Diario de Sesiones 8/2011, de fecha 27/9/2011 - Punto 20

· 8L/C-0059 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre el concurso para el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia.

El señor presidente: Y vamos a la siguiente comparecencia: del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre el concurso para el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia.

Don Víctor Moreno del Rosario.

El señor Moreno del Rosario: Señor presidente. Señorías.

El Grupo Popular ha presentado esta solicitud de comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara para que nos explique, para que nos aclare en sede parlamentaria el concurso de licencias de radio, porque hasta la fecha aún no lo ha hecho.

Se nos plantean muchas dudas, demasiadas diría yo, pero les voy a confesar una cosa: esas mismas preguntas que nosotros nos hacemos se las plantean también las empresas que se han visto afectadas, los muchos trabajadores que ven peligrar sus puestos de trabajo y, en general, la sociedad canaria en su conjunto, porque, en definitiva, este es un concurso que nos concierne a todos. Y es que, señorías, no estamos hablando de un procedimiento más de los habituales en la Administración; se trata de un concurso que incide directamente sobre el derecho y la pluralidad de la información.

No podemos olvidar que a finales de la pasada legislatura, concretamente el 15 de diciembre de 2010, resultó aprobada por el Parlamento de Canarias una proposición no de ley del Grupo Socialista, con el apoyo del Grupo Popular, dirigida a suspender todo el procedimiento puesto en marcha para el otorgamiento de licencias de radio. ¿Por qué? Pues porque este no es un tema menor, es un asunto de calado, de demasiado calado, para que lo ventilara un Gobierno en minoría, que no contaba ni siquiera con el respaldo de una tercera parte de la Cámara. Nosotros consideramos inoportuno, improcedente y claramente abusivo que el Gobierno persistiera en su afán por adjudicar el referido concurso con la legislatura prácticamente acabada. Pero, a pesar de todo ello, a pesar de que la proposición no de ley resultó aprobada por 40 votos a favor y tan solo votaron en contra apenas 16 diputados de Coalición Canaria, el Gobierno de Canarias decidió dar la espalda al Parlamento y decidió seguir adelante.

Decíamos entonces, señorías, y mantenemos ahora que el aplazamiento hubiera contribuido a disipar cualquier sombra y tentación de que la pluralidad política corriera peligro. Sombra de duda que ha alcanzado unas dimensiones tan grandes que ha ensombrecido el panorama radiofónico en Canarias y que ustedes deberán aclarar en el día de hoy, porque, a diferencia de lo que sucede en el Estado o en comunidades autónomas, unas gobernadas por el Partido Popular y otras por el Partido Socialista, aquí no tenemos un consejo audiovisual independiente, elegido por el Parlamento. Aquí ha sido una mesa de evaluación, directamente dependiente del Gobierno de Coalición Canaria, la elegida para que sea la encargada de valorar las solicitudes presentadas. Una mesa de evaluación con un marcado sesgo político. ¡Vaya sí la tiene! En el momento de la adjudicación, estaba presidida por don Fernando Ríos, hoy diputado nacional de Coalición Canaria, y dirigida por el viceconsejero de Comunicación y portavoz del Gobierno, don Martín Marrero, aunque no podemos olvidar que el máximo responsable es, sin lugar a dudas, don Paulino Rivero, ya que, al margen de ser el máximo responsable del Ejecutivo, estamos hablando de un área y de un concurso que dependen directamente de la Presidencia del Gobierno. Por lo que, debido al calado del asunto y que es a él a quien le compete directamente, entendemos, señorías, que debería ser él quien estuviera hoy dando la cara en nombre del Gobierno en esta comparecencia.

Deberán ustedes aclarar y explicar por qué los días previos a que se comunicara oficialmente a los interesados las empresas adjudicatarias, empezaron a producirse sospechosas llamadas telefónicas a los medios de comunicación con filtraciones sobre las licencias que se habían otorgado. ¡Sí, señorías! Filtraciones que, por cierto, luego vinieron a confirmarse una vez que se hiciera público de forma oficial por el Gobierno. Esto nos parece un hecho muy grave y desde el Partido Popular le exigimos al Gobierno de Canarias una explicación. Queremos que nos digan qué medidas han adoptado al respecto o cuáles son las que piensan tomar, y qué han hecho para depurar responsabilidades, porque, suponemos, no será difícil saber quiénes tuvieron acceso a la propuesta de la mesa antes de que esta se hiciera pública.

También queremos saber cuándo el Gobierno va a publicar en el Boletín Oficial de Canarias el acuerdo de resolución del concurso. ¿Están quizás esperando a que tengan lugar las elecciones del próximo 20 de noviembre?

