Diario de Sesiones 42/2012, de fecha 13/6/2012
Punto 5

· 8L/PNL-0095 Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales.

El señor presidente: Siguiente punto del orden del día, que es el número 6, proposiciones no de ley: del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales, que tiene enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, doña Carmen Hernández tiene la palabra.

La señora Hernández Jorge: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas.

Con esta proposición no de ley, que entendemos que es una proposición importante, en tanto en cuanto afecta al desarrollo de las prestaciones básicas en los municipios canarios... (Rumores en la sala.)

En Canarias en virtud del artículo 13 de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales...

El señor presidente: Doña Carmen, sí, por favor.

Señorías, es que resulta desagradable, me imagino, para el que está interviniendo el murmullo, que no es muy fuerte pero al ser que todos estamos diciendo algo, pues, molesta.

Muchas gracias, les agradezco el silencio.

Siga, doña Carmen.

La señora Hernández Jorge: Sí. Decía que la Ley 9/1987, de Servicios Sociales, en ella se define que los servicios sociales municipales tienen atribuidas sus propias competencias, avaladas por la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. En los últimos años, el recorte presupuestario en las dotaciones financieras en materia de política social, tanto de la Administración canaria como de la del Estado, ha derivado en una alarmante situación de precariedad económica y, por consiguiente, en un riesgo de disminución de la prestación de servicios para la ciudadanía.

Entre estos servicios existen programas y proyectos esenciales para la atención a la ciudadanía canaria, especialmente a través del Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales. Un plan que surge en el año 1988 a iniciativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la Dirección General de Acción Social, con el fin de articular la cooperación económica y técnica entre administraciones. Así se daba garantía financiera a una red de atención de servicios sociales municipales que permitiera garantizar las prestaciones básicas a las personas con especiales dificultades económicas y/o de inserción social y laboral.

Entre los objetivos fundamentales de este plan se encuentra el de garantizar los servicios sociales básicos a toda la población -por tanto, es un plan muy importante-, construir y consolidar una red pública de equipamientos desde la que prestar estos servicios y cooperar con las corporaciones locales para que puedan afrontar sus competencias en esta materia. Por tanto, es un plan que se convierte en un instrumento de corresponsabilidad interadministrativa con el objetivo de avanzar en la extensión y consolidación de los servicios sociales básicos, como el derecho de todos y todas las ciudadanos y ciudadanas a una vida digna, independientemente de su condición social.

Las prestaciones básicas de servicios sociales abarcan temas fundamentales: la información y la orientación a la población, la ayuda a domicilio y otros apoyos a la unidad de convivencia, a la familia, el alojamiento alternativo a través de centros de acogida y de albergues y la prevención e inserción social. Siendo la prevención en el ámbito comunitario dirigida a toda la población un elemento esencial para eliminar factores potencialmente generadores de condiciones de marginación y exclusión social. Me gustaría comentar que este punto, es el trabajo de prevención en el ámbito comunitario, ahora en tiempos de crisis, en tiempos de especiales dificultades, se convierte en una herramienta esencial para prevenir la exclusión.

La financiación de este plan se ha visto sometida a continuos recortes, incluidos los últimos cinco años en plena crisis económica. Parece una contradicción, que cuanto más aumentaba la crisis, cuanto más aumentaba el desempleo y la exclusión, aumentaban los recortes en el ámbito del Estado en materia de este plan. En los Presupuestos Generales del Estado de 2012 la partida que corresponde al plan concertado ha sufrido una tremenda caída, pasando de cerca de 86 millones de euros a alrededor de 49, no conociéndose un recorte de esta dimensión desde su creación. Es injustificable que el Estado, con una tasa de paro del 24,4, con un progresivo incremento de la población en situación de pobreza y de exclusión -el 20,7 en el año 2010, según los datos del INE-, con miles de familias con todos sus miembros en paro, responda no fortaleciendo los servicios sociales para evitar la fractura social. Todo lo contrario: parece que apuesta por un desmantelamiento de los mismos, dejando en el peor momento, en las peores condiciones, a la población más débil.

