Diario de Sesiones 31/2012, de fecha 28/3/2012 - Punto 10

· 8L/PPL-0008 Debate de toma en consideración. Proposición de Ley, del Grupo Parlamentario Popular, de Modificación de la Ley 8/1984, de 11 de diciembre, de Radiodifusión y Televisión en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El señor presidente: Siguiente proposición de Ley, del Grupo Parlamentario Popular, de Modificación de la Ley 8/1984, de 11 de diciembre, de Radiodifusión y Televisión en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Para la presentación y defensa de la proposición de ley, tiene la palabra don Víctor Moreno del Rosario.

El señor Moreno del Rosario: Gracias, señor presidente.

Señorías, han pasado 28 años desde 1984, año en el que se aprobó la Ley de Radiodifusión y Televisión en la Comunidad Autónoma de Canarias. Muchas cosas han cambiado desde entonces: hemos pasado de la era analógica a la digital, se han multiplicado las cadenas de televisión, tanto públicas como privadas, han aparecido nuevas formas de interactividad y de ver la televisión. En definitiva, muchas cosas han cambiado y, aunque ya estamos viendo algunas consecuencias, posiblemente seamos incapaces de imaginarnos las que están por venir.

Y cuando digo esto, me vienen irremediablemente a la cabeza los cambios que en este tiempo también ha experimentado la economía. En el terreno económico, como en el de los medios de comunicación, ya nada volverá a ser igual. En estos momentos en el que los ingresos son menores los gobiernos tienen irremediablemente que priorizar en aquellas políticas de gastos dirigidas a garantizar los servicios públicos básicos, como la sanidad, la educación o la dependencia. Hoy en día los pocos recursos que hay se tienen que destinar a aquello que es imprescindible. ¿Y qué es lo imprescindible? Pues lo imprescindible hoy, señorías, en la sociedad es que los hospitales sigan funcionando a pleno rendimiento, que los colegios sigan abiertos y que podamos seguir atendiendo a todas aquellas personas en situación de dependencia.

Por estos motivos, señorías, no es casualidad que en el 2007 el Presupuesto de Radiotelevisión Canaria fuera de más de 60 millones de euros, 60 millones de euros, y cuando el Partido Popular elaboró el último Presupuesto en el Gobierno de Canarias, con José Manuel Soria como consejero de Economía y Hacienda, para el año 2011 el Presupuesto de Radiotelevisión Canaria fuera de 38 millones de euros. Una disminución de 22 millones de euros en cuatro años, no por un capricho, señorías, sino porque había otras prioridades en las que gastar.

En el día de ayer se hablaba en la Cámara del posible déficit de Radiotelevisión Canaria. Señorías, es muy peligroso que un ente como la Televisión Canaria, cuando se le está disminuyendo paulatinamente el presupuesto, esté tirando de déficit, porque eso al final quienes tendremos que pagarlo seremos todos los canarios.

Cuando hablamos de televisión, tenemos que poner sobre la mesa cuál es la realidad actual. De nada vale decir que el modelo de Radiotelevisión Canaria es tan barato que solo cuesta a cada canario 13,50 euros al año, porque lo cierto es que el Gobierno de Canarias ha gastado desde su creación más de 400 millones de euros en la Televisión Canaria. Si lo prefieren, más de 66.500 millones de pesetas. Sin duda, una cifra muy importante.

Sé que el resto de los portavoces me va a decir que las televisiones de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, como Madrid o Valencia, son más caras. Siempre lo hacen. Les recuerdo al respecto que el Gobierno de España ha presentado una ley que va a facilitar un cambio en los modelos de gestión de las televisiones autonómicas precisamente para que no sean tan gravosas para los ciudadanos.

Pero, señorías, a mi grupo parlamentario nos preocupa Canarias y la realidad hoy es que en las islas el 31% de los ciudadanos está en desempleo, hay más de 100.000 hogares en toda Canarias en el que todos sus miembros están en paro, el 34% de la población está en situación de pobreza y en riesgo de exclusión social, las listas de espera en sanidad crecen sin cesar por el cierre de los hospitales en horario de tarde y contamos con uno de los sistemas educativos con peores resultados en España y en Europa.

Por todo ello, señorías, estamos plenamente convencidos de que la televisión pública en España y en Canarias requiere reinventarse. En una crisis económica como la actual es imposible, a medio y largo plazo, proseguir con este volumen de gasto. En los últimos diez años las radios y las televisiones autonómicas han costado más de 20.000 millones de euros, más de 3 billones -con b- de las antiguas pesetas. Estas cifras nos invitan a una reflexión y más en un momento de restricción presupuestaria. Por ello me atrevo a decir que hoy las televisiones públicas y autonómicas no se justifican, ni en España ni en ninguna comunidad autónoma. Tampoco en Canarias.

Precisamente por este motivo el Gobierno de España aprobó el pasado 13 de enero el anteproyecto de modificación de la ley audiovisual para posibilitar la entrada de capital privado en las televisiones autonómicas y ofrecer de esta forma a las comunidades autónomas alternativas nuevas de gestión sobre estos entes. El objetivo es ayudar a las comunidades autónomas a que, dentro del marco de su Estatuto, puedan elegir los modelos de gestión más eficaces y eficientes para sus televisiones. No se trata de establecer por ley ninguna obligación a las comunidades autónomas; lo que se pretende es buscar la viabilidad de las televisiones.

