Diario de Sesiones 49/2012, de fecha 12/9/2012
Punto 5

· 8L/PNL-0102 Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la sostenibilidad y calidad del sistema sanitario.

El señor presidente: Proposiciones no de ley: del Grupo Nacionalista Canario, sobre solicitud del Gobierno del Estado en relación con la sostenibilidad y calidad del sistema sanitario, con enmiendas del Grupo Popular y el Grupo Mixto.

Para la defensa de la proposición no de ley, por el Grupo Nacionalista Canario doña María del Mar Julios tiene la palabra.

La señora Julios Reyes: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, nuevamente.

Esta es una iniciativa presentada por mi grupo a principio de julio, justo cuando empezábamos a conocer y a sufrir los ciudadanos la contrarreforma del Partido Popular hacia los servicios públicos y, concretamente, hacia el servicio público sanitario. Proceso de involución que no ha parado durante todos estos meses del verano, en donde está en estos momentos en un franco retroceso el Sistema Nacional de Salud, que tanto tiempo costó conquistarlo desde el inicio de la democracia.

Señorías, en estos últimos meses el proceso no solo no se ha parado sino que se ha acentuado. Lo hemos visto con cómo se está aplicando el copago a los medicamentos en los pensionistas, lo hemos visto con la retirada, con la hipócrita retirada del derecho a la asistencia sanitaria normalizada a la población inmigrante y, lo más grave -y por eso creo que esta iniciativa no solo sigue estando vigente sino es todavía más urgente-, porque estamos ya escuchando que previsiblemente -lógicamente después de las elecciones gallegas y vascas- el proceso de reestructuración de la cartera de servicios -ya lo están informando- conlleve la retirada de servicios tan importantes como es el de la rehabilitación y de los programas de prevención, de screening, de cáncer de mama, de colon, etcétera, etcétera, que pretenden que pasen a estar sujetos también bajo el copago.

Y, señoría, escuchábamos hoy cómo se le decía a la señora consejera de Sanidad en los saraos -eran las palabras o la expresión que yo escuché- en los que estaba metida, entre otras cosas porque acudía usted a alguna que otra procesión. Yo veo que los dirigentes del Partido Popular acuden a las procesiones. Pero ¿a qué sarao se refieren, cuando le decía que usted hiciera educación para la salud?: ¿al sarao que hemos visto en este verano con la retransmisión de los toros por parte de dinero público de la Radiotelevisión Española? ¿Ese es el ejemplo de austeridad? ¿Ese es un ejemplo, digo, de utilizar el dinero público en educación sanitaria, por ejemplo, que se retransmite -ya no de educación sanitaria, de educación a secas-, que se retransmite en un horario en donde los niños están viendo la tele? Señorías, no estamos para que hagamos demagogia con temas tan serios como este.

Señorías, la proposición no de ley plantea, en primer lugar, instar al Gobierno de España a que retome el camino del consenso a través del Consejo Interterritorial para lograr entre todos un pacto por la sostenibilidad y por la calidad del Sistema Nacional de Salud. Es fundamental, es fundamental que volvamos a retomar el concepto de universalidad, de gratuidad y de equidad del Sistema Nacional de Salud. Claro que en España hay una legislación de seguridad social, lo sabemos todos los que aquí estamos. Todos sabemos que nuestro sistema proviene de un sistema de aseguramiento como el que tiene Alemania en la época de Bismarck, porque -y todos sabemos- antes el sistema se pagaba a través de las cuotas de los trabajadores y de los empresarios, pero eso formó parte de la historia porque decidimos los españoles evolucionar hacia un Sistema Nacional de Salud financiado por los Presupuestos Generales del Estado y con un concepto de universalidad introducido en la Ley General de Salud Pública, en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y en esta última Ley de Salud Pública. Conceptos que han desaparecido. Claro que venimos de un proceso de evolución de un sistema de seguridad social, pero precisamente esas contradicciones para resolverlas no se resuelven involucionando hacia atrás, como ha hecho el Partido Popular. Por eso reclamamos, señorías, también que se recupere el derecho de la ciudadanía a la protección y que se destierre el término legal de aseguramiento y volvamos a los términos de universalidad recogido en las leyes españolas.

Y es importante, hablamos del derecho de los ciudadanos a la protección, porque, señorías -lo dije ya hace tiempo en esta tribuna-, ha desaparecido el derecho a la atención integral, a la promoción y a la prevención. Ahora solo se habla del derecho de los asegurados a la asistencia sanitaria pura y dura. ¿Y los programas de salud pública?, ¿y los programas de screening? Ya estamos viendo que anuncian que va a introducirse el copago en ese tipo de programas. Por eso hay que recuperar el derecho también a la protección de la salud y además para todos.

