Diario de Sesiones 12/2011, de fecha 25/10/2011
Punto 23

· 8L/C-0056 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la Ley de Fomento de la Participación Ciudadana.

El señor presidente: Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la Ley de fomento de la participación ciudadana.

Señor Antona Gómez, don Asier.

El señor Antona Gómez: Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Señorías. Señor consejero.

La verdad es que cuando uno se pone a preparar o me puse a preparar esta comparecencia, la verdad es que uno recabó mucha información, porque es una materia que yo creo que es muy importante y que además ha servido para hacer un ejercicio comparativo con el resto de las comunidades autónomas.

Mucho se ha escrito o se ha publicado en torno a la participación ciudadana. ¿Quién de nuestras señorías no ha leído en alguna ocasión algo sobre participación ciudadana? Pero lo que hoy venimos aquí a debatir, y por eso el grupo parlamentario ha pedido esta comparecencia, es que, un año y medio después, aproximadamente, cuando se aprobó en esta misma Cámara la Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, el Grupo Parlamentario Popular entiende que es un tiempo más que suficiente para analizar, para evaluar, la implementación de esta ley. Por tanto, voy a dejar a un lado todo lo que hay escrito sobre participación ciudadana, todo lo que hay publicado, todo los manuales que hay sobre este tema, toda la documentación que hay y centrarme única y exclusivamente en la Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana.

Es una ley nada extensa, como saben sus señorías. Es una ley breve, breve porque tiene tan solo 28 artículos y 10 disposiciones; y una ley también muy importante, y muy importante porque regula nada más y nada menos que el fomento y los mecanismos de la participación ciudadana.

Por partes. La ley contempla seis grandes objetivos: el primero, fomentar medidas que impulsen la participación ciudadana; segundo, el acercamiento de las instituciones a la ciudadanía; tercero, garantizar a la ciudadanía la información en los procedimientos; cuarto, establecer mecanismos de evaluación de las políticas públicas; cinco, fomentar la vida asociativa; seis, desarrollar los correspondientes instrumentos de participación ciudadana.

Por eso la primera intervención que queremos hacer, señor consejero, es qué instrumentos ha puesto en marcha el Gobierno para la intervención de la ciudadanía en las actuaciones en la Administración pública. La segunda cuestión que me gustaría, que nos gustaría que nos respondiera es qué acciones está llevando a cabo el Gobierno para el acercamiento de las instituciones a los ciudadanos. La tercera cuestión que nos gustaría que nos respondiera es qué está haciendo el Gobierno para garantizar a la ciudadanía la información de los procedimientos. La cuarta pregunta que nos gustaría que nos contestara, señoría, es qué mecanismos ha puesto en marcha el Gobierno para evaluar las políticas públicas por parte de la ciudadanía. Otra de las cuestiones a las que nos gustaría también que hoy nos diera respuesta es qué se está haciendo para fomentar la vida asociativa. Y la última cuestión es qué instrumentos se están poniendo en marcha para fomentar la participación ciudadana. Porque, señorías, de nada sirve haber aprobado esta ley y, por tanto, asumir en el currículum de un gobierno que hay una ley de fomento de la participación ciudadana si finalmente no se desarrolla esta ley.

Una de las cuestiones que contempla también esta ley como deberes de la Administración pública es adecuar la estructura de la Administración para facilitar la participación ciudadana. Por tanto, mi grupo también quiere preguntar: ¿qué se ha hecho con este deber que tiene la Administración pública, la de adecuar la Administración a la participación ciudadana? También se dice en esta ley que hay que crear un código de buen gobierno y código de buenas prácticas: ¿se ha hecho algo al respecto?

Hay una parte de la ley en la que también me gustaría detenerme, que es el tema de todo lo que tiene que ver con la información. En este tema se dice que el derecho de la información de los ciudadanos es conocer el estado de tramitación de los procedimientos. ¿Con este tema, también obligación de la Administración pública de Canarias, se ha hecho algo?, ¿se va a hacer algo?

Por cierto, también ustedes saben, señorías, que hay una cuestión que contempla la ley, que es el observatorio de servicios públicos. ¿Ya está constituido?, ¿qué funciones desempeña?, ¿qué estudios e informes ha realizado?

También me gustaría que nos diera respuesta a ese apartado, artículo 15 y artículo 16, donde en el artículo 15 se habla de la audiencia ciudadana y en el artículo 16 se habla de las entidades ciudadanas. ¿Hay algo al respecto sobre este tema? ¿Hay voluntad del Gobierno para desarrollar e implementar esta ley o no?

