Diario de Sesiones 37/2012, de fecha 8/5/2012
Punto 28

· 8L/C-0389 Comparecencia del Gobierno -consejera de Sanidad-, instada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre medidas en relación a la prestación del medicamento del Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones.

El señor presidente: Entonces, para no entretenernos más, comparecencia del Gobierno, consejera de Sanidad, instada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre medidas en relación con la prestación del medicamento del Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Servicio Nacional de Salud.

Doña María del Mar Julios tiene la palabra.

(Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente segundo, Fernández González.)

La señora Julios Reyes: Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Señora consejera, hemos solicitado esta comparecencia ante el desconcierto, ante la incertidumbre, que en la ciudadanía ha generado el injusto Real Decreto, de abril, de medidas, llamado de medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Pues hemos, entiendo, señorías, de informar a la ciudadanía de que el recorte en derechos es de tal calado que de verdad deberíamos llamarlo, abierta y transparentemente, "decreto para el desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud".

El Partido Popular, que decía hace pocos meses en campaña electoral defender el Sistema Nacional de Salud, universal, público y gratuito, que afirmaba que la sanidad y la educación no se iban a tocar, se iban a salvar de los ajustes, y que negaba hasta la saciedad que se estuviera planteando el copago, en apenas 15 días se ha cargado el esfuerzo de varias generaciones de este país. Ha publicado, primero por una nota de prensa simplemente, un recorte de 7.000 millones para la sanidad, ha asustado a los ciudadanos hablando de profundas reformas estructurales -parece que este Gobierno habla más para los mercados que para los ciudadanos-, y a la semana siguiente publica, en un viernes, un real decreto-ley que verdaderamente es una contrarreforma, de un profundo cambio en el modelo sanitario de España, sin el consenso con las comunidades autónomas, sin que estas estuvieran informadas, sin el consenso, que se sepa, con ningún partido político, sin el consenso con los agentes sociales del sistema. Y todo esto unido en una continua campaña de desprestigio de los servicios públicos y también de paso de los funcionarios públicos.

Mi grupo político lleva años reclamando un consenso para dar estabilidad a los servicios sanitarios y educativos a través de pactos de Estado. Ese era el camino, esa era la alternativa para avanzar en la sostenibilidad de los servicios, pero el Partido Popular, a través de este decreto, ha preferido desmantelar un derecho como es la asistencia sanitaria. Los 10.000 euros que quita a los dos servicios públicos ahora vemos que eso sí se da a la banca.

Señorías, es un regreso al modelo, no al modelo del Insalud, al anterior, al que había en la época de la Dictadura, al que era la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. ¿Se acuerdan?, ¿el Instituto Nacional de Previsión? ¿Se acuerdan de cuando no había usuarios de tarjetas sanitarias sino asegurados con cartilla sanitaria y beneficiarios con cartilla de la Seguridad Social? (Rumores en la sala.) Ese es el modelo al que vamos. Es un modelo, señorías, que esta democracia... Señor presidente, pido amparo a la Presidencia para poder continuar en mi intervención.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Yo creo que hay silencio suficiente para que continúe, señoría.

La señora Julios Reyes: Muchas gracias, señor presidente.

Es un modelo, el que teníamos, basado en un principio de la solidaridad, financiado por los Presupuestos Generales del Estado. Ahora caminamos hacia otro modelo, como ya digo, propio de hace siglos.

Señorías, la única información que se conoció al principio del real decreto, antes de leerlo, era la del copago en el medicamento, pero ahora nos encontramos que no, que además hay copago en otras muchas más cosas. Y yo me pregunto: ¿se trata de un gran engaño?, ¿por qué no se transparenta la información a la ciudadanía?, ¿por qué no se le dice el recorte de derechos, del calado que es? ¿Se trata de un gran engaño, es un problema de una gran incompetencia, son las dos cosas? ¿O es que hay una voluntad premeditada de querer culpabilizar a final de año a las comunidades autónomas del exceso de déficit y de la supresión de derechos de los ciudadanos? ¿Es que se les quiere culpabilizar del caos que se va a producir, porque el decreto es bastante, técnicamente defectuoso? Señorías, desde luego que en este sentido los detalles los vamos a ir viendo a lo largo de esta tarde.

Pero me gustaría saber, señorías, qué ha dicho el ministerio en relación a cómo el 30 de junio se va a estar aplicando el copago, cuando el aseguramiento es una competencia exclusiva del Estado, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y ellos tienen la base de datos; cuando la gestión de la base de datos de la información de la declaración de la renta de todos los ciudadanos españoles es también competencia del Estado, de la hacienda estatal. ¿Qué plataforma técnica va a utilizarse, señoría?, ¿cuánto va a costar esto?...

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Un minuto, señoría.

La señora Julios Reyes: ¿Quién va a montar todo este sistema?, ¿cuánto va a costar?, ¿quién lo va a pagar?

Y, señoría, ¿está informando el ministerio a los ciudadanos de que hay que adelantar el pago del porcentaje que le toque a cada uno de copago en sus medicinas y que después se les devolverá una vez o dos veces al año?, ¿se les está informando de eso? ¿Qué va a ocurrir el día 30 de junio en las farmacias? ¿Los colegios farmacéuticos no saben cuáles son los planes del Ministerio de Sanidad? ¿Qué significa el copago en la farmacia hospitalaria ambulatoria? ¿Cuánto va a costar este caos que se está sembrando con este real decreto por parte del Gobierno del Estado, no solo en los bolsillos de los ciudadanos sino en los bolsillos de las administraciones públicas, y cuánto va a costar en la salud y la enfermedad de los ciudadanos?

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora consejera.

