Diario de Sesiones 17/2011, de fecha 14/12/2011 - Punto 4

· 8L/PNL-0036 Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la modificación de la regulación hipotecaria.

El señor presidente: Siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la modificación de la regulación hipotecaria.

Tiene la palabra don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: Una de las cuestiones que acercan la política y esta institución a los ciudadanos es que tratemos problemas reales, problemas sentidos, problemas que sufren los ciudadanos (El señor presidente abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández).

Hemos hablado aquí, a lo largo de estos meses, mucho de la crisis económica y a veces se nos olvida o no está adecuadamente presente el rostro, la realidad de la crisis. Hoy con esta proposición no de ley que plantea el Grupo Mixto...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señorías -perdone, don Román-, señorías, ruego guarden silencio, por favor.

Prosiga, señor diputado.

El señor Rodríguez Rodríguez: Con esta proposición de ley pretendemos conseguir el apoyo de la Cámara a uno de los problemas más dramáticos de la crisis económica que vivimos, que es la pérdida de la vivienda, de su vivienda habitual, de cientos de miles de ciudadanos en España en los últimos años y de decenas de miles de ciudadanos en Canarias en los últimos tres años.

Según el Consejo General del Poder Judicial, se han ejecutado 13.800 órdenes de los tribunales en relación a la ejecución hipotecaria en Canarias, hay 28.000 en trámite. Se han ejecutado a nivel de España 300.000 y hay más de 250.000 en trámite. Un porcentaje importante de la ciudadanía de España que ha sufrido la crisis económica de manera severa no está siendo capaz de afrontar las cuotas de sus hipotecas y, consecuencia de esos impagos, con la legislación en la mano, las instituciones financieras exigen sus derechos y ejecutan esa hipoteca ante los tribunales, expulsando a estos ciudadanos de sus domicilios, y, si queda pendiente deuda, esta deuda la asumen los que recibieron ese crédito en época de bonanza y además se ven obligados a que se intervengan sus bienes, de existir, para amortizar el resto de esa deuda. Se embarga su nómina, se embargan sus pensiones, se embargan sus bienes, si los tuvieran, además de esta vivienda. Estamos ante uno de los aspectos, por lo tanto, más dramáticos de la crisis.

Las respuestas a ese problema no son sencillas, no son fáciles, pero desde luego son graves y las tenemos que abordar, y compete al Gobierno de España tomar la iniciativa y a las Cortes Generales buscar soluciones al grave problema que ha acontecido.

Aprovecho para decir que el perfil de la crisis española, que tiene asuntos comunes con la crisis global, tiene una particularidad que está vinculada a este problema, que es el perfil de la burbuja inmobiliaria. Y aprovecho también para decir, a colación del debate de esta mañana, que mucho tuvo que ver la Ley del Suelo de 1998 con la liberalización absoluta del suelo para que luego se produjese en España el fenómeno terrible del crecimiento brutal de las políticas residenciales, que generaron dinero fácil para los ayuntamientos y para las constructoras y que hoy es una parte seria del problema de la crisis económica española. Para las familias y para los bancos. Por eso aprovecho para decir que las leyes reguladoras del gobierno del territorio son vitales, no solamente por la preservación de los recursos naturales, sino sobre su impacto en la economía y en los modos de convivencia. Y aquella ley del año 98 no hay ya experto que analice la crisis económica española en su perfil de la burbuja inmobiliaria que no encuentre como una de sus causas el proceso de liberalización del suelo que la ley de 1998 produjo en este país.

Hecho ese paréntesis, vuelvo al asunto de fondo, y es que se precisan soluciones cara a los problemas del futuro, pero sobre todo soluciones al problema ya generado. Están pagando esta crisis, como ustedes bien saben, los sectores sociales, los sectores ciudadanos, las instituciones que nada tuvieron que ver con el origen de la misma. La están pagando las pequeñas y medianas empresas, la están pagando los trabajadores, la están pagando los servicios públicos.