En el caso concreto de Canarias, señorías, en el Partido Popular -lo hemos dicho en muchas ocasiones- no veríamos mal -al contrario, creemos que sería una buena opción- que la Televisión Canaria fuese gestionada por una cooperativa de sus trabajadores, si estos, por supuesto, estuvieran interesados en ello. Son ellos los que conocen el medio, son ellos los que tienen el capital humano y son ellos los que lo pueden hacer mejor. Así, los Presupuestos públicos dejarían de tener que financiarla. Y además los trabajadores tendrían una herramienta que sería suya propia. Creemos que esa sería una solución válida, aunque para llevarla a cabo habría que tener muy en cuenta la opinión de sus trabajadores. La obligación de una televisión pública no es solo ser viable, también lo es estar al servicio de todos los canarios y no solo del Gobierno de turno. Resumiendo, debe ser viable y democrática y el máximo exponente de dicha modernización comienza por la elección de su director general.

Señorías, son muchas las razones que justifican la necesidad de reformar la actual Ley de Radiodifusión y Televisión en la Comunidad Autónoma de Canarias. El Grupo Popular cree que en estos momentos es de una imperiosa necesidad democratizar la Televisión Canaria. No podemos permanecer indiferentes ante lo que está aconteciendo.

Hoy, señorías, Radiotelevisión Canaria se caracteriza por el sectarismo y no por la imparcialidad, por la objetividad y por la veracidad, tal como señala la ley. Tampoco hay una separación entre información y opinión. El pasado sábado, sin ir más lejos, podíamos leer en la página del programa Canarias Directo, en Facebook -y leo literalmente-: "Canarias dice no a las prospecciones petrolíferas. Hoy los canarios salimos a la calle en protesta por estas acciones. Recogeremos la voz de rechazo de todos los canarios para contárselo esta tarde, en Canarias Directo". Señorías, ¿con esto se expresaba acaso el deseo de la Televisión Canaria? ¿Es esta la línea editorial del medio, tomar partido y animar a la asistencia a una manifestación? Esto, señorías, es tan solo un ejemplo de en qué han convertido a dicha televisión. El uso que hace este Gobierno de la Televisión Canaria es algo obsceno. Ha llegado hasta tal punto la manipulación y el afán de este Gobierno y de su presidente por querer controlar la televisión pública que incluso no les ha temblado el pulso a la hora de cercenar la libertad de los profesionales que trabajan en la Televisión Canaria, que tienen instrucciones claras de lo que debe salir y de lo que no. En muchas ocasiones incluso en contra de su criterio profesional y lamentablemente, señorías, no pueden plantarse por miedo a ser despedidos. Sí, señorías, hoy un pilar fundamental de una sociedad democrática, como es el derecho a la información veraz y objetiva, se tambalea en la Televisión Canaria, por no decir que ha caído ya.

Los informativos de la televisión pública que pagamos todos los canarios, siguiendo instrucciones del señor Rivero, han emprendido una cruzada diaria contra todo lo que suene a Partido Popular, José Manuel Soria o Gobierno de España. Señorías, la adulteración de la información política que se está haciendo en la Televisión Canaria y cómo se está deformando la realidad para favorecer a Coalición Canaria y al presidente del Gobierno es algo descomunal que no tiene precedentes. Ha convertido la Televisión Canaria en una agencia privada de propaganda política. Al señor Rivero le ha surgido una gran vocación y no duda en seguir los pasos de su homólogo, el presidente venezolano. Sabemos que en el fondo al señor Rivero le gustaría tener incluso su propio espacio. Yo le reconozco que ya no nos sorprendería en absoluto verle al frente de su particular Aló Presidente, señorías.

En la proposición de ley, en la proposición de ley que hoy presentamos planteamos que el director general de Radiotelevisión Canaria sea elegido por el Parlamento de Canarias para cada legislatura por una mayoría de dos tercios. La neutralidad, la neutralidad, es algo imprescindible en un medio de comunicación público. Los ciudadanos se merecen una información imparcial y una gestión transparente que cierre definitivamente el paso a la manipulación y asegure la independencia del medio. También, también, señorías, una gestión transparente en la contratación de programas, no como sucede en la actualidad, en la que un grupo privilegiado, en la que un grupo privilegiado de empresas concentra el 90% de la producción delegada, sin darles la oportunidad a las pequeñas empresas, que necesitan el impulso del sector público para su implantación y desarrollo.

El director general de Radiotelevisión Canaria, como órgano ejecutivo superior del ente, debe dejar de ser un comisario político al servicio del Gobierno. Señorías, creemos, creemos, que el mismo debe estar dotado de una amplia legitimidad democrática y al estar elegido por 40 diputados de la Cámara el mismo o la misma estaría revestido con unas garantías con las que en la actualidad no cuenta.

