Diario de Sesiones 54/2012, de fecha 10/10/2012
Punto 9

· 8L/PNL-0118 Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública.

El señor presidente: Siguiente proposición no de ley -esta tiene una enmienda del Grupo Parlamentario Popular-: proposición no de ley del Grupo Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública.

Don Jesús Morera tiene la palabra.

El señor Morera Molina: Gracias, señor presidente. Buenos días nuevamente.

Bueno, el objeto de esta proposición no de ley es obtener de esta Cámara, por una parte, la reprobación para el Real Decreto-Ley 16/2012, en particular lo referente a la desatención a personas que no ostenten la condición de asegurado; y, por otra, solicitar al Gobierno de Canarias que articule la fórmula para que en nuestra comunidad estas personas obtengan la misma atención sanitaria que el resto de los ciudadanos.

Como ustedes conocen, el pasado 1 de septiembre entró en vigor la retirada del derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud a personas sin permiso de residencia. Esta medida forma parte del Real Decreto-Ley 16/2012, de recortes en sanidad, promulgado por el Gobierno de Rajoy el pasado mes de abril, con el voto en contra de todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y que supone en la práctica un cambio de nuestro modelo de sanidad.

Con el real decreto-ley se pasa de un sistema hasta ahora universal, público, gratuito y equitativo a un modelo asistencial de beneficencia; se pasa de un sistema de derechos a un sistema de aseguramiento. Es decir, retrocedemos más de 30 años, al sistema anterior, a la Ley General de Sanidad de 1986. Un sistema en el que la atención sanitaria era una contraprestación por lo cotizado en vez de un derecho ciudadano universal. Esas personas a las que ahora quieren dejar sin asistencia sanitaria también contribuyen a través de los impuestos indirectos a pagar el sistema sanitario. Ellos también pagan impuestos sobre combustibles, IGIC, cuando buenamente pueden consumir, etcétera.

Esta decisión, adoptada de manera irresponsable y sin consenso, es de una enorme gravedad y va a tener repercusiones tanto por la fractura social que va a suponer como por el deterioro en la salud pública de nuestro país. Constituye, por tanto, la mayor agresión a la sanidad pública que hemos vivido en la historia de nuestra democracia.

En primer lugar, limitar el derecho a la salud de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad es una medida regresiva y discriminatoria. Además implica romper uno de los principales consensos básicos que en estos últimos 25 años han guiado a la política sanitaria de nuestro país: la universalidad de la atención sanitaria.

En segundo lugar, la exclusión del acceso a la atención sanitaria, excepto en los supuestos conocidos, la atención sanitaria de los inmigrantes en situación irregular, supondrá un ahorro poco relevante en términos de reducción del déficit y, sin embargo, su impacto en términos de salud será enorme. En especial para pacientes en tratamiento por cáncer, hemodiálisis y otras enfermedades crónicas, cuya continuidad dependerá ahora de su capacidad de renta para poder costearlo.

Por otro lado, es insólito e insensato que el Gobierno no haya atendido el criterio de los profesionales. Es importante señalar que todos los colectivos profesionales han manifestado que se trata de una medida contraria al código deontológico médico, pues sitúa a los profesionales médicos ante un dilema ético al no poder asegurar la continuidad de tratamiento y cuidado a sus pacientes. Igualmente consideran que esta medida puede ocasionar disfunciones en el sistema sanitario derivadas de sobrecargas en los servicios de urgencias de aquellas poblaciones con mayor número de extranjeros en situación no regularizada, lo que complica aún más la ya habitual elevada demanda de asistencia sanitaria que sufren estos servicios.

Hasta el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas se ha pronunciado en contra de esta medida y recomienda al Gobierno de España asegurar que, de conformidad con el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias, las reformas adoptadas no limiten el acceso de las personas que residan en nuestro país a los servicios de salud, cualquiera que sea su situación legal. Incluso algunos gobiernos autonómicos han manifestado desde el principio su oposición a dejar sin tarjeta sanitaria y, por extensión, sin acceso a la asistencia primaria de salud y a la atención de especialistas a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular. En Canarias, en particular, una comunidad históricamente sensible y solidaria con los inmigrantes, no en vano hemos sido emigrantes en muchas épocas y quién sabe si no lo tendremos que volver a hacer, esta medida no va a ser entendida ni aceptada por la sociedad.

