente. Señorías, señor consejero.

Desde el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, entendemos que la Ley 6/2009 ha supuesto un antes y un después en la dinamización económica de la comunidad canaria, al dotar al Gobierno de Canarias de una potente herramienta para la ordenación territorial, para dinamizar los sectores primario, energético, industrial y turístico, al incorporar las modificaciones puntuales, innovaciones más urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo.

Ya el señor consejero nos ha ilustrado en su primera intervención con algunos ejemplos de lo que ha supuesto en la práctica la Ley de Medidas Urgentes en su aplicación. Ahora me gustaría repasar algunos de los objetivos iniciales marcados por el Gobierno de Canarias para el desarrollo de la norma, que fueron, entre otros, respecto a la ordenación del territorio y desarrollo sostenible, simplificar y racionalizar las actuaciones administrativas, territoriales y urbanísticas, eliminando exigencias innecesarias o irrelevantes, simplificando las calificaciones territoriales y los proyectos de actuación territorial, estableciendo plazos más reducidos de resolución y efectos estimatorios o favorables del silencio administrativo, salvo para el desarrollo industrial o las actividades de gran trascendencia en la ocupación del suelo, en las que se mantendría una mayor cautela y el silencio administrativo en sentido desestimatorio, en atención al principio ambiental de precaución.

Respecto a la dinamización del medio rural, regulando la ordenación del suelo rústico con el objetivo de la promoción de la actividad agropecuaria; eliminando la exigencia de las calificaciones territoriales para la mayoría de las obras e instalaciones propias de la actividad rural, tales como caños, acequias, preparación de terrenos de cultivo, cuartos de apero, depósitos de agua, bodegas, etcétera, garantizando su compatibilidad con el medio ambiente; participación de los ayuntamientos en el establecimiento de los requisitos mínimos y procedimientos simplificados de otorgamiento de licencias en las actividades citadas anteriormente; posibilitando la implantación de energías alternativas como complemento de la actividad agropecuaria, propiciando recursos económicos adicionales para evitar el abandono del campo y su desertificación; facilitando la implantación de infraestructuras y servicios públicos en suelo rústico, tales como centros docentes de especial interés; regularizar las explotaciones ganaderas, ofreciendo soluciones a la situación irregular de las mismas en todas las islas, que por su complejidad urbanística y territorial no se encontraban legalizadas, pese a su antigüedad, favoreciendo que pudieran beneficiarse de las ayudas públicas, especialmente de las subvenciones europeas, que no podían solicitar por encontrarse en situación irregular. Además de arbitrar los incentivos necesarios a través de la financiación prevista en la legislación de desarrollo rural.

Facilitar la dinamización del planeamiento, desbloqueando la paralización de las modificaciones y revisiones del planeamiento general; posibilitando la aprobación de los instrumentos de desarrollo que se encontraban paralizados por no haberse adaptado los planes generales al nuevo marco normativo; permitiendo la reanudación de la tramitación de las revisiones de los planes generales y territoriales que estaban parados por haberse declarado su caducidad.

Impulsar la reordenación del suelo industrial, regulando las actuaciones industriales de interés general, declaradas por el Gobierno con la participación de las administraciones locales canarias, a través de los planes territoriales especiales de singular interés industrial; permitiendo la implantación mediante la tramitación de calificaciones territoriales para aquellas actividades propias del suelo rústico que tuvieran escasa trascendencia, tales como queserías, estaciones de servicio, etcétera; restableciendo la competencia municipal para la clasificación del suelo industrial de ámbito local; reservando al menos un 20% del suelo industrial en los municipios para el traslado de las industrias ubicadas en el casco urbano; posibilitando la expropiación o la reparcelación forzosa y posterior adjudicación mediante concurso a terceros, cuando se declarase la utilidad pública de la implantación de actividades industriales.

Otorgamiento de licencias urbanísticas, mejorando y adaptando su regulación a la realidad social actual; permitiendo el otorgamiento de licencias de ejecución por fases constructivas.

