Diario de Sesiones 25/2012, de fecha 6/3/2012 - Punto 25

· 8L/C-0057 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre puesta en funcionamiento del ente Puertos de Canarias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Punto tercero del orden del día, comparecencias: del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre puesta en funcionamiento del ente Puertos Canarios.

Para la primera intervención don Miguel Jorge, en nombre del Grupo Popular, por tiempo de cinco minutos, tiene usted la palabra.

(El señor vicepresidente primero, Cruz Hernández, abandona la Presidencia y pasa a ocupar un escaño en la sala. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente segundo, Fernández González.)

El señor Jorge Blanco: Gracias, señor presidente. Señores diputados, señor consejero... (Pausa.)

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Pruebe otra vez, por favor.

El señor Jorge Blanco: Sí, gracias.

Señor consejero, esta comparecencia pretende que usted, como responsable en materia de puertos del Gobierno de Canarias, informe a la Cámara en relación a la puesta en funcionamiento del ente público Puertos Canarios.

Como sabe usted, la Ley 14/2003, la Ley de Puertos de Canarias, establece que la gestión y la explotación de los puertos canarios vendrá determinada a través de un ente público diferenciado de la Administración autonómica, de la Dirección General de Puertos. Tengo conocimiento de que el día 10 de febrero, según parece -además lo ha informado usted en la comisión parlamentaria correspondiente-, se puso ya en marcha este organismo y quiero, en fin, conocer con exactitud los detalles de la puesta en marcha, si es posible los miembros que la forman, si se ha completado en su totalidad el Consejo de Administración del ente Puertos Canarios y cuáles van a ser los objetivos y la agenda de trabajo del ente público, pues, de aquí en adelante.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra por el Gobierno el señor Berriel.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente.

Señoría, en efecto, prevé el artículo 21 de la Ley de Puertos de Canarias, la Ley 14/2003, la creación y régimen jurídico de la entidad, con personalidad jurídica pública y patrimonio propio, independiente del de la Comunidad Autónoma de Canarias, y adscrito a la consejería competente en materia de puertos. Dice la ley que realizará funciones y gestionará los servicios que, en relación con estas infraestructuras, le asigne la propia ley o el resto del ordenamiento jurídico que le resulte de aplicación.

Establece también la ley que la entidad de Puertos Canarios ajustará sus actividades y régimen de funcionamiento al ordenamiento jurídico-privado, salvo en el ejercicio de las funciones de poder público, y que su régimen económico se determina en la legislación de la Hacienda Pública Canaria, en las leyes de presupuestos generales de la comunidad autónoma y en las normas que la desarrollen.

Y en cuanto a la contratación y enajenaciones, como las adquisiciones patrimoniales, habrá de someterse, en todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia y salvaguarda del interés público.

Su extinción también habrá de producirse por ley.

Concreta luego la disposición final primera que, si bien la constitución del ente se produce con la entrada en vigor de la ley, su puesta en funcionamiento se producirá con el nombramiento de los miembros del consejo de administración.

Las sucesivas leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma han venido encomendando la ejecución presupuestaria en materia de puertos a la Consejería de Obras Públicas en tanto no se produjera la efectiva puesta en funcionamiento del ente y la Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, estableció, sin embargo, la expresa prohibición de esta puesta en funcionamiento durante el ejercicio 2011, prohibición que no se reiteró, levantándose, en consecuencia, en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el presente ejercicio 2012.

¿Y cuáles son sus objetivos reales? La propia exposición de motivos de la Ley de Puertos del 2003 expresaba que el dinámico crecimiento de los puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, que arroja cifras espectaculares, sobre todo en el tráfico de pasajeros y mercancía general -piénsese que hoy tienen 3.500.000 pasajeros al año y más de 666.000 vehículos-, exige que se creen los instrumentos legales necesarios para fomentar e impulsar este notable incremento del tráfico marítimo, que constituye además un elemento esencial de la política de transportes de Canarias.