Seguramente habrá quien se pregunte por qué el Partido Popular hace este planteamiento ahora y no antes y seguramente recurrirá al razonamiento simplón de que ahora estamos en la Oposición y antes gobernando. Pues, señorías, la razón es que nosotros no llevábamos en nuestro programa electoral ni en el acuerdo de gobierno que suscribimos con Coalición Canaria el cambio de la Ley de la Televisión Canaria. Sin embargo, no todos pueden decir lo mismo. El acuerdo por la gobernabilidad, la dinamización económica, el empleo y la cohesión social de Canarias, suscrito por Coalición Canaria y por el Partido Socialista para la presente legislatura, dice, concretamente en su página 48, que ambas formaciones políticas se comprometen a impulsar una ley que sustituya la vigente Ley de Radiotelevisión Canaria, actualizando su contenido, adecuándolo a los principios de objetividad, independencia y pluralidad, así como a un nuevo régimen jurídico de elección del director general del ente por el Parlamento de Canarias. Así lo dijo también el presidente del Gobierno en su discurso de investidura en el Parlamento en julio del año pasado.

Y de la misma forma, señorías, lo han reiterado destacados miembros del Gobierno, como el actual consejero de Presidencia, hoy presente en la Cámara, cuando se le ha preguntado. De hecho fue el Grupo Parlamentario Socialista -recordemos- quien trajo a la Cámara la pasada legislatura una proposición de ley para que el director general fuera elegido por el Parlamento de Canarias. La misma caducó lamentablemente sin poder ser debatida por este Parlamento.

En definitiva, señorías, en definitiva, señorías, han transcurrido ocho meses desde que el Gobierno tomó posesión y nada de nada. Estamos ante un incumplimiento más de este Gobierno y ya son muchos.

El Grupo Parlamentario Popular sigue llevando la iniciativa en la Cámara, seguimos marcándole el paso a un Gobierno desnortado, que no sabe hacia dónde va.

Señorías, el pasado viernes, el pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. La nueva ley pretende que se gobierne mejor, que se gestione bien, que la gente sepa en qué se gasta su dinero. Se aplicará en todas las administraciones públicas y en las empresas públicas, también en la Televisión Canaria. Los gestores públicos tendrán que informar en qué gastan el dinero público y los ciudadanos podrán consultar a través de Internet los contratos o los sueldos.

Señorías, no se pueden hacer una idea de cuánto me alegro. A día de hoy el sueldo de los directivos de la Televisión Canaria es un secreto y, lo peor de todo, se niegan a darnos la información. Además, cuando hemos solicitado los contratos suscritos por Radiotelevisión Canaria para el suministro de contenidos a su programación o incluso el coste, la respuesta que hemos obtenido es que es información confidencial y que no se da a los diputados del Parlamento de Canarias...

El señor presidente: Un minuto, para ir terminando, don Víctor. Sí, para ir terminando.

El señor Moreno del Rosario: A partir de ahora, señorías, no solo los diputados del Parlamento de Canarias sino todos los ciudadanos podrán conocer dicha información.

También incluimos en la ley el régimen de incompatibilidades del director general, que las retribuciones se equiparen a las de un director general, causas de cese, que el Parlamento de Canarias pueda abrir un expediente de cese al director general y que el mismo pueda ser cesado tras seguir un procedimiento.

Señorías -concluyo-, consideramos conveniente y necesario acometer la reforma de la actual ley. Es una tarea urgente que no debe demorarse. Los ciudadanos tienen derecho a una gestión transparente y a una información imparcial, objetiva y veraz. Algo que no sucede en la actualidad.

Por ello consideramos de manera urgente que hay que reforzar los mecanismos que garanticen la independencia de la Televisión Canaria que pagamos todos los canarios, impidiendo la manipulación en beneficio de un gobierno o de un partido. Creemos que con las medidas que incluimos en la proposición de ley, con ellas, se contribuye a democratizar la Radiotelevisión Canaria y por eso le pedimos al resto de los grupos de la Cámara que voten a favor de su toma en consideración para que la misma pueda ser tramitada.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Víctor Moreno.

Fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. Saben que tiene diez minutos cada grupo.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señorías.

Nosotros somos partidarios desde siempre de la existencia de medios de comunicación de titularidad pública. Lo creemos coherente y correcto, propio de las democracias más avanzadas y, por lo tanto, no nos avergonzamos de la existencia de medios de titularidad pública ni cambiamos de posición en función del momento. Creemos que es bueno para la democracia, para el pluralismo, para que la información no interesada llegue a los ciudadanos, para la formación de los ciudadanos. De manera que no les quepa la menor duda de que nosotros siempre hemos defendido la existencia de medios de titularidad pública.

También he de decirles que el modelo canario de gestión lo hemos defendido siempre y desde el primer minuto, a pesar de las presiones gubernamentales de Madrid en el momento en que se puso en marcha al interpretar -un gobierno conservador- que el modelo canario privatizaba este servicio. Lo digo para los que no tengan memoria o no estuvieran en esto. Se impugnaron las decisiones tomadas en este Parlamento, y por parte del Gobierno, al interpretar que vulnerábamos la legalidad vigente porque privatizábamos el servicio público de información.

De manera que de acuerdo en la necesidad de este tipo de instrumentos y de acuerdo con nuestro modelo, que ahora copia todo el mundo, también el Partido Popular, porque este es un modelo que establece límites, y unos límites además estrictos, a la evolución del gasto. A no ser que se salten la ley, que esos son otros López, a no ser que alguien incumpla de forma flagrante con las reglas existentes y ya veremos las consecuencias, pero este es un modelo que tal como se diseñó está acotado y los recursos son los que decide este Parlamento, y con esos recursos debe desempeñar su función.