Señorías, en este tema también quiero hacer un énfasis en lo siguiente: Canarias nunca ha dejado de prestar asistencia sanitaria a la población foránea, ni a la que tiene recursos, que viene de la Unión Europea para hacer turismo sanitario, ni hemos dejado nunca de prestárselo a la población inmigrante sin recursos. ¡Nunca! Y dentro de nuestro acervo, por lo menos el del Grupo Nacionalista, está el haber reivindicado a los distintos gobiernos del Estado español que esa financiación tiene que venir a esta comunidad autónoma, que no puede ir en detrimento de la escasa financiación que tenemos para prestar la asistencia sanitaria a los canarios. Siempre lo hemos dicho, y lo hemos dicho desde la solidaridad. Nosotros no hacemos ni la política de extranjería -esta comunidad ni ninguna otra, que la hace el Estado- ni la política de inmigración. Pero no podemos dejar morir a la gente en la calle con una falsa hipocresía de que vamos a ahorrar, porque, señores y señoras, la puerta de Urgencias va a tener que atender a todas estas personas que se han quedado sin derecho. Y si decimos que la prevención es más barata que la curación lo es para los ciudadanos canarios y para los que no lo son. También los inmigrantes, su atención sanitaria es mucho más costosa si se les hace por la puerta de Urgencias que si se les hace de forma normalizada, previniendo antes que teniendo que curar. Esa es la verdad, señorías, que nos van a costar, además de la insolidaridad y de la mala imagen que da España, nos van a costar más dinero encima estas medidas que dice el PP que nos van a generar ahorro.

Señorías, también planteamos que no se introduzca, que ya se ha introducido, el sistema de copago, como se está haciendo ahora en los medicamentos, pero que no se ha desarrollado todavía el real decreto en los aspectos que tienen que ver con la introducción del copago en el resto de prestaciones ambulatorias, como es el caso de la rehabilitación, como es el caso de los tratamientos oncológicos, que se hacen también en atención ambulatoria. ¿Qué va a pasar con esto?

Miren, el Partido Popular es la causa de que hoy los pensionistas estén pagando más por sus medicamentos, de forma y manera que ya hay en Canarias 166 mayores de 65 años que tienen seis medicamentos diferentes que tomar al día y en estos momentos, antes no pagaban, y ahora pagan. Un 17,2% de la prescripción de recetas a estas personas mayores no se está retirando después en la farmacia, porque probablemente no tengan dinero para pagar esas medicinas. Esas son las consecuencias de ese real decreto que dicen que es tan bueno para el Sistema Nacional de Salud, pero que están padeciendo los ciudadanos que menos tienen, en Canarias y en este país.

También planteamos, señorías, que no se excluya de la cartera de servicios, como lo hemos dicho, entre otras cosas, el transporte sanitario. Se ha creado un fondo de garantía asistencial, pues lo que planteamos, señorías, es que este Parlamento le pida al Gobierno de España que ese fondo, que además se va a financiar con un carácter extrapresupuestario, no solo dé respuesta a los problemas de las necesidades de las demás comunidades autónomas, sino también de esta, también de Canarias, y que ese sobrecoste que significa el transporte entre las islas de nuestros pacientes y entre las islas y la Península, que, como mínimo, sea cofinanciado por parte del Estado. Recibimos menos que los demás y además la prestación aquí es más costosa. Como mínimo, se debería de asumir por parte del Estado por razones de cohesión y de equidad, asumir parte de ese sobrecoste.

Y, por último, señorías, planteamos que se mantenga la obligatoriedad del principio activo. Es fundamental, esa es la base del ahorro en medicamentos, no este real decreto. Venía de antes, desde que se instauró ya en Canarias el 70% de la prescripción por principio activo, y lamentablemente estamos viendo cómo el Gobierno del Estado, ya en este real decreto y en la legislación que ha venido detrás, está abriendo la puerta a volver a prescribir por marca, por marca, y no por principio activo, por marca comercial. Eso va en contra de lo que hasta ahora hemos venido todos defendiendo, del retraso que tiene España en la introducción de principios activos y de genéricos, va en contra del interés general por seguir abaratando los costes en la prestación del medicamento y en el sistema...

El señor presidente: Tiene un minuto, doña María del Mar, sí.

La señora Julios Reyes: Concluyo, señor presidente.

Y va en contra de un principio de la Organización Mundial de la Salud, que por razones de seguridad nos insta a todos los países a que promovamos la prescripción por principio activo.

Por eso pido, pues, a esta Cámara el apoyo para esta iniciativa, porque desde luego el Sistema Nacional de Salud no solo está en peligro sino se está desmantelando en estos momentos.

El señor presidente: Muchas gracias, doña María del Mar Julios.

Enmiendas. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular.

Doña María Teresa Pulido, doña Maite Pulido, tiene la palabra.

La señora Pulido García: Gracias, señor presidente. Señorías.

Volvemos hoy a esta Cámara a debatir sobre un decreto aprobado por el Congreso de los Diputados tras haber sido debatido y consensuado en el Consejo Interterritorial. Señorías, estoy segura de que ustedes vuelven hoy aquí con este asunto porque intentan confundir a la sociedad. Intentan confundir a la sociedad española e introducir miedo, pero los españoles van a comprobar día a día que las prestaciones se siguen manteniendo y que el esfuerzo equitativo que les hemos pedido les garantiza que se mantiene un servicio esencial como es la sanidad para todos.

Por mucho que se empeñen en distorsionar las reformas que ha presentado el Gobierno de España ustedes se encontrarán con la tozudez de los hechos. Frente a la realidad diaria, no hay demagogia que valga.

