Diario de Sesiones 45/2012, de fecha 26/6/2012
Punto 11

· 8L/C-0416 Comparecencia del Gobierno -consejera de Sanidad-, instada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre las prestaciones que se dispensan ambulatoriamente.

El señor presidente: Entonces comparecencia de la señora consejera de Sanidad, instada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.

Sí, doña María del Mar.

La señora Julios Reyes: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera.

Como ya hemos discutido y debatido en esta Cámara en alguna otra ocasión, el Real Decreto-Ley 16/2012 introduce grandes cambios en el Sistema Nacional de Salud, supuestamente con el objetivo de ahorrar unos 7.000 millones de euros en todo el sistema. Además de lo que ya hemos valorado en esta Cámara de que se acaba con el principio de universalidad, se vuelve al del aseguramiento, se aumenta el copago en farmacia y se introduce el copago en otras prestaciones que hasta ahora no tenían el copago. Concretamente -y este es el objeto de esta comparecencia-, el capítulo II de este real decreto-ley, que habla de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, que hasta ahora hemos tenido una cartera común, pero en este real decreto se modifica la Ley de Cohesión y Calidad, del 2003, concretamente el artículo 8 de dicha ley, y la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud se divide en tres modalidades: una cartera básica de servicios asistenciales, una cartera común suplementaria y una cartera común de servicios accesorios. Especifica muy claro y textualmente el nuevo artículo 8-bis que solo la cartera común básica de servicios asistenciales va a ser cubierta de forma completa por financiación pública. La cartera común suplementaria, que es el objeto de esta comparecencia, del Sistema Nacional de Salud incluye prestaciones -dice textualmente- "cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria y está sujeta a la aportación del usuario", es decir, el copago. Dentro de estas prestaciones, están el transporte sanitario no urgente, la farmacia -de la cual acabamos de hablar-, los dietoterápicos y la ortoprótesis.

Nos preocupa, señorías -y por eso es la comparecencia-, pues, por ejemplo, en el transporte sanitario no urgente, que forma parte de esta cartera suplementaria y a la que se le va a introducir el copago, se introduce, pues, todo aquello que está sujeto a una prescripción por parte del facultativo, que por razones clínicas, pues, requiere que el paciente sea trasladado al centro asistencial. Bien. Aquí introduce el real decreto que el usuario tendrá que pagar una aportación de acuerdo con lo que también se determine en la prestación farmacéutica. Mañana hay un Consejo Interterritorial, no sé si este tema se va a tratar, pero esto es un profundo cambio: antes no se cobraba, ahora se va a cobrar. ¿Qué es lo que se va a cobrar?, ¿cuánto se va a cobrar?, ¿quién lo va a tener que pagar? ¿Se va a distinguir...? Yo le pediría que trasladara al ministerio que además de la renta tenga en cuenta el problema de salud del ciudadano, porque precisamente van a ser los pacientes crónicos los que tienen que pagar más las medicinas, los que tienen que pagar el transporte, los que tienen que pagar la ortoprótesis... Sobre los mismos ciudadanos, van a ser los que tienen sobre todo más edad y más patología crónica los que más tienen que pagar.

Además también en este sentido es muy importante que aclaremos la importancia que tiene el transporte para Canarias. Lo hemos dicho en este Parlamento, lo hemos dicho en los medios de comunicación, se ha dicho por el Grupo Nacionalista en el Congreso y en el Senado: para Canarias el transporte sanitario no urgente es vital. Es el transporte no solo dentro de una isla sino de una isla a otra, que se producen transportes programados por un medio no convencional, como puede ser el avión o como puede ser el helicóptero. Y además muchísimos pacientes también se trasladan entre las islas por el medio, digamos, del avión regular, por así decir, para poder tener acceso a la prestación asistencial programada y ordinaria. Por eso nos preocupa mucho qué conceptos se van a aplicar en este sentido, qué novedades hay al respecto. Señora consejera, ¿se va a tratar algo en este sentido en el Consejo Interterritorial?

Y desde luego, lo hablaremos en la segunda parte pero yo le pediría, señora consejera, que traslade las especificidades. Primero, lo injusto de esta medida y, en segundo lugar, las especificidades de Canarias en temas como este. También el tema de la ortoprótesis y de la dietoterapia es importante, pero específicamente lo que es más singular de Canarias con respecto a otras comunidades autónomas, como es lógico, es el tema del transporte sanitario.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña María del Mar.

Señora consejera de Sanidad, doña Brígida Mendoza, su turno.

La señora consejera de Sanidad (Mendoza Betancor): Señor presidente. Señorías. Señora diputada.

A todos nos consta que el Real Decreto-Ley 16/2012 es de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional. En su capítulo II, sobre cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, modifica el artículo 8 de la Ley 16/2003, creando dentro de dicha cartera las tres modalidades que usted acaba de mencionar: la cartera básica de servicios asistenciales, una cartera común suplementaria y una cartera común de servicios accesorios.

La cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud incluirá prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria y que está sujeta a aportación al usuario, cosa que cambia completamente del modelo que teníamos hasta ahora. El transporte sanitario no urgente forma parte de dicha cartera suplementaria, estando dicho transporte sujeto a prescripción facultativa por razones clínicas y con un nivel de aportación al usuario acorde al determinado para la prescripción farmacéutica.