A todas estas cuestiones nos gustaría que, en esta primera intervención que hemos tenido, que nos diera respuesta el Gobierno, a esta y a otras cuestiones, como el Registro de participación ciudadana, la Red de participación ciudadana. Otras cuestiones que en esta primera intervención nos gustaría que profundizara el Gobierno y en la segunda parte de nuestra intervención queremos detallar algunas partes de la ley que también nos parecen importantes, viendo si hay voluntad o no de poner en marcha estas cuestiones.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Asier Antona.

Por el Gobierno, el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Señor presidente, señorías, buenas tardes.

Comparezco en la tarde de hoy para responder a la comparecencia que nos ha solicitado el Grupo Parlamentario Popular, concretamente el señor Antona, en relación a la Ley 5/2010, de Fomento a la Participación Ciudadana.

Quiero indicar, en primer lugar, que la participación ciudadana es uno de los pilares básicos sobre los que se asientan los sistemas democráticos representativos, tal y como aparece reflejado en la Constitución española, en su artículo 9.2, donde se recoge el deber de los poderes públicos de facilitar la participación ciudadana en la vida política, económica y cultural del país, para de esa forma conseguir una participación activa de la ciudadanía en el ejercicio del poder, ayudando a la construcción de una identidad colectiva y conformando un espacio avanzado, tal y como se recoge en el preámbulo de nuestra propia Carta Magna, de nuestra propia Constitución. Pero lo cierto es que más de 30 años después de promulgada la Constitución la ciudadanía demanda nuevos esfuerzos para mejorar nuestro sistema democrático. En estos últimos meses hemos podido escuchar en nuestras calles la reivindicación de un Estado más abierto y de una práctica política más transparente, participativa e incluyente. La ciudadanía española requiere más espacios para la participación política, más cauces para la expresión de sus propuestas e instrumentos más actualizados y eficaces para cumplir con los contenidos que figuran en el artículo 20 de nuestra Constitución y en el artículo 23, referido a la participación en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Gobierno de Canarias creó, en el año 2007, como bien sabe, señoría, la Dirección General de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, lo hizo por el Decreto 335/2007. En ese decreto se atribuyó a esta dirección general una serie de competencias, entre ellas el impulso de la participación ciudadana, la promoción del desarrollo de la democracia participativa y la realización de proyectos de carácter participativo y de otra naturaleza.

Quizás el hito más importante que tuvo lugar la pasada legislatura fue la aprobación por este Parlamento de Canarias de la Ley de Fomento a la Participación Ciudadana, tras un largo proceso en el que se convocó a la ciudadanía en general y a más de 7.000 colectivos, que terminó con un debate parlamentario de aprobación de esta ley en el mes de junio del referido año 2010.

El Gobierno, en este momento, señor Antona, quiere activar los canales por donde fluyan los cauces de participación ciudadana, de modo que esta se palpe y sea efectiva. Eso significa que la Consejería de Presidencia trabaja en borradores de un proyecto de decreto de desarrollo de la ley. Téngase en cuenta que llevamos escasamente tres meses al frente de las responsabilidades de la Consejería de Presidencia y ya desde el primer día nos hemos propuesto iniciar los trabajos para desarrollar una ley, que es de la legislatura pasada, que es del año 2010, pero que, como usted, consideramos importante que cuanto antes se proceda a su desarrollo.

Nosotros, señor Antona, estamos en condiciones de presentar, en un tiempo relativamente corto, ese proyecto de decreto de desarrollo de la Ley 5/2010, pero el Gobierno tiene un conjunto de instrumentos que viene aplicando. Sabe usted que la administración electrónica viene aplicándose, viene desarrollándose, viene siendo impulsada en el conjunto de las administraciones públicas, en desarrollos que lleva a cabo la Consejería de Presidencia a través de la Dirección General de Telecomunicaciones. Sabe que tenemos una página web; sabe, por tanto, que hay una interrelación, una interacción con los ciudadanos. Sabe que existen procesos que están en marcha de simplificación administrativa; sabe que se han aprobado decretos regulando y recogiendo un catálogo de procedimientos administrativos, en los que figuran nada más y nada menos que alrededor de 930 procedimientos administrativos.

Y respecto de estas cuestiones que usted plantea, sobre el código de buenas prácticas, sobre la puesta en marcha del observatorio o sobre el Registro de participación ciudadana, todo ello será recogido en el decreto de desarrollo de la ley, que, como digo, en este momento está en fase de estudio por la consejería.