La nefasta gestión de la reforma sanitaria por parte del Gobierno del señor Rajoy no solo ha generado incertidumbre y alarma entre los españoles -los datos del CIS sitúan a la sanidad como una de las preocupaciones más relevantes de la ciudadanía, la cuarta en este momento, cuando hace apenas un año era valorada como el mejor servicio público-, sino que también, en lugar de armonizar las actuaciones de todas las comunidades autónomas, se ha conseguido el efecto contrario, creando confusión y mayor desigualdad entre territorios en la prestación de este servicio público básico.

Por todo ello, para seguir defendiendo nuestro sistema de sanidad universal, que goza o gozaba hasta ahora de prestigio internacional, de eficacia y de calidad, el Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias presenta la siguiente proposición no de ley. El punto 1 es instar al Gobierno de Canarias a articular un mecanismo para garantizar a las personas inmigrantes en situación irregular que residan en la comunidad autónoma el mismo derecho a la cobertura sanitaria que la establecida para el conjunto de los ciudadanos españoles. Y el segundo punto, instar al Gobierno de España a recuperar por ley la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, desvinculando la sanidad de la Seguridad Social, y ampliando el ámbito subjetivo del derecho a la protección de la salud con fondos públicos, que ha sido profundamente modificado por el Real Decreto-Ley 16/2012.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Jesús Morera.

Grupo enmendante, Grupo Parlamentario Popular, doña María Teresa Pulido.

La señora Pulido García: Gracias, presidente.

De nuevo hoy el portavoz del Grupo Socialista viene a hablar de que el Decreto-Ley 16/2012 rompe la universalidad de la asistencia sanitaria y que con esto se rompe el consenso que se había establecido en la Ley General de Sanidad. Mire, la Ley General de Sanidad, en su artículo 1, en su apartado 2, dice que todos los ciudadanos españoles tienen derecho a la asistencia sanitaria, así como los extranjeros con residencia establecida en España, y esto se cumple en la regulación y en este real decreto. ¿Qué es lo que ocurre, señorías? Pues que ustedes han creado un mito, que ustedes han hecho de la universalidad un mito. Han gobernado desde el año 86 al 96 y después otros ocho años: nunca han hecho efectiva la universalización. Por lo tanto, esto es lo que a veces les ocurre, que se les llena la boca de conceptos, de buenas ideas, de buenas intenciones, pero se les olvida materializarlo en normas. Y de hecho ustedes saben que antes de aprobarse este real decreto no estaba universalizada la atención sanitaria en España. Había ciudadanos españoles que no tenían derecho a la asistencia sanitaria, y de esto se olvidan ustedes ahora.

Me parece muy bien la aspiración a la universalidad, pero, insisto, no se ha hecho efectiva desde el año 1986, en el que se aprobó la Ley General de Sanidad. Ahora ni se ha roto el consenso ni se está modificando el modelo que establecía la Ley General de Sanidad, que le recuerdo, señor Morera, que hoy sigue vigente.

Respecto a la facturación, mire, el propio artículo 16 de la Ley General de Sanidad dice que a las personas que no tienen derecho a la asistencia sanitaria los sistemas de salud les facturarán por la asistencia prestada. Lo dice la Ley General de Sanidad, que se aprobó y que ha sido motivo de consenso sobre el modelo sanitario en España.

No les quepa ninguna duda, señorías, de que el principal reto que tiene el Gobierno del Partido Popular es la sostenibilidad del sistema sanitario. El Gobierno del Partido Popular y la ministra Ana Mato han salvaguardado con este real decreto, pactado, les guste o no, en el Consejo Interterritorial con las comunidades autónomas, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Ningún país europeo tiene a día de hoy la protección que mantiene España con los inmigrantes que se encuentran en nuestro país en situación irregular. Tenemos la protección de las urgencias, la protección en salud pública, digan ustedes lo que digan, con enfermedades infectocontagiosas -tuberculosis-, con las vacunaciones, porque eso son estrategias poblacionales y no dependen de la tarjeta sanitaria individual. Se seguirá luchando contra el sida, lucha contra todas las enfermedades infecciosas, asistencia a los menores de 18 años, a las embarazadas, en el parto, en el embarazo y en el posparto. Atenderemos a todos los enfermos que tengan una enfermedad crónica o a todos los que tienen una enfermedad grave, se mantendrá la diálisis. O sea, todo. ¡Basta ya de demagogia! Lo único que se ha retirado es la tarjeta sanitaria, no la atención a los inmigrantes.