La disposición adicional segunda del mismo real decreto-ley establece que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad deberá elaborar, en el plazo de seis meses, a contar desde su entrada en vigor, una orden ministerial recogiendo los acuerdos del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre el transporte sanitario no urgente. Conforme a ello, el ministerio ha constituido recientemente un grupo de trabajo sobre el transporte sanitario no urgente en el seno de la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación. En este grupo participan representantes de las distintas comunidades autónomas, así como el propio ministerio y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

El trabajo de este grupo se realizará en dos etapas. En primer lugar se ocupará de definir el transporte sanitario no urgente y los criterios de su utilización. En este aspecto no existe actualmente un criterio uniforme para las distintas comunidades y es lo que se tratará de consolidar. Esta etapa dará lugar a una orden ministerial, al parecer, en noviembre del 2012. En una fase posterior, el trabajo se va a centrar en regular la aportación del usuario posterior, y ya estábamos hablando de noviembre.

Frente al transporte sanitario no urgente, al que he aludido anteriormente, están también los productos dietoterápicos y las prótesis, y en todos los casos pagará más el que más enfermo está.

Señorías, quisiera también aprovechar para decir que en el pasado año se ha realizado en nuestra comunidad autónoma -y lo digo también por lo que usted ha comentado, de nuestra especificidad de insularidad- un total de 1.024.266 servicios de transporte sanitario no urgente. De ellos, 556.222 en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y 468.044 en Santa Cruz de Tenerife. Entre estos servicios se incluyen los traslados a distintos tratamientos prolongados -oncológicos, rehabilitación, diálisis, entre otros- y traslados a consultas, pruebas diagnósticas, curas, altas hospitalarias, traslados intercentros y también traslados entre islas.

Existen distintas modalidades en el transporte sanitario no urgente dependiendo del estado del paciente. Desde aquellos que se trasladan en un recurso de tipo colectivo hasta los que por su condición física requieren el uso de camilla. Aproximadamente esto significa entre un 9 y un 10% de los usuarios de transporte sanitario no urgente. Un 9-10% en nuestra comunidad necesitan trasladarse solos y en camilla.

En este escenario, según establece el real decreto, la aportación del usuario será proporcional al nivel de la renta, que se actualizará, como máximo, anualmente. Se establecen así cuatro porcentajes distintos de aportación, de 60, 50, 40 y 10% del precio que salga finalmente, que cuesta el transporte sanitario no urgente. Que todavía no se encuentra calculado y que, como decía, forma parte de la segunda parte del trabajo.

Quedan aún por definir los costes, y en este coste hay que tener en cuenta que está el servicio, el recurso y las directrices para implementar el modo en que se aplicará la facturación al usuario. Todo ello se acometerá, como he comentado, en esa segunda fase, que creo que no llegará a tiempo para el año 2012.

Aún el ministerio no ha publicado los costes, que posiblemente serán públicos en julio, al parecer, ni los criterios a tener en cuenta para su determinación. Se deberán contemplar costes directos e indirectos, contratos con las empresas prestatarias, así como la gestión que se realiza desde la mesa del transporte sanitario no urgente.

Por todo ello, a fecha de hoy, Gestión Sanitaria de Canarias, empresa pública del Gobierno de Canarias, de la que depende el transporte sanitario no urgente, tiene cuantificado el volumen de servicios anuales, clasificados por tipos de recursos y por causa médica que genera la solicitud de transporte. Es decir, nuestra documentación está preparada. Gestión Sanitaria de Canarias tiene la estructura informática necesaria para, en base a lo que diga el ministerio, aplicar la facturación y deberá contar, eso sí, con una conexión web con la tarjeta sanitaria, a la vez que tener instalado un aplicativo en la mesa de transporte, tanto en Atención Primaria como en hospitales, para el envío de solicitudes de transporte sanitario no urgente vía web. Y todo esto no es gratis.

Por otro lado, farmacia. El Real Decreto-Ley 16/2012 obliga a que los pensionistas, con la excepción de las pensiones no contributivas -y esto supone un 17% del total-, abonen a partir del 1 de julio, dentro de unos días, el 10% del precio de los medicamentos que retiren de las farmacias. Los que ganen más de 100.000 euros deberán pagar el 60. Los activos pagarán según renta, 40, 50 o 60% del precio de los medicamentos. Y a esto hay que añadir otros copagos a los que deberán hacer frente, como el transporte sanitario o los productos dietoterápicos o las ortoprótesis.

Todos estos copagos pretenden, según el ministerio, tener, como dice la ministra, un efecto disuasorio. Nos preocupa ese efecto disuasorio que pueda tener consecuencias en nuestros enfermos en la Comunidad Autónoma de Canarias y que serían perniciosas para la salud de estos pacientes, que ya está perjudicada, y que probablemente daría lugar a nuevas hospitalizaciones, abandono de la medicación y abandono de transportes.

El Gobierno de Canarias se ha manifestado siempre contrario a penalizar a los pacientes -se ha dicho en esta sede parlamentaria y se ha dicho en todos los medios- con un copago, ya que esto rompe las bases de solidaridad que sostienen el Sistema Nacional de Salud. En especial cuando no son los pacientes los que deciden qué medicación deben tomar; son los facultativos, son los médicos, los que prescriben, y el Gobierno de Canarias no quiere disuadir a ningún paciente de tomar su medicación.