La modernización de la estructura de la administración y gobierno del sistema portuario autonómico es otra de las necesidades más acuciantes del sector. Para ello, dice la ley, se han sopesado las distintas soluciones que el Derecho comparado ofrece, valorándose especialmente las experiencias españolas de los últimos años y las normas y recomendaciones de la Unión Europea en el sector del transporte. He aquí -continúa la norma- que se haya optado por un modelo, combinando la agilidad y flexibilidad empresarial con las funciones de poder público que en esta materia tiene atribuidas la Administración pública, que permita ordenar, regular y gestionar, en su caso, estas infraestructuras desde la órbita pública, pero sin que sea obstáculo para que la iniciativa económica y jurídica privada vayan adquiriendo cada vez más tareas de gestión y explotación de estas actividades.

Se refiere también la citada exposición a la necesidad de dar contenido a la exigencia legal de traspasar o delegar competencias a favor de los cabildos insulares. Y dice sobre ello que debe ensamblarse también con la necesaria eficacia y rentabilidad del sistema portuario canario, lo que se traducirá en un mecanismo jurídico que garantice la unidad de gestión, así como la intervención de los cabildos en la definición de los objetivos, en la fijación de las políticas portuarias y en el control final del desarrollo de la actividad. Lo que se garantiza, señorías, según las previsiones de la ley, con su representación y participación efectiva en el máximo órgano de gobierno del ente.

Concurrente con la finalidad del legislador y como ya expresé a sus señorías en mi comparecencia en la comisión parlamentaria, a petición propia, el 11 de septiembre del pasado 2011 para explicar los objetivos de legislatura, nos hemos propuesto desde el inicio de esta la puesta en marcha del ente Puertos Canarios para conseguir una mejor operatividad, participación e implicación de las instituciones y sectores afectados, y con ello la mayor eficiencia en la prestación de los servicios portuarios, con la mejora de la competitividad de estas infraestructuras y la generación de recursos económicos necesarios para su actualización y su mayor participación en la dinamización de nuestra economía.

Así, señorías, veamos la oportunidad de su puesta en funcionamiento. El pasado 10 de febrero tuvo lugar la constitución y primera reunión del consejo de administración del ente, iniciándose, en consecuencia, su puesta en funcionamiento y la asunción de sus funciones de autorización, de fomento y control de las operaciones marítimo-terrestres, la ordenación de las zonas de servicio, la planificación, proyectación, construcción, conservación y explotación de las infraestructuras e instalaciones portuarias, la gestión del dominio público adscrito, entre otras.

En consecuencia, señorías, la oportunidad de su puesta en funcionamiento tiene hoy, si cabe, más justificación que nunca, a nuestro juicio, ya que en un escenario de recesión económica como en el que nos encontramos se necesitan poner en marcha mecanismos de dinamización económica, sobre todo si, como es el caso, ello no implica distorsión en los ajustes o restricción en el gasto público, por cuanto la nueva entidad sustituye al centro directivo o la Dirección General de Puertos, con la incorporación de sus medios humanos y materiales en los términos previstos en la ley, y cuya evolución será congruente con las estrictas necesidades de atención de las demandas de servicio, con la perspectiva de la autofinanciación de los mismos, sin perjuicio de las inversiones adicionales que, en atención a las políticas públicas, puedan acordarse con el objetivo del interés general.

En efecto, señoría, el ente Puertos Canarios permitirá adoptar una gestión menos burocratizada, más comercial, más autónoma y flexible, más participativa y mejorar los niveles de inversión e ingresos de iniciativa privada, así como la participación e implicación de instituciones, operadores, expertos y usuarios en la toma de decisiones.

Como he expresado en este Parlamento, precisamente la importancia de crear el ente en estos momentos radica en la situación de crisis y escasez de recursos públicos con los que acometer, entre otros, el Plan de infraestructuras portuarias de la comunidad autónoma. Ante esta escasez, es preciso activar el interés de la inversión privada y una forma de hacerla más atractiva y segura es aumentar el consenso y sobre todo dar cabida a una relación más dinámica y estrecha con los operadores portuarios, concesionarios, etcétera.

En cumplimiento de ese objetivo y en virtud de las previsiones de la ley, se constituyó, como se ha dicho, el pasado 10 de febrero, el consejo de administración del ente, máximo órgano de gobierno, y próximamente se constituirá también el consejo asesor, como órgano de cooperación, información y participación de instituciones locales, operadores, usuarios y agentes económicos y sociales.

