Diario de Sesiones 42/2012, de fecha 13/6/2012
Punto 1

· 8L/C-0437 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre inspección y control en centros de mayores privados.

El señor presidente: Comparecencia, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la inspección y control de centros de mayores privados.

Doña María Isabel Oñate tiene la palabra.

La señora Oñate Muñoz: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Señora consejera...

El señor presidente: Perdone, perdone, doña María Isabel.

Por favor, ha comenzado la sesión y está en uso de la palabra la señora diputada.

Doña Isabel.

La señora Oñate Muñoz: Gracias, señor presidente.

Señora consejera, en nombre de nuestro Grupo Parlamentario Popular le hemos pedido esta comparecencia a raíz de unas noticias que aparecieron en prensa sobre cierre de distintas residencias de mayores en las que intervino la Fiscalía. Concretamente eran Nuestra Señora del Buen Consejo, Trinidad y alguna otra. Y en esta aparecía que la Fiscalía pidió la clausura del centro geriátrico hasta en dos ocasiones -Nuestra Señora del Buen Consejo le estoy diciendo-. Permaneció abierta desde finales del 2010 y carecía de permisos necesarios para ejercer su actividad. Fue inspeccionada el 27 de julio de 2011 por la Fiscalía, que recomendó el cierre inmediato y el traslado de los ancianos a otro centro del Gobierno de Canarias. Se detectó que solo había una cuidadora para 12 ancianos. El geriátrico siguió abierto y en enero de este año un familiar lo denunció por malos tratos. La residencia Trinidad y Sol de Otoño, en Tías, Lanzarote, aparecieron a través de un canal de televisión con testimonios directos y usted ha querido dejar claro que no hay constancia, en la tutela que lleva, de la existencia de una sola denuncia interpuesta al respecto ni por parte de trabajadores ni por parte de ningún familiar, usuario del centro. En cualquier caso, tanto usted como el Gobierno de Canarias no sospechaban que hubiera malos tratos, pero sí que la apertura presentaba algunos problemas.

Usted ha hecho un llamamiento a que se denuncien las prácticas como las emitidas en las imágenes de la televisión Cuatro.

El Gobierno de Canarias decretó en la última legislatura el cierre de unas 15 residencias. Usted dijo que desde el año 2007 la residencia Sol de Otoño había estado sometida a inspecciones periódicas por parte del Gobierno de Canarias. Fue ese año cuando el Ayuntamiento de Tías concedió la licencia a este establecimiento, que no contaba, sin embargo, con la autorización del Gobierno regional, debido exclusivamente a problemas administrativos, al ser una finca, adoptar ancianos... que no se cumplía, por ejemplo, con requisitos como el tema de los cuartos de baño. Cito unas palabras suyas: "habitualmente somos bastantes benevolentes con las empresas a las que se les ordena el cierre porque siempre cabe la posibilidad de que regularicen esos requisitos que les faltan".

Siendo eso cierto, que muchas veces la parte técnica se puede mejorar y, por lo tanto, el daño es menor, si se hace, sí que me gustaría que usted nos contara cómo se hacen las inspecciones, cuántos inspectores hay, cuántas veces se visitan los centros. Estamos hablando, señora consejera, de maltrato, un tema que parece tabú, y existen, de acuerdo al decreto, unas funciones que tienen que tener los inspectores, en el Decreto 63/2000, de 25 de abril.

Hay una insensibilidad hacia las personas mayores, porque se ven como invisibles. Les faltan cuidados, hay malnutrición, a veces hay falta de higiene, hacinamientos y todo eso repercute en una población frágil y vulnerable, que el Gobierno de Canarias tiene que velar por que no caigan en un desamparo, tiene que velar por ellos. Es verdad que también existe otra franja vulnerable que es la infancia, pero la de la infancia siempre progresa hacia adelante, mientras que las personas mayores van en involución, es decir, nunca van a mejor, tienen que ir a peor.

Hay estudios que dicen que de cada cinco personas que hay en una residencia una está atada, está inmovilizada, por causas varias: por agresividad... por lo que sea. En Cataluña se llevó una experiencia con los inspectores que visitaban asiduamente las residencias instruyendo a los que llevaban la residencia y se bajó mucho la cifra de este maltrato de tenerlos atados, se bajó mucho porque se les dio ayuda, ejercicio físico, sillones ergonómicos, tratamientos médicos en algunos casos, porque tenían enfermedades mentales, etcétera. Esta cifra de uno cada cinco que se atan aumenta el doble cuando las personas son, tienen demencia, porque son personas más complicadas para tener en las residencias.

