Diario de Sesiones 40, de fecha 23/5/2012
Punto 5

· 8L/I-0026 Interpelación del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre ajuste del presupuesto de la Consejería de Sanidad al nuevo escenario económico planteado por los Presupuestos Generales del Estado para 2012, dirigida a la señora consejera de Sanidad.

El señor presidente: Interpelación del Grupo Nacionalista Canario, sobre ajuste del presupuesto de la Consejería de Sanidad al nuevo escenario económico planteado por los Presupuestos del Estado para 2012.

Doña María del Mar Julios tiene la palabra.

La señora Julios Reyes: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Señora consejera, a pesar de que Canarias ha sido la primera comunidad autónoma que ha cumplido con los objetivos del déficit presupuestario del 2011, y más después de haber conocido los incumplimientos y el falseamiento de datos de algunas comunidades autónomas, a pesar de ello, en los Presupuestos del 2012 del Estado se quitan a esta comunidad autónoma 800 millones de euros, 450 de ellos destinados, iban destinados a nuestros servicios públicos esenciales. A pesar de ello, nos toca, tanto las que cumplimos como no cumplimos, dar respuesta a ese recorte de 7.000 millones de euros que pide el Gobierno del Estado específicamente para el sistema sanitario. Y lo ha pedido, supuestamente, a través de las medidas que van a generar ahorro, supuestamente, de un real decreto que se aprobó el jueves pasado en el Congreso de los Diputados por solo y exclusivamente los 178 votos del Partido Popular. Ni tan siquiera se admitió que dicho real decreto fuera tramitado como proyecto de ley. ¿Qué menos que un debate transparente en el Congreso de los Diputados para una ley, para un decreto, que va a cambiar el Sistema Nacional de Salud desde un modelo universal a un modelo de aseguramiento? ¿Qué menos, señorías, que no secuestrar al debate democrático un cambio tan radical, sin precedentes en nuestra democracia, de recortes de derechos como el que se acaba de hacer por solo 178 votos? Lo han hecho sin consenso político, sin consenso institucional y sin consenso social. No hay ni una sola organización profesional, colegios médicos, colegios de todo tipo, no hay ninguna organización de enfermos, asociaciones en defensa de la salud pública, que hayan entendido este decreto o que no lo rechacen, señorías. Y es que son incapaces de convencer a nadie, el Partido Popular se ha quedado absolutamente solo y sola será su responsabilidad de haber cambiado el Sistema Nacional de Salud hacia un modelo de recortes de derechos (El señor presidente abandona su lugar en la Mesa y pasa a ocupar la Presidencia el señor vicepresidente segundo, Fernández González).

Y, señorías, la inseguridad está servida: la Ley General de Sanidad -supuestamente sigue vigente- defiende un sistema sanitario universal, público, gratuito y, en cambio, han cambiado la Ley de Cohesión y Calidad de forma y manera que donde antes el artículo 3 decía "titulares de derechos", ahora ese artículo lo que dice, señorías, es "condiciones de los asegurados". De un derecho ciudadano se ha pasado a la condición de asegurado perteneciente al régimen de la Seguridad Social. Y otra cosa grave, antes decía: "son titulares de los derechos a la protección de la salud"...

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Señora, señora diputada, el interpelado es el Gobierno de Canarias y no el Gobierno del Estado. Le ruego que se ciña a la cuestión.

La señora Julios Reyes: No entendí.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): El interpelado es el Gobierno de Canarias, es a quien usted puede interpelar, y no el Gobierno del Estado. Por eso tiene que ceñirse a la interpelación al Gobierno de Canarias. Todavía no he oído ni una sola voz en la interpelación al Gobierno de Canarias.

Gracias, señora diputada.

La señora Julios Reyes: Señor presidente, yo estoy interviniendo. No le he terminado de escuchar muy bien pero estoy en mi primer turno de esta interpelación. Creo que puedo continuar con él...