Este hecho en Canarias adquiere tintes dramáticos. En un contexto que hay que calificar de emergencia social, señalemos que en el primer trimestre de este año el número de parados alcanza una cifra histórica, más de 362.000 personas, una tasa de paro, por tanto, del 32,3%; además tenemos más de 100.000 familias, hogares, que tienen a todos sus miembros activos en paro; sigue incrementando el número de parados registrados, que no reciben ninguna prestación, y así, en el dato de marzo, hay 114.902 parados registrados, el 40,5, que no son beneficiarios de ningún tipo de ayuda, ni de prestación contributiva ni de subsidio ni de renta activa de inserción. Todo ello hace que la tasa de riesgo de pobreza se siga incrementando y que ya ascienda al 31,1, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en su reciente publicación de la encuesta de condiciones de vida para el 2010. Esto quiere decir en la práctica que la pobreza ha aumentado en Canarias en 80.000 personas entre el año 2009 y 2010 y que afecta ya a casi 650.000... perdón, 50.000 en las islas.

Pues bien, en esta situación el Gobierno central ha reducido la aportación del Estado para el plan concertado, ha pasado de 3,7 millones de euros a unos 2,1, en el proyecto de Presupuestos, lo que ya es Ley de Presupuestos Generales 2012.

Igualmente nos parecen desacertadas las declaraciones de la consejera de Política Social del Gobierno, negando que la comunidad autónoma cubra esta reducción y dando de plazo hasta junio a los consistorios, a las administraciones locales, para que decidan qué servicios sociales recortar o dejar de prestar.

Este recorte supone -entendemos- una falta de sensibilidad absoluta hacia las personas más vulnerables, que dejarán de recibir prestaciones, significa la pérdida de centenares de puestos de trabajo y una falta de lealtad hacia las demás administraciones, en especial hacia las corporaciones locales, porque al final serán ellas, los ayuntamientos, la institución más cercana a esta realidad, la que tendrá que afrontar, la que tendrá que responder, a las demandas y a la presión de la ciudadanía, que vive momentos de especial dificultad.

En este sentido, según declaraciones de la propia consejería, me gustaría recordar -es un dato- que la red de servicios sociales de Canarias mantiene 2.000 puestos de trabajo -por tanto, estamos hablando también de generación de empleo- y atiende a más de 30.000 personas en Canarias, distribuidas en los 88 ayuntamientos.

¿Cuáles son las consecuencias en la práctica del recorte de este plan? Pues entendemos que serán graves: cierre de centros de servicios sociales, desaparición de plazas de alojamiento para personas sin hogar -que, por cierto, aumentan, según las estadísticas que se manejan-, personas sin hogar, personas en situación de grave crisis de convivencia, como es el caso de mujeres maltratadas, despido de profesionales de los servicios sociales -trabajadores sociales, educadores, auxiliares del hogar, etcétera- y, lo más grave, desde nuestro punto de vista, dejar sin atención a miles de usuarios -a personas, a hogares, a mayores o a personas con especiales dificultades de discapacidad-.

Entendemos, además, que desde el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales se deben modificar los criterios de distribución del crédito de este plan para garantizar que Canarias reciba una financiación acorde con su elevada tasa de paro y pobreza. Yo les invito a que tengan acceso a la tabla de distribución territorial de los fondos del plan concertado del Estado, la tabla del año 2011, y comprobarán cuestiones que desde mi punto de vista son incomprensibles, cómo comunidades con menos paro y con menos pobreza reciben más fondos y con población similar. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de Castilla-La Mancha, con 2.100.000 habitantes, con menos paro y que recibe un millón de euros más para el plan concertado; o el caso, diría más llamativo, de Castilla y León, que teniendo, pues, 300.000 habitantes más que nosotros, tiene el doble para el plan concertado, 6,5 millones de euros. Eso es absolutamente inaceptable. Creo que la consejera, el Gobierno de Canarias, tiene que reclamar que se cambien los criterios de distribución de estos fondos para que sean criterios justos y equitativos y que de verdad atiendan a la población que peor lo pasa.

Por tanto, también entendemos que el Gobierno de Canarias debe tomar las medidas oportunas para evitar el desmantelamiento de los servicios sociales municipales, impidiendo el cierre al que se verán abocados los municipios por el estrangulamiento económico y la insostenibilidad financiera.

Por todas estas razones, que creo que fundamentan sobradamente la necesidad de un apoyo unánime de este Parlamento a esta PNL, porque es una proposición no de ley que, al margen de cuestiones partidistas y de siglas, lo que pretende es proteger a la población más vulnerable, y esperamos por ello que cuente con el apoyo unánime.

