Diario de Sesiones 48/2012, de fecha 11/9/2012
Punto 27

· 8L/C-0450 Comparecencia del Gobierno -consejero de Economía, Hacienda y Seguridad-, instada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre consecuencias en los objetivos de déficit, deuda y política de gasto de la entrada en vigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Pasamos a la siguiente comparecencia: del Gobierno -consejero de Economía, Hacienda y Seguridad-, instada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre consecuencias en los objetivos de déficit, deuda y políticas de gasto de la entrada en vigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Para la primera intervención, por tiempo de cinco minutos don Román Rodríguez, tiene usted la palabra.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor consejero, señorías.

Pretendo con esta comparecencia al menos dos cosas: primero, que hagamos un esfuerzo para compartir los antecedentes que nos han llevado hasta aquí y luego intentar ver las consecuencias que estas tensiones tienen sobre nuestra vida, sobre lo cotidiano.

En septiembre del 2011 se toma en las Cortes Generales una decisión que marca el futuro del sector público y su papel en el desarrollo de la convivencia y de la economía, que es la modificación del artículo 135 de la Constitución española. Este hecho, legal pero a hurtadillas, sin debate, sin opinión ciudadana, establece un nuevo precepto, una norma de rango constitucional, referido a un tema tan básico y tan variable como la economía. Se consagran conceptos impuestos por la coyuntura, por una visión de la economía, en el texto constitucional y se eleva a rango constitucional el déficit, la deuda y -escuchen- la preferencia de pago de intereses y deuda pública sobre elementos básicos de la Constitución española como es el Estado social y de derecho y la preeminencia de los derechos básicos de la población.

Este hecho, decisivo y determinante, hay que acompañarlo con los acuerdos de estabilidad y el último, el Tratado de Estabilidad -porque miren las palabrejas-, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, del 2 de marzo de 2012. Estos dos elementos, decisiones políticas orientadas sobre visiones ideológicas conservadoras -esa es mi visión-, modificación de la Constitución y este tratado del 2 de marzo de 2012, llevan al Gobierno de España a aprobar una ley que lo cambia todo. Quien no haya tenido la oportunidad de estudiarla, yo creo que hay que hacer el esfuerzo: la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. ¡Un auténtico estado de excepción!, un auténtico estado de excepción orientado sobre la base de los intereses de la minoría, sobre una visión de la crisis interesada y fracasada. Una ley que establece un control en relación al déficit, a la deuda y a la prioridad de pagos que deja al poder político sin margen para intervenir.

En el 2020 el déficit estructural será 0%. Cargarse todas las teorías económicas que han posibilitado a lo largo de la historia que los gobiernos intervengan razonablemente en la economía, especialmente en los periodos de recesión. Establece un nivel de endeudamiento del 60% del PIB, que luego distribuye el Gobierno español como se le antoja, también el déficit.

Sinceramente, creo que esa ley marca un antes y un después en el papel del sector público y condicionará absolutamente, o limitará de forma absoluta, el poder político para ayudar a salir de la crisis y para mejorar las condiciones de los ciudadanos.

Pero además da poderes totales a la Administración General del Estado para intervenir en el poder local y en el poder territorial de las comunidades autónomas. No solamente introduce este valor como central de la actividad, consagra la idea de que esto nos lleva al crecimiento y al bienestar, aunque los datos lo desmientan un día y otro, sino que además da un poder ilimitado a los poderes centrales del Estado, convirtiendo, de facto, por la vía del control del déficit, la deuda y la prioridad de pago, a un Estado evidentemente centralista, interviniendo en el funcionamiento de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales.

Por eso, señor consejero, y dejo el resto de las argumentaciones para después, yo quiero -porque yo razonablemente sé lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, algunas de las cosas las he ido diciendo desde esta tribuna- que les diga usted a los ciudadanos de Canarias qué nos va a pasar cuando se aplique esta ley a rajatabla, que ya se está aplicando. Del déficit del 6,3 en el año en curso, la Administración central del Estado se queda con 4,5 puntos, con un importante colchón, cuando solo depende de ellos el 20% del gasto; las comunidades autónomas, con el 37% del gasto, el 1,5; y las corporaciones locales, que tienen el 12,8% del gasto, con el 3... ¡Ah!, el 0,3, perdón. El año próximo, de manera unilateral, el Gobierno español, del 4,5 posible se queda, pues, les deja 0,7 a las comunidades autónomas, cero a los ayuntamientos, con 3,8.

La deuda, la deuda es un escándalo, porque hasta ahora no se establecía un techo de deuda distribuido. Se establece una deuda media de las comunidades autónomas y el Gobierno español la distribuye, y a quien más deuda tiene más le permiten endeudarse y a quien menos tiene, menos le permiten endeudarse. Esta comunidad autónoma el próximo año podrá llegar al 12,1% de su PIB en deuda y la comunidad catalana, que tiene un desequilibrio extraordinario en déficit y en deuda, hasta el 23,6; y la Comunidad Valenciana, que tiene otros líos importantes, el 23%. Se distribuye la deuda y el déficit de forma intencionada, política.