Y, por último, queremos que nos digan cómo van a garantizar que los adjudicatarios cumplan con las obligaciones que se incluyen en las bases de la convocatoria y los compromisos asumidos en sus solicitudes.

Muchas gracias.

El señor presidente: Gracias, don Víctor.

Por el Gobierno, señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, don Javier González Ortiz.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Señor presidente, señorías. Buenas tardes a todos y a todas.

Antes de entrar en el asunto de fondo que motiva esta comparecencia, me gustaría hacer algunas consideraciones previas. La primera de ellas, aunque pueda parecer obvia, es que el espacio radioeléctrico es limitado. Por consiguiente, solo es posible la presencia de un número determinado de frecuencias. Número que además viene regulado por una planificación técnica estatal que concede a Canarias 200 frecuencias de régimen general para servicios radiofónicos con carácter económico. De esas 200 están adjudicadas 44 desde hace unas dos décadas. Por tanto, quedan pendientes de adjudicación 156, que son las que se han sacado a concurso. Actualmente, según los últimos datos de las jefaturas provinciales de inspección de telecomunicaciones, están ocupadas en las islas unas 550 frecuencias pertenecientes a 200 empresas.

En segundo lugar, la Ley General Audiovisual, de ámbito estatal, que entró en vigor el 1 de mayo de 2010, establece, en su artículo 27.4, que cualquier particular puede instar la convocatoria de concurso para frecuencias, como de las que estamos hablando hoy, desde el mismo momento en que entrara en vigor la ley. La comunidad autónoma tendría entonces que convocar el concurso y por eso tenía un plazo de 6 meses. Y, lo que es más importante, en esa misma ley se establecía que, si en los 12 meses siguientes a la publicación de la ley no se convocaba el concurso, las frecuencias desaparecerían. Es decir, que, de no haberse convocado el concurso por la comunidad autónoma, ahora mismo Canarias no dispondría de 156 de las 200 frecuencias asignadas por el Estado a Canarias.

Por consiguiente, señorías, la convocatoria del concurso público obedece, en primer término, a un imperativo legal. Pero no solo eso: el sector radiofónico canario venía reclamando formalmente, desde el inicio de la pasada legislatura, una adecuada regulación del mismo. Regulación que pasaba por la convocatoria de un concurso para asignar frecuencias. Esta fue una demanda unánime del sector radiofónico, tanto de las empresas que ya tenían otorgadas algunas de las 44 frecuencias anteriores como de aquellas que estaban emitiendo sin frecuencia autorizada. Es más, el sector no pedía únicamente el concurso sino que este se convocara con la mayor urgencia posible.

La decisión del Gobierno de Canarias de convocar un concurso para la asignación de frecuencias se justifica, por tanto, en una doble dirección: por un lado en un imperativo legal y, por otro, en una demanda generalizada del sector. Ni más ni menos.

Hechas estas consideraciones, previas, importantes para contextualizar el marco de decisiones del Gobierno, vayamos ahora al fondo del asunto.

Una vez entra en vigor la Ley General Audiovisual y atendiendo a esa demanda del sector, con la mayor celeridad posible el Gobierno de Canarias aprueba un decreto, publicado en julio del 2010, en desarrollo de la citada norma estatal, y ese mismo mes, concretamente el 29 de julio, se publican en el BOC las bases que regirían el concurso. Bases que a su vez se fundamentan en los criterios que ya figuraban en el decreto. Julio del 2010.

Llegados a este punto, es importante destacar que ninguna de las empresas finalmente licitantes en el concurso impugnó esas bases, en las que se establecían detalladamente los criterios de baremación. Hubo recursos contra la convocatoria del concurso, pero ninguna de las empresas concursantes recurrió los criterios de valoración, o sea, que estaban formalmente de acuerdo con ellas. Un dato relevante en todo este procedimiento.

Los recursos que están ahora mismo en vía judicial por parte de las empresas concursantes son por otros motivos. El balance total de las actuaciones judiciales de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre este procedimiento es de 38, 38 autos denegando la suspensión del concurso, o sea, avalando la continuidad del mismo, 3 autos de archivo y 5 pendientes. La mayoría de todos estos autos responden a recursos presentados por empresas que resultaron inadmitidas al concurso debido a que su representante legal presentó las ofertas fuera de plazo.

En consecuencia, y hasta la fecha, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha apoyado las tesis del Gobierno de Canarias para seguir adelante con la convocatoria, con el argumento de que se trata de un asunto de interés general. Máxime cuando han transcurrido dos décadas sin que se haya celebrado concurso alguno y que se está cumpliendo una ley de ámbito estatal.