Por tanto, nosotros vamos a desarrollar la ley. Creemos en ella. Consideramos que es fundamental la participación ciudadana, que esta debe ser no solo respetada desde el punto de vista del derecho a participar, sino que debe ser promocionada para ejercitar y para facilitar su ejercicio. Este es el empeño del Gobierno y este es el trabajo que tenemos por delante y del que podemos dar cuenta a la Cámara próximamente, cuando aprobemos en Consejo de Gobierno el decreto correspondiente para el desarrollo de la ley que está en vigor.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero, señor Hernández Spínola.

Por los grupos no solicitantes de la comparecencia, doña Carmen Hernández, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Hernández Jorge: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Para nosotros, para el Grupo Mixto-Nueva Canarias, la participación es un tema de enorme calado. Difícilmente colocar posiciones en tres minutos, pero sí que consideramos importante destacar que es uno de los pilares básicos sobre los que se asientan los sistemas democráticos. Así lo reconoce, como todos sabemos, la Constitución, en su artículo 9.2.

También es cierto, creo que todos compartimos que vivimos en un momento donde la participación, por lo menos la visión que los ciudadanos tienen de la participación desde las instituciones, pasa por una etapa de crisis, por lo menos en relación a los modelos tradicionales de participación. La participación ciudadana tiene que ser real y efectiva. De esta manera la ciudadanía tiene que poder participar en el diseño y en la evaluación de las actuaciones de las administraciones.

En ese sentido creemos que el divorcio, cada vez más intenso, que se da entre la política, las administraciones y la ciudadanía es una realidad que nos debería preocupar y que deberíamos buscar fórmulas y herramientas para que los representados no se sientan tan alejados de nosotros, de sus representantes.

La ley que se ha citado, la Ley 5/2010, tiene por objeto fomentar la participación, tanto de manera individual como colectiva, en la actividad administrativa de la comunidad autónoma, en la vida económica, social y cultural, y además es un mandato del Estatuto de Autonomía. Nos parece especialmente interesante o importante, dentro de los fines, profundizar en el acercamiento de las instituciones públicas canarias a la ciudadanía, tratando de involucrar a los ciudadanos en este sentido. Y en ese sentido hemos presentado una iniciativa hace poco tiempo. Entendemos que la ley tiene muchos aspectos mejorables en lo que tiene que ver con la formación y la información de la ciudadanía en materia de participación. Vivimos en una sociedad cada vez más individualizada -no lo decimos nosotros, es un análisis que hacen muchos sociólogos- y, por tanto, entendemos que hay que buscar nuevas fórmulas para participar.

Entendemos que hay dos asuntos que ponen en entredicho la verdadera voluntad en materia de participación ciudadana. Por un lado, el artículo 12 de la ley recoge el derecho a la propuesta de iniciativas reglamentarias. Como todos saben, los ciudadanos pueden hacer propuestas a la Administración autonómica que afectan a sus derechos e intereses legítimos y en las dos legislaturas pasadas la ciudadanía presentó dos iniciativas legislativas populares que no fueron debatidas y que fueron rechazadas. Esto no solo contradice el espíritu y los mandatos de la ley, sino que pone en evidencia el fin supremo de esta Cámara, la Cámara de representantes de todos los canarios y canarias, y que, por tanto, estamos obligados a debatir aquellos asuntos de interés general que nuestros ciudadanos nos demanden. En esta VIII Legislatura tendremos la oportunidad de debatir tres iniciativas populares, dos de ellas que tocan además temas de enorme trascendencia para la ciudadanía, como es la educación y la sanidad.

Para cerrar, decir que también hay un asunto pendiente en Canarias. Es difícil hablar de fomento de la participación ciudadana en una comunidad que tiene una ley electoral absolutamente injusta, que impide o que mantiene un sistema injusto, que impide que el voto de miles de canarios y canarias no se traduzca en representación parlamentaria en esta Cámara.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Carmen Hernández.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Rosa Guadalupe Jerez.

La señora Jerez Padilla: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

La Ley de Fomento a la Participación Ciudadana fue una ley que no contó con el apoyo de toda la Cámara en su momento. Fue una ley bastante polémica en sus inicios, sobre todo porque tenía algunas deficiencias de conceptos que en su momento produjeron el rechazo tanto del Consejo Consultivo, así como del Consejo Económico y Social de Canarias, pero ya en las distintas comisiones parlamentarias fue modificada en todos aquellos puntos conflictivos para los distintos grupos.