Hay varias formas de actuar de los gobiernos: hacer profundas reformas que sean garantía de futuro, mirar para otro lado y negar la crisis e incluso ver brotes verdes o recortar de lo esencial, no pagar las facturas y mantener todos los chiringuitos superfluos, y echar la culpa, por supuesto, al Gobierno de la nación.

Es ya una costumbre de su grupo parlamentario traer a debate de este Parlamento temas que no le competen para desacreditar las medidas tomadas por la ministra, mientras aquí la consejera hace dejación de sus funciones.

La sociedad española está viviendo tiempos difíciles, pero el Gobierno de España trabaja por una sanidad universal, sostenible y equitativa. Ustedes, lejos de colaborar, están instaurados en la más absoluta confrontación. No buscan ningún consenso y, lo que es peor, su obsesión por desacreditar las medidas tomadas desde el Gobierno de la nación hace que en Canarias no exista gobierno.

Señorías, la ministra propuso un pacto sociosanitario desde su primera comparecencia. Este real decreto es fruto del diálogo y del consenso tras el acuerdo con casi todas las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Gobierno, desde el primer día, se ha puesto de acuerdo con las comunidades autónomas, adelantándoles los anticipos correspondientes, retrasando al máximo los pagos, los plazos para el pago de los compromisos y sobre todo permitiendo con líneas de crédito ICO el pago de toda la deuda sanitaria. Otra cosa bien distinta es lo que ustedes entiendan por consenso y por lealtad institucional. La consejera de este Gobierno va al consejo en Madrid, no aporta nada en ese foro y luego viene aquí hablando unos días de insumisión y clamando a las masas y otros con su victimismo, su habitual victimismo y sometimiento.

No hay ningún cambio de modelo, por mucho que ustedes lo repitan. Lo que sí hay es una reforma de calado para unos problemas urgentes de sostenibilidad que presenta nuestro Sistema Nacional de Salud.

Señorías, compartimos con ustedes la preocupación por la situación, que se ha visto agravada en los últimos años. Los problemas que hoy afloran son, en esencia, estructurales, aunque se expongan con mayor virulencia en los tiempos de crisis como los que estamos viviendo. Ignorar un problema no equivale a resolverlo; por el contrario, es una temeridad. Tenemos un buen sistema sanitario público, pero que no se puede mantener a base de guardar las facturas en los cajones, de no pagar a los proveedores, a los farmacéuticos o a las ortopedias. Esta reforma, impulsada por el Gobierno de España, en colaboración con las comunidades autónomas, digan ustedes lo que digan, que son las que tienen las competencias de la gestión sanitaria, tiene tres objetivos fundamentales: garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, pagar una deuda que era insostenible y actuar con urgencia y determinación para que la situación económica no lo haga irreversible. Debemos preservar y garantizar el derecho de todos los españoles a una sanidad pública, universal, gratuita y de la máxima calidad.

Las medidas contenidas en este real decreto garantizan el actual modelo sanitario, que está recogido en la Ley General de Sanidad, y mejoran el procedimiento para el acceso a la asistencia sanitaria, evitando incertidumbres, abusos e inseguridades. Nada ha cambiado. Este Gobierno ha hecho una clara apuesta por la universalización de la sanidad y de clarificar y unificar los procedimientos de acceso a la asistencia sanitaria, para evitar el descontrol que suponía que cualquier persona, sin concurrir los requisitos legales y por el mero hecho de empadronarse en nuestro país, tuviera acceso a la tarjeta sanitaria.

La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establecía de manera inequívoca como principio de nuestro sistema sanitario público el aseguramiento público. Tanto es así que desde el 2004 existe dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una comisión permanente de aseguramiento, financiación y prestaciones.

Señorías, no intenten confundir a los ciudadanos. Los derechos de las personas que garantiza nuestra Constitución están muy por encima de la demagogia y el doble rasero al que nos tienen acostumbrados los de su partido. Nuestra Constitución establece en su artículo 43 el derecho a la protección de la salud y nada ha cambiado del marco normativo en la definición del derecho. Señorías, no ha cambiado el modelo porque toda la normativa sigue vigente. El artículo 1.2 de la Ley General de Sanidad dice: "son titulares del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional". Tampoco ha cambiado el régimen de financiación, sigue el establecido en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Miren, decía Paco Sevilla, un experto en la materia y -¡oh, casualidad, casualidad!- destacado socialista: "el derecho a la sanidad debe poder ser ejercido por todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, lo que convierte el aseguramiento, el aseguramiento único, en el gran reto político de la universalización". Eso lo decía en el año 2005. Por lo tanto, ahora y antes existía vinculación con la seguridad social y la única diferencia es que ahora hay un procedimiento único, el propio que recomendaba la propia Fundación Alternativas para el ministerio cuando gobernaban los socialistas. El gran avance de esta norma es hacia la universalización, tantas veces nombrada y nunca solucionada. Se inicia con este real decreto-ley.

