Diario de Sesiones 36/2012, de fecha 25/4/2012 - Punto 7

· 8L/C-0359 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre las alegaciones al trámite de audiencia referente a las autorizaciones de prospecciones petrolíferas en la Zona Económica Exclusiva española a 61 km de las costas canarias.

El señor presidente: Siguiente comparecencia, del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre las alegaciones al trámite de audiencia referente a las autorizaciones de prospecciones petrolíferas en la Zona Económica Exclusiva española, a 61 km de las costas canarias.

Don Manuel Fernández tiene la palabra.

El señor Fernández González: Buenos días, señorías. Señor presidente.

Esta comparecencia está dirigida al Gobierno para que nos explique lo que, bueno, cuáles fueron realmente las alegaciones que se hicieron en el trámite de audiencia.

Tengo que aclarar que el decreto de adjudicación de las prospecciones petrolíferas a Repsol es un decreto que fue preparado, hecho y realizado, por el ministro de Industria, el ex ministro de Industria, el señor Montilla, del Partido Socialista y del Gobierno socialista en el 2006, y que este decreto, pues, bueno, lo dejó sobre la mesa por las razones políticas que estimó oportunas. Tuvo que venir el Partido Popular para rescatar el mismo y poner en vigor algo a lo que España no puede renunciar bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, y máxime como que todo son beneficios y nada son perjuicios.

Con esas dos premisas, se tuvo la valentía de sacarlo adelante, porque dentro de los perjuicios lo único que no valoró el Gobierno del Partido Popular era la posible cuestión de votos de algún que otro partido político en Canarias. Eso es lo único que no tuvo en cuenta, lo único. Lo demás, los perjuicios se valoraron, los beneficios se valoraron y solamente había beneficios, única y exclusivamente beneficios, ningún perjuicio. Y eso es lo que queremos ratificar y ver cuáles fueron las alegaciones que hizo el Gobierno de Canarias para hacer esa posible oposición, radical oposición, sin juego ninguno, en que no admite ningún tipo de juego al Gobierno de España, de ese beneficio que es para todos los españoles, pero muchísimo más para todos los canarios, muchísimo más para todos los canarios.

Y esa renuncia a esa responsabilidad, pues, es lo que esperamos que nos explique el Gobierno de Canarias, dando alas y dando informaciones totalmente alejadas de la realidad para poner a una población, que está al margen de los conocimientos técnicos, que es lo que tampoco creo que tiene el Gobierno de Canarias... Ni tiene conocimientos técnicos, porque si los tuviera no diría las cosas que están diciendo, no las diría bajo ningún concepto, y que busque mejores asesores, que en el mundo hay así, hay así. Ustedes, los asesores que tienen, si son los que hasta ahora, son las manifestaciones a través del presidente del Gobierno y otros políticos del Gobierno de Canarias, lo primero que tienen que hacer para empezar y seguir gobernando es prescindir de esos asesores. Lo primero. Es cuestión, es cuestión simple, como les diré, simple, de física y de matemáticas. Nada más. No son valoraciones, es física y matemáticas. El que sepa un poco de física y un poco de matemáticas para aplicar lo que son los principios físicos conforme a las matemáticas, el resultado es matemático, y es lo que da. No hay otra cuestión.

Más tarde, después, como tendré más tiempo, pues, podremos entrar en más detalle en estas cuestiones.

Sí quiero también valorar que en el tema de este trámite de audiencia solamente había una obligación -entre comillas- de pedir trámite de audiencia y que era solamente al Cabildo de Lanzarote, porque fue el que se opuso al trámite medioambiental, digamos, imperfecto o insuficiente, que se hizo en la autorización del 2001. Le dieron la razón, se mejoró el trámite medioambiental, completando los informes, y, por lo tanto, ahora, al sacar el nuevo decreto, habría que dar trámite de audiencia al Cabildo de Lanzarote. No así era necesario ni era preceptivo pedir el trámite de audiencia ni al Cabildo de Fuerteventura ni quizás a la propia Comunidad Autónoma de Canarias. No era preceptivo, porque la Comunidad Autónoma de Canarias no tiene ningún tipo de competencias, como ningún cabildo, en la zona donde se van a hacer las prospecciones. Ningún tipo de competencia, como si las hubiera hecho en Las Azores, exactamente igual, o al norte, o al norte del Cantábrico. Exactamente igual, exactamente igual. Las competencias del Gobierno de Canarias son las mismas. No obstante, la generosidad del Gobierno y la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, para precisamente dar más posibilidades de que aleguen más, se le dio también -por ser de alguna forma la misma situación que Lanzarote- a la isla de Fuerteventura, a su cabildo, y a la comunidad autónoma en su conjunto. Para considerar que no se dejaba, pues, de intervenir. Se prorrogó incluso el trámite de audiencia, que era de diez días, se prorrogó igualmente también, para que tuviesen también mayor facilidad de aportar.

Pero lo que no sabemos hasta ahora, por lo menos en el ámbito en que yo puedo moverme y ver, es cuáles fueron esas alegaciones. Eso es lo que estamos pidiendo para argumentar consecuentemente, bueno, por lo menos comentarlas, si tienen razón o lo creemos, o discutirlas. Y eso es lo que pedimos, la comparecencia del Gobierno de Canarias, en la figura de la consejera de Industria y Empleo de este Gobierno.

Nada más. Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Manuel Fernández.

La señora consejera de Empleo, Industria y Comercio, doña Margarita Ramos.

La señora consejera de Empleo, Industria y Comercio (Ramos Quintana): Gracias, señor presidente.

Comparezco en nombre del Gobierno para contestar a la cuestión relativa a cuáles han sido, de qué naturaleza han sido las alegaciones que ha presentado el Gobierno al trámite de audiencia que dio el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en relación con las autorizaciones de prospecciones petrolíferas en la zona económica exclusiva española.