Desde la Consejería de Sanidad estamos tomando medidas para minimizar los efectos perjudiciales de este real decreto-ley. Así, estamos llevando a cabo una campaña informativa sobre la importancia de cumplir el tratamiento de forma adecuada y que comuniquen a su médico cualquier dificultad para adquirir algún medicamento o cualquier duda que puedan tener para darles alguna alternativa.

Se están llevando a cabo también publicaciones acerca del real decreto-ley y la utilización en la parte de fármacos a través de los boletines farmacoterapéuticos, Infarma.

Y, finalmente, como decía en la pregunta anterior, estamos trabajando contrarreloj para el día 1 de julio con unos datos remitidos el 19 de junio.

Canarias, a diferencia de otras comunidades, tiene, afortunadamente, extendida la receta electrónica continua en Atención Primaria y que conlleva la interconexión entre las consultas médicas y todas las farmacias entre sí, y que calcula perfectamente los tiempos de dispensación de los fármacos. Gracias a este sistema, hemos sido capaces de ahorrar en el 2010 un 5,82%; en el 2011, un 9,11%, y un 8,64 en los cinco primeros meses de este año. Y esta medida se llevó al Consejo Interterritorial. Pero hay algo mucho más importante, y es también la insularidad. Y en este contexto también...

Y, bueno, y por último -que el tiempo se me acaba-, no quiero dejar de hacer mención a la ortoprótesis. Se define dentro de la cartera como suplementaria, para lo que se elaborará un catálogo nuevo de prestaciones con copago, en los mismos rangos porcentuales que la farmacia, pero para un precio máximo de financiación que aún está por determinar, que aún no se ha trabajado y para el que se cuenta con un plazo también de seis meses a partir de la publicación del real decreto.

Y una vez más, repito, llega tarde, porque llegará a finales de año. Este real decreto tenía otra finalidad y si el efecto es disuasorio, solamente se pondrá en marcha el copago.

Una vez más quiero dejar claro que desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias no se quiere castigar a los enfermos. No queremos que se disuada y no queremos que se penalice aún más a los enfermos con una ortoprótesis que tienen que pagar, que tienen que pagar su silla, parte de su silla, que tienen que pagar parte de bastones, parte de las prótesis que tengan que utilizar -y de eso tenemos muchos pacientes en nuestra comunidad- y que tendrán que pagar la farmacia y también el transporte.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Brígida Mendoza, señora consejera de Sanidad.

Para los grupos parlamentarios no solicitantes de la comparecencia. Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente, señorías.

Volver a reiterar nuestra posición. Nosotros somos contrarios a este real decreto-ley, porque no pretende reformar ni hacer sostenible la sanidad; pretende recortar gasto público de la peor manera posible, recortando prestaciones básicas, sin discriminar a los ciudadanos, a los usuarios. Por lo tanto, negamos, como hemos hecho aquí en otras ocasiones, la mayor: no estamos de acuerdo en este real decreto-ley que lo que pretende es recortar 7.000 millones de gasto sanitario en un país que gasta menos en relación a su riqueza que los países del entorno y que tiene uno de los sistemas sanitarios más eficientes del mundo, aunque, como todo, sea mejorable.

No me voy a remitir al conjunto de los copagos sino al del transporte, porque me parece que expresa una enorme gravedad. He escuchado el otro día en una radio a un alcalde, de no sé qué pueblo, de no sé qué provincia, refiriéndose al transporte sanitario de Canarias. A este había que darle un paseo por aquí, no, a este le tendría que pasar algo un día en una isla menor y que fuera nadando a Tenerife o a Gran Canaria para que comprendiera lo que significa vivir en un archipiélago como el nuestro. El transporte sanitario es un tema vital, fundamental.

Por supuesto, el urgente, no hay duda, porque ni siquiera participan, ni por activa ni por pasiva, como ciudadanos. En el transporte no urgente, dice la consejera que hay más de un millón de movimientos en Canarias. Y los va a seguir habiendo, porque la inmensa mayoría de la gente que utiliza el transporte sanitario lo hace por prescripción facultativa, por indicación médica, ¡por necesidad! Y aquí se incorpora un copago que no se sabe cómo se va a comportar. Le pongo el ejemplo que conozco bien, el de mi pueblo, La Aldea de San Nicolás -por cierto, se me olvidó decirle al presidente que mañana a la ministra no se olvidara de contarle lo de la carretera de La Aldea-. Hay seis enfermos de diálisis, que tres veces en semana transitan esa dichosa carretera en ida y vuelta, de forma indefinida, hasta que consigan, los que puedan, un trasplante renal. Si viajaran todos juntos, cosa que no es posible, porque las ambulancias son compartidas, yo he hecho un cálculo, que a cada enfermo, en una hipótesis media, le podía costar al mes en torno a mil euros el transporte sanitario. Mil euros haciendo una hipótesis media, de viajar como mínimo tres enfermos cada vez que se muevan en cualquiera de las direcciones.