Siguiendo un orden cronológico, una vez publicada la convocatoria, se concedieron dos meses a las empresas para que pudiesen presentar sus ofertas. Dos meses para no incluir el mes de agosto. Pues bien, fueron admitidas al concurso 694 ofertas, pertenecientes a 90 empresas. Como pueden comprobar, estamos hablando de una proporción de casi 1 a 5 con respecto a lo solicitado y a las frecuencias que Canarias puede adjudicar según la planificación estatal.

Con las ofertas aceptadas, la mesa de evaluación comenzó su labor. Una labor estrictamente técnica, que consiste en puntuar las ofertas de acuerdo a los criterios de baremación. Criterios que, por cierto, destacan por su minuciosidad, si se comparan con los que han regido en concursos de otras comunidades autónomas. No hace falta, por tanto, explicar que cuantos más criterios se establezcan menor es el margen de discrecionalidad. Precisamente por eso el concurso en Canarias tiene 18 criterios de baremación.

Y permítanme que me detenga brevemente en este punto para establecer que las bases del concurso establecen cuatro bloques diferentes de baremación: la programación, criterios económicos, propuesta tecnológica y fomento del empleo; y cada uno de esos bloques está dividido en subcriterios debidamente aclarados en la parte textual de la convocatoria. El peso, el bloque que más peso tiene es el de programación, con un 57% del total. Precisamente ese bloque es el que más subcriterios tiene, 8, porque era el que más podría en su caso estar sujeto a la discrecionalidad, que no lo ha estado. El trabajo que ha desarrollado la mesa ha sido un trabajo estrictamente técnico y, consecuentemente, ajeno a consideraciones políticas, partidistas o de interés particular.

El Gobierno, como no podía ser de otra manera, ha concebido un procedimiento absolutamente neutral, imparcial, en el que todas las empresas concurriesen en las mismas condiciones y no hay nadie que, a la vista de los 18 criterios de baremación contenidos en las bases, pueda arrojar ninguna sospecha de parcialidad en el procedimiento, porque son, precisamente, estos criterios los que garantizan la neutralidad de la convocatoria.

La mesa de evaluación ha estado reuniéndose prácticamente durante diez meses, desde octubre del año pasado, analizando la tremenda cantidad de ofertas presentadas, analizándolas además minuciosamente. Hace unos meses, la mesa elabora con carácter interno una propuesta con las 156 mejores ofertas, que vienen a corresponder a unas 30 empresas, y siguiendo las determinaciones contenidas en las propias bases del concurso realizan una notificación para que estas empresas aporten documentación complementaria, básicamente el estar al día con la Seguridad Social o con Hacienda. Estas notificaciones o su ausencia en el caso de las empresas no propuestas permitieron dilucidar a algunos quiénes estaban preseleccionados. A la vista de las reacciones que genera entre el sector esta propuesta no definitiva, y subrayo, no definitiva, se decide colgar en el portal web las baremaciones efectuadas hasta ese momento. Y se publican en aras de la mayor transparencia no solo aquellas que corresponden a las mejores puntuaciones, sino las 694 ofertas presentadas. Para que se hagan una idea, las baremaciones de los 18 criterios correspondientes a las 694 ofertas están concretadas hasta la centésima. Hablamos de 12.492 ítems.

Y, finalmente, unas ofertas resultan mejores que otras, como en todos los concursos públicos, pero es importante señalar que todavía no hay ninguna decisión adoptada por los órganos competentes; es decir, a fecha de hoy no hay resolución ni decisión alguna por parte del Gobierno de Canarias respecto a la adjudicación de las 156 frecuencias. Tan solo ha habido una propuesta inicial de la mesa de evaluación técnica, que no es del Gobierno, y que está en fase de estudio por si se detectase algún error material, sin que se haya elevado al Gobierno propuesta alguna, como se ha explicado en reiteradas ocasiones.

Esta es, señorías, la situación actual...

El señor presidente: Un minuto para ir concluyendo, señor consejero.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Gracias, señor presidente, termino.

En definitiva, señorías, es importante centrar la cuestión una vez más en las razones que motivan la convocatoria del concurso, y estas pasan básicamente por la limitación del espacio radioeléctrico. El dial es el que es y no hay manera de dar cabida a todas las emisoras que han solicitado frecuencia. Repito que el concurso, por tanto, obedece a un imperativo legal y a la demanda del propio sector radiofónico canario, que lo venía reclamando desde hace muchos años.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Javier González.

Los grupos no solicitantes de la comparecencia.

Grupo Mixto, don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señorías, muy buenas tardes.

