Diario de Sesiones 43/2012, de fecha 15/6/2012 - Punto 1

· 8L/PL-0005 Debate de primera lectura. Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales.

El señor presidente: Asunto único en el orden del día: proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales.

Tiene la palabra el señor... (Comentarios en la sala.) ¿No? Ah, bien. Vamos a esperar un momentito.

Aprovecho para explicarles a sus señorías que el Gobierno ha pedido presentar el proyecto de ley compartidamente: una parte administrativa por el consejero de la Presidencia y una parte de medidas fiscales por el consejero de Economía y Hacienda. Parece que la primera parte... Un momento hasta que el señor consejero de Presidencia se incorpore (Pausa).

Bien, señorías, comenzamos entonces la sesión. Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales. Tiene la palabra el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Señor presidente, señorías: buenos días.

El Gobierno presenta en el día de hoy el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales. Una intervención que, anuncio desde ahora, el Gobierno va a repartir en dos turnos. Comoquiera que este proyecto de ley consta de dos libros, el I, de Medidas administrativas, y el II, de Medidas fiscales, intervendremos dos consejeros. Haré la primera parte, la referida al libro I, de Medidas administrativas, y el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad hará también una intervención referida al libro II, que contiene todas las medidas fiscales que se presentan en este proyecto de ley.

Hace una semana y media, este proyecto de ley se sometió al examen de los presidentes de cabildos en el marco de la Comisión General de Cabildos. Entonces pesaba sobre España la dura amenaza de una inminente intervención. Hoy esa incertidumbre está superada. El rescate a la banca, a través de un crédito de la Unión Europea al Reino de España mediante el FROB, confirma la enorme gravedad de la situación que atraviesa el país. Ayer la prima de riesgo alcanzó los 552 puntos y el interés del bono llegó al temido 7%.

Ya sabemos algo, pero lo que sabemos nos abre nuevas incertidumbres cuyas consecuencias somos incapaces de predecir hoy por hoy. Los acontecimientos, como vemos, varían día a día y, mientras, los ciudadanos canarios y todos los españoles seguimos viviendo, intentando eludir la desesperanza, el miedo y la inmovilidad.

El proyecto de ley que hoy debate el Pleno establece un conjunto de medidas de rango legal que el Gobierno de Canarias propone como respuesta a un contexto incierto, complejo, recesivo y variable. Es una propuesta de medidas diseñadas para amortiguar el efecto que está teniendo sobre los servicios públicos esenciales la insuficiencia presupuestaria pública. Una carencia de recursos que afecta en cascada a todos los niveles de las administraciones públicas. Canarias lleva haciendo un esfuerzo de contención importante en sus cuentas públicas. Especialmente en los dos últimos ejercicios ese esfuerzo se ha redoblado. La actitud colaboradora y la conciencia de que una comunidad autónoma por sí misma no se libra de los perjuicios de una situación de crisis global como la que vivimos y se genera está llevando a este Gobierno a ser riguroso en sus cuentas públicas. Todos esos esfuerzos han hecho posible que Canarias sea de las comunidades autónomas que mejores resultados ha demostrado en el cierre de los últimos ejercicios económicos en cuanto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, y esto, señorías, es indiscutible.

Pese a todo, la dinámica general continúa agravando aún más la situación de las haciendas públicas y de la economía en general. Particularmente, en Canarias la consecuencia más grave es la que afecta al mercado laboral y, por tanto, al día a día de miles de familias que no encuentran respuesta. El Gobierno de Canarias ha presentado esta ley con el objetivo de garantizar a esas familias, al menos, la cobertura básica de los servicios públicos esenciales. Que no les falle poder acudir a la consulta de un médico y que sus hijos puedan acceder a la educación pública para construirse su propia oportunidad de futuro.

Señorías, el Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, comenzó a trabajar en este proyecto de ley desde el mes de enero. El texto inicialmente se diseñó para contener un conjunto de reformas de orden administrativo, como reducción de órganos, de un lado, cuestiones relativas a la gestión de personal, modificaciones puntuales de leyes para la simplificación administrativa o para reforzar las garantías de legalidad del ordenamiento jurídico.

Mientras el texto que hoy debatimos estaba en fase de elaboración, se celebraron las elecciones autonómicas andaluzas, tras las que el Gobierno de España aprobó el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, el 30 de marzo pasado. Dos días después, el 1 de abril, el Gobierno de Canarias solicitó del Consejo Económico y Social un informe sobre el anteproyecto de Ley de Medidas Económicas y Administrativas. En paralelo, el Ejecutivo regional se pone a diseccionar y a estudiar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, que se aprobó ese 30 de marzo, para detallar los efectos que sobre las cuentas, sobre las cuentas de la Comunidad Autónoma de Canarias generarían esos recortes de los Presupuestos del Estado. Y llegamos a la conclusión, como hemos reiterado en esta Cámara en muchas ocasiones, de que el ajuste a aplicar en las islas asciende a 800 millones de euros, cerca del 12% del Presupuesto previsto para el año 2012.

No negamos la mayor. No negamos la mayor, y es que los recortes que llegan desde las cuentas del Estado a la comunidad autónoma van a tener consecuencias sobre la prestación de los servicios públicos fundamentales: sobre la sanidad, sobre la educación, sobre la justicia y sobre los servicios sociales. Muchas de esas consecuencias son inevitables, porque vienen impuestas por normas de obligado cumplimiento dictadas por el Gobierno de España. Otras, en cambio, pueden amortiguarse para que afecten lo menos posible a los ciudadanos. Este último camino es el que ha seguido y seguirá el Gobierno de Canarias. Para eso el proyecto de ley prevé, por un lado, un incremento de los ingresos públicos a través de modificaciones tributarias y, por otro, prevé medidas de contención y ahorro de recursos que requieren rango de ley para su aplicación efectiva. Ambos se completan con otras reducciones de gasto que afectan a todos los capítulos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma y que se corresponden con los recortes en las transferencias estatales previstas en este año, que no recibirá Canarias porque no han sido consignadas, obviamente, en los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno de Canarias, consciente de la necesidad de aplicar con celeridad los cambios necesarios para ajustar las cuentas con el fin de evitar consecuencias más graves, ha trabajado con una gran intensidad y celeridad y velocidad para introducir en esta Cámara un único texto legislativo con todas las reformas legales que requiere el ordenamiento jurídico de Canarias para aplicar con garantías ese obligado ajuste y los recortes correspondientes. De ahí que el texto del anteproyecto de ley inicial que se elevó al Consejo Económico y Social en abril luego fuera completado con nuevas disposiciones, especialmente de índole fiscal, y reenviado a ese órgano para la emisión de un nuevo informe.

Es este un proyecto de ley que aborda un gran número de normas multisectoriales, pues la envergadura de las medidas heterogéneas que debemos acometer hace inviable la homogeneidad del texto legislativo. Nos hubiese gustado hacerlo de otra manera, sin ninguna duda, pero esta comunidad autónoma carece de los instrumentos legales para ello, al estar vedada la posibilidad de dictar decretos-leyes, como la ocasión requería, por la extraordinaria y urgente necesidad en la que estamos inmersos.

El proyecto de ley que hoy debate este Parlamento contiene, por tanto, además de los cambios normativos que se fueron definiendo desde el mes de enero, todas las modificaciones de rango de ley necesarias para afrontar el ajuste de los 800 millones de euros.

Como dije al inicio, este proyecto se estructura en dos libros: libro I, Medidas administrativas; libro II, Medidas fiscales. Voy a hacer un rápido detalle de las medidas que se contienen en el libro I.

Medidas para racionalizar la estructura orgánica de la Administración pública. ¿Cuál es el objetivo? Reducir a corto plazo la dimensión de la Administración pública de Canarias. Concretamente el texto establece un conjunto de medidas de supresión, de reordenación de organismos, de comisiones y de consejos. ¿Cómo lo hacemos? Modificando, extinguiendo o fusionando hasta 19 órganos administrativos, cuya creación o regulación está prevista en distintas leyes aprobadas por este Parlamento en sucesivas legislaturas. Es un paso más, es un paso más en una senda que somos conscientes de que ha de continuar tras la redefinición competencial entre las administraciones públicas.

Pero, señorías, estamos afrontando la reforma de la Administración pública de frente, con transparencia, con transparencia, con luz y taquígrafos, pero sobre todo con garantías, y la garantía es el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos esenciales. Nosotros no vamos a desmantelar la Administración pública. Si hay alguien que lo pretenda, está equivocado. Este Gobierno no lo va a hacer, porque tendrá una Administración pública dimensionada para el cumplimiento de los servicios públicos que necesitan los canarios y las canarias. Y reto, reto a quien quiera a que nos demuestre que la Administración autonómica es más onerosa que cualquier otra Administración española o europea.

Proponemos la extinción de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, cuyas funciones las va a asumir directamente la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Suprimimos el Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa y también el Consejo Canario de Entidades en Exterior. Suprimimos la dirección de la Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias. Además fusionamos y extinguimos órganos consultivos vinculados a igualdad, juventud, consumo, transporte, entre otros.

Segundo bloque de medidas: medidas para reducir los costes de personal. El Capítulo I del Presupuesto, gastos de personal, representa el 38% del Presupuesto de la Comunidad Autónoma. Afrontar un recorte de 800 millones sin tocar, en alguna medida, el Capítulo I saben todos ustedes que es absolutamente imposible. Ante esta situación, el Gobierno de Canarias se planteó, como una premisa para diseñar la fórmula idónea, que el recorte del gasto de personal afecte lo menos posible a la calidad de los servicios públicos. Esta es la prioridad. En lo que se pueda mantener la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos. Y es que la reducción de los gastos de personal solo se puede hacer a través de dos vías: o reduciendo salarios, o reduciendo las retribuciones, o despidiendo a los empleados públicos. Esas son las alternativas. Y esta última opción, despedir, es la que descartó de plano el Gobierno de Canarias. Por un triple motivo. Primero, porque esta comunidad autónoma tiene una plantilla bastante ajustada a los servicios que presta. Dije hace dos días aquí, en el Parlamento, en respuesta a una pregunta que se me hizo, que Canarias es la quinta comunidad autónoma con menos empleados públicos en relación a la población. El Gobierno de Canarias quiere evitar contribuir al aumento del paro en Canarias con el despido de empleados públicos. Y sobre todo el número de trabajadores, que son los que prestan directamente los servicios a los ciudadanos, influye directamente sobre la calidad de los mismos. Evitar despidos significa amortiguar el impacto de los recortes en la calidad que se presta en esos servicios. Por ello, en la medida en que las condiciones económicas lo permitan, este Gobierno evitará despidos de empleados públicos.

Por todo ello, finalmente, hemos optado por proponer a esta Cámara la aplicación de una reducción con carácter no consolidable -y lo recalco, con carácter no consolidable- de las retribuciones brutas previstas para el año 2012 del 5% de todos y cada uno de los empleados públicos de la comunidad autónoma, empezando por los miembros del Gobierno, los altos cargos, los funcionarios, los laborales, el personal de confianza. Todos, todos, excepto aquellos cuya retribución anual es inferior a 13.400 euros. Cantidad que equivale a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional.

Sabemos que estamos pidiendo un nuevo y duro sacrificio a los empleados públicos, al mayor valor que tiene la Administración de la Comunidad Autónoma, su capital humano. Las personas que cada día hacen posible la atención sanitaria, la celebración de juicios, la apertura de nuevos negocios o que nuestros estudiantes adquieran nuevos conocimientos. Esa reducción retributiva es dura para todos, pero se trata de una medida coyuntural que, sin duda, es menos dura y mucho más solidaria que la opción de los despidos. Una lección de este Gobierno de Canarias que consideramos, francamente, que no ha sido valorada en su justa medida.

Otro bloque de medidas que recoge la ley, referidas a la gestión de personal y condiciones laborales, afecta a la necesaria, en estos tiempos de crisis, racionalización y distribución de efectivos, al régimen de prolongación de la vida laboral tras cumplir la edad legal de los 65 años para la jubilación, licencias de asuntos propios y otras medidas que afectan a diversos colectivos de empleados de la comunidad autónoma. Todas ellas responden a un esquema, que es buscar, lograr mecanismos de flexibilidad para aumentar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los recursos humanos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Ese mismo objetivo que persiguen estas medidas también lo trasladamos al sector público estimativo, que también forma parte del libro I.

Quiero hacer, para acabar, una especial mención a la modificación de la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal, que contiene otro elemento esencial: la revisión de la fórmula del cálculo para adaptarlo a la coyuntura presupuestaria crítica, ligarlo a la financiación que recibe la comunidad autónoma, en este caso con la participación directa de los propios afectados, porque el objetivo, señorías, es garantizar la subsistencia del fondo. Único, único en toda España, que supone una financiación para los ayuntamientos canarios, una financiación complementaria, para esos 88 millones, al que el Gobierno destina en el último ejercicio más de 210 millones de euros. La nueva fórmula pretende actualizar, pretende adaptar, las actualizaciones del fondo a esa realidad presupuestaria actual, haciéndolo un fondo que sea viable y sostenible en el tiempo, y todo ello, señorías, con el consenso de la Fecam -la Federación de Municipios canarios-.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero, don Francisco Hernández Spínola.

Tiene la palabra el señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, don Javier González Ortiz, para presentar la segunda parte del proyecto de ley.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Presidente. Señorías, buenos días a todos y a todas.

Después de la intervención del consejero de Presidencia, Justica e Igualdad detallando las principales características de la primera parte de este proyecto de ley, les expongo a continuación lo referente a las medidas fiscales incluidas en su libro II.

Se trata de un nuevo texto legislativo que contiene una importante modificación impositiva, que lleva, señorías, no nos olvidemos, como causa una firma en origen: los Presupuestos Generales del Estado, las decisiones del Gobierno de España.

El Gobierno de Canarias, como era su obligación legal, elaboró un Presupuesto para 2012 que ya apuntalaba los servicios públicos esenciales frente a una reducción generalizada de ingresos. Todos los capítulos de gasto fueron ajustados, recibiendo -les recuerdo- numerosas críticas sectoriales por ello, para dar prioridad a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Fue una decisión, señorías, responsable, que con el fin de afrontar las difíciles circunstancias que ya se vaticinaban para este año logró reorganizar un Presupuesto capaz de responder a las necesidades básicas de los canarios, sin acudir, en su momento, a una subida de impuestos y manteniendo cierta capacidad de inversión productiva. Y esto fue posible porque Canarias ha venido realizando su tarea con una gestión avalada por las cifras. Como consecuencia de una política de austeridad y de control del gasto público, ha sido de las pocas comunidades autónomas que ha mantenido y mantiene su compromiso con el objetivo de déficit, de las que más ha reducido su gasto corriente, la menos endeudada por habitante, manteniendo su solvencia en los mercados y abonando sus facturas en tiempos inferiores a la media de la mayoría de las administraciones públicas. Sin embargo, y a pesar de ser uno de los territorios que más atenciones precisa, en nada ha sido valorado todo este esfuerzo por parte del Gobierno de España. Después de un irresponsable e intencionado retraso, los Presupuestos Generales del Estado recogen el mayor y peor castigo que ha recibido Canarias: un descenso de 800 millones de euros, cuyo impacto no puede ser asimilado por un Presupuesto que ha sido ajustado hasta el límite. Todas las partidas y todos los sectores se han visto afectados, aunque los descensos más graves se centran en la inversión y en el sostenimiento de los servicios públicos esenciales.

El Gobierno de España, aunque se esfuerce en decir lo contrario, incumple la inversión media a la que está obligado por la Ley del REF y ha situado a Canarias como la segunda comunidad de España con mayor descenso en estas partidas. Sin embargo, siendo esto grave por su afección al tejido empresarial y sobre todo al empleo, la peor decisión estatal afecta al recorte de la financiación de los servicios públicos esenciales. Si esta comunidad autónoma se limitara a aplicar exclusivamente las transferencias del sistema actual de financiación, un 30% de la población, es decir, 600.000 canarios, se quedarían sin prestaciones sociales, educativas o sanitarias. Por tanto, y salvo que pretendamos desmantelar estos servicios y provocar una quiebra social en Canarias, este Gobierno se ve en la necesidad de aportar recursos propios para suplir estos ingresos.

Este déficit de fondos que padecen los servicios esenciales y cuya obligación para su sostenimiento corresponde al Estado es el motivo principal de este proyecto de ley. Se trata de una insuficiencia financiera que podría ser inconstitucional y que vulneraría además la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. La Constitución establece claramente que el Estado deberá garantizar un nivel mínimo en la prestación de estos servicios en todo el territorio estatal. Por su parte, la ley que regula y desarrolla este mandato constitucional dispone que cada comunidad autónoma recibirá los mismos recursos por habitante, ajustados en función de sus necesidades diferenciales, para sostenerlos. Y es evidente, señorías, que esto no sucede en Canarias. Canarias es la comunidad autónoma peor financiada por habitante y alejada en 600 millones de euros de la financiación media per cápita del conjunto de las comunidades autónomas. Además -no nos olvidemos- debemos responder a la exigencia del objetivo de déficit. Canarias, como el resto de las administraciones, está obligada a cumplir. En caso contrario, y en aplicación de la ley estatal, nos enfrentamos a sanciones, a más dificultades en la financiación y a una posible intervención en las cuentas públicas.

Un déficit, señorías, que -les recuerdo- ha sido impuesto con una distribución en la que en nada estamos de acuerdo. En primer lugar por cargar el peso en las comunidades autónomas cuando somos las que prestamos los servicios esenciales a los ciudadanos. Y en segundo lugar, por fijar el mismo objetivo de estabilidad a cada autonomía sin distinguir otros indicadores como el grado de cumplimiento, el nivel de endeudamiento según el PIB o la tasa de desempleo, por citar algunos.

En este marco de incumplimiento de las transferencias del Estado y de exigencias ineludibles en la estabilidad presupuestaria, el Gobierno de Canarias está, por tanto, obligado a presentar este proyecto de ley, cuyo efecto anual debemos obtener en tan solo seis meses. Contiene medidas que supondrán una reducción del gasto por un importe de unos 550 millones de euros y una subida impositiva cuya recaudación estimada asciende a 250 millones de euros. Una distribución que intenta aminorar el efecto que para la actual situación económica tiene un incremento de impuestos.

El proyecto de ley establece a grandes rasgos la creación de nuevos tributos y tasas, la eliminación y reducción de algunas bonificaciones fiscales, así como el incremento del IGIC y del impuesto sobre el combustible. Se instaura como tributo propio el relativo a los depósitos de clientes dispuestos en las entidades financieras, gravando la tenencia de fondos a terceros. Los sujetos pasivos son las entidades financieras cuya sede central u oficinas esté ubicadas en Canarias y los tipos aplicables se sitúan entre el 0,3 y el 0,5% en función de las cantidades depositadas. No obstante, este impuesto prevé deducciones para las entidades que tengan su domicilio social en Canarias o en función del número de oficinas situadas en municipios cuya población sea inferior a 5.000 habitantes o que se ubiquen en islas no capitalinas. Se establecen, además, otras deducciones vinculadas al aumento de créditos para financiar iniciativas empresariales, proyectos de colaboración público-privada que realicen en las islas, importes destinados a obra social o bien tengan la consideración de cooperativas de crédito.

En segundo lugar, se crean tributos de carácter medioambiental y de finalidad extrafiscal que gravarán determinadas actividades que afectan al medio ambiente y que tratan de compensar a la comunidad autónoma de sus repercusiones negativas. Uno de ellos es el impuesto a los grandes establecimientos comerciales, que por su actividad y tráfico de vehículos provocan un efecto negativo en la ordenación del territorio, en el medio ambiente y en las infraestructuras públicas. Su base imponible está constituida por la superficie total comercial, expresada en metros cuadrados, y su cuota se determinará también en función de este parámetro.

El otro impuesto, y motivado también por causas medioambientales, es el impuesto a las actividades relacionadas con el transporte de la energía eléctrica en alta tensión y con las comunicaciones electrónicas. La base imponible estará constituida por los kilómetros lineales de tendido eléctrico en redes de tensión igual o superior a los 20 kW, así como por el número de torres, mástiles y antenas relacionados con los servicios de comunicación.

Para ambos tributos se establecen también importantes deducciones, que podrán alcanzar hasta el 60%, vinculadas a la inversión que realicen estos contribuyentes encaminada a la prevención, corrección o restauración del medio ambiente.

En cuanto a los tributos cedidos, se contempla un aumento de la zona alta del tramo autonómico del impuesto de la renta de las personas físicas, de forma que para las rentas superiores a 53.000 euros/año el tipo impositivo pasa del 21,5% al 22,5%.

Asimismo, se elimina la bonificación actual al impuesto de sucesiones y donaciones y se introducen nuevas reducciones, mejorando las establecidas por el Estado, sobre todo las referidas al parentesco, discapacidad o para la transmisión de la vivienda habitual o adquisición de una empresa individual o negocio profesional.

En el ámbito de las bonificaciones, se limitan algunas deducciones en el IRPF en función del nivel de renta de los ciudadanos. Es el caso de los gastos de estudio, nacimiento, adopción de hijos, contribuyentes desempleados, traslado de residencia, gastos de guardería o familia numerosa.

Otro de los aspectos que se modifican en este proyecto de ley se refiere a las tasas, creándose 18 nuevas y modificándose otras 8. Lo que supondrá, recuerdo, una estimación de no más allá de un millón de euros con efecto anual.

Además se incrementa el impuesto sobre el combustible. Un tributo que, a diferencia del Estado, no se actualiza -recuerdo- en Canarias desde el año 2004. Eso sí, dejando inalterable el aplicado al gasóleo profesional.

Por último, el IGIC incrementa el tipo general del 5 al 7% anual, se eleva el establecido del 2 al 3%, se mantiene el tipo cero para los artículos de primera necesidad y suben en medio punto los vigentes del 9 y del 13%.

Otra de las modificaciones que se establecen en el IGIC se refiere a la suspensión de algunas de las bonificaciones fiscales actuales, como la establecida para la telefonía fija y móvil, que pasará de estar exenta a tributar al tipo general.

En definitiva, todo un conjunto de modificaciones cuya recaudación será posible gracias al acuerdo alcanzado con los cabildos y ayuntamientos, que cederán una parte de esta recaudación de forma temporal. Un acuerdo por el que el Gobierno quiere expresar su reconocimiento ante el ejercicio de responsabilidad, compromiso y lealtad institucional mostrado por los ayuntamientos y cabildos de Canarias. Esta comunidad autónoma, con todas sus instituciones, sigue demostrando que tiene la madurez institucional suficiente para lograr acuerdos y hacer frente a situaciones tan adversas como las actuales. Sin embargo, en ocasiones, y vista la actitud, no puede decir lo mismo de otras actitudes que obvian su responsabilidad para con Canarias.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Javier González Ortiz, señor consejero de Economía y Hacienda.

A este proyecto de ley se han presentado dos enmiendas de devolución al Gobierno. Se debaten por orden de presentación. Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de su enmienda a la totalidad.

El señor Cabrera Pérez-Camacho: Señor presidente, señorías, señores representantes de la Confederación Canaria de Empresarios y demás asociaciones empresariales, así como organizaciones sindicales.

Escribió Gandhi que si estás en lo cierto y lo sabes, que hable tu razón. Incluso si eres una minoría de uno solo, la verdad sigue siendo la verdad.