Con este decreto-ley lo que hacemos es garantizar la permanencia del actual modelo sanitario, que lo recoge la Ley General de Sanidad. Sí, señora Zamora, le hace mucha gracia, pero un real decreto...

El señor presidente: No, pero, miren, vamos a ver, primero...

La señora Pulido García: Vale. La titularidad...

El señor presidente: No, disculpe...

La señora Pulido García: ...la titularidad está regulada en el artículo 1, apartado 2, bueno, ya lo había dicho.

Ya estamos contemplando en normativas anteriores cómo la Ley de Cohesión y Sanidad del sistema nacional, también en su artículo 2, decía que los principios que informan esta ley son, entre otros, el aseguramiento universal y público por parte del Estado. También le diré, señor Morera, por si no lo sabe, que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud existe -y están representadas todas las comunidades autónomas, incluida la nuestra- una comisión permanente de aseguramiento, financiación y prestaciones, desde el año 2004. O sea, que no hay cambio de modelo, lo digan ustedes las veces que lo quieran repetir.

Lo que sí hemos hecho, porque era necesario, es mejorar el procedimiento que da acceso a la asistencia sanitaria. Un procedimiento que va a dar garantías del buen uso del sistema y con el que vamos a poner fin al descontrol que se había generalizado al dar indiscriminadamente tarjetas sanitarias a cualquier ciudadano por el simple hecho de empadronarse. Por tanto, lo que hemos hecho es poner un poco de control en la situación. No puede ser que todo el que se empadrone en nuestro país tenga derecho a la tarjeta sanitaria. Ningún ciudadano se va a quedar sin atención, sin la asistencia básica en España, porque así lo dice el decreto-ley, así lo garantiza la Constitución española y decir lo contrario no se corresponde con la realidad. Lo que no puede ser es que se traten de equiparar los derechos de los ciudadanos, de los inmigrantes, de las personas que vienen de manera legal a nuestro país, con aquellos que están en una situación irregular. Pero, le repito, se les va a dar asistencia sanitaria (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente y pasa a ocupar la Presidencia el señor vicepresidente segundo, Fernández González).

Pero, mire, la gestión de cómo se presta la asistencia sanitaria en nuestro país pertenece a la comunidad autónoma. Otras comunidades autónomas ya tienen desarrollado cómo, a través de convenios de los servicios Sociales o de otras entidades, van a dar la prestación. Aquí todavía nada sabemos.

La demagogia en relación con estas medidas es la que crea la incertidumbre, señor Morera, incertidumbre entre los ciudadanos.

No deberíamos jugar con la cuestión de la sanidad. Ustedes lo repiten mucho, pero no lo hacen, porque sigue usted diciendo que vamos a cambiar el modelo. Le repito: el modelo es el mismo de la Ley General de Sanidad.

¿Qué hemos hecho? Pues hemos cambiado el procedimiento, el procedimiento para ser asegurado. Porque los españoles ya estaban asegurados a través de la Seguridad Social, que es un sistema antiguo y consolidado dentro de nuestra Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Hemos cambiado el procedimiento reglado que, como le digo, nos equipara al resto de países de la Unión Europea.

Algunas personas, es cierto -lo único cierto de lo que usted dice- que algunas personas no van a tener derecho a la tarjeta sanitaria. Efectivamente. ¿Quiénes?: pues los extranjeros que de manera irregular estén en nuestro país. Pero lo que debe garantizarles la comunidad autónoma es la asistencia sanitaria. Mire, ya lo han hecho Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra. Tienen hasta presupuestado lo que les va a costar llevar a cabo ese atendimiento.

Señores del Partido Socialista, ustedes cogobiernan en Canarias con el Grupo Nacionalista: ¿a qué esperan para que la señora consejera regularice la forma en que se va a atender en esta comunidad a los irregulares? ¿Esperan lo mismo que se está esperando para que la señora consejera tenga a bien que los pensionistas paguen hasta el tope?, porque en otras comunidades... Y le repito que la gestión, el cumplimiento de este decreto es obligado por todas las comunidades autónomas, pero la gestión pertenece al Gobierno de Canarias, a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Y, señor Morera, ustedes cogobiernan, forman parte, apoyan al Grupo Nacionalista, al cual pertenece la consejera de Sanidad, no sé a qué esperan para regular. Por eso mi grupo está de acuerdo en el segundo punto de su proposición no de ley y de hecho lo único que añadimos es que instamos al Gobierno de Canarias, porque evidentemente no sabíamos muy bien a quién se refería usted con la propuesta. Y por si había alguna duda lo único que enmendamos, y por eso le voy a pedir que se vote por separado, es el que instamos al Gobierno de Canarias a que diga cómo va a atender a los inmigrantes. Mire, menos palabrería y más hechos, señor Morera.