La señora consejera de Sanidad (Mendoza Betancor): Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

En primer lugar, señorías, informarles que en el Consejo Interterritorial en el que se presentó este documento -no este documento sino lo que luego se utilizó, efectivamente, en una rueda de prensa, porque el documento era prácticamente el mismo-, en el orden del día había 23 puntos. El punto número 23 se llamaba "debate sobre medidas de sostenibilidad del sistema". Evidentemente, a la vista de ese punto y el resto -que no dejaban de tener importancia pero que aquel evidentemente era el de calado-, la que ahora habla, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, planteó, pidió, a la señora ministra que cambiara ese punto al número 1 del orden del día. Eso no tuvo lugar. Lo hicieron muy dinámico, pero es verdad también que en la comisión preparatoria, como es preceptivo, no se contó ni con ese punto ni con documentación. Y en ese Consejo Interterritorial tampoco ninguno de los consejeros tuvimos documentación. Todos tomamos nota, tomamos apuntes, tomamos apuntes. Al día siguiente se nos hicieron llegar las líneas, digamos, maestras de lo que fue luego el real decreto. Y es verdad que a la salida de ese Consejo Interterritorial, en el que no hubo consenso, porque allí hubo varios consejeros... Y voy a hablar solamente de mi posición, en la que dejé claro un no al copago por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. No hubo consenso, no hubo un acuerdo, porque además no podía haberlo, no hubo debate. Hubo un turno de intervenciones, un turno de palabra, sin debate. Solo fue un informe que se siguió de una rueda de prensa.

Bien. Pasó el Consejo de Ministros y tuvimos que esperar al lunes siguiente para tener el real decreto en las manos y, como ya había dicho y como era de suponer, tenía letra pequeña. El Real Decreto 16/2012 -real decreto-ley-, de medidas urgentes, con lo cual de obligado cumplimiento, supone, como usted bien dice, un golpe sin precedentes a las bases que sustentan nuestro Sistema Nacional de Salud, y dichas bases pasan por ser un sistema que era público pero que ahora incluye cada vez más elementos que producirán una mayor expansión a la medicina privada por una emigración de las clases más favorecidas. Universal es universal, ¡pero este era universal! Desaparece el carácter universal y se vuelve a hablar de asegurados, que tendrán derecho a la asistencia, y otros colectivos, que la perderán, como los emigrantes que no hayan sido asegurados o los mayores de 26 años. Muchos tienen hijos de 26 años, que deberán inscribirse en la oficina de desempleo si no quieren ser excluidos o buscar otra alternativa. Gratuito, la mayoría de los pensionistas, de ellos el 82%, tendrá que pagar el 10% del precio de su medicamento en las oficinas de farmacia.

Señoría, el no al copago, esta medida que planteó la ministra como una medida disuasoria, que no recaudatoria, y que evidentemente decía "no va a haber copago -y lo dijo desde el principio de la reunión- y que eso ha mantenido el programa del Partido Popular que gobierna ahora España". En ese punto está claro que el copago lo implanta, porque el único que no pagaba era el pensionista; el resto contribuíamos con un 40%, y ahora todo esto cambia. Con ello se rompe la triple solidaridad de nuestro Sistema Nacional de Salud: la de los sanos con los enfermos, la de los ricos con los pobres, la de los jóvenes con los mayores y muchos activos aumentarán su aportación.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se ha mostrado claramente contraria a muchos elementos de este real decreto, en especial en lo referente al copago de medicamentos por parte de los pensionistas. La razón fundamental es que puede favorecer el abandono del tratamiento por parte de los pacientes, lo que conlleva a medio plazo un empeoramiento del nivel de la salud, lo que además conllevará mayores ingresos hospitalarios, mayor gasto sanitario, que es lo que este real decreto-ley parece teóricamente que intenta contener.

El sistema por el cual el paciente pensionista abona el 10% del precio de sus medicamentos y a los seis meses se le devuelve o tiene seis meses para que se le devuelva parcialmente una cantidad, que sería menos 48, menos 108 o menos 360 euros -pueden hacer ustedes la multiplicación-, según su nivel de renta, dice ser disuasoria. En Canarias no pretendemos que los pacientes sean disuadidos de tomar su medicación. En la práctica se obliga a los pensionistas españoles a hacer de prestamistas al Gobierno de España a interés cero.

El sistema por el que se les devolverá el dinero a los pensionistas obligará a un aumento importante de la burocracia -por supuesto que no han dicho cómo se va a hacer-, con el consiguiente incremento del gasto, ya que habrá que conectar los datos de Hacienda del Gobierno de España con los de las consejerías de Sanidad o ya dirán ellos cómo. Pero el ministerio no se ha pronunciado, no ha dicho cómo lo va a hacer. Todos con diversos sistemas informáticos, distintas tarjetas sanitarias y sin recetas electrónicas interoperables, porque no están generalizadas, y de hecho muchas comunidades autónomas no tienen totalmente extendida su receta electrónica. Y Canarias, en el 2011, la receta electrónica continua hizo que ahorrara 48 millones de euros. Canarias es una de las comunidades autónomas pioneras y que cuenta con este sistema que ha demostrado ser eficiente, y hemos sido líderes en este ahorro. Esto quedó y se plasmó en el primer Consejo Interterritorial, estas medidas eficientes. Ahora el ministerio lo pide, pero también ha puesto esto, ha puesto el copago en la farmacia. Mi posición durante el último Consejo Interterritorial fue que lo lógico es que el Gobierno de España, en vez de gravar a los enfermos, hubiese exigido a estas comunidades implementar la receta electrónica con el consiguiente ahorro que produciría. Además todos estos datos deberán estar en conocimiento de cada farmacia, ya que los activos pueden variar su nivel de aportación desde la gratuidad -parados sin cobertura por ejemplo- al 40, al 50% o al 60 de la aportación, según la renta, o el 100% en mayores de 26 años, que ya no serán beneficiarios de sus padres, o inmigrantes sin papeles, que se quedarán sin cobertura. Luego, irán a las urgencias, que es lo que sí recoge. Corresponderá al ministerio, por supuesto, definir en tiempo récord la forma de identificar a cada paciente según su nivel de renta, así como compartir toda la información con cada comunidad autónoma. Que, por otra parte, se deberá actualizar como máximo anualmente. Pero, señoría, es que en la actualidad y con el empleo como lo tenemos me parece que anualmente no se podrá actualizar, tendrán que hacerlo probablemente cada semana.