En el año 134 de nuestra era, el emperador Adriano ordenó al jurisconsulto Salvio Juliano la promulgación del llamado Edicto perpetuo, ordenándole con una instrucción que decía que su propósito era mitigar, reducir la frondosa masa de contradicciones y abusos que acaban por convertir el Derecho y los procedimientos en un matorral en el que las gentes honradas no se animan a aventurarse. Han transcurrido desde entonces 1.878 años y el Gobierno de Canarias no aprende, no aprende ni practica algo tan elemental. Y hoy nos trae aquí para su debate este bodrio de 166 páginas que modifica 39 normas legales y es representativo de que la diarrea legislativa del Gobierno está en su punto álgido, haciendo que los propios órganos asesores de la comunidad autónoma certifiquen que el proyecto de ley que hoy discutimos es un ejemplo de cómo no deben elaborarse las normas jurídicas.

Cuando yo repasé las opiniones del Consejo Económico y Social, del Consejo Consultivo e incluso de los propios Servicios Jurídicos del Gobierno, me ocurrió lo mismo que me pasó cuando leí el discurso pronunciado por el presidente Rivero el día de la festividad del Día de Canarias. ¿Por qué?, porque no pude evitar que en los dos supuestos me viniera a la cabeza el recuerdo de un profesor del colegio de La Salle, que teníamos, que cuando un alumno hacía o decía una estupidez se acercaba a él muy serio y le espetaba: "tú eres un poco capullo, ¿verdad, muchacho?".

Señor presidente, el problema de Canarias no es la financiación. Su Gobierno es el problema, señor Rivero, porque Canarias no está en su agenda. En su agenda solo cuentan sus ambiciones políticas personales. Y por eso están donde están: en la barranquera del ridículo, en el baúl de los objetos inútiles y en la cuna de la incompetencia. Y ustedes, con esta ley, van a provocar que se pierdan 6.000 puestos de trabajo en el presente año y 15.000 en el 2013 y van a provocar también que el PIB de la comunidad autónoma pierda 1,2 puntos, señor Rivero.

Si yo creyera en esas cosas, señor Rivero, pensaría que usted, en una de sus últimas reencarnaciones, fue el coronel Custer y su Gobierno, el 7º de Caballería. El coronel Custer pasó en dos meses de defender los derechos de los indios a intentar aniquilarlos. Dos meses: ¡el mismo tiempo que usted tardó en cambiar su criterio sobre las prospecciones! El coronel Custer fue un atrevido al enfrentar en Little Bighorn a sus 566 hombres contra los 3.000 sioux, cheyenes y lakotas. Igual de atrevido que usted, señor Rivero, al enfrentar a un Gobierno autonómico con el Gobierno de España.

El coronel Custer tenía mucha prisa, porque esperaba que el día 4 de julio de 1876 lo nominaran como candidato a la presidencia por el Partido Demócrata. Igual que usted, señor Rivero, que tiene la cabeza puesta en el Congreso de Coalición Canaria y no en la defensa de los intereses generales de Canarias. Lo malo, lo que me asusta es que el paralelismo pueda llegar hasta el final, porque, como usted recordará, señor presidente, el coronel Custer y sus bravos del 7º de Caballería acabaron perdiendo la cabellera, se la arrancaron. Yo deseo sinceramente que no le ocurra lo mismo a su Gobierno, porque no quedarían muy favorecidos.

Señores consejeros del Gobierno intervinientes en este Pleno, sus discursos no han sido malos, han sido tranquilizadores. Pero no porque nos inspiren tranquilidad, sino porque, como siempre, han conseguido dormirnos a todos.

Señor consejero de Hacienda, su discurso, todo él, ha sido una broma de mal gusto. Pero España no está para bromas y Canarias, mucho menos. Se ha referido usted, como en otras ocasiones también lo ha hecho, a que estos Presupuestos del Estado son una ofensa para los canarios. Nada de eso: son los únicos posibles. No caben otros, no pueden ser de otra manera.

También se ha referido a que los Presupuestos del Estado son arbitrarios e injustos. Absolutamente falso. La Real Academia señala que los actos arbitrarios e injustos son los dictados contra la razón y las leyes y es precisamente en el sentido común y en el Derecho en donde nosotros basamos nuestra actuación.

¿Actuación unilateral? No exactamente: ejercicio de competencias exclusivas del Estado. ¿O es que cuando ustedes ejercitan competencias exclusivas de la comunidad autónoma piden permiso para hacerlo? El Gobierno de la nación escuchó todas sus opiniones, todas, incluidas las del Gobierno de Canarias, y tomó la decisión que presupuestariamente consideró más correcta para los intereses generales de Canarias y de España. ¿O es que acaso ustedes piensan que la postura o la opinión de la mayoría gobernante en este Parlamento tiene que ser vinculante en el ejercicio de las competencias exclusivas? Hasta ahí habríamos llegado.

Porque en muchas ocasiones oímos decir en esta Cámara la tontería de que este Parlamento es soberano o que representa a la soberanía del pueblo canario. Ambos errores son básicos y contradicen la Constitución y el Estatuto de Autonomía. El artículo 1.2 de la Constitución refiere la soberanía exclusivamente al pueblo español en su conjunto y no a ningún pueblo por separado de las comunidades autónomas; y el artículo 66 de la Carta Magna residencia esa soberanía, también exclusivamente, en las Cortes Generales. Por lo tanto, el concepto de soberanía es exclusivo del Estado y el concepto de autonomía es exclusivo de la comunidad autónoma. Este Parlamento representa al pueblo canario, representa al pueblo canario, y representa la autonomía de la comunidad autónoma, y así lo dice el artículo 9 del Estatuto, pero no representa ni a un pueblo soberano, inexistente, ni a una soberanía, también inexistente. Y la prueba de ello es el artículo 155 de la Constitución y su mecanismo de control, que parece que alguno de ustedes, incluido el presidente del Gobierno, nunca se lo ha leído, porque este artículo autoriza al Gobierno del Estado en determinadas circunstancias para dictar directamente instrucciones a todas las autoridades de la comunidad autónoma y para obligar al cumplimiento forzoso de dichas instrucciones. Lo cual demuestra precisamente quién es el único que ejercita el poder soberano.

Por lo tanto, ese latiguillo que usted pronuncia continuamente aquí de "colaboración sí, sumisión no", que parece que algún asesor se lo ha soplado, olvídese, señor Rivero -léase el artículo 155-, sí hay sumisión constitucional de las comunidades autónomas al Estado, porque sumisión, en la Real Academia también, no implica otra cosa que subordinación, y la hay, sin lugar a dudas. Es procedente, pues, que cada uno asuma el papel que tiene constitucionalmente atribuido y que nos dejemos de demagogia barata, la demagogia propia de los descerebrados, acerca de la falta de respeto al Parlamento o acerca de un trato colonial, un supuesto trato colonial.

Nosotros respetamos a este Parlamento, nosotros respetamos a esta casa. Quienes no la respetan son aquellos que osan gastarse 15.000 euros de dinero público de la comunidad autónoma solicitando a un despacho de abogados desde Madrid un dictamen sobre valoración de declaraciones hechas por diputados canarios en razón al presidente del Gobierno. ¿Le suena familiar el asunto, señor Rivero? Esa es posiblemente la falta de respeto más grande que se ha hecho al Parlamento de Canarias en toda su historia, y se hizo desde la Presidencia del Gobierno. Yo tengo las facturas. Gravísimo, se hizo desde la Presidencia del Gobierno.

Quienes cometieron aquel atrevimiento nos piden a nosotros respeto, olvidando que la clave del respeto está en el prestigio y en la auctoritas. El prestigio gubernativo lo tienen en almoneda desde hace mucho tiempo y la auctoritas la pierden día tras día con sus palabras y con sus actos.

Y hablando de sus palabras, tengo que recordar otras palabras aquí pronunciadas por el presidente del Gobierno, que ha dicho contundentemente ante este Pleno: "he dado instrucciones a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma para que se utilicen todas las acciones legales contra las prospecciones". ¿Y ahora qué, señor Rivero, las costas las va a pagar de su bolsillo? ¿Va a pagar las costas por litigar con temeridad o las vamos a pagar todos los canarios? No solamente las de estos autos, también las de los pleitos que vienen por perder y que serán muchos.

Tenemos, señorías, un presidente científico y aventurero. Científico porque nos hemos enterado en el Pleno del pasado martes que si las extracciones las hace el sector público no manchan; si las hace Repsol, sí manchan. Es todo un descubrimiento científico. Pero también tenemos un aventurero en la Presidencia del Gobierno, porque hace falta ser aventurero y atrevido para decir que están ganando por goleada en materia de prospecciones. Están perdiendo descaradamente y van a perder, señor Rivero. Recuerde, van a perder todos los pleitos. Y con eso de alguna manera, de alguna manera, va a quedar en ridículo la Presidencia del Gobierno de Canarias y el Gobierno de Canarias.

Señorías, y mientras esto ocurre, 4.476 puestos de trabajo destruidos 4.476 puestos de trabajo, más los 6.000 y 15.000 que se destruirán con la aplicación de esta ley, loca y ligera, que hoy estamos debatiendo. Y entre tanto el Gobierno de Canarias invitando a los empresarios e inversionistas canarios a que lo hagan en el extranjero y organizando viajes de promoción de inversiones en el extranjero, en vez de organizar lo contrario: viajes de inversionistas extranjeros que inviertan en Canarias. ¿Qué ocurre con el Gobierno, qué ocurre con la Consejería de Hacienda?: ¿tienen miedo acaso de que lleguen los inversores extranjeros y se den cuenta de que aquí no hay seguridad jurídica para invertir o tal vez temen que se den cuenta esos inversores extranjeros de que el vicepresidente del Gobierno está siempre con los ojos cerrados?

Se lamentan profundamente de los acuerdos de financiación en cuanto a Canarias, pero en el año 2009, señor Rivero, usted ordenó que se apoyara el acuerdo de financiación del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas, ordenó que se apoyara. Y han reconocido que eso implicó para Canarias una pérdida anual de 600 millones de euros y yo no he visto que nadie haya pedido perdón o haya dimitido. ¿Qué embrujo ejercía sobre usted Zapatero, señor Rivero, y sobre sus voceros, que hoy nos cuentan la milonga esos voceros de que por las escasas transferencias que vienen del Estado se sienten menos españoles? Yo no creo que eso sea un problema de sentimientos, yo creo que eso es un problema psiquiátrico. En todo caso, allá cada cual con lo que sienta, pero chantajes emocionales los mínimos, como si se quieren hacer el haraquiri. Lo que sientan sus voceros nos trae absolutamente sin cuidado.

El señor consejero se ha quejado del no cumplimiento del artículo 95 en cuanto a la media de inversión de la Ley del REF. Mire, señor consejero, cuando usted hablaba, yo estaba intentando recordar qué grandes batallas políticas y judiciales libró este Gobierno contra Zapatero por el mismo motivo y recordaba los grandes desplantes que sus diputados hacían en el Congreso recriminando esa actuación a Zapatero y declarándole persona non grata en Canarias -doña Ana Oramas-, y diciéndole que era un señor completamente injusto y despótico con este archipiélago. ¡Pero por Dios!, si Ana Oramas estaba todo el día haciéndole la pelota a Zapatero. Ni artículo 95 ni nada. Lo único que le faltaba era inclinarse al paso de Zapatero. Pero ahora sí, ahora como gobierna el PP, pues, todo son quejas por el artículo 95 y todo son quejas por la financiación.

Y en esto nos dicen, y el señor consejero de Hacienda intenta convencernos, que por la disminución de los ingresos se ven obligados a reducir un 5% de la masa salarial a los funcionarios y empleados de la comunidad autónoma. Realmente no es un 5%, es un 10%, porque es en seis meses. Y también nos dicen que por dicho evento nos van a freír a impuestos. Nos van a elevar el sistema impositivo de forma abusiva. ¿Por qué no le dice la verdad al pueblo canario, señor González Ortiz? Dígale la verdad, dígale que si suprimimos la policía autonómica y la televisión autonómica, el costo de esa supresión es equivalente al incremento impositivo que usted espera recaudar. Dígaselo. Y no diga ni se escude en que nosotros apoyamos esos dos gastos. Por supuesto que los apoyamos, no nos arrepentimos de ello, los apoyamos en un momento en que la comunidad autónoma podía asumir esos gastos. Hoy no puede, hoy es un lujo completamente inadmisible. Hoy es casi insultante, insultante, y, por lo tanto, estamos totalmente en contra y punto. Y yo les animo, yo les animo a que prescindan de esos caprichos nacionalistas, aunque algunos en vez de nacionalistas parecen mediopensionistas, se conforman con que les echen algo de comer. No obstante, les animo a que traigan un proyecto de ley, un proyecto de ley de supresión de esos dos gastos majaderos y nosotros votaremos a favor.

Pero no vayan contra sus propios actos, no vayan contra sus propios actos restableciendo el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Uno de los pocos tantos que ustedes se pueden apuntar. Mire, señor consejero, el impuesto sobre sucesiones y donaciones es un tributo que recae sobre las clases medias. Las clases altas lo eluden a través de mecanismos societarios y empresariales. Pero además el impuesto de sucesiones grava rentas que ya han tributado y ataca frontalmente al ahorro, y nadie ahorra para que sus hijos tengan que entregarlo después a la hacienda autonómica.

Sobre el IGIC -el impuesto general indirecto canario-. Incremento del 40%, 2 puntos de incremento que van a traer unos efectos tremendamente nocivos para la economía canaria. Los consumidores canarios verán reducida su capacidad de compra y las empresas canarias verán reducida su capacidad de venta, porque el consumidor solamente tiene una determinada renta disponible con la que tiene que jugar. Por lo tanto, se va a reducir el consumo por un lado y por otro se van a producir efectos inflacionistas.

Señores del Gobierno, se lo ha dicho todo el mundo, se lo ha dicho la Confederación Canaria de Empresarios, la CEOE, se lo ha dicho la Asociación Canaria para la Defensa de los Derechos del Contribuyente, se lo han dicho los profesores de las universidades, hasta sus propios órganos asesores, se lo han dicho todos y ustedes ni caso. Como la estatuilla de los tres monos: ciegos, sordos y mudos. Se crean 18 nuevas tasas y se aumentan considerablemente las ya existentes. Insólito pero cierto: 18 nuevas tasas. En vez de Alicia en el País de las Maravillas, aquí vamos a escribir "Paulino, en el país de las tasas". Es increíble lo que es capaz de hacer un gobierno ligeramente, precipitadamente y atolondradamente.

El impuesto sobre los combustibles derivados del petróleo va a aumentar considerablemente el costo del transporte. Y además el artículo 38.1 -señor Spínola-, cosa que a usted le gusta mucho porque se trata de un posible recurso de inconstitucionalidad, el 38.1 incide en inconstitucionalidad y le cuelan un gol al Partido Socialista, que yo sé que no respira por esos derroteros. ¿Por qué? Porque trasladan el ámbito espacial de dicho impuesto, lo que hacen es copiar el del IGIC y trasladarlo al impuesto sobre el combustible. Y eso es inconstitucional, señor consejero de Hacienda, inconstitucional porque vulnera el artículo 57 de la Constitución. ¿Por qué? Porque el Estado, cuando legisló el IGIC, las Cortes Generales, sí podía hacerlo y dijo que el ámbito llega al mar territorial, comprende el mar territorial y el espacio aéreo. Pero eso lo pueden decir las Cortes, señor consejero, no nosotros aquí, en el Parlamento. Ustedes no pueden trasladar el ámbito territorial del IGIC, haciendo una trampilla que cuelan al Partido Socialista, que no hubiese permitido eso seguramente si se hubiese dado cuenta, y que es terminantemente invasivo de las competencias estatales. Ustedes en el mar territorial, a pesar de lo que les duele, no tienen competencia alguna. Ni con Ley de Aguas ni sin ella, señor Rivero, ni con el engaño de Zapatero ni sin él: no tienen competencia alguna.

Bien. Y se crea el gran impuesto sobre las superficies comerciales. Vamos a ver, ni en el texto original ni en las enmiendas particulares presentadas ustedes han conseguido demostrar vinculación alguna con el medio ambiente, con los daños al medio ambiente. Lo llaman impuesto medioambiental, pero no han conseguido demostrarlo. Ese impuesto, tal como está configurado, incluidas las enmiendas, es también inconstitucional y parará en el Tribunal Constitucional. Por supuesto que será este el que nos diga si se ajusta o no a nuestra Carta Magna y a las competencias del Estatuto de Autonomía. Pero es que además ocurre que el impuesto sobre las superficies comerciales es romper las reglas del juego a mitad de la partida, porque si atentaba contra el medio ambiente, ¿por qué concedieron ustedes las licencias?, ¿y por qué no advirtieron antes a los titulares de las mismas?

Y encima ataca el principio de igualdad constitucional del artículo 14, porque hace una discriminación terrible entre las que sean grandes superficies y las que no lo sean. De tal manera que en una misma isla se pueden encontrar ustedes con establecimientos de 1.000 metros que tributan por el impuesto y enfrente justo con otros, también de 1.000 metros, que no tributan. Con lo cual creará discriminaciones al máximo y podrá ser atacado por romper el principio de igualdad constitucional.

Crean también un gravamen sobre las conducciones eléctricas en redes de alta tensión, así como en las comunicaciones electrónicas. No se dan cuenta de que eso es pan para hoy y hambre para mañana, si es que no las recurren. ¿Por qué? Porque no hay ninguna empresa en el sector que coja, invierta en el futuro, amplíe las instalaciones y siga gastando, cuando sepa, si se aprueba esta ley así, que ese hecho va a implicar una superior tributación.

Igualmente, les pone usted un recurso servido, señor consejero, a las entidades financieras. Mire, señor Ortiz, las entidades financieras no pagan por los avales, es decir, ellas mismas avalan los recursos, no tienen que incurrir en costes por avalar. Y todas ellas tienen preparados los avales ya. No va a recaudar un duro de las entidades financieras por ese impuesto. Todas van a recurrir, ninguna va a pagar. No espere, pues, recaudación por ese concepto. E irán al Constitucional, pues ya hay además un asunto exactamente igual en el Tribunal Constitucional.

Podíamos seguir hablando muchísimo tiempo más de tributos, pero hay dos o tres aspectos que yo quiero destacar. El aspecto último de un tributo concreto es la barbaridad de la desaparición de la exención sobre las telecomunicaciones, pasando de un cero a un 7%. Podría decirles que ese es un ataque en el corazón del REF. Tradicionalmente, desde que se aprobó la ley del 91 se consideró que ese núcleo era importantísimo dentro del Régimen Económico-Fiscal, y así ha sido, así ha sido, y se consideraba como algo esencial, y ustedes de un plumazo cogen y se cargan la exención.

Señor González Ortiz, ustedes no tienen medios además para gestionar estos impuestos. No tienen medios humanos para gestionar los nuevos tributos y toda la parafernalia que va a ocurrir de recursos y de follones. ¿Van a seguir ustedes adelante con las competencias que le quieren asignar en materia de fraude fiscal a la Policía Canaria? Ya eso es lo que faltaba. Yo estoy atónito. Mire, para gestionar tributos y sobre todo para luchar contra el fraude hace falta pasar por una escuela de inspección, hace falta hacer cursos de formación tributaria. Si usted le entrega la lucha contra el fraude o le da competencias de la lucha contra el fraude a cualquier cuerpo de policía, eso va a tener la misma eficacia que si usted manda a mi sobrina de 8 años a luchar contra el fraude fiscal. Ninguna, no saben, por mucha voluntad que pongan. ¿Van a seguir ustedes con eso, con esa idea, que está en el proyecto de ley? Me gustaría que me respondiera. Porque desde luego, si es así, ustedes realmente en materia tributaria están completamente en fuera de juego.

Señor González Ortiz, el otro día le recordaba en la comisión, y se lo recuerdo aquí, a Joaquín Costa. Esta ley es imposible de interpretar por el ciudadano medio. Si es dificilísimo para un letrado o un asesor tributario llegar a interpretaciones sólidas, ¿cómo va a hacer usted esta ley, loca y ligera, hecha sin pensarlo prácticamente? -aunque haya dicho el señor Spínola lo contrario-. No hay quien la entienda. A nivel de calle, a nivel del contribuyente, ciudadano, obligado a soportar las cargas tributarias que de ella se derivan, es completamente impresentable. Y Joaquín Costa se quejaba de la injusticia del principio de que "la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento". Si llega a conocer a este Gobierno Joaquín Costa, si llega a conocerlo, regresa a la tumba rápidamente, porque desde luego las injusticias que se producían hace siglo y pico hoy se verían multiplicadas por 20 con este tocho infumable.

Señores del Gobierno, ustedes van a enviar a la jubilación forzosa a un montón de empleados públicos, sanitarios y profesores, que son lo mejor que tenemos en la comunidad autónoma. A los 67 años ustedes no les van a prorrogar, no les van a prorrogar si se cumplen las previsiones que están en este proyecto, el tiempo de estancia en la función pública. Ojalá cambien por vía de enmiendas, nadie más que yo lo desea, pero si siguen las previsiones como están, ellos ya saben que a los 67 años no les van a prorrogar su estancia funcionarial. ¿Nos sobran funcionarios cualificados que han creado escuela y que tienen los conocimientos precisos para que esta comunidad funcione? Yo entiendo que no. Yo entiendo que eso es un disparate.

Por ello esta ley no va a tener ninguna enmienda particular del PP. Esta ley no tiene enmienda, no tiene enmienda. No vamos a cooperar para nada en el texto legislativo que aquí se discute. El mejor camino que podría seguir esta ley es la papelera. Volverse al Gobierno, de donde nunca debió haber salido. Lo malo, señor Rivero, de la falta de conocimientos de su Gobierno es que tiene que ser el resultado de muchos años de estudio.

Nada más por ahora.

El señor presidente: Muchas gracias, don Miguel Cabrera Pérez-Camacho.

La otra enmienda, la otra enmienda es del Grupo Parlamentario Mixto. Enmienda también a la totalidad de devolución (Comentarios en la sala).

No, no, le estoy dando la palabra a don Román Rodríguez. El Gobierno la pedirá cuando lo crea oportuno, de conformidad con el Reglamento.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente, señorías, muy buenos días. Señores del Gobierno. Un especial saludo a los representantes sindicales, empresariales, y uno especial, más si cabe, a mis compañeros de Nueva Canarias, hoy presentes aquí (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández).

Empiezo por esto que acaba de ocurrir. Tenemos una ley en tramitación en este Parlamento muy importante, una ley de 166 folios, que modifica 39 leyes, que toma decisiones relevantes sobre la estructura administrativa, sobre los derechos y sobre los servicios públicos, una ley que toca, como nunca en la historia del autogobierno, toda la estructura fiscal de nuestra comunidad, y se hace por un procedimiento inadecuado que hoy se agrava aquí con un Gobierno que no separa dos enmiendas a la totalidad y no sale aquí a debatir las diferencias de los grupos políticos de la Oposición. Vaya mi primera crítica a este procedimiento absolutamente inaceptable desde el punto de vista político y parlamentario. No puede ser que ustedes impongan una ley de esta envergadura por el procedimiento urgente y abreviado y encima no tengan la valentía de separar en el debate parlamentario las diferencias de los grupos de la Oposición. Me parece que limita más aún el derecho de la Oposición a discutir una ley de esta trascendencia.