Yo no me voy a referir a los contenidos de la convocatoria, los procedimientos y demás, primero porque, he de serles sincero, he seguido esta polémica por los medios de comunicación y no me he entretenido, como ha hecho el diputado Moreno, en el procedimiento, en el seguimiento de la situación. Yo me voy a referir a lo que más me interesa, y es que en esta comunidad nuestra no tenemos una política audiovisual. Y eso sí que me preocupa, porque aquí nos llenamos la boca de forma recurrente con la necesidad de la diversificación de la economía y sabemos que en este ámbito, en la industria audiovisual, hay un nicho de oportunidades para el crecimiento, para el empleo cualificado, para la cultura, para la economía, y no lo hemos aprovechado y hemos tenido instrumentos para ello. Y esto es lo que a mí me inquieta. Me inquieta que instrumentos tan valiosos como la radiotelevisión pública, instrumentos tan valiosos -también judicializados y no con éxito, que yo recuerde- como la televisión digital terrestre y ahora las frecuencias de radio, para entendernos, constituían tres instrumentos para articular una política audiovisual que nos permitiera profundizar en un sector que creo que es de un interés extraordinario para una tierra como la nuestra, y no lo hemos hecho. Y no lo hemos hecho porque no ha habido una política audiovisual. Yo repasé una PNL que aprobó el anterior Parlamento, aquí, por unanimidad, debió ser al principio del año 2009, que recomiendo. Yo la tomo como mía y no estábamos aquí entonces. Creo que ahí hay un diseño, consensuado en este Parlamento, sobre cuál debe ser el camino para articular una política audiovisual en nuestra tierra que permita, utilizando los instrumentos que el Gobierno tiene, articular un sector importante; identitario, porque la cultura expresa los valores, los principios y las tradiciones de los pueblos, que genera empleo cualificado. Y teníamos tres instrumentos para hacer posible esa política audiovisual y, sinceramente, creo que los hemos desaprovechado.

No prejuzgo lo que van a decir los tribunales y los particulares en relación a este concurso. Desde luego el antecedente de la TDT no me hace ser demasiado optimista, porque en la TDT sí que hay sentencias reiteradas discutiendo las decisiones del Gobierno en su momento. Pero no voy a prejuzgar eso porque, insisto, afortunadamente en un Estado de Derecho hay cauces para ejercer los derechos cuando uno cree que se vulneran; lo que sí digo y reitero es que la oportunidad que tiene esta comunidad, esta tierra nuestra, de articular espacios económicos diversos, alternativos, complementarios, de alto valor añadido, uno es este. Tenemos gente preparada, tenemos talento y tenemos instrumentos.

Yo, sinceramente, creo que lo hemos desaprovechado y yo reitero a esta Cámara que la PNL que el anterior Parlamento aprobó a principios del 2009 identifica un conjunto de valores y principios que bien pudieran servirnos para retomar de verdad el sector audiovisual como un ser clave en nuestra estructura productiva y de talento, porque el talento se expresa, desde luego, como en muy pocos otros espacios, en el espacio audiovisual.

Espero que al margen de los devenires de la justicia seamos capaces de reconducir las políticas que nos permitan hacer de este sector un sector señero de nuestra estructura productiva.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Fajardo.

El señor Fajardo Palarea: Buenas tardes, señorías. Señor consejero.

A solicitud del Partido Popular, comparece usted para explicar un asunto que en la anterior legislatura dio mucho que hablar y sobre el que se escribió mucho.

Yo creo que ha venido bien el recordatorio que ha hecho usted del iter seguido por el procedimiento -aunque coincido con el señor Rodríguez en que nos debería, de cara al futuro, preocupar más la política audiovisual que tiene el Gobierno; de eso hablaré si tengo tiempo-, para así recordar, en ese iter, las fechas y los actores intervinientes en el mismo. Y me quedo, desde luego, con que usted se comprometa a que la tutela o vigilancia en el cumplimiento de las ofertas que hayan presentado las empresas que finalmente resulten adjudicatarias se hará escrupulosamente. Me quedo también con que usted se comprometa en el día de hoy a que el concurso, cuando sea resuelto, se rija por los principios generales que inspiran la acción de este Gobierno, que son la imparcialidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades, y con visión de futuro, señor consejero, sin perder de vista los posibles errores del pasado para no repetirlos y que denunciamos aquí mediante una PNL que fue apoyada por el Partido Popular, nosotros por convicción, ellos a lo mejor por conveniencia o por despecho.

Lo cierto es que le hago la siguiente pregunta sobre la resolución número 6 aprobada en el debate del estado de la nación, que creo que es importante, sobre el procedimiento del que estamos hablando. La resolución número 6 dice: "el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, antes de la finalización del mes de julio, constituya una comisión mixta, integrada por representantes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria y del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en la materia, con la finalidad de analizar la optimización del espectro radioeléctrico y, en su caso, se proceda a la modificación del Cuadro nacional de atribución de frecuencias para ampliar las previstas para la comunidad autónoma". Dos preguntas, porque para eso tenemos plazo de tres minutos los no proponentes. ¿Se ha constituido la mencionada comisión mixta? Uno. Dos. En caso de ser así, ¿se ha reunido o si tiene previsto reunirse en un próximo futuro?