Bien. A esta pregunta formulada por el Partido Popular he de contestar diciendo que desde el principio el Gobierno de Canarias ha manifestado un rechazo frontal al modo de operar del Gobierno de la nación, porque no se trata, señoría, a diferencia de lo que ha planteado, del cumplimiento de un mero trámite en un procedimiento administrativo. Esta es una cuestión absolutamente estratégica para Canarias, para el desarrollo de Canarias, para la seguridad de Canarias y para el futuro de Canarias.

Ilustraré a sus señorías acerca de lo que ha acontecido y cómo ha contestado el Gobierno de Canarias. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo remitió el 3 de febrero un expediente en el que se da trámite de audiencia a la Administración autonómica, por un plazo de 10 días, para presentar alegaciones y documentos pertinentes. El Gobierno de Canarias presentó sus alegaciones con fecha 15 de febrero, como saben; por tanto, en plazo y forma. En primer término, tengo que subrayar que lo que recibe el Gobierno de Canarias y en particular esta consejera es una notificación suscrita por el subdirector general de Hidrocarburos. La suscripción de esta notificación por el subdirector general de Hidrocarburos, con todo el respeto que merece ese cargo, merece nuestro más completo rechazo, porque refleja una falta de respeto institucional, porque una consejera de Industria merece por lo menos que a ella se dirija el secretario de Estado o eventualmente el director general de Política Energética y Minas. ¿Pero un subdirector general de Hidrocarburos para un tema de esta envergadura?

El Gobierno de Canarias reacciona en esta tesitura contestando al máximo nivel, a nivel de presidencia del Gobierno, porque se trata de un asunto absolutamente estratégico para las islas Canarias, de presente y de futuro.

Pero es que lo que aparentemente era un mero trámite procedimental en realidad encubría una infracción jurídica de entidad, al entender que la Comunidad Autónoma de Canarias es un simple interesado, un particular más, como cualquier otro sujeto particular público o privado. O sea, nos relegan a la categoría de mero interesado con un interés legítimo en un procedimiento que tiene que ver nada más y nada menos que con la seguridad de las islas, el desarrollo económico de las islas y el futuro de las islas Canarias.

Bien. Quiero recordar que el Gobierno de España pretendía convalidar el Real Decreto 1462/2001, que había sido anulado por la sentencia, como se sabe, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 24 de febrero de 2004. Aquel decreto del año 2001 otorgaba por seis años a la sociedad Repsol Investigaciones Petrolíferas, Sociedad Anónima, permisos de investigación de hidrocarburos, denominados Canarias 1 a 9, en espacios marítimos situados al frente de las costas de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, en aguas territoriales españolas en parte y en otra parte en aguas correspondientes a la zona contigua y zona económica exclusiva de España. La sentencia del Supremo, como recordarán, anuló los compromisos y programas de investigación correspondientes a los años tercero, cuarto, quinto y sexto.

¿Cuáles son las alegaciones que hace el Gobierno de Canarias? Cinco. De distinta naturaleza. Alegación número uno, cuestión competencial. Con motivo de la modificación de la Ley 34/98, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, por medio de la Ley 12/2007, de 2 de julio, el Gobierno de Canarias expresó su intención de reivindicación de sus competencias en los espacios marítimos adyacentes al archipiélago y, en consecuencia, interpuso un recurso de inconstitucionalidad, el recurso 2586/2008, siendo vicepresidente del Gobierno de Canarias el actual ministro de Industria, Energía y Turismo.

El Estado, como ustedes recordarán, a través de la Ley 12/2007, se atribuía competencias para autorizar la exploración, investigación y concesiones de explotación en zonas de subsuelo marino y también para otorgar autorizaciones de exploración y permisos de investigación cuando su ámbito corresponda a zonas terrestres y subsuelo marino. Canarias interpuso el recurso de inconstitucionalidad que aún no ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional.

Pero, a mayor abundamiento, la Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de Aguas Canarias, dice que el ejercicio de las competencias estatales o autonómicas sobre las aguas canarias y, en su caso, sobre los restantes espacios marítimos que rodean a Canarias, sobre los que el Estado español ejerza soberanía o jurisdicción, se realizará teniendo en cuenta la distribución material de competencias establecidas constitucional y estatutariamente, tanto en los espacios marinos como en los terrestres. Discrepancia que a día de hoy no se ha resuelto.

Alegación número 2: manifiesta ilegalidad de los permisos de investigación. ¿Por qué?, porque la sentencia del Supremo confirma la legalidad del real decreto del año 2001 por lo que se refiere a las labores del primer y segundo año, nada más, pero anula las labores del resto del periodo total concedido. La absoluta ausencia de medidas de protección ambiental en el acuerdo autorizatorio, unido al incumplimiento por el solicitante, por Repsol, de su obligación de incluir en el plan de investigación, a), medidas de protección ambiental y, b), un plan de restauración, mereció el reproche del Tribunal Supremo. Por tanto, la ilegalidad de las autorizaciones correspondientes a los años tercero, cuarto, quinto y sexto.

Alegación número 3: conculcación de la Ley 30/92, de la Ley de Procedimiento Administrativo, porque el artículo 67 de la Ley de Procedimiento permite la convalidación de actos anulables, pero nunca la convalidación de actos nulos.

Alegación número 4: caducidad y extinción del derecho a prospectar por transcurso del tiempo autorizado. Ya han transcurrido sobradamente los plazos máximos establecidos para la realización de actividades autorizadas por el decreto de 2001. La eficacia de aquellos permisos culminó transcurridos esos años desde su otorgamiento. Una forma de extinción de los derechos es el transcurso del tiempo para el cual fueron reconocidos. Por tanto, caducidad. Antes ilegalidad, ahora caducidad respecto de los permisos de investigación, que se encuentran extinguidos al tiempo de operar la pretendida convalidación por el nuevo Real Decreto, que es el 547 del año 2012.