Nos preocupa, señora consejera, este tema y nos gustaría que nos explicara qué plan tiene la Inspección y cómo actúa con los centros de Canarias de mayores.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña María Isabel Oñate.

La señora consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, doña Inés Rojas.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Buenos días, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

Comparece el Gobierno ante una solicitud del Grupo Parlamentario Popular para informar sobre la inspección de los centros de mayores privados en Canarias, que, como saben, tiene el Gobierno de Canarias la competencia para inspeccionar los mismos.

Yo creo que es una oportunidad, como siempre digo, para poder aclarar bastante las cosas y creo que lo mejor es que me ciña en esta primera intervención a contestar directamente a la pregunta de cómo o de qué manera, en base a qué y qué es lo que inspecciona el Gobierno de Canarias, y cómo lo hace, coordinadamente con la Fiscalía y qué hemos llegado a hacer con la Fiscalía, para mejorar precisamente esa coordinación.

Por lo tanto, para fijar precisamente esta comparecencia hay que acudir a la Ley 3/1996, de 11 de julio, de Participación de las Personas Mayores y de la Solidaridad entre Generaciones, y sobre todo al reglamento en lo que se refiere a centros, como es el Decreto 63/2000, de 25 de abril, por el que se regula la ordenación, autorización, registro, inspección, régimen de infracciones y sanciones de centros para personas mayores y sus normas de régimen interno. Tengo que decirles, señorías, y a usted especialmente, señora Oñate, que este Decreto 63/2000 será un decreto historia dentro de muy poquito tiempo, pero a este nos vamos a ceñir y ya le comentaré también parte del siguiente.

Por lo tanto, la Comunidad Autónoma de Canarias regula por ley y reglamenta la inspección y control de entidades, centros y servicios, ya sean públicos o privados. Concretamente en el capítulo VI y VII, que incluye las infracciones y sanciones, así como en las disposiciones adicionales, las transitorias y los anexos. Estos últimos exponen las condiciones materiales y funcionales a cumplimentar por todos los centros de atención social y sociosanitaria, las condiciones de los centros también de día y residenciales.

La regulación es detallada, es bastante estricta y entra a determinar cómo deben ser los dormitorios, los aseos, las puertas, las camas, la iluminación, el suelo, la ropa de cama, la ventilación, el mobiliario. También ordena los tipos de dieta alimenticia, la seguridad, la higiene, las disposiciones sanitarias, los despachos médicos, las salas de enfermería, etcétera. El decreto regula, de igual manera, las condiciones funcionales: los servicios, la plantilla, la ratio de personal, las condiciones de accesibilidad, las disposiciones sanitarias. Y, por último, también incluye en el anexo IV el contenido básico del reglamento de funcionamiento interno.

Lo que les decía, he de indicar que además el Decreto 63/2000 es un decreto minucioso, tremendamente estricto -seguramente me lo habrán oído más de una vez-, mucho más que el que regula la actual Ley de Dependencia, y por eso les decía que el nuestro afortunadamente va a pasar a ser historia, porque el real decreto que regula la Ley de Dependencia es una normativa mucho más laxa que permitirá que muchos centros en Canarias puedan ser autorizados y registrados bajo ya una norma que les permita funcionar correctamente y no estar continuamente con las inspecciones que les está haciendo el Gobierno, dándoles -como usted bien decía y me ha escuchado- los plazos necesarios siempre que esos errores o esas deficiencias que tengan sean deficiencias meramente administrativas y no influyan nunca en la atención a las personas mayores en este caso. Si las deficiencias influyeran en la atención a las personas mayores, entonces aquí no hay más que hablar: inmediatamente se decreta el cierre de ese centro.

Por lo tanto, lo que hemos hecho hasta ahora es que aquellos centros que tuvieran deficiencias -voy a obviar además leer porque creo que me está costando un poquito más y voy a contárselo un poco más de palabra-, aquellos centros que tuvieran deficiencias nosotros lo que hacemos es darles los plazos, siempre en el marco de la ley, los máximos posibles para que vayan corrigiendo. A veces necesitan, como usted bien decía, adaptar unos baños o un dormitorio que han de ampliar y necesitan unas cuestiones económicas también para resolver y les damos los plazos necesarios. Donde somos implacables es en que si la deficiencia que detectamos influye en la atención a la persona mayor, inmediatamente se decreta el cierre. Y eso es lo que hace el Gobierno.