Y, por lo tanto, nos gustaría a mi grupo que nos dijera las consecuencias de esto. Este año, con el cierre de los mercados financieros y el dichoso fondo de liquidez, que están por precisar sus consecuencias, qué posibilidades tenemos de resolver los problemas de suficiencia de tesorería con o sin este asunto. Y sobre todo el próximo año, porque quizás hay otra novedad, y es que el techo de gasto se impone también ahora a todo el mundo, a todas las estructuras. Y el próximo año vamos a tener, creo que son, 5.769 millones de techo de gasto, a los que hay que... Si lo comparamos con el presupuesto inicial, que ya no existe porque hubo aquí una ley que rebajó, hizo recortes y aumentó impuestos, y con la reducción del déficit, vamos a tener el próximo año un presupuesto de guerra. Yo quiero que el consejero nos cuente las consecuencias...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado. Tiene usted una segunda oportunidad y un segundo turno, y además hemos sido flexibles en el primero.

Vamos a hacer un pequeño receso de dos minutos por necesidades ineludibles.

(Se interrumpe la sesión a las diecinueve horas y treinta y cinco minutos.)

(Se reanuda la sesión a las diecinueve horas y treinta y siete minutos.)

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Reanudamos la sesión.

Señor consejero, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

Señorías, señorías, ruego tomen asiento en los escaños, por favor.

Señor consejero.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Gracias, señor presidente. Buenas tardes.

El Gobierno de Canarias está comprometido con el control del gasto público y con el cumplimiento del objetivo de déficit. Esa es la primera consideración a subrayar, con el fin de que nadie pueda tener la más mínima duda, que ningún grupo parlamentario de esta Cámara pueda tener la más mínima duda sobre este principio general. También es verdad que no tenemos otro remedio.

Ahora bien, partiendo de esta premisa incuestionable, la aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y la imposición de decisiones estatales sobre gastos, déficit y deuda se derivan consecuencias de gran calado para Canarias. Y no son precisamente unas consecuencias procedentes de aplicar principios como la equidad o la proporcionalidad entre el Estado y las comunidades autónomas o entre las autonomías entre sí; más bien al contrario: esta ley y los acuerdos impuestos derivados de la misma normalizan y consolidan amplias desigualdades territoriales e institucionales con las que este Gobierno no puede estar de acuerdo. Es una norma que básicamente pretende lo que se conoce como "socializar las pérdidas"; es decir, repartamos las responsabilidades entre todos por igual sin distinguir quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal. O lo que es lo mismo: vayamos a un reparto injusto y arbitrario de límites de déficit y de deuda en nombre de la estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad del ámbito público. Repito, vayamos a un reparto injusto y arbitrario.

Este Gobierno, por tanto, muestra su más absoluto rechazo ante este principio. Las decisiones del Estado, amparadas por esta ley orgánica, ni tienen en cuenta los grandes esfuerzos realizados por comunidades autónomas cumplidoras como la canaria ni tampoco sus mejores indicadores como resultado de lo anterior. Fruto de ese esfuerzo que han realizado, el control del gasto público, nos situamos en Canarias entre las comunidades autónomas con menos déficit, de las menor endeudadas de España y con una solvencia ante los mercados acreditada por la misma calificación de deuda que tiene el Estado español, la misma calificación de deuda que tiene el Estado español, según hacen las agencias de calificación. Sin embargo, la consecuencia de esta política de café para todos practicada por el Estado está situando en la desigualdad a los ciudadanos canarios frente a otros.

Y, sí, además se añade un reparto desequilibrado de los recursos para sufragar los servicios públicos esenciales procedente -lo que ya hemos hablado mil veces- del sistema de financiación estatal. Estamos, por tanto, ante un escenario que sí, señor Rodríguez, esta vez don Jorge, debemos y necesitamos reprobar. Una situación financiera que se complementa con el incumplimiento de las inversiones a las que el Gobierno de España, todos los gobiernos de España, está obligado por una ley estatal del REF, en una comunidad autónoma con los altos índices de desempleo.

Por lo tanto, en este marco, y en relación a los objetivos de déficit exigidos, resulta del todo incompren­sible que el Estado fije idénticos términos para todas las comunidades autónomas, en lugar de considerar las diferencias de sus indicadores y sobre todo sus necesidades. Sí, señorías, se ha fijado el mismo objetivo de estabilidad para todos, independientemente de sus necesidades o de si han cumplido anteriormente o no.

Pero más sorprendente aún que esa decisión impuesta, a la que nos hemos negado, y no por confrontar con el Gobierno central sino simplemente por defender los intereses de los canarios, digo, pero más sorprendente es el reparto realizado entre el Estado y las autonomías. Como bien dijo el señor Rodríguez, si observamos el reparto del gasto entre las comunidades autónomas y el que hace el Estado español, es absolutamente incomprensible el reparto impuesto por el Gobierno central en la distribución del objetivo de estabilidad que tiene el conjunto de las administraciones públicas de España. No podemos entender que el Estado se reserve el 4,5% del Producto Interior Bruto y las comunidades autónomas quedemos restringidas al 1,5%. No es entendible. Es más, no es entendible que, incrementándose el objetivo de estabilidad por parte de la Unión Europea para el Estado español, esa mayor capacidad no la reparta entre el conjunto de las administraciones. Y a lo mejor no a las comunidades autónomas sino a lo mejor hasta la Administración local. No, no, se la queda el Estado, cuando el reparto es desigual.

Miren, por tanto, no se entiende esa decisión tomada unilateralmente por el Gobierno central. Será, quizás, para mantener una injustificada y sobredimensionada estructura de su Administración. Porque aquí se habla mucho de las necesidades de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, para ajustar, ¿y dónde está el ajuste necesario en la Administración central del Estado? Yo todavía no lo he visto.