Y entre las expresiones más dramáticas, como hemos dicho, está la pérdida masiva de la vivienda de cientos de miles de familias en España en los últimos tres años, con el agravamiento de que no solamente pierde la familia, sino que la deuda pendiente, con los intereses y las costas judiciales, queda como hipoteca de su futuro. Con el problema del embargo de sus escasos bienes...; y aquí hay un riesgo de exclusión social preocupante que quiero también trasladarles, señorías, y es que alguien al quien se le ejecuta una hipoteca, pierde su vivienda y se queda con una parte de la deuda viva, y por lo tanto le embargan sus bienes, está potencialmente colocado en la exclusión social, porque si tiene ingresos reglados, son embargados, de manera que muchos ciudadanos, incluso pudiendo normalizar su situación económica, no lo hacen porque saben que la consecuencia es el embargo de su nómina.

Por tanto, toca hacer un esfuerzo en esta materia. Esto se ha expresado por parte de los ciudadanos en la calle. Hay un movimiento ciudadano en el conjunto del Estado español frente a los desahucios que se están provocando de manera masiva en el conjunto del Estado y necesitamos respuestas, y las respuestas se tienen que dar en el orden legislativo, en el ámbito competente, que es que el Gobierno de Canarias inste al Gobierno de España para que este, a su vez, en las Cortes Generales promueva, nosotros creemos que, al menos, las siguientes decisiones: una, la posibilidad de regular de forma más clara, más explícita, la dación en pago, que es un concepto jurídico por el que la pérdida de la vivienda amortiza el conjunto de la deuda. No es sencillo, no es fácil la situación generada en España en esta materia, porque las reglas son las reglas y no tienen efecto retroactivo, pero existen experiencias en países de nuestro entorno donde se ha regulado de una manera más clara, a voluntad de parte, si ustedes quieren, la dación en pago. De manera que cuando alguien contrata una hipoteca, las partes, el banco y el cliente saben que, en caso de impago, responde solo el bien hipotecado. Esto tiene consecuencias y luego con las enmiendas tendremos oportunidad de debatirlo, pero creemos que es necesario regular de manera más clara la dación en pago, con las excepciones, con los mecanismos contractuales pertinentes. Es posible la dación en pago en estos momentos en la legislación española, es posible -artículo 140 de la Ley Hipotecaria-, si hay acuerdo entre partes previo a la adquisición de la vivienda.

Segundo elemento que planteamos: seguir incrementando los bienes inembargables. El Gobierno de España, en junio de este año, ante la presión popular frente a este problema, amplió los bienes inembargables. Pasó de 640 euros, que es el salario mínimo, a 960 euros, y un tramo en función del número de hijos, de manera que esa parte de los ingresos de la familia a la que se le ejecuta una hipoteca no se toque. Creemos que sigue siendo insuficiente y, por lo tanto, hay que aumentar los bienes inembargables para dar salida vital a esas cientos de miles de familias. Como creemos que hay que aumentar el porcentaje de adjudicación en la subasta, del 50 al 60 que estableció el real decreto, creemos que hay que incrementarlo.

Pero lo más importante de todo es el punto 2, desde nuestro punto de vista. El problema del asiento de miles de familias que están en proceso de ejecución de su hipoteca, que están en trámite de desahucio y que son un problema, primero, para la familia, pero también para las propias entidades financieras, porque adjudicarse estos bienes en estas circunstancias significa provisionar para garantizar la solvencia de la entidad y significa problemas en la cuenta de resultados de los bancos. Aquí lo que planteamos es la necesidad de que se establezca legislación que permita buscar medidas para evitar los desahucios masivos que se están produciendo en estos momentos para esas familias que, por razones objetivas y justificables de pérdida del empleo, pierden su vivienda habitual, para que las Cortes Generales establezcan los mecanismos pertinentes. Existen actuaciones por las entidades financieras al uso en estos momentos. Existen experiencias en otros países.

En definitiva, señorías, con esta proposición no de ley el Grupo Mixto, el PIL y Nueva Canarias, pretenden hacerles llegar uno de los problemas más graves de nuestra crisis, y es la pérdida de vivienda de miles, de cientos de miles de ciudadanos, y la necesidad de que esta institución se pronuncie, a ser posible por unanimidad, y que instemos al Gobierno de España a tomar las medidas pertinentes para resolver, insisto, uno de los problemas más graves, más terribles, que hacen un daño no solo material sino psicológico y en las perspectivas de futuro de cientos de miles de personas, por culpa de una crisis de la que, en la inmensa mayoría de los casos, no son responsables estos ciudadanos.