Flexibilizando las normas que regulaban los asentamientos rurales, dando respuesta a los problemas de asentamientos rurales, incorporando medidas que resolvieran la rigidez en los planeamientos, el uso comercial vinculado a las actividades agrarias y la clarificación del uso de las actividades artesanales, sin necesidad de vincularlas a la actividad agraria.

Y respecto a la ordenación del turismo, propiciando la renovación y la rehabilitación de la planta hotelera, garantizando la no ocupación de nuevo suelo para uso turístico, manteniendo la prohibición de clasificar nuevos suelos urbanizables con destino turístico; permitiendo la reclasificación de suelo, siempre que simultáneamente se procediese a la desclasificación de suelo turístico, en igual o mayor proporción, admitiendo la reclasificación como consecuencia de operaciones de reforma interior que ocasionasen un traslado de ubicación de instalaciones hoteleras ya existentes; fomentando la implantación de una oferta hotelera cualificada y el esponjamiento de los espacios libres, los sistemas generales y equipamientos, a la vez que la rehabilitación y mejora integral tanto de los establecimientos turísticos y sus equipamientos como del entorno en que se asientan; articulando convenios de sustitución, como herramienta incentivadora de la renovación de los establecimientos; abordando la modulación del crecimiento a la planta alojativa para el trienio que finaliza en 2012, conforme al mandato de la Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación General y Directrices de Ordenación del Turismo, y de forma más específica de las previsiones de la Directriz 17 de Ordenación del turismo de Canarias; priorizando la renovación y rehabilitación de la planta existente en grado de obsolescencia o precisada de mejoras para asegurar la competitividad del sector; a la vez de acotar en el tiempo el aplazamiento o suspensión de las iniciativas de nueva implantación, la denominada moratoria turística, otorgada la necesaria seguridad jurídica, y estableciendo alternativas opcionales para los titulares de los suelos turísticos que contasen con la consolidación de sus aprovechamientos; impulsando el planeamiento turístico, estableciendo plazos para la aprobación de los planes territoriales especiales de ordenación turística insular, previendo la subrogación por la comunidad autónoma en los supuestos de incumplimiento de dichos plazos.

Estos fueron los objetivos planteados para desarrollar la Ley 6/2009, de Medidas Urgentes.

Y, para finalizar, señorías, me gustaría realizar, pues, una pequeña reflexión, una pregunta al señor consejero. Esta ley ha tenido una aplicación más que satisfactoria, sobre todo en algunos sectores, como el caso de los ganaderos, con 225 instalaciones ya legalizadas; o en el sector turístico, con planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad turística, como son los planes de Puerto del Carmen, Costa Teguise, Corralejo, Morrojable, Puerto Naos, Playa de Mogán, Playa Santiago, Maspalomas, Costa Canaria, o la posibilidad de rehabilitar más de 16.000 camas turísticas. Y todo esto, señor consejero, pese a algunas dificultades y reticencias que ha encontrado la aplicación de la ley por parte de algunos técnicos de diferentes instituciones.

Dado que la modulación del crecimiento turístico que se estableció en la Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación General y Directrices de Ordenación del Turismo, lo fue como resultado de un proceso de análisis relativo al desarrollo profundamente transformador de la sociedad y territorio de Canarias durante las últimas cuatro décadas, en principal medida como resultado de la actividad del sector turístico y con el objetivo de adoptar las medidas que garantizasen el carácter perdurable de dicho desarrollo económico y social mediante un cuidadoso diseño del futuro del archipiélago, en el que es necesario determinar los límites y la capacidad de carga, que no han de ser superados para no poner en peligro el bienestar colectivo, y dado que la vigencia de la última delimitación de dicho crecimiento para el quinquenio 2008-2012 está próxima a expirar, quisiera saber cuál es el planeamiento del Gobierno respecto a los nuevos crecimientos de alojamiento turístico en estos próximos años, una vez que expire el plazo de restricciones de crecimiento previsto en la Ley de Medidas Urgentes.

Muchas gracias y buen día.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Para contestar las distintas intervenciones de los grupos parlamentarios, por parte del Gobierno, señor Berriel, por tiempo de diez minutos, tiene usted la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente. Señorías.