El consejo de administración, con el alcance de la norma, se encuentra representado en los distintos centros directivos del Gobierno que tienen encomendadas funciones concurrentes con el objeto del ente; además de la de cada uno de los cabildos insulares, la Fecam, las organizaciones empresariales de ámbito portuario y las del consejo asesor, a través de dos de sus miembros, elegidos por aquel.

La amplitud de su representación, con un total de 29 miembros, adoptada por el legislador con criterio de máxima pluralidad, representatividad y competencia, no implica, señorías, mayores gastos de gestión, al excluirse el abono de dietas específicas o retribuciones por asistencia a sus sesiones.

A partir de ahora corresponde al consejo de administración la formulación de los anteproyectos de presupuestos y planes de empresa, la propuesta de fijación y revisión de cánones, ingresos públicos y tarifas para su aprobación mediante los trámites y requisitos procedentes o el otorgamiento de los títulos jurídicos, concesiones y autorizaciones para la ocupación del dominio público portuario adscrito a la comunidad autónoma, autorizar las inversiones y operaciones financieras del ente, la adopción de la relación de puestos de trabajo de la entidad, la aprobación, selección, admisión y retribución de su personal... Y todo ello con las limitaciones y condiciones que establezca el Gobierno o las leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y además de favorecer la libre competencia, así como cuantas otras competencias se le asignan en la ley.

El consejo asesor, señorías, de próxima constitución, como hemos dicho, estará conformado por un miembro en representación de cada uno de los municipios donde se encuentre un puerto de interés general para la comunidad autónoma, un representante de la Federación de Cofradías de Pescadores, uno por cada una de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, uno designado por las asociaciones de puertos deportivos, otro por los clubes náutico-deportivos de las islas; dos por las organizaciones empresariales y otros dos por las organizaciones sindicales. Como se ha dicho, sus funciones son de participación y consulta. Y como órgano ejecutivo de gestión fue propuesto ya el actual director gerente del ente, cargo que recae en el director general de Puertos, que cesará tan pronto como se culmine el proceso de aprobación del presupuesto del ente y de traspaso de medios humanos y materiales, cosa que se está en estos momentos realizando con total urgencia.

Nada más, señorías.

Señor presidente, muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señor consejero.

Intervención por parte de los grupos no proponentes. El Grupo Mixto tiene la palabra. Si quiere intervenir desde el escaño. Gracias.

El señor Martín Martín (Desde su escaño): Muchas gracias, señor presidente. Señorías.

Como bien decía el consejero, la Ley 14/2003, de 8 de abril, la de Puertos de Canarias, recogía en su exposición de motivos que el crecimiento económico -lógicamente mucho más destacado hace nueve años- y la importancia de la gestión de los puertos por parte de la comunidad autónoma, dentro del sistema de transportes, obligaba a los poderes públicos, esto es, al Gobierno de Canarias, a adoptar una regulación moderna de esas infraestructuras y a dotarlas también de un gobierno autónomo, de un gobierno ágil, de un gobierno flexible, que combinase de alguna manera las responsabilidades públicas con las características dinámicas del sector empresarial. Por ello se creó, consejero, como usted bien dijo, hace ya casi nueve años y solamente desde un punto de vista conceptual o, si se quiere, jurídico, este ente, que se pone en marcha obviamente con mucho retraso y quizás en el peor escenario de inversión posible en Canarias.

La Ley de Presupuestos del 2012, debatida en esta sede parlamentaria, reflejaba un presupuesto abierto a la constitución del primer consejo de administración de este organismo. Un presupuesto de 1 euro -si no recuerdo mal- que permitía transferir aquellas partidas presupuestarias desde la Dirección General de Puertos hasta esta nueva organización.

Ahora bien, consejero, con el nacimiento de Puertos de Canarias habrá que reflexionar y espero que usted, por primera vez, atienda una pregunta directa que este humilde diputado dirige a cualquiera de los consejeros del Gobierno, pues yo creo que me gustaría compartir con todos ustedes. ¿Desaparece -voy directamente a las preguntas, consejero-, desaparece totalmente la antigua Dirección General de Puertos o queda en estado aún residual? Segunda respuesta: ¿se reducirá al menos el 1.400.000 euros destinados a personal, se aumentará o se mantendrá en la misma cantidad? ¿Qué pasará con los gastos corrientes en bienes y servicios, que superaban los 3.600.000 euros en la antigua Dirección General de Puertos? Y sobre todo, consejero, ¿se hará posible la ejecución de viejos proyectos, como el de las Nieves, el del Puerto de las Nieves, de Agaete, el puerto de Playa Blanca, en Lanzarote, o el puerto de Corralejo, en Fuerteventura, que tenían todos ellos un destino económico, un soporte económico, superior a los 19 millones de euros?