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Señora diputada, no ha habido ni una sola mención a la acción o desacción del Gobierno, u omisión, del Gobierno de Canarias en la interpelación, que es la definición por sí de una interpelación. Se ha hecho totalmente a la acción del Gobierno del Estado, y esto no es una interpelación en el Parlamento de Canarias. Simplemente le digo que se ciña a la cuestión. Queremos oír aquí, en este Parlamento, a lo que hemos sido convocados, para oír cuál es la acción o lo que no ha hecho el Gobierno de Canarias, que es el objeto de definición de una interpelación (El señor Barragán Cabrera solicita el uso de la palabra).

Está muy bien definida, señor Barragán. No tiene la palabra.

La señora Julios Reyes: Señor presidente, yo he venido a intervenir en este Parlamento, no a discutir con usted, y estoy interviniendo y todavía me falta tiempo para concluir con mi intervención en relación a la interpelación. Le pido, por favor, que me permita continuar con mi intervención.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Continúe sin problemas, señora diputada.

La señora Julios Reyes: Muchas gracias, señor presidente.

Como le iba diciendo, señorías, se rompe el derecho universal a una condición de asegurado y además, algo que es muy grave, antes se hablaba del derecho a la protección de la salud, a la salud pública por tanto, y ahora no se habla de él; ahora solo se habla de la asistencia sanitaria.

Señorías, en relación a este decreto, por ejemplo, el British Medical Journal dice, dice, desde fuera lo que dicen es que empieza el principio del fin del servicio nacional de salud de España.

Y, señoría, en relación al turismo sanitario, que se utiliza en este decreto para justificar la pérdida del derecho universal, pues, señorías, es falso lo que dicen que dice el Tribunal de Cuentas. Lo que dice el Tribunal de Cuentas: cúmplase con su función por parte del Estado, cóbrese, que es lo que tiene que hacer, lo que ha significado la asistencia a los turistas. Me refiero, sobre todo, a los de los países europeos ricos. Señorías, ¿en estos momentos el Ministerio de Sanidad se ha comprometido a devolverle a Canarias el dinero que nos deben, porque nosotros sí que facturamos la atención a los turistas y el Instituto Nacional de la Salud, es decir, el Estado, no lo cobra? ¿Se ha cumplido con eso?, ¿se va a cumplir con eso?

Señorías, este decreto habla de que se va a trabajar por mejorar la cohesión porque se había avanzado en descohesionarlo, porque cada comunidad autónoma podía desarrollar su cartera de servicios. Pues nos encontramos, señorías, con que en este decreto lo que se hace es que se promueve aún más la descohesión y además se eleva a rango de ley, porque se mantiene una cartera de servicios complementaria que pueda seguir desarrollando cualquier comunidad autónoma, la rica y que pueda pagarla, lógicamente. Y, además, señorías, se divide la cartera de servicios. Una de ellas es la cartera básica, se restringe, no sabemos hasta cuándo, puesto que queda para un posterior desarrollo, pero se restringe a que va a ser la única financiada. El resto de la cartera tendrá que estar sujeta al copago y, por lo tanto, al desembolso previo por parte del ciudadano. Lo único que tenemos claro es que en la cartera básica ya no está el transporte sanitario programado, solo el transporte sanitario urgente. Nos preocupa, señorías, en esta comunidad autónoma porque es vital.

Señorías, una verdadera política de cohesión es tratar de forma diferente la desigualdad y este decreto no corrige la desigualdad de Canarias, la ignora y la acrecienta. Por ejemplo, el caso del transporte sanitario, pero también porque habla este decreto de un fondo de garantías para pagar el coste de los desplazados entre las comunidades autónomas -fondo que ya existía, por cierto-, pero no se hace ninguna mención a las particularidades del sobrecoste del hecho insular canario. Nos preocupa muchísimo cómo se va a desarrollar este aspecto en este decreto.