Y, miren, esa decisión unilateral para el año próximo, para el año 2013, del objetivo de estabilidad que estaba pactado, por el cual habíamos hecho todas las comunidades autónomas nuestros planes de estabilidad, de forma unilateral el Gobierno central comunica a la Unión Europea en su programa de estabilidad una disminución, que no se les siquiera informa a las comunidades autónomas. Por lo tanto, alteramos los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, engañó a la propia Comisión Europea, porque los planes de estabilidad, el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera fijaba un objetivo de estabilidad distinto del que España comunicó para las comunidades autónomas a la Comisión Europea. De esta forma, por tanto, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas nos impuso, el pasado mes de julio, un nuevo objetivo de estabilidad, cifrado para la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2013 en un 0,7%, en lugar del 1,1 que teníamos previsto. Claro, después nos dicen, "no, no, no, no, si lo que hemos hecho es aumentarle del 0,5 al 0,7". ¿Pero cómo que aumentarle del 0,5 al 0,7? Aquí hemos aprobado los programas de estabilidad, ustedes los han aprobado con un objetivo de estabilidad de las comunidades autónomas del 1,1 y lo que han hecho es un recorte unilateral cuando se le ha dado más capacidad al Estado. Es decir, no solo se han quedado con toda la capacidad añadida sino encima se la han recortado a las comunidades autónomas. De verdad, absolutamente incomprensible. Después dicen que no entienden por qué tomamos decisiones de esa forma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Por lo tanto, esta reducción complicará, señor Rodríguez, aún más la situación presupuestaria de Canarias después de tener que ajustar los 800 millones que tuvimos que ajustar en el Presupuesto inicial del 2012 en función de las decisiones del ámbito del Estado.

Es decir, para todas las comunidades autónomas el mismo objetivo de déficit, independientemente de sus circunstancias de partida. Ahora, pero para fijar el objetivo de deuda no, ahí sí tenemos en cuenta cuáles son las condiciones de partida. Pero, oiga, ¿cuál es la explicación? Es decir, ¿pero no hemos quedado que a aquellas comunidades autónomas que tengan un mayor nivel de déficit restrínjales usted para que vayan ajustándose para llegar al final a la banda a la que queremos llegar todos, para que al final todas las administraciones podamos estar en el mismo lugar? No, una vez más el Estado toma una decisión que perjudica a Canarias. Lo digo porque hay gente que dice aquí que es que el Estado, el Gobierno del Partido Popular, está beneficiando precisamente a la Comunidad Autónoma de Canarias. Pues no, no es cierto, está perjudicándola en el conjunto de las decisiones que toma día a día.

Es decir, que lejos de intentar acortar las diferencias en el futuro, con las decisiones impuestas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, se seguirán manteniendo las mismas de forma indefinida, dado cual es la política actual del Estado. Es decir, les estamos diciendo a las comunidades autónomas que han hecho su tarea a lo largo de los últimos años que de nada sirve, que al final se toman decisiones no sé si para proteger las finanzas de Valencia o para proteger las falsedades de la Comunidad Autónoma de Madrid. No lo sé, no sé para cuál, pero el hecho real es que nos está perjudicando.

Es decir, y es verdad, señor Rodríguez, que esa ley ha pretendido, pretende y pretenderá imponer decisiones de política en el ámbito de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Es verdad, pretende convertir a los interventores en meros funcionarios dependientes de la Administración central; pretende convertir a los responsables políticos, por tanto, en dependientes de las decisiones del ministerio central. Afortunadamente, el Consejo de Estado ya le ha dicho al Gobierno que, hombre, que eso de que el ministro pueda sancionar o castigar a un concejal, alcalde o no sé qué y echarlo fuera, hombre, que eso no, ¿vale?, que todavía no, que hay un sistema democrático que tenemos que respetar. Por eso el Gobierno de Canarias considera que hay algunos puntos de la ley que vulneran la autonomía financiera de las comunidades autónomas y nos hemos dirigido al Estado para establecer el sistema que está en vigor, previo al establecimiento de un recurso de inconstitucionalidad... (Se produce un corte automático del sonido y el señor presidente le concede un tiempo adicional.)

Gracias.

No hemos avanzado mucho en ese sentido, pero la defensa de lo que entendemos la distribución competencial del Estado español y, por tanto, la defensa de las autonomías... así lo haremos.

Es decir, esta ley orgánica no es ni mucho menos la más acertada de las que podrían haberse elaborado y creemos que de esa ley emanan decisiones injustas y no son proporcionales al esfuerzo que ha hecho Canarias. El Gobierno de Canarias mantiene la firme voluntad de cumplir los objetivos de estabilidad, pero, como ya le dije antes, sin afectar al núcleo de los servicios públicos esenciales. Y sobre eso nos vamos a comprometer, como no puede quedar ni la más mínima duda.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

Pasamos a las intervenciones de los grupos no solicitantes de la comparecencia. En primer lugar, Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Emilio Mayoral, por tiempo de tres minutos tiene usted la palabra.

El señor Mayoral Fernández: Gracias, señor presidente.

Bien. Realmente esta comparecencia pedida por el Grupo Mixto es una continuación de la anterior, porque básicamente lo que viene a pedirnos en una comparecencia es que el consejero de Economía y Hacienda nos diga cuáles son los efectos o las consecuencias que se van a producir en función de esta Ley de Estabilidad Presupuestaria y estabilidad financiera. Evidentemente, esto obedece a lo que antes hablábamos, a la propia política europea, del establecimiento de los controles del déficit y del endeudamiento, y a partir de ahí, en cascada, pues, hacia todas las comunidades autónomas, que es la aplicación de la ley estatal.