Además hay que decir que el esfuerzo fiscal, presupuestario, de esta comunidad en esta materia es el más moderado de todo el Estado, de todas las comunidades autónomas de España. Y nosotros creemos que ha sido correcta la decisión en su día, el modelo, y creemos que el esfuerzo de contención del gasto de los últimos años en un servicio como este tiene sentido; que se haya pasado de los 68 millones de hace cuatro años a escasamente 30 millones en el año 12. Nos parece que es un gesto, una expresión, de moderación en el gasto público en un elemento importante pero desde luego no vital, de forma que también estamos de acuerdo en la contención que se ha producido en el gasto en esta materia.

No estamos de acuerdo, porque es demagogia, porque no es verdad, en contraponer esto con el mundo mundial, de que esto es el culpable del 31% de paro. Esto nosotros no lo compartimos, ni antes ni ahora. Esto es simplificar la realidad, pensar que la gente es tonta y pensar que este tipo de decisiones modifican la realidad. Esto no es verdad. De manera que nosotros no hacemos demagogia, no simplificamos los argumentos, no contraponemos los graves problemas de la sociedad a la existencia de la tele, porque no es verdad. Y menos lo deben hacer los que cuando han tenido responsabilidad no tomaron decisiones para ser coherentes con lo que dicen. Pues nosotros en esa no hemos caído ni vamos a caer. Creemos sinceramente que el modelo, el esfuerzo y la necesidad están más que justificados y, por lo tanto, lo vamos a seguir defendiendo.

Donde sí coincidimos, ahora, que no antes, con el Partido Popular es en modificar las reglas de juego de los medios públicos de comunicación. En eso sí estamos de acuerdo. Ahora, porque antes ustedes no estaban de acuerdo. Y espero que se generen condiciones en esta Cámara, porque lo han dicho los partidos que sustentan al Gobierno y tienen mayoría parlamentaria, porque lo dijo el presidente en el discurso de investidura y yo aprovecho para sacárselo siempre, y se lo saqué en el debate del estado de la nacionalidad y volvió a reiterarlo, que se pueda generar aquí, a ser posible, consenso amplio, unanimidad, a favor de una modificación de las reglas. Porque las reglas originarias tienen un gran defecto, y es que el control es gubernamental. Y como la tentación humana es la tentación humana y casi nadie se libra de ella, pues, lo normal es que, si depende del Gobierno, el Gobierno termine utilizando la tele a favor propio, la oriente en base a su visión, a su mayoría, a sus intereses, a sus prioridades, y esto ha ocurrido y nosotros lo hemos denunciado, antes y ahora. Por eso decimos que el remedio al uso partidista de los medios de comunicación -bastante habitual en otras latitudes también-, pues, se corrige modificando las reglas. ¿En qué sentido se tienen que modificar las reglas? Quitar el control gubernamental de la tele, porque es así como podemos mejorar el pluralismo y la independencia de la tele. Que sea esta Cámara quien tome las decisiones más relevantes, no solo el presupuesto, que esta Cámara decida un consejo de administración con competencias, que no las tiene. El Consejo de Administración de la Radiotelevisión pública en Canarias no pinta nada, no pinta nada, y un consejo de administración de un ente que es de todos tiene que tener la última palabra, porque sí tienen responsabilidad pero no toman decisiones.

Y, por lo tanto, nosotros reclamaremos, cuando corresponda y el Gobierno tome la iniciativa, porque si no la perdemos los de la oposición, un consejo de radiotelevisión con mando en plaza, como debe ser; un director general que decida este Parlamento por mayoría reforzada. Tampoco hay que cerrar el porcentaje porque tendrá que ser producto de la negociación. Pero un director general, con perfil profesional, que sea decidido por el Parlamento, con mayoría reforzada, para tratar de buscar a un buen profesional y que este responda a la pluralidad, a la diversidad ideológica y a los objetos propios de un medio de comunicación. Y nos gustará también concretar en esa ley un mayor nivel de profesionalización. Está ligado a lo anterior: que podamos tener un consejo de redacción razonablemente profesional, que dirija, esencialmente, porque nada hay puro, la línea editorial de un medio de comunicación de estas características. Y eso es posible porque hay ejemplos en nuestro entorno político o sociopolítico, desde el Reino Unido e incluso Televisión Española.

De manera que en ese sentido nosotros estamos de acuerdo. De forma que votaremos a favor de la toma en consideración de este proyecto de ley, aunque tiene un toque oportunista, pero ¡como bastante oportunista!, primero porque lo presentan ustedes ahora y no cuando tenían aquí alianza suficiente para tener mayoría; y en segundo lugar, que solo tratan de modificar aquellos aspectos que en estos momentos, en el orden de análisis que hacen ustedes -y yo les sigo-, pues, es la dirección general.

En cualquier caso, nosotros votaremos a favor. Si se tomara en consideración por el Pleno del Parlamento, enmendaríamos sustancialmente las propuestas que ustedes hacen, porque creemos que se quedan muy cortas para los objetivos que nos parece que habría que considerar; y si decae, porque supongo que es lo que harán los grupos del Gobierno, estaremos atentos y volvemos a reiterar el compromiso de los partidos que sustentan al Gobierno y del presidente de traer aquí una modificación sustancial sobre la Ley de la Radiotelevisión, que, al menos, debe tener estos principios.