Bueno, yo creo que, en primer lugar, me decían que quizá no necesitaba tanto tiempo, y es verdad porque la objetividad de todos los que han intervenido aquí, pues, hace que no tengamos que estar profundizando más en todo lo que se ha dicho, que ciertamente estamos todos de acuerdo en que... Estamos de acuerdo en dos cosas, bueno, una que puede ser, que puede dar el toque agridulce a esta cuestión, y es que, efectivamente, como ha dicho don Román Rodríguez, este proyecto de ley que afecta al territorio rompió una tradición de consenso en la Cámara para su aprobación, pero era una Ley de Medidas Urgentes, acotada en su intervención. La propia exposición de motivos, como aquí se ha dicho, no altera, se cuida muy mucho de alterar el marco jurídico, y lo que hace son unos ajustes en un momento en el que el Gobierno tenía la convicción de que tenía que actuar de forma urgente con una norma, porque veía lo que se venía encima. Es más, cuando se proyectó, cuando se hizo la ley, todavía no éramos capaces de aventurar el alcance de la crisis. La ley hablaba de la deceleración de la economía, no de la crisis.

Por lo tanto, yo creo que el Gobierno, que además tenía la obligación en ese momento, por los plazos concretos, de tratar el tema de la moratoria, de prorrogarla o no, tenía necesidad imperiosa de hacer la ley, pero también tenía una necesidad, porque estaba viendo los problemas acuciantes que a corto plazo había que resolver a petición de ayuntamientos, cabildos, de los sectores económicos y demás. Otra cosa es que, efectivamente, la ley no gozó del consenso. Como pasa con todo este tipo de normas, siempre tiene, bueno, pues, opiniones a favor y opiniones en contra. Lo que sí es verdad es que se ha constatado que muchas de las opiniones en contra se han tornado en opiniones a favor y muchos de los que tenían insistentemente opiniones en contra han valorado positivamente la producción de la norma.

Por tanto, yo creo que la norma ha sido oportuna y ha sido eficaz, y que si la eficacia no ha sido más tangible desde el primer momento ha sido por la situación económica, que ha ralentizado sus efectos, pero ha sido tremendamente importante.

Realmente el valor de una norma no se mide por que haya salido por unanimidad de un parlamento en un sistema democrático, el valor de la norma se mide por su efectividad, por la efectividad de su aplicación, la claridad de su aplicación a lo largo del tiempo, y yo particularmente, señorías, prefiero una norma que no haya salido por consenso, aunque me gustaría que todas las normas que salen de los parlamentos salgan por consenso, pero que dé un eficaz resultado, a algo que se saque por consenso y luego en su aplicación tenga múltiples disfunciones que complican y que hacen fracasar la intención de ese consenso. Por tanto, la ley no fue consensuada pero fue hecha en el ejercicio de responsabilidad del Gobierno, que tenía que aportar un proyecto de ley a la Cámara para resolver unas situaciones que en gran medida se están resolviendo.

Evidentemente, el cambio más profundo, al que nos hemos comprometido en este Parlamento a traer en breve, desde luego vamos a hacer, como ya lo hicimos con esta ley, pero vamos a redoblar los esfuerzos para obtener el consenso, y en los esfuerzos para obtener el consenso somos conscientes de que habrá que modificar muchas de las cosas que piensa el Gobierno, en aras a conseguir ese consenso, que desde luego trabajaremos intensamente para conseguir con el nuevo marco normativo, porque ahí sí que ya hemos anunciado que la reforma será bastante más profunda.

Bueno, ¿qué resultados tangibles ha dado -me comentaba el representante del Grupo Popular-, qué resultados tangibles había dado en materia industrial? Pues, como ya comenté, todos los nuevos planes, gracias a las previsiones que tiene la ley, contienen la clasificación y categorización adecuada de los suelos industriales, porque además es obligación para las funciones, los objetivos, que en la ley se dicen. ¿Cuántas granjas se han favorecido? Comenté que doscientas veintitantas granjas, 225 en estos momentos, de las más grandes, de las más importantes, han sido legalizadas territorial y ambientalmente y, por tanto, cuentan con todos sus títulos. Pero además de eso está condicionada la continuidad de su título a que en un tiempo determinado que se les otorgó hagan las mejoras ambientales, sanitarias y demás que deben hacer.