Vienen ustedes aquí con una norma que ya la decidieron en otro ámbito. Ustedes, el Gobierno de Canarias y los que lo sustentan, presentaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un conjunto de compromisos que vienen a ratificar aquí a posteriori, como si estuviera este Parlamento representando a nadie. Porque todo lo que aquí se va a decidir en relación a los recortes y a la subida de impuestos ya lo firmaron ustedes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Vienen ustedes a ratificar y encontrarán la ratificación por disciplina política, por disciplina partidista en los grupos que sustentan al Gobierno, pero difícilmente podrán convencer ustedes a nadie que no sea a los propios efectivos de este Gobierno, porque estamos hablando de una ley importante, relevante, significativa, que va a impactar en la economía, que va a impactar en el funcionamiento de la comunidad, que va a deteriorar los servicios públicos, que va a desmotivar a los trabajadores públicos. Estamos hablando de una ley que no ha medido el impacto sobre la economía, sobre la fiscalidad, porque es una ley improvisada, hecha deprisa y corriendo, más como contables que como gobierno.

Una ley que no ha alcanzado ningún tipo de consenso. A ayuntamientos y cabildos impusieron ustedes in extremis, por razones partidistas, la distribución de los recursos del IGIC, pero no les siguieron en el resto de los requerimientos que planteaban, entre ellos la reducción salarial a los empleados públicos. Por tanto, ayuntamientos y cabildos, aunque pasen los trámites, no están de acuerdo ni con el procedimiento ni con el fondo, aunque formalmente hayan aceptado una distribución de los recursos del IGIC absolutamente distinta a la pactada en el año 2003.

Pero han tenido ustedes también el varapalo del Consejo Económico y Social, órgano clave de participación, que por primera vez en la historia cuestiona un procedimiento de un asunto de esta envergadura y que los divide como nunca en la historia. Tienen ustedes un varapalo del Consejo Consultivo de Canarias, a pesar del momento en que vive ese órgano de renovación.

Pero no tienen ustedes ningún tipo de acuerdo con los trabadores públicos ni con los sindicatos ni con los empresarios y, por supuesto, con la Oposición. Están ustedes solos defendiendo esta ley, absolutamente solos defendiendo una ley que ya tomó sus decisiones en otros ámbitos que no son este Parlamento.

Y además aprovechan este trámite urgente y el pretexto de la crisis para modificar leyes que nada tienen que ver con el objeto que plantea esta ley. Se modifican leyes como la de la vivienda, la del juego, la de las parejas de hecho, la de espacios naturales, asuntos de seguridad, que nada tienen que ver ni siquiera con la justificación todopoderosa, el comodín de esta etapa de la política, que es la crisis, los ajustes y las demás decisiones que nos están llevando a donde nos están llevando.

Por lo tanto, rechazamos el procedimiento, rechazamos la forma y rechazo de forma categórica esta manera de debatirla hoy aquí, no siendo capaz el Gobierno de separar el debate entre las dos enmiendas a la totalidad, porque no tienen nada que ver. Porque son dos concepciones absolutamente distintas, porque nosotros hemos hecho un trabajo de fondo, porque hemos analizado esta ley, la hemos discutido y hacemos propuestas alternativas y distintas.

Pero aquí se ha dicho que lo que tiene que hacer este Gobierno es indiscutible. Pues le niego la mayor. Lo que hace este Gobierno es muy discutible, porque es, seguro, un fracaso. ¿Cómo que es indiscutible esta política equivocada, fracasada, de la Comisión Europea, del Gobierno de España y de ustedes? Esta crisis que estamos viviendo se está acometiendo desde la perspectiva de las políticas económicas desde parámetros incorrectos, erróneos, fracasados. Lo que se ha hecho por parte de la Comisión, por el Gobierno de Zapatero, por el Gobierno de Rajoy y por ustedes durante estos dos años es un fracaso. Han elevado a la categoría de verdad lo que es una decisión ideológica, conservadora, de cómo se afronta esta crisis económica, que no es otra que los llamados ajustes y reformas estructurales.

Hablémosles a los ciudadanos con la verdad por delante, sin eufemismos, porque ya que estamos bastante alejados de la ciudadanía la vamos a perder definitivamente. Los ajustes son ¡re-cor-tes!, ¡recortes!, de una estructura pública que, al margen de las ineficiencias que siempre combatiremos, es la que en términos relativos tiene menos peso de los países de nuestro entorno. Es mentira, es una afirmación interesada, decir que el problema de la economía española, como se ha dicho aquí en los últimos años, es el sector público. Eso es mentira, ni siquiera el déficit, ni siquiera la deuda, ni siquiera el tamaño. Tenemos menos sector público que los países de nuestro entorno. Se acaba de publicar un trabajo interesantísimo de ahora, donde se pone en evidencia que el gasto público español está, en términos relativos, muy por debajo de los países de nuestro entorno y en términos absolutos, en algunos casos, a menos de la mitad de los países más desarrollados o más ricos de la Unión Europea. Se ha hecho una verdad absoluta de lo que es una visión interesada, ideológica, de la derecha conservadora que domina los ámbitos de decisión. Se ha demonizado al sector público, "la culpa de lo que nos pasa es de la sanidad y de la educación, de las comunidades autónomas y del Banco de España". Y al final, el tiempo, la realidad se impone y lo que nos lleva al precipicio es lo que siempre fue el problema más serio, no el único pero el más serio, de esta crisis: la deuda privada, la deuda de las familias, la deuda de las empresas, la deuda bancaria. Ese desde el principio ha sido el problema, y aquí lo han negado ustedes y todos, lo han negado, y ahora resulta que estalla en nuestras narices el problema de fondo, el de verdad, la crisis de Bankia. El rescatillo del pasado fin de semana pone en evidencia que nuestro problema no estaba en el sector público, no está en el sector público, nuestro problema está en la economía, nuestro problema está en el sistema productivo, nuestro problema está esencialmente en la deuda y en la crisis de supervivencia que tiene el sistema financiero.

Se ha impuesto una lógica que nosotros hemos combatido desde esta tribuna en esta legislatura desde que estamos aquí y antes fuera de esta tribuna. No es verdad que esta manera de abordar los asuntos nos vaya a sacar de esta crisis.

El desastre está servido y a lo mejor llegamos tarde, porque esto que ustedes nos traen hoy aquí, de recortes, no de ahorro, recortes, y de subida de impuestos ni es la primera vez ni será la última. Ustedes han venido presumiendo, todos, los que llevan mucho tiempo y los que llevan menos, de que aquí se han ahorrado 2.280 millones de euros en los últimos tres años. Algunos a eso antes lo llamaban sablazo y ahora le llaman ahorro. 2.280 millones menos de gasto público en nuestra comunidad, a los que se le añaden ahora 800. ¿Saben cuál es la consecuencia de eso? Que no tengamos inversiones que tiren de la demanda, que tengamos el peor sistema sanitario en cuanto a gasto del Estado español, que tengamos el sistema educativo que menos gasta y que más necesidades tiene, porque el nuestro tiene más necesidades. Me decía un periodista el otro día en un debate que cómo era posible que el País Vasco tuviera el 13% de paro y nosotros el 33, por ahora, y le comentaba que entre otras cuestiones, además de la historia de su estructura productiva, pues, que han apostado por la formación. Los vascos, con el 13% de desempleo, dedican a la inversión, a la inversión en educación, casi 1.200 millones más de euros que nosotros con la misma población a atender, con la misma población a atender. Así les va, porque apuestan por el futuro, apuestan, en definitiva, por los recursos humanos, que es la clave del progreso de cualquier sociedad.

Yo sé que me van a decir que qué haría yo o que esto es irremediable. Miren, no es verdad que esto sea irremediable. Eso se lo creerán ustedes. No es verdad que esto sea irremediable. Hemos llegado aquí no por maldición divina ni por mala suerte, hemos llegado aquí porque se han tomado decisiones incorrectas, en Europa, orientando un combate contra la crisis absolutamente equivocado, que está fracasando de forma estrepitosa, que está deprimiendo la economía, que está generando desempleo, que está destruyendo los servicios públicos, que rompe la cohesión social, que quiebra el sistema democrático. Ese es el resultado de esa política, que algunos hemos denunciado fuera y dentro de esta Cámara.

Pero también hemos llegado aquí porque no se han hecho las tareas en materia fiscal. Aquí, en Madrid, ni este Gobierno, en plena crisis, tomaron decisiones. Aquello de que bajar impuestos era de izquierdas, ¿no? Aquí se bajó el IRPF, se hicieron bonificaciones al impuesto de sociedades que lo colocan a la cola de Europa en cuanto a la aportación en ese impuesto -del Gobierno de España, me estoy refiriendo-, eliminaron el impuesto de patrimonio con una frivolidad y luego lo recuperaron in extremis dos semanas antes de las elecciones, aquí se hicieron bonificaciones a donaciones y sucesiones hasta desaparecerlo. Es decir, los que tomaron decisiones de rebajar impuestos irresponsablemente para ganarse no sé qué favores son responsables de que la presión fiscal en este país siga estando sensiblemente por debajo de nuestro entorno, aunque digan los voceros y la propaganda lo que diga. Yo me refiero a los datos.

Tiene que ver lo que nos pasa con que no se ha perseguido de forma eficiente el fraude fiscal. Aquí pagan las rentas del trabajo esencialmente, vean la estructura y los consumidores; las rentas de capital prácticamente no pagan. De manera que hay que cuestionar este modelo fiscal. Hay que exigir un modelo fiscal alternativo y si yo estuviera en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, escucho al ministro pero el ministro me escucha a mí, me escucha a mí diciéndole que no, que este no puede ser el único camino, el de los recortes, el de los ajustes, el de la subida de impuestos. Cabe modificar el sistema fiscal para hacerlo más justo, más progresivo, más equitativo, cosa que no es ni allí ni aquí en estos momentos.

Nos pasan las cosas que nos pasan porque aquí se aceptó una financiación autonómica que solo discutimos nosotros. Ahora todo el mundo se apunta el tanto y no me parece mal porque la rectificación es sabia. Aquí se equivocaron todos -Madrid, Partido Socialista; Canarias, Partido Popular y Coalición Canaria-, suscribiendo un acuerdo en materia de financiación autonómica que desde el primer minuto estaba colocando a Canarias a la cola, y lo denunciamos algunos. No lo hicimos en este Parlamento porque entonces no teníamos representación, pero sí lo hicimos en todos los foros posibles. De forma que aquella decisión del 2009 tiene ahora consecuencias y las tendrá sobre una década como mínimo. No va a haber condiciones objetivas para modificar la financiación autonómica en el marco de esta crisis, de manera que el déficit financiero que tiene esta comunidad en materia de servicios básicos va a continuar porque se suscribió un acuerdo lesivo para nuestros intereses.

Evidentemente tiene que ver con lo que nos pasa el maltrato, la discriminación del Gobierno de España, en esta Ley de Presupuestos con Canarias. En eso estamos absolutamente de acuerdo. La Ley de Presupuestos en tramitación maltrata a Canarias, le resta financiación ordinaria para sus servicios básicos y la coloca a la cola en inversión en materia de infraestructuras. Y le den ustedes las vueltas que le den, es un trato injustificado, absolutamente inaceptable, discriminatorio para la comunidad que tiene más paro, más pobreza y yo sostengo que desgraciadamente peores perspectivas.

Pero también estamos en el momento en el que estamos porque aquí en diciembre discutimos una Ley de Presupuestos para este año que fue incorrecta, que cometió importantes errores. Dije en esta tribuna, en nombre del Grupo Mixto, de Nueva Canarias y de los compañeros del PIL, que los ingresos previstos estaban inflados, que estaban por encima de lo razonable, que hacían una medición de la situación de la macroeconomía que no se cree nadie. Hacían una previsión de un crecimiento del 0,8% en la economía de Canarias en aquel momento. Me decían que había un papelillo de la ministra de turno, de seis meses antes, que decía eso, pero todos sabíamos cuál era la situación del momento. Se hicieron unas previsiones exageradas, infladas, en relación a la evolución de la economía y en relación también a las transferencias corrientes y de capital de la Administración del Estado. Porque ustedes hicieron lo que hizo el PP en España: utilizar oportunistamente la toma de decisiones de las leyes para colocar los intereses partidistas. El Partido Popular retrasó la Ley de Presupuestos a después de las elecciones andaluzas, no porque interesara a España ni a la economía, sino al Partido Popular, y ustedes hicieron aquella previsión de ingresos, tanto en virtud de los ingresos fiscales como de las transferencias corrientes y de capital, porque esperaban que la Ley de Presupuestos que se aprobara iba a generar recortes y podían ustedes endosarle las culpas al Gobierno de España. Lo dije entonces y lo repito ahora: así no se puede gobernar nunca, menos ahora en este momento de crisis, de grave crisis, en el que estamos viviendo.

De manera que nosotros también aquí dijimos, desde la Oposición, porque subir impuestos nunca es popular, nunca es popular, pero es responsable, dijimos que había que tocar los ingresos de esta comunidad en aquella ley, que era la ley importante, la ley decisiva, la ley que tiene que hacer una predicción de ingresos y gastos para el conjunto del año. Y dijimos que había que tocar el IGIC de forma moderada, y hablamos de solo 1 punto en el tipo general, que había que subir los tipos incrementados más, no tanto por la capacidad recaudatoria sino por lo que eso significa de progresividad sobre asuntos que no son esenciales. Dijimos que no había que tocar el tipo reducido porque este afectaba a las familias, a la bolsa de la compra, a la gente más necesitada. Dijimos que había que tocar el impuesto de los carburantes, excluyendo a los profesionales del sector. Dijimos que había que tocar el IRPF por los tramos altos y propusimos crear nuestros tramos, como ha hecho media España. Dijimos que evidentemente había que eliminar las bonificaciones al impuesto de donaciones y sucesiones que irresponsablemente, demagógicamente, eliminó el Gobierno en plena crisis. En definitiva, hacíamos nuestra apuesta por incrementar los ingresos, porque sabíamos que a la vuelta de tres meses nos íbamos a encontrar en estas en las que estamos hoy aquí, y es que los ingresos son insuficientes.

De manera, señorías, señores del Gobierno, ustedes lo que hacen con esta ley es una autoenmienda a la totalidad a su Ley de Presupuestos de hace seis meses. Una autoenmienda a la totalidad, porque van a tener que dar de baja 800 millones de ingresos que previeron y no se van a dar, porque tienen que dar de alta a 250 que proponen con esta subida de impuestos, y ya veremos cuántos de esos recaudan, y porque van a hacer un recorte de 564 millones de euros, que se añaden a los 2.280 anteriores. Que para ustedes es un mérito y para nosotros es una enorme preocupación, porque esos 2.280 millones, que ustedes llaman ahorro y que yo llamo recorte, han ido a la sanidad, a la educación y a las inversiones esencialmente. No discuto que los elementos de ineficiencia que se hayan podido eliminar se hayan tenido que hacer, y me alegro y está bien, pero lo sustancial de lo que ustedes llaman ahorro y yo recorte, fue a menos recursos para la sanidad, a menos recursos para la educación, a menos recursos para las políticas sociales, a menos recursos para el sector agrícola, a menos recursos para el sector industrial... Ustedes no tienen ya ni capacidad de cofinanciar los programas que están en marcha. Tenemos poca capacidad de captar recursos de Europa y de España, entre ellos están los programas cofinanciados, y no hay ni solvencia económica para poder captarlos. De manera que llueve sobre mojado. No es ningún mérito, no es ningún mérito, señores del Gobierno, colocar a esta comunidad a la cola de gasto público, ¡no es ningún mérito! Eso nos genera peores servicios básicos.

Esta ley, a la que me referiré ahora y nos referiremos en las enmiendas parciales cuando corresponda, hace una reducción de 564 millones, que les voy a desglosar rápidamente y lo discutiremos en su momento en el Pleno final, ¿no? 222 en Capítulo I, 222. He procurado hacer comparaciones con el resto de España, de las comunidades autónomas, casi a la cabeza. Teniendo en cuenta que, como dice el consejero de turno, andamos a la cola en efectivos humanos, pues, ya ustedes pueden concluir cuáles son las consecuencias. De esos, menos de la mitad -109 millones- está destinado a rebajar el salario de los empleados públicos. 109 millones, el 5%; el 10% de aquí a final de año, que me lo criticaba el consejero cuando discutíamos esto aquí hace unos meses y ahora en el Plan económico-financiero que ustedes presentaron lo dicen de forma categórica, porque no podía ser de otra manera. La renta disponible de los empleados públicos de Canarias de aquí a final de año perderá el 10% de sus recursos y en el cómputo global de su masa salarial, el 5. Pero es que hay 113 millones más de recortes y en el Capítulo I 113 millones son más que 109, y esos son efectivos, puestos de trabajo.

Dicen ustedes que no echan a nadie a la calle. Lo que no contratarán es a las enfermeras y enfermeros, a los médicos y médicas, enseñantes... Miren, les pongo un dato: 232 personas jóvenes, brillantes, acaban de médico interno y residente en nuestra comunidad -los mejores médicos del mundo, no solo los nuestros, los españoles-, van a contratar a 30, 32, según mi información. 200 de esos brillantes estudiantes, brillantes profesionales, se tendrán que ir a otro lugar. Por esta vía de los 113 millones del Capítulo I, del que nadie habla, se laminan más de 3.000 puestos de trabajo. Si es sencillo, yo tengo alguna experiencia en la gestión. De manera que ustedes hacen un recorte en el Capítulo I de 222 millones, donde 109 van a la reducción de la masa salarial de los empleados públicos, que tendrá efectos en la economía y en la motivación de los trabajadores, pero también reducen 113 millones que van a destruir, a eliminar, a no contratar, a más de 3.000 trabajadores públicos. De manera que aquí hay bajada de salarios y menos empleo.

¡Digan la verdad, digan la verdad! Es una de las claves de esta crisis decir la verdad. No se puede decir que lo del rescate es un préstamo, porque no se lo cree nadie, porque confunde a todo el mundo y porque tiene efectos además negativos. Lo del rescate es el rescate, y además es pequeño y vendrá otro más grande, y estos son recortes, y estos son menos salario y menos empleo público. Y eso afecta a las personas en cuestión, pero afecta a los servicios públicos. Los servicios públicos en estos momentos tienen más horarios, menos salarios, menos efectivos y una gran desmotivación. De manera, señorías, que, llamando a las cosas como son, hay unos recortes en el Capítulo I inaceptables, que además no van a resolver ningún problema, como luego comentaré.

No hacen ustedes prácticamente nada contra el fraude fiscal. Si el fraude fiscal en Canarias son 10.000 millones -es una hipótesis intermedia de los estimadores en esta materia-, 2 puntos de 100 serían 200 millones. ¿Es posible que esta comunidad -porque el Gobierno español establece objetivos medibles, 8.000 millones, lo hizo la ministra anterior, lo hace el ministro actual-, oye, sobre esos 10.000 millones potenciales, estimados, de fraude fiscal, esta comunidad puede recaudar 200 millones en un año? Pues yo tengo la impresión, sin conocer los intríngulis de las técnicas y de los procedimientos, que eso es posible. ¡Oiga!, establezca objetivos, ponga prioridades. ¡Es que no hablan del fraude fiscal!, solo hablan de impuestos y de recortes. Es que el fraude fiscal en España y en Canarias es el campeón del mundo, del mundo desarrollado. No es razonable que no se persista, que no se persiga, que no se dimensione, que no se estructuren los medios para que paguen los que no pagan, y sobre todo para que paguen más los que más tienen.

Señorías, yo tengo la impresión de que ustedes están sometidos a los tiempos, a las circunstancias y que están reflexionando poco sobre el medio y largo plazo. Mi impresión es que las decisiones que están tomando no están medidas, no están evaluadas, no están discutidas en profundidad. Porque a esto de los recortes en Capítulo I, insisto, a los que se les suman los anteriores, rebajan ustedes 120 millones en gasto corriente y transferencias corrientes, pero sobre los servicios esenciales, no sobre una cosa abstracta. Es que eso no tiene que ser un mérito. Si va a haber menos marcapasos y menos prótesis, ¡valiente mérito reducir el gasto corriente en los hospitales! Si es para quitar ineficiencia, lo aplaudo. Pero esos 120 millones que van de menos en gasto corriente y en transferencias corrientes van a ir a menos prótesis, a menos marcapasos.

Pero después le pegan ustedes un hachazo -y sé que tienen ustedes los límites que tienen- a la inversión. Es que esta comunidad está paralizada, España entera, y que los 220 millones de menos de inversión van a dar un hachazo a lo poco que queda del sector vinculado a la construcción.

De manera que estamos hablando de unas medidas de recorte muy importantes y que pasan desapercibidas.

Me refiero a los asuntos fiscales. Mire, la fiscalidad, el mejor instrumento inventado y demostrado para redistribuir riqueza y para que en los asuntos colectivos el papel del Estado sea el debido, está bien inventado, aunque no todos los sistemas fiscales son igual de justos y progresivos. El nuestro tiene que cambiar, en España y aquí, tiene que ser más progresivo; tienen que pagar los que más tienen, tienen que pagar los que no pagan. Y aquí se hace una modificación, la más importante de la historia de la comunidad, de forma concentrada en esta ley, que yo creo que se ha hecho sin pensar en las consecuencias que la fiscalidad tiene sobre la economía y sin pensar en la equidad fiscal, que es otro principio inspirador de esta parte tan sustancial del papel del sector público: a quién le cobro impuestos y cuánto le cobro impuesto, si da igual el 2% porque se recauda más que el 9 porque se recauda menos. Miren, están dando ustedes carta de naturaleza a una máxima peligrosísima, poco democrática, conservadora, y es que es irremediable todo lo que nos pasa y, por lo tanto, aquí hay que recortar de forma lineal. Y la conclusión es llegar a pensar que sobran los gobiernos, que sobran los parlamentos, que sobra la democracia. Bastará tener un administrador al frente de cada centro de gastos para que recorte lo que diga Bruselas o lo que se le ocurra al Banco Mundial. Esto no puede ser. Los impuestos se tienen que discutir con los sectores, se tiene que evaluar el impacto en la economía. La recaudación tiene que estar presente pero no puede ser solo el hilo conductor.

Por eso nosotros no estamos de acuerdo en la subida del 2 al 3, del 50% del reducido, al margen de la recaudación, porque daña a quien peor lo tiene, a las familias, a los parados, a los jubilados, porque están ahí elementos básicos de la cesta de la compra. Creemos que la subida del 5 al 7 es exagerada y reduce el diferencial fiscal con el IVA reducido del turismo peninsular. Que nadie lo dice tampoco. En España el IVA para el sector turístico es reducido, no está en el tipo general, no está en el 18, está en el 8% y nos vamos a 1 punto, y estos sí que compiten con nosotros. Ahí se tenía que haber evaluado más y mejor las consecuencias sobre la competitividad del sector turístico. Y sí estamos de acuerdo, aunque sea poco recaudatorio, en los impuestos, en el incremento en los tipos incrementados, en vez del 10 más. Nosotros hicimos la propuesta en su momento. Entendemos lo de los carburantes, aunque hacen ustedes una subida muy superior a la que propusimos, y entendemos otras figuras fiscales que han propuesto.