Instamos, por tanto, desde el Parlamento de Canarias al Gobierno de España a mantener la financiación del plan concertado en los Presupuestos del 2012 -en el momento en que se redactó la PNL estaban en tramitación-, a corregir ese Presupuesto y a reponer al menos el importe económico que para este fin se destinaba en Canarias en el año 2011; segundo, a revisar los actuales criterios de distribución de los fondos a través de los cuales se financia el plan concertado, contemplando como criterio preferente la tasa de paro y el nivel de pobreza y de exclusión de cada territorio español; tercero, a cumplir los acuerdos entre las administraciones, que alegremente se rompen cuando hay dificultades económicas. Eso nos parece que es un elemento básico de lealtad y de cooperación interinstitucional...

El señor presidente: Sí. Tiene un minuto, doña Carmen, para terminar.

La señora Hernández Jorge: Sí. Gracias, señor presidente.

Decía que cumplir los acuerdos entre administraciones, que se verbaliza con mucha frecuencia, luego parece que hay dificultades en ponerlo en práctica. Y eso es fundamental, un elemento básico de lealtad y de cooperación interinstitucional y que en esta materia se convierte en un elemento clave.

Y, por último, entendemos que el Gobierno de Canarias no puede quedarse inactivo o impasible o pasivo ante esta situación y por eso instamos al Gobierno de Canarias a incrementar la financiación del plan concertado para compensar el recorte del Estado, hasta que consigamos que el Estado reponga... a lo que tenemos derecho por justicia, fundamentalmente para evitar el desmantelamiento progresivo de los servicios sociales municipales. y que este trabajo se haga en coordinación y en cooperación con la Fecam -con la Federación Canaria de Municipios- y con la Fecai.

Gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Carmen Hernández.

Para la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Rosa Guadalupe Jerez Padilla tiene la palabra.

La señora Jerez Padilla: Gracias, señor presidente. Señorías.

Señora Carmen Rosa, desde luego que esta es una proposición no de ley muy importante porque en ella se juega mucho, y es salvar el plan concertado de Canarias, donde tantas políticas sociales se desarrollan.

El Plan concertado de Canarias de prestaciones básicas surgió en 1988, hace 24 años, y tiene como objetivo fundamental el que el servicio público de servicios sociales garantice el acceso, la valoración, la prescripción, la planificación y las garantías de calidad de servicios y prestaciones sociales. Este ha sido y es el instrumento principal de las corporaciones locales para afrontar como administración más próxima a la ciudadanía toda aquella gestión en materia de servicios sociales. Sin embargo, estas prestaciones se van a ver afectadas por la reducción desproporcionada del Presupuesto General del Estado a las mismas, un 43%, que va a provocar un impacto irreparable en la realidad social. Va a afectar a la atención que reciben las familias con problemas socioeconómicos, a personas mayores o con diversidad funcional o a menores en riesgo, etcétera, etcétera, etcétera.

Para los ayuntamientos, señorías, esta reducción presupuestaria tiene como primera consecuencia directa el cierre de servicios, programas y proyectos sociales, en especial aquellos de carácter específico o especializado.

Pero hay que decir además que los servicios sociales no son solo prestados por entidades públicas como los ayuntamientos. En este pilar del bienestar social tienen papel destacado las ONG, que también sufrirán y sufren la reducción de recursos económicos que reciben de los organismos públicos para prestar servicio a una ciudadanía que sin ellas estaría en una clara situación de desprotección social.

Por tanto, este recorte en el plan concertado va a provocar, primero, más incremento de la pobreza, más desamparo, mayor desestructuración familiar, más desempleados y desempleadas, aumento de la marginación social, mayor desprotección infantil, etcétera, etcétera.

Señorías, esta es la política del Partido Popular: más pobreza, más sumisión y poco a poco se han ido cargando todos los pilares del bienestar. Con ello no está garantizada la cohesión social.

A Canarias se le recortan en torno a 1,7 millones de euros. Y esto es preocupante porque ya los ayuntamientos canarios, señorías, no pueden más, y esto puede dar lugar a que se desmantelen los servicios sociales, y es lo que finalmente está llevando a los ayuntamientos y es lo que tenemos que evitar. Y usted nos ha dado hoy aquí, nos ha dicho los criterios que se están llevando a cabo por parte del Gobierno de la nación con respecto al reparto para el plan concertado de cada comunidad autónoma y que Canarias es la menos favorecida en este reparto. Por eso tenemos que hablar alto y claro, señorías, de la insensibilidad y del maltrato para con los canarios y canarias por parte del Gobierno de España.