Y alegación número 5: el real decreto no responde a la naturaleza propia de un acto de convalidación, porque la convalidación, jurídicamente hablando, solo puede comprender la subsanación de deficiencias detectadas, en este caso las deficiencias apreciadas en la sentencia de febrero del 2004 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Y es que el texto remitido y finalmente aprobado como real decreto no meramente se limita a subsanar, introduce modificaciones. Modificaciones que, además, son sustanciales, porque modifica el artículo 2 del Real Decreto de 2001, pasando de consistir en "dos pozos exploratorios" a "al menos dos pozos", lo que permite entonces un número indefinido de pozos, y todo ello con idéntica inversión. Se admiten más perforaciones y, por tanto, el riesgo medioambiental sin garantizar aumenta también.

El alcance de la convalidación se extiende más allá de lo que debería ser su contenido, porque no comprende la subsanación del acto administrativo deficiente, sino que la pretensión convalidatoria se extiende a la propia solicitud del interesado, de Repsol, que vino a incumplir con las exigencias que le imponía el artículo 16 de la Ley 34/98.

En resumidas cuentas, el ministerio, bajo el pretendido amparo de un acto de convalidación, está otorgando una nueva autorización, eludiendo el procedimiento legalmente establecido de adjudicación al impedir la presentación de ofertas en competencia. Por consiguiente, no hay convalidación. Hay una nueva autorización y es una adjudicación directa a una empresa sin concurrencia competitiva.

Esas son, señorías, las cinco alegaciones fundamentales que presentó en aquel momento el Gobierno de Canarias. Ninguna de ellas fue atendida. Y en la fase posterior de contestación de esta comparecencia podré dar cuenta a sus señorías acerca del estado en que actualmente se encuentra la impugnación que el Gobierno de Canarias ha realizado respecto de este Real Decreto 547/2012.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señora consejera, doña Margarita Ramos.

Por los grupos no solicitantes de la comparecencia, Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señorías, yo creo que más claro y explícito que lo que ha dicho la consejera en cuanto a las razones que sustentan las alegaciones del Gobierno de Canarias ante un asunto de esta envergadura están más que claras. Pero yo voy a hablar de la política, aunque algunos no se hayan enterado de que esta es una institución política y además democrática. Yo soy de los que reivindico la política, porque es que si no no estaría aquí. Es la contradicción absoluta, ¿no?, representar a los ciudadanos democráticamente en base a tus ideas y principios y valores y luego negar que estás aquí por razones políticas. Esto es la incomprensión absoluta. Pues yo la reivindico y digo que, además del derecho que tiene el Gobierno y la obligación de defender a esta tierra en base al conjunto de argumentos que considere oportuno, no es de recibo que ningún gobierno democrático imponga una decisión polémica, difícil, ¡discutible!, como esta, de la manera que se ha hecho.

Y asevero más: esto solo se lo hacen a Canarias. No se atreven a hacérselo a nadie más, porque es realmente inaceptable, se tenga o no se tenga razón, se tengan o no se tengan competencias, se haya acertado o no en el proceso jurídico para convalidar o dar una nueva concesión. Es inaceptable que un gobierno tome esta decisión a sabiendas de que hay una opinión pública, instituciones también democráticas, que discute esta decisión, por razones jurídicas, políticas, económicas e institucionales. Es inaceptable y es más propio de otras épocas, y además sin ninguna razón para estas prisas, sin ninguna razón. Yo soy de los que creo que en el ámbito competencial eso está del lado de la Administración General del Estado, lo he dicho siempre, que me gustaría que fuera competencia de esta comunidad y creo que no se han dado los pasos legales suficientes para que eso quede así de claro. Y ahora está en litigio, cuando hay dudas sobre quién tiene la titularidad.

Pero al margen de que sea competente el Estado, no se puede tomar una decisión de esta envergadura, de esta trascendencia, a las bravas, "porque lo digo yo", despreciando a las instituciones canarias, despreciando a la opinión pública canaria, interpretando solo los intereses particulares y menos argumentando prisas porque los vecinos dicen que está el petróleo, que al parecer no es verdad. Ya lo dije yo aquí en esta tribuna, que alguien me demuestre aquí, de verdad, con datos, que se están produciendo extracciones en el otro lado de la mediana que comprometan el medio ambiente y nadie ha demostrado nada en este sentido por ahora, y la información de que disponemos es en sentido contrario.

Por lo tanto, decir que me parece bien que el Gobierno defienda nuestros intereses jurídicos y nosotros, los derechos políticos y democráticos de este pueblo.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Fajardo Palarea.

El señor Fajardo Palarea: Buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías.

Si me atengo a la solicitud de comparecencia, tendría que hablar solamente de las alegaciones que en su día presentó el Gobierno de Canarias y que nos acaba de explicitar en esta Cámara la señora consejera del ramo. No sé, al final le vamos a tener que dar las gracias al Partido Popular, porque dicen que han sido muy generosos con Canarias por la decisión que han adoptado, según acabo de entender. Y al final a lo mejor la culpa la tiene Montilla, porque hasta en esto resulta que hablan de Montilla. Mire, efectivamente, en el 2006, y se quedó sobre la mesa. ¿Sabe por qué?, porque Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que no se tomaría ninguna decisión sin contar con el pueblo de Lanzarote, de Fuerteventura y de Canarias. Eso fue lo que pasó.