Es inaceptable que esto no se aclare y desde luego será inaceptable que no se exceptúen transportes como este o transportes entre las islas, porque la gente viene de las islas menos pobladas a las más pobladas de forma programada e inevitable y es más barato, más eficiente que lo hagan así que cualquier otra formulación. Esto está hecho para recortar, pero está hecho por los mesetarios, por los que no entienden nada de esta tierra, por los que no han sufrido nunca lo que significa vivir en un territorio como este, alejado, fragmentado y donde las cosas son más difíciles y más complejas.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Jesús Morera. Tres minutos.

El señor Morera Molina: Buenos días, señorías.

Pues tenemos una nueva oportunidad para hablar del Real Decreto-Ley 16/2012. Un real decreto-ley que, lejos de hacer honor a su título, garantizar la sostenibilidad del sistema, lo que hace es desprestigiarlo y declararlo insostenible. El sistema no está peor que hace diez años; simplemente ahora, en un entorno de crisis, percibimos de mayor tamaño los mismos problemas de antaño: una inadecuada gestión y una insuficiente financiación. Y si alguien replica que la financiación ha sido acorde a nuestro nivel de riqueza, ya le respondo que la financiación se hace o se debe hacer acorde a las prioridades políticas, pero, en cualquier caso, ello no implica un problema de sostenibilidad. Se hace sostenible lo que se quiere sostener, y hay quien no quiere sostener el Sistema Nacional de Salud.

Las medidas que se plantean en este real decreto-ley no ayudan a solucionar los problemas del sistema, tan solo inician su desmontaje. Se cambia el modelo desde el trabajado y modélico patrón de asistencia universal al mezquino de asistencia al asegurado; se deja sin cobertura sanitaria a los mayores de 26 años que no hayan cotizado previamente; se excluye a los inmigrantes no regularizados, con las excepciones conocidas. Y digo yo si se han dado cuenta del problema de salud pública que se puede crear con este colectivo, porque, señora consejera, ¿vamos a dejar de tratar a los inmigrantes irregulares que viven entre nosotros y padecen tuberculosis? ¿Vamos a dejar de asistir sanitariamente a las prostitutas por no estar aseguradas? ¿Nos damos cuenta del problema de salud pública que podemos generar?

Respecto a la cartera de servicios y una vez que se considera el transporte sanitario no urgente dentro de la cartera suplementaria y, por tanto, de pago, quería hacer especial parada en el agravio que el real decreto-ley establece entre los ciudadanos de Ceuta o Melilla, que sí pueden acogerse al Fondo de Garantía Asistencial para sus traslados, para ser atendidos en Málaga o Sevilla, y los ciudadanos de islas no capitalinas, que no se pueden acoger a este fondo para sus traslados a Gran Canaria o a Tenerife. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos ciudadanos?

Le pedimos, señora consejera, cuatro cosas. Primero, que en el Consejo Interterritorial de mañana deje claro el desacuerdo de esta comunidad con este real decreto-ley y que no digan que hay consenso entre todas las comunidades autónomas como han dicho previamente. Segundo, que al igual que en Andalucía no sea necesario cobrar sobre los límites marcados por la ley, de tal manera que el sistema informático detecte el límite a partir del cual el usuario no paga y así no se requieran devoluciones. También le pedimos que se den facilidades a los profesionales sanitarios que van a solicitar por objeción de conciencia no dejar de atender enfermos por no ser asegurados. Finalmente, le solicitamos que pida explicaciones al ministerio sobre el agravio que significa el artículo 3 del real decreto, en el que se aborda el nuevo Fondo de Garantía Asistencial y que demuestra el desconocimiento de una realidad social y geográfica como la doble insularidad.

Gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Jesús Morera.

Por el Gru po Parlamentario Popular, doña Mercedes Roldós Caballero.

La señora Roldós Caballero: Sí, muchas gracias, señor presidente.

La verdad, señorías, es que este Gobierno de Canarias, esta consejera, desde el minuto uno en que se promulgó este real decreto se declaró en insumisión hasta que se dio cuenta de que la normativa básica del Estado es de obligado cumplimiento. Pero, miren, este real decreto, que es de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad, para que la asistencia sanitaria siga siendo gratuita, se debe a que nos hemos encontrado con un agujero sanitario de 16.000 millones de euros, 16.000 millones de euros que hacen inviable el Sistema Nacional de Salud. Y se hace una reforma, una modificación, unas medidas, que son más justas porque protegen a los desfavorecidos: ¿o es que esta consejera pretende que 100.000 familias canarias que ya no tienen derecho a la prestación por desempleo, que tendrían que pagar el 40% de los medicamentos, los sigan pagando? ¿O no es más razonable, más justo y más solidario que aquellos pensionistas con rentas más altas contribuyan también al sostenimiento del sistema sanitario? ¿O es que alguien que cobra 100.000 euros al año, aunque sea pensionista, no debe contribuir más?

Por lo tanto, señorías, la verdad es que a uno le sorprende, le sorprende que alguien como la señora Julios, que debería conocer, conocer, cuál es la legislación vigente en nuestro país, diga barbaridades como que se acaba con la universalidad. Todo lo contrario, señora Julios: entre usted en la página web del Servicio Canario de la Salud y verá que es la Seguridad Social quien reconoce el derecho y que es el Sistema Nacional de Salud quien garantiza la asistencia. Mire, eso no ha cambiado desde el año 94 a través de un real decreto del texto refundido de la Ley de Seguridad Social, que le recomiendo a la señora consejera vaya leyendo la legislación vigente en este país.

