Diario de Sesiones 6/2011, de fecha 20/9/2011 - Punto 19

· 7L/IDC-0005 Informe del Diputado del Común. Informe anual correspondiente al año 2010.

El señor presidente: Le damos la bienvenida al señor Diputado del Común, a sus adjuntos, a sus colaboradores aquí presentes. En nombre de todos, la más cordial bienvenida.

Y como está establecido en el orden del día, pues, vamos a tratar el Informe anual correspondiente al año 2010.

Tiene la palabra el señor Diputado del Común, don Manuel Alcaide.

El señor Diputado del Común (Alcaide Alonso): Señor presidente. Señorías.

Comparezco una vez más ante este Parlamento, en este caso para el informe correspondiente al año 2010.

En primer lugar quiero aprovechar la ocasión que me brinda esta comparecencia para saludar a los miembros del Parlamento, tanto a los que continúan en su tarea de servicio como a las nuevas incorporaciones que esta VIII Legislatura ha aportado al servicio público. A todos les deseo el mayor de los éxitos en la tarea que enfrentan, lo que significará esencialmente una mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias.

Señores diputados, el Parlamento de Canarias me designó como Diputado del Común para defender los derechos y libertades constitucionales de la ciudadanía y, en ejercicio de esta comisión y antes de centrarme en el contenido de nuestro informe correspondiente al año 2010, me siento obligado a recordar que el derecho al trabajo es un derecho de rango constitucional, cuya protección y garantía requiere el esfuerzo de todos. Me consta el esfuerzo que las distintas administraciones públicas están haciendo para disminuir el desempleo, pero como defensor del pueblo, como defensor de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, tengo que pedirles que no cejen en su empeño y que continúen luchando por encontrar soluciones a este drama colectivo que estamos viviendo.

Abordando ya la labor institucional, recordarles que en el año 2010 celebramos el 25 aniversario de la institución. Fue el 7 de mayo cuando se realizaron los actos en Santa Cruz de La Palma, sede de la institución, y a donde acudieron nuestros presidentes del Gobierno y del Parlamento, el Defensor del Pueblo de España, los defensores de las comunidades autónomas y demás autoridades y representaciones destacadas.

Precisamente, en nuestro intento por avanzar como institución que debe acomodar su actividad a los retos del siglo XXI, en este año hemos trabajado especialmente hacia la integración en las tecnologías de la información y la comunicación, mejorando nuestro sistema informático, de telefonía y los accesos a nuestra página web. Todo ello con la finalidad primordial de facilitar al ciudadano el acceso directo a nuestros servicios, sin necesidad de tener que acudir personalmente a nuestras oficinas.

En el año 2010 se presentaron 1.378 quejas, si bien el total de las reclamaciones tramitadas ascendió a 2.500, contando las que venían de atrás, de años anteriores. Se han archivado 612 expedientes, de entre ellos 125 lo fueron por solución del problema planteado, 112 por desistimiento de los reclamantes, 91 al no observarse vulneración del ordenamiento jurídico, añadiendo 139 asuntos desviados al Defensor del Pueblo por razones de competencia.

Al mismo tiempo se han realizado más de 9.000 gestiones, a las que hay que añadir las 12.000 consultas atendidas en nuestra oficina, lo que puede, todo ello, permitir dar una idea del trabajo que hemos realizado. En el desempeño de dicha tarea quiero agradecer al personal integrante de la institución el esfuerzo realizado y, en particular, sus aportaciones al presente informe.

De los asuntos tratados en las distintas áreas, la relación de Mayores y Discapacitados, hemos recomendado reiteradamente al Gobierno de Canarias las medidas necesarias para la urgente mejora en los plazos de resolución de los expedientes, que en muchos casos han sufrido retrasos absolutamente incompatibles con el derecho a una buena administración que exige la ciudadanía. Estos retrasos pueden suponer un grave perjuicio para la Comunidad Autónoma de Canarias, por cuanto cabe la exigencia de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal del servicio público.

Otra cuestión que debe ser objeto de reflexión es la dificultad para revertir la situación actual en lo que respecta al predominio de las prestaciones económicas frente a los servicios, para lo cual se requiere un sensible incremento de las plazas públicas residenciales y de centros de día.

Por último, quiero referirme a los casos de fallecimiento. Hemos detectado casos en los que se han archivado los expedientes, que han fallecido después de 30 meses de espera y sus expedientes no se han completado por culpa de la propia Administración de la Comunidad Autónoma, que ha sido incapaz de tramitarlos en el plazo establecido legalmente por la misma Comunidad Autónoma de Canarias. Hemos pedido reiteradamente que esta situación sea inmediatamente subsanada, aunque hasta la fecha no hemos obtenido una respuesta satisfactoria.

Un aspecto primordial del área de las personas con discapacidad es el de la accesibilidad y el diseño para todos como condición necesaria para garantizar una real igualdad de oportunidad a todas las personas.

En el 2010, el Diputado del Común organizó las I Jornadas sobre la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en España desde el 3 de mayo de 2008, con la colaboración de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad y la Cátedra Unesco Derechos Humanos y Democracia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En estas jornadas reflexionaron sobre luces y sombras que hay en materia de espacios y servicios accesibles para todas las personas y se destacó la necesidad de abordar con urgencia en nuestra comunidad autónoma la modificación de la correspondiente normativa territorial que data de 1995 y que se ha visto superada por toda la normativa que le es posterior. Un paso adelante en este sentido lo ha dado el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras, órgano colegiado dependiente de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, que en su reunión ordinaria de diciembre del 2010 ha presentado un proyecto de modificación del texto normativo que nos permita tener una ley de nueva generación como la aprobada recientemente en alguna otra comunidad autónoma como Navarra.

En el área de Menores, el amparo de niños, niñas y jóvenes es una tarea primordial para el Diputado del Común. Unas veces se activa la labor de las administraciones públicas, colaborando dentro del marco competencial al buen fin de las medidas tomadas. En otras ocasiones se supervisa el adecuado funcionamiento de los servicios que se prestan a la infancia o a la juventud. De igual manera se realizan estudios sobre la realidad de aquellos colectivos.

Pero ¿qué papel asumen los niños y las niñas en la variada gama de actuaciones que les afectan? La mayoría de las veces son actores secundarios en los procesos que les atañen. Sin embargo, la infancia debe ser escuchada y tener más libertad y poder para ello. Los tratados internacionales instan a garantizar que la infancia esté en condiciones de formarse un juicio propio. En igual sentido, la normativa estatal y autonómica establece la obligación de las administraciones públicas de fomentar la participación de los menores en la vida pública y favorecerla a través de la creación de entidades que propugnen valores democráticos y de tolerancia.

El Consejo Canario de la Infancia, como culmen del trabajo desarrollado a través del Foro Canario de la Infancia, es una respuesta posible y viable a lo requerido por el ordenamiento jurídico. La iniciativa, sostenida por las administraciones públicas canarias, Unicef y el Diputado del Común, ofrece desde el 2004 un espacio propio de conocimiento, debate y compromiso acerca del cumplimiento de los derechos de la infancia. El trabajo desarrollado ha recibido el apoyo explícito del Parlamento de Canarias a través de una declaración institucional sobre los derechos del niño. En ella se califica al Foro Canario de la Infancia como una experiencia que debe consolidarse mediante la dotación de los medios y recursos necesarios que permitan garantizar su continuidad en el tiempo. El Consejo Canario de la Infancia ha recibido también recientemente el respaldo de la Comisión Interadministrativa del Menor, un heterogéneo grupo de técnicos representantes de la ciudadanía y las instituciones llevarán a cabo la planificación de las actividades de futuro para favorecer procesos participativos y de escucha de la infancia.

