Diario de Sesiones 14/2011, de fecha 29/11/2011 - Punto 20

· 8L/C-0027 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre líneas a seguir para simplificar, reducir y clarificar la legislación de ordenación del territorio y medio ambiente.

El señor presidente: Continuamos. Comparecencias del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre las líneas a seguir para simplificar y reducir la legislación de ordenación del territorio y medio ambiente.

Don Miguel Jorge Blanco tiene la palabra.

El señor Jorge Blanco: Gracias, señor presidente.

Señorías, el 4 de julio pasado, con motivo del debate de investidura, el señor presidente anunció con una gran solemnidad el impulso de una batería de acuerdos que entendía que eran tan imprescindibles como inaplazables. Diez tareas, diez compromisos, diez metas que marcan y definen la agenda de trabajo del Gobierno que en ese momento pretendía presidir. Diez retos que, en palabras del presidente, se deben abordar propiciando el mayor grado de consenso, buscando los grandes acuerdos que la sociedad canaria nos estaba pidiendo en el mes de julio.

El séptimo reto es aprobar una nueva ley que aclare el régimen competencial en materia de protección del territorio y del medio ambiente, que regule el régimen de asistencia económica al planeamiento municipal y que simplifique los procedimientos de evaluación ambiental de planes y de proyectos.

Concretando aún más esa oferta, según el entonces candidato, había que trabajar en una nueva ley de armonización en materia de protección del territorio y del medio ambiente, armonizar y simplificar los procedimientos y garantizar la transparencia y la obtención de los mejores resultados en las políticas de sostenibilidad y garantizar también, por supuesto, los principios de publicidad y participación ciudadana y también de las instituciones.

En síntesis, señorías, buenas intenciones en esta declaración, sin duda genérica, con la que mi grupo parlamentario está plenamente de acuerdo desde la primera hasta la última palabra. Pero las cosas, señorías, y las declaraciones hay que ir concretándolas, hay que ir poniéndolas negro sobre blanco y definir lo que es mejorable y qué es intocable en opinión del Gobierno en esta legislación.

Por diversas declaraciones públicas que se han hecho, parece que es indudable también la intención del señor consejero, el señor Berriel, y su departamento en proceder a mejorar esta legislación territorial y medioambiental. Por ello, y con esto termino, señorías, señor consejero, señor presidente, quiero, señor Berriel, que suba usted a esta tribuna y, si es posible, nos exponga, de la manera más clara posible, cuáles son sus intenciones, cuáles son las líneas maestras por las que trabaja su departamento para mejorar una ley o varias leyes o las leyes del territorio y del medio ambiente de Canarias?

Muchas gracias.

El señor presidente: Gracias, don Miguel Jorge.

Por parte del Gobierno, el señor Berriel Martínez, consejero de Obras Públicas, Transportes y Ordenación Territorial.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente. Señorías.

En efecto, señoría, el presidente del Gobierno, en el debate de investidura, comprometió ante esta Cámara el trabajo del Gobierno en una nueva ley de armonización en materia de protección del territorio y del medio ambiente, con el objetivo de armonizar y simplificar los procedimientos para mayor clarificación y más ágil aplicación de los controles administrativos que requiere la actual situación socioeconómica. Pero este compromiso conlleva el condicionante de garantizar la transparencia y la obtención de los mejores resultados de las políticas de sostenibilidad sobre el territorio y el medio ambiente, además de la efectividad de los principios de publicidad y participación ciudadana en las instituciones. Comprometió, asimismo, el presidente, además de la simplificación de los procedimientos de promoción y aprobación del planeamiento territorial y urbanístico, en efecto, la simplificación al máximo posible de los procedimientos de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos, de forma que las resoluciones se pueden adoptar con todo rigor pero en el menor tiempo posible.

Los retos planteados por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura traen causa en el acuerdo por la gobernabilidad, la dinamización económica y el empleo y la cohesión social, suscrito por los grupos políticos que sustentan al Gobierno -Grupo Nacionalista Canario y el Partido Socialista- en el documento denominado "Pacto por Canarias". En dicho acuerdo programático, señorías, ambas fuerzas políticas han precisado su convicción de que la política territorial debe afrontarse desde una concepción única del territorio como recurso natural, recurso escaso en un medio insular, y la necesidad de que los cambios en su ordenación y adecuación a la legislación vigente se produzcan a la mayor brevedad posible. Han enfatizado los grupos que sustentan al Gobierno la necesidad de seguir trabajando en los procesos de simplificación de procedimientos administrativos en dicha área, en concluir con la aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación que aún se encuentran en distintas fases de tramitación y, como ya venimos haciendo en los casos en que se revele necesario por la imposibilidad o pasividad de las instituciones locales, abordar desde el Gobierno los planes de ordenación municipal supletorios previstos en la Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial aprobada en la pasada legislatura.

Y, por último, reforzar las políticas de transparencia del territorio a través del perfeccionamiento de los trabajos de la plataforma digital de información territorial y ambiental y la mejora de las oficinas técnicas municipales, la interconexión entre sí de los cabildos insulares y del Gobierno mediante protocolos de uniformidad y armonización de procedimientos y también de interpretaciones normativas.