Pero me remito a una última, a la de los impuestos verdes. Mi grupo está absolutamente de acuerdo en la necesidad de que en esta comunidad se incorporen los impuestos medioambientales, los impuestos verdes. Que el que contamina paga, por utilizar la máxima que referencia este tipo de impuestos que existen en los países más desarrollados, que la Unión Europea reclama también que se pongan en marcha. Pero no así, no así, primero porque lo que les ha motivado es la recaudación, y la recaudación es solo una parte. Y en los impuestos verdes, el que contamina paga, la recaudación, suele estar destinada no, debe estar destinada a corregir los impactos ambientales que generan los que hacen las cosas mal, y ustedes han hecho un asunto de impuestos ambientales deprisa y corriendo, con poca capacidad recaudatoria, sobre algunos sectores, sobre otros no, que pervierte la lógica de los impuestos ambientales, de los impuestos verdes, que es premiar a quien lo hace bien y castigar a quien lo hace mal, y en los que lo hacen mal, los recursos se destinan a corregir los impactos en el medio ambiente.

Y acabo, porque se me acaba el tiempo, diciendo: esta ley se ha tramitado por un procedimiento indebido, no se ha discutido prácticamente con nadie, no han llegado a un acuerdo con nadie, no la entiende casi nadie. Es una ley que recorta y sube impuestos y que va a impactar negativamente en la economía, en el crecimiento, que va a impactar en el sector público y en el sector privado en menos empleo, que se hace en el peor momento del ciclo económico, en una importante depresión de la economía...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, señor diputado, tiene usted dos minutos para concluir, por favor.

El señor Rodríguez Rodríguez: Se hace tarde, mal y, en el caso de los impuestos, en exceso.

Y les digo lo más grave de todo: volverán ustedes aquí pronto a plantear a esta Cámara, a la sociedad canaria, más recortes y más impuestos, y lo hará también el Gobierno de España. Ahora, después del verano, subirán el IVA, tocarán las pensiones, no les quepa duda. No hay nada de lo que yo he planteado aquí, desgraciadamente, que no se haya cumplido, pero no porque yo sea un genio de la macroeconomía sino porque me leo los papeles, cosa que debe hacer todo el mundo, y lo defiendo. No pensar de una manera y actuar de otra.

Están ustedes en una política, la de España y la de Europa, equivocada, que nos lleva a la depresión económica, al paro, al deterioro en los servicios públicos, a la descohesión social, al debilitamiento de la democracia, y nosotros no podemos compartir esta política, no lo hemos hecho nunca y no lo podemos hacer tampoco hoy.

Sé que el margen que ustedes tienen para modificar la ley es pequeño, porque ya los comprometieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Muy pequeño. El tiempo que hemos tenido los grupos de la Oposición para debatir esta ley ha sido escasísimo y más los grupos chicos. Aunque no sé yo el esfuerzo cómo se ha compartido, ¿no? Pero hemos hecho también enmiendas parciales a este presupuesto, a las que no me he referido porque no toca y no tengo tiempo, pero algunas podían modificar este texto y mejorarlo, sin quebrar los compromisos que ya adquirieron ustedes y suscribieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en cuanto a los recortes y a la subida de impuestos, porque eso es palabras mayores por lo que se ha visto aquí. Y espero y deseo que en la tramitación que nos resta, urgente, abreviada y con escaso tiempo, podamos enriquecer a través de algunas enmiendas este texto de ley que, sinceramente, creo que viene en un mal momento, por un procedimiento inadecuado, que no comparte prácticamente nadie y que desgraciadamente no va a servir para mejorar la economía ni el empleo ni el bienestar, sino todo lo contrario.

Muchísimas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Gobierno, turno en contra. Don Francisco Hernández Spínola tiene usted la palabra.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Señor presidente, señorías.

Primero que nada, el Gobierno tiene que aclarar un asunto de procedimiento pero de una gran trascendencia, porque las formas en democracia son muy importantes, y aquí ha subido el portavoz del Grupo Mixto a decir que el Gobierno poco más o menos que había trucado el procedimiento y que tenía que haber salido a contestar la enmienda a la totalidad del Grupo Popular. Y lo que debemos hacer todos los que estamos aquí es respetar las normas que nos damos y tengo aquí delante el acuerdo de la Junta de Portavoces, en la que usted estuvo, señor portavoz del Grupo Mixto, igual que estuve yo en representación del Gobierno, y lo que hemos acordado entre todos, por unanimidad -por tanto, nadie expresó algo contrario a lo que está aquí escrito-, dice que comienza el debate con la presentación por el Gobierno del proyecto de ley, sin límite de tiempo, y que a continuación, a continuación, intervienen los grupos políticos, los grupos parlamentarios enmendantes, por tiempo de treinta minutos cada uno; que las intervenciones serán por orden de presentación en el registro, la del Grupo Popular y luego el Grupo Mixto, y a continuación -leo textualmente- se produce la intervención del Gobierno en turno en contra. Es lo que estamos haciendo.

Dicho esto, dicho esto, también es cierto, también es cierto que el Gobierno puede solicitar en cualquier momento la intervención. Lo puede hacer, lo puede hacer, pero el Gobierno en esta ocasión lo que ha hecho es respetar escrupulosamente el acuerdo de la Junta de Portavoces. Que quede claro.

Eso desde el punto de vista formal, porque ahora voy a entrar en los aspectos materiales. ¿Realmente ha habido en esta Cámara dos enmiendas a la totalidad? No. Pues no, no ha habido dos enmiendas a la totalidad. Ha habido una enmienda a la totalidad, que es la suya, la que ha presentado el Grupo Mixto, porque lo que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular son ocho líneas. Ha despachado, ha despachado esa ley de 166 artículos en 8 líneas. Perdón, siete líneas y media, porque la octava no la concluyó. Sí, sí, claro, y como no decimos nada ni nos hemos estudiado el texto, ¿de quién hablamos?: del general Custer, de Gandhi, de Joaquín Costa y, cómo no, de Adriano, también de Adriano. ¡Claro! ¿Y cómo calificamos a la ley?: un bodrio, un bodrio, que modifica 39 normas legales y que produce una verdadera diarrea legislativa. ¿Verdad, señor Cabrera Pérez-Camacho? ¿Cuántas cajas de Fortasec tiene que tomarse usted, que ha votado en el Congreso de los Diputados, una tras otra, las leyes de acompañamiento del señor Aznar que han modificado las siguientes leyes? (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor presidente.) Mire, en el año 96 modificó el señor Aznar en las Cortes Generales -y usted que era diputado votaba- 80 leyes; en el 97, 47 leyes; en el 98, 77 leyes. Y así puedo seguir, hasta el año 2003, que fue la última, donde, como sabían que iban a perder las elecciones, modificaron 102 leyes. Y usted me dice que eso es un bodrio, modificar 39: ¿cuántas cajas de Fortasec tendrá que tomarse usted, señor diputado?

Decía Ortega:"no es eso, no es eso". Señor Cabrera Pérez-Camacho, no es eso, no es eso. Lo que usted tenía que hacer en su intervención era plantear una alternativa a un proyecto de ley que ha hecho el Gobierno. Eso es lo que usted tenía... (Comentarios en la sala.) -luego habla, luego habla-, eso es lo que usted debería haber hecho en una intervención parlamentaria al uso, lo que se suele hacer cuando se presenta una enmienda a la totalidad, a los Presupuestos o a una ley. Pero usted no lo ha hecho, usted ha intentado hacer, en la mayoría del tiempo, una especie de discurso de investidura bis. Seguramente porque no pudo hacer el discurso de investidura de su grupo, no le dejarían entonces, pero usted ha hablado de todo menos del proyecto de ley. Es verdad que le ha dedicado al final, es verdad que le ha dedicado al final unos minutos para hablar de algunas cuestiones relativas a los impuestos y también ha tocado, muy, muy levemente algunas cuestiones contenidas en el libro I de personal.

Usted ha hablado de la financiación de la comunidad autónoma, que se aprobó en el año 2009, y ha omitido quién estuvo en aquella reunión y quién voto: fue el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda entonces, el señor Soria. Fue él quien voto y usted lo ha omitido, y debió haberlo dicho. El Gobierno de Canarias de entonces, en el año 2009, con el consejero de Economía y Hacienda, que lleva la política, que es el responsable directo de la política económica y presupuestaria, votó a favor de un sistema de financiación que todos coincidimos en que debe ser alterado y debe ser modificado.

Y le digo más. Le quiero recordar algo: hace poco, el año pasado, se votó en esta Cámara una proposición no de ley que suscribimos todos los grupos parlamentarios para modificar el sistema de financiación, a propuesta del Grupo Popular. ¿Entonces qué me viene a contar ahora del sistema de financiación? La responsabilidad que tiene su grupo parlamentario es muy elevada en este asunto.

Y luego, claro, no podían faltar, no podían faltar en su discurso las referencias a la policía autonómica y a la televisión, y dice, "sí, sí, claro" -cubriéndose en salud, poniéndose la tirita antes de tiempo-, "claro, claro que la apoyamos, sí, sí, la apoyamos, pero ahora que estamos en crisis no". ¡Ah!, ¿y cómo estábamos en el 2009, no había crisis? ¿Y en el 2010, tampoco? ¿Y en el 2011, todas esas leyes de Presupuestos que votaron ustedes, que contenían la televisión autonómica y la Policía Canaria, que votaron ustedes? ¿No había crisis en el 2009? ¿Ah, no?, ¿y Lehman Brothers? ¿Ah, no?

Mire, mire, ustedes lo que hicieron cuando hubo que recortar los Presupuestos, ¿sabe qué es? -y lo sabe muy bien la que fue consejera de Sanidad-, recortar el gasto farmacéutico. Eso fue lo que hicieron ustedes, ahí es donde hicieron los recortes, no en la Policía Canaria, no en la Televisión Canaria. O sea, que les pido un poco de coherencia sobre las actuaciones que han llevado a cabo durante las etapas en las que ustedes tuvieron responsabilidades de Gobierno.

Yo no me puedo extender mucho en la réplica que le tengo que hacer a usted, porque es que usted no ha hablado del libro I. ¿Qué le digo yo a usted si es que parece que no se lo ha leído? Se lo digo de verdad. Mire, únicamente ha hecho una referencia, por un lado, a la reducción del 10% de los empleados públicos en el último semestre, es correcto, y la segunda referencia que ha hecho es la posible pérdida de recursos humanos en cuanto a la jubilación forzosa -dice usted- de los empleados públicos, y habla de que esa jubilación forzosa tendrá lugar a los 67 años. Mire, eso no es así, eso no es así, la legislación básica del Estado dice que la jubilación de los funcionarios será a los 65 años, a los 65 años, y la ley no impone una obligatoriedad para que los empleados públicos tengan que jubilarse necesaria y obligatoriamente a los 65 años. Usted lo ha dicho pero no es verdad, y yo lo tengo que aclarar en la Cámara. Los funcionarios pueden prolongar el servicio después de los 65 años, pero caso a caso, y la ley lo que establece son unos requisitos que han de ser valorados y determinados en el momento en el que se dicta por el órgano competente la resolución de concesión o de negación de esa prolongación del servicio. Que quede esto claro, porque esto afecta a muchos funcionarios y, por tanto, es algo que debe tenerse muy en cuenta.

Yo, señor Cabrera Pérez-Camacho, le diría algo para el día de hoy y para el futuro, y es que -usted lo sabe-, y es que la pereza, la pereza es el gran enemigo de la inteligencia, y hay que trabajar, hay que tener voluntad, hay que tener voluntad, porque la voluntad es la dirección inteligente de los impulsos. Sí, se lo digo a usted, hay que estudiar. Yo sé que estudiar es costoso, cuesta estudiar, pero saber, saber es fantástico, saber es maravilloso, y usted hoy ha perdido una ocasión tremenda, importante, en un debate capital, crucial. Probablemente uno de los debates más importantes que vayamos a tener a lo largo de este año, porque esta ley es una ley muy importante, muy importante, y que debía haber sido, desde mi punto de vista, desde el punto de vista del Gobierno, haber sido analizada, comentada o criticada, porque ese es su papel en una democracia. Su papel hoy es criticar este proyecto pero dando alternativas. No ha dado una sola alternativa.

Si nosotros hoy aquí siguiéramos las recomendaciones a la vista de la actuación del portavoz del Grupo Popular, tengan la plena seguridad de que esta comunidad autónoma sería intervenida, porque no podríamos cumplir con la estabilidad presupuestaria y entonces sí que es verdad que, como dice el señor Montoro, los hombres de negro llegarían a esta comunidad autónoma. Sí, sí, y este Gobierno cree mucho en el autogobierno y en las autonomías y en el papel que desempeñan todas las comunidades autónomas. Por eso trabajamos, con muchas dificultades, con muchísimas dificultades, en un marco económico y presupuestario terrible, para mantener como un objetivo irrenunciable el bienestar de los canarios. Ese es el objetivo del Gobierno. Sabemos que tenemos que tomar medidas, que tenemos que amortiguarlas, y es lo que hacemos día a día.

Por lo que se refiere a la intervención del portavoz del Grupo Mixto, don Román Rodríguez, como ve y para su tranquilidad, ahora ha visto que hemos diseccionado perfectamente la crítica del Grupo Popular y hemos separado, diría -entre comillas-, la no enmienda a la totalidad que han presentado con la suya, que creo que, sin embargo, y como contrapunto, usted y su grupo han hecho un esfuerzo, un esfuerzo plausible. Usted ha presentado detallada una enmienda a la totalidad. No solo ha presentado una enmienda a la totalidad, también ha presentado una batería de enmiendas parciales que estoy seguro de que algunas de ellas pueden contribuir a mejorar el proyecto de ley. Y creo que ese es el papel de una Oposición responsable: trabajar, presentar enmiendas, discutirlas en el Parlamento, en la ponencia correspondiente, para que finalmente, si podemos entre todos mejorar el texto, lo vamos a hacer. Y yo he leído algunas de las enmiendas que usted ha presentado. Desde luego es algo que tienen y es competencia de los grupos y les corresponde a los grupos dilucidar esta cuestión, pero que supongo que puedan ser valoradas y, en su caso, aceptadas.

Dice usted, don Román, que esta es una ley improvisada, una ley que, en fin, recoge un conjunto de normas multisectoriales. Ya lo había dicho yo en mi primera intervención, que eso era parte, una obligación derivada de las circunstancias económicas por las que vivimos, que es necesario hacerlo, pero permítame que, en fin, que con todo el respeto le recuerde su etapa de presidente del Gobierno. Y usted, don Román, cuando fue presidente del Gobierno, cada año traía a esta Cámara una ley de acompañamiento, una ley de medidas administrativas y fiscales. Lo hacía año tras año y modificaba en un caso 20 leyes, en otro, 27. Es decir, que usted puede criticar esta ley, lo puede hacer, pero también yo, que estoy en esta tribuna, le puedo recordar lo que usted, como presidente del Gobierno hacía, que es exactamente lo mismo. Y lo entiendo, y lo entiendo, fíjese, lo entiendo. ¿Por qué?, porque en muchas ocasiones, en determinados momentos, es preciso modificar determinadas leyes, aspectos puntuales: porque mejoran la seguridad jurídica, por razones de oportunidad... Si no se lo reprocho. Si usted lo hacía, si usted lo hacía, y yo no se lo reprocho, pero lo que quiero es que entienda que nosotros también hoy nos hemos visto obligados a hacerlo.

Dice usted que esta es una ley que llega aquí sin consenso y también se lo tengo que rebatir porque no es verdad. No soy ajeno, no soy ajeno ni se me escapan las críticas de los sectores empresariales o sindicales, de la sociedad civil. Es verdad que hay muchos aspectos de la ley que no gustan. A nosotros mismos hay cosas que no nos gustan, que no nos gustan. A nosotros no nos gusta tener que tomar una decisión de reducir el salario a los empleados públicos en la cuantía que lo hemos hecho. Es que no nos gusta. Es que yo preferiría no haberlo hecho ni haberlo propuesto al Consejo de Gobierno, que fue quien realmente tomó la decisión. ¿Es que esto es agradable para alguien? Pero es que Canarias, esta comunidad autónoma, no es una isla que vive al margen de la realidad. Es que estamos insertados en la Unión Europea. Es que la Unión Europea, en su Consejo Europeo, aprueba unos planes de estabilidad que esos afectan a todos los países, al Reino de España; que de ahí se derivan unos porcentajes de cumplimiento del déficit. Que estamos atados, que no hay margen, que hay que cumplir, y eso lo sabe usted tanto como yo.

Usted mismo lo ha dicho en su intervención, usted mismo lo ha dicho: el margen que tiene el Gobierno es escaso. Y en esa escasez en la que nos tenemos que mover tenemos una cosa muy clara, y es que todos los esfuerzos se van a centrar en mantener el Estado del bienestar, todos los esfuerzos se centran en mantener la educación pública, todos los esfuerzos se centran en no cerrar los hospitales en Canarias. Ahí está la decidida voluntad de este Gobierno y así seguiremos trabajando.

Cuando habla de que no ha habido consenso, le tengo que decir que sí, que ha habido consenso con los cabildos y con los ayuntamientos. Y no ha sido una operación tan fácil y tan sencilla como usted ha despachado en medio minuto. No, esto ha sido objeto de muchísimas reuniones con los cabildos y con la Fecam hasta lograr un acuerdo con ellos, porque nos parecía fundamental. No se pueden modificar leyes tan importantes como la del Fondo de Financiación, el Gobierno nunca lo ha querido hacer así, en contra de la voluntad de los ayuntamientos y por eso hemos mantenido una, dos, tres, hasta no sé cuántas reuniones, las que hicieron falta, hasta conseguir un acuerdo. Por tanto, ha habido consenso con los cabildos y con los ayuntamientos, en los temas de financiación local y en los temas de los impuestos, como estoy seguro de que explicará en detalle el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.

Dice usted, don Román: "están solos, ustedes están solos, el Gobierno está solo, solo". ¿Cómo que solos?: están detrás 36 diputados, que es la mayoría de la Cámara, tenemos el respaldo mayoritario de los ciudadanos de Canarias. Los que aquí se sientan han ganado en seis de las siete islas las elecciones autonómicas. ¿Cómo que solos? Solos estarán otros, que tienen la representación que han querido los ciudadanos a los que... Y todas las representaciones son respetables, sin ninguna duda, pero es la voluntad de los ciudadanos. Y aquí ahora mismo a este Gobierno le respalda la mayoría, una mayoría nacida de unas elecciones democráticas, las últimas, las del 2011, y eso me parece que es también muy importante dejarlo claro.

En todos estos discursos, los que se hacen desde la Oposición, desde el Gobierno uno siempre tiene una tentación, y la tentación es, bueno, vamos a ver si antes de que concluya el tiempo dan, presentan, una alternativa, ¡una alternativa!, real, y yo no la he terminado de ver; una alternativa que sea creíble. No la termino de ver, porque usted, con lo que ha anunciado, ha dicho que está en contra de que se produzca la reducción salarial a los empleados públicos y usted ha dicho que, por tanto, el Capítulo I hay que prácticamente mantenerlo, en los términos en que está o hacer algún pequeño ajuste. Pero yo le digo que eso es imposible, que me gustaría que usted suba aquí, a esta tribuna, y nos diga a todos cómo usted cuadra un presupuesto... -usted es un hombre que ha tenido responsabilidades públicas y ha presidido un gobierno-. Usted quiero que nos explique cómo hace usted una reducción de 800 millones sin tocar el Capítulo I, porque a mí me parece que ese ejercicio es imposible, absolutamente imposible, y creo que las propuestas que hay que presentar aquí, en la Cámara, tienen que ser alternativas creíbles, don Román, y usted creo que en el día de hoy eso no lo ha hecho.

Cuando habla del Capítulo I distingue, y hace bien porque es así, en el documento del PEF, del Plan de reequilibrio presupuestario que hemos presentado, que tiene dos grandes partidas: una, la reducción del 5% y también otra reducción importante respecto del mismo Capítulo I. Y dice usted: "van a poner en la calle 3.000 puestos de trabajo". Eso es lo que el Gobierno no ha hecho; eso es lo que hace el Partido Popular. Sí, lo hace en Valencia, lo hace en Baleares, que además cierra hospitales, lo hace en Castilla-La Mancha, lo hace en muchas comunidades autónomas, que es despedir al personal. Y además de despedir al personal aplica las reducciones de las retribuciones. Eso lo están haciendo, lo hace el Partido Popular.

No estamos engañando a nadie, porque usted dice que hay que decir la verdad, y estamos diciendo la verdad. Cuando nosotros decimos una y mil veces que la política del Gobierno consiste en amortiguar -y es el verbo que utilizamos continuamente-, amortiguar los efectos de las decisiones que toma el Gobierno de España, porque no podemos, no podemos ni debemos, no podemos desde el punto de vista legal, evitar aplicar los reales decretos-leyes que ha aprobado el Gobierno de España en materia de sanidad y en materia de educación. Lo tenemos que hacer, porque alguno de sus apartados es legislación básica, básica. Las horas lectivas, el cumplimiento o el incremento de las horas lectivas, eso no se lo ha inventado este Gobierno. Eso es una decisión del Gobierno de España que tenemos que aplicar. ¿Y tendrá consecuencias? Pues tendrá algunas consecuencias. No negamos que va a tener consecuencias. Lo dije en mi primera intervención: se van a ver afectados los servicios públicos fundamentales. Lo recuerdo, lo dije: la justicia, la sanidad, la educación, pero nuestra política consiste en amortiguar sus efectos. Por tanto, estamos diciendo la verdad. ¿Que va a haber incidencia en la calidad de los servicios públicos?, sí, sin ninguna duda. Sí, lo reitero, pero nuestro trabajo consiste en amortiguar esas medidas.

Yo voy acabando. Dice usted, don Román, que hemos hecho una ley en el peor momento. Cuando hay que hacerla. ¿Pero cómo no vamos a presentar esta ley ahora? Ya hubiésemos querido hacerlo a través del mecanismo del decreto-ley, y la hubiésemos tenido presentada hace tiempo. Es que es inevitable. Si la normativa europea y española nos obliga a presentar en el mes de mayo un Plan de equilibrio económico-financiero, que exige la adopción de medidas legales, ¿cómo no vamos a presentar la ley? ¿Cómo que esta ley se hace tarde y mal? Desde enero, le dije, estamos trabajando en esta ley desde el mes de enero. Han pasado seis meses: ¿dónde está la improvisación? No, no, no es así, se lo digo de verdad, no es así.

Nosotros no estamos practicando una política equivocada. Hacemos la única política que es posible, la única política que es posible para defender el Estado del bienestar, y así vamos a continuar.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero, don Francisco Hernández Spínola.

Tiene la palabra el señor consejero de Economía y Hacienda, don Javier González.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenos días a todos y a todas nuevamente.

Don Román, señor Rodríguez, yo creo que hay una coincidencia absoluta en que estamos ante una ley importante, una ley fundamental, por los efectos que tiene. No coincidimos en la calificación que usted hace sobre el procedimiento inadecuado. Señorías, el que tenemos. Ya nos gustaría tener otro, pero es el que tenemos.

Yo por lo menos sirva mi intervención para agradecerle por lo menos el trabajo que hicieron, que hizo su grupo, en cuanto a la preparación de la enmienda a la totalidad y el trabajo que han hecho en cuanto a las enmiendas. Y lamento su expresión referente a que se hurte el debate parlamentario, sobre lo que ya se refirió mi compañero Francisco Hernández Spínola, con el que estoy cien por cien de acuerdo, que fue el acuerdo que teníamos comunicado. Pero tendremos tiempo de hacerlo.