Pues bien, las consecuencias, y tal y como ha dicho el consejero, que son que para el año 2013 se fijará el déficit en el 0,7% y para la deuda, en el 12,1, y con esos parámetros tendremos que elaborar los Presupuestos del año 2013. Consecuencias: pues en los Presupuestos del año 2013, y es lo que me gustaría, señor consejero, es si puede indicarnos algo o adelantarnos algo de cómo está establecido o cuáles son los niveles para salvaguardar lo que antes me referí, cuando dije que hay que establecer esa línea roja de los servicios esenciales, que usted también se ha referido ahora en su intervención, que son las políticas educativas, las políticas sanitarias y las políticas sociales. ¿Llegaremos a salvaguardar los niveles de gasto de esas políticas en función de estas dos medidas o de estos dos condicionamientos que así se fijan? Porque esa es la gran pregunta y esas son las consecuencias. Supongo que a eso es a lo que se refería el portavoz del Grupo Mixto cuando dice que cuáles son las consecuencias directas, que es lo que nos afectará a todos en función de la elaboración de los Presupuestos, que dentro de pocas semanas ya tendremos ocasión de empezar a debatir.

Y ahí es donde nos jugamos la realidad de los efectos que al final vamos a tener en Canarias en función de estos datos. Que, efectivamente, en el nivel del déficit están fijados con carácter generalista y en el nivel del endeudamiento se discrimina y no se tienen en cuenta, pues, algunas de las medidas que ya han venido adoptándose o de situaciones que la comunidad canaria tenía.

En cualquier caso, me preocupa que estas dos cifras que aquí se establecen como medidas ya establecidas con carácter fijo para los Presupuestos del año que viene, cómo y de qué manera van a afectar a esos Presupuestos, que ya han venido disminuidos desde el año pasado, como todo el mundo sabe y como tuvimos ocasión de comprobar, lo costoso que fue elaborar aquellos Presupuestos.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel González, por tiempo de tres minutos tiene usted la palabra.

El señor González Hernández: Gracias, señor presidente.

Poco que añadir en tres minutos.

Yo estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho don Román Rodríguez de la Ley de Estabilidad, incluso de la modificación de la Constitución, pero habría que ver si eso respondió a una voluntad política interna o a una imposición externa. Creo que es lo segundo.

Y, claro, estamos viviendo en una situación muy grave en el país. Hay una deuda privada enorme que se está transformando en deuda pública a través de los procesos de saneamiento de las entidades financieras y, claro está, se está imponiendo una política durísima, que es la que llevan los alemanes, la señora Merkel y sus muchachos, que incluso han torcido la mano del presidente francés, que iba a hablar de desarrollo y ya no habla de eso sino de aquí a dos años veremos lo que se puede hacer.

Claro, el problema que se plantea es que si logramos cerrar el déficit a base de disminuir el gasto y aumentar los impuestos llega un momento en que los impuestos ya no se pueden aumentar porque no hay quien los tolere y lo que estamos haciendo es deprimiendo la actividad económica, y la única manera de salir de esta operación es fomentar la actividad económica para que se recupere, la gente pueda empezar a pagar sus deudas, los impuestos se recauden y haya más ingresos sin subir los tipos. Y parece que no vamos por ese camino, parece que no vamos por ese camino y, por lo tanto, estamos en una política autodestructiva. Me recuerda aquello de ese animal al que le iban acostumbrando poco a poco a no comer y, cuando se acostumbró, se murió.

Realmente las consecuencias de lo que se ha planteado aquí se han dicho, no hay otra, es decir, Canarias tendrá que necesariamente, primero porque, pues, la ley lo exige y por lealtad institucional, contribuir a la eliminación del déficit, pero, claro, el problema que se plantea, primero, es, ¿estamos hablando de cifras razonables? A mí me parece que ya nadie se cree que vamos a tener un 6,3 este año, pero cuando se habla de que para el 2013 las comunidades autónomas, el 0,7; para el 2014, 0,1 y para el 2015, superávit del 0,2, hombre, yo creo que se están haciendo unas proyecciones que no tienen la más mínima posibilidad de cumplirse. Luego, estamos metidos en una senda que no está bien orientada y, por lo tanto, acabaremos mal.

Y desde luego lo que es injusto -y eso sí lo digo- es la manera que se ha empleado. El que se haya utilizado como factor adicional para la deuda la deuda existente, yo lo hubiera hecho como factor negativo; es decir, al más endeudado menos le doy. Pues no, resulta que el que más deuda tiene, pues, tiene derecho a tener más deuda. Eso nos ha llevado a que Canarias, que ha cumplido, que ha hecho un esfuerzo enorme, porque lo ha hecho, evidente, de restricción del gasto, de reducción del gasto, de tener una manera de entender las cosas con criterios de austeridad, ahora resulta que para el año que viene va a tener menos dinero disponible, un déficit más reducido porque le aplican lo mismo al que tiene que al que no tiene y además resulta que se nos ha reducido la posibilidad de endeudamiento. Consecuencia: que el señor consejero y nosotros tenemos un problema muy serio, cómo lograremos tener un Presupuesto razonable en donde se mantenga...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, don Fernando, tiene usted la palabra por tiempo de tres minutos.

El señor Enseñat Bueno: Señor presidente. Señores diputados.

Señor consejero, usted afirma que el tope del déficit es injusto para Canarias, pero obvia que es el mismo para todas las comunidades autónomas, con lo cual será injusto para todas.