Ahora bien, habla usted también, consejero, de la generación de recursos suficientes, ha hablado de la capacidad de mejorar los niveles de ingresos, y lo ha hablado desde el punto de la colaboración con las entidades privadas, pero poniendo dos premisas que a mí me parecen insuficientes: el consenso y una mayor colaboración. Estas son dos premisas importantes pero no son dos premisas que aseguren la repercusión económica, el aumento de los ingresos por parte de la iniciativa privada. Me gustaría, consejero, que de manera más explícita, más prolija, permita usted al resto de diputados conocer de qué manera Puertos de Canarias va a contar con una mayor dotación económica por parte de la iniciativa privada.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señoría.

Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra don Julio Cruz.

El señor Cruz Hernández: Señorías, muy buenas tardes.

Señor consejero, como decía el anterior interviniente, nueve años después, han pasado dos legislaturas y al final, pues, el ente Puertos Canarios, aquello que aprobamos en este Parlamento, ha visto la luz, al menos el consejo de administración; ahora falta el consejo asesor.

Lo importante es yo creo que estamos hablando de un ente que mueve muchos pasajeros y muchos vehículos en Canarias. No en vano es el tercer puerto, el tercer ente que en todo el conjunto de puertos, el tercero en importancia en todo el territorio nacional, después de Algeciras y después del de la propia Santa Cruz de Tenerife, y el quinto en España en movimiento de pasajeros, con más de 3.457.000. Creo que si además obtuviéramos, que creo que tiene que ser una reivindicación permanente, que el puerto de Los Cristianos sea transferido a la comunidad autónoma, tendríamos una fuente de riqueza, una fuente de recursos, de generación de ingresos para el ente muy importante, porque este puerto es, digamos, de todos los que estamos hablando, quizás la joya de la corona en función de su movimiento de pasajeros, de cabotaje, la situación que tiene como puerto deportivo.

El ente genera mayor participación. Por lo tanto, ya las decisiones no son unilaterales por parte del Gobierno, por parte del consejero, sino que en el consejo de administración están ampliamente representados todos los sectores que tienen competencia en el territorio y que además tienen y pueden decidir y deben decidir, como son los cabildos, representación de los ayuntamientos, distintos tipos de consejerías, etcétera. Un presupuesto, pues, yo creo que ajustado, con 24,3 millones de euros no es mucho, recursos, pero hay que destacar que de esos 24,3, 19 son de inversión.

Tenemos que acabar los dos puertos básicos que están en este año acabándose, que son el de Garachico y que es el de Tazacorte, y tenemos que acometer las inversiones de los otros. Este Parlamento se pronunció, en resolución aprobada por unanimidad hace ya algunos años, donde se planteaban ocho puertos que había que ejecutar con carácter inmediato. Ocho puertos donde la prioridad eran los pasajeros, y aquí tenemos el de Playa Blanca, tenemos el de Agaete, tenemos el de Playa de Santiago, tenemos el de Corralejo. ¡Ahí es la prioridad! No nos debemos olvidar del de Fonsalía, que es el nudo grande de comunicaciones de toda la provincia occidental.

Por lo tanto, señor consejero, tenemos que generar recursos, tenemos que buscar y este ente nos permite que la iniciativa privada pueda participar, pero hay algunos sitios en que la iniciativa privada no es posible que pueda acometer esos puertos. Le digo un ejemplo: el de la propia Playa de Santiago es un puerto pequeño, no tiene plataforma en tierra y, por lo tanto, es muy difícil que la iniciativa privada ayude. Hay otros que tienen más plataforma en tierra. Por lo tanto, hay que jugar con la iniciativa privada, con la iniciativa pública y tener de una vez los puertos que merece esta tierra y esta comunidad autónoma.

Gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señoría.

Por parte de Coalición Canaria.

El señor Perestelo Rodríguez: Buenas tardes, señor consejero.