Y no estoy de acuerdo con usted en una afirmación que hizo, que venimos aquí solo a ratificar porque ya están contenidas las medidas en el PEF. Precisamente las diferencias de plazo, la capacidad legislativa, la capacidad de actuación del Gobierno y, por tanto, la necesidad de presentar un Plan de equilibrio financiero, como el que presentó en su momento la Comunidad Autónoma de Canarias, hace imposible coordinar determinados tiempos. Estoy seguro de que usted coincide conmigo en que a usted no le hubiese gustado o no le gustaría que, por incumplir la presentación del PEF, con la diferencia en los debates parlamentarios, esta comunidad autónoma hubiese estado en la situación en la que, por ejemplo, hoy en día está la de Asturias o estuviese bajo sospecha de ser intervenida. Creo que en eso sí coincidimos, espero.

Pero ha dicho usted que además no se ha medido el efecto e impacto de medidas. Y sí se ha hecho, pero se ha hecho desde la capacidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, desde la capacidad del Gobierno, desde la capacidad tributaria, desde los impuestos que puede tocar. Me referiré luego a alguno de ellos.

Hombre, mire usted, y no, no hemos actuado como contables y sí como gobierno, y por eso hemos tomado determinadas decisiones. Decisiones que pueden ser dolorosas, que son dolorosas, decisiones con las que uno, personalmente, puede estar o no de acuerdo, pero que tiene la obligación, finalmente, de cumplirlas. Y es más, lamento su afirmación sobre que hemos despachado el acuerdo con cabildos y ayuntamientos por la mera imposición partidaria. Le aseguro que de las conversaciones mantenidas en todo este largo proceso no ha sido ni mucho menos así.

Y además tampoco estoy de acuerdo con que se produzca un varapalo de los órganos asesores y evidentemente es lógico y natural que el sector empresarial manifieste sus reticencias a una subida impositiva, pero es lógico y natural; o que en el ámbito funcionarial manifiesten su oposición a la bajada salarial, como no podía ser de otra forma. Pero para eso están los gobiernos, para ser valientes y tomar decisiones, y eso es lo que ha hecho el Gobierno, tomar decisiones. Discriminar unas decisiones de otras, discriminar de lo que han hecho otros o de lo que podíamos hacer. Y por eso este proyecto de ley es mejorable, como todo, pero ajustado a las necesidades que tiene esta comunidad autónoma. Ajustado a las necesidades a las que se ha visto obligada por mor de unos Presupuestos Generales del Estado que no cumplen con sus obligaciones. Y le agradezco, por lo tanto, que en su enmienda a la totalidad y en sus enmiendas parciales ofrezca algunas de las alternativas, que estoy seguro de que en el debate parlamentario, algunas más que otras -permítame decirlo-, se puedan trabajar. Porque, hombre, sí le puedo decir que el conjunto de las propuestas son absolutamente inviables y es verdad que hace algún efecto y algún guiño sobre cuestiones a mejorar, pero en su totalidad, y por lo tanto en la suma final, en la necesidad de acometer los ajustes, no son posibles.

Incluso habla usted de eufemismos, de ajustes o recortes. Llámelos usted como considere, pero cuando un Gobierno deja de gastar le aseguro que, en estos momentos, mediante ajustes, recortes o lo que queramos, es porque no tiene. Pero no solo no tiene sino no tiene capacidad de buscar más recursos. Y cuando la tiene y presenta una subida impositiva, pues, la reacción es la crítica en ocasiones y, por lo tanto, la falta de consenso a la que usted hacía referencia anteriormente con el sector empresarial.

Y estamos de acuerdo en que el problema del conjunto de la economía española no es un problema del sector público ni de su dimensión. Yo creo que sobre eso se puede demostrar con datos. Ahora bien, el sector público tiene un problema, pues porque no es capaz de generar los recursos suficientes para sostener la estructura que tiene. Y esto es muy sencillo, caben soluciones: o rebajar la dimensión del sector público o subir la dimensión de la presión fiscal en su conjunto, y cuando se plantean subidas de presión fiscal, es lo que tiene. Y entonces se dice: "y es que se introducen nuevos impuestos en una economía que tiene dificultades", y luego hablaremos de cuáles son las distintas vías para establecer subidas impositivas y, por tanto, qué efectos tienen unas y qué efectos tienen otras.

En definitiva, yo creo que no es discutible que ante una situación como la actual necesitamos más recursos y, por tanto, necesitamos más recursos a corto plazo y necesitamos también reducir los gastos. Y reducir los gastos es porque necesitamos al final cubrir los presupuestos.

Sobre los problemas del sistema financiero del Estado español y sobre lo principal de su discurso, que es combatir la política instaurada, hemos hablado en numerosas ocasiones. Podremos estar o no de acuerdo, pero sobre eso no tenemos... Podemos tener soluciones, pero no tenemos la capacidad de aplicarlas. Ese enfermo, señor Rodríguez, está fuera del ámbito de nuestro tratamiento. Por lo menos no tenemos capacidad de prescribirle más allá. Podemos aconsejarle algunas cosas, podemos hablar y decirle algunas cosas, pero no tenemos la capacidad de prescribirle.

Y, hombre, me alegraría estar en la situación -se lo digo así desde el punto de vista financiero, solo desde el punto de vista financiero- de mi compañero, el consejero de Hacienda del País Vasco, entre otras cosas por los distintos recursos que maneja. Solo, repito, solo en la situación financiera. En otras no, pero solo en la situación financiera, por los distintos recursos que maneja. No nos olvidemos, por ejemplo, usted hablaba de que, con la misma población el País Vasco que la Comunidad Autónoma de Canarias, destinan unos y otros, por ejemplo, al gasto sanitario o al gasto educativo. Claro, que veamos cómo se han producido las variaciones poblacionales en el País Vasco y en Canarias en los últimos cinco, seis, siete años, por ponerle solo un ejemplo.

En definitiva, son decisiones que estamos obligados a cumplir en función de, como le dije ya al principio, de la normativa europea y de la normativa española. Decisiones en las que sí nos hemos rebelado, pero rebelado, la única posibilidad que cabe es desde la palabra, desde decir que no estamos de acuerdo, de manifestarlo en una y otra y otra y otra reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde debemos decirlo; por carta al señor ministro, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, son decisiones fiscales, decisiones sobre las que tenemos que actuar para conseguir, finalmente, cumplir con algo que, nos guste o no nos guste, estamos obligados.

Y llegaba usted a decir que la culpa la tienen otros también por el sistema de financiación y aceptar el sistema de financiación. Me gustaría que leyera, por ejemplo, el último informe de una entidad financiera -se lo dejaré- sobre los efectos que está teniendo y los motivos del sistema financiero y dónde se producen y por qué. Y me gustaría recordarle algo fundamental, y es que dijo entonces el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, que dijo: "no podíamos permitirnos el lujo de perder un solo euro". Lo digo porque ya hablamos en su momento de las lentejas. El sistema de financiación es como tal y si lo dejas, no recibes ningún euro de más. Es decir, que todavía hoy se hubiese agrandado el problema.

Y habla usted en su momento de las previsiones incorrectas de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma y que no tomamos en su momento las medidas. Permítame decirle solo dos cosas -y habla incluso de las previsiones de crecimiento económico y le digo que sí, que nos equivocamos, reconozco un grave error-. Mire, en el cuadro macroeconómico de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2012, la previsión que hicieron los servicios de la Comunidad Autónoma de Canarias era que cerraríamos el año 2011 en un 0,9 de crecimiento. Nos equivocamos: según dicen los datos estadísticos, crecimos un 2,1%. Si nos equivocamos, nos equivocamos con una previsión de crecimiento mucho más por abajo.

Y hablaba usted de que en ese momento ya plantearon determinadas cuestiones para subidas impositivas, de subir el IGIC, el combustible, reinstaurar el impuesto sobre sucesiones y donaciones... Y yo le pregunto: ¿y en qué importes, qué tipos, cómo hacíamos esa subida impositiva, para recaudar qué? ¿Para recaudar más tributos en la economía cuando los documentos oficiales que teníamos nosotros sostenían el equilibrio presupuestario?

O llega usted a hablar de que los recortes y el ahorro lo que están produciendo es detrayendo más recursos, y es verdad. Contra eso lo que hemos intentado es manifestar nuestra oposición en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para la necesidad de actuar de forma distinta en las comunidades autónomas. Ahora bien, solo una reflexión, y lo hacemos desde la reflexión de la Comunidad Autónoma de Canarias -que acaban de salir los datos publicados ahora mismo-, que es, la comunidad autónoma, la de Canarias, la que menor porcentaje de deuda tiene con respecto a su PIB. Pensemos sobre todo, sobre todo en estos momentos de difíciles perspectivas de futuro, si estamos dejando una mala herencia a los que vienen detrás de nosotros. Porque, en definitiva, señor Rodríguez, si no tenemos ingresos y tenemos que seguir manteniendo los gastos, tal como en alguna de sus afirmaciones parece decir, tendremos más déficit y, si tenemos más déficit, tendremos que acudir a deuda y, por lo tanto, estaremos trasladando una parte importante de ese problema de cara al futuro.

Y sí coincido con usted en que el problema entonces es sobre el ritmo en el que tenemos que ir reduciendo ese déficit para intentar ayudar a la economía a que genere actividad; por lo tanto, se generen más recursos. Pero la ecuación sigue siendo la misma ecuación. Al final los ingresos tienen que cuadrar con los gastos, porque, de lo contrario, estaríamos incurriendo en un déficit por encima del que tenemos autorizado, no conseguiríamos siquiera la autorización de quienes tienen la capacidad legal hoy en día del Estado español de autorizarnos, por tanto, ese endeudamiento y difícilmente conseguiríamos financiación en los mercados.

Me alegro de que esté usted de acuerdo en la instauración de determinados impuestos verdes. Creo que va en el sentido que dictan las instituciones europeas y, por tanto, en ese sentido debemos seguir trabajando.

Sí permítame una crítica al contenido importante de la enmienda a la totalidad, y es su referencia sobre el impuesto de sociedades. Será en otro ámbito donde haya que trabajar esa posibilidad de determinadas propuestas referentes en cuanto a la modificación del mismo.

En definitiva, señor Rodríguez, y utilizando sus últimas palabras, siga usted leyendo mucho, pero, por favor, no se crea todo lo que se dice, porque en ocasiones hay quien dice cuestiones contrarias a lo que realmente nos lleva a las soluciones.

Y, señor Cabrera, la verdad sigue siendo la verdad. Me encantó esa cita suya al inicio de su intervención. La verdad sigue siendo la verdad, pero habla usted de la mayor subida fiscal de la historia cuando lo que ha sucedido es el mayor recorte que ha recibido Canarias de la historia. Por más que lo intenten no podrán ocultar la razón por la que estamos hoy todos aquí. La verdad sigue siendo la verdad. La verdad es, por tanto, que la causa directa de esta subida impositiva y del ajuste del capítulo de gastos no es otra que el recorte de 800 millones de euros en los ingresos del Estado, que han impactado sobre todo en dos ejes fundamentales: la inversión y el sostenimiento de los servicios públicos esenciales. La verdad, señor Cabrera, sigue siendo la verdad, porque sobre la inversión, y ante la contundencia de las cifras, no han tenido otro remedio que contar una media verdad, contabilizando solo la inversión directa que hace el Estado. Les auguro en este caso poco éxito. Todos sabemos -también ustedes- que, incluyendo la inversión indirecta, es decir, los convenios de carreteras, de aguas, infraestructuras turísticas, infraestructuras educativas, han descendido en un 45% respecto al año anterior.

La verdad sigue siendo la verdad. Canarias es la comunidad autónoma más castigada, por detrás de Cataluña, que registra un descenso de un 53% en la misma. Por el contrario, hay otras comunidades autónomas donde la inversión no baja. Sí, en un momento como el actual, donde hay que recortar, el Estado, el Gobierno del Partido Popular incrementa las partidas de inversión en dos comunidades autónomas: Galicia, con el 9% y el País Vasco, con una subida del 16%. Curiosamente donde hay procesos electorales futuros.

La verdad sigue siendo la verdad, señor Cabrera. Es que en términos per cápita nos han alejado más de la media, ya que casi han duplicado la distancia en relación al año pasado, donde estábamos por debajo de 53 euros por habitante y hoy lo estamos en los 93.

La verdad, señor Cabrera, sigue siendo la verdad, y es que en lo que respecta a Canarias ustedes ni siquiera son capaces de mejorar las incongruencias. El propio ministro, el señor Montoro, acaba de decirle ayer al señor Quevedo, o antes de ayer, al señor Quevedo en el Congreso de los Diputados, en una intervención parlamentaria, que en materia de inversión su Gobierno no incumple la Ley del REF. Ante esto, solo me queda recordarles una cosa, y es, remítanle, por favor, al señor Montoro, pónganse de acuerdo, una copia urgente de la proposición no de ley presentada por ustedes mismos, donde se solicitaba a este Parlamento que instara al Gobierno de la nación a cumplir la Ley del REF. Esa sigue siendo la verdad, señor Cabrera, esa sigue siendo la verdad.

La verdad, señor Cabrera, es que un problema, el del déficit público, que, le recuerdo, no es precisamente el de Canarias, que se acerca a su cumplimiento, a diferencia de la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Lo que nos lleva a incrementar los impuestos es el recorte de 800 millones de euros, convirtiéndonos en la autonomía peor financiada de España. La verdad, señor Cabrera, la pura verdad, es que hoy no estaríamos tratando aquí una subida impositiva si tuviésemos los ingresos que nos corresponden o que se podían situar en la media con 600 millones de euros; o si fuésemos la mejor financiada, con 1.000 millones de euros más.

La verdad, señor Cabrera, es que, además de graves recortes, la práctica totalidad de las comunidades autónomas está subiendo impuestos en aquellas figuras donde tienen capacidad normativa, también las gobernadas por el Partido Popular: Baleares, Valencia, Castilla y León, Extremadura... Han incrementado, por ejemplo, el impuesto sobre combustibles. Además incrementan las tasas en todo lo posible. No le cuento el caso de Madrid, ¿eh?, y complementan la subida impositiva con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en Baleares o el de sucesiones y donaciones en Murcia. O la verdad, señor Cabrera, es referente a los impuestos medioambientales: donde no están en vigor los están instaurando. Esa, señor Cabrera, es la pura verdad.

Y dicen ustedes que escucharon a la hora de elaborar los Presupuestos Generales del Estado. Ni escucharon ni transmitieron ni comunicaron ni solicitaron. No hicieron nada, simplemente cercenaron, por ejemplo, los convenios con Canarias, sin ni siquiera comunicar.

Critica usted y ha llegado aquí a criticar dos cosas contradictorias: que Canarias no haga nada para internacionalizar su economía y que Canarias trabaje para internacionalizar su economía. Nuevamente otra incongruencia.

Y, mire, señor Cabrera, hay una afirmación realizada por usted en el día de hoy que me parece fundamental. Hace usted referencia en la misma a la injusticia y habla usted de dos cosas; habla usted de que algo es injusto cuando va contra la razón y contra las leyes. Y, mire, la decisión del Gobierno de España para con Canarias va contra la razón porque castiga a la comunidad autónoma que tiene la segunda tasa más alta de paro y va contra las leyes del REF que usted tanto defiende. Esa es la verdad, señor Cabrera.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero de Economía y Hacienda.

Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Cabrera Pérez-Camacho. Turno de réplica.

El señor Cabrera Pérez-Camacho: Señor presidente. Señorías.

La verdad, señor González Ortiz, es que usted ha conseguido mantener atónitos a todos los sectores económicos de Canarias que nos están escuchando, no solamente hoy sino en las semanas precedentes.

Señor Spínola, como está usando el móvil, me gustaría que dejara de usarlo y así me puedo dirigir a usted. No intente enseñarme a trabajar, señor Spínola. Yo no he hecho otra cosa en toda mi vida que trabajar. Eso es lo que nos diferencia a usted y a mí; es decir, usted ha estado toda su vida comiendo en el dornajo nacional y yo no. Por lo tanto, no me enseñe a trabajar. En todo caso tomo buena nota del consejo.

Pero es incompatible con nuestra política, señor Spínola, y le explico por qué. Vamos a ver, el Reglamento de la Cámara prevé dos tipos de enmiendas. Enmiendas de devolución a secas, cuando una ley no se merece otra cosa que eso. Y no hay que despacharla ni siquiera en ocho líneas, basta con dos, basta con decir: "no sirve para nada, que se devuelva al Gobierno". ¡Claro!, yo quise ser un poco más elegante y alegar tres o cuatro causas, pero hubiese bastado con decir: "esta ley es impresentable, que se devuelva al Gobierno". Y lo que sería incoherente por parte del Grupo Popular es presentar una serie de enmiendas particulares a una norma inservible, cuando lo que vamos a hacer, precisamente, es solicitar al Gobierno del Estado -y lo anuncio formalmente- la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra esta norma. No solamente eso, sino que además vamos a animar a las víctimas de los incrementos tributarios a que planteen también todas las cuestiones de inconstitucionalidad que crean oportunas, que avalen las deudas y que no ingresen, porque consideramos que varias de esas figuras impositivas son inconstitucionales al 100%.

Señor González Ortiz, ustedes han sido extremadamente injustos con el sector turístico. Han hecho oídos sordos a lo que implica para ellos, que han firmado contratos hasta finales del 2013 con un IGIC del 5%. Esos 2 puntos de diferencia, ese 40%, se lo van a tener que tragar ahora. Y no solamente se lo van a tener que tragar y asumirlo ellos, sino que además ustedes, que tanto se quejaban de las tasas aéreas y de sus repercusiones en el sector turístico, van a encontrarse con que el sector turístico queda debilitado para el futuro, después del 2013. Lo hacen ustedes menos competitivo.

Señor Spínola, dos veces se ha quejado usted de que no puede usar los decretos-leyes. ¡Dios nos libre! Si esto lo hacen con un proyecto de ley, ¡pobre comunidad autónoma, pobres sectores económicos aquí representados si encima ustedes pudieran hacer uso de los decretos-leyes! ¿Dónde estaría la extraordinaria y urgente necesidad? ¿Y en qué cafeterías planificarían nuestro futuro fiscal y administrativo? ¡Venga, hombre, por Dios, de eso no se me queje porque no tiene ninguna razón! Es más, si alguna vez han pensado en que en la reforma del Estatuto esa potestad se va a incluir, ni sueñe con ella, ni sueñe con ella. Ustedes no son elementos para confiar. El decreto-ley es un arma muy peligrosa. Por lo tanto, no vuelva a quejarse, pues, de que no se usan los decretos-leyes.

Bien. Señor González Ortiz, usted sigue defendiendo con uñas y dientes la legalidad y la inexistencia de efectos nocivos en las subidas tributarias y dice cosas que son irreales. Vamos a ver, señor González Ortiz, usted dice, ustedes dos dijeron, que se ha hablado con todos los sectores, cabildos, están hablando con ayuntamientos desde principios de año, pero eso no casa con lo que han dicho después de que se debe todo al retraso en la aprobación de los Presupuestos del Estado. No casa. Si llevaban hablando desde hace muchos meses... Mire, aquí lo único real, señor González Ortiz, es que ustedes inflaron las previsiones presupuestarias. ¡Es lo único real! Lo único real es que ustedes falsearon las previsiones de ingreso. ¿Para qué?: para luego poder justificarte con el Gobierno de la nación y echarle las culpas al Gobierno de la nación. Y yo respeto que usted considere que los Presupuestos Generales del Estado son injustos, pero nosotros los defendemos, le guste a usted o no le guste. Nosotros los defendemos.

Y no me ha contestado a lo que le dije antes en relación al artículo 95, no me ha contestado. ¿Por qué?, porque nunca hubo guerras ni batallas con Zapatero por la inaplicación del artículo 95. Ahora plantean la batalla, ahora que está el Partido Popular. ¿Por qué no lo hicieron antes y lo hacen ahora?

Para acabar, señor Spínola, usted nos ha dicho, nos ha intentado tranquilizar diciendo que no nos alarmemos, que no va a haber jubilación forzosa a partir de los 67 años. Vamos a hacerle un seguimiento a sus palabras, señor Spínola. Ojalá. Por eso yo antes lo que hice fue preguntarle, yo no afirmé; yo dije: "¿van a seguir con la idea que ha sembrado el terror en el ambiente docente y sanitario de que esto es posible, de que jubilemos a los 67 años a la gente con más capacidad y más escuela en el archipiélago?". Usted me dice que no. Bien. Les haremos un seguimiento porque entramos en materia discrecional. Del texto legal se deduce que las potestades discrecionales que van a tener ustedes para hacerlo son amplísimas. Vamos a hacer una fiscalización precisa de esas potestades discrecionales, porque, señor Spínola, no tenemos unas cabezas tan brillantes en toda Canarias como las de los docentes, tanto universitarios como no universitarios, y las de los médicos y personal sanitario, insisto, que han creado escuela durante los últimos 30 años en Canarias. Estaremos en ello.

Nada más, señor presidente.

El señor presidente: Muchas gracias, don Miguel Cabrera Pérez-Camacho.

Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señorías.

En relación al procedimiento. Ustedes han elegido este procedimiento porque han querido. Siempre es así. Aquí el señor presidente del Gobierno -que no está ahora presente- tuvo la deferencia con los partidos de la Oposición, cuando debatíamos la investidura o el debate de la nacionalidad, de diferenciar las respuestas por grupos. Esa es una potestad que siempre tiene el Gobierno. No la han elegido ustedes porque no han querido y yo lo que les digo es que en un procedimiento urgente y abreviado para una ley de esta envergadura bien nos merecemos los de la Oposición, desde luego nosotros, un debate separado. Y esa ha sido una decisión de ustedes porque les conviene, de oportunidad política, no de reunión de la Junta de Portavoces. Siempre el Gobierno decide eso, siempre, y ahora no lo han hecho porque les convenía. Reconózcanlo y punto. Yo se lo reprocho porque creo que nos merecíamos un debate diferenciado, dada la naturaleza de las diferencias entre ambas enmiendas, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante una ley de gran envergadura, de gran dimensión, de grandes consecuencias, que se ha negociado no, que se ha tramitado aquí por el procedimiento abreviado y urgente. Las pocas oportunidades que tenemos para debatir esta ley creo que bien merecía esa separación. Pero allá ustedes con esa manera de proceder.

Pocos argumentos tiene uno cuando se remite a tres legislaturas atrás para argumentar lo que es inargumentable. Eso se hace cuando uno no tiene de donde sacar.