En concreto, señorías, en relación con la simplificación y la mejora de la sostenibilidad territorial, el pacto propone la promoción, efectivamente, de un marco legislativo, cuyo alcance, de modo agregado, se contiene en lo reflejado anteriormente respecto a los objetivos expresados por la Presidencia en el debate de investidura, esto es, como se ha dicho, la elaboración de una norma legal para las políticas del territorio que clarifique la asignación de responsabilidades y competencias, armonice la normativa de protección del territorio y del medio ambiente, simplifique los procedimientos de tramitación y aprobación del planeamiento y de las evaluaciones ambientales y estratégicas, pero todo ello sin menoscabo de las garantías de transparencia, publicidad y participación ciudadana, de los ciudadanos e instituciones, y además con sujeción al cumplimiento de la normativa europea y las determinaciones de la legislación estatal básica que inciden en la materia.

En consecuencia, señorías, este departamento, siguiendo la encomienda del Gobierno, está ultimando el proyecto del nuevo marco legal para las políticas del territorio con esta finalidad, trabajo que ya había sido iniciado en parte con el texto sometido a informe del Consejo Económico y Social e información pública al final de la pasada legislatura y que ahora está siendo complementado y perfeccionado. Esto es, con ello se pretende clarificar la asignación de responsabilidades y competencias, armonizar la dispersa normativa de protección del territorio y del medio ambiente, con especial énfasis en la simplificación de los procedimientos de tramitación y aprobación del planeamiento y de las evaluaciones ambientales estratégicas, pero, como se ha reiterado, sin menoscabo de las garantías de transparencia, publicidad y participación de ciudadanos e instituciones en la toma de decisiones de estas políticas.

Así, señoría, a modo de avance, he de expresarle que el texto de la propuesta legislativa contendrá un primer título dedicado a las medidas en materia de planificación territorial y urbanística, que contendrá las medidas de simplificación, transparencia y fomento de la participación en el procedimiento de aprobación del planeamiento territorial y urbanístico en base a una sustancial reducción de los trámites correspondientes a la fase insular y municipal, a la sustitución de informes y controles administrativos de las distintas instituciones, por un mayor autocontrol y responsabilidad de los equipos redactores que, con la configuración multidisciplinar adecuada y la debida acreditación, deberán garantizar la calidad y adecuación a la legalidad del trabajo de planeamiento que tengan comprometido.

La propuesta contiene una estrategia de continuidad y sucesivo progreso de los documentos, impidiendo los continuos retornos por indecisiones o cambios coyunturales ajenos a la objetividad de la ordenación y los modelos acordados en la fase procedente, que hoy por hoy constituye una de las más extendidas causas de retraso en la elaboración del planeamiento.

Y en la fase autonómica la limitación y concreción al control estricto de la legalidad y oportunidad, solo circunscrita exclusivamente al cumplimiento de los planes y estrategias supralocales y reservando para esta fase solo la norma principal, dejando en sede local sus desarrollos, así como las modificaciones no estructurales.

Un segundo título se ocupará de la evaluación ambiental de planes y proyectos, clarificando los tipos y procedimientos de evaluación, con reducción de plazos y eliminación de trámites repetitivos o innecesarios, externalizando hacia equipos multidisciplinares acreditados en materia ambiental las tareas de evaluación y las propuestas de su resolución.

Un tercer título se dedicará al régimen jurídico de la Red Natura y de la Biodiversidad. Así, se concretarán los procedimientos de declaración y régimen jurídico de las zonas que forman parte de la Red Ecológica Europea Natura 2000, tanto en lo referente a las propuestas de declaración y delimitación como en las de su conservación. Todo ello, señorías, en aras de dar mayor seguridad jurídica, compensación, a los afectados y ponderación de su colisión con los proyectos de interés general.

En segundo lugar, se definen medidas de corresponsabilización y colaboración en la conservación y protección de la biodiversidad y la sostenibilidad, estableciendo las figuras del colaborador y del protector del medio ambiente y los incentivos y compensaciones derivadas de tales prestaciones y servicios.

En tercer lugar, en este mismo título, la prevención y control de las especies invasoras en Canarias y el régimen sancionador para los casos de su transgresión, constituirán también parte del mismo.

Completará con los anteriores la parte más relevante de la norma un último título dedicado a las medidas en materia de disciplina urbanística, territorial y ambiental, que modificará el actual régimen sancionador, jurídico-sancionador, respondiendo así a una filosofía de incentivación de la autocorrección y restablecimiento del orden físico ilegítimamente alterado, introduciendo la figura de la mediación y la negociación previa a la última ratio de la sanción. Y llegada la necesidad inevitable de esta, la norma acomodará la cuantía a criterios de mayor proporcionalidad, introduciendo factores correctores de cuantificación en función de las circunstancias socioeconómicas del infractor, y todo ello en aras de una más adecuada justicia material y la efectividad de la disuasión.