Dicho eso, acabo solo reiterando nuestro compromiso, nuestra coincidencia, en la necesidad de este tipo de instrumentos, que hay que hacerlos con moderación en un momento como en el que estamos. Creo que en esta materia aguantamos la comparación y donde debemos mejorar es en el control y en el pluralismo. El control parlamentario de lo que ahí se haga, de lo que ahí se diga, de lo que ahí se cobre y garantizar que la diversidad ideológica esté representada y que lo central de ese instrumento sea informar y cohesionar, y para eso no basta con decir solo lo que piensa una de las partes. Y yo espero que en ese proceso nos podamos encontrar en esta Cámara hoy con esta iniciativa o mañana con la que puedan proponer los grupos que sustentan al Gobierno, que, insisto, han prometido este tema.

Y solo acabo diciendo que lamentablemente el uso partidista de los medios de titularidad pública es muy común. El uso partidista es muy común, muy humano, pero yo no me iría tan lejos, a comparar la tele canaria... (Corte del sonido producido por el sistema automático de control del tiempo.) primero porque yo creo que tiene connotaciones peyorativas que no vienen al caso; vamos a compararnos con Madrid, por ejemplo, y a lo mejor aprendemos todos.

Muchas gracias.

El señor presidente: Gracias, don Román Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Belinda Ramos.

La señora Ramírez Espinosa: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Señor Moreno, el Partido Popular ha estado formando parte del Gobierno de Canarias durante 18 años y 4 meses, si no me equivoco. Yo me pregunto si ustedes, durante todo este tiempo atrás, no se han dado cuenta de la necesidad de cambio que ha habido en la Radiotelevisión Canaria. Aunque puede ser también que no haya visto durante todo ese tiempo la Radiotelevisión Canaria, pero, bueno. En fin.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular propone una modificación que se ciñe a los artículos 14 y 15, comprendidos dentro de la sección quinta del capítulo II del título primero de la ley que regulan la figura, los artículos estos, que regulan la figura del director general de la Radiotelevisión Canaria. Una modificación referida, por tanto, única y exclusivamente al nombramiento del director general, a su régimen de incompatibilidades, las retribuciones, las causas y el procedimiento para la declaración de su cese.

Y les diré, señorías, que desde el Grupo Parlamentario Socialista nos vamos a oponer a esta modificación. Pero nos oponemos no porque no estemos de acuerdo con la mayor parte del contenido propuesto por el Grupo Parlamentario Popular, sino porque entendemos que la situación socioeconómica actual, así como los constantes cuestionamientos que la ciudadanía se hace acerca de la autonomía, la independencia y la objetividad del ente público de la Radiotelevisión Canaria, requieren una modificación más exhaustiva de esta ley, que la regula actualmente, una modificación que vaya más allá de una mera referencia a la dirección del ente.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista defendemos un modelo de radiotelevisión pública basado en los principios que determina tanto la normativa de la Unión Europea en esta materia como los principios y las garantías establecidos por nuestra Constitución española, así como respetando también las normas básicas de la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Ya el protocolo al Tratado de Ámsterdam, de octubre del 97, que fue ratificado por el Consejo de Ministros de Cultura de la comunidad europea, determina que el sistema de radiotelevisión está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad, así como la necesidad de proteger el pluralismo en los medios de comunicación. Y en base a esto, la Unión Europea consagra tres cualidades irrenunciables de este servicio público: su estrecha relación con la democracia, su naturaleza sociocultural y su distinción respecto del sistema radiotelevisivo general.

Nuestra Constitución española recoge también en su artículo 1 el pluralismo político como un valor superior, al mismo nivel que la libertad, la igualdad y la justicia, y señala en su artículo 6 como agentes que expresan el pluralismo a los partidos políticos, es decir, a todos los partidos políticos reconocidos, todos, con independencia de las siglas que tengan o de la representación que ostenten, garantizando así que sean la expresión del valor del pluralismo. Y además el texto constitucional establece varios principios que aluden al ejercicio efectivo del pluralismo, tales como el ejercicio de la libertad comunicativa, la libre formación de la opinión pública, y establece en su artículo 9 la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, la obligación de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, así como facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Por ello, señorías, entendemos que un ente como la radiotelevisión pública, configurado como un servicio público y financiado con fondos públicos, debe prioritariamente orientar su organización como empresa pública y sus recursos técnicos y humanos a satisfacer los intereses, las necesidades y los deseos de la ciudadanía, basándose en estos principios, en estos derechos y garantías normativas. Porque el principal rasgo que configura la especificidad de una radiotelevisión pública es ofrecer una imagen permanente de pluralismo social, ideológico y político, abriendo espacio y dando cabida a todos. Y la primera premisa que debemos adoptar es que el pluralismo mediático es un valor que hay que preservar dentro de un Estado social y democrático de Derecho, puesto que una de las condiciones para que esa democracia se consolide es la existencia de una opinión pública libre e informada, si bien todos sabemos que esto no es algo que se produzca de manera natural y que, por lo tanto, se han de articular las medidas necesarias para que la información llegue a un número importante de ciudadanos, que esta información tenga su origen en fuentes diferentes y que contenga el punto de vista de varios y no de uno solo. Por eso, para que esto se haga una realidad, para que la radiotelevisión pública pueda cumplir su papel social, es necesario también que exista voluntad política. Una voluntad política que asegure, por un lado, la desvinculación del Gobierno del nombramiento del director general del ente y, por otro lado, que se refuercen y se consoliden esas características que hacen que las televisiones públicas sean diferentes y que tengan un valor añadido frente al de las cadenas de gestión privada. Quiero decir con ello que es necesario que se defina más ampliamente el concepto de la función de servicio público que debe desempeñar. Es necesario que se realice también un mayor esfuerzo en la búsqueda de la variedad, en la búsqueda de la innovación y en lograr la máxima calidad en sus contenidos, y por supuesto es indispensable que se articulen de una manera concreta los medios para garantizar el derecho de acceso a los grupos políticos y a los grupos sociales, así como a la participación social en las decisiones, asegurando la presencia de la sociedad civil, de los propios telespectadores, en el órgano del ente.