El Partido Socialista es el que tiene que explicar por qué no incorporó el artículo 7 de la directiva europea, que prohibía desplazarse en busca de atención sanitaria. Este olvido nos ha costado mucho dinero, mucho dinero a los españoles que hemos estado en inferioridad de condiciones con respecto a los europeos. Ningún país da atención sanitaria, tarjeta sanitaria, a un ciudadano extranjero por el mero hecho de empadronarse, pero ningún ciudadano extranjero va a quedar desatendido. Implementen ustedes, como han hecho otras comunidades autónomas, servicios sociales y programas de cooperación. No falten más a la verdad, háganlo. No se van a quedar desatendidos ni se van a quitar los programas de screening, porque eso no va por tarjeta sanitaria, es poblacional. Ustedes han tratado de confundir a los ciudadanos diciéndoles que los discapacitados, los mayores de 26 años, iban a quedar sin derechos, cuando lo que han hecho es convertirse en titulares de la tarjeta sanitaria y dejar de ser beneficiarios.

En España existe copago farmacéutico desde el principio, lo que se ha hecho es cambiarlo por una fórmula más justa, en la que paguen más los que más tienen. Se ha cambiado por edad, por renta y cronicidad. Los parados, que antes pagaban, ahora no pagan. Respecto a los pensionistas, ¿por qué no hacen como el consejero de Sanidad madrileño y evitan que el pensionista tenga que realizar adelantos de su dinero a las farmacias? Menos criticar y más actuar, señora consejera. Somos pioneros en receta electrónica, tenemos muy fácil hacerlo: ¿a qué espera, señora consejera? ¿O es que es más fácil tener un arma arrojadiza contra el Gobierno de España?

Respecto a la cartera común básica de asistencia sanitaria, se pretende garantizar que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y el acceso a las mismas prestaciones, independientemente del territorio donde vivan.

La nueva cartera de servicios se basará en las propuestas e informes técnicos de los expertos de la nueva red de agencias de evaluación de tecnología sanitaria, puestas en marcha desde el ministerio. ¿Qué le parece mal, señora Julios, que sean criterios técnicos, que sean criterios científicos, de calidad, de coste-efectividad, los que den base a los acuerdos que luego en el seno del Consejo Interterritorial de Salud se tomen con la colaboración de las comunidades autónomas? La cartera común básica seguirá incluyendo todos los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y todos esos servicios seguirán estando cubiertos completamente por la sanidad pública y los ciudadanos, señora Julios, no tendrán que pagar por ellos.

La cartera común suplementaria es la que regulará aquellas prestaciones cuya provisión se realiza de forma ambulatoria y que ya están sujetas a aportación del usuario. Se trata, como usted bien ha dicho, de las prestaciones farmacéuticas, ortoprotésicas, dietoterápicas, y a ellas se unirá lo que se establezca en materia de transporte sanitario. Y ha dicho la ministra, por si usted no la ha oído: "teniendo especialmente en cuenta las condiciones geográficas y la insularidad en los grupos de trabajo en el seno del Consejo Interterritorial". ¿Qué ven mal, el copago ortoprotésico, que ya existe en Canarias, que se intenten evitar las injusticias y desigualdades existentes hasta ahora entre comunidades autónomas? ¿Se refieren ustedes a que la ministra pretenda coordinar, que en todas las comunidades autónomas se haga igual o que, por ejemplo, en Canarias cualquier pensionista que vaya a por una ortoprótesis de precio menor a 240 euros tenga que pagarla a tocateja y luego la consejera, la señora Mendoza, se lo devuelva cuando lo tenga a bien? ¿O qué es lo que no les gusta, que se estén estudiando las peculiaridades de nuestras islas a la hora del transporte sanitario? La prestación del transporte sanitario en un...

El señor presidente: Sí, doña Maite, un minuto.

Siga, siga.

La señora Pulido García: Se regulará en base a informes que se elaboren por el grupo de trabajo en el Consejo Interterritorial. ¿Han hecho ustedes aportaciones al respecto?

Por último, para garantizar la cohesión y la calidad del Sistema Nacional de Salud la ministra ha creado un fondo de garantía asistencial -el FOGA- que cubrirá los servicios prestados por las comunidades autónomas a pacientes desplazados y pacientes limítrofes. Esa era una reivindicación histórica de comunidades como la nuestra, que son eminentemente turísticas y que atendemos a muchos ciudadanos de otras comunidades autónomas. Frente a esta solución del ministerio, ustedes han negado a día de hoy la tarjeta de desplazado a los ciudadanos españoles que están pasando una temporada en Canarias, y si no lo sabe, averígüelo, señora consejera.

De esta manera, al igual que hicimos con las pensiones y con el Pacto de Toledo, nos proponemos dejar fuera del debate partidista estos dos asuntos tan importantes para todos los ciudadanos. Solo espero que ustedes estén a la altura y dejen este continuo enfrentamiento y trabajen por y para los canarios y acudan con todas estas propuestas que defienden al Consejo Interterritorial, que es donde se están debatiendo.

Gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Teresa Pulido.

Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto a esta proposición no de ley.