El mandato de elaboración de un texto refundido que acomode y estructure el marco legislativo resultante y su desarrollo reglamentario constituirá disposición final de la norma en aras a una mejor aplicación.

Pero, señorías, debemos insistir, para no producir falsas expectativas, sobre todo a los ciudadanos, sobre la complejidad que por la materia y la pluralidad de los destinatarios, este marco normativo no puede concebirse desde la trivialidad. Las normas europeas y la legislación sectorial básica estatal, así como las sectoriales autonómicas que les inciden de forma directa, obligan a un adecuado acotamiento de la simplificación. Todo ello, además, sin perjuicio de los distintos informes de las administraciones sectoriales competentes, que en la mayoría de los casos vienen configurados como preceptos vinculantes por dicha legislación sectorial.

Señoría, ha de tenerse en cuenta que a modo indicativo y no exhaustivo resulta de inexcusable cumplimiento el marco regulatorio pretendido, entre otras, normas como las siguientes: la de Navegación Aérea, la de Puertos del Estado, la de Patrimonio Natural y Biodiversidad, la General de Telecomunicaciones, la de Ordenación del Sector Eléctrico, la de Costas, Minas, Montes, la legislación en materia de defensa nacional, la Ley 9/2006, de contenido ambiental de los instrumentos de planeamiento, la Ley del Ruido, la Ley del Patrimonio Histórico y su norma propia autonómica, la Ley canaria de accesibilidad y la de vivienda de Canarias, la de carreteras, la de aguas, etcétera, etcétera, etcétera.

Señoría, esta comparecencia -y termino- ha pretendido dar respuesta a la solicitud planteada. Sin embargo, en la concreción de esta tarea tendremos la oportunidad de debatir, negociar y concluir en sede parlamentaria, espero que con espíritu de consenso, esta deseada norma en toda su extensión y detalle en el próximo periodo de sesiones.

El señor presidente: Sí. Tiene un minuto para concluir, don Domingo.

¡Ah! Bueno, como quiera. ¿Ya había concluido? De acuerdo.

Ahora los turnos de los grupos no solicitantes de la comparecencia, recordándoles a sus señorías, pasa el tiempo de un Pleno a otro, que aquí sí que no hay prórroga de tiempo. Tres minutos, sí.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente, señorías. De nuevo muy buenos días.

Aprovecho uno de mis tres minutos para felicitar al Partido Popular por la clara victoria electoral en el conjunto del Estado español y también en nuestra comunidad y desear a los 17 representantes, que son bastantes, de esta comunidad en las Cortes Generales, acierto en el desempeño de las tareas comunes que van a tener que desempeñar en este difícil momento, pero también en las tareas de defensa de los intereses de esta tierra, que tiene especiales dificultades.

De manera especial me quiero referir a José Manuel Soria para reiterarle mi reconocimiento por ese claro apoyo popular. Va a una nueva tarea y quiero desearle en lo personal y en lo familiar el máximo éxito, y en lo político también. Sabemos que va a tomar alguna responsabilidad y estoy convencido, porque conocimiento y capacidad le sobran, de que, además de defender los intereses comunes del Estado español, va usted a defender los intereses de esta tierra, sus singularidades y sus peculiaridades económicas y sociales que usted tan bien conoce. Así que muchísima suerte en el desempeño, en lo familiar y en lo político.

Señor consejero, yo no me voy a referir a la ley que usted va a traer aquí, porque lo veremos. Lo veremos y me parece una ley importante. Lo que sí digo es que estamos en el marco de una severa crisis económica y que la regulación del suelo, la regulación del territorio, es elemento clave en todas las comunidades, política y económica, pero lo es más en esta tierra, y que es posible combinar de forma inteligente la preservación de los recursos naturales y el uso del suelo para actividades económicas que nos permitan crecimiento y empleo. En esa dialéctica, en esa capacidad de combinar ambas cuestiones, está el acierto y creo que hay algunas claves que deben presidir el proceso de toma de decisiones en el gobierno del territorio, tan esencial en nuestro sistema económico.

Primero, el consenso. Es bueno que en las normas reguladoras en esta materia busquemos el amplio consenso de esta Cámara y, a ser posible, del conjunto de la sociedad canaria.

En segundo lugar, la participación. Que no seamos solo los que aquí representamos lo sustancial de la soberanía popular, sino que también demos participación a los agentes económicos y sociales.

En tercer lugar, que la norma que surja de ese proceso sea segura, sea clara, sea transparente, sea manejable y que no pierda nunca de vista la razón de ser última, que es gestionar los intereses generales en asuntos tan sensibles como es el suelo.

Estoy convencido de que la propuesta que traiga a esta Cámara deberá contribuir a la búsqueda de las respuestas, que, en el marco de la crisis, este importante problema necesita ser respondido en esta etapa tan complicada, sin perder de vista estos principios inspiradores, que creo que siempre han presidido la construcción del marco jurídico en materia de gestión y gobierno del suelo.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario.