Le doy la razón en una cosa, al solicitante de la comparecencia: es una cuestión de matemáticas. Ustedes, el Partido Popular en España, han hecho dos columnas y en una han puesto el interés general de los canarios, el respeto a las instituciones canarias y el resultado fue cero; y en la otra han puesto el beneficio de Repsol, y han puesto: "incalculable el beneficio de Repsol" con respecto al apoyo al Partido Popular. Es una cuestión de matemáticas.

Le voy a dar otra cifra: si el señor Soria dedicara la décima parte de su tiempo, de su fuerza, para defender los intereses canarios igual que hace con los intereses de Repsol, seguro que nos iría mucho mejor en esta comunidad. No estaríamos sufriendo lo que estamos sufriendo con los Presupuestos Generales del Estado que han presentado ustedes.

Más, más -lo ha dicho perfectamente la señora consejera-, no se trató de una mera insuficiencia en el trámite hecho por Repsol a la hora de presentar en su día la solicitud que convalidó al real decreto del 2001. Es que era nula, es que no presentaron absolutamente nada con respecto al tercer, cuarto, quinto año, a la hora de las prospecciones, y usted lo tiene que conocer, señor Fernández.

Con respecto al desconocimiento de las alegaciones. Hay una cosa en la Cámara que se llama solicitud de documentación. Se puede solicitar la documentación de las alegaciones, que no son, no son, no son secretas; sin embargo, sabe usted, y le consta porque ha salido en la prensa, que cuando nos mandaron el expediente nos advirtieron, le advirtieron al Gobierno, que, cuidado, porque había determinadas cuestiones que no podían hacerse públicas. Y, por tanto, por una solicitud de documentación seguro que hubiera tenido conocimiento de las alegaciones.

Señora consejera, siga usted adelante con el incidente de ejecución de sentencia, porque tendrá que cambiar mucho el Tribunal Supremo toda su doctrina y toda su jurisprudencia para declarar la barbaridad de que un acto que es declarado nulo en sentencia se puede convalidar mediante un real decreto.

Señora consejera, tiene el apoyo total y absoluto del Cabildo de Lanzarote, del Cabildo de Fuerteventura, de los ciudadanos de Lanzarote y de Fuerteventura, yo creo que de la mayoría del pueblo canario, de este Parlamento, para que no ceje usted en el empeño de desenmascarar a aquellos, encabezados por Mariano Rajoy Brey, que, en contra de los intereses canarios, desoyendo a Canarias y en contra del más mínimo respeto institucional y de colaboración interadministrativa, han cometido este acto atroz contra los intereses de Lanzarote y de Fuerteventura.

El señor presidente: Muchas gracias, don Manuel Fajardo.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, don David de la Hoz.

El señor De la Hoz Fernández: Gracias, presidente. Señorías.

Yo ni siquiera voy a hacer valoración de las alegaciones, porque ya la consejera lo ha hecho y seguro que lo hace infinitamente mejor que este diputado, pero sí que voy a entrar a valorar algunas cuestiones.

Lo primero que me llama la atención es el título de la comparecencia, "cuáles fueron las alegaciones al trámite de audiencia abierto por el Ministerio de Industria referente a las autorizaciones y prospecciones petrolíferas en la zona exclusiva española, a 61 km de las costas de Canarias". Supongo que el Grupo Popular querrá decir que las alegaciones son a las autorizaciones que implican a las nueve cuadrículas que están entre 9 km y 61 y que en su totalidad suman más de 6.500 km2. ¿O es que solo van a hacer prospecciones a 61 km? Pero, puestos a cambiar el título a la comparecencia, también la podríamos haber cambiado en este sentido, de por qué en Canarias sí y en Valencia y en Baleares no. ¿O es que somos diferentes los canarios?

¿Saben sus señorías la distancia a la que se encontraba la plataforma de BP en el golfo de Méjico cuando se produjo el accidente?: a 250 km de distancia de la costa. Por lo tanto, si estamos hablando de 9, de 61, es desviar la atención de los ciudadanos, es desviar la atención en lo importante, pero... ¡bueno! Y además en ese derrame tuvieron que intervenir más de 50.000 personas y más de 6.000 barcos.

Lo segundo que me gustaría comentar es el afán de algunos miembros del Partido Popular, políticos, dirigentes, en eso de que las autorizaciones son por el interés general de España, pero si vemos la Ley de Hidrocarburos vemos que es una ley, la Ley de Hidrocarburos española es una ley laxa, flexible, que beneficia claramente a las empresas privadas, a las empresas petroleras. Si podemos compararla con otras leyes de la Unión Europea, de países de la Unión Europea, y en concreto con Noruega vemos que efectivamente es muy laxa. Pero es que además los permisos se han otorgado a un conglomerado de empresas, que 50% es Repsol, el 30 es una empresa australiana y un 20% es una empresa alemana: ¿dónde está el interés general de España? Pero además Repsol, en sus tripas, por dentro, más del 50% está en manos extranjeras: ¿dónde está el interés general de España? Pero, señorías, ¿dónde está el interés general de Canarias? Para eso estamos aquí, representando al pueblo de Canarias, representando a los canarios y canarias de esta tierra, para defender el interés general de nuestro pueblo.

Sin más, muchas gracias.

El señor presidente: Gracias, don David.

Por el grupo solicitante de la comparecencia, Grupo Parlamentario Popular, don Manuel Fernández González.

El señor Fernández González: Gracias, señor presidente. Señorías.

Yo doy las gracias a todos los portavoces de los grupos parlamentarios, porque me dan pie para aclarar precisamente el error en el que están cayendo y no me extraña las decisiones que toman con esos errores.