Don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señorías, yo creo que estamos ante un debate importante, porque este sí que importa a los ciudadanos, y yo tengo que decir que la proposición no de ley que presenta el Grupo Nacionalista la comparto porque, aunque tenga algunas insuficiencias, es una defensa clara de los principios, de las bases rectoras del Sistema Nacional de Salud, de la sanidad pública, como conquista de las más importantes de la sociedad española en las últimas décadas. Por lo tanto, suscribo, insisto, los puntos a los que hace referencia la PNL, porque en el fondo es defender lo que hemos conquistado, lo que hemos ganado, en uno de los servicios públicos básicos que más cohesión y más justicia generan. Por lo tanto, pocas diferencias, algún matiz.

Quizás, y por eso presento una enmienda, añadimos, porque hay una parte de la polémica en torno a los cambios del sistema y a los recortes que ha saltado a la opinión pública y que me parece sensible y significativa, y es la exclusión del derecho de la atención sanitaria a un grupo de ciudadanos, aunque estos no tengan la condición de ciudadanos regulares, ¿no? Y creo que en esa polémica el Gobierno de Canarias se ha posicionado críticamente con la exclusión de los inmigrantes irregulares en relación al derecho a la atención sanitaria, pero ha dejado poco claro cómo va a resolver ese tema, y lo que añade la enmienda que proponemos desde el Grupo Mixto es que se garantice la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares del archipiélago, como van a hacer muchas comunidades españolas, alguna también, y afortunadamente, del Partido Popular. Léase comunidad de Galicia, donde su presidente ha dicho que en su tierra, en Galicia, van a garantizar la atención sanitaria a los inmigrantes.

Por lo tanto, pretendo enriquecer la propuesta del grupo proponente incorporando este tema para que el Gobierno clarifique, porque no está nada claro y sé que los antecedentes no lo facilitan, cómo van a resolver el problema de la atención sanitaria de los inmigrantes irregulares, que mi partido defiende de forma inequívoca, porque consideramos, además de injusto, discriminatorio, una torpeza política y un grave riesgo sanitario la exclusión de estos colectivos. Por lo tanto, promover ese añadido.

Sobre el fondo de la cuestión. Miren, el fondo de la cuestión es que en este proceso grave de crisis, de estos cinco años de crisis, se ha colocado ante la opinión pública que el problema de la economía española es el tamaño del sector público, son los servicios públicos básicos, y no es verdad, y no es verdad. El problema de la economía española -como bien sabe todo el mundo, y ya lo reconoce el propio Gobierno- es nuestro sistema productivo, es la deuda privada, es la falta de crecimiento de la economía, es la ausencia de crédito, y aquí se ha elegido. Insisto en este tema.

Decía la portavoz del Partido Popular que no ha cambiado nada. ¡Han cambiado cosas sustanciales! Ayer lo exponía sobre la mesa yo aquí: ¡han cambiado la Constitución! Para lo que antes era un derecho inalienable y principal, que era esto, la sanidad, la educación, ahora lo primero es pagar la deuda. Pero la deuda a la banca internacional. Pero eso está en la Constitución española ahora, antes no estaba.

Aquí han cambiado cosas, aquí se están modificando de forma sustancial las reglas de juego, y eso lo estamos viendo.

Les voy a dar otro dato: el Estado español se va a endeudar de forma significativa, es decir, los ciudadanos que tenemos la nacionalidad española nos vamos a endeudar para salvar a la banca privada. 100.000 millones de entrada, a los que hay que sumar los treinta y pico mil millones de euros de recursos propios que hemos puesto, a través del FROB, para salvar determinadas entidades. Y aquí se destinan del esfuerzo colectivo 130.000 millones de euros aproximadamente para sanear la banca. Podíamos entrar a discutir esto y yo pudiera estar hasta de acuerdo en la inevitabilidad de este tema, pero para hacer esto, que no se discute, que no se cuestiona, que se hace con el esfuerzo de todos para pagar a los que provocaron la crisis, se detraen del gasto público, en los años 12, 13 y 14, con todas las medidas aprobadas, y todavía no están todas, escuchen bien, 155.000 millones de euros. Los recortes acumulados en este trienio para cumplir con los planes de estabilidad, para ajustar el déficit y la deuda en este trienio, se detraen del gasto público 155.000 millones de euros. Lo que no entienden los ciudadanos y tampoco los votantes del Partido Popular es que existan 130.000 millones para salvar a los que provocaron la crisis y se detraigan de sus derechos, básicos y elementales, 150.000 millones.