El objetivo principal de esta ley es fomentar la participación de la sociedad en la vida pública de las islas y acercar las instituciones democráticas a los ciudadanos y, por tanto, una magnífica oportunidad para dar un punto y seguido al fortalecimiento de la democracia participativa.

Pero, además, el pacto por Canarias, uno de los objetivos fundamentales del mismo es acercar la Administración a la ciudadanía en general y, por tanto, el desarrollo de la ley, señor consejero, es fundamental. Por lo tanto, lo que esperamos hoy los socialistas del Gobierno es que esta ley se materialice en hechos, esa agilidad que debe darse en la relación entre ciudadano y Administración. Con lo cual nos alegramos de que el Gobierno, el consejero, venga hoy y nos diga que está intentando poner en marcha un decreto que desarrollaría la ley y, por tanto, de gran importancia, con lo cual vemos la magnífica intención del Gobierno de favorecer esa fluidez de información entre el Gobierno y los ciudadanos, y va a ser constante y total, ya que uno de sus objetivos fundamentales era poner al alcance de todos los ciudadanos los mecanismos necesarios para generar la participación, porque cuanto mayor sea el compromiso y la implicación de la ciudadanía mayor será la legitimación de la acción de este Gobierno.

Pero, además, decir que... establecer una vinculación activa y permanentemente con la sociedad organizada y ampliar los espacios por los que la ciudadanía participe en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, creemos los socialistas que son un reto importante para que el Gobierno, señor consejero, que pretenda el éxito de su gestión. Y, por lo tanto, desde el Grupo Socialista animamos a que traiga usted ese decreto y que lo ponga en marcha.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Rosa.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, doña Flora Marrero.

La señora Marrero Ramos: Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero.

Venimos a debatir aquí la comparecencia de la Ley de Participación Ciudadana y a mí me parece que un objetivo fundamental de esta ley, y, por tanto, de usted como consejero, es que la ciudadanía crea en esta ley, y para que pueda creer es necesaria su difusión.

Usted decía que era una ley ampliamente consensuada, nos daba el dato de que habían participado en la elaboración de esta ley cerca de 7.000 colectivos, y yo la pregunta que me hago es, ¿es suficiente que hayan participado en esta ley 7.000 colectivos? ¿Por qué lo digo? Porque cuando se pensó en esta ley -tenemos que recordar que fue una iniciativa del Gobierno anterior, del presidente del Gobierno, lo dijo en el discurso de investidura en el año 2003-, el marco donde nos movemos era totalmente diferente. No había movimientos sociales como hay hoy en día y por eso le digo que es un reto suyo que crean en esta ley.

Tengo aquí el libro, por ejemplo (Mostrando un ejemplar del libro que menciona.), ¡Indignaos!, igual que saben que hay otra serie de libros, y a mí me parece que es importantísimo eso, que esa ciudadanía crea en la ley, y hay que buscar los cauces necesarios. Hay varios instrumentos, como las consultas a los ciudadanos, a iniciativa del propio presidente del Gobierno -me parece que eso es un instrumento importante y que no cuesta dinero-, los foros de consulta -saben que están las redes sociales, me parece que es bueno utilizarlas y no cuestan dinero-, los paneles de los ciudadanos, también, y los jurados de la ciudadanía. Me parece que son fundamentales. Al final estamos hablando de fomentar el asociacionismo, la democracia participativa y -yo voy más allá- inclusive los presupuestos participativos, porque sabemos que estamos en una época de restricción económica y me parece que es importante también que los ciudadanos y las ciudadanas sean escuchados.

Y, señor Spínola, desde el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria queremos decirle una cosa clara: creemos en las instituciones, en todas, en todas las instituciones que están recogidas en el Estatuto de Autonomía. Creemos en esta ley, en esta ley que se va a desarrollar en la próxima legislatura, igual que en otros instrumentos, y eso me parece que es importante. ¿Por qué lo digo? Porque, repito, tenemos que ser coherentes, si queremos apoyar una Ley de Participación Ciudadana, también tenemos que apoyar el resto de las instituciones.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Flora.

Don Asier Antona, del grupo solicitante de la comparecencia, para su turno de dúplica.

El señor Antona Gómez: Gracias, señor presidente.