Señorías, en cuanto al copago, pues, resulta que para resolver el problema injusto de que los parados tuvieran que pagar las medicinas ahora resulta que quienes tienen que pagar son los pensionistas. Y además, señorías, con una escala injusta, que permite que tengan que pagar el 50% de forma igual los que tienen una renta de 18.000 euros al año que los que tienen una renta de 99.999 euros al año. Señoría, ¿qué margen tenemos en la comunidad autónoma para que no se produzca el importantísimo retroceso en la prescripción por principio activo producto de ceder a las presiones de la industria, porque este real decreto vuelve otra vez a la prescripción por marca? Hemos conseguido un ahorro importantísimo en gasto en medicamentos y ahora se vuelve otra vez a la prescripción por marca. ¿Qué medidas puede hacer este Gobierno para impedir que vuelva a crecer el gasto por medicamentos a través nuevamente de la prescripción por marca, señoría?

Señoría, en definitiva, ¿qué margen va a tener esta comunidad para hacer frente ante estos importantes recortes que se están produciendo? Señoría, ¿qué medidas puede tomar el Gobierno para mantener, para defender, el servicio público sanitario de Canarias ante los duros recortes que está imponiendo el Gobierno de España y ante esta nueva legislación que cambia por completo los derechos adquiridos en el Sistema Nacional de Salud? En otras comunidades autónomas están desmantelando el sistema, están privatizando: ¿qué medidas va a hacer el Gobierno de Canarias para poder seguir manteniendo el Sistema Nacional de Salud aquí, en Canarias, con todos los derechos conquistados hasta ahora?

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Sí. Gracias, señora diputada.

Por evitar polémicas desde esta Presidencia, señora diputada, y esto tenemos que hacer un análisis profundo, esto no ha sido una interpelación. La interpelación es una acción del Gobierno de Canarias que se discute aquí o una omisión que tiene la obligación de hacer y no lo ha hecho. Usted se ha referido en todo momento a una crítica de lo que es el decreto del Estado y al final ha terminado con tres preguntas. Se hubiera usted limitado a hacer las preguntas que ha dicho usted al final. ¿Qué medidas puede hacer el Gobierno?, eso no es interpelar, eso es preguntar. ¿O qué margen de maniobras tiene el Gobierno para actuar?, eso es preguntar, eso no es interpelar.

Por tanto, hecha esta aclaración y habiéndole yo concedido que terminase la exposición, pasamos a la intervención de la señora consejera para que, en todo caso, no conteste a la interpelación sino a las preguntas.

Tiene usted la palabra, señora consejera (Pausa).

He hecho simplemente una aclaración, no he hecho un debate y he dicho lo que yo he pensado. Cualquier otro tema que usted considere, eso haga un escrito a la Mesa del Parlamento.

Adelante, señora consejera.

La señora consejera de Sanidad (Mendoza Betancor): Señor presidente. Señora diputada, buenos días a todos.

Señora diputada, como saben, el Gobierno de Canarias se ha visto abocado a la adopción de un conjunto de medidas de ajuste para hacer frente a un objetivo de déficit presupuestario establecido por parte del Gobierno del Estado como resultado del respeto y compromiso institucional que ha marcado y marca la actuación del conjunto del Gobierno de la comunidad autónoma. Como resultado de ese compromiso y del esfuerzo realizado en 2011, Canarias ha sido, bueno, no fue en el primer momento sino después de la reunión, la primera comunidad que se ha ajustado al déficit que se le solicitaba con un menos 2,35% en las cuentas regionales en esta situación de crisis económica. Este ajuste presupuestario se ha visto reflejado en los presupuestos de los últimos ejercicios del Servicio Canario de la Salud, de tal forma que entre los años 2009 y 2011 el presupuesto del servicio ha bajado en 380 millones de euros; sin embargo, en el año 2012 experimentó una ligera mejoría que ha supuesto que esta diferencia se acortara y se cifrara en 320 millones de euros. Al menos en los presupuestos iniciales, ya que con posterioridad, y debido a los recortes realizados por el Gobierno de España, este va a presentar otro retroceso, como usted bien indicaba.