A lo largo de estos últimos años, en lo que yo puedo responder, hemos cerrado 28 centros en Canarias, hemos decretado el cierre de 28 centros, y hemos sancionado económicamente 15 centros. De todos estos la inmensa mayoría de la sociedad que no sea la afectada, pues, ni se ha enterado porque realmente lo que hacemos siempre es, en combinación con la Fiscalía y con el cabildo de la isla a la que corresponde ese centro y con las familias, es reubicar a las personas mayores del centro del que hemos decretado el cierre. Y esto hasta ahora lo hemos hecho de esta forma salvo... -por eso también he escuchado más de una vez-, proponer a las familias, que están viendo también a sus familiares, que nosotros en base a la ley inspeccionamos una serie de parámetros y que la Fiscalía, en base a lo que le corresponde, inspecciona también otra serie de parámetros que van más a la atención directa de la persona que a lo que va la regulación de la inspección del Gobierno, que va más a la infraestructura y al propio funcionamiento del centro.

Hasta ahora funcionábamos cada uno por nuestro lado, pero cuando sucedía la puesta en marcha de un cierre, nos coordinábamos tácitamente de mutuo acuerdo. Sin embargo, a partir del 17 de abril de este año, y gracias a un trabajo de hace casi año y medio, hemos acordado y firmado, efectivamente, un convenio con la Fiscalía para que inspeccionemos conjuntamente. Para que no vayamos a hacer dos inspecciones, sino que cuando la Fiscalía va a inspeccionar llame al Gobierno y el Gobierno también acompañe; o cuando va a inspeccionar el Gobierno, comunicamos a la Fiscalía. Y, por lo tanto, es muchísimo más rápido que estar luego cruzándonos los datos. Cualquier cosa que detectemos la detectamos mucho más rápido.

Pero hay una tercera pata importante, que tanto la Fiscalía como el Gobierno hemos dicho: las familias deben también, creo que deben hacerlo y nosotros desde el Gobierno les animamos a que se fijen de forma importante y detenida en si su persona mayor está siendo atendida como corresponde. Entendiendo siempre o por lo menos preguntemos por qué se le trata de una determinada forma, todos sabemos si está siendo vejatorio o no, pero por qué tiene una determinada actuación, como pueda ser la de estar atado, como usted bien decía, que se explique, que la familia pregunte por qué, si está dentro, pues, de lo que recomiendan, por su propio bien, a la persona mayor y por el bien también del entorno.

Nos ha sucedido que en alguna ocasión -y por eso hemos recurrido incluso a juzgados-, en alguna ocasión hemos decretado el cierre de los centros, y nosotros solo podemos decretar el cierre y comunicarles que cierren, pero no somos, no tenemos capacidad ejecutoria, que eso solo la tiene la vía judicial. Puede ser que un centro no haya cumplido la orden del Gobierno, pero el Gobierno ya no puede ir más a tocar a la puerta de ese centro, porque ha decretado su cierre. No sabemos si internamente están funcionando o no y si alguien nos lo comunica recurrimos a la Fiscalía, que es la que entonces decreta el cierre.

También hay que decir que cuando el Gobierno comunica el cierre a un centro, el centro también, en un Estado de Derecho como estamos, tiene derecho a recurrir esa decisión, siempre -recuerdo-, teniendo en cuenta que esas decisiones son recurribles y pueden pasar dos o tres años y que el Gobierno continúa inspeccionando, siempre que no tenga que ver con la atención directa a las personas.

Algunos centros han saltado a la opinión pública porque las familias en muchos casos o algún profesional, pues, en lugar de venir directamente al juzgado, a la Fiscalía, o al Gobierno, pues, han ido a un medio de comunicación. Y entonces de los 28 que hemos cerrado para que se regularice su situación, pues, 3 o 4 han salido a la opinión pública. Que después de todo tampoco está del todo mal para que la opinión pública también se sensibilice de que esto es una tarea también de todos. Y que a veces la familia tiene alguna dificultad a la hora de denunciar...

El señor presidente: Sí, tiene un minuto, doña Inés, para ir terminando, por favor.

Sí, sí, puede continuar, puede continuar. Tiene un minuto, sí.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Gracias.

...la familia pensando "pero si tengo que denunciar a este centro, luego dónde puedo colocar o ubicar a mi persona mayor, si no tengo disponibilidad en otro centro". Que, por favor, que no lo hagamos por ese motivo, porque entre la Fiscalía, el Gobierno y el cabildo de la isla donde estemos nos encargamos, bien por la vía pública y más que nada en estos momentos, hablado con la Fiscalía, por la vía privada, intentamos buscar otro recurso para su familiar. Pero que nadie permita que nuestras personas mayores, que las personas mayores, ni las personas con discapacidad, ni nadie, desde luego sufra ningún tipo de maltrato. Esto no debe ser nunca un tabú sino al revés: debe ser siempre denunciado por parte de todos. Pero que tengamos todos también la tranquilidad de que inspecciona el Gobierno, inspecciona la Fiscalía y ahora además conjuntamente.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señora consejera.