Muchísimas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que ha sido admitida por la Mesa. Para la defensa de la enmienda, doña Milagros Bethencourt, por tiempo de diez minutos, tiene usted la palabra.

La señora Bethencourt Aguilar: Señor presidente. Señoras y señores diputados.

Hoy estamos aquí debatiendo una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto que a nadie puede dejar indiferente. La institución jurídica "dación en pago" es una de las demandas sociales más reivindicadas en los últimos tiempos.

Señorías, a nadie se le escapa que el crecimiento económico en nuestro país ha ido estrechamente ligado a la construcción de viviendas y al impulso de la tenencia de vivienda en régimen de propiedad. Ello indujo al sobreendeudamiento de una parte de la sociedad, como única vía de acceder a una vivienda digna, y donde las entidades financieras relajaron las facilidades para la concesión de crédito, llegando a financiar en muchas ocasiones más del 100% de la hipoteca, con cuotas en muchos casos de por vida. Personas que en ese momento tenían una estabilidad laboral y firmaron la hipoteca con ilusión, pensando en una vida más confortable y mejor para ellos y sus familias.

Con el estallido de la crisis y el aumento galopante del paro en nuestro país, muchas familias no pueden seguir pagando sus hipotecas, lo que conlleva que sus inmuebles sean embargados. El drama no queda solo en que pierden la vivienda, su hogar familiar, sino además en la condena financiera casi perpetua para los afectados, pues en los casos de subasta sin postor, subastas desiertas, que son la mayoría dada la situación económica actual, la entidad financiera se adjudica la vivienda por el 60% del valor de la tasación, el 50% hasta la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2011, el pasado 7 de julio, de manera que el propietario ha de hacer frente al 40% restante, más los intereses y las costas derivadas del proceso judicial.

Lo curioso de esta cuestión, señorías, es que el PSOE, un Partido Socialista, y además en el Gobierno en todos estos años de crisis, con lo que supone de plus de información, no haya atinado a resolver una necesidad reivindicada por miles de familias y ayudar a los que peor lo están pasando con esta crisis. Sin lugar a dudas, está pasando a la historia como el Gobierno con más improvisaciones y menos acierto de toda la etapa democrática española.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, conscientes de la importancia de este asunto para la sociedad y más en concreto para las familias afectadas o futuros hipotecados, hemos presentado enmiendas al texto propuesto por el Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas de modificación y de adición, porque si bien compartimos el espíritu y estamos de acuerdo con todas las cuestiones planteadas, los párrafos levemente modificados vienen a enriquecer técnicamente el original, sin cambiar la esencia de la proposición no de ley del Grupo Mixto, y estoy segura, porque todos perseguimos lo mismo, señor Rodríguez, de que no tendrá inconveniente en aceptar. Así, en el apartado a) del punto 1 hemos propuesto una modificación de tal forma que se recoja la opción de la dación en pago a quien contrata, para que sea el ciudadano voluntariamente el que decida entre las dos opciones: préstamo con o sin dación en pago. En este punto me gustaría reseñar que este derecho ya viene recogido en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria, al preceptuar "podrá válidamente pactarse en la escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados". Sin embargo, la realidad muestra que las hipotecas pactadas, acogiéndose a este punto, a este precepto, son prácticamente inexistentes y que además los bancos no lo contemplan como producto. Por lo tanto, parece razonable que el futuro hipotecado tenga derecho a conocer las dos opciones, préstamo con o sin dación en pago, y decidir voluntariamente a cuál se acoge.

En el punto 2 de la proposición no de ley complementamos el párrafo, introduciendo los requisitos de la buena fe y que la vivienda hipotecada constituya el hogar familiar, como medidas suficientes para paralizar los desahucios.