En materia de salud los ciudadanos canarios demandan mejoras en la gestión pública sanitaria, reclaman más eficiencia, eficacia y calidad de las prestaciones sanitarias.

Varias son las quejas tramitadas ante la discrepancia del usuario sanitario con la contestación ofrecida por la Consejería de Sanidad a sus reclamaciones en el ámbito sanitario. Hemos observado un aumento de reclamaciones para solicitar el reconocimiento de responsabilidad patrimonial por el mal sufrido en sus derechos como consecuencia del mal funcionamiento de los servicios públicos sanitarios, por lo que este Diputado del Común resalta hoy aquí la necesidad de que la Administración pública sanitaria canaria centre sus esfuerzos en activar, de manera inminente, un plan de organización de la asistencia sanitaria, la calidad asistencial y la gestión de organización de la misma, un plan que garantice a los usuarios canarios la calidad de los servicios sanitarios y la prontitud a la hora de acceder a ellos.

Nuestras recomendaciones y sugerencias para una continua adopción de medidas que permitan una organización sanitaria más adecuada a las necesidades del ciudadano deben servir de auxilio a los poderes públicos en la organización y tutela de la salud pública de los canarios.

En materia de salud pública, atendiendo al ámbito competencial, han sido frecuentes las reclamaciones presentadas por ciudadanos que se quejan de la inactividad de los ayuntamientos en la aplicación de las ordenanzas municipales de limpieza pública, recogida de residuos y actividades molestas o insalubres.

En educación, continúa siendo denominador común a la mayoría de los expedientes de queja tramitados en esta área la falta de respuesta a las solicitudes de los ciudadanos, formuladas por escrito ante la Administración educativa. La mayoría de las quejas interpuestas ante este comisionado parlamentario afecta, un año más, a la educación no universitaria, en sus diferentes ámbitos, en los que la inactividad de la Administración educativa ha perjudicado a los afectados, impidiendo en diversas ocasiones el ejercicio de un derecho fundamental, como es el derecho a la educación consagrado en el artículo 27 de nuestra Constitución.

Respecto al ejercicio anterior, se ha continuado avanzando por esta institución en la investigación iniciada de oficio acerca de los procesos de admisión de los alumnos en los centros educativos públicos y concertados de Canarias y las garantías de transparencia y objetividad que deben regir dichos procesos. Hemos hecho una recomendación, sin que todavía tengamos noticias de su aceptación o rechazo.

En justicia, el convenio de colaboración suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y este comisionado parlamentario nos ha permitido seguir manteniendo una relación directa y fluida con los órganos judiciales ubicados en el territorio de Canarias, respecto a los cuales debemos destacar, un año más, la magnífica colaboración que prestan a este Diputado del Común. Sus contestaciones y sus respuestas son rápidas e inmediatas.

La situación actual de la justicia en Canarias sigue marcada por un importante déficit, no solo en cuanto a órganos judiciales sino también en cuanto al número de jueces, secretarios y demás personal al servicio de la Administración de justicia. Esta realidad continúa provocando la reiteración de quejas por el mal funcionamiento de los órganos judiciales.

Si bien las gestiones institucionales en esta materia se alejan de la habitual supervisión empleada respecto a la actuación de las administraciones públicas canarias, la actividad desarrollada, alusiva al funcionamiento de juzgados y tribunales, nos viene permitiendo detectar y elevar a la Cámara autonómica aspectos importantes de la problemática que afecta a nuestra Administración de justicia.

En el año 2010 destacamos una investigación que hemos realizado de oficio, llevada a cabo para conocer el funcionamiento de la justicia de paz en Canarias. Los datos obtenidos como resultado de la encuesta cursada a los 69 juzgados de paz con sede en esta comunidad autónoma reflejan importantes deficiencias en cuanto a medios personales y materiales para el desempeño de su cometido, lo que nos lleva a demandar una mayor atención a los mismos por parte de las administraciones local y autonómica, cuyas competencias confluyen y deben coordinarse para atender a su funcionamiento.

En el área de Trabajo y Función Pública, este año han sido numerosas las reclamaciones planteadas con relación a las becas o ayudas solicitadas por alumnos inscritos en cursos de formación para trabajadores desempleados que imparte el Servicio Canario de Empleo.

También, en alusión a la actividad desarrollada por el Servicio Canario de Empleo, debemos destacar la aceptación de una resolución de este Diputado del Común, fruto de la colaboración con el área de Discapacidad, en la que se sometía a consideración de esa Administración que en la orientación y búsqueda de empleo para las personas con discapacidad se valoraran también las aspiraciones del demandante de empleo, con la legítima pretensión de recibir una formación específica que le permite integrarse laboralmente cuando termine el periodo formativo.

En Vivienda. Es evidente que venimos constatando cómo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, consagrado por el artículo 47 de la Constitución, está sufriendo, por mor de las circunstancias impuestas por la crisis económica, severos ataques a su efectivo ejercicio para una parte importante de la sociedad. El derecho a una vivienda es una necesidad humana básica, equiparable al alimento, al abrigo o al descanso. Por ello el garantizar el acceso a una vivienda apropiada debe ser una prioridad social y política, ya que la conculcación de este derecho implica la imposibilidad del efectivo ejercicio de otros derechos básicos de carácter social, económico o cultural.

El trabajo cotidiano que desarrolla esta institución nos lleva a evidenciar día a día la situación de extrema necesidad en que se encuentra un gran número de familias canarias, que no pueden acceder al uso de un hogar digno o que se enfrentan, con impotencia y desesperación, al trance de no poder atender las obligaciones contraídas para mantener la propiedad o la posesión de sus viviendas.

En materia de disciplina urbanística, aun cuando las administraciones públicas con competencia en la materia vienen obligadas a intervenir y adoptar las medidas que están previstas para proteger la legalidad urbanística, hemos constatado que no se reacciona con la rapidez que la situación demanda ni se tramitan los expedientes con la agilidad necesaria. Llama la atención de este comisionado parlamentario la frecuencia con la que se encuentra situaciones en las que se ha declarado la ilegalidad de una actuación urbanística y no se producen consecuencias en el plano de la realidad. En general, la razón aducida por las administraciones públicas implicadas para no actuar o para hacerlo tardíamente es la carencia de medios materiales y personales.

La misma carencia de medios ha sido manifestada por la Comisión de Valoraciones de Canarias en materia de expropiaciones para justificar la dilación que se produce en la fijación del justiprecio de los bienes y los derechos de los titulares que se dirigen a dicha comisión.