La Ley 14/90, en su redacción de la Ley 8/2001, establecía en su adicional primera que quedaban transferidos a los cabildos insulares, a las islas, en su punto 12, la gestión de puertos de refugio y deportivos, salvo los que se dictaminaran por el Gobierno de Canarias de interés regional. Sin embargo, señorías, conocen el proceso de transferencias de competencias a los cabildos y nunca se plantea esto como una prioridad ni para los cabildos ni para el Gobierno. Por eso no es casualidad que este Parlamento aprobara por unanimidad la Ley 14/2003, de Puertos de Canarias. Una ley importante que marcaba una manera de gestionar nuestros puertos diferente a la anterior y, sobre todo, que permitía la participación, la participación, de las instituciones insulares, de los ayuntamientos, donde estaban ubicados esos puertos y sobre todo también de los sectores económico y social. En definitiva, señorías, ese ente Puertos de Canarias venía a ser la correlación de lo que son las autoridades portuarias en la Ley de Puertos a nivel estatal. Por eso, señorías, nos parece una buena noticia la puesta en marcha de este ente.

Antes, al terminar la intervención, el proponente, señor Jorge, planteaba, cuando se iba a su escaño, que sobran las palabras, como decía nuestro internacional Braulio en una canción en Eurovisión. Sobran las palabras salvo que se pretenda otra cosa y no sea exclusivamente la información del Gobierno sobre la puesta en marcha de un ente en el que participan también miembros del Partido Popular, en representación del Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, o de alguna otra autoridad, salvo que se pretenda llevar el debate a la moda de estos momentos de la supresión de organismos públicos y entidades públicas.

Y realmente estamos hablando -y hay que decirlo así de claro- de que esta ley fue aprobada por unanimidad y que crea un consejo de administración también, que está en las personas que lo componen, el número de miembros que lo componen, también por unanimidad, y lo que hace el Gobierno de Canarias en estos momentos es aplicar una ley, en un momento como el actual, en el que parece más necesario que nunca la unión de esfuerzos -de instituciones, de administraciones públicas, de entes privados, de organizaciones sociales, sindicales, empresariales-, participando en la gestión de estos puertos, porque, indudablemente, una parte importante en la gestión de un puerto no solo está en la inversión, que puede ser modulada, fundamentalmente para evitar debates que se han producido también en este Parlamento, tanto en Pleno como en comisión, sobre las desviaciones de inversión que se han podido producir en determinados momentos en la comunidad autónoma hacia unos puertos en beneficio de otros, sin tener en cuenta otros condicionantes medioambientales o legislativos del tema de planeamiento; como digo, para que se pueda plantear ese debate tranquilo y sosegado que permita el desarrollo de nuestros puertos.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias.

Por parte del grupo proponente, señor Jorge. Diez minutos.

El señor Jorge Blanco: Gracias, señor presidente.

Esta comparecencia, señor consejero, fue solicitada por mí en septiembre del año pasado y realmente era una comparecencia para, en tono cariñoso, tirarle de las orejas al Gobierno de Canarias en relación a la no constitución del ente público Puertos Canarios después de muchos años, después del año 2003, ¿no?, prácticamente nueve años después. Es el mismo tirón de orejas -qué curiosidad- que le dio el señor Cruz o que le hizo el señor Cruz al anterior consejero del Gobierno de Canarias en materia de puertos. Recuerdo el Pleno del 28 de mayo de 2008, que decía el señor Cruz, en esos momentos portavoz del Partido Socialista, del Gobierno, dice: "usted no quiere cumplir la ley, señor consejero, porque la realidad es que carece de política portuaria en Canarias. A usted le interesa el statu quo actual, en el que usted decide sin participación de los cabildos, sin participación de los ayuntamientos, sin participación de los agentes sociales, sin participación de los responsables en materia de puertos deportivos. En definitiva, señor consejero, no le gusta la ley -se refería al señor Hernández-, y yo lo entiendo, que a usted no le guste la ley, porque lo que prefiere usted es mantener la situación actual, su chiringuito en política portuaria". Esto lo decía el señor Cruz en el año 2008. Me alegro de que en las reflexiones posteriores haya también cambiado de opinión y se haya sumado a la incorporación de Puertos Canarios como elemento fundamental de la política portuaria de Canarias.