Y, miren, no se ponga la tirita antes que la herida, usted lo ha dicho, se tendrá que aprobar por orden ministerial, previo acuerdo del Consejo Interterritorial, la nueva cartera de servicios suplementaria y a propuesta de la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación.

Mire, quien llega tarde, señora consejera, es usted, que no paga la prestación ortoprotésica a las ortopedias de Canarias. Quien llega tarde es usted, señora consejera, que todavía el mes de abril, de la factura farmacéutica de 764 oficinas de farmacia, todavía no lo ha pagado. Póngase a hacer sus deberes y no se ponga tiritas antes que la herida. Estudie más, trabaje más, en lo que tiene que hacer, porque nos veremos los ciudadanos de Canarias sin derecho al acceso a los medicamentos a partir del mes de agosto, porque se le acaba su crédito, el que usted aprobó, señora consejera.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Mercedes Roldós.

Para concluir la comparecencia, por parte del grupo solicitante doña María del Mar Julios Reyes, Grupo Nacionalista.

La señora Julios Reyes: Muchas gracias, señor presidente. Señorías.

Desde luego que este real decreto que estamos discutiendo y que hemos discutido en otras ocasiones en esta Cámara, si tiene razón de ser, la única razón de ser que tiene no es precisamente la de la cohesión ni la de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Yo no voy a hablar de barbaridades. Intento ser respetuosa y me parece que todos los que estamos aquí y hemos hecho uso de esta tribuna sabemos lo que decimos. Otra cosa es la forma de cómo lo decimos, que podemos estar en desacuerdo o no, pero no creo que por ello haga falta faltar al respeto.

Miren, señorías, yo creo que este real decreto-ley se hace precisamente fruto de la improvisación en la que este Gobierno del Partido Popular nos está llevando. Fíjense que se hace a la semana de haber presentado los Presupuestos Generales del Estado y el propio Gobierno del Partido Popular presenta una autoenmienda en donde pretende, con este real decreto-ley, nada más y nada menos que ahorrar unos 7.000 millones de euros. Eso sí que me parece una barbaridad, eso sí que me parece una barbaridad.

Y desde luego el que se acaba con el principio de universalidad, simplemente hay que leer el decreto y ver que la palabra "universalidad" que venía en la Ley de Cohesión y Calidad ya no está y se habla de "aseguramiento".

En segundo lugar, señoría, yo creo que en lo que estamos es frente o enfrentándonos a una contrarreforma del Sistema Nacional de Salud, que está queriendo entrar por debajo de la puerta. Y, miren, en estos momentos, pues, resulta que se anunciaba que iba a generar un ahorro de unos 7.000 millones y, por lo que nos ha dicho, señora consejera, está por ver ese ahorro dónde se va a producir, porque evidentemente la única medida que se va a hacer en este año parece ser que es la del copago farmacéutico. ¿El resto de las medidas para cuándo?, ¿dónde va a estar el ahorro? ¿Dónde está la coherencia del Partido Popular? ¿Qué va a pasar a final de año?, ¿nos va a pedir ese dinero a las comunidades autónomas? ¿Eso es lo que va a ocurrir, señoría? Eso es lo que me pregunto yo. ¡O qué casualidad las medidas que está tomando ese Gobierno balear, que no le da para pagar a las farmacias desde hace ya mucho tiempo! Gobierno del Popular, que lleva sin pagar a los farmacéuticos desde hace mucho tiempo. ¿Dónde está la coherencia, señoría, que ese Gobierno, por ejemplo, del Partido Popular en Baleares, lo mismo que en otros lugares, lo que está haciendo es incentivar fiscalmente para que la gente compre seguros privados? ¿No estamos enfrentándonos a una contrarreforma del Sistema Nacional de Salud? ¿Es casualidad que aparezca que las empresas del ramo -me refiero a las aseguradoras- precisamente, en el primer trimestre de este año -en el primer trimestre de este año-, sus beneficios han aumentado en un 2,4% con relación al primer trimestre del año pasado? ¿Es curioso esto? ¿Es casualidad?

Desde luego, señora consejera, yo espero que, como se ha dicho... Yo también escuché, señor Román -creo que fue a la misma persona, creo que era un cargo político del Partido Popular de una comunidad autónoma-, hablar despectivamente de las particularidades de Canarias. Yo espero que en este sentido...; si fuese por la sensibilidad del Partido Popular, podrían cometer barbaridades con lo que son los derechos de los canarios. Eso sí que puede ser una barbaridad y espero que el Gobierno de Canarias esté luchando en ese Consejo Interterritorial, primero para trasladar lo que la mayoría de este Parlamento ha dicho, que está en contra de este real decreto; y en segundo lugar, a que se ejerzan los derechos de los canarios. Ese Fondo de Garantía tiene que contemplar el coste del transporte sanitario en Canarias. Nunca ninguna financiación sanitaria ha contemplado en stricto sensu lo que es el sobrecoste de la insularidad. Ahora, en estos momentos de dificultad, y de dificultad financiera para todo el sistema, con más razón cuando se habla de un fondo de garantía, se debería revisar para tener en cuenta los sobrecostes que implica para esta comunidad autónoma el prestar el derecho a la asistencia en todas las islas de nuestra comunidad.