Señora Marrero, voy a empezar por donde usted acababa, con eso de la coherencia. Ser coherente implica mantener el mismo discurso hoy que el que mantuvimos en la legislatura pasada. Lo que pasa es que hoy los discursos han cambiado. Esa es la coherencia. Por tanto, yo, al hilo de su intervención llamando a la coherencia, lo primero que hay que hacer es llamar a sus socios de Gobierno a la coherencia en esta materia. Porque, mire, en la legislatura pasada, cuando el Partido Popular y Coalición Canaria defendieron esta ley, el PSOE decía que era una ley técnicamente muy deficiente, llena de preceptos vacíos, que reproduce regulaciones ya establecidas por leyes estatales, que introduce un criterio restrictivo frente a ciertos derechos fundamentales, la tildó de ley propagandística y pobre de nivel. ¡Quién se lo iba a decir, señor Spínola, que un año y medio después suba usted a este Gobierno a defender esta ley, que ustedes, usted y la señora Guadalupe Jerez, levantaron el dedo para votar en contra de esta ley! Por tanto, para que ustedes vean, señora Marrero, esa es la coherencia y esa es la coherencia que nos piden a los ciudadanos.

Miren, decía la señora Marrero también, "bueno, es que antes no había colectivos -algo así-, no había colectivos, asociaciones sociales y ahora sí hay", y enseñaba el libro ¡Indignaos! Miren, yo creo que es una muy pobre interpretación de lo que usted hace en su intervención. Permítame que se lo diga también con todo el cariño y respeto que sabe que le tengo.

Señor Spínola, a usted le ha tocado bailar con la más fea. Esto nos pasa a todos también en política. Usted viene hoy a defender una cosa -sinceramente se lo digo, con todo el respeto y el cariño que usted sabe que le tengo- en la que no cree. No cree porque en la legislatura pasada, igual que la portavoz suya en esta materia, defendieron lo contrario (El señor presidente abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández.)

Miren, cuando el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular trae a esta Cámara, a este Parlamento, esta comparecencia, es porque evidentemente intuíamos, como bien ha sido así, que nada se ha hecho con esta ley. Usted dice ahora: "la consejería trabaja en borradores de desarrollo de la ley, vamos a aprobar el decreto de desarrollo". Es verdad, nada se ha hecho, y no le vamos a acusar a usted, señor Spínola, de la falta de voluntad o del impulso político que requiere un departamento para impulsar, desarrollar e implementar una ley, pero permítame que le diga que un año y medio después es tiempo más que suficiente, no le digo para que toda la ley esté desarrollada, pero sí para que se ponga en marcha alguna de las cuestiones que con respecto a la Administración se requieren.

Mire, hay una de las cosas que a mí me gustan mucho y que el Partido Popular, que el Grupo Parlamentario Popular va a ser su caballo de batalla: adecuar la Administración pública canaria a la situación por la que estamos atravesando ahora, pero también adecuar la Administración pública canaria, señorías, señor consejero, a las necesidades que esta propia ley tiene de cara a la participación ciudadana.

Y, miren, ¿qué propone el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, para el desarrollo y para implementar esta ley? Pues cinco cuestiones o cinco premisas que nosotros entendemos importantes. La primera, creemos que es fundamental mayor apertura. Las administraciones públicas deberán trabajar de una forma más abierta y transparente de cara a todos los ciudadanos.

La segunda premisa que pone hoy el Grupo Popular aquí de cara al desarrollo de esta ley: una mayor participación. Es importante la participación de los ciudadanos en todos y cada uno de los procesos o de las fases del desarrollo de esta ley.

La tercera premisa que pone hoy el Grupo Parlamentario Popular también para que se tenga en cuenta en ese desarrollo, en ese decreto que desarrolla esta ley, es una mayor responsabilidad. Es importante, señorías, clarificar el papel que juega cada Administración en este proceso.

La cuarta premisa que hoy pone aquí el Grupo Parlamentario Popular en aras a colaborar en el desarrollo de esta ley es una mayor eficacia. Las medidas que se adopten deben ser eficaces y oportunas y provocar, señorías, los resultados buscados.

Y la quinta premisa que hoy el Grupo Parlamentario Popular trae también para colaborar, en ese espíritu de colaboración y de arrimar el hombro que tenemos también desde la Oposición: mayor coherencia, señorías -se lo decía antes, señora Marrero, mayor coherencia-. Las políticas puestas en marcha deben ser coherentes y fácilmente comprensibles por el conjunto de los ciudadanos. El resto, señorías, cortinas de humo.