Mire, señor consejero, el otro día, en la comisión parlamentaria -se lo quería aclarar porque no tuve oportunidad por la rigidez de los debates existentes, en fin, en el Parlamento-, nos acusó al Partido Popular de pedir una reducción de los entes públicos de Canarias de una manera, entre comillas, un tanto alocada. Yo quiero recordarle a usted, y se lo quería haber recordado en aquel momento pero no pude, que en aquella propuesta de reducción de entes públicos retiramos de uno de los puntos la supresión o la no constitución del ente público Puertos de Canarias, entre otras cosas porque, efectivamente -alguien lo dijo, me parece que fue el portavoz de Coalición Canaria, señor Perestelo-, hay que cumplir la ley, y la ley del 2003 establecía la creación de este ente público.

Quiero pensar o quiero, en fin, confiar en la palabra del señor consejero de que, una vez constituido este ente público, la Dirección General de Puertos desaparece radicalmente, absolutamente quiero decir, del organigrama de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y quiero también pensar que la constitución del ente público Puertos Canarios significa un cambio de mentalidad en el Gobierno de Canarias en relación con la ejecución de los planes de infraestructuras portuarias futuros.

Al Partido Popular le parece bien, le parece bien el ente público Puertos Canarios. Le parece bien porque significa una participación colectiva en la toma de decisiones de los puertos canarios. Le parece bien porque probablemente -y espero que sea así- suponga una mejora en la recaudación de las distintas tasas y los distintos precios públicos establecidos en los muelles. Le parece bien porque va a haber una participación activa también de los cabildos insulares. Recordemos que los puertos deportivos y de refugio son una de las materias, una de las competencias que la propia Ley de Cabildos, la 14/1990, establece como responsabilidad de los cabildos insulares. Y me parece, además, coherente la idea de los cabildos insulares de no asumir una competencia que puede ser muy gravosa para los intereses de cada uno de ellos y, por tanto, es mejor -y ese fue fruto del consenso en la ley del año 2003- que todos se refundieran en un solo organismo y que todos participaran en esa toma de decisiones. Yo no hablo de chiringuitos de política portuaria en el Gobierno de Canarias, porque nunca lo he pensado, pero sí en la anterior comparecencia, en relación con el Plan de Puertos de Canarias, le recriminé al señor consejero que es un Plan de Puertos existente el que hay en el papel y otro totalmente diferente el que finalmente sea ejecutado.

Yo espero, señor consejero -de verdad se lo digo-, que con el ente público Puertos Canarios, en el que participan todos, en el que habrá o tendrá usted que oír a todos, todas las reivindicaciones, se pueda equilibrar la ejecución de obra portuaria en Canarias y que no todo -y permítanme que nombre algún puerto en Canarias en particular-, que no todo el dinero se vaya a Tazacorte, que haya también dinero para Agaete, que haya también dinero para Corralejo, que haya también dinero para Arguineguín, que lleva muchos, muchos, muchos años, esperando por una inversión en materia de puertos, además puertos con un gran número de viajeros, ¿no?, de viajeros y de mercancía también.

Quería hacerle algunas preguntas, señor consejero. ¿Qué ocurre con el personal? -el señor Martín le avanzó algo en su intervención-. ¿Se va a incorporar todo el personal de la Dirección General de Puertos al ente público? ¿Hay personal a disgusto o que haya manifestado su oposición a integrarse en este ente público? ¿Van a perder sus derechos sociales, la antigüedad, etcétera, todos los beneficios sociales que pudieran tener los empleados de la Dirección General de Puertos? ¿Va a haber una ampliación de plantilla, con este ánimo de las administraciones públicas de crecer, a veces sin sentido, cuando se crea algún organismo nuevo? Son preguntas que quiero hacerle en relación a los derechos del personal. ¿Se les ha informado a los trabajadores, a todos los trabajadores de la Dirección General de Puertos, de todo este proceso, se les ha informado, señor consejero, en profundidad?