No voy a entrar a discusión, porque el debate de esta comparecencia es muy previsible, sobre la bondad o no del motivo de la solicitud de la comparecencia, pero es cierto, como decía el señor Román Rodríguez, que yo no voy a entrar en temas que están judicializados. Aquí se apeló mucho durante la anterior legislatura a no traer al Parlamento temas que estaban judicializados. Respetemos la justicia y lo que diga la justicia será acatado por todos. En primer lugar.

Y en segundo lugar, ¡hombre!, la legitimidad para instar cualquier tipo de iniciativa parlamentaria no se la voy a discutir a nadie. Ahora, la legitimidad... ya que el señor Rodríguez ha hablado sobre la TDT, habría que hacer memoria de quién cogobernada cuando se dictaron las normas del concurso de la TDT, que ese sí tiene varias sentencias resolutorias y definitivas.

Me quedo, porque no tengo más tiempo, señor consejero, con una apelación al Gobierno a que haga una normativa adaptada a la realidad de Canarias, donde se contemple el hecho diferencial canario en la aplicación de políticas de telecomunicaciones específicas para esta tierra y donde prime, desde luego, la potenciación del sector privado, que puede convivir perfectamente con los medios de comunicación públicos de esta comunidad.

El señor presidente: Muchas gracias, don Manuel Fajardo.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, don José Luis Perestelo.

El señor Perestelo Rodríguez: Gracias, señor presidente. Señorías. Buenas tardes, señor consejero.

Asistimos hoy en esta Cámara a un episodio más, uno nuevo, de un debate de una ceremonia de la confusión, de un debate ficticio, de un debate que se plantea sobre un procedimiento administrativo. Señorías, la credibilidad de los políticos está en tela de juicio muchas veces por situaciones como la actual.

La ley de un concurso son las bases que rigen ese concurso. Yo creo que el consejero ha explicado con detalle todo el procedimiento, todas las fases del concurso, desde la elaboración de las bases hasta la propia participación del sector, con sugerencias, con aportaciones, escuchando al sector audiovisual, que es el que está planteando la necesidad de esta adjudicación de frecuencias, estudiando paso a paso todas las bases. Y esas bases no son recurridas porque son aceptadas por todos los que inicialmente quieren participar.

Por tanto, señorías, ¿poner en tela de juicio un Gobierno en minoría qué significa?, ¿que el resultado de un acto reglado es diferente si el Gobierno es de mayorías o si es de minorías? Si lo que se plantea en el Consejo de Radiotelevisión Española de corregir los contenidos, de estudiar los contenidos por el Consejo de Administración, ¿influye el color político del gobierno de turno a la hora de respetar el trabajo de los profesionales? ¿Ponemos en tela de juicio el trabajo de los funcionarios que asisten a un acto reglado, con una baremación reglada, con tantos puntos y tantas diferencias como planteó antes el consejero? Señorías, no nos extrañe que cada vez que tengamos un concurso público, de un servicio, de una obra, de un suministro, estemos sometidos permanentemente, en función del color político de la institución que convoca el concurso, a este pimpampum que no se puede justificar.

Y de verdad, estamos trasladando a la ciudadanía algo preocupante, y es la falta de credibilidad de los procedimientos administrativos. Y esto es grave, señorías. No podemos utilizarlos por interés político. A nosotros, al Grupo Nacionalista Canario, no nos gusta, no nos gusta el resultado que previsiblemente puede dar el concurso en función de las primeras baremaciones de la mesa, en función de ese plazo abierto por la mesa para que presenten las alegaciones pertinentes. Nos gustaría que todos los que participaran en el concurso podían haber presentado los mejores proyectos para tener una diversificación del espectro radiofónico con mayor pluralidad y con mayores empresas. Sin embargo, el resultado es el que es, porque es un acto reglado, y como tal acto reglado, hay que resolverlo. Sea un gobierno en minoría sea un gobierno en mayoría, porque yo espero y deseo que los gobiernos democráticos siempre respeten la decisión de un concurso, el cumplimiento de las bases y la resolución de los órganos de contratación en función de la aplicación estricta de la ley del concurso, que no es otra que las bases que se han aprobado y que no se han recurrido.

Por tanto, señor consejero, muchísimas gracias. Compartimos los criterios. Agradecemos desde nuestro grupo toda la información que ha dado y yo espero que a partir de esta información, pues, las cosas vayan por otro camino.

El señor presidente: Muchas gracias, don José Luis Perestelo.