El señor Mayoral Fernández: Buenos días, señor presidente. Señorías.

También me sumo a la felicitación al señor Soria y a la señora De Haro; además para que tengan en su futuro próximo que ahora acometen todos los éxitos que seguro que se merecen.

Señorías, el planeamiento debe interpretarse o debe entenderse como un instrumento dinamizador de un desarrollo sostenible, como antes decía el consejero, y que garantice a su vez la seguridad jurídica. Y para ello, como hemos dicho en otras ocasiones, es necesaria una simplificación de los procedimientos que hagan más ágil la tramitación de los proyectos y de los planes en general.

En su intervención, señor consejero, ha vuelto a decir o a manifestar esa voluntad simplificadora y además ha elaborado, pues, lo que está previsto traer en esa materia en la legislatura. Pero, mire, sin entrar, porque no vamos a entrar ahora en un debate específico sobre lo que está previsto resolver a través de esas disposiciones, me preocupa básicamente lo que ha ocurrido en los últimos 15 días en la isla de Gran Canaria; y me preocupa porque han sido varios los empresarios, varias las empresas, a través de los medios de comunicación, que han puesto un énfasis en que se están retrayendo las inversiones en la isla de Gran Canaria y dicen así en comparación con lo que sucede en la isla de Tenerife.

Mi primera reflexión es si existen dos legislaciones en materia de planeamiento: una para Gran Canaria y otra para Tenerife. O si no es así, si usted prevarica dando o favoreciendo -cosa que dudo y efectivamente sé que no es así-, dando y favoreciendo a unos empresarios algo que no da a otros. Por lo tanto, esa es la primera reflexión, porque creo que todo esto forma parte a veces de una demagogia que tenemos también que saber acortar.

Pero además los empresarios de Gran Canaria básicamente han salido con este tema por el centro comercial de Gáldar y, como yo era responsable en el cabildo hasta hace poco en esta materia y he asistido a algunas reuniones con usted y con el presidente del Gobierno y esos empresarios, pues, hay que decir que, bueno, el planeamiento es el que es y, si no estamos de acuerdo con él, porque el Plan Insular de Gran Canaria viene de hace muchos años atrás, y especificaba ese plan insular que había que establecer una desviación de la carretera... Lo que no se puede pretender es que cada vez que el planeamiento, si no se modifica, se quiera quitar de en medio a través del famoso artículo 47. Es decir, se suspende el planeamiento por interés general, pero el interés general hay que entenderlo muy específico, muy concreto, porque, si no, todos y cada uno de los empresarios estarían pidiendo que este artículo 47 fuera aplicado en beneficio de los intereses particulares.

Y simplemente, para finalizar, otro ejemplo. Se pone como ejemplo de la parálisis de las inversiones en Gran Canaria, por ejemplo, que no se ha hecho el puerto de Bahía Feliz. El puerto de Bahía Feliz no requiere ningún planeamiento, está aprobado y no lo hacen porque no les da la gana, desde hace más de diez años. Por lo tanto, también...

El señor presidente: Lo siento, don Emilio. Muchas gracias, don Emilio Mayoral.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Nicolás.

El señor De la Hoz Fernández: Presidente, señorías: muy buenas.

Señor consejero, tal y como nos recordaba en su primera intervención, el presidente del Gobierno en el debate de investidura definió algunas de las prioridades para esta legislatura y para esta materia en cuestión planteó la necesidad de una nueva ley de armonización en materia de protección del territorio y del medio ambiente, con la que se pretende armonizar y simplificar los procedimientos administrativos.

Ya se ha recalcado, tanto en esta Cámara como en comisión, que el principio de sostenibilidad sobre el territorio y el medio ambiente es una máxima que estará presente en la futura norma, al igual que los tiempos y los espacios de publicidad y participación, tanto de las instituciones como de la ciudadanía. También hemos hablado de la necesidad de avanzar en la aprobación definitiva de los diferentes planes de ordenación que se encuentran en algunas de las fases de tramitación, de los recursos y esfuerzos que se han destinado para agilizar los procedimientos administrativos, como es el desarrollo de la plataforma digital de información territorial y ambiental, o los trabajos para mejorar la capacidad de las oficinas técnicas municipales y la interconexión entre las diferentes instituciones.

Y no debemos pasar por alto la intensa carga de trabajo de los técnicos de la consejería y muy especialmente en el seno de la Cotmac, con la tramitación de más de 30 expedientes al mes. Todos estos esfuerzos han sido necesarios y en la dirección adecuada, pero teniendo en cuenta la especial situación socioeconómica y las ratios de aprobación definitiva de los diferentes planes de ordenación, tanto municipales como insulares, es evidente que todos estos esfuerzos son insuficientes. Es por lo que creo que todos estamos de acuerdo en que es necesaria una nueva normativa del territorio que tenga como objetivo la simplificación de procedimientos de tramitación y aprobación del planeamiento. Debemos ser conscientes de que el reto no es nada fácil y que la tan hablada simplificación debe moverse dentro de las normas sectoriales ya existentes, tanto estatales como europeas.