Y hasta ahora todo era sencillo, había dos grupos y sin sistema de reembolso: los activos, 40% y el pensionista no pagaba. Ahora existen muchos grupos, muchos más dentro de los activos, algunos no pagan, y de los que lo hacen hay cuatro grupos, y los pensionistas también tienen distintos grupos de aportación y de reembolso.

En cuanto a la adaptación de posibles exigencias al real decreto, muchas no definidas ni informadas por el ministerio, ya he comentado que Canarias lleva una cierta delantera a otras comunidades autónomas, que puede recoger mucho mejor la información de cada paciente, desde el momento de la prescripción por parte del médico y de la dispensación por el farmacéutico.

Un efecto importante que la receta electrónica continua canaria puede limitar es el previsible acaparamiento de medicación, que tanto preocupa al ministerio, por parte de los pacientes, ya que dispensa los envases de uno en uno y cuando corresponde por fechas, porque, entre otras cosas, la gran cantidad de medicamentos que iban al sistema Sigre era uno de los principales problemas que la sostenibilidad tiene en este momento.

Un efecto importante que la receta electrónica continua canaria puede limitar es el previsible acaparamiento y otro aspecto recogido en el real decreto es la implementación de ayudas a la prescripción en la historia clínica electrónica, que en Canarias lleva funcionando, como usted sabe, con normalidad varios años y que ha contribuido a que sea la comunidad en la que más se ha descendido en el gasto farmacéutico.

Por otra parte, ni qué decir de la formación que se hace a nuestros facultativos y que ha sido un éxito, y que, por otra parte, en el último boletín, en el Bolcan, se han desmenuzado métodos para minimizar los perjuicios del copago en los pacientes. Para una misma patología existen fármacos igual de eficaces, con diferencias de precio de entre 2,5 euros y 40 euros. Del primero, un pensionista adelantaría 25 céntimos y del segundo, 4 euros. Este boletín se distribuye entre el 100% de los médicos y ha sido distribuido en el último número de la revista Orobal para que puedan tener conocimiento e ir adelantándose a todo lo que nos va a venir encima en breve.

Pero también hemos tomado otras medidas, porque hay que leerse con detenimiento el capítulo IV, y no una sino muchas veces. No el IV, todo el real decreto. Hemos enviado una propuesta al ministerio, a través de la Comisión Permanente de Farmacia, para que ningún caso se excluya. Ante la prestación de fármacos de uso común, como el paracetamol, por poner un ejemplo, si eso ocurriese, todos deberían pagar el 100%, incluidos los parados de larga duración, los pensionistas, las pensiones no contributivas, por varias razones: una, esa medida aumentaría el gasto, porque se desviaría la prescripción a fármacos sí cubiertos y...

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Puede continuar.

La señora consejera de Sanidad (Mendoza Betancor): Algunos fármacos para problemas menores pueden servir para enfermedades graves, porque habla de síntomas menores, pero el paracetamol es el primer escalón en el tratamiento del dolor oncológico, por ejemplo, y el omeprazol puede prevenir una hemorragia digestiva. Cuando un fármaco pasa a venta libre, su precio aumenta de forma importante. Es obvio que hay que financiar los medicamentos más eficientes -estos son los eficaces y los más baratos- y no los caros, que es lo que se pretende hacer. Por algo será.

Sí hemos solicitado la exclusión de los fármacos de baja utilidad terapéutica, que siguen siendo financiados pese a no tener evidencia de su eficiencia y de su eficacia, así como la de los fármacos comentados como menos eficientes.

Con todas estas medidas, esperamos limitar el impacto negativo del real decreto y a la vez continuar liderando el ahorro del gasto farmacéutico en España por tercer año consecutivo, de lo que no estamos seguros, porque me parece que con este real decreto lo único que vamos a hacer es incrementar el gasto en todos los sentidos. Pero, señorías, no hemos...

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señora consejera. Ha terminado su tiempo.

Tiene la palabra por los grupos no proponentes.

(Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor presidente.)

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente. Señorías.

Muy poco tiempo para asunto de enjundia. Ya habrá oportunidades de discutir más en profundidad.

Primero. Nosotros estamos totalmente en contra del procedimiento seguido por el Gobierno de España. No se puede cambiar un modelo sanitario que funciona, que es el mejor del mundo, por un decretazo, sin discutir, sin evaluar, sin poner en evidencia sus deficiencias. Esta es una medida de recorte, pero que tiene segundas intenciones. La primera de ellas, cambiar el modelo: de un modelo universal, gratuito, de amplias prestaciones y contrastada eficiencia a un modelo de cotizantes, donde se excluye a una parte de los ciudadanos -ahora pocos; en el futuro más, ya lo veremos- y se excluye un conjunto de prestaciones. Este es un proceso para desmantelar lo que es una de las conquistas más claras del bienestar de los españoles en los últimos 30 años y además con un sistema que funciona. Lo discutiremos aquí, porque nosotros traeremos esta discusión a este Parlamento. Además lo hacen con alevosía, con nocturnidad, utilizando como pretexto la crisis.