Empezaré por la señora consejera. Evidentemente, no lo esperaba de menos, que la señora consejera no ha entrado, el Gobierno de Canarias, en el fondo de la cuestión, que sí trasladan a la opinión pública el fondo de la cuestión. O sea, lo que trasladan a la opinión pública no son las alegaciones de los problemas que tiene esa actividad económica, sino problemas estrictamente jurídicos, "y aquí quien mando soy yo y usted aquí no decida sino lo decido yo". Eso es lo que les preocupa, no han hecho ninguna alegación de carácter técnico, de carácter que pueda ser inconveniente para Canarias, sino para las competencias del Gobierno de Canarias. Que, por cierto, nulas, nulas, y esperemos a los tribunales, ¡nulas! ¿Por qué razón?: porque lo dice la propia Constitución, la propia Constitución, a la cual ustedes apelan.

Por lo tanto, sin entrar en más disquisiciones jurídicas, que lo digan los tribunales, nos interesa el fondo, que es lo que interesa también a los canarios. ¿Es bueno o es malo? ¿Puede ser bueno que una decisión judicial actúe con un tema determinado y perjudique a todos los demás por actuar ajustado a una ley determinada, aunque nos perjudiquemos todos? Eso puede suceder.

Pero voy a aclarar algunas intervenciones que aquí se han hecho. Señor Román, usted hace aquí una diferenciación, como que ¡solamente se han hecho autorizaciones a Canarias y nos han maltratado, los pobres canarios que estamos allí y esto no se hace en un Estado democrático! Mire usted, señor Román, el Gobierno socialista y el señor ministro, señor Montilla -que alguno no quiere que lo nombre, ese es su problema, no quiere que los nombre-, hizo cinco autorizaciones de prospecciones petrolíferas en el resto de España y a ninguno le pidió audiencia de cuentas. ¡A ninguno! Y dentro de esas autorizaciones puso, a 3 km de Valencia, una de ellas y en la ría de Huelva... ¡Ah, ah!, pero no diga usted Canarias, a todos, y los mejores tratados hemos sido los canarios, señor Román, los mejores tratados en eso, que lo hizo el Gobierno socialista para nada, para nada.

Dice: "por qué vienen estas prisas". Por qué vienen estas prisas: señor Román, si estamos desde el 2001 hablando de petróleo. Pero si el Pecan del 2007 ya trató las prospecciones, el Pecan de Canarias discutido por toda esta Cámara. ¿Y sabe lo que decía el Pecan?: "cuando se hagan las prospecciones, Canarias va a exigir que se le den los cánones correspondientes de participación en las prospecciones". No dijo nada más, sino que quería participar en las perras, directas. Eso, y eso no lo ha dicho tampoco el Gobierno de Canarias, pero lo dice el Pecan. No se oponía el Pecan a las prospecciones, discutido en esta Cámara y aprobado por unanimidad, ¡unanimidad!

¿Que por qué las prisas y por qué se ha montado la mentira de que Marruecos está extrayendo petróleo? No estará extrayendo petróleo en la parte de ese mar, pero, mire usted, en el 2011, en el 2011, ha dado Marruecos 11 autorizaciones de prospecciones. ¿Y sabe lo que eso es?: cientos de millones de euros. ¿Para qué?: para jugar. ¿Para qué?: vamos a gastarlo, el mucho dinero que tiene Marruecos, en hacer agujeros aquí. Eso es. ¿A qué estamos jugando?, ¿para qué nos estamos engañando? Pero es que además en el resto de la costa occidental tiene más de 70 prospecciones y el primero que encuentre es el primero que empieza a chupar. Nada más, y como ellos han estado primero chuparán primero. Pero eso no nos preocupa ni al presidente del Gobierno ni aquí a este Parlamento. Porque el presidente del Gobierno cuando estuvo -y palabras textuales ubicadas en la prensa-, "bueno, yo no puedo llegar al rey de Marruecos más allá de pedirle que sea riguroso con los procedimientos y el control medioambiental"... ¡Ah, sí!, a Marruecos sí; a Canarias ni agua, estando en la misma zona, separados 10 km de distancia. Eso no, eso aquí no se discute. Y Marruecos puede sacar todo el petróleo que quiera, puede tener todos los riesgos para Lanzarote y Fuerteventura, para Canarias, para todo lo que se quiera y todo lo que imaginemos, porque aquí hay mucha imaginación.

Por eso yo decía antes que solamente son matemáticas y física, y eso significa saber lo que es densidad, lo que es tensión superficial, lo que son volúmenes, lo que son fuerzas resultantes de las diversas fuerzas actuantes, todo eso se conjuga, se conjuga en unas fórmulas matemáticas que dicen dos más dos son cuatro. Así de sencillo, así de sencillo. Claro, yo aquí no puedo ni tengo tiempo de explicárselo. Gustosamente, particularmente se lo haría a cada uno, pero el Gobierno sí tiene medios para saber y decir que eso es así y que no digan lo que está diciendo el Gobierno engañando a todos los canarios. Pero es que no solamente lo digo yo, es que lo ha dicho públicamente el Colegio Oficial de Geólogos de Canarias y otras autoridades. Han llamado al señor Paulino, que no diga tonterías. Así de claro en la prensa, lo han dicho los colegios: "no diga más tonterías, señor presidente del Gobierno, lo que usted está diciendo".