Y han cambiado las cosas y para ustedes también. Se las voy a recordar. Ustedes en ocho meses han perdido 14 puntos de intención de voto: 3,6 millones de votos. El 59% de los votantes del Partido Popular está descontento con el presidente del Gobierno porque ha hecho lo contrario de lo que dijo. Este es el presidente más desacreditado de la historia democrática española y pensábamos que el anterior había batido récords. ¡Pues no, ya está este a la cabeza! ¿Por qué?, porque la gente no puede entender esta manera de hacer las cosas. No se pueden recortar 7.000 millones en la sanidad... La sanidad se gasta 60.000 millones al año, el 6% del PIB -por debajo de los países de nuestro entorno-, pues si usted le quita a 60.000 millones 7.000, le está quitando el 8% o 9%, con lo que nos alejamos de la media de gasto relativo en materia sanitaria. Y tendremos peor sistema sanitario: ¿cómo no va a impactar quitar 7.000 millones a una sanidad que lo que necesitaba era convergencia en gasto con el resto de Europa? Ahora nos alejaremos y eso significa que en esta comunidad, aunque al Gobierno le cuesta reconocerlo, este año vamos a tener 1.500 trabajadores menos en la sanidad. Además de los puestos de trabajo, eso significa masificación en las urgencias, eso significa cierre de puntos de atención, eso significa listas de espera. Y lo que no se puede hacer, porque esto tendría que tener unos límites, es que quien provoca esta situación luego reclame perfección en la respuesta. ¡Esto no puede ser!, porque si no la gente nos va a matar, porque no entiende nada. Es decir, quien promueve los recortes tiene que ser consecuente, aunque le cueste las elecciones, que es lo que va a pasar en su día, para defender las consecuencias que eso tiene. Es que quitar 7.000 millones a la sanidad pública española, que está a la cola en gasto relativo, significa ponerla más a la cola, significa quebrar los servicios, significa limitar las prestaciones, significa empeorar.

Eso no quiere decir que todo lo que haga la sanidad sea perfecto. Eso está claro, ya lo hemos discutido aquí. Hay elementos del sistema sanitario que debemos mejorar. El parámetro del gasto farmacéutico es un ejemplo ya discutido. Pero estas son las consecuencias de esta política. La gente tiene que entender, frente a la simplificación, a la demagogia, a la mentira, que lo que están haciendo los gobiernos en Europa, en España y aquí impacta en su vida. Y luego la cortina de humo son los políticos, la cortina de humo es no sé qué.

Miren, si ustedes detraen -¡porque nosotros no pensamos votar ni una sola de esas medidas!-, si ustedes detraen 150.000 millones de gasto público, van a colocar a la sanidad española a la cola. Si ustedes detraen 150.000 millones, colocarán a la sanidad española a la cola, y a la economía española también, porque en esos 150.000 millones está la reducción drástica de las inversiones públicas esenciales para reactivar la economía en un momento donde el sector privado detrae del sistema económico, porque no tiene financiación, porque no hay recursos circulantes, porque no hay crédito. ¿Cómo se pueden endosar las culpas a los ayuntamientos de la crisis económica española? ¡Hay que ser cínicos! Es un error, ¡es un error de bulto! Es que no es verdad, porque si no sería sencillo: "con esto de los reales decretos me los quito y resuelvo". Pero no es verdad, porque ahí no está el problema: el problema está en la economía, en la productividad, en el crédito, en la deuda, en la política conservadora que se ha impuesto y esta es una consecuencia. Que los ciudadanos sepan. Ya lo saben: 3,6 millones, ¿eh?, 3,6 millones. Léanse las encuestas, léanse las encuestas, que la gente es sabia. La gente no entiende nada: ¿cómo es posible que se haya dicho una cosa y se haga la contraria?, ¿cómo es posible que se resuelvan los problemas a los banqueros y la deuda se convierta en lo único importante y dan igual las listas de espera, la sanidad, la educación o la seguridad? Esto es lo que no puede ser, y a eso nosotros nos rebelamos.

Apoyamos la moción, la enriquecemos buscando clarificación con el asunto de los inmigrantes, porque no ha quedado claro por parte del Gobierno esta materia...

El señor presidente: Tiene un minuto, sí.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente, muchas gracias.

...siempre, porque este es un pueblo solidario y porque además tenemos en nuestra espalda una historia terrible de emigraciones masivas y, si no lo remediamos, y con esta política es imposible, volverán. Los chicos nuestros, las chicas nuestras, a pesar de su preparación, con estos parámetros económicos, con este panorama, desgraciadamente y lamentablemente, muchos tendrán que irse a otras latitudes y solo falta que los reciban como nosotros tratamos a los están aquí. No es significativo, no es relevante, no compromete la estabilidad financiera del sistema atender a los inmigrantes irregulares. Es una simplificación de los problemas, es un intento de trasladar a la opinión pública que estamos resolviendo los problemas y los estamos complicando. Y al tiempo.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Fijación de posiciones con respecto... Luego viene, la fijación de grupos es lo último, claro.

La señora Julios Reyes: Sí. Muchas gracias, señor presidente.

Pues bien, en este turno de fijación de posiciones, en relación a la enmienda presentada por el Grupo Mixto, por supuesto que estamos de acuerdo, por supuesto que la aceptamos. En uno de los apartados hablábamos de recuperar otra vez en nuestra legislación el concepto de universalidad. Esto fue en julio, con todo lo que ha acontecido con posterioridad... Estamos de acuerdo en que para mayor claridad se especifique el tema de la atención a la población inmigrante irregular.

Yo le pediría al portavoz del Grupo Mixto que para mayor claridad -que yo creo que en eso vamos a coincidir- hablemos de los inmigrantes irregulares sin recursos, que yo creo que es fundamentalmente donde tiene que ir el dinero público a dar una respuesta.