En cuanto a qué va a hacer el Gobierno, qué va a hacer el Gobierno con la nueva moratoria, en definitiva, creo que es uno de los planteamientos concretos que se han hecho precisamente por el solicitante de la comparecencia. Pues, vamos a ver, señoría, el Gobierno viene trabajando en la dinamización económica de nuestra comunidad en varios ejes. El más relevante, al menos el más relevante a corto plazo, a corto y medio plazo, que está dando resultados ya tangibles, es el de la reactivación del turismo, mejorando sus condiciones de competitividad. Por un lado, como ustedes conocen, a través de la reducción de los costes significativos, como han sido las rebajas de las tasas aeroportuarias, que no tienen nada que ver, obviamente, con el planeamiento; pero también, y paralelamente a eso, propiciando la mejora de la planta alojativa, con esfuerzos de las administraciones públicas y privadas, a través de iniciativas de rehabilitación, mejora y sustitución de los alojamientos que están hoy en día en mala situación, acompañado, por un lado, de las actuaciones de la Administración en la parte pública y propiciando las actuaciones de los particulares en la parte privada, en esa especie de simbiosis pública y privada que dé como resultado una mejora sustancial. Y para eso, para eso, señorías, es necesario cambiar el planeamiento, y en el planeamiento no es posible hacer revisiones, que en muchos de los casos es necesario hacer, no modificaciones puntuales, sino revisiones de planeamiento, porque afectan a los sistemas generales, los equipamientos públicos, etcétera. Pues, para eso la ley precisamente adoptó la previsión de los planes de sustitución o los planes de modernización, mejora e incremento de competitividad, a los que, como su señoría dijo, efectivamente está muy dedicada la empresa pública Gesplan. Dentro de las funciones de una empresa pública, está, obviamente, el colaborar o el ayudar como herramienta al Gobierno a hacer aquellas tareas que por sí sola la iniciativa privada normalmente no hace. Y, efectivamente, se ha conseguido ya viabilizar del orden de cinco planes de este tipo en un tiempo récord, tres de ellos aprobados ya, que totalizan la posibilidad de renovar más de 16.000 camas, como aquí se ha dicho, y muchos equipamientos de ocio, y, por tanto, tremendamente necesarios para la economía.

¿Qué va a hacer el Gobierno con la nueva moratoria a partir de que esta ley deje de amparar esa modulación del crecimiento? Pues el Gobierno considera que las nuevas plazas alojativas de futuro deben venir como consecuencia de haber satisfecho la renovación, es decir, tienen que venir como consecuencia de la satisfacción de los incentivos a la renovación y al incremento de la calidad de la oferta, formando así... También respetando los derechos adquiridos, urbanísticos, de los suelos que evidentemente tengan absolutamente consolidados los derechos urbanísticos por el cumplimiento de sus deberes. En ese sentido, señorías, la nueva legislación que se traiga cuidará mucho de que ese crecimiento se haga solo dentro de ese marco, evitando la ocupación de nuevos suelos y, por tanto, propiciando la sostenibilidad de nuestro sistema.

Muchísimas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

Señorías, suspendemos la sesión hasta esta tarde, a las cinco de la tarde, donde retomaremos con la primera comparecencia prevista en el orden del día.

Gracias.

(Se suspende la sesión a las catorce horas y cincuenta y seis minutos.)

(Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y cuatro minutos.)

El señor presidente: Señorías, muy buenas tardes.

Vamos a continuar la sesión.

Más información
Otros formatos
Iniciativas tratadas
  • 8L/C-0102 Sobre aplicación de la Ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.


Parlamento de Canarias · C/Teobaldo Power, 7 · 38002 S/C de Tenerife · Mapa · Tel: 922 473 300 Fax: 922 473 400
Glosario de términos · Mapa de contenidos · Aviso jurídico