Señoría, en relación a las farmacias, me preocupa muchísimo, porque yo coincido con lo que está planteando la comunidad andaluza, y creo que la valenciana también: ¡oiga, estamos en contra! La valenciana está a favor del decreto, pero la andaluza y la canaria están en contra del decreto. Pero además, si se ha de aplicar, por lo menos que ya que la farmacia tiene el conocimiento de cuándo una persona ha superado la tasa a la cual se le va a recuperar después o se le va a exigir o se le va a dar el reintegro, no añadamos más burocracia al sistema, no pongamos más burocracia al sistema, que la farmacia deje de cobrar al ciudadano que ya se ha pasado de su tope. Eso sería lo razonable. Porque yo me pregunto: ¿por qué insiste el ministerio en que sean las comunidades autónomas las que después tengan que reintegrar el dinero adelantado por los ciudadanos? ¿Cuánto nos van a costar esas transacciones hechas a los bancos, señorías? Imagínense si es cambio este que hasta hace poco le pedíamos al ciudadano, en su historia clínica valorábamos los datos sociales y económicos con un sentido exclusivamente asistencial y sanitario y ahora el médico no solo tiene que pedir la tarjeta sanitaria sino también la cuenta bancaria, para después en función de eso ver qué medicamento le receta o no, porque habrá quienes no tengan dinero. Y en función de eso además tener en la historia clínica la cuenta del banco para después reingresarles el dinero. Eso puede ser una barbaridad, pero no porque lo diga yo, es porque así es como está insistiendo el ministerio en aplicarlo.

Señoría, lo que sí me parece una barbaridad, por cierto, son las declaraciones que he escuchado a la ministra cuando dice que va a quitar medicamentos de afecciones leves. Esto va a generar un sobrecoste en la farmacia, porque si quitamos los medicamentos más baratos, para atender a los ciudadanos habrá que utilizar los más caros. Pero es que la alternativa que pone la ministra es, "pues, habrá que quitarlos porque para tratar afecciones leves habrá que indicar algunas cosas naturales". Esto yo creo que verdaderamente... No me parece serio que la alternativa a los ciudadanos es que tomen hierbas naturales para las afecciones porque se le van a quitar los medicamentos más baratos al sistema. Señorías, por favor, eso no me parece serio.

Señorías, me preocupa muchísimo en este sentido qué va a pasar con los pacientes crónicos. Coincido, señora consejera, con que no se debe impedir que el medicamento o que el usuario tome el... Yo no quiero que se disuada a la persona que está enferma de que tome la medicina; lo que hay es que controlar para que no haya un gasto innecesario, por un lado, y, por otro lado, para que no se medicalice lo que no se tiene que medicalizar. Pero no se puede disuadir al paciente que está enfermo de que tome la medicina, porque al final, aparte de todo, además de que es injusto y no es ético, va a salir más caro.

Con relación al transporte -ya lo hemos comentado-, creo que aquí tenemos que exigir que se trate de forma singular a Canarias en lo que es el transporte sanitario. Porque además del 1.024.000 transportes sanitarios no urgentes que se hacen a través de Gestión Sanitaria, insisto, a diario, cuando vamos a los aeropuertos, vemos a personas a las que también el sistema sanitario público canario les está pagando el transporte en vuelos regulares para poder recibir una asistencia sanitaria. Tenemos derecho, por cohesión y por equidad, a que el Sistema Nacional de Salud nos pague parte de ese sobrecoste a esta comunidad autónoma. Creo que es un sobrecoste de nuestra insularidad.

Señora consejera, ¿cuál es la hoja de ruta -pregúntele a la ministra-, cuál es la hoja de ruta?, ¿cuáles son las previsiones de ahorro? Hay que hablarles a los ciudadanos con claridad y con transparencia. ¿De dónde van a salir los 7.000 millones que dice que va a ahorrar el sistema con estas medidas, las cuales no se van a poner en marcha en este año? ¿De dónde van a salir esos 7.000 millones? Creo que es importante que se le traslade al ciudadano una información clara, una información certera. Hasta hace poco hemos escuchado decir al presidente del Gobierno de España, al señor Rajoy, que no iban a subir el IVA, hoy escuchamos noticias diciendo que ya se está empezando a valorar, vamos, de una forma bastante cercana, la posibilidad de que suban el IVA nuevamente; eso en estos momentos genera un desconcierto tremendo para los ciudadanos. Y con el sector sanitario igual. Es importante que se aclare cuál es la hoja de ruta, si se van a seguir quitando derechos a los ciudadanos en este sentido.

Me preocupa también, señoría, qué va a pasar con la farmacia hospitalaria que se dispensa ambulatoriamente. La ministra, a estas preguntas, en el Congreso ha dicho que esa farmacia no va a tener copago, pero desde luego a mí me gustaría verlo expresado claramente en alguna norma, porque, como digo, es precisamente a través de la farmacia hospitalaria ambulatoria que se están suministrando muchísimos productos, oncológicos, para el tratamiento del sida, etcétera, etcétera, que, como saben ustedes, se hace de forma ambulatoria.