Los socialistas queremos un modelo de radiotelevisión pública con contenidos de calidad y de servicio público en interés de toda la sociedad canaria, en el que se impulsen los contenidos culturales y educativos, tanto en la radio como en la televisión, y en el que se hagan programas de gran impacto sociocultural. Me hago eco de aquellos que afirman que la radiotelevisión debe ser una experiencia cultural en sí misma. Y como servicio público debe tener una responsabilidad educativa y un compromiso en este sentido con los ciudadanos, que, como ya decía en la comisión anterior, una responsabilidad educativa que debe ejecutarse no solo haciendo programas educativos, sino también colaborando con el sistema escolar y controlando los elementos educativos de toda la emisión para que toda la radiotelevisión esté al servicio de los canarios y de las canarias.

Asimismo, es importante que se consiga que los medios audiovisuales no sean un elemento más de discriminación de las personas con discapacidad visual y auditiva, promoviendo que sus contenidos sean accesibles y accedidos por todos. No se debe escatimar en realizar todos los esfuerzos necesarios para conseguir la integración de estas personas.

Igualmente, es de imperativo legal que se respeten los derechos de los menores, aplicando el código de autorregulación de contenidos.

En fin, desde el Grupo Parlamentario Socialista defendemos esta función social de la radiotelevisión en el marco del servicio público que debe ejercer; una radiotelevisión pública de calidad, que priorice contenidos por encima de las audiencias, con unos servicios informativos de calidad, independientes, pero también neutrales. Creemos que una radiotelevisión pública debe informar, formar y entretener. Creemos en todo esto pero también que todo esto se puede hacer con una reducción importante de los fondos procedentes de las arcas públicas. Una reducción que es totalmente necesaria en los tiempos de crisis que tenemos ahora mismo.

En definitiva, defendemos un modelo de radiotelevisión que respete la pluralidad, pero una pluralidad no solo política sino también una pluralidad social y cultural, y esto, señorías, no se puede lograr con una modificación de la ley que regula nuestra radiotelevisión canaria referida única y exclusivamente a la regulación de la figura del director general del ente. Y digo esto porque desde el Grupo Parlamentario Socialista sí somos partidarios de que el nombramiento del director del ente se ha de desvincular del Gobierno, por coherencia con los principios de neutralidad e imparcialidad, pero además somos partidarios de la necesidad de que en los órganos de dirección y gestión de las radiotelevisiones públicas se acepte una representación social y no solo política, porque la representación política siempre, siempre, responderá a dudosos criterios de pluralismo.

Pero además de la representación, de la necesidad de representación social, también compartimos la preocupación y la inquietud que genera el control democrático de nuestra radiotelevisión autonómica. No solo hay que garantizar el acceso y el control de los grupos políticos más significativos sino también de los grupos sociales más significativos de nuestra comunidad autónoma, puesto que es un derecho que está reconocido por nuestra Constitución. Porque, ciertamente, señorías, la mayoría de los debates, a los que da lugar la radiotelevisión en el Parlamento, afecta a cuestiones como el tiempo de presencia en los informativos de los diferentes líderes políticos o el tratamiento que la radiotelevisión hace de los políticos de la Oposición, sin que sea muy habitual que se produzcan debates profundos sobre los contenidos de la programación o la presencia en pantalla de los grupos sociales más relevantes y de todas aquellas cuestiones que de verdad interesan al televidente y al ciudadano en general. Y esto es una demostración más de que el concepto de control político se ha reducido a eso, a lo estrictamente político, limitando enormemente el principio de participación de los ciudadanos en las tareas públicas que reconoce la Constitución española.

Por lo tanto, para garantizar la desaparición de este control político sobre la radiotelevisión pública sostenemos que es necesaria la creación de una autoridad independiente, en la que la opinión pública pueda opinar y juzgar con mayor objetividad, que las constantes denuncias de los partidos de la Oposición contra el control político de la radiotelevisión por parte de los partidos que gobiernan... Es necesaria la creación de un consejo audiovisual de composición...

El señor presidente: Sí, vaya terminando, doña Belinda. Un minuto, sí.

La señora Ramírez Espinosa: Un consejo audiovisual, como decía, con elección de personas de reconocido prestigio procedentes de los distintos ámbitos sociales, culturales, informativos, en los que sus miembros sean elegidos por un periodo distinto al de las legislaturas, sometidos a un régimen severo de incompatibilidades, tanto de cargos políticos como de intereses económicos en el sector audiovisual y que vele por que la Radiotelevisión Canaria cumpla los derechos y las garantías reconocidos en la normativa de aplicación. Y una autoridad en la que se dé entrada a la participación profesional y social, representación profesional para que estén representados todos los trabajadores y social para que se vele por los derechos de acceso de los grupos sociales, con un defensor del oyente o del telespectador. Todo esto no solo para una mayor democratización del ente sino también para garantizar a sus trabajadores un ejercicio libre de profesión.