La sanidad pública no necesita recortes. La sanidad pública necesita capitalización y también mejora de la eficiencia, sobre todo en el único parámetro donde sí que no aguantamos la comparación, que es en el parámetro del gasto farmacéutico, que está 6 puntos por encima de los sistemas sanitarios comparables, y lo está porque los gobiernos de España de un signo y de otro se sometieron a las multinacionales, a los intereses creados. Por eso tenemos ineficiencia en el parámetro del gasto de las farmacias. En el resto aguantamos la comparación, aunque todo es mejorable y también la sanidad. Por lo tanto, no estamos de acuerdo.

Y añadimos una cuestión: los supuestos recortes, que dicen los del PP que son un favor a las comunidades autónomas para cumplir con el déficit, no se van a cumplir. ¡Es imposible! Es que lo que han hecho necesita tiempo y soporte y no hay ni tiempo ni soporte. De manera que yo les adelanto otro de mis pronósticos -y verán que no me equivoco-: ¡no se va a cumplir! De manera que se echarán las culpas a quien tiene que gestionarlo, que son las comunidades autónomas. Ellos han dicho: "7.000 millones se van a recortar con este conjunto de exclusiones y con este conjunto de copago". Pues no hay ni tiempo ni capacidad ni soporte de gestión para garantizarlo, de manera que las comunidades no cumplirán; y entonces dirán: "¿lo ven?, en esto también las comunidades autónomas son malas, son indebidas para gestionar, no saben cumplir con los objetivos que se plantean...".

De manera que nuestra posición es radicalmente en contra de un decretazo malvado, que interesa a las minorías y que destruye una de las conquistas sociales más importantes de este país; y que además, aguanta la comparación, no, que es líder mundial, y se lo han empezado a cargar la pasada semana.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Jesús Morera.

El señor Morera Molina: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.

Aunque la comparecencia se solicita respecto al artículo 4 del Real Decreto 16/2012, no quisiera perder la oportunidad para hacer algunas consideraciones globales sobre el real decreto, como han hecho otros portavoces.

Básicamente por la trascendencia de su contenido, que acaba con la universalidad de nuestro sistema sanitario. Ahora solo habrá asistencia sanitaria para quien ostente la condición de asegurado. Los jóvenes mayores de 26 años, que no hayan accedido a su primer empleo, circunstancia desgraciadamente muy frecuente en estos momentos, no tendrán derecho a asistencia sanitaria gratuita. Podrían hacerlo solicitándolo y acreditando su pobreza, "sáquese usted el carné de pobre". Se excluye de la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, excepto a los menores de 18 años, los embarazos, los partos y postpartos. ¡Faltaría más que las dejásemos parir en la calle! También se mantiene a este colectivo la atención urgente. Así, se desplazará la demanda de servicio hacia las urgencias, distorsionando completamente el modelo de atención. Terminaremos tratando el catarro común en los servicios de urgencias hospitalarias, porque afortunadamente, al igual que se reclamaba la objeción de conciencia para no practicar abortos, los médicos reclaman, por objeción de conciencia, poder tratar a todos los enfermos. Así se ha pronunciado algún presidente de Colegio Oficial de Médicos de nuestra comunidad.

No sé si alguien ha recapacitado que con esta medida se quiebran los principios básicos de la salud pública. Por ejemplo, al privar de algo tan simple como un tuberculoestático, un fármaco para la tuberculosis, a uno de estos inmigrantes estamos poniendo en riesgo la salud de toda la comunidad; o en lo que están pensando es en echarlos luego como apestados.

Respecto al repago farmacéutico, nada mejor que un ejemplo. Miren ustedes, un pensionista de 70 años, con una pensión mensual de 680 euros, algo normal, de la que puede estar viviendo no solo él, bueno, pues, puede ser un señor que por prescripción médica tome un anticoagulante por su fibrilación auricular, un antihipertensivo, un antidiabético oral, dos aerosoles por su enfermedad pulmonar crónica, tamsulosina para su próstata, unas gotitas de travoprost y timolol para su glaucoma y un par de analgésicos para su artrosis. Esta situación es francamente común, es un paciente típico de nuestra comunidad... -(Rumores en la sala.) Sí, sí, típico, sí, sí-. Pues la factura de sus medicamentos son 241 euros. Este ciudadano, que quedaría englobado en el grupo, digamos, más favorecido o menos perjudicado por el real decreto, adelantará todos los meses a la Administración 24 euros, para que cada seis meses, si llega, le devuelvan el excedente de 8 euros. Esta circunstancia genera déficit de un consumo necesario de medicamentos por incapacidad económica del usuario y el consiguiente problema de salud, con el posterior incremento del coste en la atención sanitaria.

Se han pasado de frenada. No sé si consciente o inconscientemente han llegado a tocar elementos muy vulnerables de nuestra comunidad.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Jesús Morera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Maite Pulido, doña María Teresa Pulido.

La señora Pulido García: Gracias, presidente.

Este real decreto-ley no ha instaurado el copago, porque el copago ya existía. Hay que ser rigurosos. Simplemente ha modificado la aportación de los pacientes en el pago de los fármacos. Por repetir muchas veces una mentira no se convierte en verdad. ¿Les parece injusto que aporte más el que más tiene y menos o nada el que no tiene? ¿Que los 115.000 parados canarios, que ya no reciben prestación o subsidio por desempleo, dejen de aportar el 40% y ahora no paguen? ¿Que los pensionistas con menos recursos sigan exentos y los parados de larga duración, desgraciadamente muy abundantes en esta comunidad, no paguen?

Somos el segundo país del mundo en consumo de fármacos, se destruyen cada año 3.700 toneladas de medicamentos. ¿Qué les parece mal?, ¿les parece mal que se introduzcan medidas que traten de frenar este despilfarro, que se intente poner en valor el medicamento, que se adecuen los envases de los medicamentos a la duración estimada del tratamiento?

La creación de la plataforma centralizada de compras supondrá un ahorro importante, unos 1.000 millones de euros. ¿Eso tampoco les gusta? ¿No les parece bien utilizar la economía de escala en pro de la eficiencia?