Y en este sentido, pues, desde luego que coincido con la reflexión de que, en este sentido, este real decreto no es un real decreto solo para ahorrar; es...

El señor presidente: Muchas gracias, doña María del Mar Julios.

Señora consejera de Sanidad, doña Brígida Mendoza.

La señora consejera de Sanidad (Mendoza Betancor): Señor presidente. Señorías.

Quiero someter de nuevo a su consideración que desde que se publicó el Real Decreto-Ley 16/2012 la sanidad, tal y como la conocíamos, ya no existe y ha sido modificada. Y ello porque lo que es indiscutible es que tras el día 24 de abril la sanidad, de la que todos estábamos tan orgullosos, no solo por su calidad, que la mantiene, sino por tener a gala la equidad, la universalidad y la gratuidad, sufrió un cambio importante, con la finalidad teórica -y digo teórica- de un supuesto -y digo supuesto- ahorro de 7.000 millones de euros, consecuencia de la aplicación de este repetido y tan traído y llevado real decreto-ley, que curiosamente, tanto en su tramitación como en su publicación, no siguió los cauces reglamentarios, los cauces habituales, omitiéndole incluso el debate en el Consejo Interterritorial y su preceptivo pase como un punto más de orden del día de la comisión delegada, que suele ser antes del mismo, y es obligado que todos los puntos pasen por ella. Por no decir la larguísima lista de correcciones de errores que precisó, lo que quizás demuestre premura e improvisación en su redacción.

Este real decreto-ley supone cambios y modificación en una gran cantidad de aspectos que, dada su relevancia, provocan importantes repercusiones. No en vano se habla de una reforma en profundidad, más que de algunos cambios someros. Estas repercusiones no solo se van a notar en el aspecto económico, al parecer, el copago, en los tres aspectos que hoy se plantean en esta comparecencia, sino que podrá tener repercusiones en el acceso a las prestaciones. Y, por otra parte, no se puede olvidar que persigue ese efecto disuasorio del que habla la señora ministra, y que así lo dice en todos los foros, tanto en Senado como en consejo, como en los distintos medios de comunicación y en el Consejo Interterritorial. Pero también quiero recordar que en algún momento, en esta sede parlamentaria, en una comparecencia anterior con este real decreto, por parte de esta Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias también se habló de que podría ser, de alguna manera, no un carácter disuasorio, sino recaudatorio a interés cero.

No se puede perder de vista que este real decreto parece castigar a los enfermos, sobre todo a los pacientes crónicos, a los pacientes que, por supuesto y a su pesar, dependen de un transporte para una diálisis, de un transporte para poder realizar una rehabilitación que en algunos casos es prolongada y que gran parte de ellos se ven agravados por la necesidad de utilizar distintas prestaciones con copago al mismo tiempo.

Y, por otra parte, Canarias, la insularidad nos define y nos da una particularidad muy importante, y por supuesto que se le hará llegar a la señora ministra en el Consejo Interterritorial, y se le ha hecho llegar ya en alegaciones a este real decreto tras su publicación. Y por supuesto el ministerio debería ser sensible y tener claro y un especial cuidado con esta comunidad autónoma, porque, claro, nos tienen olvidados y, como decía algún alto cargo del Partido Popular, estamos saliendo muy caros al Gobierno, y eso lo dijo en unas declaraciones no hace tanto tiempo. Salimos muy caros, pero creo que nos lo merecemos. Estamos alejados, tenemos una doble insularidad y los ciudadanos y ciudadanas canarias se merecen que nos tengan en cuenta y que no se olviden y nos dejen aquí abajo, porque siguen pintándonos en el lateral.

Por otra parte, transporte programado en ambulancia. No, no solo en ambulancia, aquí necesitamos aviones, necesitamos barcos y vamos por las tres vías: por carreteras, buenas o malas... Señor diputado, tiene usted razón, habría que dar una vuelta a La Aldea para ver cuánto sufre un paciente que viene a una rehabilitación después de una prótesis o el que viene a diálisis tres o cuatro veces por semana. Claro que habría que hacerlo y seguro que poniéndonos en su lugar entenderíamos cuando hablamos de "no al copago" en este tipo de cosas.

Pero los fármacos, con su copago; la prestación ortoprotésica, con copago; las prótesis, las sillas, los bastones, todo con copago. Y ahora las pensiones con todo esto se ven diezmadas. Déjenme ponerles un ejemplo: un paciente diabético de larga evolución, con muchas complicaciones, entre ellas las vasculares; ese señor que un día, como muchos de los que tenemos por ahí, ha necesitado una amputación. De esos tenemos muchos en nuestras islas. Y hacemos medidas de prevención, que algunos critican por ello, para que no aparezcan más. Y ese señor va a necesitar seguir con el tratamiento porque es diabético y seguramente algunas cosas más, y ustedes lo saben. Son médicos, algunos de esta sala, y saben las complicaciones. Va a necesitar la medicación, necesitará las consultas médicas, necesitará la prótesis, necesitará el transporte, porque hay que rehabilitarlo, y además necesitará una silla, porque tendrá que moverse. Y necesitará acostumbrarse a la prótesis, porque tendrá que caminar, o eso es lo que pretendemos.