Por su viabilidad y rigor Canarias ha obtenido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la pasada semana la aprobación de su plan de ajuste al garantizar el cumplimiento del objetivo del déficit a pesar del drástico recorte de los ingresos del Gobierno del Estado. Y, miren ustedes, pasa a ser la primera comunidad tras conocerse después del consejo la realidad de varias comunidades, de varias comunidades, que habían ocultado esos datos.

El plan de viabilidad presentado por el Gobierno de Canarias contiene un obligado ajuste de las cuentas canarias por importe de 800 millones de euros para hacer frente al drástico recorte que han recibido las islas, de forma injusta, de los Presupuestos Generales del Estado. Es un ajuste duro pero irremediable, que nos obliga a subir impuestos y reducir el gasto, a pesar de ser de las comunidades autónomas peor financiadas por el Gobierno del Estado, al mismo tiempo la más cumplidora en déficit y contención de deuda. Por supuesto que todo ello va a incidir directamente sobre el Servicio Canario de la Salud.

Durante la celebración de este consejo, el Gobierno de Canarias reiteró su petición de modificar el sistema de financiación del Gobierno del Estado al estar perjudicando gravemente los servicios públicos, ya que en el 2012 Canarias recibe 453 millones menos que el año anterior para sufragar la sanidad, la educación y las políticas sociales. En este contexto, en el año 2012, a pesar del incremento del Presupuesto, el Servicio Canario de la Salud ha tenido que reducir 50 millones de euros en el capítulo I con el objetivo de incrementar los capítulos II y IV para mantener el funcionamiento de los centros y el gasto en las farmacias. También han concentrado recursos en el capítulo II, que ha aumentado en un 3,84%, para poder garantizar el funcionamiento de los centros. Asimismo, en el capítulo IV hemos aumentado un 23,94%, indispensable para pagar el déficit contraído con las oficinas de farmacia, derivado de una subpresupuestación del gasto real por el equipo saliente en la legislatura anterior. Asimismo, en este ejercicio el presupuesto destinado a la atención directa al ciudadano, tanto en Atención Primaria como Especializada, representa el 95,24% del presupuesto, frente al 3,6% del gasto calculado para gastos de gestión y servicios generales.

En esta misma línea, respecto a 2011, el Presupuesto destinado a Atención Primaria se ha incrementado en 21 millones de euros, pasando de 817 a 838 millones, con el objetivo de ir incrementando progresivamente el peso relativo de la Atención Primaria en relación a la Atención Especializada.

No obstante, las consecuencias directas de este ajuste presupuestario del servicio canario se han dejado sentir en el sistema. Se han tenido que adoptar medidas de ajuste económico y de mejora de la eficiencia. Entre las medidas de ajuste económico le podría decir que se encuentran volver a la jornada de 37 horas y 20 minutos semanales, que luego siguió el Gobierno de España, revisión de criterios de asignación de la productividad, reducción de sustituciones y refuerzos, reducción -e insisto, reducción- de los programas especiales de tarde, revisión a la baja de todos los contratos en un 3,21%, modificación de los precios de contratos de prótesis, TAC, actividades concertadas, etcétera, paralización de proyectos de infraestructuras, que siguen siendo y son muy necesarios para nuestra comunidad (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández, y pasa a ocupar la Presidencia).

Entre las medidas de mejora de la eficiencia hemos tomado la centralización de concursos, como vacunas, reactivos de laboratorio de salud pública -y empezamos antes que el Gobierno de España-; la determinación de tipos para la adquisición de medicamentos hospitalarios -antes que el Gobierno de España-; la licitación conjunta del suministro de energía eléctrica, y ya vamos por el segundo contrato centralizado de energía -antes que el Gobierno de España-; la priorización de la prescripción por principio activo; la redefinición de los protocolos de actuación, cáncer, VIH, indicación de prótesis traumatológicas; la priorización de las unidades de facturación, y por supuesto la mejora en la facturación a terceros, teniendo un objetivo en la actualidad de alcanzar un 8% más; la redefinición de la productividad de equipos y directivos.