Decir -y se sigue insistiendo aquí- que las prospecciones, en la pregunta que me hacía el portavoz de Coalición Canaria, que por qué poníamos los 61 km: porque lo quería dejar claro. Las prospecciones están a 61 km, por dos razones: por una razón técnica y por una razón económica, fuerte. Técnica, porque entre más cerca estamos de las islas Canarias más cerca estamos de la influencia, de lo que es acción volcánica, que son las islas, que es generación volcánica y ahí no hay petróleo; y entre más lejos estamos de Canarias más grandes son las bolsas y probabilidades de encontrar petróleo y gas. Así de simple, así de simple es la cuestión. Por lo tanto, tienen que ir lo más lejos posible. Pero es que además en la autorización de concesiones, las autorizaciones, se ha dicho que se haga a 60 km de distancia, lo más cercano a la mediana, a la mediana, y no que ahora se empeñe, se empeñe el presidente del Gobierno, "no, señor Repsol...; el señor Repsol lo tiene que hacer a 10 km". "Pero, señor presidente, mire, es que a 10 km de distancia, allí no hay más que lava, es que ahí no hay petróleo"; "sí, sí, pero ustedes lo ponen allí para yo después decir que ustedes van a perjudicar a Fuerteventura y Lanzarote". Está bien de ese cuento, ¡ya está bien de ese cuento!, ¡ya está bien! Por eso le dije yo que estaba mintiendo, en una ocasión, al señor presidente, a conciencia, porque si lo dice él a conciencia, mentira pura y, si lo hace aconsejado por sus asesores, fuera inmediatamente esos asesores, ¡inmediatamente!, del ámbito de su entorno político, porque le están aconsejando terriblemente mal.

Decía el PSOE que el beneficio -señor Fajardo, que, por cierto, no está; claro, ¿para qué voy a estar, para que me diga cosas que después no...?-, que el beneficio es exclusivamente para la compañía Repsol. ¡Sí, sí, señor, para Repsol!, ¿pero sabe qué significa el beneficio para Repsol? Significa, primero, que la compañía necesita infraestructura complementaria industrial y de reparaciones navales en los puertos canarios, en los puertos canarios, además de lo que es restauración, de lo que son hospedajes, de lo que son movimientos y demás. Ese es un beneficio que es bastante alto, muy alto, casi el 15% de la inversión va en esos cálculos de gastos. Número uno. Número dos, hablando de Repsol, significa que tiene que pagar el 35% de los beneficios a todos los españoles. Número tres, que de ese 35%... -después de pagar todos los gastos de inversión, que son de orden de 13.000 millones de euros, después de pagar todos esos gastos-, pero es que además esos beneficios van a recaer, van a recaer, en más de 500.000 pequeños accionistas, que son ahorradores españoles, que reciben beneficios, y esos pequeños accionistas, que son ahorradores, a su vez invierten y gastan en España. Eso es la economía. Ahora, el que tiene un concepto de la economía bolchevique no piensa sino que la compañía se enriquece y no se enriquece la sociedad, como predicamos las economías de libre mercado y de libertad de comercio. Eso es el enriquecimiento, que antes se lo dejó muy claro don Jorge Rodríguez.

Si no lo entienden, vamos a hablar otra vez sobre la ideología de la economía y dónde crece y dónde no crece. Donde no crece, ya lo sabemos, mirar el resto del mundo y vemos lo que ha pasado: los que van más cerca de ustedes. Donde crece, en la economía que va en la ideología que nosotros representamos, el centro-derecha en todo el mundo. Ahí es donde crece la economía.

Aparte de todo eso, señores, hay un tema que es terriblemente importante, que es que el 10% de la dependencia del petróleo que tiene España, que tiene 1.400 millones de barriles, el 10%, 140.000 barriles, puedan ser -diarios estoy hablando-, puedan ser una garantía de que si hay cualquier problema mundial, tengamos por lo menos esa parte de petróleo para cubrir la parte más necesitada.

Dicen: "no, no queremos petróleo, queremos energías renovables". Pero, claro, pero es que para hacer energías renovables hace falta dinero, hace falta dinero, mucho dinero. Esa es la causa del déficit de la tarifa eléctrica española, el exceso de inversión en energías renovables, y ahí nos llevó a los 24.000 millones de déficit. Claro, si tenemos más petróleo, más ingresos por otras causas, podremos invertir más en renovables y plantar el petróleo, para en el futuro tener energías renovables bastantes. Para eso queremos nosotros también tener esos recursos económicos.

Por supuesto, las divisas de toda la compañía, en lugar de exportar y comprarle a Irán o comprarle a...

El señor presidente: Un minuto, don Manuel.

El señor Fernández González: ...pues son divisas que se quedan en España y, si son divisas que se quedan en España, todas esas divisas giran en torno a España y revierten también en Canarias indirectamente, además de los beneficios directos. Estos son los beneficios.

Yo dije que no entraba en el tema físico o matemático. Pero en los perjuicios, en los perjuicios, hay miles de pozos de petróleo, de extracción, no ya prospecciones, que es en lo que estamos, sino extracción, el coeficiente de proporcionalidad es menos de 0,03% de problemas. En Tarragona, que lleva más de 40 años, a 40 km de distancia, se han producido solamente dos derrames del orden de dos mil y pico litros. No es nada. En Tarragona; en el resto nada.

Por cierto, lo que me decía y criticaba aquí alguien: "por qué lo prohíben o por qué no han hecho lo mismo en Baleares y en Valencia" -lo recuerdo ahora-, le diré que allí los socialistas lo pusieron a 3 km y por eso protestaron, "no -dijeron-, póngalo un poquito más lejos para que después no se vean de la costa". Se van a poner, claro, un poco más lejos, nada más, pero no a 60 km ni a 40 ni a 30...

El señor presidente: Don Manuel, muchas gracias. Supongo que se seguirá hablando de esto en el futuro.

Para concluir la comparecencia, la señora consejera de Empleo, Industria y Comercio, doña Margarita Ramos.

Señorías -un momentito, señora consejera, por favor-, vamos a interrumpir con esta comparecencia y se reanuda a las cuatro de la tarde. ¿De acuerdo? Conformes. Los portavoces lo habíamos comentado.

Señora consejera, cuando usted desee.

La señora consejera de Empleo, Industria y Comercio (Ramos Quintana): Muy bien. Muchas gracias, señor presidente.