Señor consejero, ya le hemos oído hablar de algunas de las líneas en las que pretende que pivote la nueva norma. Espero que siga profundizando al respecto y que cuente con la aportación y la participación de todos los sectores relacionados con el planeamiento. Por supuesto también pueda alcanzar el mayor consenso posible dentro de esta Cámara.

Para finalizar, desde el Grupo Nacionalista nos gustaría saber si puede adelantarnos una fecha aproximada para la presentación del texto en sede parlamentaria.

Desde el Grupo Nacionalista Canario también nos unimos a la felicitación al Partido Popular por estos magníficos resultados electorales y, como se suele decir en la Orden del Cachorro, "ajolá se lo merezcan". Ajolá se lo merezcan y hagan un trabajo digno para amortiguar esta situación que vivimos en el Estado español, pero sobre todo para que se llegue, en consenso, que se llegue a acuerdos importantes con esta Cámara y que sean línea transmisora de los problemas de Canarias.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don David de la Hoz.

Por el grupo parlamentario proponente, don Miguel Jorge Blanco.

El señor Jorge Blanco: Gracias, señor presidente.

Señorías, parece que hay un acuerdo generalizado en que es verdad que es necesario un cambio legislativo para mejorar sustancialmente la legislación del territorio en Canarias en todos sus ámbitos, en todas sus facetas. Un acuerdo generalizado que existe no solo en las fuerzas políticas que nos sentamos en este Parlamento, sino también que ese acuerdo se ha trasladado ya a amplios sectores de la sociedad canaria. Y este, señor Berriel, quiero decirle que es un buen dato, un primer dato interesante: que ha tenido que ser una señora de nombre "crisis" y de apellido "económica" la que por fin nos haya puesto a todos de acuerdo para proceder a una modificación de esta naturaleza, ¿no?, de un secreto a voces que en realidad lleva ya tiempo pretendiendo modificarse, ¿no?, y que fuera la coyuntura de la crisis, digo, la que nos obligara a que todos nos pusiéramos de acuerdo para cambiar la ley.

Quiero que lo sepa desde ya, señor Berriel: mi grupo parlamentario va a apoyar cuantas medidas traiga usted a este Parlamento para agilizar y clarificar la normativa, para clasificar y desregular lo que sea necesario, nos guste al Partido Popular más o nos guste al Partido Popular menos; nos parezca una reforma más ambiciosa, o ambiciosa y oportuna, o nos parezca una reforma timorata. Va a tener nuestro apoyo parlamentario, porque lo que venga, señor Berriel, siempre será mejor que lo que hay. Pero sepa usted que el límite está en que si lo que trae sea peor que lo que existe; si lo que trae, en vez de resolver un problema, vaya a generar uno nuevo. Ahí, desde luego, no va a tener lógicamente, como además es obvio, nuestro apoyo político. Lo digo además en el principio de esta segunda intervención para que tenga usted la tranquilidad absoluta de que diputados en este Parlamento va a haber suficientes para aprobar una norma de esa naturaleza. No le va a faltar, señor Berriel, el apoyo parlamentario. La Oposición parlamentaria actuará con responsabilidad, sin actitudes propias del radicalismo político, más propio de otras fuerzas políticas que del nuestro, o del mero interés partidario, porque aquí, señorías, estamos hablando de las cosas de comer y con las cosas de comer no se juega. Y eso supone, sin duda, en nuestro perjuicio, jugar con las cartas a la vista de todos. Pero no nos importa, señorías: la responsabilidad y la exigencia de decisiones valientes para salir de la crisis hacen que mi grupo se ponga a disposición de los grupos parlamentarios y de usted mismo para que entre todos podamos ir desbloqueando y desenmarañando una legislación tan antipática como tardona.

Miren, ¿es normal, además, en el día de hoy, que un periódico de las islas saque nada más y nada menos que 9 páginas de temas tan relacionados como este? Miren, en la página 4: "el Gobierno pide al ayuntamiento financiación de expropiaciones para aprobar el Plan General de Las Palmas"; y dice el señor Berriel: "es verdad que hay discrepancias, pero estoy seguro de que no llevarán más de un año, más, de trámite". Recordarles que el Plan General de Las Palmas lleva desde el año 2005 para aprobarse. Página 7: "el señor Berriel niega que frene los proyectos de inversión y culpa al cabildo de los retrasos, que cada palo aguante su vela". Y además en eso tiene razón, pero lo que es verdad es que esto viene motivado porque la legislación no tiene claro o no clarifica las competencias de cada Administración pública de Canarias. Página 8: "el Gobierno cambiará la Ley del Suelo para agilizar el planeamiento", reconocimiento efectivo de que la propia ley en estos casos no funciona. "La apertura..." -esto dice el señor alcalde de San Bartolomé de Tirajana, cosa que a mí me parece, en fin, que sea así un disparate-, "que la apertura del hotel Apolo está en manos de Gesplan". Nada más y nada menos que de la superempresa de Gesplan, de la que hemos hablado ya mucho en estos días. Página 9: "la única salida es desbloquear obras". Esto lo dice no alguien del Partido Popular, lo dice el señor Bergasa, el economista Óscar Bergasa, nada sospechoso de trabajar al lado del hormigón. Página 10: "la maraña administrativa en el Oasis retrasa una inversión de 40 millones de euros", achacándolo a retrasos en los planes del cabildo y del Gobierno de Canarias. Página 12: "San Bartolomé reclama la construcción de más camas en Santa Águeda". Una opinión con cierto sentido común, creo yo, que dice el alcalde: "sin preconizar barbaridades con la naturaleza, es necesario entender que vivimos del turismo y por ello hay que ser más flexibles y más rápidos a la hora de gestionar el suelo". Página 24, finalmente: "Berriel -el consejero- promete nuevas excepciones a la moratoria para construir camas de lujo en Canarias", cuestionando, y es verdad, la rigidez del artículo 16, que todos aprobamos sin duda pero que probablemente habría que reformular por esa rigidez para impedir nuevas camas de lujo en el archipiélago canario.