Finalmente, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular le proponemos la adición de un punto al texto de la proposición no de ley, en aras de adoptar medidas similares a las que ya se llevan a cabo en Francia, Alemania, Portugal, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros, del siguiente tenor: "instar al Gobierno del Estado a aprobar, con carácter de urgencia, para los miles de desahucios ya en ejecución medidas de protección a las familias, similares a las vigentes en los países de nuestro entorno, como son la negociación bajo tutela judicial en el aplazamiento del desalojo, el alquiler en la propia vivienda hipotecada o la posibilidad de recompra futura".

Las enmiendas persiguen enriquecer su proposición no de ley, señoría. Por el bien de los actuales afectados y los futuros hipotecados espero las acepte y además cuente ya con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara.

Señorías, para ir finalizando mi intervención, quisiera realzar la preocupación y ocupación del Partido Popular en este asunto, llevando en su programa electoral del pasado 20 de noviembre la reforma de la ley concursal para así introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, con las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos, mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable. Que a lo que a embargo de viviendas se refiere los afectados no queden hipotecados de por vida con las deudas contraídas.

Además, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha apoyado la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Vivienda, destinada a analizar las cláusulas abusivas en la concesión de hipotecas, los procesos de ejecución antiimpagos y la posibilidad de instaurar la dación en pago. Estaremos, por tanto, también pendientes de estas conclusiones para la posterior modificación, si procede, del ordenamiento jurídico en esta materia.

Muchísimas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Para fijar la posición en relación a la enmienda don Román Rodríguez, por tiempo de cinco minutos, tiene usted la palabra.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señorías, estamos ante un problema de envergadura, y eso lo compar­timos todos. Sabemos de las dificultades objetivas que tiene resolver el problema y su envergadura en estos momentos. Cientos de miles de personas están en esta situación y, por tanto, tendrán que tomarse decisiones legislativas con seguridad y a lo mejor alguna decisión de orden financiero, pero, como estamos en la maraña de la discusión de la crisis y del sistema financiero, surgirá el perfil de este problema también en el análisis del problema de la dación en pago.

Sobre las aportaciones que hace el Partido Popular, yo estoy esencialmente de acuerdo, aunque creo alguna cuestión innecesaria, pero lo que abunda no daña.

En el apartado a) del punto 1 la legislación española, decíamos, efectivamente, el artículo 140 de la Ley Hipotecaria, permite la posibilidad de que banco y cliente pacten la dación en pago. De lo que se trataría, está en discusión, es de que esto no sea solo en esta situación particular, sino que las condiciones favorezcan, primero, el conocimiento de esta posibilidad, que es uno de los problemas, uno de los problemas que tiene la relación entre los bancos y sus clientes es que los clientes no conocen sus derechos ni sus posibilidades, pero que esta posibilidad se pueda ampliar. Existen países donde esto ocurre. En Estados Unidos la dación en pago está casi generalizada, porque se dan dos condiciones previas: primero, no te dan más del 70% del valor de la vivienda en el crédito hipotecario y, además, te obligan a un seguro de impago. Por cierto, el seguro de impago se convirtió en uno de los problemas de las hipotecas basura en Estados Unidos, porque se especuló con los seguros de una manera terrible y una parte de los activos tóxicos del sistema financiero norteamericano está vinculada a los seguros de impago. Pero, en cualquier caso, se trataría de que la legislación española, y para eso están las Cortes Generales, pues, articulara un mecanismo que aclare este tema, lo divulgue y garantice que la dación en pago sea una posibilidad real y no excepcional como ocurre en estos momentos.

Por lo tanto, nos parece que, aunque eso está recogido en el texto originario, se aclare aquí la voluntad de las partes. Nosotros no tendríamos inconveniente en aceptar esta consideración de esta enmienda.

Con respecto a la segunda parte, al punto 2, nos parece también que el punto que aporta el Partido Popular es generoso y procura buscar una solución al problema de la pérdida de vivienda en estos momentos, a esas cientos de miles de familias, y, por lo tanto, facilita la posibilidad de una moratoria, un aplazamiento de los pagos, siempre y cuando se garantice -sabemos que eso tiene dificultades-, siempre y cuando se garantice que sea vivienda habitual y que no exista la picaresca, y habrá instrumentos para posibilitarlo (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor presidente).