En las Actividades Clasificadas -que son quejas tramitadas sobre actividades susceptibles de ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad o causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas y las condiciones que en estas se desarrollan-, los importantes motivos de reclamación en esta área son la contaminación, especialmente la acústica, así como las antenas de telefonía móvil. Cuestión que no parece haber resuelto la ley de este Parlamento de ordenación territorial de las telecomunicaciones en Canarias. Dicha ley es un instrumento de ordenación cuyo objeto es la regulación territorial y urbanística de las instalaciones y telecomunicaciones, que si bien garantiza al público los servicios básicos de comunicación electrónica y resuelve determinadas cuestiones, nos remite a la normativa básica estatal y europea en cuanto a la protección de la salud, que es donde está precisamente este elemento.

En cuanto a la Seguridad Pública, se recibieron quejas por la falta de seguridad para el tránsito de personas y vehículos en vías próximas a los domicilios de los ciudadanos o por los que se veían obligados a circular diariamente. Los reclamantes ponían de manifiesto la presunta dejadez de la Administración municipal en sus funciones de ordenación y control del tráfico en las vías normales. Es costoso, según dicen las administraciones, el control específico de esta materia.

En Economía y Hacienda, el mayor número de quejas ha venido motivado por la falta de respuesta de las administraciones financieras y tributarias a las solicitudes y recursos de los ciudadanos.

Otro motivo también ha sido la indebida, el ejercicio indebido, la petición indebida de tributos, teniendo que destacar el aumento de las quejas, cuyo objeto es la dilación en el pago de las deudas reconocidas por la Administración pública.

Durante este año hemos podido observar cómo en el actual panorama de crisis financiera mundial, principalmente crisis de confianza en el sistema económico, se ha incrementado la voracidad recaudatoria de las administraciones públicas y con ello que las garantías que ha establecido el ordenamiento jurídico vigente para proteger a los ciudadanos de las posibles desviaciones en la actuación de las administraciones públicas se vean mermadas.

En Turismo y Transportes, hemos de destacar que el mayor número de quejas proviene también de la inactividad de las administraciones públicas a la hora de resolver las peticiones, solicitudes y recursos de los ciudadanos que las plantean.

De igual manera, el principal motivo de queja en Comercio y Consumo es la falta de respuesta a las reclamaciones presentadas ante las oficinas de consumo, causa reiterativa también en años anteriores.

La actual situación de crisis económica ha supuesto un incremento de las personas que exigen servicios sociales. Las conclusiones a las que hemos podido llegar durante este ejercicio se concretan en que, a pesar de los esfuerzos, no existen suficientes recursos económicos para solucionar el 100% de las situaciones de emergencia. Los ayuntamientos están teniendo serias dificultades en la tramitación de solicitudes de este tipo de ayudas, que han aumentado de forma exponencial, produciéndose una descompensación entre el aumento de nuevas solicitudes y el personal y los recursos disponibles. El sistema de ayudas de emergencia se configura como sistema de parcheo de situaciones extremas que viven algunas familias canarias, así como un sistema del que dependen muchos ciudadanos para solventar sus problemas de supervivencia.

En los servicios públicos, las distintas administraciones deben tomar conciencia de la necesidad de realizar el esfuerzo necesario para que se cumpla de forma efectiva la Ley 30 del año 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Sus prescripciones constituyen un fiel reflejo del mandato constitucional, contenido en el artículo 103 de la misma: "contestar a todas y a cada una de las solicitudes que les dirijan los ciudadanos, resolver en tiempo y forma los procedimientos iniciados, colocar los derechos reconocidos al ciudadano y sus intereses legítimos en situación de prioridad frente a los de la propia Administración". La eficacia constitucional que consagra el artículo 103 de la Constitución española enmarca el objetivo de las administraciones públicas de alcanzar una sociedad más justa y solidaria. Este objetivo requiere, sin duda, una Administración dinámica, participativa y eficiente, que trabaja al servicio de la sociedad con transparencia, objetividad e imparcialidad.

Para concluir, y dado que es probable que esta sea mi última intervención ante la Cámara autonómica como Diputado del Común, quisiera, en primer lugar agradecer a todos los miembros del Parlamento, así como a sus presidentes, el actual y los anteriores, la buena acogida dispensada en todo momento a cuantas cuestiones ha precisado plantear este comisionado. Asimismo, reiterar mi agradecimiento al personal de la institución, que con su trabajo anónimo atiende diariamente las quejas de los ciudadanos, en muchas ocasiones impotentes ante la actuación de su propia Administración.

En definitiva, transcurridos ya casi diez años desde mi toma de posesión, no puedo sino sentirme satisfecho del trabajo realizado, un trabajo realizado al servicio de los ciudadanos, sin mayor interés y ninguna otra formalidad. Un trabajo que espero y deseo que haya contribuido a la garantía y defensa de los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos canarios.

Señor presidente, he concluido.

(Aplausos.)

El señor presidente: Muchas gracias, señor Diputado del Común, don Manuel Alcaide Alonso.

Y entramos ahora en el turno de los grupos parlamentarios, la intervención sobre el informe presentado por el señor Diputado del Común.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez tiene la palabra.

El señor Rodríguez Rodríguez: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señorías.

Me une con el actual Diputado del Común una relación personal, desde hace muchos años, afable y además hemos compartido reflexiones e inquietudes diversas a lo largo de los últimos años. Por lo tanto, mis reflexiones no están referidas al actual Diputado del Común sino a la institución.

He hecho un repaso del documento, de la memoria de las actividades del 2010, y constato dos enormes preocupaciones. La primera: pocas quejas, poquísimas quejas. 1.378 quejas en un país de 2.100.000 habitantes, con servicios públicos diversos, universales, complejos y en crisis, son pocas quejas. Cabría interpretar aquí, como hacen algunos, que la disminución de quejas en relación a esta institución es expresión del buen funcionamiento de la cosa pública. Esa es una interpretación yo creo que benévola y muy alejada de la realidad. Yo creo que la interpretación aquí tiene que ser que esta institución no es hoy una institución identificada por los ciudadanos de Canarias como la institución para defender, para reclamar, para exigir el cumplimiento de los deberes de las administraciones públicas. Hemos perdido la mitad de las quejas en dos años. Insisto, cabría interpretar que todo va bien pero creo que sería engañarnos, y esta es una situación preocupante. La otra, que yo creo que se constata en este informe y en anteriores, es la escasa respuesta y diligencia de las administraciones públicas cuando esta institución se dirige a pedir explicaciones. El nivel de desobediencia -entre comillas-, de falta de respuesta, clama al cielo. Hasta el punto de que, utilizando la misma reglamentación de la ley, el Diputado del Común tiene que recurrir a veces a la consideración de poner en manos de la Fiscalía los incumplimientos reiterados de las instituciones.

Por lo tanto, yo creo que estos dos elementos, de pocas quejas, con las dificultades y problemas que tenemos y la escasa respuesta de las administraciones públicas, ponen en evidencia que estamos ante una institución que tenemos que repensar, que tenemos que rediscutir. Y lo digo porque ahora que se ha puesto de moda repensar todo lo público, yo tengo mis serias dudas sobre la pertinencia de algunas de esas revisiones que se han puesto de moda, pero, ya que estamos y toca, pues, yo creo que esta es una institución que debemos revisar, porque, sinceramente, creo que no está sirviendo para lo que se concibió originariamente y no está siendo el cauce para garantizar derechos, incluso libertades de la ciudadanía, frente al funcionamiento de las administraciones públicas.