Señorías, no son todas las cosas de las que hay que hablar probablemente en esta comparecencia, pero sí es bueno, señor Berriel, que cuanto antes presente en este Parlamento esa legislación para, entre todos, trabajar conjuntamente y proponer alternativas. Yo le doy algunas. Por ejemplo, es necesario evitar la cascada de adaptaciones permanentes y los regímenes transitorios paralizantes. Hay 60 municipios, señor Berriel, que todavía no se han adaptado a la Ley de Directrices. Solo 28 municipios lo han aprobado y el límite era -recuerde- el año 2006, porque cada vez que se aprueba un planeamiento superior se paraliza el planeamiento inferior para que este se adapte, y así sucesivamente, lo que está produciendo un estancamiento de los planes territoriales de diversa índole en Canarias.

O que, por ejemplo, la nueva ley plantee la utilidad de unificar trámites de dos o más planeamientos simultáneamente; o que se profundice en la figura consorcial, en la que, formando parte todos los entes políticos e institucionales que tienen que ver en la aprobación de un plan, se cedan las competencias a esos organismos y ese órgano plantee y apruebe definitivamente para su aplicación ya directa los planes correspondientes.

Los usos en suelo rústico, señor Berriel, también se han mejorado mucho, pero es verdad que hay que seguir profundizando en ellos, en los planes de actuación territorial y su aprobación y su ejecución. O cuando se produce algo tan paradójico como que los planes municipales prohíben algo que un plan insular de rango superior permite, pero que no se puede aplicar porque el plan general no está adaptado todavía a ese plan insular, pudiendo la nueva ley prever esas situaciones para que sean de aplicación directa o de aplicación ejecutiva.

Más temas. Mire, señor Berriel, 143 directrices de ordenación general, 34 directrices de ordenación turística, constituyen un conjunto de obligaciones a respetar por el planeamiento muy prolijo. Las definiciones imprecisas y de extrema ambigüedad hacen muy difícil su interpretación y más aún su cumplimiento formal por los documentos de ordenación del suelo implicados.

¿Cuántas veces hemos visto dos interpretaciones diferentes producidas de un mismo asunto por dos instituciones canarias diferentes, produciendo una paralización sine díe de los documentos territoriales? Por eso las normas y las directrices deben ser claras, concisas, de fácil comprensión y, sobre todo, de cumplimiento posible. De nada sirven directrices tan loables en su espíritu como imposibles de aplicar, pues solo generan desasosiego en unos por ver cortadas de raíz sus aspiraciones empresariales, como frustración en otros por no ver sus derechos reconocidos. Evitemos en la nueva norma estas situaciones, señor Berriel, y reformulemos en su más amplio sentido de la palabra las directrices, para que sirvan, de verdad, al desarrollo armónico de Canarias y no sean uno más de los elementos que generan el 29% de paro en nuestra tierra.

Hay más cosas que tratar y discutir. Lo haremos en otras comparecencias, señorías. Pero no quiero terminar sin hacer una reflexión sobre lo acontecido en los últimos tiempos. Se lo he dicho ya varias veces, señor Berriel, lo he dicho en la comisión parlamentaria de presentación de Presupuestos y se lo he dicho personalmente. También se lo digo ahora en este momento. No tiene usted la culpa de todo, señor Berriel. Es más, creo en su buena voluntad para resolver y agilizar aquello que llega a sus manos, pero ello no significa que tenga usted que poner toda la carne en el asador para resolver este galimatías o disparate, llámelo usted como quiera, y coloque en la Administración pública, en puestos directivos, de responsabilidad, a las personas que de verdad crean en el proyecto reformador que usted está llevando a cabo en este Parlamento.

Las declaraciones empresariales se enmarcan en frustraciones y en desesperanzas, en no ver sus objetivos cumplidos en plazos razonables de tiempo. No se marcan o no se enmarcan en intereses partidistas, señor Berriel, y ahí el portavoz del Gobierno, el señor Martín Marrero, la pifió, no tiene razón en ello. Los empresarios, los profesionales, los promotores, hoy no...