Segundo, que si se debe hacer un mayor ajuste es debido a que su Gobierno en el 2011 se excedió del déficit previsto y el ajuste será más duro si usted nuevamente se desvía del previsto para este 2012, cosa que es bastante probable que ocurra.

Usted afirma que el límite de deuda es discriminatorio para Canarias, pero usted sabe que se establece aplicando los datos económicos canarios a una fórmula de cálculo, que es la misma para todas las comunidades autónomas.

La aplicación de la Ley Orgánica 2/2012 resulta imprescindible para que el Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, la Seguridad Social y el resto de entidades públicas reduzcan el déficit público, la deuda y alcancen la estabilidad presupuestaria necesaria para que este país salga de la crisis.

Usted se queja de que recibe 800 millones menos de los Presupuestos Generales del Estado, pero usted sabe que la mayor parte del 8,5% de déficit y de los 735.000 millones de deuda pública que ahogan a este país se generaron en los últimos años del Gobierno socialista, que, por cierto, su partido apoyó hasta el final. Y como resultado de esa gestión el Estado tiene que afrontar este año el pago de casi 34.000 millones de euros solo de intereses.

También usted se queja de un déficit en la financiación autonómica, pero omite que ello es resultado de que su presidente, Paulino Rivero, en su obstinación por apoyar al Gobierno de Zapatero, impuso al en aquel entonces consejero de Economía la firma del actual sistema de financiación. Por lo tanto, la responsabilidad de ese mal acuerdo recae en su presidente.

¿Sabe lo que sí es realmente injusto? Que su Gobierno someta a los canarios a recortes tan duros como en otras comunidades autónomas más endeudadas que esta, porque su Gobierno se niega sistemáticamente a racionalizar los recursos públicos, no da prioridad a los servicios esenciales sobre aquellos que no lo son y no evita duplicidades, despilfarro y derroche. Explíquenos por qué su Gobierno prefiere cerrar plantas hospitalarias, eliminar la actividad de quirófanos por la tarde, reducir profesorado y personal sanitario, eliminar el servicio de acogida temprana en los centros escolares, prefiere quitar del servicio nocturno uno de los dos helicópteros medicalizados que atendían las urgencias vitales en las islas no capitalinas, paralizar las obras del eje norte-sur de Fuerteventura, tramo La Caldereta-Corralejo o retrasar el pago a los proveedores. Usted siempre se excusa para estos recortes en la manida frase de que el Estado asfixia a Canarias, pero tiene que explicar por qué su Gobierno no ha afrontado ni una sola de las reformas necesarias para reducir el gasto público superfluo. No solo no reduce sino que pretende aumentar el presupuesto de la Televisión Canaria. No reduce organismos autónomos, sociedades mercantiles públicas, entidades y fundaciones dependientes de la comunidad autónoma, que son deficitarias y que además hacen competencia desleal a las empresas, mantiene las embajadas canarias en el extranjero, con un coste anual de 1,69 millones de euros, mantiene la policía autonómica, con un coste anual de 4 millones de euros, gasta dinero en anuncios publicitarios en prensa que ni siquiera son...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del grupo solicitante de la comparecencia, don Román Rodríguez, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

(Rumores en la sala.)

Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente. Señorías.

Vamos a ver si yo soy capaz de arrojar un poco de luz sobre las situaciones que estamos viviendo y de las consecuencias concretas. Primero, esta Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es producto de decisiones políticas, ¡decisiones políticas!, y las decisiones políticas cuando se toman tienen consecuencias, y hay que decir -y vuelvo a repetirlo- que está sustentada en una modificación exprés de la Constitución española y en los acuerdos con la Unión Europea. Y no necesariamente estas dos cosas eran imprescindibles, fueron decididas por quien legítimamente lo debía hacer o lo podía hacer, pero tiene consecuencias. Que seamos conscientes, a pesar del humo del debate político, de que eso va a condicionar, va a limitar, va a restringir la capacidad de la política para cumplir con su función. Esa restricción de la política de gasto público a rango constitucional hace que lo que en historia se ha demostrado eficaz, y es que los gobiernos intervengan para corregir momentos de baja en el crecimiento económico, no se pueda hacer. En el 2020, si no hay otra reforma constitucional, el déficit estructural tiene que ser cero. Hay unas situaciones excepcionales de catástrofes y tal, pero cero. Y esto es un elemento decisivo y que algunos vamos a denunciar a los que lo promovieron y que tiene consecuencias sobre la vida de la gente.

Los acuerdos de la Unión Europea condicionan y limitan también la autonomía de los gobiernos. Lo reconoció el presidente del Gobierno de España en un debate que escuché en directo en televisión. Era bastante patético escuchar a quien legítimamente preside el Gobierno de España con una mayoría amplia diciendo que no tenía margen de maniobra, que él estaba allí para cumplir los condicionantes que se imponían. Habría que concluir, en términos democráticos, que al día siguiente había que sustituir a quien fue elegido para gobernar con un programa y hace lo contrario de lo que quiere, de lo que piensa y de lo que dijo. ¿Eso cómo se llama en democracia?, ¿cómo se llama eso? Esto es importante que lo tengamos claro.

Las consecuencias de esta política las estamos viendo, no solo aquí sino en otros países. El señor Rajoy dijo públicamente que había que hacer ajustes, es decir, recortes y subidas de impuestos. ¿Saben para qué?: para evitar el rescate. Eso lo vi yo, porque yo veo todas las ruedas de prensa de los consejos de ministros y los grandes debates me los veo, porque es mi obligación estar informado de lo que pasa en este país para poder opinar con criterios y no en base a consignas. Y resulta que unas cuantitas semanas después -desde luego no se hizo con la cabeza- se solicita el llamado rescate financiero, que establece condiciones y es altamente probable que en los próximos días o semanas se recurra a un segundo rescate. Hay que rescatar al tesoro público, a las finanzas públicas. Se han buscado subterfugios y mecanismos, y es pedir que el Banco Central Europeo intervenga en la compra de deuda, pero al final intervención, rescate, nuevas condiciones.