Me ha recordado el señor Spínola aquella frase de "vuelva usted mañana". Cuando los ciudadanos nos digan, "oye, qué ha pasado con esta ley que nos permite colaborar, participar, activamente en los procesos del Gobierno", desde el Grupo Parlamentario Popular les voy a decir, "mire, vuelva usted mañana", porque es la respuesta que hoy el Gobierno nos ha dado en el desarrollo de esta ley.

Y ya le digo, señor Spínola, con todo el cariño, que a usted le ha tocado esto y es verdad que lleva poco tiempo en el Gobierno. Por tanto, a mí me tranquiliza, de verdad, y a mi grupo también, que usted por lo menos tenga la voluntad de desarrollar, de impulsar, esta ley.

Hay otras cuestiones que generaron polémica, como bien decía la señora Guadalupe Jerez, en aquel debate parlamentario, que recuerdo perfectamente bien, que fue todo aquello de los instrumentos de participación ciudadana. Que ustedes malinterpretaron en aquel momento y que espero ahora que en esa malinterpretación que ustedes hicieron de los instrumentos de participación ciudadana hoy el señor consejero nos explique muy bien que donde dijeron aquellas cuestiones que planteaban dudas hoy no sean tales, por lo que estoy viendo.

Miren, el artículo 20 habla de las consultas a la ciudadanía, y ese artículo dice exactamente: "el Gobierno podrá, a instancias del presidente, como bien decía la señora Marrero, recabar la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés general de competencia autonómica, mediante sondeos, encuestas o cualquier otro instrumento de participación ciudadana". Nada de nada tiene que ver esto, como en su momento decía el portavoz de su grupo en aquella materia, don Santiago Pérez, decía que esto se asimilaba a referendos por la puerta de atrás. Más concretamente, decía el señor Pérez: el Grupo Socialista cuestionaba que la ley pretendía establecer el referendo en Canarias por la vía de atrás. Nada de esto había con esta ley, ya lo dijimos en su momento. Por tanto, señor consejero, ¿cuántas consultas ciudadanas se han realizado?, ¿cuántos foros de consulta?, ¿cuántos paneles ciudadanos?

Mi grupo tiene la sensación -y acabo- de que esto únicamente -y es legítimo- sirvió en aquel momento para tener en el currículum de un Gobierno el decir: "somos la segunda comunidad autónoma en España que hemos creado la ley de participación ciudadana". Y eso está muy bien y por eso el Grupo Parlamentario Popular en la legislatura pasada apoyó esta iniciativa, pero hoy, señorías, no podemos seguir con discursos de la separación cada vez más distante entre la clase política y los ciudadanos, en el malestar que produce en la ciudadanía las decisiones que adoptamos en este Parlamento... Y ya que tenemos una ley, que en su momento presumíamos de que era la segunda de todo el territorio nacional, que no seamos capaces de desarrollar, de fomentar y de implementar esta ley.

Nos quedamos -el Grupo Parlamentario Popular- muy satisfechos, muy tranquilos. Satisfechos en el sentido de que vemos la voluntad, su buen hacer, señor Spínola, de poner en marcha esta ley; inquietos porque, cuando ustedes o usted, señor Spínola, no creyó en esta ley, entiendo que pocas ganas, ilusión, le hace desarrollar como debería esta ley. Pero, en todo caso, el Grupo Parlamentario Popular va a hacer un seguimiento, una labor fiscalizadora, de esta cuestión, porque entendemos importante, porque, como todos hemos coincidido hoy aquí, es una ley muy importante, a pesar de la brevedad de su articulado. Y, por tanto, que sepa, señor Spínola, que sepan todas sus señorías, que el Grupo Parlamentario Popular va a seguir haciendo un seguimiento importante, en Pleno y en comisión, de esta ley y colaborando, si usted nos pide colaborar para participar, en lo que entendemos importante. Ahora, eso sí -y acabo-, quede, señor Spínola, con las cinco premisas que el Partido Popular, que el Grupo Parlamentario Popular, ha puesto hoy sobre la mesa, porque, sin lugar a dudas, le van a ayudar a usted, a su departamento, a desarrollar y a poner en marcha esta ley.

Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

(La señora Marrero Ramos solicita intervenir.)

Doña Flora Marrero, ¿a qué efectos? Sí, dígame.

La señora Marrero Ramos (Desde su escaño): En el artículo 82, línea 7: "contestar estrictamente a las alusiones realizadas".

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): ¿Alusiones...?

La señora Marrero Ramos (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.)