Somos conscientes de que todas estas medidas han generado malestar en los profesionales, unas veces, seguro, por inadecuada explicación por nuestra parte; otras, por manipulación interesada y en otras, porque en sí mismas son difíciles de aceptar por los trabajadores, como no puede ser de otra manera. No obstante, queremos manifestar que todas estas actuaciones han ido encaminadas a mantener los principios rectores del sistema contemplados en la Ley General de Sanidad: la universalidad, la solidaridad, la gratuidad y la equidad, en tanto que los ciudadanos tengan derecho por el hecho de serlo, en tanto que se ha financiado por los Presupuestos Generales del Gobierno de España en base a un criterio redistributivo, aportando más el que más tiene.

En esta coyuntura económica y de medidas de ahorro, tanto en Canarias como en otras comunidades autónomas, se ha publicado el 24 de abril el Real Decreto-Ley 16/2012, de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional, y su correspondiente corrección de errores, de 15 de mayo, cuyo articulado encierra una reforma o modificación sustancial del sistema sanitario público, tal y como ha estado concebido hasta el momento. La entrada en vigor de este real decreto ha supuesto un cambio radical en el modelo, en el que se pasa de un modelo de universalidad de asistencia sanitaria, financiada públicamente y para todos los ciudadanos españoles, seguía el modelo Beveridge, a otro sistema en el que se tiende hacia un modelo de aseguramiento típico de los países de Europa central, el modelo Bismarck. La condición de asegurado se relaciona con la condición de trabajador, por cuenta propia o ajena, afiliado a la Seguridad Social, actual o pasado, pensionistas, desempleados con subsidio por desempleo o que lo han agotado. Esa condición de trabajador permite colgar del mismo a los que se califican como beneficiarios: cónyuges, excónyuges, equivalentes y descendientes a su cargo hasta los 26 años o con discapacidad igual o superior al 65%.

De la nueva configuración se excluyen de asistencia a los extranjeros que no pertenezcan a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo o que no tengan algún convenio de asistencia sanitaria recíproca con España.

Salvo en los casos de urgencias, por enfermedad grave o accidentes, cualquiera fuera su causa, hasta la situación de alta médica, de asistencia por embarazo, parto y posparto y a los extranjeros menores de 18 años, que recibirán asistencia sanitaria en igualdad de condiciones que los españoles, serán aquellos que no... tengan estas condiciones los únicos que podrán ser atendidos de forma gratuita.

En definitiva, la Consejería de Sanidad, y por extensión el Gobierno de Canarias, se han manifestado abiertamente en contra de esta medida, manifestando abiertamente en contra de esta medida, repito, porque castiga al enfermo y es insolidaria con los sectores sociales más desfavorecidos y los que precisamente están soportando las peores consecuencias de esta crisis. Entendemos la necesidad de realizar ajustes, entendemos la necesidad de realizar ajustes presupuestarios y los hemos realizado pero sin tocar los principios rectores del sistema.

Estas actuaciones buscan hacer sostenible nuestro sistema sanitario, no tener que cerrar hospitales, como están haciendo comunidades gobernadas por el Partido Popular, ni privatizarlos, como están haciendo otras comunidades gobernadas por el mismo partido. Y en esa línea seguiremos tratando de hacer sostenible el sistema.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora consejera.

Por parte del grupo interpelante, para una réplica, doña María del Mar Julios, por tiempo de cinco minutos tiene usted la palabra.

La señora Julios Reyes: Muchas gracias, señor presidente.

Pues voy a seguir defendiendo esta interpelación, que fue presentada por mi grupo y admitida a trámite por la Mesa del Parlamento de Canarias y, por lo tanto, creo que tenemos todavía la libertad y el derecho de defenderla con los argumentos que desde este escaño y de forma respetuosa considere oportuno hacer.

Señoría, muchas gracias, señora consejera, por la información y creo que es importante el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Canarias para a pesar de esta contrarreforma, para a pesar del injusto recorte que se está haciendo a los Presupuestos de esta Comunidad Autónoma...; que se tomen medidas que permitan mantener la esencia de los sistemas públicos educativo y sanitario.