Bueno, el debate es muy encendido: hay intereses enfrentados y opiniones muy distintas. Lo cierto es que el Gobierno de Canarias -y así lo he expresado personalmente al ministro de Industria- considera que no ha habido, no ha habido, tiempo, en primer lugar (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández). No ha habido tiempo para generar una voluntad de consenso; no ha habido tiempo para conocer, con todo tipo de detalles, lo que se pretende autorizar, dónde se autoriza, en qué superficie se autoriza, en qué ámbito de dicha superficie pueden llevarse a cabo las prospecciones; no ha habido tiempo para informar a la ciudadanía; no ha habido tiempo para generar un consenso con los ciudadanos en Canarias. Y por eso, por la premura de la decisión y la relevancia que tiene la decisión, se han producido las manifestaciones, las concentraciones, en definitiva las expresiones de rechazo, fundamentalmente por parte de las islas de Lanzarote y de Fuerteventura, que son, no las únicas, sino las directamente afectadas por una actividad nueva que no puede pasar desapercibida a la población. Porque no podemos olvidar -y vamos a regresar de nuevo al campo científico-, no podemos olvidar que el petróleo en sí mismo considerado, el petróleo es una actividad peligrosa. La extracción del petróleo es una actividad considerada peligrosa. Hay actividades consideradas tóxicas, otras consideradas nocivas. El petróleo es una actividad peligrosa, por los peligros que supone, de contaminación, de riesgo medioambiental, de seguridad, etcétera, etcétera.

Bien. Yo he trasladado al ministro esta preocupación del Gobierno de Canarias, porque no ha habido tiempo de conformar una voluntad común y coordinada entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de la nación. Por consiguiente, el Gobierno de Canarias valora negativamente esta deslealtad institucional. El Gobierno de Canarias forzosamente tiene que tener, primero, conocimiento de las actividades que se desarrollan en Canarias y, segundo, control, control sobre esas actividades, fundamentalmente cuando se trata de actividades que entrañan riesgo para la población, para la flora y fauna marinas, para la biodiversidad del medio marino de Canarias.

Por consiguiente, el Consejo de Gobierno, el 23 de marzo, tomó la decisión de requerir a los Servicios Jurídicos de Canarias para impugnar ante el Tribunal Supremo la presunta ilegalidad del Real Decreto 547/2012. Y, asimismo, el Gobierno de Canarias, con posterioridad, tomó la decisión de promover como medida cautelar la suspensión de los efectos del real decreto, hasta tanto se verifiquen las condiciones de seguridad y las condiciones de ejecución de estas actividades de prospección petrolífera en el subsuelo marino.

Tengo que decir, en honor a la verdad, que la superficie que se ha autorizado a prospectar es de 6.500 km2, y esa superficie de 6.500 km2 que está frente a las costas de Fuerteventura y de Lanzarote tiene 9 cuadrículas de norte a sur y de este a oeste, desde el punto de vista de la dirección hacia África, distan algo más de 9 kilómetros desde las costas de Fuerteventura hasta 61 km. Pero no se dice exactamente en qué lugar se va a prospectar. De ahí, de ahí que el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y el Cabildo de Fuerteventura hayan manifestado su rechazo, porque hay una total incertidumbre respecto de si las prospecciones pueden llevarse a cabo a 15 km, a 20 km, a 35 km, a 48 km o a 61 km. Las cuadrículas están trazadas entre 9 y 61 km.

¿Es verdad que la actividad del petróleo forma parte de lo que es la actividad industrial propiamente dicha y que podría contribuir al crecimiento y dinamización del tejido industrial de Canarias? Indudablemente sí. Sí, pero Canarias tiene perfecto derecho a evaluar y sopesar las ventajas y los inconvenientes que esa nueva actividad industrial le reportaría. Y cuando se utiliza el empleo como argumento esgrimido para justificar las ventajas de esta actividad industrial, ¿dónde, dónde está escrito que ese empleo va a ser empleo de Canarias y para los canarios, para los ingenieros de Canarias, para los titulados de FP de Canarias? ¿Ese empleo va a quedar radicado en Canarias? Porque en la industria de Repsol, en las instalaciones de Repsol en Tarragona trabajan personas de múltiples nacionalidades. Y que la actividad industrial, el desarrollo tecnológico que se necesita para llevar a cabo las prospecciones, ¿ese desarrollo industrial lo podemos acometer en Canarias? ¿O serán instalaciones compradas en Noruega, en Canadá o en no sé dónde? Esto no está asegurado en ninguna parte.

Sobre esto, desde luego, el Gobierno de Canarias no tiene información. Y si la hubiera, sería deseable tenerla, pero de nuevo invoco aquí la necesidad de recuperar el diálogo institucional y el diálogo al más alto nivel. Mire, el Gobierno de la nación no se puede dirigir al Gobierno de Canarias a través de un subdirector general de Hidrocarburos. Es que eso es insostenible. Además le digo -aquí ya se ha puesto de manifiesto por algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra-, esto ocurre en otra comunidad autónoma y se genera un conflicto institucional de tal envergadura que generaría reacciones de desafección, de desafección al Gobierno de la nación, de incalculable cuantía.

Por consiguiente, yo creo que, si el Gobierno de la nación está convencido de que es una actividad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista social, si está convencido de la bondad de esta iniciativa, ¿cómo es que ha esquilmado cualquier posibilidad de diálogo institucional?, ¿cómo es que no se han abierto canales de comunicación?, ¿cómo es que no se ha puesto en marcha, por ejemplo, la Comisión Bilateral Canarias-Estado para tratar este asunto y diluir los posibles conflictos competenciales con el Gobierno de Canarias? No ha habido voluntad política de hacerlo y por esa razón el Gobierno de Canarias manifiesta su total rechazo.