Y la más interesante de todas las aportaciones -se lo tengo que decir a la portavoz del Partido Popular- me parece el punto 3: aprobar, con carácter de urgencia, para los miles de desahucios ya en ejecución medidas de protección a las familias similares a las vigentes en los países de nuestro entorno -es cierto que hay medidas en este sentido en los países de nuestro entorno-, como son la negociación bajo tutela judicial por el desalojo, el alquiler de la propia vivienda hipotecada, la posibilidad de recompra y alquiler. Que, por cierto, algunas entidades financieras la están poniendo en marcha. Hay algunas entidades financieras en España, Bankinter, por citar, utiliza la dación en pago en relación contractual previa y el Banco Santander, pues ya que nombramos una entidad financiera, pues, está promoviendo antes de ir a la ejecución de la hipoteca un aplazamiento por tres años del capital y mantener solo los intereses, porque en el fondo al banco le interesa no meter eso en sus activos, porque hay que provisionar y rompe la cuenta de resultados.

De manera que a nosotros nos parece que las aportaciones que hace el Partido Popular mejoran, enriquecen, reiteran algunos de los conceptos de la propuesta originaria, pero nos parece que están en el centro del debate y en el centro de la cuestión, y es que esta Cámara remita al Gobierno de España esta solicitud de articulación rápida de una respuesta cara al grave problema que hoy padecen cientos de miles de familias.

Anoche, releyendo los periódicos de tirada estatal, se ponía un caso de un ciudadano de un barrio periférico de Barcelona, un barrio de los años 70, de los barrios inmigrantes, que la burbuja inmobiliaria le hizo el siguiente daño: compró un bajo de 76 m2 en un barrio periférico por 255.000 euros -76 metros, se ve la foto-, tiene 4 hijos, compañera y ahora debe, después de la ejecución presupuestaria, 170.000 euros, y además están en paro la señora y el señor. Este es el caso que hay que resolver y estoy seguro de que la voluntad que nos anima a todos es evitar situaciones dramáticas, insolubles, como la que vive este ciudadano, que ayer leía en un periódico, a las dos de la mañana, de tirada estatal.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Los grupos a efectos de fijar posiciones. Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Fajardo Palarea.

El señor Fajardo Palarea: Buenos días, señorías.

Quiero de entrada ya, es decir, al principio de mi intervención, que, ante tal iniciativa parlamentaria, la presentada por el Grupo Mixto, la postura del grupo parlamentario que represento es la de apoyo a tales medidas, pero no sin antes hacer las siguientes matizaciones.

También anuncio que mi grupo no tiene inconveniente en apoyar, también, ante la expresa admisión de las enmiendas que ha presentado el Partido Popular a la proposición no de ley del Grupo Mixto, esas enmiendas, pero con las siguientes matizaciones, y me gustaría que cuando esto se envíe al Gobierno de la nación, a ser posible se enviara también el acta, so pena de que tengan conocimiento de que aquí conocemos y hemos estudiado el asunto. Me explico.

En primer lugar, yo estoy de acuerdo con que copiar es bueno. Copiar es bueno cuando lo que se copia es bueno y cuando lo que se copia está cargado de buena voluntad. La proposición no de ley del Grupo Mixto -y ya se lo he dicho al señor Rodríguez- es una copia de una moción de Iniciativa per Catalunya Verds, que aparece colgada en la web de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, y es una moción que se pretende que se presente en los ayuntamientos, pero copiar, cuando se copian cosas buenas, a mí me parece también que es bueno.

En segundo lugar, que el debate que se puede suscitar en cuanto a esta PNL no es nuevo, ya que en el Congreso -a algo de esto se refería la diputada del Partido Popular-, en Pleno y en Diputación Permanente, en el Congreso de los Diputados el día 22 de febrero de 2011 se debatió una proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el derecho a la vivienda, que fue rechazada, por mi partido, lo he de reconocer, y por el Partido Popular. Fue rechazada. Algunas de esas iniciativas han copiado ustedes en sus enmiendas, pero, bueno, la política es así. Es bueno a veces rectificar.