Con esta proposición no de ley que se presenta hoy aquí, señorías, desde luego que no puedo decir que no estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, ya que mi grupo registró otra casi en los mismos términos. Y la hemos enmendado, hemos enmendado esta proposición no de ley porque creemos que con nuestra enmienda, que es de sustitución del punto 4 de la que usted ha presentado, se garantizarían unos mínimos socialmente reconocidos a todos aquellos ciudadanos canarios que se encuentran en situación de necesidad.

Mi enmienda va en el siguiente orden, y dice que el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a priorizar, dentro de sus políticas de ajuste y redistribución de recursos, derivadas del recorte en la financiación estatal, las partidas destinadas a sufragar el Plan concertado de prestaciones básicas y servicios sociales. Señoría, como le decía, lo que pretendemos es garantizar unos mínimos socialmente reconocidos a todos aquellos ciudadanos canarios que se encuentran en situación necesaria.

Pero, mire, señoría, además, si usted no nos acepta esta enmienda o no cree que es suficiente, yo desde mi grupo parlamentario me atrevo, desde mi grupo parlamentario, a ofrecerle, porque creo que también el punto número 4 suyo también recoge la importancia y la preocupación que tiene su grupo con el plan concertado de Canarias, me arriesgo a ofrecerle una in voce en la que diga: "el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a priorizar, dentro de sus políticas de ajuste y redistribución de recursos, derivadas del recorte en la financiación estatal, las partidas destinadas a sufragar el Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales y, a ser posible, dependiendo de las disponibilidades presupuestarias, incrementarlo mucho más".

Señorías, para finalizar, yo creo que los canarios no solo quieren unas instituciones responsables que extremen la protección de los más vulnerables, sino que además quieren unos políticos responsables que escuchen la verdad, las demandas de la ciudadanía, y esta es una de ellas, porque muchos dependen, muchos canarios y canarias dependen de lo que hoy decidamos aquí, y aparte de canarios y canarias, también muchas instituciones, como son los ayuntamientos.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Rosa Jerez Padilla.

Permítanme un momento, señorías. En nombre de todos nosotros, darles la más cordial bienvenida a las alumnas, alumnos, profesoras y profesores del Centro de Educación de Personas Adultas de Las Palmas. En nombre de todos nosotros, darles la más cordial bienvenida... (Ante un comentario que se efectúa en la sala.) Las Palmas es de Gran Canaria, el centro se llama de Las Palmas. Es así, ¿no? El centro es de Las Palmas, evidentemente de la isla de Gran Canaria.

Permítanme darles la más cordial bienvenida en nombre de todos, desearles que les resulte agradable la visita y que nos sentimos aquí muy honrados de tenerlos con nosotros. Muy buenos días.

(Aplausos.)

Continuamos con el debate de este punto, el Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales. Sí, corresponde ahora, evidentemente, la fijación de posición de la enmienda. Doña Carmen.

(Ante los comentarios que se efectúan desde los escaños). In voce no; no, no, yo entiendo que la enmienda es la que se presentó. Bien, se la modificó. Dígame, doña Rosa, explíquenosla bien y disculpe que yo no me haya... Pida la palabra, sí. Diga, doña Rosa. Concrete la enmienda para que todos nos...

La señora Jerez Padilla (Desde su escaño): Sí, señor presidente. Yo, aparte de defender mi enmienda, también le ofrecí a la portavoz una enmienda in voce, que decía lo siguiente. Si quiere se la leo.

El señor presidente: No, esa la vemos aparte. Vamos a ver la enmienda, vamos a debatir la enmienda. La enmienda in voce, lógicamente, hay que preguntarles a todos los grupos y ya... (El señor Figuereo Force solicita la palabra.)

Sí, dígame, don Fernando.

El señor Figuereo Force (Desde su escaño): Sí. Gracias, señor presidente.

Ya anunciamos que no vamos a votar a favor de que la enmienda in voce se tramite.

El señor presidente: De acuerdo. Ya lo preguntaremos en su momento, sí.