Y todo esto está generando en Europa depresión económica y paro, deslegitimación de la política, avance del populismo. En España también. Pero encima cometen el grave error de no conocer la historia de este país y mezclan los 6 millones de parados, el deterioro de la sanidad y de la educación con el problema territorial. Se están generando las condiciones para la explosión. Hoy ha habido una manifestación en Cataluña de más de un millón de personas. Solo faltaba que a la olla de presión de la terrible crisis, del alejamiento de la gente de la política, de los 6 millones de parados, de los 2 millones que no reciben nada... Porque aquí hubo un rollo en verano en relación a los 400 euros que engaña masivamente a la gente. Los 400 euros, que yo defiendo porque es una ayuda, solo al 10 o al 11% de los que no reciben nada. Léanse los papeles bien y verán que la ayuda de los 400 euros afecta solo al 10-11%, por seis meses y por una sola vez en la vida, al 10% de los que no reciben nada. A esa olla a presión de la crisis económica, del desempleo, se establece una lógica de demonización de la política, de culpar a los ayuntamientos, de culpar a los políticos, de culpar a las comunidades autónomas, y es mentira. Pero es mentira que el sector público sea el culpable de esta crisis, ni siquiera es verdad que la condicione. Y lo que están haciendo es trasladar desazón, desapego, alejamiento de la gente de sus gobernantes, y eso se volverá en contra de todo el mundo, también de los que lo promueven.

Y, como decía antes, para acabarla de rematar, mezclan el problema territorial. Yo no sé si son conscientes de la historia reciente de España y de los conflictos que hemos tenido por no reconocer la diversidad. No se puede, porque es injusto, porque es falso y además porque es peligroso, mezclarlo todo, que es lo que están haciendo. Están tratando de culpar a quien no tiene la responsabilidad de esta crisis. Y de soslayo, como si no quisieran la cosa, van a dedicar, entre lo que ya hemos comprometido, dinero público, y lo que falta, ciento y pico mil millones de euros para salvar a la banca. ¡Para esto sí hay dinero! Y yo no es que esté en contra porque las reglas son las reglas y el sistema es el sistema, pero lo que digo es que lo que no entiende nadie es que sí aparezca deuda pública, porque esto va sobre la deuda pública, porque esos son préstamos al Estado, al FROB, a un organismo público, y eso va a aumentar 10-15 puntos la deuda pública, y eso no importa, eso está bien, eso es normal, porque son las cosas de los de siempre, pero luego se cierran hospitales, se cierran escuelas, se demoniza a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, falseando los datos. Y se están generando las condiciones para la explosión. A quién se llevará por delante, no sé. Yo sostengo que no escapa nadie y que además va a venir de arriba para abajo, y si no al tiempo.

Lo que le digo al señor consejero es que le diga a la gente que no es lo mismo tener, si las cosas hubieran evolucionado razonablemente bien, si nosotros tuviéramos lo que nos corresponde, tendríamos un Presupuesto ahora de 8.500 millones de euros, más o menos. Pues vamos a tener 3.000 millones menos. Si alguien concluye que con 3.000 millones menos no pasa nada, aquí ha habido un despilfarro para meter a alguien entre rejas. Pero es que no es verdad, es que están pasando cosas. Es que hay 3.000 trabajadores menos este año que el año pasado y que eso se nota en los servicios de urgencias, en las consultas externas, hay menos enseñantes, hay menos gente de emergencias y de seguridad... De manera que eso está afectando a los servicios públicos, hay menos inversiones y está afectando a la economía. Y, por lo tanto, debemos decirle a la gente que con un techo de gasto, por ahora, de 5.769 millones lo tenemos complicado.

Porque también digo lo siguiente: a pesar de la mala distribución e injusta distribución del déficit, que se lo queda el Estado, lo van a incumplir. Habían hecho una previsión en la Ley de Presupuestos vigente del Estado sobre la reducción de un 6% de las prestaciones por desempleo, que es un gran capítulo de gastos junto con los intereses de la deuda. No solamente no van cumpliendo eso sino que van casi un 7 por encima. De manera que ni quedándose con 4,5 puntos de los 6,3 del déficit lo van a cumplir. La depresión de la economía hace que ni siquiera la subida masiva histórica de impuestos tenga las previsiones de ingresos que habían pensado, ni aquí ni allí. De manera que hay que decirles a los canarios que con 5.769 millones, si no llegan nuevos recortes, que pueden llegar en estas circunstancias, es difícil mantener la estructura.

Yo lo que espero, porque yo soy persona de orden, cada vez me enfadan más las cosas que pasan, pero sé que hay unas reglas que hay que cumplir aunque no te gusten. También las reglas que no te gustan se pueden cambiar porque no hay ninguna que esté por imposición divina. Todas las hemos decidido. De manera que lo que sí nos gustaría es que ahora cuando empecemos a hablar del Presupuesto este nuevo ajuste no recaiga en más recortes y que busquemos el camino de los impuestos...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): ...señor diputado, tiene usted un minuto para concluir además.