Ningún ciudadano español o inmigrante quedará sin asistencia sanitaria. La norma de dar la tarjeta sanitaria con el único requisito de estar empadronado situaba a los españoles en inferioridad de condiciones. Hasta el 1 de enero tenía más derecho un extranjero que no hubiera cotizado, que no hubiera regularizado su situación, que un parado de larga duración. En un contexto con más de cinco millones y medio de parados esto es inaguantable.

El coste del tu rismo sanitario en España es desmesurado e insoportable. La directiva europea no se transcribió correctamente. ¿Les parece mal que el Gobierno de España evite que se derrochen esos 1.000 millones de euros? ¿No les gusta que el ministerio adapte la normativa europea para facturar de manera rápida y directa al país de origen la atención de los extranjeros, como sucede con nosotros, los españoles, cuando viajamos a otros países?

El Fondo de Garantía Asistencial, por fin, garantiza la compensación por la población flotante procedente de otras comunidades autónomas, cosa que hemos reivindicado constantemente en la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Qué es lo que le gusta a su Gobierno, masacrar a las 62.000 familias canarias bajándoles el sueldo? Sí, porque el Gobierno de Coalición Canaria les va a bajar, con la ayuda del Partido Socialista, un 10% y ya Zapatero les bajó un 5%.

¿Sabe lo que no le gusta a mi grupo, señora consejera? No nos gusta la situación de la sanidad canaria y esa sí es su competencia. Solo el 35% de los ciudadanos canarios aprueba el servicio prestado por su consejería, frente al 60% de la media nacional. Usted es consejera del Gobierno de Canarias: ocúpese de lo que sí es de su competencia, porque hasta ahora no lo ha hecho.

El señor presidente: Gracias, doña María Teresa Pulido.

Por el grupo parlamentario solicitante de la comparecencia, el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña María del Mar Julios (Pausa).

Miren, informarles que al final la interpelación no se puede ver, porque la señora consejera había comunicado que esta tarde no podía estar aquí, y yo no lo tenía presente, me lo acaban de recordar los compañeros de la Mesa. Entonces concluiremos, con esta comparecencia concluimos el Pleno.

Muchas gracias.

Doña María del Mar, puede usted comenzar.

La señora Julios Reyes: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, nuevamente, señorías.

Yo creo que se ha puesto de manifiesto en este debate, que creo que tendremos que tener a lo largo de estos próximos meses en mucha más profundidad, porque estamos hablando de algo que es profundamente importante para el futuro de las generaciones y para las actuales... Yo creo que, señorías, la portavoz del Partido Popular verdaderamente o no conoce en profundidad lo que dice el decreto, o no conoce en profundidad, porque yo sinceramente no creo que ustedes puedan defender dignamente lo que en este decreto se recoge. No lo creo, señoría, no lo creo.

Miren, este real decreto no es defendido hoy por hoy por nadie, salvo por las multinacionales de la industria farmacéutica, a las que se les vuelven a hacer concesiones en este real decreto. Se modifica el real decreto, de noviembre, del Gobierno anterior que generalizaba el principio activo. Se vuelve atrás por concesiones y presiones de la industria multinacional farmacéutica. Se vuelve atrás, se permite volver a prescribir por marca a las personas con patología crónica. Eso no va a cortar el gasto el farmacéutico, va a aumentar el gasto farmacéutico.

Y habla usted de masacrar. ¿A quién van a masacrar? ¡A las comunidades autónomas que van a tener que soportar otra vez el caos que este real decreto va a suponer! Eso es, señorías, lo que está haciendo este real decreto.

Los pensionistas no pagaban en España, ahora van a pagar; van a pagar medicinas, van a pagar transporte de ambulancia, van a pagar prótesis, van a pagar toda una serie de cartera de servicios, que todavía está por ver cuántas más cosas no serán introducidas en el copago.

Señorías, estamos hablando de algo gravísimo que forma parte del acervo histórico, de las conquistas de esta democracia y de los ciudadanos y que en un pispás, en 15 días, se carga el Gobierno del Partido Popular por un decretazo, sin tan siquiera transparentar el debate en el Congreso de los Diputados por una iniciativa legislativa. Esto es un atentado a los derechos, es un recorte de derechos a los ciudadanos, pero también es una forma de actuar lesiva para el funcionamiento de una democracia. No se cambia un sistema público de esta forma.

Señorías, la consejera lo acaba de explicar perfectamente. Se clasifica a los ciudadanos en distintos grupos, van a tener que pagar por adelantado y con posterioridad es cuando se les va a reembolsar. Y además no sabemos todavía ni cómo ni cuánto va a costar este reembolso. Señorías, me preocupa el abandono del tratamiento por parte de los pensionistas, de las personas crónicas, que además tienen pocos recursos.

Y, como muy bien decía el portavoz del Grupo Socialista, en Canarias hay 160.000 pacientes mayores de 65 años, que toman simultáneamente más de seis medicamentos porque tienen pluripatologías. La mayoría va a tener que pagar, abonar, un 10% del precio de esos medicamentos, señorías. Eso desde luego en los momentos de crisis que vivimos me parece insoportable. Y me parece una falta de respeto que un dirigente del Partido Socialista en la Península haya dicho que, bueno, que, total, que esos son -yo creo que lo hemos oído todos, ¿no?- dos cafés, el precio de dos cafés al mes. Es lo que dijo el portavoz del Partido Socialista creo que en el Senado. Desde luego eso va a suponer para los pensionistas canarios, pues, un montón de dinero, señorías, un montón de dinero, y dos cafés es un lujo para las personas que están en paro, para las personas que viven de una pensión. Es un lujo, me parece una falta de respeto tratar las cosas de esta manera.