Por los grupos no solicitantes de la comparecencia.

Sí, muy bien, doña Carmen Hernández, desde su escaño.

La señora Hernández Jorge (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados.

Efectivamente, señora consejera, últimamente, en los últimos meses, parece que la situación de los centros de mayores, sobre todo los de carácter privado, ha sido noticia en los medios de comunicación. Usted yo creo que es consciente de que cuando la situación de los mayores en los centros es noticia genera alarma social, genera inseguridad en las familias y sobre todo genera desconfianza en la labor que deben hacer las instituciones, que para eso, pues, son garantes de la seguridad de toda la ciudadanía pero en especial de las personas más vulnerables y que necesitan más de nuestra protección.

Hemos podido, recientemente, leer declaraciones suyas, hoy ha dicho que son 28 centros, hablaba en esas declaraciones de 20 centros. Me parece un número elevado, importante. Necesario, entiendo, ese cierre, puesto que no se garantizaban las condiciones de seguridad de los mayores, aunque también es verdad que los cierres, las causas de los cierres han tenido que ver con cuestiones técnicas o cuestiones de licencias, administrativas, etcétera. Por tanto, si bien entendiendo que es importante garantizar la seguridad de los mayores, hay que valorar que el cierre de los centros genera un problema, un daño colateral, que es la reubicación, la reubicación de nuestros mayores. Y esto pone en evidencia un problema que por perpetuarse en el tiempo en Canarias pareciera que no tiene solución, que es la falta de centros. Tenemos un problema con la falta de centros en Canarias para mayores y para personas en situación de discapacidad. Un problema que pone en evidencia el último informe del Diputado del Común, el reciente informe presentado del 2011, sobre todo en el caso de Gran Canaria, donde se acumulan las listas de espera para este tipo de centros. Por tanto, es yo creo que urgente trabajar en coordinación con los cabildos insulares para poner en marcha nuevas plazas, nuevas plazas para personas mayores, explorando nuevas fórmulas.

El reciente protocolo que usted ha anunciado con la Fiscalía superior para cooperar en el control de estos centros nos parece positivo. Nos parece una medida que además, como se recogía en la información de la Fiscalía, no va encaminada a cerrar centros sino a buscar fórmulas de enmendar aquellos fallos o de poner medidas correctoras. Y, por lo tanto, nos parece muy positivo.

También creemos que el Gobierno no debe actuar a golpe de denuncia mediática. Es malo que sea la presión mediática quien parece que dibuja o que dirige la acción política de los gobiernos, porque eso genera auténtica desconfianza en la ciudadanía. Por tanto, entendemos que es un protocolo que va a mejorar la situación de los centros.

Además entiendo, entendemos, que las medidas de control y supervisión de los centros deben ir encaminadas a ayudar a los centros a corregir lo que no funciona bien. Efectivamente, si de lo que hablamos es de maltrato, está claro que lo que procede es la sanción a los directivos del centro y el cierre del mismo, pero cuando hablamos de otro tipo de problemática, yo sí que creo que es importante trabajar de manera preventiva: hacer revisiones periódicas, visitas periódicas. Y en ese sentido quiero insistir en la pregunta de la señora proponente de la comparecencia, que creo no haber escuchado la respuesta, que es si existe un plan de trabajo en la consejería, en la Dirección General de Políticas Sociales, en donde se define quiénes son los responsables de esa inspección, con qué frecuencia se visitan los centros y un poco cómo está funcionando el tema de la inspección y la prevención en materia de situaciones de desprotección de nuestros mayores.

Gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Carmen.

Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Rosa Jerez.

La señora Jerez Padilla: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Señora consejera, me tranquiliza, a mí y a mi grupo, su intervención, sobre todo porque demuestra que Canarias cuenta con una normativa, el Decreto 63/2000, de 25 de abril, que se está llevando a cabo tal como realmente es. Se ven los derechos de los usuarios y las obligaciones en relación con las prestaciones de los servicios. Y ante todo me tranquiliza la importancia que le da usted a la inspección de las mismas, dando a conocer aquí hoy, en sede parlamentaria, las distintas infracciones y sanciones que se pueden llevar y que se han llevado por la mala gestión de estas residencias. Además, ha anunciado usted hoy aquí la modificación de ese decreto que es para el mejor de las residencias. Es normal, señora consejera, que ante una situación en la que se pone en peligro la vida de nuestros mayores nos preocupa a todos la posibilidad de que esto ocurra por causa de dejadez de las administraciones, que no es el caso de nuestra Comunidad Autónoma de Canarias, como usted hoy ha manifestado aquí. Incluso me alegra que exista un protocolo de cooperación entre el Gobierno y la Fiscalía, con lo que demuestra la gran preocupación por parte del Gobierno ante hechos tan lamentables que han ocurrido hoy aquí, que han ocurrido en Canarias y en estas residencias.