A buen seguro, sus señorías, en su inmensa mayoría, estarán de acuerdo con algunas cosas que se dijeron allí. Yo por lo menos lo estoy. Allí se dijo, mientras se discutió esa iniciativa, entre otras cosas se dijo que la vivienda es un derecho que debe protegerse y, como tal, debería ser de una prioridad máxima para cualquier gobierno; o cómo el boom inmobiliario y la fiesta del ladrillo y el abandono del resto de los campos de la acción urbana, como la rehabilitación, la regeneración urbana, la vivienda vacía y una práctica desconexión de las políticas del territorio y el medio ambiente, se han traducido en paro, en recesión, en crisis económica, en sobreendeudamiento familiar, en ejecuciones hipotecarias, en riesgo financiero económico por la morosidad de las cajas y bancos y en stock de viviendas vacías y nuevas sin vender. En resumen, como lo decía quien intervenía en esa sesión del Congreso, privatización de los beneficios en la etapa del boom inmobiliario y la fiesta del ladrillo para los bancos y socialización de las pérdidas cuando estalla la burbuja inmobiliaria. Yo creo que esta frase resume lo que ha pasado en España por mor de la ley del 98. Y, por cierto, la legislación hipotecaria, nuestro Código Civil, nuestra Ley de Enjuicimiento Civil, son muy antiguos. Ha habido otros gobiernos, aparte del Partido Socialista, que no han modificado las leyes, y también ha habido crisis antes de la crisis esta. No es buscar culpables, tenemos que estar todos a una.

Con posterioridad, el 3 de mayo de 2011 se intentaron constituir en las cámaras tres subcomisiones: la Subcomisión de análisis del sistema hipotecario español, a petición del Grupo Popular -la defendió el señor Matos Mascareño-; la Subcomisión de cláusulas hipotecarias abusivas y dación en pago, a petición del Grupo Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y la tercera, que es una Subcomisión de análisis y posible reforma del sistema hipotecario español, a petición de todos los grupos de la Cámara, a excepción de UPyD y UPN. Ahí estuvimos todos de acuerdo. Hago una pequeña matización a la portavoz del Grupo Popular, porque el señor Matos Mascareño retiró la subcomisión de él, la que pedía, la que pedía el Partido Popular, Esquerra retiró la suya y todos quedaron en constituir una comisión que englobaba a todos los partidos que acabo de nombrar. Siendo además, señorías, que, aparte de estas subcomisiones, existe desde septiembre, que fue aprobado por el Congreso y luego, con posterioridad, en noviembre, una iniciativa popular, legislativa, sobre este tema. Con lo cual nos vamos a encontrar, cuando nosotros acordemos esto, que tenemos una iniciativa popular, que está en marcha, unas subcomisiones que, si leemos lo que decía el señor Matos Mascareño, pretenden, pretenden, es dar solución al problema que estamos tratando.

Señorías, con independencia de todo esto, con independencia de que quede claro que este Parlamento sabe que existe la dación en pago en el Derecho español, artículo 140 en relación con el artículo 101 de la Ley Hipotecaria, que podemos modificarlo. Que pueden haber diferentes soluciones, se han alegado -en el escaso tiempo de cinco minutos no puedo nombrarlas todas- en otros países soluciones a este tema. Nosotros estamos de acuerdo con que se apruebe...

El señor presidente: Sí, un minuto, don Manuel.

El señor Fajardo Palarea: ...esta PNL y con las enmiendas.

También, decía la portavoz del Partido Popular, efectivamente, muchos partidos hemos puesto la reforma de la Ley Concursal y no la reforma de la Ley Hipotecaria como solución, que puede ser una solución alternativa a este problema. Tras un procedimiento concursal breve, el deudor, cualquier deudor, no solo el hipotecario, que no tiene medios suficientes para pagar y que no ha incurrido en fraude, se le libera de las deudas pendientes. Esto pasa en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Italia, Reino Unido, Austria, Suecia, etcétera.