El señor presidente: Tiene un minuto para ir concluyendo.

El señor Jorge Blanco: Termino ya, señor presidente.

...no ven a la Administración pública y a su Gobierno como un colaborador, sino como un adversario, como a un enemigo, y eso tiene que cambiar. Y usted, señor Berriel, tiene esa responsabilidad. Es verdad que le podía haber tocado a otro, pero es que le ha tocado a usted y es a usted al que pediremos cuentas si en el futuro estas cosas no avanzan.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente: Gracias, don Miguel Jorge Blanco.

Señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Ordenación del Territorio, don Domingo Berriel Martínez.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Muchas gracias, señor presidente. Señorías.

Antes pasé por alto yo también felicitar al Grupo Popular y a los parlamentarios, a los diputados y senadores que han obtenido escaño. Saben que les deseo, desde luego, como todos aquí, el mayor éxito en la gestión que tienen ahora comprometida.

En la intervención de los distintos grupos se ratifica el deseo de llevar a cabo una colaboración leal en esta reforma, que se hace necesaria sobre todo dada la coyuntura, efectivamente, difícil, desde el punto de vista económico, por la que estamos pasando. Y, bueno, en las distintas intervenciones, pues, subyace la preocupación por que consigamos entre todos tener consenso para sacar una norma. El Gobierno por supuesto que tiene eso como norte, el traer una norma de consenso, para dar respuesta dentro de los límites que, como comenté, tenemos para poder articular una norma de este tipo. Hice un repaso, quizás, fugaz para poner a sus señorías en situación: en el marco de la normativa europea y la normativa básica estatal, en la que tenemos que movernos, toda la legislación sectorial que hay que tener en cuenta a la hora de conciliar el planeamiento. Podemos tener una normativa canaria sencilla del suelo, pero luego hay que aplicar un montón de normas que evidentemente constituyen la base fundamental de las dilaciones y de los problemas a los que se tiene que enfrentar el planeamiento.

Pero una cosa sí tiene que estar muy segura, y es que se tiene que tener el planeamiento y, por tanto, todos en Canarias, y en cualquier parte, tenemos que adaptarnos a lo que en el planeamiento se diga, sea bueno, malo o regular el planeamiento, pero tiene que haber una norma para todos por igual. No se puede soslayar el planeamiento ni se puede trivializar el planeamiento ni la forma en la que se puede aprobar una norma de esta naturaleza, en la que inciden tantas normas, como dije antes, pero también tantos intereses sobre el territorio.

¿La participación de los agentes económicos y sociales en la norma?, por supuesto que tendremos que iniciar, como hemos hecho siempre, un proceso de trabajo con los agentes económicos y sociales y finalmente tendremos que tener un criterio para traer a este Parlamento, que, en definitiva, deberemos tomar decisiones, donde, bueno, habrá muchas coincidencias, otras no, y lo que tendremos es que venir con ese espíritu de consenso para tratar de sacar esa norma. Que, como decía don Román, debe ser segura, clara y transparente, pero para que sea segura, clara y transparente tenemos que tener claros los límites.

Como también tenemos que tener claros los límites mirando al pasado. Tenemos que mirar al pasado porque una crisis pasa, es coyuntural, y una crisis no debe llevarnos a la desesperación, a cometer errores de los que sería imperdonable que por no mirar el pasado volviéramos a cometer. Es decir, la protección del territorio exige sacrificios y, si esos sacrificios son mayores en época de crisis, pues, es así. Todo es más difícil en época de crisis, pero no podemos desarmar unos instrumentos de control y sobre todo de seguridad en nuestro territorio, porque es el recurso más preciado que tenemos y, por tanto, tenemos que tener unas normas, sean o no acordes con lo que cada uno quiera, sean o no más fáciles para el planificador. Las Directrices normalmente son la cúspide del planeamiento y lo que deben hacer es evitar que no se tenga en un documento un resultado de sostenibilidad. Por tanto, hay muchas veces que las Directrices chocarán contra las intenciones de quien quiera ordenar el territorio de una manera y no pueda. Es verdad que estamos en un momento donde podemos revisar, repasar, qué es lo que ha pasado y eso es lo que haremos.

Me referiré luego a algunas cuestiones que el portavoz del Grupo Socialista expresó aquí en relación con problemas concretos y sobre todo con la aplicación de las excepcionalidades que la ley permite a los gobiernos para resolver problemas puntuales de interés general.

¿Cuál es la metodología que estamos siguiendo, señorías, para traer aquí un texto que sea un texto de trascendencia y de solvencia? Pues, en primer lugar, estamos identificando los problemas. Hemos identificado, realmente tenemos un estudio muy exhaustivo de toda la problemática que se está suscitando y que tiene como consecuencia o como resultado la dilación tan enorme en la elaboración de los planeamientos, porque, una vez elaborado el planeamiento, lo que toca es, insisto, cumplirlo, pero en esa elaboración, esa cantidad de años que se quedan, ese tipo de informes que van, vienen, informes muchos de ellos vinculantes, etcétera, que nos obligan otra vez a retroceder, y muchas indecisiones dentro también de los procesos que obligan a volver a empezar con nuevas informaciones públicas al introducir modificaciones en el final de los procesos, todo eso está perfectamente detectado, diagnosticado y vamos a tratar de resolverlo.