En relación a la enmienda que presenta el Grupo del Partido Popular, pues, lógicamente usted lo que plantea es suprimir por completo la enmienda que presenta mi grupo y solamente dejarla prácticamente en el primer punto, que es instar a que se realice un pacto por el Sistema Nacional de Salud en el seno del Consejo Interterritorial. Mire, no podemos aceptarla. Su contenido ya está asumido en el contenido de nuestra proposición no de ley. Pero, señoría -y usando palabras utilizadas por el Grupo Popular, no son palabras mías-, yo creo que es un ejemplo de demagogia y de hipocresía pedir un pacto de Estado por el Sistema Nacional de Salud y no hacerlo, no hacerlo cuando estuvieron en la Oposición y se lo planteó el Partido Socialista y no hacerlo ahora cuando están gobernando. En vez de habernos planteado esta contrarreforma, ¡sin consenso ninguno!, ¿por qué no profundizaron en el pacto por la sanidad? Me parece, desde luego, que es un ejemplo de demagogia el plantear que hay que retomar el pacto por la sanidad. Háganlo, háganlo, y retiren esta contrarreforma unilateral que acaban de presentar o que está ya desarrollando y que está desmantelando ya el Sistema Nacional de Salud, pero no se puede hablar de la necesidad de un pacto, no hacerlo y, mientras tanto, que nos quedemos todos callados mientras desmantelan el Sistema Nacional de Salud. Y, señoría, en este sentido estamos hablando, no de una reforma de calado, como usted dice, estamos hablando de un proceso de involución de derechos y de prestaciones de los ciudadanos.

Mire, señoría, mientras tanto, ustedes, en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, están privatizando a toda velocidad el servicio público sanitario, están sacando a concurso la gestión de los hospitales públicos, inclusive la Atención Primaria. Está creciendo, como nunca en España, el nivel de aseguramiento privado y el crecimiento de los beneficios de las compañías aseguradoras. Incluso comunidades autónomas del Partido Popular, como Baleares, fomentando fiscalmente para que las personas se hagan seguros privados.

Por lo tanto, no podemos aceptar, señoría, su enmienda.

Y, miren, además, detrás de esto, yo estoy convencida de que hay un fundamento ideológico profundo. Lo decía el señor Aznar con claridad, decía -que creo que es uno de los ideólogos importantes del Partido Popular-, decía: "el modelo de Estado no funciona". Refiriéndose a las autonomías, porque, como Esperanza Aguirre, están planteando un proceso de involución también en el Estado de las Autonomías. Y decía con absoluta claridad: "no funciona el Estado del bienestar, es insostenible". Pues hay que hacerlo sostenible, pero no desaparecerlo, que es lo que está haciendo el Partido Popular y sin consenso ninguno.

Señora consejera, usted lo ha explicado en muchísimas ocasiones: se reúnen en Génova, nos enteramos por rueda de prensa los consejeros, los diputados y los senadores en el Congreso y además los profesionales de las reformas que llevan al Congreso de los Diputados. No, señoría, eso no es consenso. Aquí, lo que el señor Aznar habla de fracaso del modelo del Estado del bienestar y que hay que cambiarlo, ustedes utilizan la palabra de denostar la actividad pública y el servicio público diciendo que hay que podar los chiringuitos públicos, que hay que podar el chiringuito público, de los servicios públicos. Pues no, señoría, los servicios públicos son un derecho de los ciudadanos, no es ningún chiringuito, ni del Partido Popular ni de ningún partido que en un momento dado pueda estar gobernando o no. ¡No son chiringuitos públicos, son derechos de los ciudadanos los que se están poniendo en juego!

El señor presidente: Muchas gracias, doña María del Mar.

Fijación de posiciones, grupos parlamentarios. Don Jesús Morera, por el Grupo Parlamentario Socialista Canario.

El señor Morera Molina: Gracias, señor presidente. Buenos días nuevamente, señorías.

Se nos plantea una nueva oportunidad para debatir sobre este real decreto, el Real Decreto 16/2012. Este real decreto-ley que ya en su preámbulo establece axiomas que no compartimos, como -entre comillas- "el Sistema Nacional de Salud está en una grave dificultad económica sin precedentes"; o el otro -también entre comillas- que dice: "el insostenible déficit de las cuentas públicas sanitarias".

Este real decreto, lejos de hacer honor a su título -entre comillas también-, "garantizar la sostenibilidad del sistema", lo que hace es desprestigiarlo y declararlo insostenible. El sistema no tiene más problemas que hace diez años. Ahora en un grave entorno de crisis simplemente se amplifican los mismos problemas de siempre, una inadecuada gestión y una insuficiente financiación.

Si alguien replica que la financiación ha sido acorde a nuestro nivel de riqueza, ya le respondo que la financiación se hace, o se debe hacer, acorde a prioridades políticas, pero en cualquier caso ello no implica un problema de sostenibilidad. Se hace sostenible lo que se quiere sostener, y hay quien no quiere sostener el Sistema Nacional de Salud.

Ya lo decía Enrique Costas Lombardía, nada sospechoso de socialista, en un artículo reciente: "el fin de este real decreto-ley es el de ahorrar, no el de renovar; este real decreto-ley no puede sostener el sistema" -cierra las comillas-. Por tanto, las medidas que se plantean en este real decreto-ley no ayudan a solucionar los problemas del sistema, tan solo inician su desmontaje.