Doña Carmen, la enmienda, la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Hernández Jorge: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, señora diputada, coincido con usted en que los tiempos que corren son tiempos de compromiso, son tiempos de responsabilidad y son tiempos también de claridad y de usar el lenguaje de manera clara. Algunos estamos cansados de las ambigüedades en el uso del lenguaje, de palabras que significan cosas distintas, de interpretaciones, de algunos subterfugios para esconder intencionalidades o por lo menos que pueda parecer eso. Por eso nosotros hemos sido tremendamente claros en la PNL y en las propuestas, y la propuesta al Gobierno del Estado es clara, "oiga, cambie usted los criterios de reparto del plan concertado y distribuya el dinero del plan concertado en función de la pobreza, del paro y del riesgo de exclusión". Al Gobierno del Estado le hemos dicho con claridad, "oiga, no es justo que usted siga recortándole a Canarias en este plan, porque además no cumple con un pacto institucional", pero también tenemos que ser claros con el Gobierno de Canarias, tenemos que ser claros y el Gobierno de Canarias entiendo que no puede dejar a la ciudadanía, porque no es a los ayuntamientos, es a los ciudadanos que están en situación de especiales dificultades no los puede dejar a la deriva o no puede mirar a otro lado. Por eso hemos sido claros en el cuarto punto, que para nosotros es el más importante. ¿Por qué? Porque al Estado le podemos reclamar, le podemos pedir, pero este Parlamento no tiene influencia sobre el Estado. Bueno, la que pueda tener el Grupo Parlamentario Popular, que espero que tenga mucha, y el ministro que tenemos del Partido Popular, que espero también que tenga mucha influencia y que de verdad le traslade al resto del Gobierno de España la necesidad de atender a Canarias. Pero este Parlamento sí tiene influencia sobre el Gobierno de Canarias, debería tenerla, debería tenerla, y necesitamos que el Gobierno de Canarias en su totalidad -y entiendo que esto es un guante blanco a la consejera de Política Social-, le estamos diciendo al Gobierno, "oiga, es que la Consejería de Política Social necesita más recursos para atender a una situación de especial dificultad". Es que desde el 2007 en adelante la situación no ha hecho más que agravarse y no tenemos más recursos para política social.

Por tanto, lo que hacemos con esta PNL es apoyar las políticas sociales canarias y decirle al Gobierno que tiene que redistribuir los recursos, buscar dinero de donde haga falta para compensar lo que el Estado le ha quitado a Canarias en materia de atención a las personas que peor lo pasan, a las personas que están pasando especial dificultad. Por tanto, su enmienda la hubiera podido aceptar de adición, es decir, pues, bueno, usted plantea priorizar el plan concertado; claro que es un prioridad, una prioridad que lleva consigo un aumento de la partida, un aumento de los recursos, un aumento del dinero para atender a las personas sin hogar, para atender a las mujeres que se quedan sin casa por situación de maltrato, para atender a la mendicidad, que tristemente vemos cómo aumenta en Canarias. Volvemos a ver mendigos en las calles canarias. Hacía años que no veíamos mendigos en las calles canarias, hacía años que no nos tocaban en la casa para pedirnos y nos están empezando a tocar en las casas para pedirnos. Y lo que nosotros decimos es que, ante esa realidad que se impone, el Gobierno no puede mirar para otro lado, tendrá que buscar fondos, y además ahora con esa ley fiscal que vamos a aprobar, donde se aumenta la fiscalidad a los canarios, pues, parte, evidentemente, debiera ir a un servicio público esencial, que son las políticas sociales.

Por tanto, lamento profundamente no poder aceptar la enmienda. Soy consciente de que esto significa que este Parlamento no va a apoyar una proposición no de ley que beneficia a todos los canarios y las canarias, a todos no, perdón, a aquellos que peor lo pasan, y, por tanto, eso me produce una profunda tristeza.

Lo que más puedo ofrecerle es votar los puntos por separado, que ustedes se puedan sumar a reclamarle al Estado la financiación que requiere el plan concertado, y votar separadamente el punto que se refiere a que el Gobierno de Canarias aumente la financiación para el plan concertado.

Gracias.

El señor presidente: Doña Carmen, sí, por favor, ¿de la enmienda in voce usted qué dice? Porque es preceptivo que usted la pueda aceptar para preguntar si la Cámara está de acuerdo.

La señora Hernández Jorge: No, la enmienda in voce entiendo que es una fórmula de no comprometer al Gobierno. Cuando hablamos de "según la disponibilidad presupuestaria", entiendo que eso es un elemento que lo que va a suponer es que cuando dentro de cuatro meses yo pida al Gobierno cuentas del cumplimiento de esta PNL me dirán que, como no hay disponibilidad presupuestaria, no la han podido cumplir.