Mire, las mayorías políticas y democráticas en los Parlamentos, eso está claro. ¿Cómo me va usted a decir a mí que usted tiene 36 diputados? Bueno, tengo algunas dudas de los 36 diputados, pero, en cualquier caso, yo eso no lo he discutido nunca ni nunca me verá discutirlo. Como tampoco discutirá usted que el señor Rajoy tiene 186. Pero por esa regla de tres el señor Rubalcaba se puede ir de vacaciones, porque allí además tienen mayoría absoluta. Es que en democracia evidentemente que los gobiernos se tienen que sustentar en mayorías parlamentarias, ¡solo faltaba! Lo que le estoy diciendo es que la política es algo más que las mayorías parlamentarias. La política es debatir, consensuar, buscar el acuerdo, las complicidades, para que las cosas sean eficaces. Y esta ley, diga usted lo que diga -usted sabe que yo me muevo bien en esa tierra también, ¿eh?-, ustedes no han generado consenso en torno a esta ley. Ninguno. Lo de los ayuntamientos y lo de los cabildos es una situación in extremis de la distribución de los recursos del REF que generosamente ayuntamientos y cabildos han considerado que para este periodo y por las circunstancias de la economía ceden. Pero en el resto de los contenidos, por ejemplo en las bajadas salariales, les han dicho en las narices que no. Es más, se lo han dicho con desplante algunos cualificados dirigentes de las fuerzas políticas que sustentan al Gobierno. De manera que usted tendrá que vestir el santo de cualquier forma, pero esta ley no tiene el apoyo de las organizaciones sindicales porque ni siquiera lo han intentado; no tiene el apoyo de las organizaciones empresariales porque no lo han intentado; no tiene el apoyo de las corporaciones locales en su amplitud y no tienen tampoco el beneplácito de los órganos de control, de participación de esta comunidad, y eso lo tiene que reconocer. Es más, una cuestión es que los parlamentarios están para lo que están y pertenecen a lo que pertenecen. Yo sé que hay mucha gente que no puede compartir esto entre las filas de los diputados y diputadas del Gobierno, pero, bueno, en cualquier caso, esto es lo que hay. Yo lo que reclamaba es que una ley de esta envergadura, por este procedimiento, con este impacto, con esta relevancia, se hiciera un esfuerzo de acuerdo. Yo sé que hay que tomar decisiones, ¡solo faltaba!

Segunda idea: lo de que esto es irremediable. Bueno, a mí esto me parece inaceptable. Entonces da igual quién gobierne. Si el problema está en que las decisiones se toman en Bruselas y España hace lo que dice y las comunidades autónomas hacen lo que dice Bruselas, da igual que mande la izquierda que la derecha, los de arriba que los de abajo, los buenos que los malos. Ponemos un administrador al frente de cada ámbito de gasto y se acabó la política. Pero, hombre, es absolutamente inaceptable que se dé por irremediable la política que se impone y que está fracasando. Discútanla, cuestiónenla. Al ministro de Hacienda hay que decirle que hay otra manera de recaudar en España, por ejemplo el impuesto de sociedades, que es de los más bajos del continente. Lo dicen hasta algunas organizaciones empresariales hoy en un medio de comunicación. De manera que esto que nos está pasando no es irremediable. Es así porque se ha decidido así por razones políticas, conservadoras, en Bruselas y en Madrid. Y además es un fracaso, deprime la economía, genera paro, deteriora los servicios públicos y repite la jugada dentro de seis meses.

Mis pronósticos. Mis pronósticos se cumplen siempre porque están hechos sobre la realidad. Usted siempre me dice no, usted siempre dice una cosa y luego se cumple. Le dije que no subiría los impuestos y usted me dijo que yo era poco menos que un fan de subir los impuestos y que deprimía la economía. ¿Y qué hace ahora esta subida de impuestos que es más del doble, más concentrada y sobre parámetros no evaluados? Pues deprimirá más la economía que hace seis meses, porque es que sube usted más impuestos, de forma más intensa y yo creo que de forma más indebida que la que nosotros proponíamos en su momento. De manera que ni las cosas son irremediables ni se pueden hacer siempre de esta manera.

Sinceramente, creo que ustedes y el otro Gobierno de turno vendrán dentro de seis meses con más recortes y más impuestos. No se van a cumplir los objetivos del déficit. ¿Pero ustedes creen que yo soy agorero? Es que sencillamente hay que leerse los papeles. Como no va a ser suficiente el rescatito del otro día para resolver los problemas del sistema financiero, a poco que se conozca cuál es la estructura de la deuda privada en España, su dimensión y las dificultades objetivas que tienen los bancos en las provisiones, en la liquidez y en la solvencia. Es que no hay que ser ningún genio para saber que esto va a ir a peor. Bueno, pues, yo lo que sostengo es que hay que rebelarse contra eso. Yo hice una propuesta aquí, en el debate del estado de la nacionalidad, de que las cosas que nos pasan pueden tener alternativas. La financiación autonómica se hizo mal y ustedes la apoyaron. Dicen: "pues si no la cogen, pues, pierde dinero". ¡Pues rebélense, discutan! Yo le hice una propuesta al presidente: hagamos un frente donde empresarios, sindicatos, sectores sociales organizados y fuerzas políticas exijamos una revisión de la financiación autonómica y que le gente se entere de que una parte de los problemas que tiene esta comunidad para no tener los servicios sanitarios y educativos que necesitamos y a los que tenemos derecho es que la financiación autonómica nos trata mal. Esto no lo sabe nadie, lo sabemos los cuatro ilustrados que nos dedicamos a esto. Bueno, pues, expliquemos eso a la gente. Es decir, el esfuerzo que se hace con el tema del petróleo -que saben que estoy en las tesis del Gobierno- hagámoslo para explicar que la financiación autonómica es un desastre. Hagámoslo para explicar que este sistema fiscal es injusto, que pagan las rentas del trabajo y poco las rentas del capital, que es escasamente progresivo, hagámoslo para perseguir el fraude fiscal. Hagamos todas esas cuestiones y hagamos cómplices a los trabajadores, a los empresarios, a la sociedad.

Lo que no puede ser es venir aquí, despacharse con una ley de 166 páginas, modificar 39 leyes, subir impuestos -yo creo que poco reflexionados; otros creo que correctamente- y hacer recortes que van a crear un impacto. Pero no solamente en las personas que van a perder el empleo en el sector público y el privado, en la economía, porque se están detrayendo recursos de un sistema económico que está seco de crédito, seco de gastos, seco de demanda. Es decir, quien genera aquí riqueza es la demanda y, si no hay demanda, se paraliza el sistema, y si se paraliza el sistema, hay más desempleo, y eso se está alimentando.

De manera que, sinceramente, creo que me parece lamentable que los grupos que apoyan al Gobierno, o el Gobierno en sí, deje esta política como inevitable, porque se quedarían ustedes sin argumentos en otras partes de España, que dicen lo contrario -me refiero a los socialistas-, dicen lo contrario. Es decir, allí están diciendo lo que digo yo aquí. Allí están diciendo lo que les digo yo aquí, y aquí se suman ustedes acríticamente a una política de irremediabilidad que es absolutamente penosa.

Por lo tanto, señorías, nosotros creemos que esta ley no ha seguido los procedimientos ni este Gobierno ha buscado los acuerdos; que esta es una ley que va a ser ineficaz desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del funcionamiento de los servicios públicos; que es una ley que deprime la economía, que genera desempleo, que genera desencanto y alejamiento; y que, al margen de las circunstancias que nos rodean, caben alternativas, caben respuestas.

Y le repito lo siguiente: nosotros dijimos aquí, cuando tocaba, qué impuestos había que subir y por qué y nos dijeron que eso deprimía la economía y ustedes no hicieron nada; dijimos -no aquí pero sí en la calle- que aquella financiación autonómica era injusta. Estamos con ustedes en que el Presupuesto estatal nos maltrata y había que hacer un frente para defender a esta tierra frente a ese maltrato. Hemos dicho aquí que no estamos de acuerdo con este fraude fiscal y que hay que poner todos los medios para perseguirlo. Nosotros decimos que hay alternativas, que hay otras posibilidades. Decimos que, si esta comunidad, junto con otras, se oponen a esta manera de hacer las cosas, seremos más fuertes los que creemos que el cambio es posible. Si este país, España, se pone de la mano de otros países que no aceptan porque están perjudicados con esta política de ajustes, España tendrá más oportunidades de salir. Pero si seguimos aquí con el sí, bwana de la intervención, esa regla de tres nos lleva al desastre.

"Que viene el lobo, Canarias pierde, nos intervienen". Mire, para que eso ocurriera después de lo que ustedes han hecho en relación a las cuentas -que a mí no me parece ningún mérito-, pues, habría que llevarse por delante a 14 comunidades autónomas. A 14 habría que llevarse. Habría que intervenir a 14 comunidades que están peor que esta desde el punto de vista de los parámetros del déficit y de la deuda.

De manera que yo creo que lo que toca a un Gobierno en estas circunstancias es liderar, es decir a los ciudadanos lo que nos pasa, con la verdad por delante, buscar soluciones y pelear por ellas, y hay soluciones alternativas a esta manera de proceder. Esto es derrotismo, esto es...

El señor presidente: Tiene un minuto para ir terminando, don Román.

El señor Rodríguez Rodríguez: ...aceptación de la fatalidad nos va a llevar a un auténtico desastre.

Rebajaron ustedes primero, aumentaron el horario de los trabajadores públicos, ahora les rebajan el salario, ponen... Porque, claro, esto tiene truco, lo de los 113 millones del Capítulo I. Esos son 3.130 puestos de trabajo menos de efectividad. No echan a nadie porque no van a sustituir las tasas de reposición, porque no van a poner interinos y sustitutos. Eso va a empeorar las cargas de trabajo, eso va a empeorar el ambiente laboral y va a empeorar, por supuesto, la prestación de servicios. Pero esta ley les quita un 10% de masa salarial de aquí a final de año a los trabadores públicos, que consumirán menos y estarán muy enfadados, y además pone en la calle, de facto, destruye, 3.124 puestos de trabajo, según mis cálculos, como mínimo.

De manera, señorías, que no es ningún mérito hacer este tipo de deberes. Yo creo que toca hacer las leyes de otra manera, por otros procedimientos. El sistema que se ha elegido no es bueno para la democracia, no es bueno para la ciudadanía y, por lo tanto, yo reclamo que al menos en el trámite parlamentario mejoren ustedes un texto que creo que es francamente negativo.

El señor presidente: Gracias, don Román Rodríguez.

Por parte del Gobierno, ¿alguna intervención? Señor Hernández Spínola.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Señor presidente, señorías.

Este es el último turno de intervención del Gobierno y, por lo que a mí se refiere, va a ser un turno breve.

Me hubiese gustado que el portavoz del Grupo Popular en el debate estuviese presente, porque, en fin, me quería referir a algunas cuestiones de las que ha dicho y me gustaría que estuviese. Si no es así, no obstante, yo voy a explicar y replicar algunas de las cuestiones que ha planteado.

Nos ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley y yo tengo que responderle y decirle que el Gobierno de Canarias está tranquilo y está confiado porque tiene confianza en las instituciones de la comunidad autónoma, y este proyecto de ley ha sido analizado, estudiado e informado por el Consejo Consultivo de Canarias, que es el órgano de la comunidad autónoma que dictamina sobre la adecuación de las leyes al Estatuto de Autonomía y a la Constitución. Y desde el punto de vista del Consejo Consultivo esas tachas de inconstitucionalidad que el Grupo Popular ha visto no se ven reflejadas. Además en el trámite de enmiendas nosotros vamos a seguir mejorando el proyecto de ley.

Ha dicho también el portavoz del Grupo Popular que sería un peligro que la Comunidad Autónoma de Canarias pudiese dictar decretos-leyes. ¡Si le escuchase la vicepresidenta del Gobierno, doña Soraya Sáenz de Santamaría! ¿Saben ustedes, señorías, que cuando se presentó en la legislatura pasada el proyecto de Ley de Reforma del Estatuto de Autonomía, que se aprobó en esta Cámara y que luego embarrancó en las Cortes Generales, hubo un proceso de diálogo entre dos partidos -el Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Popular- para avanzar y acordar una reforma del Estatuto de Autonomía? Bien. Sepan ustedes que en el artículo 25 de ese proyecto de reforma suscrito por doña Soraya Sáenz de Santamaría se establecía la posibilidad de que esta comunidad autónoma pudiese dictar decretos-leyes en circunstancias catastróficas o de emergencia, por tanto, cuando existiesen razones de extraordinaria y urgente necesidad. ¿Qué diría hoy doña Soraya si escuchara a don Miguel Cabrera Pérez-Camacho? A lo mejor por eso se ha ausentado.

¡Bienvenido, don Miguel, bienvenido a casa! (El señor Cabrera Pérez-Camacho entra en el salón de plenos.)

También ha hablado de las jubilaciones, y lo ha formulado en términos ahora de pregunta, ¿qué vamos a hacer? Mire, le quería recordar, porque lo dije antes: la edad no es a los 67 años, es a los 65, 65. Bien. ¿Qué criterio vamos a aplicar?: un criterio restrictivo. Vamos a aplicar un criterio restrictivo, ya se lo adelanto, un criterio restrictivo, pero analizando caso a caso, caso a caso. La ley establece cuatro criterios, esos son los criterios objetivos que vamos a determinar. Nada que ver, don Miguel, con lo que han hecho comunidades autónomas que están dictando leyes en distintas autonomías, dirigidas por el Partido Popular, como, por ejemplo, Galicia o, sin ir más lejos, Cantabria, que establecen un sistema mucho más duro que el de Canarias. Puede leerse... (Ante las manifestaciones del señor Cabrera Pérez-Camacho desde su escaño.) No, no, lo veremos no, vaya al Boletín Oficial del sábado pasado, Boletín Oficial que regula la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales de Cantabria. Ahí verá cómo la prolongación del servicio activo tiene un régimen totalmente excepcional; por tanto, mucho más duro que el que hemos establecido en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y le podría citar otras leyes de otras comunidades autónomas, en las que la posición que están manteniendo las autonomías dirigidas por el Partido Popular se aleja bastante de este caso a caso, que es el que va a regir en esta comunidad autónoma.

Y ahora que ya está usted presente, en fin, usted dice que usted trabaja. Yo sé que usted trabaja, usted es un buen abogado y usted, como abogado, sé que trabaja, pero yo me refería al trabajo parlamentario. A ese es al que yo me estoy refiriendo, que no ha escrito usted sino siete líneas y media, don Miguel. ¡Bueno!

Don Román. Bueno, usted ha vuelto otra vez a introducir el tema del debate formal. Yo he leído lo que acordó la Junta de Portavoces. Nadie se quejó, nadie planteó una alternativa, nadie sugirió. Usted pudo tener la oportunidad de decir: "señores del Gobierno, creo que sería bueno que en este debate le respondan ustedes a cada grupo". Podía hacerlo, no lo hizo. Y es verdad, y lo dije antes, que el Gobierno puede, en un debate parlamentario el Gobierno puede intervenir antes, después, lo puede hacer, ya lo dije, lo expliqué. Eso es reglamentario, pero en este caso nosotros hemos respetado escrupulosamente el guión que se aprobó en la Junta de Portavoces, por respeto, por respeto a todos, porque a lo mejor si lo hubiésemos hecho de otra manera, nos hubiesen dicho, "ah, el Gobierno se está saltando lo que acordaron en la Junta de Portavoces". Usted seguro que no diría eso, pero a lo mejor otro portavoz... ¡vaya usted a saber!

Ha planteado don Román la cuestión de la rebaja salarial de nuevo, del 10% en el segundo semestre. Bien, es así, nada que objetar. El Gobierno es consciente de esa medida y del impacto que tendrá, pero ya hemos explicado también que consideramos que es imprescindible adoptar una decisión de reducción del Capítulo I. En mi anterior intervención le propuse que nos explicara su alternativa, a ver si usted, si usted creía posible hacer el ajuste de los 800 millones sin tocar las retribuciones de los empleados públicos y no me respondió a esa pregunta, que creo que era una cuestión importante.

También ha hablado de los acuerdos con las corporaciones locales y de cómo las corporaciones locales no secundaron, no secundaron, la iniciativa del Gobierno en la reducción salarial. Pues yo tengo que decir aquí, en esta Cámara, en esta tribuna que al Gobierno no le parece bien. No le parece bien esa actitud que mantuvieron los ayuntamientos y cabildos de Canarias, porque la crisis no es solo para los funcionarios y los empleados de la comunidad autónoma; lo es para todos, lo es para todos. El esfuerzo ha de ser de todas las administraciones públicas y este es un momento de ajustarse el cinturón y si hay una decisión en Canarias, de esta comunidad autónoma, de reducción del 5% de las retribuciones, ¿por qué no, por qué no también para los cabildos y también para los ayuntamientos de Canarias, que tienen y están pasando por dificultades presupuestarias que afectan también a una minoración de los servicios públicos fundamentales? ¿Por qué no, por qué no? Dando lugar además a una brecha salarial que en el tiempo se viene incrementando. Yo sé que hay ayuntamientos que han adoptado medidas, lo sé, y alabo esa política de esos ayuntamientos que han hecho reducciones notables, y me parece que esa es la dirección adecuada, pero no lo puedo decir de todos los ayuntamientos, unos sí y otros no. Desde mi punto de vista, la austeridad y las medidas de ajuste debieran haberse adoptado para todas las administraciones públicas.

Y usted, don Román, plantea algo que yo quiero desmentir, quiero desmentir. Usted trata de colocar al Gobierno de Canarias como un gobierno que considera que no hay alternativas, que tiene que tragarse sí o sí las decisiones que impone la señora Merkel, y tengo que decirle que eso no es así. Se lo tengo que rebatir. Que a mí tampoco me gustan las decisiones de la señora Merkel ni esa austeridad a rajatabla. Que en este momento en Europa hay un momento, hay un momento de esperanza y de crisis muy grave estos días y estas semanas próximas y son muy determinantes las elecciones del domingo en Grecia, sin ninguna duda. No sabemos qué va a ocurrir y hay una tensión enorme en todas las capitales europeas, sin ninguna duda. Pero para nosotros hay un rayo de esperanza, que significa que poco a poco se vayan abriendo camino las políticas de crecimiento, las políticas de más gasto público, las políticas que defiende hoy en Europa el presidente de la República Francesa, el señor Hollande, las políticas que comparte Mario Monti en Italia. Esas políticas tienen que abrirse paso poco a poco, porque ya hemos visto que con austeridad y recorte y recorte y recorte no vamos a ningún lado. Por tanto, compartimos, compartimos ese análisis, que no es exclusivo de su grupo político. Quiero decirle, en definitiva, que hay plena sintonía en que las cosas no pueden seguir como van, que en Europa las cosas tienen que cambiar, que tiene que haber muchos más incentivos a la economía, como en Estados Unidos lleva a cabo el presidente Obama, y que hoy esa política está representada por el presidente de Francia. Y creo que esa será la medida y la manera de que las comunidades autónomas tengamos más margen, porque ahora estamos asfixiadas. Esa es la realidad.

Pero concluyo mi intervención, señor presidente, solicitando la colaboración de toda la Cámara, de toda la Cámara, en el proceso que se inicia a partir de hoy, que es de mejora del texto legal a través de la ponencia, a través de la ponencia y a través del debate que tendremos en el Pleno.

Quiero también agradecer a los Grupos Parlamentarios Nacionalista Canario y al Partido Socialista Canario el esfuerzo y el trabajo que han realizado durante este tiempo, por las enmiendas que han presentado, que estoy seguro de que van a mejorar de forma muy notable el texto.

Y nada más.

Gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero, don Francisco Hernández Spínola.

Finalmente, don Javier González Ortiz, señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Gracias, presidente. Señorías.

Brevemente, señor Rodríguez, para intentar confirmar que finalmente se pudo hacer ese debate diferenciado entre unas posturas y otras, para dejar claro algo en lo que creo que usted -espero que no haya sido intencionadamente- ha introducido alguna confusión. Y es irremediable, sí, es irremediable la toma de decisiones; lo que no es irremediable es cómo solucionamos el problema. Espero que en eso sí lleguemos a coincidir. Y el Gobierno ha tomado decisiones, ha tomado decisiones distintas de las que, por ejemplo, ha tomado el Gobierno de España, en cuanto al porcentaje de subida impositiva o al porcentaje de reducción de gastos. Distintas. Luego, sí le pediría, por favor, que centrásemos, digo...; si no discutimos que el ajuste es el que es, entonces discutamos sobre cómo hacemos los ajustes. Y, por tanto, no nos caben más opciones: nos cabe seguir subiendo los impuestos o seguir bajando los gastos, si el resultado final es el que es. Y por eso las palabras de mi compañero, el consejero don Francisco Hernández Spínola, iban en ese sentido, de animar a los grupos a intentar ayudar.

Permítame darle un dato antes de ir finalizando, pedía usted acciones sobre el fraude fiscal. Incluso en comparecencia parlamentaria y yo ahora he vuelto a hacer referencia a eso. Mire, desde hace en torno a un mes, y un plan especial de la inspección fiscal, ya llevamos más de 5.800 visitas, una a una, a actividades económicas para intentar, sobre todo, detectar aquellas que no están dadas de alta en el ámbito tributario. Repito, más de 5.800 a lo largo y ancho de la geografía de Canarias. Esas son las actividades que está llevando a cabo el ámbito del Gobierno de Canarias.

Y estoy de acuerdo con usted en que este Gobierno tiene que liderar. Eso es lo que está haciendo, liderando, tomando medidas duras, medidas que evidentemente generan problemática en el ámbito social, pero intentando llevar a buen término esta comunidad autónoma, con un objetivo fundamental, que es que... Y ahí es donde se produce la diferencia, la diferencia está en que este Gobierno ha decidido salvaguardar la esencia de los servicios públicos esenciales y hay otros que han decidido echar a muchos más funcionarios a la calle. Esas son las diferencias, y sobre eso sí es lo que podemos debatir.

Señor Cabrera, la verdad nos deja atónitos. Mire, haberle oído decir aquí, en esta tribuna, a usted que esa voracidad recaudatoria a la que usted hace referencia del Gobierno de Canarias se corrige, elimina y se logra corregir definitivamente cargándose la televisión y la policía autonómica, es de una falsedad impropia de una persona como usted, que conoce este asunto. Es más, déjeme recordarle una cosa, porque igual no recuerda: el Gobierno de Canarias, en la pasada legislatura, en la defensa y ante el incumplimiento por parte del Estado en el atendimiento de la comunidad autónoma, de quien tenía en aquel momento la responsabilidad, presentó un recurso de inconstitucionalidad a los Presupuestos Generales del Estado del año 2008. Es decir, la diferencia está, señor Cabrera, en que ustedes son capaces de aplaudir con las orejas los castigos hacia la Comunidad Autónoma de Canarias y agachar y ser capaces incluso hasta de defender estos Presupuestos, que están castigando, no al Gobierno de Canarias, no a los grupos que sustentan el Gobierno de Canarias, sino a todos los canarios, sin la capacidad de decirles a la cara que hay otros que están defendiendo determinados intereses.

Y me gustaría, para terminar, preguntar, ya que a usted le gusta referirse a las capacidades y a suplantar por parte del Gobierno de Canarias, por parte del diputado no sé qué, por parte de determinadas personas, la representatividad del Estado, supongo que se referirá usted, que lo hará en el ámbito político, a la solicitud al Estado de la presentación de los recursos de inconstitucionalidad. Si no, estaría usted en su momento cometiendo la misma tropelía, y es arrogarse las capacidades que tiene el Estado, y yo no creo que usted, conocedor enormemente de la Constitución, haga ese tipo de cosas.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero, don Javier González Ortiz.

Fijación de posiciones de grupos. ¿Grupo Parlamentario Socialista Canario? Don Emilio Mayoral.

El señor Mayoral Fernández: Buenas tardes, señorías. Señor presidente.

Subo a esta tribuna en nombre del Grupo Socialista para fijar la posición respecto al proyecto de ley que nos ha traído el Gobierno y también respecto a las dos enmiendas a la totalidad que se han presentado a este proyecto de ley.