Y, mire, respecto a la proposición no de ley que decía usted antes que nosotros habíamos presentado en otras comunidades autónomas, no, no la hemos presentado, pero esta, señor Morera, le puedo dar el Diario de Sesiones de todos los parlamentos autonómicos de España, que ustedes sí que la han presentado.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias.

Señor Morera.

El señor Morera Molina (Desde su escaño): Usted misma se contradice, señora Pulido, cuando dice que no se va a dar la misma atención a un extranjero legal que a un extranjero ilegal. Eso es perder la universalidad. Usted misma lo ha dicho claramente, ¿no?, no hay nada más que decir.

Mire, respecto al primer punto de su enmienda, y más allá de resquicios y de interpretaciones legales cuyos últimos agujeros tapamos con la Ley de Salud Pública del año 2011, ustedes lo que quieren es tergiversar una realidad que hemos vivido en España desde la Ley General de Sanidad del año 86, y es que en España desde entonces hemos atendido a todas las personas que conviven con nosotros. De hecho, de hecho, hoy no estaríamos hablando de cómo reconducir esto si el Real Decreto-Ley 16/2012 no hubiera eliminado la asistencia universal. Este problema no existía; si no, no estaríamos hablando de este problema, ni aquí ni en todas las comunidades de España. Está queriendo usted hacernos como si fuera... No, este problema existe, se han cargado ustedes esto y hay que reconducirlo.

Y en cuanto al segundo punto, si se están refiriendo ustedes a los mecanismos para garantizar la atención a inmigrantes, entre otros a los convenios por los que tendrán que pagar 710 euros anuales los menores de 65 años y 1.865 euros anuales los mayores de 65 años, sin incluir la prestación farmacéutica, cifras similares o incluso mayores de las que cuesta un seguro privado, pues, por supuesto, nuestra respuesta es obviamente no.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias.

(La señora Pulido García solicita la palabra.)

No, no hay derecho a réplica en este caso si no... ¿Motivo?

La señora Pulido García (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.)

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): ¿Por haber sido contradicha?

La señora Pulido García (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.)

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Tiene un minuto.

La señora Pulido García (Desde su escaño): Gracias, presidente.

Mire, señor Morera, simplemente aclararle que yo no he dicho que los inmigrantes irregulares, o que están en situación irregular, que me gusta más llamarlo así, en España o los inmigrantes que están legalizados viviendo en una situación de total legalidad en España vayan a ser atendidos de diferente manera. Lo que he dicho es que van a ser atendidos todos de igual manera. No van a tener derecho a la tarjeta sanitaria individual, porque, entienda usted, una persona en situación irregular es totalmente atípico que tenga la tarjeta sanitaria. Es lo que he dicho, señor Morera.

Gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Señor Morera.

El señor Morera Molina (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.)

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias.

¿Grupos no enmendantes?

El señor Rodríguez Rodríguez: Señorías, nosotros, porque ya lo hemos reiterado desde esta tribuna, apoyamos el Sistema Nacional de Salud tal como lo hemos construido en las últimas décadas, en su filosofía, en su potencialidad, en la universalidad, en la cartera de servicios, en los niveles de gratuidad, y, por lo tanto, estamos en contra del decreto que, por razones económicas, en virtud de la nueva lógica impuesta por los mercados, está inspirando a los gobiernos para recortar derechos y servicios. De manera que vamos a apoyar la proposición no de ley en los términos en que se ha propuesto, porque ya hemos reiterado aquí, al menos un conjunto de grupos, nuestro compromiso por la defensa de la sanidad pública, sin tapujos, sin cortapisas y sin dobles lenguajes. Por lo tanto, apoyaremos la proposición no de ley.