Haciendo un repaso por el conjunto de las áreas donde los ciudadanos más se quejan, sorprende ver áreas como la siguiente -que luego tendremos oportunidad de volver a ello-. La aplicación de la Ley de la Dependencia en nuestra comunidad sostengo, con datos, que tiene un notable retraso sobre lo que debiera ser un calendario razonable, un nivel de funcionamiento razonable. Hay 19.000 personas que tienen reconocido el derecho y no reciben la prestación y, sin embargo, solo hay 180 quejas en relación a esta importante ley. Quiere decirse que ni siquiera el 1% de los beneficiarios que todavía no han tenido oportunidad de disfrutar de esos beneficios protesta. No estoy incluyendo a los que la puedan estar recibiendo, nueve mil y tantos, y pueden protestar y al resto que está pendiente de reclamarlo o solicitarlo. Poca casuística para tan tamaño problema.

Pongo otro ejemplo. En la querida isla de Fuerteventura el servicio público sanitario funciona razonablemente bien pero tiene que mejorar. Estamos hablando de facto de 90.000 ciudadanos que viven allí y solo hay una queja en materia sanitaria. Podríamos concluir que la sanidad en Fuerteventura es perfecta, puesto que en un año solo un ciudadano se ha quejado de la sanidad.

Señor Diputado del Común, reconozco el trabajo y el informe. El informe es exhaustivo, larguísimo, intenso, pero la casuística es insuficiente para sacar conclusiones e incluso recomendaciones. Sinceramente, creo que tenemos en esta Cámara que reflexionar sobre el papel de esta institución, de los medios de que dispone, de los elementos de disuasión que tiene y desde luego de la capacidad de atracción ante la ciudadanía para que este sea un cauce para buscar la solución, la respuesta, que el ayuntamiento de turno, el servicio de turno, no le da.

De forma que mi impresión es que debiéramos echarle una pensada a esto cuando corresponda por los procedimientos pertinentes, pero esta institución no está jugando el papel para el que fue diseñada hace más de 25 años, y sí que reclamo que este tipo de instituciones son muy importantes para reequilibrar el papel de los poderes públicos, para buscar cauces que no solo sean la justicia para que a los ciudadanos se les respeten sus derechos.

He hecho un cálculo ahí en el escaño ahora, que sé que se puede prestar a demagogia, pero que ayuda también a interpretar lo que estamos diciendo. Estaba viendo el presupuesto. El presupuesto inicial de esta institución está en torno a los 3 millones de euros, si sumas remanentes, 4,6, pero supongo que no se han ejecutado, y hay, sé que no es esta la única actividad pero la más relevante, la de la tramitación de las quejas, estaríamos hablando de 2.300 euros por queja. Yo creo que hay que pensarse esto, señorías. Y sé que estoy aprovechando el informe del Diputado del Común para un asunto de más calado, pero las oportunidades que tiene el Grupo Mixto no son muchas y sí les puedo asegurar que yo las voy a aprovechar todas, y creo que este tema nos lo tendríamos que repensar. O nosotros conseguimos que esta institución sea atractiva para quien considere que sus derechos están vulnerados, para el ciudadano que, teniendo derecho a una prestación educativa, sanitaria, a una carretera, a un servicio social, si no ve satisfecho el tema, tiene que pensar de forma inmediata que la institución del Diputado del Común es el primer cauce para responder, para exigir a las administraciones públicas. Y esto no lo hemos conseguido. No solo no lo hemos conseguido sino que la progresión de pérdida de quejas, insisto, solo se puede interpretar, con rigor, con falta de eficacia de la institución, de que la gente no identifica a esta institución como la institución más propia para exigir y cumplir los derechos.

Y la otra cuestión -que si no conseguimos esta condición, tampoco las cosas marchan-: si esta institución no se convierte en la conciencia crítica, en un instrumento de control y de disuasión del ayuntamiento de turno, del cabildo de turno, del departamento del gobierno de turno, tampoco. Un informe de estas características, si tuviera más dimensión, más casuística, obligaría a cualquiera a rectificar, a replantearse su funcionamiento y desgraciadamente esto no es así.

Y la última consideración -e incluso no voy a agotar el tiempo, cosa sorprendente, en mi caso-. Pone también en evidencia las debilidades de esta institución el que este Parlamento, o los parlamentos anteriores, no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en la sustitución del actual Diputado, que me consta que desempeña esta función con la mayor entrega y honestidad, pero que, como ustedes y yo sabemos, le tocaba ser sustituido hace muchísimo tiempo, ¿no? Por eso aprovecho también para instar a este Parlamento para que pronto hagamos el máximo esfuerzo de consenso y esta y otras instituciones de control del Parlamento sean restituidas, sustituidas, por las nuevas personas que puedan desempeñar sus funciones. Todo eso conlleva a pensar que, al margen del trabajo, de la entrega, de los muchísimos años de dedicación de don Manuel Alcaide, la institución está en crisis y debemos revisarla, si queremos que cumpla con su función.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Fajardo, Francisco Manuel Fajardo Palarea, tiene la palabra.

El señor Fajardo Palarea: Buenas tardes, señorías. Buenas tardes y bienvenido al señor Diputado del Común y al equipo de trabajo de esa institución.

En primer lugar, me gustaría aclarar que, con total seguridad, hasta donde yo sé, no tenemos ningún acuerdo electoral con Nueva Canarias, porque muchos de los argumentos que voy a dar resulta que ya los ha dicho el señor Rodríguez. Lo digo por si acaso hubiera alguna mala interpretación, señor Rodríguez, que no solamente se ha leído los informes o las intervenciones de los informes del Diputado del Común del año pasado, sino anteriores, por lo que ahora voy a decir.

De todas maneras, decirles, señorías, que, de conformidad con el artículo 194.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias y de lo que establece el Estatuto de Autonomía, estamos tratando el Informe del Diputado del Común correspondiente al año 2010. Tramitado el informe, fue analizado por todos aquellos que formamos parte de la Comisión de Justicia de este Parlamento, fue analizado en la Comisión de Justicia extraordinaria celebrada el día 13 del presente mes al efecto. De ahí que intentaré no reincidir en aquellos temas que ya fueron objeto de aclaración, preguntas o sugerencias, porque esa es la forma en la que se desarrolla la comisión, pero sí voy a recalcar lo que desde mi grupo entendemos más destacable del mismo.

Como ya hemos dicho, el Diputado del Común tiene como misión fundamental el garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos en la Constitución, que sean respetados, y actuar contra las administraciones públicas que, por acción u omisión, vulneren esos derechos y esas libertades. Como también hemos dicho en otros años, don Manuel, su informe no debe ser considerado por el Gobierno autónomo ni por las consejerías ni por sus órganos directivos ni por los cabildos ni por los ayuntamientos como un ataque a los mismos. Su informe es, en definitiva, una radiografía del iter que han seguido o siguen las diferentes quejas que ha recibido, el motivo de dichas quejas, la respuesta de las administraciones a los requerimientos de la institución del Diputado del Común, el estado de dichos expedientes, su resolución y el número de los mismos, acotados por materias; y además también algunas investigaciones de oficio, que usted se ha referido en su intervención a algunas de ellas, que figuran en un informe prolijo de 657 páginas, que, como siempre, todos los años, al igual que el resto de miembros de este Parlamento, nos hemos estudiado con detenimiento.