Por lo tanto, señora consejera, creo que son necesarias estas inspecciones o programas de inspecciones al objeto de garantizar que la atención a los residentes se desarrolle en un marco acorde con la dignidad humana y acomodado a las condiciones materiales y funcionales que se establezcan, así como para asegurar el respeto de los derechos de los usuarios.

Señora consejera, también me tranquiliza que el hecho de que se cierren las residencias, esos usuarios tengan, digamos, el lugar y la ubicación que se les busque en ese momento. Y le aconsejo, señora consejera, y le recomiendo desde mi grupo parlamentario, para la tranquilidad de los grupos parlamentarios, para la tranquilidad de las familias y de los usuarios del centro, el que realice su consejería una evaluación anual de esas inspecciones realizadas a todas las residencias de mayores, tanto públicas como privadas, y que la traiga, pues, a sede parlamentaria o que lo dé a conocer en las comisiones de Servicios Sociales, sobre todo para saber si realmente está cumpliéndose adecuadamente por parte de las inspecciones lo que el decreto dice y si, digamos, todas esas personas o todos esos requisitos son los adecuados para llevar a cabo las inspecciones y para llevar a cabo el buen funcionamiento de estos centros.

Lo principal son los mayores, que es lo que realmente nos preocupa a todos, y creo que hasta ahora, pues, y en su intervención ha demostrado que se está llevando tal cual dice el decreto...

El señor presidente: Muchas gracias, doña Rosa Jerez.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña Nieves Rosa Pulido.

La señora Pulido Rodríguez: Gracias, señor presidente. Señorías.

En las dos últimas décadas hemos asistido en Canarias a un aumento considerable en el número de residencias y de centros de mayores de día, así como en la oferta de plazas, tanto desde la vertiente pública como desde la vertiente privada. Sin embargo, hay que reconocer que, a pesar de este aumento de plazas, aún existe un desajuste entre la oferta y la demanda, debido al gran aumento de solicitudes en estos últimos tiempos, y por ello debemos seguir trabajando en este sentido, pues estos centros son hoy en día una parte importante en la atención a los mayores. Pero no debemos olvidar, sin embargo, que debe ser un objetivo prioritario, tanto desde la orientación social como desde la sanitaria, el facilitar la permanencia de los mayores en sus domicilios, en el seno de sus familias y de su entorno, acudiendo a la alternativa residencial solo cuando esto no sea posible.

En todo caso, teniendo en cuenta que las residencias deben ser centros en los que se tienen que ofrecer servicios de atención integral a sus residentes, con unos estándares reglados de calidad, el Gobierno de Canarias realiza la función de inspección y control de los mismos. En este sentido, consideramos un gran avance el convenio de colaboración suscrito el pasado mes de abril entre la consejería y la Fiscalía, por el que se establece un protocolo de cooperación administrativa respecto a la autorización, registro, inspección y cierre de los centros y servicios de atención a este colectivo. Este protocolo refuerza los procedimientos administrativos incoados en el marco de la capacidad inspectora del Gobierno de Canarias y, como nos acaba de decir la señora consejera, en los últimos cinco años se ha cerrado un total de 28 centros y se ha sancionado económicamente a otros 15.

Por tanto, no debemos dejarnos llevar por el sensacionalismo y la generalización, pues hay que reconocer que si bien todavía aparecen en los medios de comunicación, esporádicamente y de manera excepcional, noticias sobre centros clandestinos, donde no se ofrece una atención digna a los mayores, la realidad actual es otra. ¿No es cierto, señora consejera, que la gran mayoría de nuestras residencias, tanto públicas como privadas, que están sometidas a la regulación y control de la Administración, cumple con los estándares exigidos en la legislación vigente y ofrece una atención de calidad a los residentes, ya que, como usted nos ha dicho, en esto se es implacable?

Muchas gracias.

El señor presidente: Sí. Muchas gracias, doña Rosa Pulido.

Por el grupo solicitante de la comparecencia, doña Isabel Oñate.

La señora Oñate Muñoz: Gracias, señor presidente.