El señor Rodríguez Rodríguez: ...el de los impuestos, porque no es lo mismo. Yo creo que el margen de maniobra de los gobiernos, como decía en la anterior intervención, se limita, pero hay alguna cosita que hacer, tampoco voy yo a exagerar. Por ejemplo esta, esta. El presidente francés va a hacer lo que va a hacer, pero de los 30.000 millones, 20.000 son, en teoría, de previsión de nuevos ingresos, subiendo impuestos, y 10.000 congelando el gasto.

Yo lo que espero es que los nuevos recortes no se den a pesar del ajuste fiscal y que volvamos a repasar con tiempo; y que no nos coja el toro otra vez el año que viene; y que hagamos en la Ley de Presupuestos las subidas de impuestos selectivas que sean precisas para mantener los servicios públicos de verdad. Porque no es cierto que, perdiendo esta capacidad de gasto, mantengamos las cosas intactas. Porque no es verdad, porque la gente lo sabe, porque la gente lo sufre, lo saben también los empleados públicos, y al menos en eso hagámoslo bien.

Y ni les cuento las asignaturas de siempre -REF, financiación-, porque las hemos discutido en otros días.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Gobierno, para concluir la comparecencia, señor consejero de Economía y Hacienda, don Javier González Ortiz, tiene usted la palabra por tiempo de diez minutos.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Gracias, señor presidente.

Señor Mayoral, evidentemente hay consecuencias imprevisibles derivadas también de esta ley. Ya hemos hablado de algunas de las consecuencias que tiene la aplicación de la ley, consecuencias derivadas de decisiones que habilitan al Gobierno central a tomar de forma prácticamente unilateral y hay unas consecuencias imprevisibles que espero que esta comunidad autónoma no tenga que ver. Por ejemplo, qué podría ocurrir si esta comunidad autónoma fuese la única o de las pocas que incumpliese su objetivo de estabilidad. Habría que ver cómo actuaría el Gobierno de España ante esa situación. Habría que ver cómo aplicaría la norma y la habilitación que le da la misma al Gobierno central si Canarias estuviese entre ese grupo de comunidades autónomas que incumpliera y habría que ver cómo actúa en función de quiénes son esas otras comunidades autónomas que incumplan el objetivo de estabi lidad. Por lo tanto, hay consecuencias derivadas de la aplicación de esta ley que desconocemos y que -permítanme decirles- yo espero que no lleguemos a conocer nunca, porque, dado el caminar de la perrita, seguro que no nos gustaría ese tipo de actuaciones.

Preguntaban ustedes sobre los Presupuestos del 2013 y cuáles son las afecciones. Miren, permítanme que es excesivamente pronto para poder hablar de la afección real sobre cada una de las partidas presupuestarias del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el 2013. Tendremos un hito que definirá una parte importante antes, y será cuando, dentro de unos días, el Gobierno central apruebe su proyecto de presupuesto, se presente en el Congreso de los Diputados y ahí veremos alguna de las incógnitas que hoy por hoy tenemos. Por lo tanto, que desconocemos si ese apoyo fundamental del Gobierno central que tiene previsto dar a la Comunidad Autónoma de Canarias, pues, se traduce en enormes partidas en los Presupuestos del Estado para el año 2013. Me gustaría verlo, pero permítame que tenga serias dudas.

Evidentemente, esta ley es injusta, y no solo es injusta la ley sino la aplicación de la misma. Es injusta porque, como dije antes, no tiene en cuenta ni siquiera los esfuerzos. Vamos a ver: ¿de qué sirve que una comunidad autónoma como la canaria haya controlado su déficit a lo largo de la historia? ¿De qué sirve? Cuando otros han apostado por determinadas infraestructuras y determinado endeudamiento, ¿de qué sirve? Hombre, sirve para tener una mejor perspectiva de futuro, por lo menos nos quedemos con eso, de no comprometer a las generaciones futuras, pero debía servir también -y eso es lo que le he transmitido en innumerables ocasiones al Ministerio de Hacienda-, debía servir también para mostrarles a las comunidades autónomas que, hombre, que la que lo hace bien tiene algunos premios. Pero no a la comunidad autónoma, no al Gobierno; no nos olvidemos que al final a quien se perjudica es al conjunto de los ciudadanos. Y con decisiones como esta no se demuestra que vale la pena hacer los esfuerzos para cumplir los objetivos, porque da igual lo que hagas, al final café para todos.

En fin, al final el déficit... y preguntaba el señor don José Miguel González sobre cómo resolver esa situación. Hombre, dependerá de la situación de ingresos y de gastos. Hay una parte importantísima, que es la parte de los ingresos y el déficit nos va a afectar notablemente. Tenemos una reducción que tan solo con la decisión actual está implicando, pasar del 1,1% del PIB al 0,7, 160 millones de euros menos de gasto en un presupuesto ya enormemente restrictivo. Es fácil hacer la suma.

Claro, yo sigo sin entender cómo desde el Partido Popular se puede defender una decisión en la que el déficit es igual para todos. Da igual cómo lo hayan hecho, da igual cuáles sean sus circunstancias, da igual si tienen altos niveles de desempleo o no los tienen, da igual si necesitamos reactivar la economía o no, da igual si han hecho la tarea o no la han hecho. Para todos, igual. Ahora bien, eso es un criterio: para todos, igual. ¿Y por qué no tomamos el mismo criterio en el ámbito de la deuda? ¿Cuál es la razón? Eso es lo que hay que explicar a los ciudadanos para que lo puedan entender, porque nosotros no lo entendemos. No entendemos que para fijar el tipo del déficit sí se tengan en cuenta las circunstancias previas... -perdón, para la deuda-, se tengan en cuenta las circunstancias previas, pero para el déficit no. ¡Da lo mismo, da lo mismo el esfuerzo que hayas hecho el año anterior o el que no!