En definitiva, estamos a favor. Y ahora esperaremos impacientes a que don Mariano, cuando tome posesión, de inmediato adopte esta medida, porque me da que cuando le llegue este acuerdo del Pleno, después de lo que dijo el señor Matos Mascareño en la creación de la subcomisión, que dijo que había que oír a los bancos, a los usuarios, etcétera, no vaya a pensar que en qué berenjenal me han metido ustedes aquí, en Canarias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Francisco Manuel Fajardo.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, don José Miguel González Hernández.

El señor González Hernández: Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros del Parlamento.

En primer lugar, quiero decir desde el principio que nuestro grupo va a apoyar la PNL tal y como ha sido modificada, porque entendemos que es un grave problema que está afectando, yo diría trágicamente, a muchas familias. Pero, sin embargo, quisiera hacer una serie de consideraciones.

El primer punto. Sinceramente, no entiendo cuando se dice que hay que clarificar lo que se refiere a la aplicación de la dación en pago, cuando está clarísimo. Como se ha dicho aquí reiteradamente, en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria dice claramente que, como consecuencia precisamente de esta aplicación, se extingue la deuda, es evidentemente y todo con conformidad de las partes. Y el problema que se plantea es que se incluya esta alternativa en la ley, en la legislación. No hace falta: está.

Ahora, yo voy a distinguir entre el futuro y el pasado. Si en un momento determinado se generaliza la dación en pago, ¿cuál será la reacción de las entidades financieras? Pues inmediatamente bajarán el porcentaje sobre la... Además de poder exigir un seguro, tal y como está en Estados Unidos, de fallo, bajarán las valoraciones y darán un porcentaje menor de las valoraciones. ¿Consecuencia? Que probablemente se elimina del mercado inmobiliario a las personas que más lo necesitan. Porque si, por ejemplo, en una vivienda de 130.000 euros, que no es nada anormal, en vez de darle el 70 o el 80% le dan el 50, resulta que tiene que buscar 65.000 euros por delante y en efectivo para poder iniciar la compra de la vivienda. Por eso el infierno se dice que está lleno de buenas intenciones. Cuidado, no nos olvidemos de que la introducción como normativa de la dación en pago, primero, tiene que ser voluntaria y, segundo, es peligrosa, porque puede producir la eliminación de la posibilidad de adquisición de viviendas por las personas que normalmente son las que están en este juego, que son las que tienen pocos recursos económicos, y que claramente intentan minimizar la entrega inicial, que es lo único que realmente les presiona, ya que lo otro tienen el aplazamiento de 20 o 30 años. Luego, la modificación de la ley no le hace falta. Está.

Lo que sí hay que tener en cuenta es lo que dice el Código Civil, el 1.911, el artículo, y es que el deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros. Por lo tanto, si no vamos precisamente por introducir ese sistema de suspensión de pago, tal y como se discute hoy, va a ser muy difícil el que se pueda separar la vivienda del resto, puesto que el crédito hipotecario no solo afecta a la vivienda. Es decir, a veces, y hemos vivido una etapa yo diría desgraciada, donde era muy normal que una entidad financiera le decía, "oiga, usted tiene que comprar un coche, otro...; yo le doy el crédito y esto lo atribuimos todo a la hipoteca". Luego, lo lógico es que, tal y como está establecido en la ley, respondiera con todos sus bienes. Por lo tanto, solamente ante un proceso, que no es precisamente dentro del marco de la Ley Hipotecaria, se podría recoger este tema. Es decir, llegar a la posibilidad de que lo mismo que una empresa entra en suspensión de pagos... bueno, con el nombre actual no es ese, lo puede hacer personal.

De cara al futuro, este es el tema. Cuidado no introduzcamos una norma o una actividad que lo que hace en realidad es cargarse el tema de la adquisición de vivienda.

Respecto al pasado. Hombre, yo creo que las propuestas que están planteadas son correctas. Es decir, no es fácil, porque evidentemente cuando se produce una moratoria alguien tendrá que responder, porque una entidad financiera podrá dar la moratoria. Lo que hace es alargar, porque les conviene, como ha dicho don Román Rodríguez. Es decir, a una entidad financiera no le interesa tomar la posesión de la vivienda, le interesa aplazar el pago, pero evidentemente los intereses alguien los tiene que poner. En Irlanda los puso el Gobierno y se hundió la banca, se ha hundido la banca, la banca irlandesa. En Estados Unidos los pusieron las dos grandes empresas -la Fannie Mae y la Freddie Mac- y se han hundido y ha tenido que poner un billón de dólares el Gobierno americano. Luego, la operación no es sencilla.