En segundo lugar, hemos hecho un estudio bastante exhaustivo del Derecho Comparado y le puedo decir, señoría, que no es esta una comunidad autónoma distinta a las demás y ni siquiera está entre las que tienen más complejidad para llevar a cabo el planeamiento. Se lo puedo asegurar y se lo puedo acreditar. Y ni siquiera el ordenamiento jurídico de las comunidades autónomas sino también el de otros países de nuestro entorno. Países europeos de nuestro entorno y, en fin, de nuestro alcance. Claro, a veces se aprovechan estas circunstancias de crisis para que todo el mundo se desespere y entonces realizar una campaña mediática que nos lleve a todos a decir que, bueno, que rápidamente tenemos que coger el bisturí y empezar a resolver a machetazos, en plan revolución, un asunto tan importante como este. Hay ejemplos, como, por ejemplo, el hotel Apolo, y se dice: "es que el hotel Apolo... llevo dos años y no puedo obtener licencia". Si está poniendo un piso más del que puede, un volumen mayor del que permite el planeamiento, ni con dos años ni con veinte, si no se cambia el planeamiento, y lo que no se puede hacer es cambiar el planeamiento de forma expresa a voluntad del dueño del hotel Apolo. Eso es así de claro o de cualquier otro. Saco el hotel Apolo, porque son los interesados precisamente los que lo han puesto en liza en un medio de comunicación y, por tanto, público.

Y como eso hay muchísimas historias aquí. Tendré oportunidad, señoría, porque he pedido una comparecencia a petición propia, de desgranar aquí dónde están los problemas en muchos de esos proyectos que se dice que el Gobierno los tiene paralizados y resulta que, como aquí se ha dicho, de cada mes se llevan a la Cotmac más de 30 puntos del orden del día, que tienden precisamente a remover los obstáculos del planeamiento, a corregir el planeamiento, etcétera, y a hacerlo dinámico.

Y decirle, señoría, que ya el régimen transitorio que paralizaba la posibilidad de actualizar el planeamiento no existe. En la Ley de Medidas Urgentes sabe su señoría que, además con su inestimable colaboración, abolimos, se abolió, ese problema, esa norma, que evitaba actualizar el planeamiento que no estuviera adaptado. Y, por tanto, se está haciendo y por eso esa gran carga de trabajo que tiene precisamente la Cotmac en estos últimos tiempos, y eso significa que se está dinamizando el planeamiento y resolviendo los problemas. Tendré oportunidad, insisto, de desgranar los tres, cuatro, proyectos que han originado de forma mediática la controversia, que, insisto, es más artificial que cualquier otra cosa.

Decir, por último, que las cuestiones excepcionales y las invocaciones al artículo 47 que se hacen en muchas de las ocasiones, en este caso lo están haciendo determinados empresarios para resolver un problema, un macroproblema, a través de una medida excepcional y puntual que el ordenamiento jurídico del Estado y canario ponen a disposición del Gobierno exclusivamente para que de forma ponderada -ponderada, señoría- y muy motivada pueda resolverse un problema de interés general. De interés general, no del interés del general, que son cosas muy distintas. Y, por tanto, de interés general significa que, por ejemplo, si hay que poner una escuela que se está cayendo, pues, se tenga una herramienta de que el planeamiento no impida hacer un nuevo colegio que tiene unas determinaciones distintas y unas necesidades distintas que las que tenía previstas en el planeamiento; o un centro sociosanitario; o una cuestión menor, incluso empresarial, pero menor, que sea de interés general porque genera empleo y que no...

El señor presidente: Sí, tiene un minuto para ir concluyendo.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Un minuto. Termino.

...y que no tenga una trascendencia al medio ambiente y que sea ponderadamente muy limitado, y que ni siquiera sea necesario hacer una reclasificación de suelo sino a lo mejor una mera recategorización. Quiero decir que en suelo, por ejemplo, que sea un suelo rústico agrícola pase a ser un suelo rústico minero, en definitiva un suelo rústico, y eso no tiene una trascendencia desde el punto de vista ambiental ni desde el punto de vista territorial.

En definitiva, señorías, no podemos mezclar churras con merinas; tenemos que ser cuidadosos con el planeamiento y el límite, el límite está en no cometer errores del pasado.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero.

Señorías, suspendemos la sesión hasta las cinco menos cuarto, o cuatro cuarenta y cinco, como ustedes quieran.

Muchas gracias. Hasta luego.

(Se suspende la sesión a las catorce horas y cuarenta y dos minutos.)

(Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cincuenta y seis minutos.)

El señor presidente: Señorías, reanudamos la sesión.

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