Y, finalmente, un desiderátum final: yo espero lo mejor de este ente público. Creo de verdad que Canarias tiene todavía mucha tarea por delante, tiene que avanzar muchísimo en la mejora de nuestras instalaciones portuarias, en la incorporación de los operadores portuarios en la toma de decisiones en los distintos entes o en distintos niveles de decisión; la incorporación de los pescadores, por ejemplo, las cofradías de pescadores en la toma de decisiones, que la llevan reclamando muchos años y no se ha producido nada; la ampliación de los puertos deportivos en Canarias, que son una fuente de ingresos muy importante -dicho sea de paso, me alegro de que se haya desbloqueado finalmente el puerto deportivo que se va a construir en Meloneras y que llevaba muchos años paralizado-, y, en definitiva, crear una red de puertos deportivos, que sean complementarios, unos de otros, y que permita además que sea Canarias un puente, en fin, de destino entre Europa y América y que pueda haber un flujo de embarcaciones deportivas mucho mayor de lo que existe actualmente.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señoría.

Por parte del Gobierno, el señor Berriel.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente. Señorías.

Bueno, yo creo que en principio hay que congratularse de que todos los intervinientes den por bueno que constituyamos definitivamente, o que entremos en funcionamiento, porque constituido realmente estaba a través de la ley, pero que pusiéramos en funcionamiento el ente público de Puertos.

La Ley de Presupuestos del año pasado prohibía en el ejercicio pasado llevarlo a cabo. Por tanto, este Gobierno, que planteó ya en el mes de septiembre, el día 11 de septiembre, en mi comparecencia en la Comisión de Obras Públicas para expresar cuáles eran las políticas previstas de la consejería, del departamento, puse como prioridad, una de las prioridades, la constitución, el funcionamiento, la entrada en funcionamiento del ente de Puertos, por todas las ventajas que he expuesto antes aquí y que sus señorías han coincidido, han repetido.

Algunas cuestiones. Efectivamente, se me pide que, tanto por parte del representante del Grupo Mixto, don Fabián Martín, como por el peticionario de la comparecencia, en relación con cuestiones concretas, como si desaparece totalmente la Dirección General de Puertos. Radicalmente sí, totalmente, desaparece ese centro directivo y se constituye un ente más plural, como hemos comentado, con los objetivos que se han comentado.

El presupuesto total de esa dirección general pasa al ente en sus respectivos programas, es decir, la misma cantidad que hay para personal pasará a personal, la misma cantidad que hay para mantenimiento, gastos corrientes, del que consta hoy el Capítulo II, pasa a atender las necesidades del funcionamiento de los puertos, mantenimiento, etcétera. Y también las de inversiones, que son 19 millones en este año, pasan también a pagar las certificaciones de las obras, que es un objetivo concluirlas cuanto antes este año. Ya está a punto de concluirse el de Tazacorte y está prácticamente concluido el puerto de Garachico. Por tanto, esto hay que terminarlo, porque es muy, muy peligroso dejar puertos sin terminar totalmente, por lo que ustedes saben, que el mar suele, si hay un temporal, suele producir daños muy graves si no están totalmente terminados.

Y es a partir de ahora donde se tomarán decisiones colegiadas, con los recursos que existan, recursos que deberán ser cada día más, si la actividad de Puertos Canarios tiene éxito, como espero que así sea, y puede ir captando, por un lado, más recursos de la propia explotación, al hacer una gestión mucho más comercial, mucho más agresiva en ese punto de captar tráficos, no tan burocratizada, de una gestión más privatizada, más privada, que permita ser más ágiles en ese tipo de generación de dinero, de ingresos, y, por tanto, también poder hacer un plan de inversiones más ambicioso cada vez. Eso no quita para que las inversiones públicas en materia de puertos que se puedan ir haciendo llegar al ente, incluso las cofinanciadas, en fin, las que tengan cofinanciación europea y todas estas, pues, también, como pasa en las autoridades portuarias, pues, engrosen, aquellas cantidades de recursos propios del ente puedan dedicarse a financiación.

¿Cuándo se podrá hacer, podrá ser posible el Puerto de las Nieves, Playa Blanca, etcétera? Está dentro de las prioridades del ente de Puertos, muy claramente determinado. Todos estamos de acuerdo en que dentro de los puertos que faltan por ampliar hay que dar prioridad a aquellos que tienen tráfico de pasajeros, darles seguridad y tráfico, entre los que está Playa Blanca, Puerto de las Nieves, incluso el puerto de Playa Santiago, que ha dicho el portavoz socialista hoy aquí que también es un puerto de tráfico de pasajeros y que, por tanto, debemos priorizar inversiones públicas, si no hay inversiones privadas, para esos puertos.