Por tanto, no puedo aceptar esa enmienda in voce.

(La señora Jerez Padilla solicita intervenir.)

El señor presidente: Bueno, no ha lugar a proponerla.

Sí, dígame, doña Rosa Jerez, dígame. Dígame.

La señora Jerez Padilla (Desde su escaño): Señor presidente, simplemente para un poco decirle por qué hemos presentado la enmienda in voce y en qué sentido. Simplemente un minuto.

El señor presidente: No, no...

La señora Jerez Padilla (Desde su escaño): Simplemente anunciarle en el próximo Pleno una proposición...

El señor presidente: No, ya no procede, no.

Los grupos no proponentes. Grupo Nacionalista Canario, doña Nieves Rosa Pulido.

La señora Pulido Rodríguez: Gracias, señor presidente. Señorías.

El Plan de prestaciones básicas nace en 1988, teniendo como objetivo articular la cooperación entre administraciones -Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos-, con el fin de colaborar en la financiación de una red de servicios sociales municipales. Nace, por tanto, con la idea de ayudar a los ayuntamientos a afrontar sus competencias en materia de servicios sociales, en el cumplimiento de la Ley de Bases de Régimen Local.

Hoy, después de 24 años de existencia, con los recortes del Partido Popular en los Presupuestos Generales del Estado se está poniendo en peligro toda esta red básica de servicios sociales. Y quiero dejar claro esto: no es debido a los recortes del Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias ha puesto lo que le corresponde y lo que estaba estipulado y es por parte de los recortes del Partido Popular por lo que se está poniendo en peligro. Y esto es de una gravedad terrible, pues supone dejar desprotegidas a las personas más vulnerables y que peor están siendo tratadas en esta grave situación económica, y justo en el momento en que la demanda de estos servicios aumenta.

Por ello, señoría, apoyamos su propuesta en los tres primeros puntos, de exigir al Gobierno de España que se cumplan los acuerdos entre administraciones y que, por tanto, se mantenga la financiación del plan concertado, ya que es el Partido Popular y solo ellos los que la han recortado, así como revisar los criterios de distribución, de forma que se establezca como criterio preferente la tasa de paro, el nivel de pobreza y la exclusión social.

Desde el punto de vista de la justicia social, lo razonable sería que en momentos de crisis económica se refuercen las políticas sociales para favorecer la igualdad de oportunidades, la calidad de vida y la inclusión y cohesión social. Eso es lo razonable, pero los recortes impuestos por el Partido Popular van en sentido contrario: provocan un enorme retroceso en el Estado del bienestar y atentan contra la cohesión social, aumentando la desigualdad. Solo en políticas sociales recortan la financiación, como usted ya bien ha dicho, en más de un 43% la aportación para el plan concertado; en 8 millones de euros para la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias; eliminan la partida de la integración de inmigrantes y mutilan en un 82% las de menores, que pasa de 10 a 1,8 millones de euros. Siendo el recorte total, como ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, de más de 800 millones, de los cuales 450 corresponden al sistema de financiación destinado a mantener los servicios sociales y también la sanidad y la educación, que no nos podemos olvidar que forman parte del Estado del bienestar. Lo que obliga al Gobierno de Canarias a priorizar el gasto para garantizar la prestación de los mismos, de todo, forzando a los distintos departamentos a reformular sus políticas. Y en esta reformulación es donde le pedimos al Gobierno de Canarias que priorice en atender el mantenimiento del plan concertado de prestación, pero sin olvidar el resto de políticas sociales, que también se deben mantener, como son pensiones no contributivas, Prestación Canaria de Inserción, ayuda a la dependencia, toda la red de centros -de discapacitados, mayores, menores, los albergues, los centros de acogida-, las ayudas para los proyectos en las áreas de mayores, discapacidad, voluntariado, área de mujeres víctimas de violencia de género, accesibilidad a las viviendas y un largo etcétera, ya que todas ellas son también de gran calado e importancia social, al igual que las sanitarias y educativas, que, como he dicho, han sufrido un gran recorte por parte del Gobierno del Partido Popular.

Por tanto, señoría, no habiendo admitido la enmienda propuesta por el Grupo Socialista y teniendo en cuenta que son muchos los frentes a atender y escasos los recursos con los que se cuenta después de estos recortes del Partido Popular en la financiación a Canarias, tengo que anunciarles que vamos a votar en contra del punto 4, ya que el Gobierno de Canarias debe priorizar, dentro de todas estas políticas de ajuste y de distribución de recursos, las partidas destinadas no solo al mantenimiento del plan concertado sino también al resto de políticas sociales, así como a los servicios públicos sanitarios y educativos, porque todos ellos y no solo uno deben ser la prioridad del Gobierno.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Rosa Pulido.