Aprovecho para decir que ese real decreto -y no es la primera vez que lo decimos- no responde ni a organizar ni a gestionar ni a mejorar el sistema sanitario. Ese real decreto, como casi todos los que se han promulgado en los últimos nueve meses, está destinado a llevar a la práctica la máxima que se ha impuesto en los últimos años en los gobiernos de nuestro entorno, y es recortar derechos, recortar servicios públicos, recortar gastos y subir impuestos, y no responde a ninguna otra cosa. Se puede enmascarar, se puede disfrazar, se puede embellecer el tema, pero ese real decreto es un retroceso en los derechos de la ciudadanía. Es un retroceso en el modelo universal y gratuito que teníamos y además yo sostengo, desgraciadamente, que no será la última agresión al Sistema Nacional de Salud de España. No será la última agresión, vendrán más, porque el panorama apunta a que vendrán más. Los nuevos recortes del Presupuesto del próximo año y los recortes del año siguiente van a recaer sobre los servicios públicos básicos.

La propaganda, la simplificación de que el problema del sector público es que sobran concejales o ayuntamientos tiene corto recorrido, tiene fecha de caducidad. Si se recorta de la manera notable en que se recorta el gasto público solo se puede hacer sobre los servicios públicos esenciales y sobre la inversión productiva, y eso es lo que está pasando en los Presupuestos públicos del Estado español en los últimos años. Y el año que viene va a continuar, también después de que rectifiquen la ley que presentaron el otro día y que ya se ha caducado. Es decir, la Ley de Presupuestos en tramitación, o presentada en las Cortes Generales, ya hay que hablar de ella en pasado, porque no hay nadie que afecte la mayor, que es el crecimiento de la economía, o el decrecimiento de la economía, con -0,5. Se hace un Presupuesto que nada tiene que ver con una economía que, como mínimo, estará en un -1,3, como mínimo. De manera que habrá más recortes sobre los que ha programado esta Ley de Presupuestos. No serán 38.000 millones, entre impuestos, entre más impuestos y más recortes, serán más, y con más tampoco cumplirán los objetivos del déficit. Pero, insisto, lo dice casi todo el mundo, incluido el Fondo Monetario Internacional; insisto, lo que le pasa a la sanidad en sus diversas expresiones es más de lo mismo. Con esta lógica de recortes, ni prestaciones farmacéuticas ni prestación de transporte ni otras prestaciones. Por eso nosotros reafirmamos nuestra posición de defensa del Sistema Nacional de Salud, que, además, en este caso es un sistema que podemos defender y presumir desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia. Que aprovecho para decir que yo sí que conozco estos conceptos y no los confundo. Lo digo porque alguien en esta tribuna esta mañana hacía referencia a ello de manera equivocada, pero yo no los voy a explicar aquí porque para eso está internet, ¿no?, y está el iPad que nos han dejado. Busquen y aprendan.

De manera que el Sistema Nacional de Salud español es eficiente, gasta poco y consigue excelentes resultados, gratuito, y es un referente mundial. Es de las pocas cosas de las que podemos presumir en el Estado español, de las pocas. Tenemos un sistema eficiente: con pocos recursos consigue excelentes resultados para toda la población, y es un referente mundial. Con ese real decreto y con los que vengan se está cuestionando una de las principales conquistas de la ciudadanía, uno de los elementos que mejor distribuyen riqueza, y nosotros modestamente lo vamos a defender.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Muchas gracias, señor Román.

Tiene la palabra, por parte de Coalición Canaria.

La señora Julios Reyes: Muchas gracias, señor presidente.

Mi grupo también apoya esta iniciativa, como no podía ser menos. Estamos hablando de derechos, estamos hablando del recorte en derechos y en el Estado del bienestar que, desgraciadamente, en este país se está teniendo.

Y yo creo que ya la hipocresía en el discurso del Partido Popular llega a extremos verdaderamente yo diría que patológicos. No sé si es que está en el DNA, porque el DNI ya hemos visto qué poco sirve. Digo, estará en el DNA, en el ADN, porque sinceramente yo creo que ni ustedes se creen el discurso que están teniendo con respecto a la universalidad. No se lo cree el Partido Popular en aquellos territorios que ahora están en campaña electoral. El PP gallego, el PP vasco, renuncian por completo al discurso del Partido Popular en el Gobierno del Estado, porque saben que, si no, van a sufrir en las próximas elecciones.

Señorías, están desmantelando por completo el Sistema Nacional de Salud. Claro que conocemos el concepto de universalidad, claro que sí, claro que sí, señoría. Es una hipocresía decir que se les quita la tarjeta sanitaria pero que van a seguir prestando atención sanitaria, y además hacerlo en un contexto en donde se dice que eso se hace porque se van a ahorrar 10.000 millones de euros. No se van a ahorrar 10.000 millones de euros, señorías, y ustedes lo saben bien.