Señorías, esta mañana oí hablar, en otro debate escuché, esta mañana, oír hablar de que el Gobierno de Canarias tenía un desmadre legislativo. Pues yo no sé cómo llamar a este real decreto, ¿no?, porque, como mínimo, señorías -con todos los respetos-, es una gran chapuza. Es contradictorio consigo mismo en muchos de sus aspectos y de difícil aplicación práctica. Miren, empezando por el artículo 3, que decía la portavoz del Grupo Popular que no se les recortan derechos a los inmigrantes. No lo voy a repetir, está recogido, lo han dicho por todos los rincones de España todas las organizaciones no gubernamentales. Claro que sí, solo se les da el derecho a las urgencias y a algunas cosas más que ya se han comentado. Esto va a provocar un colapso de las urgencias sanitarias y eso va a incrementar un gasto.

Señorías, es terrible que no se aclare lo que dice el artículo 94-bis, un nuevo artículo a la ley del medicamento, que habla de aportaciones de los beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. Lo dije esta mañana, no estamos hablando solo de las oficinas de farmacia. Se entiende por prestación farmacéutica ambulatoria la que se dispensa al paciente a través de las oficinas o servicios de farmacia. ¿Dónde están los servicios de farmacia?: en los hospitales. ¿Qué se prescribe allí?: los tratamientos ambulatorios, que han evitado la prolongación de estancia de pacientes oncológicos, de pacientes con cuidados paliativos, de pacientes con el problema del Sida... Todo eso, si se somete a una prestación en base al copago, la aportación del usuario se va a efectuar en el momento de la dispensación -eso es lo que dice este artículo-, va a generar, primero, que no se den altas en los hospitales, porque para poderles pagar gratis los medicamentos habrá que dejar a las personas ingresadas. ¿Eso mejora?, no, empeora la eficiencia del sistema; eso empeora el coste del sistema, señorías.

Es que es una chapuza. Si con este real decreto se pretenden recortar costos y gastos, se está por el camino equivocado. Se desmantela el servicio, pero además se genera un mayor coste para lo que quede del sistema sanitario.

Se incrementa la falta de equidad. La cartera de servicios básica, que ya había, que ya había, por cierto, se va a disminuir y es la única que se financia. Y luego se habla de otras carteras de servicios que van a implicar copago -a saber qué es lo que se va a pasar a copago- y luego habla, eso sí, de una cartera de servicios complementaria, la que quiera y pueda poner cada comunidad autónoma. ¿Esto es equidad, señorías? ¡Y esto se hace modificando la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud! ¿A esto se le llama cohesión? Yo a esto le llamo descohesión y además agravar las diferencias sociales y territoriales en este país. Eso es a lo que le llamo yo cuando se favorece el que haya una financiación y un trato distinto a los ciudadanos; primero por tu condición social, segundo por tu condición económica y tercero -y muy importante para Canarias-, por tu condición territorial, según el lugar en el que vivas. Es terrible, señorías, no se está gobernando para los ciudadanos, se hacen nuevamente concesiones, como acabo de decir, a la industria, en este caso a la industria farmacéutica.

Señoría, creo que tendremos ocasión de seguir discutiendo de esta verdadera contrarreforma del Sistema Nacional de Salud. Estamos ante el desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud, estamos ante la descapitalización del Sistema Nacional de Salud, en beneficio de una industria farmacéutica o de una industria sanitaria que está ocupando el rol y el papel que antes ocupaba la llamada industria del ladrillo. La mayor parte de esas empresas se está pasando al sector de las industrias sanitarias, y el ejemplo lo tenemos claro: la avanzadilla de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular es la privatización a ultranza. Baleares, Madrid por supuesto, Valencia, están sacando a concurso público la gestión de toda la red de hospitales públicos de estas comunidades autónomas a empresas privadas, la gestión. Evidentemente avanzamos, como decía, a un modelo de Seguridad Social para los trabajadores, de sistema de beneficencia para los pobres y de sistema de aseguramiento privado para los que puedan y tengan dinero, y se rompe, como bien decía la consejera, la solidaridad en la que se basaba el Sistema Nacional de Salud, porque se va a descapitalizar el sistema del que hasta ahora, del cual todos hemos disfrutado.

Señorías, este decreto debe llamarse del desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud. Es un decreto hecho para la industria pero no para los ciudadanos. Por todo ello, señoría, tenemos que rebelarnos en este Parlamento. Es inadmisible esta involución, es un atentado a los derechos de los...

El señor presidente: Sí. Tiene un minuto para ir terminando, doña María del Mar.

Sí, puede continuar.

La señora Julios Reyes: Concluyo, señor presidente.

Es, como decía, un atentado a los derechos básicos de la asistencia sanitaria de los ciudadanos de este país y especialmente también de los canarios por el sobrecoste que para nosotros significa mantener el servicio público. Estamos hablando de elementos de profunda trascendencia para el bienestar social y sanitario de los ciudadanos, no solo de los que vivimos en estos momentos sino de las futuras generaciones.

Tenemos que poner todo el empeño, señora consejera, en esas alegaciones, pero también en la denuncia y en transparentar a la ciudadanía el importante calado de recortes sociales y sanitarios que les va a implicar a los ciudadanos de seguir en marcha este real decreto que el Partido Popular acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña María del Mar Julios.

Para concluir, la señora consejera de Sanidad, doña Brígida Mendoza.

La señora consejera de Sanidad (Mendoza Betancor): Señor presidente. Señorías.

Señora diputada, siguiendo sus palabras, ya le digo la opinión de esta consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias: este real decreto, este Real Decreto-Ley 16/2012, que recoge el conjunto de medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud -que es así como se llama-, es rechazado porque considero que es insolidario con los sectores sociales más desfavorecidos y que peor están soportando las consecuencias de la actual crisis económica, penalizando al enfermo y sin que antes se hayan agotado todas las medidas de mejora de la eficiencia del sistema sanitario.