Conforme va pasando el tiempo y vemos las dificultades para la puesta en marcha de casi todo su contenido, las incongruencias entre lo que se dijo y lo que se va a hacer, la diversidad de modelos de aplicación del real decreto-ley entre las propias comunidades autónomas gobernadas por el PP, nos damos cuenta aún más del error que supone este real decreto, porque además de los agravios que ya genera su contenido va a provocar agravios entre comunidades y, por tanto, mayor desigualdad en el acceso a la salud entre los españoles.

Se introducen cambios fundamentales en el sistema sanitario público que incluyen el trueque desde el trabajado modelo de asistencia universal al mezquino de asistencia al asegurado. Se excluye de asistencia sanitaria a personas que conviven entre nosotros, lo que constituye una medida profundamente regresiva desde el punto de vista humanitario, condenando a los más desfavorecidos a quedarse sin atención sanitaria, arrebatándoles el derecho a la protección de la salud que se establece en nuestra Constitución.

Esta decisión, excluyente y unilateral del Partido Popular, supondrá un ahorro poco relevante en cuanto a la reducción del déficit público, pero, sin embargo, sí tendrá relevancia en cuanto al impacto en términos de salud pública, ya que hará ineficaces las estrategias de control frente a enfermedades infecciosas potencialmente transmisibles, por lo que no estará exenta de generar problemas de salud pública. Espero que en próximas sesiones tengamos la oportunidad de hablar de este tema en particular con más profundidad.

Por otra parte, comenzamos a vislumbrar que el pretendido ahorro mediante el "repago" farmacéutico va a ser mucho menor del previsto y sobre todo a base del efecto disuasorio sobre el consumo de medicinas, consumo que en muchos casos es necesario para el paciente.

Por consiguiente, nuestro voto va a ser favorable a esta proposición no de ley, por cuanto nuestra posición a este real decreto-ley siempre ha sido adversa. En este sentido nos parece oportuno que se busquen los necesarios consensos políticos para llevar adelante el pacto de estado por la sanidad que ya se propuso en febrero en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados; que se recupere el derecho universal, público y gratuito, a la asistencia sanitaria en nuestro país; que desaparezcan los nuevos copagos farmacéuticos y de transporte sanitario que establece este real decreto y que, como ya hemos planteado en varias intervenciones previas, se solicite la aplicación del nuevo Fondo de Garantía Asistencial a compensar los traslados por asistencia sanitaria desde islas periféricas a islas capitalinas, al igual que recoge el real decreto-ley respecto a Ceuta y Melilla. Circunstancia que solo confirma un desconocimiento de una realidad social y geográfica como la doble insularidad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente: Muchas gracias, don Jesús Morera.

Señorías, vamos a votar la proposición no de ley del Grupo Nacionalista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la sostenibilidad y calidad del sistema sanitario. Por lo que el grupo autor de la iniciativa propone, doña María del Mar, se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y se propone una transaccional a la del Grupo Parlamentario Mixto. Don Román, se la leo. El texto está igual, el suyo, solo que en la tercera línea, donde dice "aquellas personas como los inmigrantes irregulares", habría que añadir "sin recursos económicos", "residentes en el archipiélago". Habría que añadirle la expresión "sin recursos económicos".

Evidentemente, don Román, tiene que pronunciarse.

El señor Rodríguez Rodríguez (Desde su escaño): Yo acepto la propuesta, pero digo que es casi retórica, porque en los inmigrantes irregulares es bastante difícil medir sus recursos. En cualquier caso, sé que eso está llamado a facilitar el consenso y, por lo tanto, estamos de acuerdo, pero que sepan que eso se puede quedar solo en el papel, porque si eres irregular, pues, es difícil saber cuál es tu patrimonio.

El señor presidente: Muy bien, entonces se vota el texto de la enmienda, con esta añadida del Grupo Parlamentario Mixto y con la inclusión de una, digamos, una precisión, una precisión, respecto a los recursos económicos de los inmigrantes. Comienza la votación (Pausa).

Resultado de la votación: 53 presentes; 33 a favor, 20 en contra y ninguna abstención.

Queda aprobada con la incorporación de la enmienda del Grupo Mixto.

Un momentito, señorías, por favor, no se muevan de sus escaños.

Les agradezco a los señores portavoces que se acerquen aquí, lo mismo que el miembro del Gobierno que asiste a la Junta de Portavoces (Los señores portavoces atienden el requerimiento de la Presidencia). (Pausa.)

Gracias, señorías.

Sí, en estos momentos les ruego, señorías, que atiendan. Saben que hay un Pleno fuera de calendario, solicitado por el Grupo Parlamentario Popular, que está convocado a las doce. Entonces anunciarles que se retrasa el comienzo de ese Pleno para las cuatro cuarenta y cinco o cinco menos cuarto, como quieran. ¿De acuerdo? Cuatro cuarenta y cinco o cinco menos cuarto. Insisto, se retrasa el comienzo de ese Pleno hasta esa hora.

Vamos a concluir este con las proposiciones no de ley.

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Iniciativas tratadas
  • 8L/PNL-0102 Sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la Sostenibilidad y Calidad del Sistema Sanitario.