Pero la inversión pública o privada va a estar en función de la posibilidad, y la posibilidad es realmente lo que esté alrededor del puerto, lo que sea posible captar como concesión administrativa, que puede ser total o parcial de un puerto, pueden ser simples atraques deportivos, etcétera. Pues todo eso coadyuvará a tener un buen plan de puertos. Pero, insisto, es una prioridad el Puerto de las Nieves, es una prioridad el puerto de Playa Blanca, la ampliación de Corralejo también es una prioridad, es una prioridad hacer el puerto de Fuensalía.

Y desde luego estamos haciendo las gestiones oportunas, no hemos parado de hacerlas, tenemos una reivindicación, incluso con una cuestión jurídica planteada, sobre el puerto de Los Cristianos, que efectivamente es un puerto de más de un millón de pasajeros, de 1.500.000 pasajeros, que tenemos que por su finalidad, por el servicio que presta, es claramente un puerto de competencia o debe ser claramente un puerto de competencia de la comunidad autónoma, porque son tráficos estrictamente interinsulares. Por tanto, eso constituirá también un nivel de ingresos importante para Puertos Canarios y nos permitirá hacer todo ese tipo de políticas.

Me preguntaba el señor don Miguel Jorge que qué ocurría con el personal. Está previsto en la ley lo que ocurre con el personal. El personal ha tenido mucho tiempo para saber exactamente lo que ocurre con el personal. El personal, con dos regímenes jurídicos, como pasa siempre en la Administración. Uno de ellos funcionario. La ley dice que el personal funcionario que quiera puede pedir otra plaza en cualquier lugar que haya. Me pregunta si alguien se ha traspasado o lo que sea; pues, sí, en efecto, algunos funcionarios, dos o tres funcionarios, han pedido el paso a otras plazas dentro del propio departamento y se les ha concedido. Por tanto, un proceso natural de relaciones de puestos de trabajo y de movilidad de personal. El personal laboral, sin embargo, la ley le reconoce un estatus, un cierto estatus especial, donde, efectivamente, tiene que pasar al ente, porque hay una sucesión de empresa realmente, pero si existen vacantes en cualquier otro puesto laboral en la comunidad autónoma, pueden solicitar y se les puede conceder. Realmente al personal laboral no tiene ningún tipo de trascendencia el ente, puesto que se le ha respetado absolutamente todo, se le respeta toda la antigüedad, todo lo que tiene y, por tanto, no tiene por qué haber ningún problema ni suponerle ningún quebranto. Al revés, es un ente que va a ser mucho más dinámico y yo creo que con mucho más futuro.

¿Va a haber aumento de plantilla? He comentado aquí, en principio el ente está trabajando y la relación de puestos de trabajo de cada año la decidirá el consejo de administración, dentro de los parámetros de la Ley de Presupuestos que ponga este Parlamento, y dependerá de la evolución y de las necesidades de prestar los servicios. Habrá servicios subcontratados o servicios con recursos propios de personal, pero será el necesario para hacer una prestación de servicios y aquel que los niveles de recaudación, lógicamente, permitan razonablemente para la atención de esos servicios.

En relación con la participación de cofradías de pescadores, de los clubes deportivos, de los responsables de puertos deportivos, etcétera, como he comentado, hay una participación directa en el consejo de administración, que es bastante plural, pero también hay un consejo para propiciar esa participación, y más en el aspecto consultivo, que es el consejo asesor, que luego tiene dos miembros, que son nombrados por el consejo de administración, y es a través de ese órgano, que es bastante plural, donde todos los usuarios del puerto tendrán la oportunidad de no solo presentar sus quejas, sus sugerencias, sino también hacer sus aportaciones para el mejor funcionamiento del ente.

En definitiva, señorías, yo no voy a contestar al reproche de si nueve años se han tardado para hacerlo. Yo fui una de las personas que tengo el honor de haber trabajado en la Ley de Puertos. Por tanto, creo en el ente desde el primer minuto, pero, como estamos en este Gobierno y viendo lo que se hace en este Gobierno, es a esto a lo que nos circunscribimos. Nosotros hemos prometido desde el primer momento constituir el ente, ponerlo en funcionamiento y ya lo hemos hecho.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señor consejero.

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