Sin embargo, lo que sí me parece razonable y muy adecuado es que se busque la manera precisamente para intentar que a las empresas, a las personas que están sufriendo este tema, se les puedan resolver sus problemas con dificultades, se les intente amparar para poder mantener la vivienda, que, como todos sabemos, no solamente es que lo exige la Constitución española sino que es el bien más preciado que tienen los españoles, y si una persona que está en malas condiciones económicas, está en marginación, también se le priva de su vivienda, se le introduce en la marginación absoluta y, sinceramente, con muy poco futuro.

Por eso yo creo que la proposición, tal y como ha quedado, la vamos a apoyar. He hecho estas consideraciones, que no son negativas sino para que todos meditemos que a veces las cosas pueden tener una vuelta que, es más, con buenas intenciones, se produzcan problemas futuros. Pero en principio nuestro grupo desde luego va a apoyar el texto, tal y como ha quedado después de las enmiendas.

El señor presidente: Sí, efectivamente, hay que aclarar cómo queda el texto. Sí, por favor.

El señor Rodríguez Rodríguez: Bueno, primero, yo aprovecho para agradecer las enmiendas y los apoyos a la proposición no de ley, porque creo que es razonable que saquemos una posición unánime sobre un asunto complejo, pero, insisto, enormemente grave. De manera que agradezco las aportaciones del Partido Popular, porque creo que enriquecen la propuesta, y las consideraciones hechas aquí por los portavoces del Grupo de Coalición Canaria y del Partido Socialista.

Y decir que sabemos que esto es complejo de resolver, pero yo no tengo claro que lo que hemos vivido en este país de que todo el mundo a los 25 años tiene que tener una vivienda en propiedad sea la solución, porque de aquella consideración tenemos este problema. Es decir, yo les pongo un ejemplo personal. En 1984 mi pareja y yo adquirimos una vivienda modesta en la ciudad de Las Palmas, ambos profesionales, y nos dieron el 70% de lo que costaba la vivienda, que era poco en esa época. 20 años después cambiamos de vivienda y nos dieron el 100%. Yo creo que fue prudente para nosotros y para el banco lo que hizo en el año 84 y fue bastante imprudente, aunque por ahora no tenemos problemas de impago, lo que hizo el banco en el año 2004. Creo que el sistema hipotecario español se desmadró de forma absoluta y hoy tenemos las familias, las instituciones y los bancos un grave problema producto, no de que la Ley del Suelo clasificara suelo para residencia, sino de que liberalizó el suelo y permitió que los ayuntamientos calificaran suelo a mansalva, utilizaran las licencias como fuentes financieras. De ahí muchos casos de corrupción y de ahí muchos de los problemas de la sobreoferta, sobrevaloración y todo lo que hemos vivido de la burbuja inmobiliaria.

En cualquier caso, lo importante es que sacamos una posición unánime sobre un tema importante, sentido y grave que esperemos que el Gobierno de España encauce en la medida de las posibilidades, porque la situación es dramática...

El señor presidente: No, pero, en definitiva, don Román, la palabra era para decir que... (Ante una indicación del señor diputado.) Correcto. Es que eso era de lo que se trataba en esta intervención. Se ha ido un poquito más allá.

Queda la proposición no de ley con el texto de la enmienda. ¿Entendido todo lo que vamos a votar? En realidad es una enmienda de sustitución, que era para lo que le había dado la palabra al portavoz del Grupo Mixto para que lo aclarara, pero, en fin, ya queda aclarado.

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la modificación de la regulación hipotecaria. Queda el texto, queda, como decíamos, con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, es como queda el texto de la proposición no de ley. Comienza la votación (Pausa).

Resultado de la votación: 53 votos presentes, ninguno en contra, ninguna abstención.

Queda aprobada por unanimidad.

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  • 8L/PNL-0036 Sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la modificación de la regulación hipotecaria.


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