Quiero destacar que este real decreto-ley del Gobierno de España, con el Partido Popular al frente en la actualidad, rompe con los principios rectores del sistema sanitario que recoge la Ley General de Sanidad, de universalidad, de equidad en el acceso a las prestaciones y de calidad de la prestación.

Es curioso, pero desde la exposición de motivos, y en el primer párrafo, en las primeras líneas, el real decreto gradúa el Sistema Nacional de Salud como uno de los grandes logros del Estado del bienestar, tanto por las características anteriores como por una financiación sustentada en los impuestos, por su solidaridad, y que es tomado y reconocido y plasmado por el propio decreto como uno de los modelos de referencia mundial. ¡Curioso! Pero a renglón seguido realiza un ataque a las comunidades autónomas, a todas, responsabilizándolas de hacerlo insostenible de forma generalizada. No solo queda ahí sino que las hace responsables de haber acarreado consecuencias perjudiciales para el empleo y para los sectores empresariales que rodean al sistema sanitario. Y de repente, efectivamente, el Gobierno de España parece que con el real decreto, que, efectivamente, no es de medidas de sostenibilidad, esto -según decían, era una reforma sanitaria; creo que va mucho más allá-, esto, parece que lo van a salvar. Mire, no, no va a ser así.

Es lamentable que el Gobierno de España arremeta contra las comunidades autónomas para justificar la redacción de un real decreto-ley que no fue consensuado previamente en cuanto a su contenido, porque no estaba. Solo puso unas líneas generales sobre la mesa. Fueron presentadas de una forma somera, ¡el último punto de un Consejo Interterritorial!, que era el punto número 23, que empezaba a las siete y media de la mañana y terminaba a las dos y algo de la tarde, y que esto no ocupó ni la mitad del tiempo. Eso me parece grave. Y que luego pase directamente a un consejo de ministros y de ahí a esperar al lunes. Viernes, sábado, domingo y el lunes lo teníamos en la mano.

Y en esos días se dijo por parte de esta consejera: "va a haber letra pequeña". ¡Y tanto que hay letra pequeña! Mucha, mucha, porque este real decreto hay que leérselo, no una, muchas veces. Hay que estudiarlo con detenimiento; cada párrafo, cada frase, detrás lleva muchas cosas.

En el real decreto aparece el copago, y aparecen copagos. Copagos, porque no solo es a los pensionistas el 10%. Porque es verdad, nosotros pagamos el 40% pero ahora vamos a pagar de otra manera. Pero es que además aparece el copago cuando dividen la cartera de servicios, y la dividen en la básica común... ¡Cómo no vamos a tenerla! Ya veremos qué hacen con ese grupo de trabajo que están convocando, que luego pasará al Consejo Interterritorial y a lo mejor nos encontramos con una orden. Vamos a ver cómo. Pero es que además recoge muchísimo más. Hay otra parte de carteras, que es la que comentaba usted, señoría, donde aparece la parte farmacéutica, los dietoterápicos, aparece la prestación ortoprotésica y el transporte, porque era la única, el único punto donde por omisión se podía leer que iba a haber copago, porque hablaba del transporte urgente en la cartera básica y no hablaba del programado. Y ese sí que hace daño. El urgente está garantizado 365 días al año y 24 horas. Ese está garantizado sea cual sea la vía y el transporte, pero el otro es el que se podía intuir que iba a aparecer, y efectivamente. Y si eso no se llama copago, me lo explican, me lo explican.

En esa parte, además, en material ortoprotésico, existe una cartera, que se va a revisar además, y que además tiene tratamientos diferentes. Léanlo varias veces, los puntos son diferentes. Es distinto, no es lo mismo que el fármaco.

Y además existe una tercera cartera, aquella, los productos cosméticos que no son fármacos pero que son útiles en algunas enfermedades. Estupendamente, se van a llevar con la misma vía de la parte farmacéutica, de la misma manera. La otra, el ministerio hasta ahora no la ha aclarado, pero el día 1 de julio lo quiere en marcha. Vamos a ver cómo lo hacen, porque, señoría, no han dicho ni cómo sino cuándo. Seguro que tienen las herramientas, no tengo la menor duda.

En resumen, un real decreto de obligado cumplimiento, porque es de medidas urgentes -y esa es la manera de sacarlo-, que no admite enmiendas -porque esa era la manera de hacerlo- y que se carga muchas normas. Que va por delante y quita muchos de los artículos y cambia mucha parte de la Ley de Cohesión.

No es un simple real decreto-ley de obligado cumplimiento, es algo más profundo incluso que una reforma, que así la llaman, pero que creo que se debería llamar de otra manera. Esto es un cambio de sistema, el principio de un cambio de sistema, si no lo paramos, y que incluye aspectos que distorsionan la naturaleza del mismo. Es un documento que, cuando se desgrana, se objetiva un castigo al enfermo y, como se ha dejado claro en anteriores intervenciones en esta sede, no se debe castigar al enfermo por estar enfermo. ¡Es un castigo! Este decreto lo único que hace es castigar al enfermo, a los crónicos y a los agudos, y al que tiene dinero y al que no lo tiene. A todos, y esto no es justo.