No es solo la crisis lo que está llevando a que el Partido Popular tome esta medida, hay detrás toda una estrategia de desmantelamiento de los servicios públicos, una estrategia de cambio de modelo profundo. De un modelo de universalidad y de Sistema Nacional de Salud estamos evolucionando hacia un modelo de aseguramiento privado para los que pueden pagárselo y de beneficencia para los que no tengan dinero para pagar, y eso descapitaliza el Sistema Nacional de Salud. Y lo dije en esta tribuna hace tiempo: hay quienes defendemos esta tarjeta, la tarjeta sanitaria, la que nos da el derecho a la universalidad en cualquier territorio de España, y hay quienes defienden que esta, la Visa, sea la tarjeta de entrada al Sistema Nacional de Salud. ¡Eso es lo que está defendiendo el Partido Popular y por eso son no solo estos recortes económicos sino estos cambios de modelo profundamente ideológicos!

Ayer nos decía la portavoz del Grupo Popular que hablar de privatización a ella no le produce problemas, que desde luego era una cuestión de la ideología que teníamos los demás grupos. El cambio que se está produciendo es un cambio de naturaleza profunda, ideológica, en este país. Lo están haciendo en el sistema educativo, separando hasta los niños y las niñas de las clases, y lo están haciendo en el sistema sanitario. Un problema ideológico y de intereses económicos que hay detrás. Sí, señoría, sí, es así, y encima les dicen ustedes a los ciudadanos que les quitan los derechos para ser más universales. Por favor, señoría, ¡qué hipocresía, qué hipocresía! Y pienso seguir pensando y diciendo lo que digo, señoría, y le aseguro que ni por eso me voy a cambiar la nacionalidad ni me voy a ir de aquí, señoría. Es una vergüenza lo que está pasando y es una vergüenza que ustedes no asuman un pizco tan siquiera de responsabilidad.

Y, miren, no lo decimos nosotros nada más. Vamos a reflexionar, lo que nos pide Cáritas. Cáritas, cuando han sacado estas medidas, concretamente la pérdida de la universalidad en el Sistema Nacional de Salud, decía -y leo textualmente lo que dice la Obra Social de la Iglesia católica-: "estas medidas suponen un cambio de modelo -no lo dice ningún partido político, ¿eh?, lo dice la Iglesia católica-, un cambio de modelo que afecta fundamentalmente a las personas más desprotegidas, tanto a los ciudadanos españoles como a los ciudadanos comunitarios de cualquier otro lugar, con un mayor riesgo de exclusión social. Es el inicio de una dualización del sistema sanitario: aseguramiento y beneficencia. Poco realismo en cuanto a eficiencia y ahorro va a traer este decreto". Es lo que dice la Iglesia católica y además es lo que está pasando, es lo que está pasando en estos momentos en manos de un Partido Popular que está desmantelando el Estado del bienestar y los servicios públicos y especialmente el Sistema Nacional de Salud, en España y en Canarias.

Gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señora diputada (Pausa).

(Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor presidente.)

El señor presidente: Señorías, votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública.

Se vota la proposición no de ley como está, ¿don Jesús Morera? (Asentimiento del señor diputado.) Muchas gracias.

(La señora Pulido García solicita la palabra.)

Sí, dígame, disculpe. Dígame, doña Teresa.

La señora Pulido García (Desde su escaño): Gracias, presidente.

Mi grupo pedía la votación por separado, porque estamos a favor de una de las propuestas y de otra no.

Gracias.

El señor presidente: Sí, sí, el grupo tiene derecho a pedir votación separada.

(El señor Morera Molina solicita intervenir.)

Sí, dígame, don Jesús.

El señor Morera Molina (Desde su escaño): Nosotros entendemos que la proposición consta de dos puntos, pero queremos que se voten completos los dos puntos, votación única.

El señor presidente: No, es distinto, es distinto a cuando usted pide votación separada los demás grupos pueden decir que no, pero cuando un grupo pide votación separada de algo que no es suyo, tiene derecho a... Sí, perdonen, lo aclaramos definitivamente (El señor presidente consulta con el letrado-secretario general). (Pausa.)

Disculpen, es cierto, el grupo de la iniciativa decide, sí; o sea, no cabe duda. Disculpen, es que anteriormente la que era era sobre una enmienda la discusión y no sobre la proposición no de ley. Doña Maite, pues, se vota todo junto.

Comienza la votación (Pausa).

Resultado: 48 presentes; 29 a favor, 19 en contra y ninguna abstención.

Queda aprobada.