Señoría, estimo que teníamos margen para haber fraguado un pacto por la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, margen para mejorar la financiación del sistema, en especial la injusta financiación sanitaria que tiene Canarias. Había margen para aumentar incluso el ingreso a través de una reforma fiscal justa, aumentando la solidaridad en estos momentos de crisis, que es la que hace que los más ricos y los más sanos financien a los más enfermos y a los más pobres. Esta era la esencia de los valores del Sistema Nacional de Salud, pero el Partido Popular ha optado por otro camino: por una profunda contrarreforma del sistema de un profundo calado ideológico y político.

Yo creo que, señorías, el diálogo no solamente son ofertas de palabra, también son hechos, y los hechos que está poniendo de manifiesto el Gobierno del Partido Popular y concretamente el Ministerio de Sanidad demuestran lo contrario. No se puede hacer una contrarreforma como esta y pedir diálogo y consenso, no se puede informar a las comunidades autónomas a través del Boletín Oficial del Estado de este real decreto y después pedir consenso. Desde luego el Pacto por la Sanidad ha sido truncado por el Partido Popular. No se pueden contrarreformas de esta manera, hacerlas y después pedir consenso, señoría. Somos las comunidades autónomas parte del Estado. Y ahora -y esto también es preocupante- la ministra anunció, el día del debate de este decreto en el Congreso de los Diputados, que iba a llevar al Congreso de los Diputados una ley de servicios básicos esenciales en España y para ello -fíjense ustedes- va a crear una comisión de expertos, una comisión de expertos para ver cuál es el futuro del sistema sanitario en España. Y no se habla con las comunidades autónomas, señorías, no se puede pedir consenso y actuar de esta manera.

Señoría, esta contrarreforma hace más pobres a los pobres y más enfermos a los enfermos.

Y desde luego me parece una absoluta falsedad que la ministra haya dicho en el Congreso de los Diputados, señora consejera, para explicar a los diputados de la Cámara que había un consenso en el Consejo Interterritorial en torno a este decreto utilizó el argumento siguiente: "miren la foto que hay después del Consejo Interterritorial, nos sacamos una foto todos juntos; luego, hay consenso con este decreto". Me parece una deslealtad institucional, para empezar me parece una deslealtad institucional que se utilice la foto de familia, que siempre se hace después de un Consejo Interterritorial, para engañar a los ciudadanos, diciéndoles que había consenso en el Consejo Interterritorial. Es muy grave lo que está pasando, señorías, en la democracia en este país en torno a los servicios básicos y en torno a las formas con las que se están cambiando los principios esenciales.

Señoría, le pido que sigamos defendiendo en esta comunidad autónoma, con uñas y con dientes, nuestro sistema sanitario público. Mientras otros lo están degradando, mientras otros detrás de este decreto han anunciado, una tras otra, las comunidades autónomas del Partido Popular, privatizaciones masivas de la gestión hospitalaria y de Atención Primaria, aquí, señoría, le pido que siga nuestro Gobierno con las medidas que considere oportunas para defender nuestro sistema público sanitario. Y hay que explicarles muy bien a los profesionales y a los ciudadanos que si se toman esas medidas es por...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Gobierno, señora consejera, por tiempo de cinco minutos tiene usted la palabra.

La señora consejera de Sanidad (Mendoza Betancor): Gracias, señor presidente.

Señorías, todavía está por conocer el alcance real de esta reforma sanitaria que el Gobierno de España, sin el debate ni el consenso necesario con las comunidades autónomas, aprobó mediante el Real Decreto-Ley de 20 de abril, publicado el 24 de abril, puesto que el texto de la norma no aclara al detalle cómo aplicar las medidas que se recogen en su articulado y están muchas de ellas pendientes de desarrollo. Por lo pronto, se tendrá que abonar parte del transporte no urgente y la farmacia ambulatoria que se integra en los servicios de farmacia de hospitales, por no decir en el resto de las farmacias, y el resto de medidas de copago que tiene en su interior. Pero no es de descartar que esta vorágine reformista desemboque en la introducción de modelos de gestión privada, como el anunciado por la Comunidad Valenciana, dado que se hace un retroceso hacia unos modelos de aseguramiento bismarckianos, donde solo tendrán derecho a la prestación los cotizantes.