Como en esta comparecencia, que se celebra en Pleno cada vez que usted viene, todos los años -después me despediré de usted-, de lo que se trata es de fijar posición, yo creo que su informe establece dos conclusiones para mí importantes. La primera, hay una disminución de los expedientes de queja, como decía el señor Rodríguez, incoados con respecto al año anterior. Situación que, como ya analizamos en informes anteriores, puede deberse fundamentalmente a dos motivos: uno positivo, cual es una mejor respuesta de las administraciones canarias a la demanda de los ciudadanos, o uno negativo, que es el deterioro público de la institución, que hace que los ciudadanos lleguen a la conclusión de que quejarse -nunca mejor dicho- no sirve absolutamente de nada. Nosotros optamos por quedarnos con la primera de las hipótesis, con la primera de las situaciones.

Y la segunda, que el aspecto, el gran aspecto, la gran asignatura pendiente -esta mañana hablábamos de abandono, hablaremos también de fracaso escolar-, la gran asignatura pendiente que tiene esta institución es que desde hace años, basta ver los informes anteriores, y además sobre un escenario de menos expedientes -con lo cual las administraciones no pueden alegar que están saturadas por las quejas que les lleguen-, hay una total inobservancia del deber de colaboración por parte de muchísimas instituciones. Así, llama la atención -voy a dar datos- que en el tema de discapacidad, del que usted ha hablado, en su vertiente de grado de cumplimiento de la normativa de accesibilidad y supresión de barreras en nuestro ámbito autonómico, haya sido necesario reiterar el deber de colaborar a la Consejería de Bienestar Social y a 84 de los 88 municipios. Ya lo dije en la comisión: récord absoluto. En Menores, por ejemplo, 8 veces a la Consejería de Bienestar Social y una a la de Educación, destacando el informe que usted hace que las administraciones incumplen con la obligación de colaborar con la institución en los plazos establecidos legalmente, siendo necesario el recordatorio de ese deber legal. En Educación, se dice que continúa como denominador común en la mayoría de los expedientes la falta de respuesta a las solicitudes de los ciudadanos, formuladas por escrito ante la administración educativa, y que se ha tenido que recordar el deber de colaborar a la Consejería de Educación -que por educación debería contestarle a usted- en 21 ocasiones en el año 2010.

En Política Territorial, ya habló usted y mencionó párrafos textuales obrantes en el folio 465 de su informe, pero yo le voy a añadir uno. "Al respecto -decía usted, en cuando al incumplimiento de la normativa de política territorial-, queremos destacar que, con celeridad y agilidad en la actuación administrativa, se podrían evitar muchas de las situaciones que se dan". Y al final llega usted a una conclusión, que se puede resumir en estas palabras: desgraciadamente, en esta comunidad infringir la normativa urbanística sale gratis a veces o desde luego es poco costoso, dando un mal ejemplo las propias administraciones cuando no ejecutan las propias decisiones administrativas o judiciales, reponiendo al estado anterior cuando se incumple dicha normativa. Lo dice usted así en su informe.

Pero, mire, usted ha recordado el deber legal de colaborar a 18 ayuntamientos, ha reiterado el deber de colaborar a otros 18 ayuntamientos, ha reiterado con advertencia de demandarlos al Ministerio Fiscal a 11 alcaldes y ha declarado obstruccionista usted a un alcalde.

Con respecto a la Ley de la Dependencia, yo, como será objeto -decía el señor Rodríguez y es verdad- de otras comparecencias a lo largo de esta tarde, usted hace una radiografía, la verdad, bastante preocupante y en la que nos debemos, todos, de alguna manera empeñar en resolver. O sea, la resolución de estos expedientes en los plazos que establece la ley. Algo tan sencillo como respetar la ley. Y usted pone como ejemplo -ya lo ha hecho en otros años- el tema de gente que pasa mucho tiempo esperando, fallece, y lo que usted dice en su informe es que la Administración no puede intentar sacar ventaja del fallecimiento de una persona, que tenía derecho a recibir esa prestación, negándoles a los familiares la reclamación que hacen, cuando ahí hay sentencias del Tribunal Supremo que así se lo reconocen. Y ahí este año usted hace una nueva acotación, que dice: "otro aspecto por destacar es la paralización de un elevado número de expedientes de los enfermos de alzhéimer, a los que no se les puede reconocer servicio residencial o de centro de día por falta de homologación de las correspondientes plazas".

Voy a tocar también el tema de Servicios Sociales, porque usted hace un análisis muy pormenorizado. Y usted lo que nos viene a decir, en definitiva, es que, a tenor de las quejas recibidas, "no nos es posible realizar un informe más satisfactorio que el del año anterior. Todo lo contrario, las situaciones a las que aludimos en el año anterior continúan dándose e incluso, en algunos casos, ha aumentado el número de quejas que hemos recibido en cuestiones concretas relacionadas con la escasez de recursos y de retrasos en la tramitación de prestaciones económicas. Lo cierto es que los ayuntamientos no dan abasto en la tramitación de [...] personal y los recursos apenas han aumentado en la proporción necesaria para atender el número de personas que acuden, por primera vez, a los servicios sociales en busca de una ayuda de emergencia. Por tanto, es la ayuda de emergencia la que prima en detrimento de otras de larga duración, como las pensiones no contributivas o ayudas económicas básicas, las cuales requieren otro tipo de tramitación y se entregan, en su caso, al cabo de varios meses. La gran mayoría de quejas analizadas en esta institución se refiere a este tipo de ayuda económica, que debe otorgarse de forma inmediata, pues su objetivo es cubrir la perentoria necesidad de subsistencia del solicitante".

Yo me he leído sus conclusiones, que figuran en las páginas 610 y 613, que deberían leerse todos los diputados y ponernos todos a la tarea, con independencia de la fuerza política en la que militemos y con independencia de que estemos en la Oposición o apoyando al Gobierno, para intentar solucionar el problema de estas personas.

Yo, en los años anteriores, siempre hemos terminado este debate, don Manuel, de una forma un tanto arisca, pidiéndole... -no, no por su parte; ¡también, pero bueno!-, yo pidiéndole en algunas ocasiones la dimisión; pero quiero ser proactivo -y termino-. Miren, desde el Grupo Socialista entendemos que tenemos la obligación todos los grupos y fuerzas políticas de intentar conseguir, primero, grandes acuerdos, grandes consensos, para la renovación de todos aquellos órganos que dependen de este Parlamento -hablo del Consejo de Radiotelevisión Canaria, del Consejo Consultivo, de la Audiencia de Cuentas y de la figura del Diputado del Común-; en segundo lugar, conseguir inculcar a nuestros cargos públicos, estén donde estén, que las obligaciones que dimanan de la propia ley que regula el Diputado del Común, del Diputado del Común, hay que cumplirlas, porque yo no sé qué parte de la ley no entienden, y hablo incluso de los cargos públicos del Partido Socialista, que también incumplen, porque cuando se dice, hay que decirlo todo; y, en tercer lugar, debemos utilizar los medios de comunicación que tiene esta comunidad para poder volver a poner en valor la figura de la institución...