En primer lugar, quisiera remontarme a lo que en una intervención similar en el debate presupuestario que tuvo lugar con motivo de los Presupuestos Generales de la Comunidad en el año 2012 dije en esta tribuna respecto a esos Presupuestos; y nosotros decíamos en ese momento que si se introducían limitaciones a los ingresos respecto a los Presupuestos Generales del Estado o bien cambiaban esas modificaciones, para nosotros lo fundamental era mantener los objetivos de las políticas sociales en educación, en sanidad y en política social. Y, por lo tanto, que esa era la línea roja, que preferiríamos siempre subir los impuestos y hacer un esfuerzo fiscal para conseguir mantenerlas que no ir al copago u a otras medidas de reducción de las políticas sociales (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente segundo, Fernández González).

Creo que nos hemos visto en estos momentos, como digo, sujetos a que se han producido esas variaciones. Es evidente. Estamos hablando de 800 millones de euros de desajuste en los Presupuestos y que la comunidad autónoma, que el Gobierno, viene obligado a intentar reequilibrar o a reequilibrar. Es verdad que durante todo este tiempo y a lo largo ya de los últimos años el Gobierno viene tomando una serie de medidas, y todas ellas han girado a lo largo del tiempo alrededor de la reducción de los gastos. Apenas ha tocado, apenas ha tocado, el incremento de los ingresos por la vía de incrementar los impuestos. Sin embargo, en el marco de estos actuales Presupuestos incluso, se han producido importantes reducciones del gasto público y yo creo que es importante que la ciudadanía, que todos sepamos que un Gobierno de esta comunidad no se dedica a despilfarrar los fondos, sino que se adoptan, antes de tomar otras medidas, algunas decisiones importantes en las reducciones del gasto. Por ejemplo, se tomó una serie de medidas, y se han venido tomando, respecto a los arrendamientos de inmuebles, se restringieron las obras de reforma en los mismos, se limitaron las adquisiciones de mobiliario, se dictaron normas de uso de racionalización de la energía, iluminación y climatización. En materia de telecomunicaciones, se restringió el uso de la telefonía, tanto fija como móvil; para reducir el gasto de combustible, también en un 20%, restringiendo el uso de vehículos oficiales; se limitaron en un 50% los gastos de representación y protocolo, los de cursos y conferencias y los gastos de publicidad; se restringieron los gastos de desplazamiento mediante el incremento del uso de videoconferencias. En definitiva, se han aplicado importantes reducciones que han tenido esa repercusión en la reducción del gasto corriente. También se ha venido actuando respecto a diferentes entes integrantes del sector de la Administración, eliminándose una serie de fundaciones, organismos, como pueden ser el de Canarias Congress Bureau de Maspalomas o el de Tenerife, el Conservatorio de Música, etcétera, etcétera. E incluso en el capítulo de personal también este Gobierno redujo los altos cargos, así como también se han aplicado las restricciones que nos venían dadas por las normas referidas a la tasa de reposición de los empleados públicos. Es decir, todo un conjunto y un paquete de medidas que, sin embargo, llegados al día de hoy, todavía no han sido suficientes para acometer un equilibrio presupuestario adecuado.

Todo ello a pesar de haber conseguido los objetivos marcados por el Gobierno de España, como aquí se ha repetido y se ha venido repitiendo en debates anteriores. Y a pesar de ello tenemos este déficit o tenemos este desequilibrio de 800 millones.

Bien. ¿Qué hacer entonces para hacer frente a este brutal recorte que tenemos ahora mismo aquí? Evidentemente significa volver otra vez a tocar o a recortar los gastos o bien a subir los impuestos. Aquí las alternativas se pueden producir de esas dos formas: o bien recortamos gastos o bien incrementamos ingresos o bien hacemos las dos cosas. Esas son las alternativas, pero todos estaremos de acuerdo en que hay una cifra, que son los 800 millones de euros.

¿Qué ha hecho el Gobierno? Entre las distintas alternativas, lo que presenta el Gobierno en este proyecto de ley es algo que entendemos que equilibra los esfuerzos de todos los sectores de la sociedad. Por lo menos eso pretende la ley y eso es lo que se nos plantea en este proyecto. ¿Por qué? Porque de esta forma, mediante la subida de impuestos, evidentemente afecta a los ciudadanos en general, se les suben los impuestos y todos nos vemos afectados por ellos. En unos casos de forma directa, como es en el caso del tramo autonómico del IRPF para las rentas más elevadas; en los conductores de los vehículos, con el impuesto de combustibles, todos nos vemos afectados. Es verdad, vamos a pagar a final de mes, pues, a final de mes, si llenamos el combustible 100 litros, pues, 4 euros más, de lo que significa la repercusión de este impuesto.

Con la subida de los tipos del IGIC, pues, todos nos vemos afectados. Evidentemente las empresas, pero los consumidores, que son los que al final van a pagar, porque por esta medida al final en la cesta de la compra tendremos una repercusión al subir los tipos, sobre todo en los tipos reducidos y el tipo general.

A los usuarios de los teléfonos móviles, pues, también nos afecta a todos los que usamos los teléfonos móviles. Sobre una factura media de 25 euros, pues, tendremos que pagar, más o menos, un 1,70 euros por cada factura de estas.

A las grandes empresas -otro bloque importante que les va a afectar, por eso hablaba antes de equilibrio-, mediante los impuestos medioambientales. Superficies comerciales o bien las empresas de transporte y distribución de la electricidad o bien las empresas de la banca a través del impuesto sobre los depósitos.

En definitiva, señorías, lo que se plantea aquí es un esfuerzo compartido, por una parte, de la Administración pública a través de los propios recortes que hace, y ahí hay un esfuerzo que hay que agradecer a los empleados públicos mediante el recorte de sus retribuciones en un 5% en su retribución anual, que efectivamente, como aquí se ha dicho, representa ese 10% en este semestre; la propia Administración, a través de sus recortes en los organismos y en los entes públicos que se vienen produciendo, como aquí también se ha dicho por parte del consejero, con la eliminación de una cantidad extra sobre lo que antes cité de fundaciones y distintos organismos. Creo recordar en la ley, hasta 11 o 12 van a desaparecer. Por lo tanto, reestructuración de la Administración, con la reorganización que se hace de los servicios, con la movilidad del personal, tratando de racionalizar mejor y cubrir los déficits que vamos a tener de personal, por lo que antes se habló de la no reposición del personal que se jubila. Y, por lo tanto, la propia Administración también de esta forma.

Y no nos olvidemos que esto afecta también, como no podía ser de otra manera, a los propios altos cargos y a todo el personal al servicio de la Administración. Me refiero al personal político e incluyendo a los miembros de este Parlamento, que también colaboraremos, como no puede ser de otra forma, en la reducción de nuestro salario.

Por lo tanto, el efecto al final de esta ley, y ahí es donde están las alternativas, se podría plantear de otra forma. Por ejemplo, no haciendo una disminución de las retribuciones de todo el personal de la comunidad, de los 60.000 funcionarios. Una opción, una alternativa podría ser despedir a 5.000 o a 6.000 y el resto, tan contento. Vale, esa es una alternativa, pero habría que plantearla o alguien tendría que plantearla. Por ejemplo, pues, subiendo, igual, mucho más los impuestos y rebajando un poco menos la bajada de los gastos corrientes o, en este caso, del Capítulo I. O al revés: a alguno le gustaría que igual los funcionarios se quitasen el 20% y, sin embargo, los impuestos se subieran mucho menos.

¿Son alternativas y son decisiones políticas que son, que se pueden adoptar? Por supuesto que sí y para eso estamos aquí, para debatir sobre eso. Lo que creo que es incuestionable es que la cifra de 800 millones tiene que al final cuadrar, y ese es el problema. Nosotros entendemos, como he dicho antes, que está equilibrado y vamos a apoyar, con las enmiendas que hemos presentado, vamos a apoyar ese proyecto de ley y, por lo tanto, la posición del Grupo Socialista, como he dicho antes, será ese apoyo. Y vamos a votar en contra de las dos enmiendas a la totalidad que han presentado, por las razones que ahora intentaré exponer también.

Primero, la enmienda presentada a la totalidad por el Grupo Popular. A mí y creo que a toda esta Cámara y a todos los ciudadanos y a todos los que nos están escuchando les resulta incomprensible esta enmienda, esta enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Popular, y también la ausencia de enmiendas parciales, que tampoco han presentado a este proyecto de ley. Una enmienda a la totalidad que se despacha en medio folio y cuya única ventaja visible, si hay alguna, es que se enmarca dentro de la política de austeridad, en el ahorro de papel de este Parlamento, porque un folio es lo máximo que han gastado. Creemos que, en todo caso, los 21 diputados que forman parte del Grupo Popular deberían haber hecho un mínimo esfuerzo, un mínimo esfuerzo, y haber argumentado, haber argumentado cuál es la enmienda o los argumentos que tienen para presentar esa enmienda a la totalidad. Y después haber planteado también, haber planteado las alternativas, las enmiendas parciales a la ley.

Es muy difícil, muy difícil debatir y argumentar contra algo que no existe, porque, como se ha dicho aquí también a lo largo de la mañana, se ha despachado en ocho líneas y sin saber cuáles son las alternativas que nos propone el Grupo Popular. Sin embargo, está claro que no se puede argumentar, como dice el Grupo Popular, la urgencia en la tramitación de esta ley. Uno de los temas que pone, lo poquito que pone es el tema de la tramitación de la ley y la urgencia. Está claro que nosotros, el Grupo Socialista, el Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Mixto, hemos tenido exactamente el mismo tiempo para trabajar en este proyecto de ley, el mismo. Hemos tenido el mismo; unos hemos hecho el trabajo y otros no. Esa es la realidad. Además, cuando todas estas medidas que traemos en este proyecto de ley, o se traen, son consecuencia de las medidas que impone el Gobierno de la nación, que es precisamente del mismo color político que ustedes, parece que lo más coherente es que ustedes se hubieran esmerado mucho para hacer que se cumplieran las medidas de restricción y dar las alternativas desde su punto de vista a cómo cumplirlas. No se puede, no se puede, señores del Grupo Popular, al mismo tiempo aplaudir las medidas restrictivas que toma el Gobierno de España, porque es de su color político, y aquí rechazar las medidas que nos vemos obligados a tomar por esas mismas restricciones. No se puede.

Supongo que estamos de acuerdo en la cifra de 800 millones de desajuste presupuestario, con las cifras que hay, y aunque ustedes no han sido capaces de exponer en su enmienda las posibles alternativas, me van a permitir que haga un ejercicio y unas hipótesis, por lo que le he oído tanto en la intervención de su portavoz como en otras intervenciones en otros momentos y en otros debates en esta Cámara.

Bien. Como digo, sería lógico debatir sobre esas alternativas que ustedes no han planteado, pero vamos a cuantificar, si les parece -y voy a echarles una mano-, algunas de las cuestiones que ustedes, como digo, han planteado en alguna ocasión. Vienen ustedes planteando como la panacea para la reducción del gasto público el recorte de las consejerías del Gobierno. Es algo que supongo que se les podía haber ocurrido al plantear como alternativa la reducción en el recorte de las consejerías del Gobierno. En muchas ocasiones lo han planteado y han dicho ustedes que podían poner un gobierno de seis consejerías, frente a las ocho actuales. Muy bien, pero -y esa es la pregunta que cada vez que ustedes repiten esto yo me hago, y creo que nos haremos todos-: ¿cuánto creen ustedes que se ahorraría con esta medida? Porque, vamos a ver, tenemos que conseguir 800 millones de euros. Empecemos por esta, que parece ser que es una de sus alternativas, tomemos dos consejerías, por ejemplo la de Educación, Universidades y Sostenibilidad y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, cada una con su estructura: 1 consejero tiene la primera, de Educación, 2 viceconsejeros, 6 direcciones generales, 1 secretaría general técnica, además tiene algunos altos cargos, como el director de la Agencia Canaria de Evaluación, etcétera, etcétera. Bien. Estarán conmigo en que no todos estos cargos podrán desaparecer a la vez. Será que si se unifican en el Gobierno distintas consejerías, algunas direcciones generales, algunas de estas funciones tendrán que ser asumidas aunque estén dentro de otra consejería. Sin embargo, vamos a darles la posibilidad de que ustedes desapareciesen todo, es decir, no hubiera 2 consejeros ni 4 viceconsejeros ni 17 con categoría de director general ni 8 asesores o cargos de confianza. Total: ¿cuánto hemos podido ahorrar si ustedes hubieran planteado esta alternativa?: 2 millones de euros. Muy bien. Ya solo nos quedan por buscar 798 millones, de 800 hemos rebajado 2. Bien.

Últimamente vienen ustedes planteando que se suprima la institución del Diputado del Común. ¿Cuánto piensan ustedes que se podrían ahorrar con esta medida? Segunda pregunta -porque nunca lo dicen y las cosas hay que decirlas-, ¿cuánto cuesta?, para ver si son alternativas. Pues, bueno, si quitamos al Diputado del Común, los 3 adjuntos, los 6 asesores y al jefe del gabinete, porque supongo que a los funcionarios los respetarán, en total, pues, unos 700.000 euros, más los gastos corrientes, 600.000, 1.300.000 anuales. Anuales, anuales, anuales. Ya solo tienen que encontrar -estamos hablando de ahora-, ya solo tienen que encontrar 796 millones, 796.700.000 euros. Hemos conseguido otra gran rebaja.

Otra de las cuestiones que vienen planteando es la supresión de la policía autonómica, hoy lo han planteado aquí. Pero, ¿cuánto nos ahorraríamos con esta medida? El presupuesto total es de 4.244.000 euros, de los que 4.040.000 son gastos de personal. Supongamos que tienen en cuenta, si quieren tenerlo en cuenta, que muchos de ellos son funcionarios y que habría que recolocar en otras funciones dentro de la Administración o supongamos que voluntariamente ustedes consiguen que se vayan todos, que no nos gastemos nada en indemnizaciones, no coloquemos a nadie, todos a la calle. Muy bien, 4 millones que nos quitamos. Ya solo les queda por conseguir 793 millones de euros. No, vamos bien, vamos bien.

Sigamos en sus propuestas: suprimamos la Radiotelevisión Canaria. El presupuesto asciende a 36 millones de euros, hemos rebajado de los 66 millones de hace tres años a 36, pero, bueno, vamos a ver si ahora, en vez de ir poco a poco, la rebajamos de golpe. Claro, supongo que ustedes contarán aquí con alguna indemnización y otras cosas por la extinción de los contratos del personal, pero, bueno, no lo tengamos en cuenta, echemos a todos a la calle, todo el personal y no le damos indemnización ni nada. Restando toda la cantidad completa, ya solo nos quedan por encontrar 757 millones de euros. Vamos bien.

Por último, han venido proponiendo la supresión de 19 empresas públicas, las que tiene el Gobierno. Tengan en cuenta que el coste total previsto en los Presupuestos del 2012 es de 149 millones. Aquí algunas ya están quitadas -estamos hablando de Saturno, la que dije antes de los Congresos de Maspalomas y del Sur en Tenerife- y además está prevista la supresión de algunas más. Al tiempo de todo eso se están acometiendo disminuciones en las retribuciones de las plantillas, es decir, que ya están haciendo algunas cosas. Pero, bueno, ¿qué empresas, aparte de las que están ya en proceso de extinción, proponen quitar? Porque no vale despacharse con "hay que quitar y rebajar no sé cuánto y tal". Segundo, ¿proponen echar a todos los empleados a la calle? -sería la segunda pregunta-, ¿qué hacemos con las funciones que realizan?, ¿trasladamos esos costes a la Administración, a otros departamentos? Porque entonces no habría ahorro. Por ejemplo, ¿suprimirían la empresa Gestión Sanitaria de Canarias?, ¿suprimirían Proexca?, ¿suprimirían Promotur? Digan cuáles y cómo.

El Gobierno del Partido Popular, en su Plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial, a nivel Madrid, incluyó la supresión de 24 sociedades. Está bien: en el conjunto de las administraciones públicas hay 4.023 y en la órbita estatal unas 400. O sea, el Gobierno del PP vende como un éxito extinguir 24 de 400, un 5%. Apliquémoslo a Canarias y, si seguimos su ejemplo, el 5% de 19 es 1, y ya nos hemos cargado 3.

Bien. ¿Cuánto podríamos ahorrar? Aquí, la verdad, se me hace difícil precisar, pero, bueno, imaginemos que son ustedes los campeones de las reducciones y se cargan la mitad; esfumemos entonces unos 60 millones más. Claro, todo ello sin trasladar las funciones a la Administración, porque entonces no habría ahorro, simplemente dejaríamos de prestar servicios. Restando estos 60 millones de euros ya solo nos faltarían 700 millones. Sigamos. No, y aquí acaba su programa porque no les he oído nunca hablar de rebajas de retribuciones a los funcionarios y, por supuesto, ni hablar de la subida de impuestos. ¿Presentarían ustedes un programa así a su compañero, el ministro de Hacienda, del Gobierno de España? Miren, estoy pensando que igual sí: "total, que nos intervengan, al fin y al cabo sería un gobierno del Partido Popular quien nos gobernaría y, evidentemente, tomaría las medidas que el Gobierno de Canarias va a tomar". Por cierto, aprobado por ese Gobierno de Madrid. Pero, claro, entonces ustedes aplaudirían con las orejas porque ya sería distinto, es el PP quien las toma.

Señores del PP, no es serio despachar en medio folio un tema tan importante y que afecta de esta forma a los canarios sin decir nada. De verdad, los ciudadanos no lo van a entender. Recapaciten, hagan números, trabajen un poco. Señor Pérez-Camacho, me quitó mi compañero decirle que yo sé que usted trabaja mucho, es un gran profesional, pero tiene otros 20. A folio por cada uno hubieran sido 20 folios. Tampoco era tanto. De verdad, los ciudadanos no lo van a entender. Trabajen un poco. Seguro que se les puede ocurrir alguna cosa y, si no, ya les he dado yo algunos argumentos para que vayan escribiendo.

Señor del Grupo Mixto, señor portavoz, enmienda del Grupo Mixto. En primer lugar, quiero destacar el trabajo que ha realizado el Grupo Mixto, que con solo tres diputados, 18 menos que el Grupo Popular, ha sido capaz de argumentar su posición tanto en la enmienda a la totalidad como en las enmiendas parciales que ha presentado al texto del proyecto de ley.

Después de hacer algunas consideraciones generales acerca de la urgencia en la tramitación de este proyecto de ley -a nuestro juicio justificada ante la imperiosa necesidad de aplicar la misma el 1 de julio, y de la técnica legislativa, de incluir tantos asuntos distintos en un mismo texto -a nuestro juicio por la misma razón, necesario hacerlo-, dice el Grupo Mixto que este proyecto de ley es una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del 2012 y no le falta algo de razón. Efectivamente, este Presupuesto se va a ver modificado de una forma importante con las medidas contenidas en el proyecto de ley.

Y es verdad que el Grupo Mixto propuso incluir una modificación fiscal en aquellos Presupuestos y manifiesta que el rechazo a esa subida contribuye a agravar la situación que padecemos. Sin embargo, tendrán que convenir conmigo en que si esto se hubiera producido en el Presupuesto anterior, muchos de los ingresos adicionales que se pudieran haber obtenido no estaban pensados para conseguir el equilibrio que ahora se persigue, sino que hubiesen servido -y ahí están las enmiendas presentadas, en aquellos Presupuestos- como, por ejemplo, para cubrir déficits en cultura, en deportes y otros capítulos que sufrieron una importante reducción. Nos lo hubiéramos gastado ahí y hoy nos veríamos con que no tendríamos el colchón para poder cubrir estos 800 millones.

Lo mismo hubiera ocurrido con la prórroga de los Presupuestos, pues si los hubiéramos prorrogado, que es lo que plantea también el Grupo Popular, si esos Presupuestos se hubieran prorrogado, nos hubiéramos estado gastando capítulos que en el año 2011 eran superiores a los del año 2012. Y, por lo tanto, tendríamos todavía, estaríamos en peores condiciones con respecto a la situación actual.

El Grupo Mixto plantea en su enmienda una reflexión general sobre las políticas equivocadas de Europa ahora para afrontar la crisis. Posición que compartimos plenamente, tanto este grupo como a nivel nacional mi partido. Así como también denuncia el sistema de financiación de nuestra comunidad, que coloca a Canarias por debajo de la media estatal de financiación por habitante. También compartido yo creo que por toda la Cámara.

Plantea algunas alternativas, como la de subir el tipo del impuesto de sociedades para empresas cuyos beneficios superan el millón de euros, haciéndose eco de sindicatos, de técnicos del Ministerio de Hacienda. Bien, pero también reconoce, y si no se lo decimos, que es una medida estatal y que, por lo tanto, será competencia del Estado hacerlo. Manifiesta su decidida persecución del fraude fiscal. Yo creo que nadie puede objetar esta cuestión.

Sin embargo, cuando plantea las alternativas al proyecto de ley, no salen las cuentas. Objeta el Grupo Mixto la reducción del 5% de las retribuciones íntegras anuales a los empleados públicos. ¿Cuál sería la alternativa? Porque podría haberla, la dije antes: echar a los funcionarios en el caso contrario. Aunque bien he de reconocer que deja la puerta abierta a esa reducción al decir que debe ir precedida de una ejemplar austeridad en los gastos de los responsables políticos. Ya antes le he citado todo lo que se viene haciendo, porque creo que la gente tiene que conocer que se están aplicando medidas restrictivas a ese tipo de gasto, eliminando esos gastos superfluos que los cita en su enmienda. Dice concretamente: "una ejemplar austeridad en el gasto de los responsables políticos, de la eliminación de gastos superfluos y de la organización eficiente de los recursos". Yo creo, yo creo, que esto lo ha dicho el señor Román, pero no ha sido demasiado consciente, porque la austeridad en el gasto de los responsables políticos -como antes he citado- se viene produciendo y esto es lo que se persigue además con las medidas que ya está tomando el Gobierno y con las que se plantean también en este proyecto, cuando habla de reducción de organismos, cuando habla de reducción de gastos corrientes, cuando habla de ese tipo de cuestiones.

Sería interesante, don Román -que no está aquí-, conocer propuestas concretas, que a buen seguro... -¡ah, perdón!, estaba mirando para abajo (Ante la indicación del señor Rodríguez Rodríguez, que en ese momento ocupa otro escaño.)-, que a buen seguro podrían ser compartidas, pero hay que decir cuáles son. Si no, se traslada la impresión, me refiero a esto de los gastos superfluos y todo lo que dice, diga qué, concrete, porque si no se traslada la impresión de que los gestores públicos son unos derrochadores sin escrúpulos. Lo que me consta es que, por la defensa que hace usted de lo público, no ha caído y no ha sido su intención.

Respecto a las medidas fiscales, realiza una serie de propuestas con la modificación al alza de algunos impuestos, como es el tramo alto en el IRPF, la subida de un 10% en el impuesto de patrimonio, un incremento del 6,5 al 7 en el impuesto de transmisiones patrimoniales... Pero al mismo tiempo pide la supresión del impuesto medioambiental, causado por los grandes establecimientos comerciales, o el mantenimiento de la extinción de los servicios de telecomunicaciones. Y, por último, modifica la estructura impositiva del IGIC, pasando del 5 al 6 y del 9 al 11, dejando igual los tipos reducidos del 2 y el 0. Y respecto a las tasas, pone en duda si la gestión de las mismas compensa el incremento de la recaudación prevista.