Por el grupo solicitante de la comparecencia, Grupo Popular, don Víctor Moreno del Rosario.

El señor Moreno del Rosario: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, le agradecemos la información, pero, usted disculpe, la misma la podríamos haber obtenido, conocido con leer las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias. Sin embargo, no ha respondido usted a ninguna de las preguntas que le hemos formulado en el primer turno de intervención. No ha hecho referencia a las filtraciones, no ha explicado cuándo va a publicar el listado definitivo ni tampoco ha aclarado cómo van a garantizar que las empresas adjudicatarias en la propuesta provisional cumplen con lo dicho en el concurso.

Como bien ha explicado usted, el Gobierno de Canarias repartió en junio las 156 frecuencias que contempla el plan técnico nacional del Ministerio de Industria para Canarias. Y es verdad que también fue en 1989, hace 22 años, cuando se produjo el anterior concurso para la adjudicación de licencias de radio. En consecuencia, durante todo este tiempo han sido muchas las emisoras alegales que se fueron estableciendo en el espectro radioeléctrico isleño ante la ausencia de convocatorias y de regulación específica. El Gobierno del señor Rodríguez Zapatero solo dio autorización para 156 nuevas frecuencias en Canarias, lo que suponía dejar fuera a cientos de emisoras que actualmente emiten en las islas.

Respecto a una propuesta de resolución de Coalición Canaria, aprobada en el Congreso tras el último debate sobre el estado de la nación, para que una comisión se encargue de evaluar la posibilidad de que el Gobierno central otorgue al archipiélago un nuevo paquete de licencias de radio de frecuencia modulada, usted sabe tan bien como yo que se trata de un brindis al sol. Las Cortes Generales han celebrado ya el último Pleno de la legislatura y en menos de dos meses tendremos elecciones generales y un nuevo Gobierno. Esa propuesta de resolución está muy bien de cara a la galería, pero en la práctica es papel mojado.

Señorías, al concurso para la concesión de las 156 frecuencias, al concurso se han presentado 696 solicitudes, lo que implica que 540 han visto truncadas sus expectativas. Lo más grave es que muchas de las empresas que se han quedado fuera en la propuesta provisional de la mesa son emisoras de radio fuertemente arraigadas en Canarias y consolidadas a lo largo de muchos años de emisión. Estamos hablando, por ejemplo, de Radio Las Palmas EAJ 50, una de las primeras emisoras en implantarse, no solo en Canarias sino en toda España. Si nada lo remedia, este concurso terminará por apagar la voz de grandes personalidades de la radio en Canarias, gente que lleva en antena más de 30 años. Los grupos de comunicación más perjudicados por este concurso son, sin lugar a dudas, Onda Cero, la Cadena SER, Intereconomía y El Día, que tendrán que cerrar porque no han obtenido licencias. Así lo ha hecho ya Canal 9 Las Arenas, que no obtuvo ninguna licencia en ninguna capital insular. En la misma situación se encuentran todas las emisoras más locales de nuestro territorio, emisoras radicadas en muchos rincones de nuestra geografía, que dedican todo su tiempo y esfuerzo a acercar a sus vecinos la información más cercana, pero esto no ha sido tenido en cuenta. Y lo mismo sucede con Radio ECCA, que ha realizado una labor encomiable en Canarias a lo largo de muchos años; labor que ha sido reconocida en infinidad de ocasiones, no solo en las islas sino también fuera de ellas. El Gobierno de Canarias tampoco lo ha tenido en cuenta.

De las empresas que han resultado beneficiadas por el concurso solo tres aglutinan el 50% de todas las frecuencias adjudicadas. ¿Dónde está la pluralidad? ¿Cree el Gobierno que esto es positivo para Canarias? ¿No debería velar el Ejecutivo precisamente por evitar que tantas frecuencias estén en manos de tan pocos operadores?

Permítanme que les diga, se ha paralizado a quien ha dicho la verdad y, sin embargo, se ha premiado a los que han llenado páginas y páginas con cosas que quedan bien sobre el papel pero que en la práctica son inviables.

¿Sabía usted, señor consejero, que muchos adjudicatarios están reconociendo en la calle que el Gobierno les ha hecho una faena porque no esperaban obtener tantas licencias? ¿Sabía usted que una de las empresas que ganó se constituyó como empresa 15 días antes de que finalizara el plazo para presentar ofertas y ya está ofreciendo sus licencias en arrendamiento a las empresas que quedaron fuera? ¿Sabía usted que hay empresas que han resultado beneficiadas, y que no operan en Canarias, que han dicho que subcontratarán con algún operador local durante un año y luego emitirán solo la señal desde Madrid? ¿Sabía usted que el programa de una de las emisoras que han obtenido licencias se emite a las 11 de la mañana desde Madrid en rumano? ¿Le parece lógico que una emisora sin ánimo de lucro, como es el Centro de Iniciativas de Turismo de Santa Cruz, haya obtenido seis licencias: en Las Palmas de Gran Canaria, La Orotava, San Miguel, Hermigua, Vallehermoso y Valle Gran Rey? ¿Sinceramente, cree usted que cadenas nacionales de radio tan consolidadas como Onda Cero y la Cadena SER están tan mal informadas como para no presentar proyectos profesionales solventes para obtener licencias?