El señor presidente: Tiene un minuto para ir concluyendo, don...

El señor Fajardo Palarea: ...que tiene que desarrollar esa institución. Esa es la gran asignatura pendiente que también tenemos y en la que todos debemos poner nuestro esfuerzo.

Señor Alcaide, le deseo lo mejor, le deseo salud, la mejor de las suertes en su vida. Yo en la comisión no lo despedí, ahora sí. Y permítame, para distender, una nota de humor: yo le he pedido a usted la dimisión en varias ocasiones en años anteriores, porque usted sigue ahí y yo casi no estoy aquí después de estas elecciones.

Gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Manuel Fajardo.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, doña Flora Marrero Ramos.

La señora Marrero Ramos: Muchas gracias, señor presidente. Señor Diputado del Común, bienvenido una vez más a esta su casa y a todo el equipo que le acompaña, en especial a los adjuntos de la propia institución del Diputado del Común.

Yo quiero empezar esta intervención recordándole el compromiso que usted asumió en la comisión que celebramos el 13 de septiembre, la semana pasada, y le digo que quiero recordarle el compromiso que asumió porque me dio mucha alegría, y son dos temas importantes. Uno, la solicitud que nosotros le hacíamos, porque nos parecía importante recogerlo en el informe, que los datos, las estadísticas que figuran en el informe del Diputado del Común puedan estar segregadas por sexo y ahora después, a lo largo de mi intervención, voy a dar algunas pinceladas de por qué me parece importante, cuando leemos cada uno de los escritos de queja. Y después, en segundo lugar, el compromiso que usted asumió en la comisión parlamentaria de crear, conforme a la Ley de Igualdad, la adjuntía especial de igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género. Usted sabe, y quiero recordarlo, las tres funciones que tendría esta adjuntía: una es promover y proteger los derechos fundamentales y las libertades individuales de las mujeres frente a cualquier tipo de actuación de las administraciones públicas canarias, empresas, entidades u organismos vinculados o dependientes de las mismas, promoviendo al Diputado del Común las actuaciones que considere más eficaces a tal fin; en segundo lugar, poner de manifiesto ante el Diputado del Común las discriminaciones por razón de género provocadas por actos o disposiciones administrativas y llevar a cabo las actuaciones previstas en la presente ley en relación a las mismas; y, en último lugar, realizar investigaciones, documentar quejas y emitir informes, propuestas de actuación y recomendaciones al Diputado del Común en materia de derechos de las mujeres, igualdad y violencia de género para su tramitación ante las administraciones públicas canarias.

Usted sabe, señor Diputado del Común, que los derechos de las mujeres son derechos universales, y eso es importantísimo. Y se lo vamos a agradecer el 52% de esta sociedad, el crear esa adjuntía de igualdad entre hombres y mujeres y violencia de género. Y además, lo más importante, no le va a costar ni un euro en este caso. ¿Por qué?, porque simplemente, y nosotros como ponentes de la Ley de Igualdad lo valoramos en su momento, porque ya estábamos en un contexto de crisis económica, simplemente es atribuir esas funciones a un adjunto que ya está. Facilísimo, no le va a costar nada y a mí me parece que es importante. Por eso le agradezco, le agradezco ese compromiso y sé que lo va a hacer antes de que usted abandone sus responsabilidades y, desde luego, repito, se lo vamos a agradecer el 52% de la sociedad, que son las mujeres y que estoy convencida de que los hombres que están en esta Cámara también.

Tiene usted tres funciones, que son la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía, la protección -y esto es importantísimo- de los sectores más desprotegidos y después la propia supervisión de las administraciones públicas canarias. Aquí se ha dicho -y lo decía el compañero del Grupo de Nueva Canarias, que sí, que vamos a tener un pacto para las próximas elecciones- que le parecían pocas quejas, pero no tenemos que olvidar -y lo hemos dicho alguna vez en este informe- que cuando acude usted, el administrado, la persona, la administrada, lo hace ante la inacción de las administraciones públicas en cualquier ámbito: insular, municipal o la propia comunidad autónoma o el Estado. ¿Por qué digo esto?: porque muchas de las quejas, que se resuelven directamente ante las administraciones, son resueltas, directamente. Porque hay dos cauces: una que, ante el mal funcionamiento de las administraciones, nosotros nos quejamos y nos lo resuelven o no; y después las 1.378 quejas que llegan al Diputado del Común yo entiendo -y esto es una interpretación que hago- que muchas veces, cuando ha tocado todas las puertas y no se le abren.

Nosotros hacíamos en la comisión una reflexión de lo importante que es que haya puesto en la página web esa posibilidad de quejarse a través de Internet, porque veíamos que el mayor número de quejas es en las capitales de las diferentes islas, es decir, en aquellos municipios más alejados es donde menos quejas hay. ¿Por qué?, porque el 70% de las quejas ante la institución del Diputado del Común son personales, y a nosotros nos parece positivo esta medida de facilitar el acercamiento, que además sería también el conocimiento de su institución.

Me parece importantísima la reflexión que hace y las recomendaciones que hace, que nosotros después lo vamos a trabajar a lo largo del año, a las diferentes consejerías y a los ayuntamientos, y curiosamente la Administración que menos quejas tiene es la autonómica. Estamos hablando de que además, en relación a los años anteriores, ha sufrido inclusive una minoración. Estamos hablando de que en la Administración autonómica, en la distribución porcentual de quejas, estamos hablando de un 14% y las mayores quejas es en las administraciones insulares y en las municipales. Lo digo porque muchas veces estamos en sede parlamentaria y parece que todas las quejas son ante la Administración autonómica, y es todo lo contrario. Me parece, bueno, es una valoración que hacemos aquí.

Me parece importante la reflexión que hace en los convenios de las personas con discapacidad, el cambio de perspectiva, el considerarse como unos sujetos de derechos humanos. Y desde luego me parece importante, porque eso es un chip que hay que cambiar.

Y sobre todo en el Foro Canario de la Infancia, pues, el cumplimiento. Cuando usted hacía una reflexión de que son las personas más desprotegidas... Cuando vemos después en los escritos de queja de cada una de las reclamaciones, en el caso de los menores ya no estamos hablando de las situaciones dramáticas de aquellos años de los menores inmigrantes, que eso desde luego, de los no acompañados me refiero, ya es un número reducido, pero sobre todo las quejas son de su familia, en menor medida de las personas que no tienen vínculo familiar, que son las excepcionales, lo que usted llama "iniciativas por terceros", y desde luego... También me ha llamado la atención una queja de una madre que ha denunciado a su propio hijo, porque no podía, y pedía a la propia Administración que se hiciese cargo de ese menor.

En relación a las personas mayores, me parece importante la reflexión y el trabajo que se ha hecho de contextualizarlo en la situación actual de crisis económica, porque usted hace una reflexión y una serie de recomendaciones, que el impacto de la crisis económica está afectando sobre todo a las personas que son más desfavorecidas y hace una serie de recomendaciones a la Administración.