Por el Grupo Parlamentario Popular, don Juan Santana Reyes.

El señor Santana Reyes: Señor presidente. Señorías.

El Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales surgió con el objeto de articular la cooperación económica y técnica entre administraciones y con el fin de lograr la colaboración entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas para financiar conjuntamente los servicios sociales municipales. La Constitución establece, en su artículo 148, que las comunidades autónomas podrán atribuirse competencias exclusivas en materia de asistencia social. A su vez, el artículo 149 de la norma máxima dispone que la ejecución de los servicios de la seguridad social será, asimismo, competencia de las comunidades autónomas.

Con base a estas previsiones del texto constitucional, el Estatuto de Autonomía de Canarias determina, en su artículo 29.7, la competencia exclusiva en esta materia de asistencia social y servicios sociales, fundaciones y asociaciones de carácter asistencial y similares en cuanto desarrollen sus actividades en territorio canario. Por su parte, el artículo 34 del citado Estatuto dispone que la Comunidad Autónoma de Canarias ejercerá también competencias de ejecución de los servicios de la seguridad...

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en su artículo 25 que el municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. En el ejercicio de esta competencia, a principios del pasado mes de enero, el Gobierno de Canarias y la Fecam firmaron un acuerdo para la financiación del Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales en corporaciones locales, por lo que los municipios dispondrán de 22,6 millones de euros. Según las informaciones aparecidas entonces en distintos medios de comunicación, los 22,6 millones se distribuirían de la siguiente manera: 9 millones para dar cobertura al Plan concertado de servicios sociales; 3,7 a las prestaciones básicas de servicios sociales; 2,2 a las líneas de atención derivadas del Plan de atención integral del menor; 4,5 de apoyo a la Ley Canaria de Inserción y 2,9 al fomento de acciones derivadas del Plan Integral del Menor.

Coincidimos con los autores de esta iniciativa en que la financiación de este plan ha sufrido los ajustes como consecuencia de la crisis, pero también en otras comunidades autónomas del territorio nacional. No coincidimos, sin embargo, con el exclusivo hincapié que se hace en la PNL en el descenso de la financiación del plan de los Presupuestos Generales del Estado. Da la sensación de que el Grupo Mixto está muy interesado en responsabilizar exclusivamente al Gobierno de España. Si lo que está planteando es que el único problema para asegurar la financiación es 1.600.000 euros en que disminuye la aportación del Gobierno de la nación con respecto a los Presupuestos del 2011, la solución, a juicio de mi grupo parlamentario, es bien fácil. Es cuestión de prioridades, señorías: para este Gobierno y los grupos que lo sustentan las preferencias están claras, prefieren, por ejemplo, mantener la radio nacional canaria antes que garantizar adecuadamente las prestaciones sociales básicas.

Creemos que en la comunidad autónoma todavía se pueden tomar las medidas oportunas para evitar el desmantelamiento de los servicios sociales municipales. Para el Partido Popular priorizar el gasto público para destinarlo a lo esencial es fundamental y qué duda cabe que garantizar las prestaciones básicas de servicios sociales lo es.

Por este motivo estamos de acuerdo en el fondo que plantea esta iniciativa, pero no lo estamos en algunos de los puntos que propone. Es imposible que, una vez que ya estén aprobados los Presupuestos Generales del Estado, que están en trámite y camino del Congreso, para este año se modifique el importe económico del plan concertado, tal y como se propone en el punto 1. Igualmente consideramos que también es imposible cambiar a estas alturas del ejercicio los criterios de distribución de los fondos para el 2012.

Sí estamos de acuerdo en que todavía el Gobierno de Canarias tiene margen para incrementar la financiación del plan concertado, en coordinación con la Fecam y la Fecai. Como ya he señalado, en el Partido Popular creemos que se pueden obtener más recursos reduciendo el gasto público, suprimiendo instituciones, organismos y empresas públicas, cuyo mantenimiento en las actuales circunstancias es difícilmente justificable. Además, señorías, próximamente entrará en vigor el aumento del impuesto que plantea el Ejecutivo de Canarias, con lo que se contará con...