Señora consejera, me alegro mucho de oír que van a modificar el protocolo, porque creo que es demasiado duro en cuanto a la parte técnica y nos conduce a no poder tener más residencias con más facilidad.

Estoy de acuerdo con usted en que la parte de atención al anciano es lo prioritario y que en eso se actúa implacablemente. Estoy de acuerdo con eso.

Perdone, señora consejera, le quería agradecer que haya aceptado la comparecencia, encontrándose como se encuentra de la voz.

Estoy de acuerdo con que hay que ser implacable con el trato al anciano. Pero también le voy a decir una cosa, señora consejera: usted hace un llamamiento a los familiares, a los cuidadores, pero no pierda nunca de vista que pueden engañar con tal de no llevarse al anciano a su casa. Es decir, a veces no se quejan porque no quieren que su padre salga de allí, el trabajador puede no quejarse porque pierde el empleo si se cierra. Por lo tanto, aquí la pieza clave, la pieza importante, a quien hay que escuchar es al anciano, al anciano o a la anciana que está, o al dependiente o a la persona con discapacidad que está en los centros de residencia.

La Inspección tiene una labor que está recogida en el decreto, que dice: "controlar el grado de funcionamiento de tales servicios y entidades y el grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios". Ese grado de satisfacción en otras comunidades autónomas ha arbitrado unas fórmulas, programas específicos, que faciliten a las víctimas la interposición de lo que les ocurre, que sea directamente el usuario quien pueda tener una línea de queja independientemente de las familias e independientemente del trabajador del centro. Y creo que eso sería una garantía para saber que el mayor puede hacer llegar su queja a la Administración.

Por otro lado, señora consejera, le quiero decir que nosotros no vemos en el Gobierno autónomo una preocupación por los mayores. No la detectamos. Usted puede tenerla y su consejería, pero no se traduce a la ciudadanía, que hay una preocupación por este colectivo que va en aumento. Yo le puedo decir, señora consejera, que el número de personas que vamos a tener en la comunidad autónoma de mayores va a superar muchísimo al de los jóvenes. Estamos en un problema de crecimiento disparado de las personas mayores, van a estar un 30% con respecto a un 8% que va a crecer la juventud, de 0 a 16 años. Quiere decir que vamos a tener una pirámide muy envejecida y ahí hay que mirar de aquí a 30 años. Hay que poner soluciones porque los jóvenes son los que van a mantener a los mayores y si unos emigran porque les decimos que emigren, otros se marchan porque salen los trabajos en Alemania y aquí nos vamos quedando con la carga de mayores, al final ese mayor no va a tener la dignidad que requiere en los últimos años de su vida. No puede ser hacinado, no se le puede estar dando comidas que no sean masticables. A mí me parece bien que se controlen los cuartos de baño, la limpieza y la higiene, pero por encima de eso está el sufrimiento de esas personas mayores cuando no tienen una privacidad o cuando no tienen un tratamiento adecuado, incluso a la hora de masticar, con el tipo de comidas. Eso hay que controlarlo más. Por eso le preguntaba si tienen un plan de inspección en profundidad, donde podamos tener la tranquilidad de que los inspectores van asiduamente, porque esa es una forma disuasoria de hacer que los centros funcionen mejor. No porque vayan a castigarlos, pero simplemente a ayudar a que se cumplan todos los objetivos para que las personas mayores tengan el final de su vida que se merecen en una sociedad del siglo XXI y no en una sociedad del siglo XVIII. Creo que ahí los mayores tienen que tener...

Yo, viendo un poco lo que ha hecho el Gobierno canario en los últimos años, veo que tiene un déficit en muchas cosas de los mayores con respecto a otras comunidades autónomas. Tiene un déficit en la asistencia, tiene un déficit en centros respiro y centros de día, tiene un déficit en residenciales. Con el cabildo se había llegado a un acuerdo que no se cumplió, con el Cabildo de Tenerife. Estamos muy por debajo del programa que pusieron ustedes 2002-2009. Todo eso nos preocupa a nuestro grupo. Nos preocupa que ese desarrollo de los mayores, con fórmulas variadas, mixtas, privadas, no tenga en Canarias un apoyo más intensivo por parte del Gobierno autónomo. Veo que se preocupan más, dentro de tres años, de las inspecciones petrolíferas que de los mayores en estos momentos en Canarias.