Don Román, a pesar del esfuerzo realizado por el Grupo Mixto, que hay que reconocer en su argumentación y en sus alternativas que presenta, y que reproduce en las enmiendas parciales que veremos el próximo lunes y tendremos ocasión de debatir con mayor detalle en su momento, las medidas que usted propone no compensan la reducción de los 800 millones, que son necesarios para equilibrar las cuentas de esta comunidad. ¿Por qué? En primer lugar, usted no ha cuantificado, todas esas medidas no cuantificadas, pero, como antes le dije al Grupo Popular, yo sí. Las he sumado, las he restado y les faltan a ustedes, aunque se acercan, a ellos les faltaban 700 millones, a ustedes solo les faltan 200 millones.

Por todo ello, no podemos aceptar ni votar a favor de ella.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señor diputado.

Por Coalición Canaria, el señor Barragán tiene la palabra.

El señor Barragán Cabrera: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

La verdad es que no estoy contento con el debate que se está produciendo hoy en la mañana: demasiado charrasquillo. Estamos diciendo que es el debate más importante de la historia de este Parlamento en muchísimos años, que es un debate tan importante, al nivel de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, y veo demasiadas sonrisas, demasiada... Como que esto es un debate más del Parlamento y donde todos nos podemos reír, mientras que fuera la gente lo está pasando mal. Y la gente se puede llevar la impresión de que esto es una subida porque el Gobierno quiere subir, porque el Gobierno no tiene otra cosa que hacer, ¿eh?, está aburrido y se le ha ocurrido subir los impuestos y encima perjudicar a los empleados públicos subiéndoles o, mejor dicho, bajándoles sus retribuciones.

Señorías, los que estamos aquí... y los que están fuera seguro que están leyendo y tienen más información cualificada de lo que realmente está pasando. ¿Están las cosas como para reírse?, ¿están las cosas como para plantear que esta ley no es importante en estos momentos para Canarias, señor Miguel Cabrera Pérez-Camacho? Y ahora le daré algunos datos para que reflexione sobre sus palabras, sobre ese recurso de inconstitucionalidad que, en vez de presentárselo a una, se lo va a tener que presentar a 13 comunidades autónomas. Le voy a dar algunos datos en la mañana de hoy o en la tarde de hoy.

Señorías, estamos en un momento crucial. Están reunidos gabinetes de crisis a nivel de Estado, está la Unión Europea expectante a lo que pase el domingo en Grecia para saber si pone un marcha un plan de choque B que pueda corregir de una forma urgente y necesaria el que el euro no se nos vaya de las manos, y nunca mejor dicho, no se nos vaya de las manos. Estamos todos preocupadísimos por cómo van las cosas. Y es verdad que hay un montón de decisiones de Europa que no nos gustan, pero el edificio está ardiendo y no vale discutir ahora, como nos propone don Román Rodríguez, si la manguera debe ser más grande o más pequeña. No, hay que apagar ahora el fuego y ya habrá que discutir después exactamente cómo tiene que seguir apagándose el fuego. Esa es la situación en la que estamos.

Y en esa situación, señorías, el Estado les pide corresponsabilidad a las comunidades autónomas, aprobando una serie de leyes que tienen que cumplir porque las considera básicas. Y además nos exige que el Plan económico y financiero que presentan todas las comunidades autónomas, excepto el País Vasco y Navarra, tenga una serie de condiciones para cumplir ese déficit que nos marca Europa, que le marca a España y España hace que cumplan las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Eso es así. Y, por lo tanto, nosotros nos vamos a ese Plan económico y financiero con una idea: "oye, tenemos estos recortes, si usted quiere que cumplamos el déficit al 1,5%, estas son las condiciones que ponemos sobre la mesa". Junto con otras comunidades. Y yo podría aceptar la crítica del Partido Popular si, efectivamente, alguna de las otras comunidades autónomas estuviera poniendo en práctica -y digo las del PP porque son todas del PP, excepto Cataluña y Andalucía-, si hubiera alguna medida, señor Miguel Cabrera Pérez-Camacho, que usted me dijera: "es que nosotros tenemos una alternativa, le ofrecemos, por ejemplo, lo que está haciendo Castilla-La Mancha o Castilla y León o Valencia". Vamos a verlo. Vamos a ver qué es lo que le dijo el Partido Popular, el resto de las comunidades autónomas, en lo mismo que estamos discutiendo hoy aquí, en ese proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas.

Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, las tengo, tengo tiempo para leerle exactamente qué es lo que están proponiendo. Hay una reducción de efectivos, desde el 2010 al 2011, se han reducido 4.970 personas. Aumento de las ratios de educación, que es una medida que ha puesto el Estado y que la van a seguir repitiendo todas las comunidades autónomas en cuanto a la pública no universitaria, a la Secundaria y al Bachillerato. Ya saben las ratios que están poniendo por aula. Las bajas educativas solo se cubrirán tras tres días lectivos. Esa es una comunidad, ahora veremos el resto.

Eliminación del personal de cupo y zona, fundamentalmente médicos de Atención Primaria, con retribuciones similares al personal estatutario pero con menos jornada efectiva. Eliminación de médicos.

Reducción de la dimensión del parque inmobiliario. Estamos de acuerdo.

Incremento de la aportación de usuarios a la prestación farmacéutica. Sí, cobrarles a las personas el incremento de la aportación del usuario a la prestación farmacéutica.

Ajustes a la actividad subvencionadora, en un máximo del 75%; ajustes en las partidas de becas para libros y comedor, aminorando 26 millones en esa comunidad autónoma.

Y la última que han oído ustedes, después de presentarse el Plan económico-financiero, porque tienen que ajustarse al déficit, que dice una reducción del 3,5% del sueldo -3,3-3,5, ya veremos en lo que queda-, 3,5% del sueldo, más eliminación de la paga extra de diciembre, más los complementos de todo el personal que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias.

Y junto a eso, ajuste de las tarifas del transporte, subiendo los bonos un 8%, el común, un 29%. Cosas que va a necesitar la gente en Madrid, como puede ser el metro. Y esas decisiones se están tomando en estos momentos.

Baleares. Supresión del reconocimiento del derecho a percibir el complemento retributivo de productividad y reducción de servicios extras fuera del horario de la jornada habitual; incremento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos, impuesto especial sobre determinados medios de transporte, Plan extraordinario de lucha contra el fraude... Señorías, cierre del Hospital Juan March y del General en un año.

Estas son las decisiones que se están tomando en España. Esas son las decisiones que sus comunidades autónomas, con el visto bueno del ministerio, están tomando en España. ¿Y a ustedes les asusta que nosotros estemos intentando ajustar esto, cumplir con el PEF para que España pueda cumplir e ir a Europa y decir que todas las comunidades autónomas están cumpliendo? ¿Qué quiere, que la única que no cumpla sea Canarias, y por eso no presentan ni siquiera una alternativa? ¿Hay alguna alternativa en estas 13 que ustedes nos pudieran decir hoy? No, no es enmendable.

Retírenlo. ¿Retirarlo para qué? ¿Pero no ven cómo están las cosas? ¿No ven que el fuego está en la tercera planta y se está acercando a la segunda planta, y ustedes discutiendo con nosotros si son galgos o podencos?

Señoría, así hay muchas comunidades. Y de los impuestos que usted va a recurrir en el Constitucional, porque veo que ha hecho un discurso quizás más como abogado que como diputado en esta Cámara -le deseo mucha suerte en ese trabajo-, impuesto sobre depósito de las entidades de crédito de Extremadura, no solamente lo mantienen sino que van a subirlo un 15%, el tipo de los gravámenes, por ejemplo; se eliminan los tramos de deducción del IRPF, como muchas comunidades autónomas; se restablece temporalmente el impuesto de patrimonio; se actualizan las tasas y precios públicos de la comunidad autónoma en la cantidad que resulte de aplicar un coeficiente exigible según las tarifas que habían ya subido en el 2011; impuesto especial de determinados medios de transporte, sobre los minoristas en los hidrocarburos; congelación de las oposiciones; anulación de los módulos de sustitución; jubilación obligatoria en todos los sitios a 65 años. En todas las comunidades autónomas, no hay ni una que no lo proponga.

Señorías, esto (Mostrando varios documentos a la Cámara.), así La Rioja, así Cantabria, así la Comunidad de Castilla-La Mancha -que no vea los cortes que pega aquí-, Castilla y León, región de Murcia, Galicia -que se lo ha comentado algún consejero-, Aragón, Comunidad Valenciana. Todas esas comunidades tienen propuestas idénticas, parecidas, similares a esta comunidad autónoma, tanto en la política de acciones de nuevos ingresos como en las políticas de ajuste de gastos. Cada una en su dimensión, en lo que propuso al Consejo de Política Fiscal y Financiera y que fueron aceptadas. Esa es la realidad.

La otra realidad se la explicó mi compañero de Parlamento y del Grupo Socialista sobre exactamente en qué consisten las bajadas, porque aquí de lo que se trata es de cuadrar. ¿Usted cree que nosotros estamos contentísimos, que salimos a la calle y decimos, "oye, qué bien, hoy les hemos bajado el sueldo a los funcionarios, hoy me siento realizado"? ¿Usted cree que cuando se está gobernando, alguien que esté gobernando, la idea es tomar este tipo de decisiones? ¿Cree, don Román Rodríguez, que eso es lo que quiere un Gobierno? Porque usted ha dicho: "yo no estoy de acuerdo en que se les bajen los sueldos a los funcionarios, no quiero que se les baje nada, además quiero que se suba, porque ustedes han bajando 2.000 millones durante este tiempo y ustedes están contentos de que eso se baje". No, no estamos contentos. ¿Cómo vamos a estar contentos, qué Gobierno está contento de gastar 2.000 millones de euros menos? ¿Pero es que estamos locos aquí, con lo que estamos diciendo, o qué? ¡Claro que no estamos contentos! Somos los primeros que no estamos contentos, lo que pasa es que el discurso de oposición y de Gobierno es muy distinto, porque cuando uno está gobernando tiene que tomar decisiones, y no solamente leer mucho y hacer el discurso, hay que tomar decisiones. Hay que firmar los decretos, hay que traer las leyes aquí y tomar decisiones, y eso cuesta. ¿Usted cree...?

Estaba haciendo referencia: "yo sé que a muchos diputados no les gustaría aprobar eso". Yo estuve discutiendo todo el fin de semana con el Gobierno a ver si le podía arrancar alguna cosa. No hace falta que señale a ninguno, yo mismo, discutiéndole impuesto por impuesto, tasa por tasa, por qué es eso, por qué esto es así, de tal forma de tener la garantía suficiente de que cuando me subiera aquí arriba, sabía lo que estaba defendiendo. Y sé lo que estoy defendiendo, no hay otra hora.

Y lo saco ahora, don Román Rodríguez, con el otro discurso: es que hay otra forma de hacer las cosas. Sí, hay otra forma de hacer las cosas, pero la pregunta es, ¿nosotros no llevamos intentando tiempo, cuando estábamos discutiendo con el PSOE en Madrid, que había que invertir y, por lo tanto, justificábamos que los convenios de obras eran importantes? ¿No discutimos que, por ejemplo, una medida como son las bonificaciones era lo que podía inyectar economía, podía traer turismo y podía crear empleo? ¡Claro que estamos en esa línea! Estamos en esa línea y todo lo que hemos podido hacer en esa línea que competa a una comunidad autónoma o a este grupo parlamentario en Madrid, don Román Rodríguez, sabe usted que lo estamos haciendo. Lo que pasa es que hay otro discurso y otro sitio donde se toman las decisiones donde nosotros podemos contribuir como una voz más. Una voz aquí, una voz allí y miles y miles de voces hacer llegar la voz a Europa, y creo que se está consiguiendo: el cambio de Francia, vamos a ver lo que pasa hoy en Grecia, ya hemos oído hasta al ministro Montoro hablar de que lo de Hollande no es mala idea. Es decir, ya están cambiando las tornas. Merkel habló ayer de los eurobonos, que se negaba como gato panza arriba hasta el otro día. Estamos intentando, con esas pequeñas voces en los medios de comunicación, cada uno en su lugar, estamos consiguiendo que cambie la conciencia de que hay otra forma de hacer las cosas y que es posible hacer las cosas de distinta manera. Pero mientras eso no va cambiando en esos escenarios, nosotros tenemos que cumplir la ley, tenemos que estar aquí y resolver los problemas.

Porque yo lo que no puedo hacer, señor Miguel Cabrera Pérez-Camacho ni don Román Rodríguez, es decirles a los funcionarios: "es que yo estoy en contra de estas cosas": "no, no, no me cuente historias, págueme la nómina a final de mes"; "mira, que no tengo dinero, pero tú sabes que estoy aquí, en Europa, defendiendo las cosas": ¡que me pagues la nómina!, ¿qué me estás contando?, ¡que me pagues la nómina, que yo he trabajado!". ¿Y cómo lo hacemos, si no ajustamos esto para poderles pagar la nómina? ¿Cómo lo hacemos?

Señorías, la situación, insisto, es lo suficientemente grave como para que este debate, con los aciertos y los errores que puede tener una tramitación de esta envergadura en este tiempo... Que nosotros también la hemos criticado, nos gustaría haber tenido más tiempo, más sosiego para mirar la ley. Nosotros mismos, fíjese, pero hay que trabajarla, don Miguel Cabrera Pérez-Camacho. Nosotros mismos hemos presentado enmiendas que hemos retirado o vamos a retirar de forma in voce en la comisión, porque le hemos dado una vuelta, porque hay que trabajarlo. Pero el 1 de julio tiene que haber seguridad jurídica para todos de que el Gobierno va a cumplir con el Plan económico y financiero.

Además hay determinadas cosas que me gustaría comentarle, don Miguel Cabrera Pérez-Camacho, porque... ¿Quieren cambiar el sistema de financiación? Tienen mayoría, mayoría en el 50% que corresponde al Gobierno, y tienen todas las comunidades autónomas que están dispuestas a cambiarlo más Canarias. Llévenlo, estamos de acuerdo, llévenlo ahora; llévenlo el mes que viene. Empecemos a hablar del cambio del sistema de la financiación autonómica. Lo necesitamos y resulta que tenemos la mayoría para ello.

Pero sobre la subida de impuestos me gustaría que me pudiera reflexionar sobre dos cosas. Cuando subió el IVA el PSOE lo criticaron a muerte. ¿Cierto? ¡Iba a hundir a España, la economía y el consumo! Una pregunta -por si yo he estado despistado y no leo tanto como don Román Rodríguez-: ¿se ha retirado ese IVA? Es decir, ¿el Gobierno tomó alguna decisión, ha tomado alguna decisión de que como eso, argumentándolo en el discurso que tenían antes, era perjudicial para España, se ha retirado? ¿Se ha rebajado el IVA, en el porcentaje que lo subió el Partido Socialista? ¿Se subió el IRPF? ¿Se va a subir el IVA de nuevo, como está en la hoja de ruta europea, para el resto del territorio? ¿Se van a subir otros impuestos, como está en esa hoja de ruta del territorio? Sí, y cuando eso ocurra, ¿qué justificación va a haber?: ¿la culpa es de Zapatero? Señorías, llevan gobernando bastante tiempo, han tomado más de 19 decisiones, todas por real decreto-ley y 3 de ellas las han llevado al Parlamento de la nación, al Congreso de los Diputados.

Señorías, tienen todos los mecanismos. Se decía que con simplemente el cambio en España iba a haber confianza. ¿Confianza, señorías? Yo les apoyo en todo lo que pueda haber de confianza y de esperanza para España, pero lo cierto es que no están consiguiendo ustedes eso. Por lo tanto, ¿la culpa era del color de la tarjeta, si eran rojos como los socialistas o azules como ustedes, o porque había un ataque a España? ¿Hay o no hay un ataque a España independientemente del que gobierne? Y eso todavía no lo quieren entender. Ni quieren ayuda porque quieren seguir tomando las decisiones solos y tampoco colaboran en los parlamentos donde ustedes están en la Oposición, para contribuir a la confianza y a la estabilidad de España. Porque lo que estamos haciendo nosotros aquí, si pudiera haber un atisbo de hacerlo de forma distinta, no lo haríamos, pero sabemos que incumplir los déficits con el Estado también perjudica al Estado y perjudica a la imagen de España. ¿O no es verdad? O cuando nosotros estuviéramos aquí y nos pasáramos 5 décimas, 1 punto, del déficit, ¿no vendrían ustedes corriendo, diciendo "cómo se les ha ocurrido"? No, estamos intentando hacerlo y después de descubrir lo que pasó en Madrid, que subió el déficit, nosotros somos ahora la segunda comunidad y vamos a ver si ahora, en el ajuste final, cuando lo sepamos, no somos la primera comunidad de todas de cumplimiento del déficit. Ahora somos la segunda, después de la caída de Madrid.

Por eso me preocupa muchísimo, porque se va a repetir en otros debates, en el Presupuesto también hicieron lo mismo, presentaron una enmienda a la totalidad y no presentaron ni una enmienda parcial, y después se ponen a quejarse de por qué no están los dineros. ¡Pero si no lo hicieron, no lo trabajaron! Y eso es difícil de hacer -tranquilícense, estoy tomando resuello, que estoy ensayando el discurso para otras ocasiones-.

Vamos a ver, antes hizo la reflexión don Emilio Mayoral de los números para poder aprobar una enmienda. Es decir, todo el mundo entiende a estas alturas que hay que cuadrar 800 millones. Si hay que cuadrar 800 millones, hay una parte que hemos decidido subirlos por la vía de los impuestos, por los ajustes que hemos metido en las enmiendas, y otra por el ajuste de gastos. Esa es la cuenta que hay que hacer. No nos vale ningún otro discurso que no sea calcular esos 800 millones. E insisto, mi compañero Emilio Mayoral ha hecho un esfuerzo de coger las enmiendas que se han presentado o lo que usted ha dicho aquí hoy en tribuna de lo que se cargaría y que con eso resolvería el problema, y le hemos demostrado que no. Ahora, fuera de las chanzas, ¿no?, simplemente con los números: ¡no cuadran los números! Y yo no me puedo presentar al señor Montoro, en este caso el consejero de Hacienda, diciéndole, "mira, he hecho lo que me dijo el PP en Canarias, que me cargara la policía y que con esto te valía a ti, ahí lo tienes". No, no es posible hacer eso. Es lo que ha dicho el señor Miguel Cabrera Pérez-Camacho: "usted se carga esas dos cosas y le cuadran las cuentas" (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor presidente). Hay que subir los impuestos, como los van a subir ustedes, señorías.

Y, por lo tanto, lo que les pido es responsabilidad, responsabilidad a partir de ahora. Esa responsabilidad de Estado cuando ustedes dicen "ustedes lo que tienen que hacer es apoyar al Gobierno del Estado": ¿y por qué no tenían ese mismo criterio sabiendo que estaban las cosas mal con el Gobierno socialista, si lo que estaba mal era el Estado? Y además tienen el ejemplo ahora, tienen el ejemplo ahora, señorías: el país se gobierna por mayoría absoluta por el PP y siguen atacando a España. No tenía nada que ver con quién era el nombre y los apellidos. ¿O usted cree que hay algún comentario mejor que los que decía Zapatero de estos días a Rajoy? ¿Creen que hay algún comentario mejor?, ¿de verdad lo creen? ¿Creen que efectivamente hay una buena impresión de los gobernantes españoles? Yo creo que no. No nos llevemos a engaño.

Insisto en esa reflexión y termino. Sí, sí... (Comentarios en la sala.) No sé cómo tienen ustedes siempre la suerte de que cada vez que gobiernan, el gobierno anterior era peor. ¡Ustedes nunca han dejado a España en ninguna situación complicada! (Prosiguen los comentarios.) Sí, sí; sí, sí. Yo les recomiendo entonces que estudien... ¿En la época del señor Aznar, del primer Gobierno, no hubo crisis? ¡Es que tienen una memoria que se les...! Vamos, la amnesia de la memoria es increíble, ¿eh? ¿Vale? ¿En el primer Gobierno de Aznar, que no tenía mayoría absoluta, no hubo problemas de crisis, no se ajustaron, no se tomaron decisiones, no se colaboró con el resto de las fuerzas políticas en el Congreso para tomar decisiones? Oye, ¡pero es que están mal!, ¿eh? Es que si ya niegan eso, están mal, están mal, están mal. Lo siento, están mal. Están mal porque es muy importante, es muy importante reconocer la poca historia reciente de España, es decir, los aciertos y los errores, y no los veo en esa situación.

Además, insisto, me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo la actitud de algunos de ustedes. Yo vi el otro día al ministro, cuando estaba pidiendo confianza, que la estaba pidiendo de verdad, que no venía altanero como algunos de ustedes han estado hoy aquí diciendo "España va bien y son ustedes los que quieren perjudicar a los canarios con sus subidas de impuestos, con sus subidas de tal". Yo vi el otro día al ministro y lo vi preocupado, lo vi realmente como que tenía información, manejaba información de que las cosas están difíciles, y me creía que efectivamente cuando estaba pidiendo confianza no la estaba pidiendo el PP, estaba hablando como un estadista, como un hombre de Estado.

Señorías, las decisiones que se están tomando en Canarias, también para salvar muchas cosas. Han estado hace poco en el Gobierno. Muchos de los recortes que ustedes han planteado aquí los estuvimos discutiendo también aquí, don Miguel. Usted sabe perfectamente que discutimos algún presupuesto, ¿eh?, y sabe también de los ajustes que tuvimos que hacer, y no nos gustaba hacerlos, pero había que adoptar las medidas si queríamos llegar a ese cumplimiento del 1,5, y en aquella ocasión era el PSOE el que no nos hacía caso.

Apelo a la responsabilidad, señorías, de haber estado en el Gobierno hace poco, de haber contribuido con una parte de las decisiones que tomamos conjuntamente a esos ajustes. Que, como decía don Román, nadie está orgulloso de los ajustes, pero había que hacerlos para cuadrar los números de la comunidad autónoma. Que estamos orgullosos también, durante el tiempo de esa crisis, de haber decidido que una parte de las bonificaciones fiscales, de los impuestos, estuviera en manos de las personas, pero la situación ha cambiado lo suficiente, señorías, y ustedes conocen, algunos de ustedes, más allá de la demagogia de presentar el discurso partidariamente, saben cómo están las cosas, y apelo, sinceramente, a esa responsabilidad.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don José Miguel Barragán.

Bueno, concluido el debate del proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales y de las enmiendas a la totalidad, lo que procede votar hoy son las enmiendas a la totalidad, enmiendas de devolución, que se votarán una por una y por el orden que se presentaron.

Entonces vamos a comenzar las votaciones y la primera es la enmienda del Grupo Parlamentario Popular al proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales. Enmienda a la totalidad, se vota la enmienda a la totalidad, insisto. Comienza la votación (Pausa).

Resultado de la votación: 57 presentes; 20 a favor, 34 en contra y 3 abstenciones.

Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Popular al proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales.

Siguiente votación: enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Mixto al proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales. Comienza la votación (Pausa).

Resultado de la votación: 57 presentes; 3 a favor, 53 en contra y 1 abstención.

Queda rechazada la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Mixto al proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales.

En consecuencia, señorías, queda admitido a trámite y continúa el procedimiento en ponencia y comisión del proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales.

Muchísimas gracias. Buenas tardes.

Se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las catorce horas y veintinueve minutos.)

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  • 8L/PL-0005 Sobre De medidas administrativas y fiscales.


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