Por eso, señorías, no podemos apoyar la modificación de la Ley de la Radiotelevisión Canaria propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, puesto que nos parece que dicha modificación debe ser más exhaustiva, tomar en consideración otras cuestiones que preocupan en mayor medida a la ciudadanía, además de la regulación de la figura de su director general. Y además porque sabemos que el Gobierno está preparando, está tramitando, una proposición de ley en este sentido, que esperamos que la presenten cuanto antes a esta Cámara para su debate y para que con el debate democrático de todos los grupos parlamentarios, pues...

El señor presidente: Muchas gracias, doña Belinda Ramírez.

Por el Grupo Parlamentario de Nacionalistas Canarios, doña Flora Marrero Ramos.

La señora Marrero Ramos: Muchas gracias, señor presidente.

Me acaba de decir un compañero que termine en un minuto. Intentaré ser breve.

Señor Víctor Moreno del Rosario, tenga usted la certeza y la tranquilidad absoluta de que el próximo director o directora del ente de la Radiotelevisión Canaria será elegido por el Parlamento. Tenga la certeza absoluta. Pero, como usted sabe que usted está en la Oposición y nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar, y si usted estuviera en mi lugar haría lo mismo, los tiempos los marca quien gobierna, no quien está en la Oposición, y eso lo sabe usted perfectamente porque lo está haciendo allí donde está gobernando, como toca.

Y dicho esto y garantizándole que el próximo director del ente de la Radiotelevisión Canaria será elegido por este Parlamento, no porque lo diga yo como diputada sino porque fue un compromiso del presidente del Gobierno en el discurso de investidura, porque además está en el pacto de gobierno con el Partido Socialista, nosotros lo llevábamos además en el programa electoral... Y es más, también, aparte de la modificación, que va a ser amplia, y coincido con lo que ha dicho la compañera del Grupo Parlamentario Socialista, no se puede limitar una modificación de una ley tan importante como la del año 84 a dos artículos, el 14 y el 15, porque le interese a usted en este momento. Entendemos que tiene que ser una modificación más amplia, como ya está publicada en la propia web del Parlamento de Canarias la del Consejo General del Sector Audiovisual. Ya está y fue un compromiso del presidente del Gobierno de Canarias en el discurso de investidura. Que, por cierto, me he releído el Diario de Sesiones y en ningún momento el portavoz entonces, don José Manuel Soria, le pidió al presidente del Gobierno o dijo en su propuesta la modificación de la ley. No lo dijo, no lo dijo, no lo dijo, no lo dijeron ustedes. Pero de todas maneras tampoco me extraña, porque usted tiene cosas en el programa electoral que no ha cumplido y ahora cosas que no tenían en el programa electoral que las traen aquí como una proposición de ley.

¿Y usted recuerda cuando se constituyó la Comisión de la Radiotelevisión Canaria, lo recuerdan todos? Pues el presidente, don José Luis, el presidente de la comisión -digo bien-, el que fue electo, don José Luis Perestelo, también dijo que esperaba que el próximo presidente fuese elegido por esta Cámara.

¿Qué quiero decir con ello? Que, mire, que tenemos que ser coherentes con lo que decimos con nuestras palabras. Usted sabe que ha sido elegido por el Gobierno, por ejemplo, el director de la Agencia EFE. Yo sé que usted está un poquito moviéndose en el asiento, pero esa es la realidad que hay en este momento.

Y es más, ¿qué está sucediendo en el resto de las comunidades autónomas? Mire, en Castilla-La Mancha el director, donde gobierna el Partido Popular, es elegido por el Consejo de Gobierno; en Extremadura, la próxima semana se va a elegir al director general, que creo que va a ser una mujer, lo propone el Gobierno; en Valencia, donde también gobierna el Partido Popular, hay una modificación a raíz del Partido Socialista, pero en este momento es elegido por el Consejo de Gobierno; en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde también gobierna el Partido Popular, es nombrado por el Consejo de Gobierno; en Murcia, donde también gobierna el Partido Popular, es nombrado por el Consejo de Gobierno; en Baleares, donde es elegido por el Parlamento y la votación fue la semana pasada; en el País Vasco es elegido por el Parlamento, hay un pacto con el Partido Socialista; en Galicia es elegido por el Gobierno y es verdad que hay un texto que va a ser consensuado por las dos fuerzas políticas -por el Partido Socialista y por el Partido Popular-.

Y, mire, yo a lo que le invito, porque sé que el Partido Popular suele hacer eso, cuando tiene una iniciativa parlamentaria, lo que hace es que la va repartiendo por las diferentes comunidades autónomas. Aquí han venido iniciativas parlamentarias que son copias textuales que ustedes han presentado en el Congreso y en el Senado y en otras comunidades autónomas. Presente la suya por los diferentes parlamentos autónomos y así los directores de los entes, de las televisiones autonómicas, son elegidos por el parlamento. Simplemente la tiene que reenviar por e-mail. Porque, mire, tenemos que ser coherentes.