También me parece positiva la reflexión que hace en algunas quejas sobre lo que usted denomina "el cuidador informal". ¿Y quién es el cuidador informal?: las mujeres. ¿Y por qué el cuidador informal son las mujeres? Pues precisamente en los escritos de queja que usted hace en referencia a la Ley de Dependencia el 31% lo han hecho las hijas y el 16% las mujeres. Estamos hablando de un 31% en la totalidad. Es decir, al final, en la Ley de Dependencia quien más se queja son las cuidadoras. Por eso me parece importante que las quejas estén segregadas por sexo, porque cuando usted hace un análisis en la Ley de Dependencia, que no lo hace a lo largo del articulado, es significativo.

En relación a los acogimientos ...(Ininteligible.), usted hace también una reflexión que está en retroceso, y a mí me parece que esto lo hablaremos después nosotros en la comisión correspondiente y me parece que hay que analizar el porqué, porque a mí me parece que es un instrumento importante.

En relación a las personas mayores, usted hace una reflexión importante. Al principio, cuando usted asumió esta responsabilidad, las mayores demandas eran demandando los servicios residenciales. Esto se entiende que ya están cubiertos y ahora, esa etapa ya ha pasado y ahora lo que están demandando, lógicamente que afecta más a las mujeres -como usted recoge en su propio informe, en los escritos de queja son muchas más las mujeres que se quejan-, pues, actualmente las mayores reclamaciones es en función a las prestaciones económicas.

En relación a las actividades clasificadas, también usted señala como conclusión importante que, al no haber industrias, pues, las quejas hacen referencia a las cementeras.

Es importante también la situación que hay en el área de agricultura, sobre todo, pues, con las instalaciones de las granjas, que al final, está la granja, va la urbanización y se quejan, pues, por actividades insalubres, y yo creo que esto es importante y esto lo ha paliado la ley que se aprobó en el Parlamento en la legislatura pasada.

Me ha gustado una queja, una queja que me parece importante, y me ha gustado cuando la leí. Es en el ámbito de la cultura. Una queja que hay de una persona donde pide que las bibliotecas abran por la tarde, que solo abren por la mañana. Y desde luego cuando yo leí esa queja me gustó, me gustó que eso esté reflejado en un informe del Diputado del Común, y espero que en el sitio en el que esté, porque no está recogido en el escrito porque son anónimas, que eso se subsane y estaré pendiente el próximo año.

En justicia, que es una de las administraciones que más quejas ha...

El señor presidente: Doña Flora, tiene un minuto para ir terminando.

La señora Marrero Ramos: ¡Ah!, usted mismo hace una reflexión, que el número de quejas que se ha incrementado en materia de justicia ha sido porque los asuntos se han triplicado, y usted hace también, acude al Consejo General del Poder Judicial para que haga una serie de recomendaciones para que ese asunto se subsane.

Y yo ya, para terminar y no agotar el tiempo, señor Diputado del Común, estimado amigo, don Manuel Alcaide, para mí ha sido desde luego un aprendizaje el estudiar los informes a lo largo de estos años y sobre todo han sido un aprendizaje las conversaciones que hemos tenido personalmente, y yo le deseo toda la suerte del mundo porque se la merece.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Flora.

Y por el Grupo Parlamentario Popular, señor diputado, don Emilio Moreno.

El señor Moreno Bravo: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Diputado del Común y demás personalidades y funcionarios de la institución.

Me estreno ante ustedes en este Pleno y precisamente para exclusivamente fijar posiciones, conforme establece el artículo 194 del Reglamento del Parlamento de Canarias.

Esta tarde hemos asistido precisamente al Informe anual que el Diputado del Común, don Manuel Alcaide, debe exponer conforme al meritado artículo. Y vaya por delante, sin ninguna duda, mi reconocimiento personal al Diputado del Común, don Manuel Alcaide, ilustre jurista, que ha condensado en la exposición precedente las actividades desplegadas por su institución durante el año 2010.

Ya se ha expuesto por parte de los diputados que me han precedido en el uso de la palabra y que por ser el último de los que hablo voy a reiterar y repetir muchas de las argumentaciones que han efectuado. Y precisamente se ha puesto de manifiesto que, conforme al artículo 1 de la Ley 7/2001, reguladora de la institución, el Diputado del Común es el alto comisionado designado por el Parlamento para la defensa de los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos y, concretamente, para supervisar la actividad de las administraciones públicas canarias en sus relaciones con los ciudadanos, con el fin de garantizar dichos derechos y dichas libertades.

En este sentido, entiende el Grupo Parlamentario Popular que el informe presentado cumple con creces lo preceptuado legalmente. Es un informe extenso y además pone de manifiesto la importante cantidad -pese a la reducción, es verdad, que en este año ha habido conforme al número del registro de quejas- de los ciudadanos que, confiando en su institución, han acudido precisamente a obtener su amparo para conseguir el oportuno auxilio y solución a sus problemas o bien para poner en evidencia las desviaciones de las administraciones públicas canarias ante una actuación no ajustada a Derecho o bien una actuación abusiva. Su extenso informe, en primer lugar, permite obtener dos conclusiones: o una, que no se creen los ciudadanos ya la institución del Diputado del Común, u otra, que ha mejorado inevitablemente la actuación de la Administración pública canaria.

Evidentemente existe un notable descenso de las quejas registradas durante el año 2010 en relación con las registradas durante los años 2009 y 2008, concretamente 1.378. Yo en este caso no tengo capacidad de poder determinar si esa conclusión va a efectos positivos para la institución y las administraciones públicas canarias o al revés. Eso sería objeto, creo, de mayor estudio y debate. Lo cierto, y es verdad, es que el informe presentado por parte del Diputado del Común debe servir de guía en todo caso y en todo momento a los poderes públicos canarios en el desempeño de su función y de su gestión, y así debe ser entendido.

Sin embargo, y es importante evidenciarlo, a raíz de la exposición, informe del Diputado del Común, la mayoría de las quejas durante el año 2010 precisamente vienen referidas a una materia de especial sensibilidad para la ciudadanía, como son precisamente las 138 quejas advertidas en el ámbito de la Administración de justicia. Y precisamente, atendiendo a su informe, a sus exposiciones, es importante observar que toda la materia y todas las propuestas que puedan realizarse en el ámbito de la Administración de justicia deben partir precisamente de la fragmentación de nuestro territorio, que incide sobremanera precisamente en las medidas que deban postularse para la gestión y administración de estas competencias, y ello precisamente ante el reto que tienen los poderes públicos de ofrecer una respuesta adecuada a sus ciudadanos, que a la postre redunde en una rápida respuesta a sus necesidades sociales.

Varias son las quejas que hay en este sector. Por detallar, sobrecarga de trabajo de los juzgados y tribunales. Por poner ejemplos concretos: falta de escáner, necesidad de una mejora del servicio infor­mático, formación profesional e informática de los trabajadores de los juzgados y tribunales con el fin de optimizar recursos. En otro ejemplo concreto: falta de nombramiento de dos tramitadores de refuerzo, petición que había sido efectuada en un informe por parte... o propuesta precisamente por parte del Consejo General del Poder Judicial, en un informe de febrero del 2010.

Los casos se repiten, evidentemente, y, por tanto, entendemos que debe haber un esfuerzo especial por parte de los poderes públicos canarios para precisamente ahondar y mejorar esta problemática que existe en la Administración de justicia. Es evidente que con dichas deficiencias la maquinaria no va a funcionar perfectamente. Se debe dotar de infraestructuras necesarias a nuestra Administración de justicia, de modo que los profesionales involucrados en las tareas judiciales vean que cuentan con infraestructuras adecuadas y mecanismos útiles.