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señora diputada, no son alusiones, como usted conoce. El que un diputado o un grupo no entienda a otro es práctica habitual a veces en la dinámica parlamentaria. Por lo tanto, usted sabe que las alusiones son por hechos que afectan a nivel personal y saben que no hay ninguna razón para las mismas. Por lo tanto, no le puedo dar la palabra.

Señor consejero de Presidencia, para contestar a las distintas intervenciones de los grupos tiene usted la palabra, por tiempo de diez minutos.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Señor presidente. Señorías.

Lo primero que le tengo que decir a la Cámara es que el señor Antona falta a la verdad. El Grupo Parlamentario Socialista en la legislatura pasada, cuando se tramitó este proyecto de ley, no votó en contra del mismo, se abstuvo. Señor Antona, no votó en contra, se abstuvo. Había una discrepancia notable, había una discrepancia notable del Grupo Parlamentario Socialista con respecto a esta ley, especialmente en un asunto, en las consultas populares, la posibilidad de realizar referéndum, pero en la tramitación parlamentaria de esa ley, de esta Ley de Participación Ciudadana, se produjo una sustancial modificación respecto del texto inicial. Concretamente, ese artículo que se refiere a las consultas populares se modificó y otras enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Socialista también fueron aceptadas. Por eso, el voto final sobre la ley no fue negativo, señor Antona, fue abstención.

Así que a mí no me cuesta nada venir aquí, subirme aquí y defender esta ley. No me cuesta nada. Además no me cuesta nada porque creo en la participación ciudadana, creo intensamente, no creo yo, cree el Gobierno, cree el Gobierno. Quien no cree es el Partido Popular, quien no cree es el Partido Popular. Sí, sí, sí... (Ante un comentario que se suscita en la Cámara.) ¿Es que acaso cualificados dirigentes del Partido Popular que se manifiestan en estos términos, referidos al movimiento ciudadano 15-M que hay ahora, y que dicen: "el comportamiento de Los Indignados, aunque ellos quizá no lo sepan, es el mismo que han tenido a lo largo de la historia todos los precursores de los movimientos totalitarios, empiezan con gritos contra los políticos, siguen expresando su desprecio hacia la democracia y acaban afirmando que ellos sí son los auténticos representantes"...? Esto no lo digo yo, esto no lo dice el Gobierno, esto lo dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, una representante cualificada del Partido Popular. ¿Así es como ustedes entienden la participación ciudadana, llamando así a los movimientos sociales, al movimiento 15-M? Mire, ayer, justamente ayer, se publicó una encuesta sobre la aceptación de este tipo de movimientos entre la ciudadanía española. Nada más y nada menos que el 73% de los españoles encuestados creen que Los Indignados tienen razón.

Por tanto, le quiero dejar muy claro: no nos va a costar nada, ¡nada!, desarrollar la ley a través de un reglamento.

Y usted, usted me viene a pedir cuentas a mí, que llevo en el Gobierno tres meses, pero usted estuvo en el Gobierno, y su partido, 18 años. ¿Qué hizo usted en los 18 años que estuvo el Partido Popular respecto de los paneles ciudadanos?, ¿hizo algo?, ¿en 18 años hizo algo? ¿No hizo nada, verdad? Y ahora viene aquí a pedirme a mí cuentas de una gestión cuando llevo tres meses, y ya le he dicho que tenemos ya, en tres meses, elaborado un borrador de desarrollo de la ley. Mire, no se sostienen sus argumentos, no se sostienen, y luego usted viene aquí, a la Cámara, a pedir coherencia. Sea coherente usted primero consigo mismo, señor Antona, dicho también con respeto, como usted se dirige a mí en sus intervenciones.

Bien. Quiero señalar que ahora mismo en el conjunto de las comunidades autónomas de España solo dos tienen aprobada una ley de participación ciudadana, son la Comunidad Valenciana y la comunidad canaria. Y esta comunidad canaria, que tiene esta ley en marcha, aprobada y publicada desde junio del 2010, establece en el artículo 2, en su ámbito de aplicación, que el ámbito de aplicación es nuestra propia Administración de la comunidad autónoma y sus organismos e instituciones de ella dependientes. Eso quiere decir que nosotros hemos empezado el trabajo en el seno de la Administración, a través de todos los departamentos de la comunidad autónoma, recabando el parecer y la información, previamente, de forma previa, internamente, para conocer el parecer de todos los departamentos del Gobierno de Canarias en relación a este asunto.