Señor consejero, tenemos mucho interés en conocer cómo van a garantizar que los adjudicatarios cumplan con las obligaciones que se incluyen en las bases de la convocatoria y los compromisos asumidos en sus solicitudes, porque, que yo sepa, el Gobierno de Canarias no tiene un cuerpo de inspección para vigilar el cumplimiento de lo dicho en el concurso. ¿Acaso piensan ustedes, acaso, mandar a la Policía Canaria a comprobarlo? ¿Tiene previsto el Gobierno de Canarias algún control de antena al día siguiente de la publicación del listado definitivo para verificar que todas las emisoras tienen sus centros operativos, el personal contratado y todos los programas en el aire? ¿O tendrán que ser quizás las propias radios comerciales que se han quedado fuera del concurso las que tendrán que acudir a notarios para que verifiquen que las emisoras adjudicatarias tienen una programación tal y como han dicho? Tenemos mucho interés en saber qué van a hacer, qué va a hacer el Gobierno con todas las radios que no han obtenido licencias.

Y, por favor, por favor, le pedimos que diga hoy claramente cuándo va a publicar el Gobierno el listado definitivo de las licencias adjudicadas. Nos tememos que el servicio jurídico del Gobierno va a tener mucho trabajo por delante, porque no me cabe la menor duda de que les van a llover los recursos. Lo mejor que podría hacer el Gobierno de Canarias es anular este concurso, asumir los errores con la verdad por delante y volver a convocar el mismo con un mínimo de sentido común, señor consejero. Nos tememos que esto nos va a costar mucho dinero a todos los canarios y que se va a crear una inseguridad jurídica en el sector, porque los que tienen licencias hoy no saben si las tendrán mañana y los que hoy no las tienen no saben si mañana las tendrán.

Este Gobierno no ha tenido la valentía y el coraje de sentarse frente al sector, dar la cara, reconocer que se han equivocado y buscar soluciones. Lo sabe muy bien el presidente del Gobierno y lo sabe usted, señor Ortiz, hoy consejero de Economía y Hacienda, pero en aquel momento viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias.

Para finalizar mi intervención, se lo volveré a preguntar una vez más: ¿cuándo va a publicar la lista definitiva?, ¿qué va a pasar con el sector radiofónico en Canarias?, ¿cuándo va a reconocer el Gobierno de Canarias su error?

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Víctor Moreno del Rosario.

Por el Gobierno, señor consejero, señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, señor González Ortiz, tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Señor presidente. Señorías.

A ver, señor Moreno: ¿hay o no hay resolución del concurso? Muy bien. Si no hay resolución del concurso, ¿cómo es posible que hable usted de despidos en empresas por no resultar adjudicatarias, cuando no hay resolución del concurso? Será por otro motivo, pero no por ese. Será por otro motivo, pero no por ese.

Segunda pregunta. Imposible que le responda a su pregunta de cuándo lo va a publicar, pues porque depende de cuándo la mesa termine su trabajo y lo eleve al Gobierno. Por si queda claro: cuando la mesa termine su trabajo y eleve la propuesta al Gobierno.

Mire, se ha pedido información que voy a intentar, a ver si soy capaz, trasladarle. En cuanto a la vigilancia de las ofertas, sepan ustedes que las ofertas presentadas por las empresas son parte del contrato que adquieren las mismas a la hora de ser adjudicatarias, en su momento, cuando se produzca la propuesta de la mesa y la decisión por el Gobierno. Por lo tanto, son parte del contrato que adquieren esas empresas en el concurso final y, por tanto, los incumplimientos de las ofertas conllevan, o puede conllevar, las sanciones pertinentes; entre otras la retirada.

Mire, la solución final del concurso nos puede gustar más o menos. Puede haber, hoy por hoy, previsiones de otorgar licencias a empresas radicadas, hasta la fecha, exclusivamente en la Península, sin ninguna actividad. La situación actual puede, como usted bien ha dicho, dejar fuera del concurso o de la emisión en el futuro a empresas y personas de una más que dilatada trayectoria, pero, mire, señor Moreno, en los concursos públicos, cuando se hacen bajo una serie de criterios, el resultado final no se trata de lo que me guste o nos guste sino del respeto escrupuloso de los mismos.