Debe tenderse a una plena incorporación en los juzgados y tribunales de las nuevas tecnologías, con el fin de que se produzca la generalización de los sistemas de digitalización documental, intercambio de documentos, firma electrónica, transmisión telemática de procedimientos, y así lo propone precisamente en su informe o son conclusiones que se extraen de su informe. Entendemos precisamente que, ante la crisis que nos asola, la posibilidad de ofrecer una Administración de justicia eficaz y rápida es precisamente una de las mejores garantías para los emprendedores y autónomos, que saben que sus respuestas judiciales a sus conflictos serán rápidas y ágiles.

No me gustaría abandonar este sector precisamente o esta materia sin dejar de resaltar que, pese al déficit reconocido en su informe con relación a los órganos judiciales y al números de jueces y magistrados en nuestro territorio, el alto índice de resolución de los asuntos por parte de los jueces y magistrados que sirven en este territorio, y ello pese a encontrarnos con abundantes órganos judiciales sobrecargados, así como una elevada tasa de trabajo.

Con relación a las funciones previstas en el artículo 16 de la ley reguladora de la institución, la 7/2001, concretamente la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a la vulneración producida por las acciones u omisiones de las administraciones públicas canarias, hay que realizar varias puntualizaciones. En el ámbito de personas con discapacidad, nos encontramos precisamente con que debe destacarse, tras la lectura de su informe, la situación de la red de recursos y/o servicios públicos incluidos en el Programa sociosanitario de atención a personas con discapacidad, conocido como PAD, donde se ha detectado en su informe un especial déficit de plazas para atender las necesidades de apoyo a las personas con discapacidad en la isla de Gran Canaria. Se incide, precisamente, en su informe en esta falta de recursos para las personas con discapacidad, detectándose, a fecha 29 de octubre del 2010, una lista de espera de 267 personas: 100 personas a la espera de un recurso de régimen externo y 167 a la espera de un recurso de régimen interno. Y ello pese a contar con una resolución de la oportuna Comisión Sociosanitaria Insular de Acceso y Seguimiento favorable para acceder a un recurso. Y así expresamente se decía en su recomendación, en la consideración octava de su recomendación, en tres de los expedientes más antiguos, del 2007 y 2008, que la situación de acceso de las personas a los recursos se ve retrasada en muchos casos durante años, pasando a engrosar unas listas de espera paralizadas por la falta de recursos.

Debemos felicitarnos, por ejemplo, a raíz de su informe, por la escasez de quejas en el ámbito de centros de menores de ejecución de medidas judiciales.

Debemos felicitarnos también porque se ha producido un descenso continuado, desde el año 2008, del número de menores extranjeros no acompañados y llegados a Canarias y que en el año 2010 ascendió a la cifra de 52, frente a las elevadas cifras de años anteriores.

Y además exponer que parte de las quejas referidas venían, precisamente, con la finalización por parte de la administración insular de El Hierro de un servicio que se ofrecía anteriormente en dicho sector.

Y con relación a la supervisión que efectúa su institución precisamente en la actividad de las administraciones públicas canarias debe resaltarse la incoación de expedientes de diversa consideración. Llama, por ejemplo, la atención el número de quejas en el año 2010 relativas a mayores o viviendas, que sea superior -precisamente 80 quejas cada una- a las advertidas en otras áreas, como es la de salud y sanidad públicas; y permite tal vez inferir, seguramente, el denodado esfuerzo, por parte de la administración sanitaria canaria, en avanzar hacia una atención y prestación sanitarias cada vez más eficientes.

Ante datos anuales tan abultados de consultas médicas e intervenciones quirúrgicas realizadas por parte del Servicio Canario de Salud, el montante global de las quejas recibidas en materia de sanidad y salud pública entendemos que no es llamativo, sobre todo si se compara con otras quejas en sectores tales como justicia, educación, mayores, vivienda, medio ambiente, por referir algunos ejemplos. Ya se ponía de manifiesto la inexistencia de quejas en sanidad y salud pública en las islas de Fuerteventura y El Hierro, pero en La Gomera se reduce, precisamente, exclusivamente a una queja.

Desde el Grupo Parlamentario Popular también se quiere dejar constancia del esfuerzo, precisamente, que se está desarrollando por parte de la administración sanitaria en el ámbito de la problemática concerniente a las listas de espera y que así se refleja, precisamente, en su informe, aludiendo a la página web de la Consejería de Sanidad y a la cifra global de listas de espera, a fecha 31 de diciembre de 2010.

Además es importante referir que se aumentan, precisamente, en este ámbito de la sanidad y salud públicas expedientes relativos a la normativa municipal de limpieza pública y recogida de residuos, que necesariamente viene a incrementar la estadística pero que no está expresamente relacionado con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias durante el año 2010.

Ya le dije, en relación con economía y hacienda, en la Comisión de Justicia del otro día el esfuerzo que hay por parte del Diputado del Común de que se reconozca la institución de la prescripción tributaria y la caducidad del expediente. Le dije que, si bien es verdad que la jurisprudencia del Tribunal Supremo expone que es inaplicable la renuncia de la prescripción ganada en el ámbito tributario, a diferencia...

El señor presidente: Sí, don Emilio, tiene un minuto para ir concluyendo, por favor.

El señor Moreno Bravo: Muchas gracias, señor presidente.

Lo que sí es verdad es que en esos expedientes de queja se aborda una casuística de especial complejidad, en la que es muy difícil determinar, a bote pronto, precisamente si existía una prescripción de la deuda tributaria, si existía una caducidad de los procedimientos. En todo caso, entendemos que siempre le queda al ciudadano la posibilidad de acudir precisamente a los tribunales ordinarios a través del ejercicio de recursos contencioso-administrativos.

Acabando. Datos en relación con actividades clasificadas y espectáculos públicos, de interés ciudadano creciente, como es el tema de los ruidos, olores y campos electromagnéticos, que ha puesto de manifiesto, que evidencian una falta de actuación por parte de las administraciones y en ocasiones de la Administración municipal.

No tengo tiempo. Despedirme, nada más, deseándole lo mejor y esperando que se alcance en el momento -recogiendo el guante que se ha ofrecido por aquí- un acuerdo precisamente en la renovación de la institución.

Nada más. Muchas gracias.

El señor presidente: Muchísimas gracias, señoría, don Emilio.

Concluido el informe y la posición de los grupos parlamentarios, solo queda agradecerle su trabajo, señor Diputado del Común, a sus adjuntos, a sus colaboradores, y dejar constancia aquí por parte de esta Presidencia, que ha vivido de cerca todo este proceso, que también es digno de reconocer el esfuerzo que usted ha hecho y la dedicación que ha prestado en las circunstancias tan especiales en las que ha tenido que desarrollar su trabajo, especialmente en estos dos últimos años, donde me consta personalmente lo que usted nos ha trasladado, de sus deseos de que se resuelva definitivamente la situación de provisionalidad de la institución.

En cualquier caso, don Manuel, sus diez años de trabajo yo creo que no han pasado desapercibidos. ¡Enhorabuena!

Muchas gracias.

(Aplausos.)

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