Creo que a los mayores hay que apoyarlos de otra manera. Creo que además todos vamos hacia esa edad y hacia ese camino y, por lo tanto, tenemos que lograr que ser mayor en Canarias no sea un deterioro, no sea un estigma, sino que ser mayor en Canarias sea algo reconocido, a una vida, a toda una vida. En ese sentido, le ruego, señora consejera, que vayamos viendo qué plan se puede poner de la Inspección. A mí me llama la atención, por ejemplo, que en Navarra, que tiene 600.000 habitantes, han hecho 1.800 inspecciones en este año y tienen cuatrocientos y pico centros y nosotros, que somos 7.000 km, 2 millones de habitantes, y además dispersos, tengamos únicamente 150 centros. Me parece que tenemos ahí una carencia, sabiendo hacia dónde caminamos y cuánta población mayor vamos a tener. Creo que tenemos que caminar, de aquí a 20 años, a tener más desarrollado el apoyo a las personas mayores en distintos recursos, como así existen. Incluso viviendas tuteladas, que en el Libro Blanco del 2004, con el señor Zapatero, aparecía Canarias con una vivienda tutelada para 8 personas. A mí me parece hasta irrisorio que aparezca el dato en un libro blanco, porque ¿en qué sitio queda Canarias con respecto a la atención a los mayores?

Creo que hay que ponerse con más sensibilidad a este tema. Si usted la tiene, que no lo dudo, tiene que transmitirlo mejor a la sociedad. Tienen los mayores que saber que nunca van a estar desamparados.

Y, por lo tanto, señora consejera, le doy las gracias por su intervención, pero le pido que nos haga saber si hay un plan de inspección, sobre todo con qué número de inspectores cuenta y con qué asiduidad o con qué frecuencia visitan los centros de mayores para estar al día de lo que está ocurriendo allí.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Isabel Oñate.

Señora consejera, doña Inés Rojas, consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Gracias, señor presidente.

También las gracias a todos los grupos parlamentarios. Yo creo que estamos todos en la misma sintonía y creo que puede resumir lo que les quiero decir, para empezar esta segunda intervención, lo siguiente: los mayores ni son ni serán nunca una carga para este Gobierno, señora Oñate, ni son ni serán nunca una carga. Y es verdad que, afortunadamente, tenemos cada vez más personas mayores, porque, afortunadamente, vivimos más.

Es verdad, además, que el Gobierno de Canarias y todas las administraciones, pero especialmente el Gobierno de Canarias se ocupa de que no solo vivamos más sino también de que vivamos mejor y se ocupa de que además lleguemos lo más tarde posible a tener una situación de dependencia, que si vivimos mucho, mucho, la vamos a tener seguro. Lo que está claro es que todas las personas vamos a ser dependientes un día. Por eso Canarias, que no es el objeto de esta comparecencia, cuenta en estos momentos con más de 25.000 plazas, en estos momentos, para prevención a la dependencia. Hay personas mayores que cada día, cada tarde, acuden a un centro de mayores en sus respectivas islas para precisamente tener calidad de vida y no solo más años de vida. Por lo tanto, quedando claro eso... Creo que es la sintonía que he visto, además, aquí.

Decirles, para los tres grupos, sí, hay un plan de inspección. Si no hubiera un plan de inspección, si no tuviéramos un equipo inspector específico para ello, no sería posible que en estos cuatro o últimos cinco años hayamos sancionado con cierre 28 y con 15, económicamente sancionadas, 43 en total, residencias de mayores. Eso no habría sido posible.

Y hay una cosa que quiero también dejarles clara para tranquilidad de todos. La portavoz del Grupo Mixto me trasladaba que esto también ha puesto de manifiesto que nos hacen falta más plazas residenciales. Contrariamente, o no tanto, complementariamente quizás, la portavoz del Grupo Nacionalista Canario hablaba de que nuestras personas mayores lo que más quieren es estar precisamente en su domicilio. El recurso centro de día y residencia no solo es bueno sino que es absolutamente necesario para la persona mayor y para su familia. Recordarles -les decía- que estamos hablando de centros privados. Estamos hablando de centros privados, señorías, para tranquilidad de todos nosotros y para tranquilidad del Gobierno también. Lo único que le preocupa al Gobierno son los recortes en estos momentos que se nos han hecho desde el Estado para poder vincular las plazas privadas y poder facilitarlas a las personas que en estos momentos las necesitan, pero plazas privadas en Canarias tenemos, afortunadamente, muchísimas en estos momentos. Por lo tanto, hay disponibilidad. Y lo que se hace cuando se decreta, lo que se hace cuando se decreta un cierre... Cuando digo muchas, no quiero decir que sean todavía suficientes, pero afortunadamente tenemos y no cubiertas, tenemos plazas vacantes, que es un problema, las empresas precisamente que tienen estas plazas, y algunas incluso están en una situación bastante complicada. Porque en estos momentos podíamos coayudar desde lo público, sí, con las vinculadas al servicio a través de la Ley de Dependencia podríamos ocupar esas plazas y, como saben, pues, hay dificultades económicas, no solo desde Canarias sino especialmente con el recorte del Estado, para poder incorporarlas. Pero eso es ciertamente así.