Da igual las palabras que se escuchen alrededor, pero desde luego me gustaría poner algunos ejemplos, porque no me resisto a pensar y a esperar que se contemplen desde el ministerio, desde el Gobierno de España, algunos aspectos que los que conocemos la enfermedad crónica u otras vemos claramente como una medida desalentadora para muchos pacientes. Qué va a pasar con el paciente diabético y con complicaciones vasculares-por poner un ejemplo, se me ocurre-, que ha sido amputado en un miembro inferior -ha tenido esa mala suerte-, que requiere una intervención quirúrgica que lleva una hospitalización, con muchos estudios previos, que requiere una medicación de por vida que va a tener que copagar. Que además requiere una prótesis, que va a requerir una silla, que va a requerir bastones, pero, claro, hay que rehabilitarlo, hay que llevarlo de forma diaria de su casa o de donde esté al sitio de rehabilitación y volverlo a poner en su domicilio. Y, señores, eso le va a costar dinero, que se le va a devolver en seis meses, pero, eso sí, según lo que cotice. Mire, no, usted tenía razón: los cuatro cafelitos no son cafelitos, pueden ser panes en nuestra población, y creo que la comparación era, cuando menos... Espero que fuera una equivocación del Partido Popular cuando puso, desgraciadamente, ese mal ejemplo.

Por otra parte, ¿qué es lo que, cómo se le va a devolver? Nadie lo ha dicho. En seis meses, en seis meses, que vamos a poner una caja, porque parece que todo lleva a eso. Hasta ahora nuestra norma no nos permite tener cajas en los centros hospitalarios y los servicios de farmacia hospitalaria. La farmacia tiene la suya, pero va a tener que tener un sistema informático que, cuando entre por la puerta y vaya con la receta, le diga qué renta tiene. Evidentemente no al céntimo, pero la va a conocer, la va a conocer, y cuando vaya al hospital tendremos que tener la caja, porque habrá que ir a lo mejor... Pues, mire, a lo mejor es que tenemos que ir guardando euro a euro todos los días, todos los que vayan pagando, para devolverlos después, porque algún sistema tendrá que haber. Y desde luego no creo que en dos meses sean capaces de ponerlo en marcha.

En nuestra comunidad, donde existen en la actualidad más de 263.000 pensionistas, con una renta media de 774 euros, sin entrar en otros colectivos, el Gobierno de España deberá explicarles cómo va a hacer frente a que coman y se traten pagando parte de sus necesidades sanitarias, porque de estos hay muchos crónicos, cientos de crónicos, que no tienen un solo comprimido, tienen muchas medicinas y tienen que pagarlas. Tendrán que pagar un 10% y eso es mucho dinero para una familia que cobra 774, donde ahora a lo mejor son los responsables de mantener a varios miembros. Tendrá que explicarlo el Gobierno de España, el ministerio tendrá que hacerlo saber, tendrá que decirles cómo. Y teniendo un elevado número de pacientes con patologías crónicas, en una comunidad cuya población se vea más castigada, pero aún más, la medida -según las propias palabras de la ministra- no es recaudatoria, es disuasoria, y eso, sinceramente, me preocupa, porque ni va a conseguir el ahorro de los millones... Pero es que encima, efectivamente, vamos a tener pacientes que van a tener que abandonar su medicación porque no tengan, a lo mejor, el dinero, y eso sí me parece grave. Eso es una insolidaridad, rompe el sistema y rompe la equidad, y no es solidario, y este es un tiempo muy difícil. Por supuesto que es un tiempo de crisis. Tenemos que ser austeros, tenemos que trabajar todos mucho más, pero desde luego pensando en esta gente que este real decreto está dejando en el borde del camino.

Ningún paciente tiene que abandonar el tratamiento, pero, eso sí, ¿los de 26 años los vamos a tratar? ¿Les vamos a decir que vayan a sacarse la tarjeta privada? Si no están trabajando, tendrán que ir y pagar; si no, no tienen ningún derecho a asistencia sanitaria. ¿Qué hacemos con los inmigrantes? Primero les hemos dado la bienvenida, los tenemos aquí, ¿y ahora qué les hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Colapsarán las urgencias, porque es la vía que les deja libre, es la única. Evidentemente tendremos que ser más eficientes en la facturación, pero ahora tampoco podremos facturárselo. Pero es que además esos inmigrantes seguro que no tienen dinero. ¿Y dónde, vamos a ver, quién es el médico que va a dejar de tratarlos? También hay que analizar eso...

El señor presidente: Tiene un minuto para ir terminando.

La señora consejera de Sanidad (Mendoza Betancor): ...otras normas y otras leyes. Y hay un código deontológico y espero que eso ningún médico lo olvide, y estoy segura de que no lo van a hacer.

Soy consciente de que este escenario es difícil, pero desde luego... Y estoy segura de que cuando termine esta intervención, alguien de aquí irá diciendo que esto es demagogia. No es demagogia, esta es la realidad de todos los días. Tenemos pacientes en diálisis, tenemos pacientes rehabilitándose, operados de cadera, que cuestan mucho dinero y que la Comunidad Autónoma de Canarias está haciendo un gran esfuerzo. 38,4 de Presupuestos que le dan, es el porcentaje del Presupuesto de la Comunidad para seguir sosteniendo la sanidad. Y yo les digo que todos los profesionales de la sanidad canaria quieren este sistema, lo quieren, y no están de acuerdo con esto. Y vamos a mandar todas estas alegaciones, las vamos a mandar todas, detalladas, no una sino cuantas veces haga falta, porque con consenso se puede llegar a cosas, porque hay medidas de eficiencia antes que esto y porque esto es duro para nuestros enfermos. ¿Qué haremos con los pacientes que tienen tratamiento de Sida, que van a recogerlos al hospital...?

El señor presidente: Muchas gracias, señora consejera, muy buenas tardes.

¿Se pueden acercar, por favor, los portavoces un momentito? (Los señores portavoces atienden el requerimiento de la Presidencia.) (Pausa.)

Señorías, les ruego que presten atención. Efectivamente, estamos todos de acuerdo en que mañana se comience a las nueve. De acuerdo.

Muy buenas noches. Mañana es media hora antes, a las nueve.

Gracias.

Y empezaremos por la ley, por la proposición de ley.

(Se suspende la sesión a las veinte horas y veintiséis minutos.)