Frente a esto, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias defiende un sistema público y universal, equitativamente financiado con recursos públicos y gestionado de forma eficiente, que en los aspectos básicos y esenciales esté coordinado desde el Consejo interterritorial como órgano cohesionador del Sistema Nacional de Salud. Por ello, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha remitido al Ministerio de Sanidad una relación de alegaciones que, pensamos, deberán tener en consideración en relación a todo el contenido del Real Decreto 16/2012, de 24 de abril. Aunque somos conscientes de que el día 1 de julio próximo la reforma debe entrar en vigor y se consolidará para el aseguramiento al 31 de agosto, dejando fuera a todo aquel que no haya cotizado a la Seguridad Social en cuanto a la asistencia gratuita.

Ya he comentado anteriormente que este real decreto se aprueba en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias por parte del Gobierno del Estado y que ha dejado las cuentas de la comunidad para 2012 en la necesidad de efectuar ajuste adicional de 800 millones de euros, ante el que el Ejecutivo regional se ha visto abocado a aprobar un conjunto de medidas con el objetivo de incrementar ingresos y continuar reduciendo el gasto. Con estas medidas, Canarias intenta alcanzar el déficit establecido.

No obstante, de la información que se ha podido entrever de la ficha financiera -entre comillas- de este real decreto, parece muy probable que el conjunto de las administraciones públicas no llegue al ahorro pretendido, en tanto en cuanto que en ciertas de las medidas más que ahorro lo que van a provocar son incrementos de gasto que no existen en el modelo actual, así como inversiones en tecnología para lograr la trazabilidad que se pretende a nivel del Estado con las recetas y las historias clínicas electrónicas.

Por parte del Gobierno de Canarias, a pesar de no estar de acuerdo con el texto, es evidente que como norma de obligado cumplimiento tendremos, cuya regulación se reserva al Gobierno del Estado, tendremos que ser obedientes y someternos y aplicarla, pero, evidentemente, también le aseguro que estaremos, como usted dice, defendiendo con uñas y dientes y seguiremos todas las alegaciones que hemos mandado, y además también lo que decida el alto tribunal, si prosperan los recursos interpuestos y así se falla por la instancia oportuna contra la misma.

Es a todas luces evidente que con la aprobación de este real decreto el Estado rompe con los principios básicos que hasta ahora han definido y caracterizado el modelo de sanidad pública, que lo repetiré hasta la saciedad, que es la universalidad, el libre acceso a las prestaciones, el servicio, la equidad y la gratuidad. Estos principios, que por sus especificidades y con la configuración territorial de nuestra comunidad autónoma ya revestían una especial complejidad, se ven ahora lesionados por la ampliación y extensión del copago a prestaciones que hasta ahora estaban exentas de aportación alguna por los usuarios y por la limitación al acceso a un importante grupo de población. Además se realiza una nueva clasificación de la cartera de servicios y, bajo el epígrafe de cartera común, ahora diferenciamos distintas: la básica, la suplementaria, la accesoria, en la que podríamos estar más o menos de acuerdo pero no en que los usuarios participen en el pago de cantidad económica alguna, más allá de la establecida hasta ahora para las prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas, que hasta ahora tenían su reversión pero sin agotar antes todas las medidas, digo, todas las medidas de posibles mejoras de la eficiencia.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias continuará trabajando para mejorar la eficiencia, controlar el gasto y mejorar la facturación a terceros, al tiempo que continuará dando una asistencia de la misma calidad que se viene dando por parte de todos los profesionales a todos los usuarios de nuestro sistema sanitario.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora consejera.