Señores, disculpen, yo no estoy de acuerdo con el copago como consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, no estoy de acuerdo con nada de esto, y además muchas de las comunidades que se callan están en contra. Y es que además muchas de esas comunidades ya estaban antes, y a las que además en la exposición de motivos de este real decreto-ley, en el que, por otra parte, se trata de responsabilizar la gestión de las comunidades autónomas, de una mala gestión de las comunidades, y de que hayamos llegado a tener ese déficit y esa insostenibilidad del sistema, señorías, la gran mayoría estaban ya gobernadas por el Partido Popular, ahora en el Gobierno de España. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué agujeros hablamos? ¿De deudas heredadas?: ¡heredadas de autonomías dirigidas por el Partido Popular!, y que está ahora en el Gobierno del Estado, y que ahora están en el Gobierno del Estado.

Señor presidente... (Rumores en la sala.)

El señor presidente: Señorías, sí, por favor.

Siga, señora consejera, siga, sí.

La señora consejera de Sanidad (Mendoza Betancor): Señoras y señores diputados, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias no quiere, bajo ningún concepto, disuadir a los pacientes del cumplimiento del tratamiento, de ir a rehabilitaciones y en absoluto quiere dejar a nadie en el camino, venga de donde venga, tenga que volar o en barco, y si así lo precisa. Y desde luego no quiere que empeoren su estado. Por todo ello, por supuesto que trasladaremos todo ello a la ministra.

Y sí es de obligado cumplimiento, aunque como consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias me haya mostrado siempre, y seguiré haciéndolo, en contra del copago. Lo hice, lo haré y lo continuaré haciendo, y se lo trasladaré, de igual manera que lo hice en el Consejo Interterritorial, de nuevo a la señora ministra en el Consejo Interterritorial de mañana.

Por otra parte, curiosamente se pretende conseguir un ahorro del gasto sanitario muy importante con estas medidas que se pondrán en marcha. ¿Pero qué medidas se van a poner en marcha?: el copago dentro de unos pocos días, el copago farmacéutico, el otro, el transporte, tiene un plazo de seis meses y precisa de una orden ministerial. Y se ha creado un grupo de trabajo, con dos fases: la prestación ortoprotésica cuenta con un plazo de seis meses, según el real decreto, todos ustedes lo han leído, para la publicación del Real Decreto para regular la cartera suplementaria de prestación ortoprotésica de los importes máximos de financiación, con un esquema similar a la prestación farmacéutica, pero con diferente límite, que probablemente se fije después de terminado el catálogo. Actualmente los pacientes pueden tener desde una aportación nula, la mayoría de ellos, en prótesis externas y en sillas de ruedas a una aportación de entre 12 y 36 euros, pero a partir de la publicación de este real decreto, que esperaremos unos cuantos meses, que regule esta prestación, pasará a un copago en todos los casos.

En resumen, la medida que se pone en marcha de forma rápida, tanto es así que se está llevando a cabo un trabajo contrarreloj y se inicia en menos de una semana, es la única de este real decreto que tendrá alguna repercusión disuasoria -con comillas- en el año 2012, porque el resto probablemente será a finales del 2012, seguramente en el ejercicio 2013. El resto de las medidas dependen, como ustedes saben -ya han leído el real decreto- de distintos grupos de trabajo.

Y volviendo al título del Real Decreto-Ley, de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, y a la exposición de motivos, vuelvo a repetir, se culpaba a las comunidades autónomas porque eran las responsables por su gestión de la situación que encontraron a la llegada y resulta que la mayor parte de ellas estaban gestionadas por el Partido Popular. No importa, estamos donde estamos, y desde luego lo único que ha hecho el Gobierno del Estado es justificar por ese motivo la gestión que actualmente está realizando: unos 7.000 millones de euros que quiere recaudar y que sabe, seguro, seguro que lo sabe, que no va a conseguir. Pero lo que sí está claro es que se castiga al enfermo por la condición de serlo, y eso sí queda claro en el real decreto. Se rompe la equidad, la universalidad y la gratuidad de nuestro servicio de salud, de ese que ha sido valorado de forma internacional como uno de los primeros en todos sus aspectos. Pero este real decreto, de obligado cumplimiento, cambia de forma profunda muchos aspectos importantes.

Y no, como ha dicho la señora ministra, no deberían cambiarse algunos fármacos por alguna cosa natural, entre comillas.

Y esta consejera de Sanidad...

El señor presidente: Sí, un minuto para ir terminando, sí.

La señora consejera de Sanidad (Mendoza Betancor): ...siendo insumisa, si así se le quiere llamar, si así se llama defender los intereses de los canarios y canarias, de todos los canarios y canarias, y por la insularidad.

Y eso lo trasladaremos mañana al Consejo Interterritorial, señorías, tal como ustedes lo han pedido.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señora consejera de Sanidad.

Señorías, esta tarde continuamos la sesión con el turno de preguntas. Insisto, la 452, que es la primera que se ve. A las cuatro y media, cuatro treinta.

(Se suspende la sesión a las catorce horas y veintiséis minutos.)

(Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y seis minutos.)

El señor presidente: Buenas tardes, señorías.

Continuamos la sesión.

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  • 8L/C-0416 Sobre -Consejera de Sanidad-, sobre las prestaciones que se dispensan ambulatoriamente.