Y además, usted ha hecho una proposición de ley que anuncio que en nuestro grupo la vamos a rechazar, pero el Parlamento es hablar, el Parlamento es escuchar, el Parlamento es pactar y es la base del parlamentarismo, donde yo creo firmemente, y nosotros vamos a tener en cuenta este documento, lo vamos a tener en cuenta, porque sabe que va a venir a esta Cámara y tenemos que hablarlo, y espero, y espero, que así se haga en todas las iniciativas parlamentarias que presentemos nosotros, en este caso estoy hablando del Congreso y del Senado, porque ustedes no hablan, ustedes no escuchan. Y es más, ustedes, cuando nos manifestamos y salimos a la calle, dicen que lo hacemos... hacer una fiesta, y no. Usted tiene que respetar, por ejemplo, lo que va a suceder mañana con el derecho de huelga. Yo voy a venir a trabajar pero también me voy a ir a manifestar. Y vengo a trabajar porque soy diputada de este Parlamento, pero creo que es necesaria esta huelga. Y sé que no va a solucionar nada, sé que no va a solucionar nada, y que hay otros instrumentos que se pueden hacer, pero pido el respeto absoluto a todas esas personas, como las que nos manifestamos, que yo fui el sábado a Lanzarote, y fuimos a manifestarnos porque creíamos que no son buenas las prospecciones petrolíferas para Canarias, y ustedes se han reído de todas las personas que se manifestaron.

Por eso, en esta línea nosotros vamos a admitir y vamos a leer con muchísima tranquilidad el documento este que usted ha presentado, excepto, excepto, aquellas cosas que están recogidas en el artículo que son un disparate. Por ejemplo, "el director cesará por muerte"; pues, claro, yo nunca he visto un director dirigiendo la tele más allá de esta vida. Por supuesto que eso no lo vamos a aceptar.

Y, mire, ya para terminar, y como he dicho, usted también acaba de argumentar antes cosas que son... Ha dicho usted lo que le interesaba. Usted dijo que había una reducción del presupuesto, dio la cifra de 60 a 38 millones, pero se le olvidó que en los últimos Presupuestos presentados en esta comunidad autónoma hubo una reducción de 4 millones de euros en el ente. Lo dijo ayer el consejero de Economía y lo vimos en los Presupuestos. No lo dijo porque no le interesa.

Es verdad que a cada canario le cuesta 13,50 euros al año lo que es la Televisión Canaria y la ve un millón de canarios, y en ese millón de canarios está incluido usted. Usted ve la Televisión Canaria porque, cuando quiere ver cosas que suceden en esta tierra, como el volcán, como las manifestaciones, como el Pleno de este Parlamento -que está muy pendiente a ver si usted sale en la tele, y yo desde luego no estoy pendiente de si salgo o no-, usted va a la Televisión Canaria. ¡Claro que va! Y además, no lo dijo, y le faltó completar que la radio cuesta 0,50 céntimos, y usted va a las tertulias, porque compartimos en algunas ocasiones alguna tertulia, y escucha la radio. Y cuando quiere escuchar cosas de Canarias, ¿a dónde va?, pues a la radio autonómica, y se le ha olvidado -repito- que la ve un millón de personas.

Y también usted ha hablado de un modelo en el que no voy a entrar.

Y, mire, al final yo creo que lo que tenemos es que tratar estos temas con seriedad. No podemos venir con iniciativas parlamentarias para modificar un artículo, dentro de un mes venimos para otras iniciativas parlamentarias para modificar otro artículo.

Y acabo de leer en Twitter un comentario de estos que se hacen de 140 caracteres, "que la vida es como Internet". A veces es casi imposible establecer una conexión y desde luego, señor don Víctor Moreno, es imposible establecer una conexión en este momento con el Partido Popular.

Muchas gracias.

(El señor Moreno del Rosario solicita intervenir.)

El señor presidente: Gracias, doña Flora Marrero.

Diga, don Víctor, dígame.

El señor Moreno del Rosario (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Por haber sido contradicho. Simplemente una matización.

El señor presidente: Sí. Bueno, tiene un minuto.

El señor Moreno del Rosario (Desde su escaño): Simplemente quiero leer el artículo 20 del Estatuto de Autonomía de Canarias. En su punto 1 dice: "El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones al Parlamento, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria y por dimisión, incapacidad o fallecimiento del presidente". Lo que algunos se toman a risa debería repasarse y aprender un poco, repasar las lecciones de Derecho.

Y, además, señor presidente, la condición de diputado también se pierde por muerte.

Gracias.

El señor presidente: Señorías, vamos a votar.

Señorías, ocupen sus escaños, por favor, y vamos a votar la toma en consideración de la proposición de Ley, del Grupo Parlamentario Popular, de Modificación de la Ley 8/84, de la Radiodifusión y Televisión de la Comunidad Autónoma de Canarias, la toma en consideración. Comienza la votación. (Pausa.)

Resultado de la votación: 50 presentes, 20 a favor, 30 en contra y ninguna abstención.

Queda rechazada.

Señorías, muchísimas gracias. Buenas tardes.

Se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las diecisiete horas y cuarenta y cuatro minutos.)

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  • 8L/PPL-0008 Sobre De modificación de la Ley 8/1984, de 11 de diciembre, de Radiodifusión y Televisión en la Comunidad Autónoma de Canarias.


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