¿Y que tenemos que ir a más en lo público y en lo privado?, pues sí, pero que sepan las familias que lo que más preocupa en este momento es que el decreto de un cierre no significa que no encuentren otra. Y no la tienen que buscar por su cuenta, el Gobierno de Canarias, a través de este equipo de inspección, asesora a las familias, les dice además en su entorno más próximo qué residencias y qué plazas hay disponibles y que lo hacemos además conjuntamente la Fiscalía, el cabildo de la isla y el Gobierno de Canarias, y así hemos hecho con las 48. Señorías, ustedes han visto las restantes, que conocen 3 o 4 porque han sido mediáticas. Y que, por cierto, cuando se habla de que mediáticamente genera alarma y nos genera inseguridad, sí, generará alarma, sin duda, en un primer momento, pero yo también, como siempre soy muy positiva, también genera conciencia social, también genera conciencia social, que nos demos cuenta de que esto es una labor de todos y que todos debemos ayudar. Y que si se va a los medios de comunicación -que no me parece ni bien ni mal, es una decisión de la persona que lo haga-, que vayan igual, el mismo día o una hora antes, al Gobierno de Canarias, al juzgado o a la Fiscalía. Eso inmediatamente, porque podrán llevarse además la información de si nosotros hemos seguido y tenemos datos de esa residencia. En el 100% de los casos hemos tenido datos de esa residencia; por lo tanto, las inspeccionamos absolutamente a todas.

Y estoy también de acuerdo con usted, y me alegro de que se alegre, porque en estos momentos está en el Consultivo, en el Consejo Consultivo, el decreto de autorización y registro de centros, porque tenemos en Canarias, señorías, muchísimos centros que en estos momentos están en dificultades administrativas, técnicas, para poderse legalizar. No vean nunca la inspección del Gobierno como el ir a fiscalizar para ver cómo logro complicarte la vida, sino al revés. Vamos a asesorar para que sepan qué les falta y desde luego darles el tiempo suficiente para que puedan cumplir. Pero es más, en estos momentos, al calor de la elaboración del nuevo decreto de Canarias, que va a permitir que casi todas esas deficiencias se puedan corregir, estamos convocando a todas las residencias privadas, sin el decreto todavía aprobado, que falta que venga del Consultivo y vaya al Consejo de Gobierno, las estamos llamando ya para que, al calor de ese nuevo decreto, vayan preparándonos ya la documentación para que puedan regularizarse. Por lo tanto, en estos momentos las residencias que estén recibiendo, de forma incluso más intensa, la visita de la inspección del Gobierno, que sepan que es para eso, para asesorarles en que hay una oportunidad para que desde luego nos podamos legalizar.

Se hablaba de que no se debe preguntar solo a los familiares -que a veces es lo que usted dice-, no se debe preguntar solo a los trabajadores, sino también a las personas mayores. Señorías, yo no sé si ustedes saben que para que una persona mayor ingrese en una residencia, primero el juzgado, la Fiscalía, un juez, a las personas se les pregunta si están allí voluntariamente. No pueden entrar en contra de su voluntad. Por lo tanto, se les pregunta también a las personas mayores. Está claro que debemos preguntar a las personas mayores que tienen conciencia y que pueden contestar desde luego coherentemente. Si no, la familia, el Gobierno, la Fiscalía, deben velar por la persona mayor que en esos momentos no es capaz de poder decidir por ella misma y creo que, sinceramente, el Gobierno está demostrando que cumple con ese requisito. Recordando siempre, centros privados, que tenemos capacidad de decisión para decretar el cierre, que no tenemos capacidad ejecutoria, pero que en estos momentos con la firma del protocolo con la Fiscalía ya no va a suceder -lo digo como aviso a las personas, a las residencias, que tengan ese decreto-, ya no va a suceder que cierres la puerta principal y sigue abierto por la puerta de atrás. Porque en estos momentos con el protocolo Fiscalía-Gobierno ya no va a ser posible, porque estaremos conjuntamente mano a mano.

Por lo tanto, volverlo a reiterar, agradezco la oportunidad de esta comparecencia para tranquilidad de la sociedad en general y que no se genere alarma sino conciencia social.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señora consejera.