El señor presidente: Don Juan, tiene un minuto para ir concluyendo, por favor.

Siga, siga, siga.

El señor Santana Reyes: ¿Para qué es esta subida?, ¿para seguir gastando y derrochando?, ¿para irse de viaje?

Por lo tanto, aceptamos la votación de la proponente de la iniciativa de punto por punto, de votar la iniciativa punto por punto. Y, por el contrario, la felicito por no aceptar la enmienda del Grupo Socialista, del punto 4, que es una clara justificación demagógica para huir de la corresponsabilidad que tiene como grupo que apoya al Gobierno y responsabilizar al Gobierno del Estado, como también lo ha hecho la portavoz de Coalición Canaria.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Juan. Muchas gracias.

(La señora Hernández Jorge solicita intervenir.)

Doña Carmen, dígame.

La señora Hernández Jorge (Desde su escaño): Gracias, presidente.

Medio segundo, medio minuto voy a gastar...

El señor presidente: Pero para qué, para qué.

La señora Hernández Jorge (Desde su escaño): Para clarificar una cuestión por si pudiera influir en el voto. No creo, pero por si acaso.

El señor presidente: No, no, no, muy bien, muy bien.

Tiene usted un minuto.

La señora Hernández Jorge (Desde su escaño): No creo pero por si acaso, porque no pierdo nunca la esperanza.

A ver, cuando nosotros proponemos en el punto número 4 incrementar la financiación, en ningún momento instamos a la consejería y, por tanto, en ningún momento planteamos detraer partidas de otras políticas sociales. Instamos al Gobierno y, por tanto, lo que planteamos es una redistribución de los fondos del Gobierno. Y por eso decía que estábamos apoyando las políticas de la consejería. Es decir, lo que estamos reclamándole al resto del Gobierno de Canarias es un esfuerzo y un compromiso en las políticas sociales e incrementar la partida en políticas sociales, nunca eliminando de otras acciones, sino que era una petición al Gobierno de Canarias.

(La señora Jerez Padilla solicita intervenir.)

El señor presidente: Sí, evidentemente... Doña Rosa Guadalupe tiene la palabra.

Sí. También un minuto para fijar esa posición.

La señora Jerez Padilla (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Señora portavoz del Grupo Mixto, el Grupo Parlamentario Socialista -y también al Partido Popular-, el Grupo Parlamentario Socialista no tiene la costumbre de engañar y por eso le ofrecí la enmienda, le ofrecí la enmienda en esta proposición no de ley. Que nuestra intención era mejorar, incluso buscar los mínimos sociales reconocidos a todas aquellas personas.

Le dije que teníamos una proposición no de ley en los mismos términos que la de usted y que nuestra intención era un poco dejarla, porque si aprobábamos esta, pues, la dejábamos, pero desde luego que nosotros vamos entonces, visto esto, vamos a mantener nuestra proposición no de ley, porque la intención nuestra era buena.

Ahora mismo Canarias ha perdido para servicios sociales...

El señor presidente: El asunto está suficientemente debatido y la aclaración que pedía la proponente por si podía influir en el voto se la hemos dado, pero estaba claro, como tenemos todos, que aquí entendemos todos perfectamente las intervenciones. De todas maneras aclarado quedó.

No creo que haya que hacer otro llamamiento a la votación. Bien. Entonces votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, del Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales. Comienza la votación... (Se profieren comentarios en la sala.)

Perdón, perdón, tienen razón, tienen razón, se ha pedido votación separada. Muy bien, se ha pedido, disculpe, se ha pedido votación separada. Entonces votamos... ¿Se pueden agrupar algunos puntos, los tres primeros y después el cuarto?, ¿estamos todos de acuerdo? Pues vamos a votar los tres primeros puntos de la proposición no de ley. Comienza la votación (Pausa).

Resultado de la votación: 47 presentes, 30 a favor, 17 en contra y ninguna abstención.

Quedan aprobados esos tres puntos.

Vamos a votar el último punto, que es el cuarto, de la proposición no de ley, el último punto, el cuarto, que era el objeto de la enmienda. Comienza la votación (Pausa).

Resultado de la votación: 47 presentes, 19 a favor, 26 en contra y 2 abstenciones.

Queda rechazado el cuarto punto. Por lo tanto, la proposición no de ley consta de tres puntos.

(El señor vicepresidente segundo, Fernández González, ocupa un escaño en la sala.)