Premura, una precipitación, una decisión que no cuenta ni con el conocimiento ni con el control ni con el respaldo de las instituciones de Canarias ni con la ciudadanía de Canarias, y ese es el motivo fundamental, el método, las formas que se han utilizado para que el Gobierno de Canarias no haya visto, desde el principio y hasta el día de hoy, con buenos ojos esta iniciativa. Y ese es el motivo por el cual, como están cerrados los canales de comunicación, como están cerrados los canales de diálogo institucional, recurrimos a los tribunales y que sean finalmente los tribunales los que decidan si la decisión que se ha tomado es conforme a Derecho o no.

Por cierto, una última cuestión, el déficit tarifario. Déficit tarifario y energías renovables. No es así, la incorporación de energías renovables en Canarias contribuye a aminorar el déficit tarifario. Los sobrecostes de producción de energía eléctrica en Canarias están producidos fundamentalmente por la producción con energías convencionales, por lo caro que cuesta aquí producir energía eléctrica con petróleo, con gasoil. El sobrecoste, el sobrecoste de producción de energía eléctrica con convencionales está cifrado en estos momentos en una retribución que tiene que efectuar el Estado a las compañías correspondientes de 160 euros MW/hora, producción de energía eléctrica con convencionales, mientras que el sobrecoste de producción con eólica está entre 80 y 85 euros MW/hora. Por tanto, Canarias puede contribuir a la disminución del déficit tarifario aumentando la producción con renovables. Por consiguiente, este es un aspecto que no solamente tenemos claro, sino que acabamos, acabamos de remitir al Ministerio de Industria una propuesta de generación y de retribución en materia de energías renovables para Canarias, que en breve esperamos poder dar a conocer con todo grado de minuciosidad a los medios de comunicación.

Canarias quiere contribuir a la disminución del déficit tarifario y queremos impulsar las energías renovables. La llegada del petróleo tiene impacto sobre el turismo, sobre las actividades ligadas a la desalación del agua, a la potabilización del agua, necesitamos medidas de seguridad medioambiental, las desconocemos, y no hay control del Gobierno de Canarias sobre ello. Por consiguiente, el Gobierno de Canarias sigue manifestando un claro rechazo a las autorizaciones a Repsol para prospectar en el subsuelo...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora consejera.

(El señor Fernández González solicita intervenir.)

Señor Fernández, ¿a qué efectos?

El señor Fernández González (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.)

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Perdón, perdón, no, no...

El señor Fernández González (Desde su escaño): Pues deme la palabra, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Dígame.

El señor Fernández González (Desde su escaño): Por haber sido contradicho en la alusión que hace la señora consejera respecto al déficit tarifario. Contradicho en los datos técnicos, evidentemente.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): En relación al déficit tarifario, y para esa contradicción, tiene usted un minuto, señor Fernández.

El señor Fernández González (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Señora consejera, cuando yo hablé del déficit tarifario, me refería al déficit tarifario nacional, no hablé del de Canarias, que son los... ¡Hombre!, hasta ahí podíamos llegar, que hubiera sido el canario; entonces apaga y vámonos, 24.000 millones. Y eso es fundamentalmente por el desarrollo tan fuerte que se hizo en energías renovables a nivel nacional, no en Canarias, no en Canarias. Evidentemente, el costo en Canarias de la energía renovable evidentemente es bastante más bajo con respecto... bueno, no bastante, algo más bajo, con respecto a las convencionales por una razón fundamental; porque aquí se está produciendo la mayor parte de energía con gasoil, que es el combustible más caro que existe en el mercado, por no poner el gas natural, que es el más barato que hay en el mercado. Debido a esa razón, hay esa diferencia, ligeramente igual entre la tarifa en renovables y la otra.

Por lo demás, totalmente de acuerdo en seguir incrementando, como dice el Pecan, las tarifas de renovables hasta el 30%, pero la pérdida tarifaria es lo que es, nacional. Por lo tanto, mantengo lo dicho.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por el Gobierno, señora consejera, un minuto.

La señora consejera de Empleo, Industria y Comercio (Ramos Quintana) (Desde su escaño): Muchas gracias, señor presidente.

Me alegro de que haya una absoluta coincidencia en la afirmación relativa a que en Canarias producir con renovables es mucho más barato que producir con convencional, incluso con gas, incluso con gas, sigue siendo más barato. 80 euros MW/hora con la eólica, comparado con los 170 de producción con gasoil, con gas no está calculado porque no está implantado en Canarias, pero comprenderá que es prácticamente la mitad.

El Gobierno de Canarias tiene la voluntad de contribuir a la aminoración del déficit tarifario a nivel nacional, incorporando más renovables, y por ello acabamos de hacer una propuesta al Ministerio de Industria, con un sistema de reconocimiento de incorporación de renovables al mix energético de Canarias y una propuesta de retribución de convencionales y de generación con renovables.

Por cierto que hoy en el Congreso de los Diputados se está debatiendo el artículo 7 del Real Decreto-Ley 13/2012, por el que se establece el régimen de retribución convencional, donde nosotros vamos a hacer algunas alegaciones al respecto también.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora consejera.

Damos por concluida la comparecencia y recordar a sus señorías que iniciaremos a las cuatro de la tarde la sesión, con la comparecencia 211, del programa de mantenimiento con metadona.

(Se suspende la sesión a las catorce horas y dos minutos.)

(Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.)

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señorías, buenas tardes. Se reanuda la sesión, ruego ocupen sus escaños.

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  • 8L/C-0359 Sobre las alegaciones al trámite de audiencia referente a las autorizaciones de prospecciones petrolíferas en la Zona Económica Exclusiva española a 61 Km. de las costas canarias.


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