Y usted terminó antes diciendo "apliquen el sentido común, corrijan la convocatoria realizada". ¿Es que en julio del 2010 no había sentido común? ¿Es que en julio del 2010 no había sentido común? Repito, el concurso, tal como está, se convoca en julio del 2010. No hace falta seguir repitiendo aquí las fechas. Repito, no hablemos, por lo tanto, de politización; no hablemos, por tanto, de parcialidad.

Miren, el poner en duda, el poner en duda, el trabajo de los responsables de los Servicios Jurídicos, de la Intervención General, de los propios miembros de la mesa, funcionarios destacados de esta comunidad autónoma, supone el seguir trasladando a la ciudadanía que todo vale, y eso no es cierto, y eso no es cierto.

Miren, señorías, habló usted nuevamente de la suspensión del concurso. De lo que no habló es, primero, de qué consecuencias jurídicas podía tener esa suspensión del concurso y en qué nos basaríamos para hacerlo. ¿En qué condiciones lo basamos?: ¿en que no nos gusta el concurso? Repito, ¿en que no nos gusta? ¿Es decir, que cuando hagamos un concurso público para la adjudicación de una obra pública determinada, si hay diez a los que no nos gusta el concurso, el resultado del concurso, se lo adjudican a una empresa, nos reunimos y decimos que es que "anule usted el concurso"? Por lo menos respetemos los procedimientos.

Miren, ha llegado a hablar incluso hasta de influencia de los periodos electorales, no sé, una referencia. Repito, julio del 2010, cuando se convoca el concurso, y no me dirá usted que estábamos pensando en el adelanto de las elecciones generales, porque no creo yo que tuviésemos la bolita mágica en julio del 2010 para prever que se adelantaría la legislatura. Luego, otro elemento más de los que usted ha puesto sobre la mesa descartado.

¿Que si hay empresas que están anunciando o poniendo en el mercado, a la venta? ¿De qué, si no se sabe ni lo que tienen? ¿De qué, si no hay propuesta? ¿No hemos quedado en que no hay resultado del concurso? ¿No me ha pedido usted aquí la fecha en la que se eleve al Gobierno, que es quien adjudica el concurso? Bueno, aquellas empresas que estén vendiendo, alquilando, no sé qué, derechos, ninguno.

Por lo tanto, la situación actual es que está, hay una mesa elaborando una propuesta, siguiendo unos criterios, que seguro, mire, seguro, que la resolución final, sea la que sea, va a acabar, va a acabar con reclamaciones en el ámbito judicial. ¿Y sabe por qué? Por un tema muy sencillo: porque este es un concurso en el que, una vez adjudicadas las licencias, aquellas empresas que no las hayan obtenido no tienen mucho más que perder. Por lo tanto, seguro que en reclamación de sus derechos acudirán al ámbito judicial. Le dije antes que todas aquellas empresas que habían acudido al juzgado para solicitar la suspensión del concurso el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no las había atendido.

En definitiva, señorías, dejemos trabajar, en el ámbito funcionarial, a la mesa, que haga su propuesta. Yo no tengo capacidad ni creo bueno que el ámbito político se introduzca en las consideraciones sobre el resultado final o no del concurso, salvo que seamos capaces de probar que ha habido esas interferencias, porque, de lo contrario, estamos lanzando un mensaje muy poco adecuado a la sociedad.

La pregunta del señor portavoz del Partido Socialista: la comisión mixta, producto de la resolución en el debate del estado de la nación, se reunirá el próximo viernes, ya está creada la comisión, se reunirá el próximo viernes, no esta semana sino la siguiente, con el objetivo de estudiar la posibilidad de ampliar, en su caso, ese número de licencias.

Habla usted de Radio ECCA, habla usted de grupos de comunicación, de los perjuicios o no ocasio­nados... Miren, cuando se sustancie, cuando la mesa acabe su procedimiento, cuando haga la propuesta al Gobierno, cuando se tome esa decisión, tendremos, seguro, tiempo de conocer los motivos por los que, en su caso, la comisión ha considerado, en aplicación de los criterios que se encuentran recogidos en la convocatoria del concurso publicada en julio del 2010, digo, cuando se resuelva, en su caso, esa convocatoria, ya tendremos tiempo de hablar.

Muchas gracias, señorías.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero.

Decirles que, como han hecho algunas preguntas, con toda probabilidad se verá una interpelación esta tarde, aparte de las comparecencias. Con toda probabilidad. Nunca sabemos pero los cálculos de la Mesa dan que veamos una interpelación.

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  • 8L/C-0059 Sobre el concurso para el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia.


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