Quiero también resaltar, porque es muy importante, el contenido del artículo 18 de la ley, que establece que los programas de políticas de actuación sectorial del Gobierno deben someterse con carácter general, en su fase de elaboración, a un proceso de participación ciudadana. Esto es muy importante y ha de cumplirse. En cualquier actuación sectorial del Gobierno debe haber un proceso de participación ciudadana, en la fase de elaboración, que lógicamente el Gobierno respeta.

Pero si hay algo a lo que me quiero referir, porque me parece que es sumamente importante y ha sido destacado por la portavoz del Grupo Mixto en su intervención, es lo referido al contenido del artículo 12 de la ley, que es la propuesta de iniciativa reglamentaria por parte de la ciudadanía. Esta es una gran novedad de esa ley, una novedad que no figura en la ley valenciana, sí en la canaria, de forma tal que cualquier ciudadano puede iniciar, puede hacer propuestas de iniciativas que afecten a sus derechos y a sus intereses legítimos, proponiendo su tramitación como disposición reglamentaria. Pero para ello hacen falta unos requisitos; uno de ellos es que al menos vaya avalado o respaldado por tres entidades ciudadanas y un número de firmas en torno a las 15.000 firmas, para que se pueda iniciar una tramitación de esta naturaleza de disposición reglamentaria por parte de los ciudadanos.

También me quiero referir, porque usted ha hecho referencia a ello, al Registro de participación ciudadana. Mire, por imperativo legal, en esta ley se recogen, tanto los instrumentos de participación ciudadana como el registro deben desarrollarse por medios telemáticos para hacer efectivo ese derecho a la participación ciudadana. Desde la consejería se están realizando en este momento acciones encaminadas a la adquisición de equipamiento software que permita el desarrollar lo anteriormente expuesto y más concretamente posibilitar un registro on-line en la futura sede electrónica del departamento. Queremos incluir en ese registro de participación ciudadana todos los diferentes instrumentos de participación: los foros, los paneles, los jurados ciudadanos, los sondeos, encuestas, consultas a la ciudadanía y otros instrumentos que la ley prevé que se puedan desarrollar. Lo queremos hacer desde una plataforma única, un registro único, acabar con la dispersión que existe en este momento de diversos registros. Y esto es posible hacerlo a través de estos instrumentos tecnológicos que aportan las nuevas tecnologías, de forma tal que trabajamos en la consecución de este objetivo, que es una unidad de registro. Esto va a ser, creo yo, muy aplaudido por las corporaciones locales canarias y también por los ciudadanos, de forma tal que vamos a acabar con una dispersión absoluta que existe en este momento de distintos registros en corporaciones locales, registros de parejas de hecho, etcétera, etcétera.

Todo esto es posible llevarlo a cabo, la consejería está trabajando en ello, y simultáneamente al proceso de elaboración del proyecto de decreto que va a desarrollar en su conjunto la ley vamos a implantar estas nuevas tecnologías, este nuevo equipamiento software, para que el registro pueda ser una realidad y acabar con determinadas disfunciones que existen actualmente.

Por tanto, en nombre del Gobierno, quiero reiterar nuestro compromiso de intensificar la colaboración de los ciudadanos, la participación de los ciudadanos, en los asuntos públicos, y eso, como bien planteaba también la portavoz del Grupo Mixto, debe tener un reflejo en las propias actuaciones de la Cámara cuando se presentan iniciativas populares. Debemos ser conscientes de que debemos atender las peticiones de los ciudadanos, al menos en una primera fase de admisión a trámite. Luego este Parlamento es soberano para enmendar, corregir, modificar los contenidos de esas iniciativas parlamentarias. Somos partidarios, desde luego, de considerarlas y luego, finalmente, la voluntad popular expresada en esta institución es la que debe darles forma final para que esas iniciativas, sean las que sean, terminen convirtiéndose en leyes.

Yo quiero agradecer -para acabar- las intervenciones de los portavoces del Grupo Nacionalista Canario y del Partido Socialista, así como del Grupo Mixto, y agradecer también al señor Antona esa colaboración que nos ha brindado para trabajar en este desarrollo de la ley, y contaremos también, por supuesto, y para ello, ante su ofrecimiento, con el Partido...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

Señorías, informar a los distintos grupos parlamentarios de que se ha aplazado, se ha solicitado un aplazamiento y la Mesa lo ha considerado, la proposición no de ley número 23, del Grupo Parlamentario Socialista, que se vería mañana, en todo caso, pero para que lo tengan en cuenta los distintos portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Proposición no de ley número 23, sobre la retribución de proyectos hidráulicos reversibles.