Hombre, usted decía, "hombre, es que los límites tendrán que ver con el incumplimiento del año pasado". ¿Y qué van a hacer las comunidades autónomas, perdón, como la de Madrid, que dijo que había cumplido y posteriormente se demostró que no? Y se demostró que no, no porque quisieran anunciarlo, sino porque se iba a descubrir esa misma tarde al evaluar el programa de equilibrio financiero de la Comunidad Autónoma de Canarias. Pero es más, se ha dicho que la Comunidad Autónoma de Madrid cumplía; pues no, no cumplía, porque no preparó el programa de equilibrio financiero del año anterior. Por lo tanto, ni siquiera estaba autorizada a tener ese déficit. Y eso, al fin y al cabo, es lo que degenera la posición del Estado español frente a los mercados internacionales, esos incumplimientos.

Y, mire, hace usted referencia a que la situación en la que estamos es debida al incremento del gasto por la desviación del déficit. Pero, oiga, ¿no quedamos en que el déficit, el que se ha excedido España en el año 2011, fue producto de la acción de las comunidades autónomas? Pero es lo que han dicho desde el Partido Popular, desde el Gobierno central: "¡España incumplió el objetivo de estabilidad por las comunidades autónomas!". ¿Pero quién gobernaba en esas comunidades autónomas que posteriormente incluso incrementaron ese déficit? Lo digo porque, claro, es que no se puede sostener una cosa con la otra. Hombre, salvo que, salvo que, salvo que se pretenda establecer una decisión, y ahí enlazo que lo que dice el señor... (Rumores en la sala.)

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): ¡Señorías, por favor!

Señor consejero.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Una falta de respeto, como...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): ¡Señorías!, por favor, guarden silencio.

Se ha permitido y se permite hablar a todos los intervinientes con respeto y oyendo lo que dicen. Si no están de acuerdo, pueden pedir la palabra también conforme al Reglamento.

Señor consejero, prosiga, por favor.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Gracias, señor presidente.

Y, por tanto, eso debían explicárselo.

Y sí, hemos tenido que paralizar obras, pero, mire, ¿que por qué se paralizan unas obras?, le recuerdo que eso que ustedes niegan, tan solo en el convenio de infraestructuras viarias, de 207 millones firmados se transfirieron teóricamente 69. Lo digo por si se olvidan de algunas cosas, ¿no?

Don Román, evidentemente la Ley de Estabilidad Presupuestaria tiene decisiones políticas detrás, decisiones políticas que yo no iría solo a la Ley de Estabilidad Presupuestaria sino a decisiones políticas más arriba, decisiones políticas emanadas de los poderes políticos reinantes en el seno de la Unión Europea. Decisiones políticas que creen que el control del déficit dará, de forma exclusiva, la solución a todos estos problemas. De los cuales algunos ya están empezando a preocuparse, porque, claro, como se ve que no arreglan sus problemas y como se ve que sus capacidades económicas al no comprar sus productos, al tener dificultades de negociar sus propios productos en los países en los que se está decidiendo ajustar, tienen menor poder adquisitivo, se incrementa el desempleo y eso afecta sobre determinados países, hombre, hay algún que otro replanteamiento sobre si debemos o no acudir. Y evidentemente esas son las decisiones que se han tomado desde el Estado.

Pero sobre todo estoy al cien por cien de acuerdo en algo de lo que usted habló, y es que va a tener implicaciones en el futuro. Se habla del déficit 60% en el año 2020. Eso hoy en día es imposible de cumplir, entre otras cosas por cómo se va a incrementar la deuda en estos próximos meses, producto del rescate, de las ayudas al sistema financiero. Pero sobre todo es más preocupante la incapacidad que deriva de que los poderes públicos puedan ejercer una función importante y actuar de forma anticíclica en un momento de la economía. Cabe replantearnos, por tanto, si esas decisiones que se tomaron en un momento determinado nos llevan a la recuperación o nos llevan al desastre. Yo estoy seguro de que cada vez hay más convencidos de que de esa forma nos llevan al desastre.

Nos llevan al desastre, y ya centrándonos en el ámbito del Estado español, porque es verdad que existe un riesgo. Se está intentando culpabilizar al sistema autonómico y al sistema local, se está intentando trasladar la errónea afirmación de que esto es culpa de los demás, menos del Gobierno central, y así no puede ser.

Y hago una pregunta, porque usted hizo referencia a que incluso el Estado no va a poder cumplir con su obligación. Bueno, ¿vamos a poder las comunidades autónomas intervenir, aquellas que -espero- cumplen, intervenir al Estado y sancionar al ministro de Hacienda si el Estado español incumple? Lo digo porque eso es a lo que llegan los ciudadanos. Es decir, mire usted, el Estado español puede incumplir su objetivo de estabilidad, el que ha firmado, se ha incrementado el exceso de capacidad que le da la Unión Europea, ¿y si hay comunidades autónomas que cumplen e incumple el Estado, dónde estará la situación? (Ante un comentario que se profiere desde los escaños.) ¡Ah!, en Europa, claro. Ese es el problema, es lo que dicen ustedes: traslademos siempre la responsabilidad a otros, que nosotros no somos responsables.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

Ruego a los portavoces se acerquen a la Mesa, por favor (Pausa). (Los señores portavoces atienden el requerimiento de la Presidencia.)