Diario de Sesiones 56/2012, de fecha 24/10/2012 - Punto 1

· 8L/C-0452 Comparecencia del Gobierno -consejero de Economía, Hacienda y Seguridad-, instada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas de reducción del capítulo I, gastos de personal, para 2012 en el Plan económico-financiero de reequilibrio de la CAC 2012-2014.

El señor presidente: Continuamos con el orden del día. Comparecencias, del Gobierno -consejero de Economía, Hacienda y Seguridad-, instada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas de reducción del capítulo I, de gastos de personal, para 2012 en el Plan económico-financiero de reequilibrio 2012-2014.

Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez tiene la palabra.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente, señorías. Muy buenos días, señor consejero.

El objeto de la comparecencia es ver si somos capaces de descubrir las consecuencias de las decisiones que tomamos, el impacto que tienen sobre los ciudadanos, sobre los servicios, sobre la economía.

Como ustedes bien saben, este Parlamento aprobó, en diciembre del año 11, la Ley de Presupuestos para el año en curso. Una ley a la que la fuerza que represento presentó una enmienda a la totalidad al interpretar que la previsión de ingresos y gastos era equivocada, que la previsión macroeconómica era equivocada. Unos meses después, concretamente en abril del año en curso, se aprueba el Plan económico-financiero de reequilibrio 2012-2014, que, como tal, revisaba de manera profunda las previsiones de la Ley de Presupuestos recién aprobada. Como advertimos desde esta tribuna en la discusión de esa ley, ese Plan Económico-Financiero 2012-2014 obligaba al Gobierno de Canarias a redefinir los Presupuestos por 800 millones de euros, nada más y nada menos, exactamente 564 millones de euros de recortes y 250 millones de euros de nuevos ingresos por subidas impositivas o por la creación de nuevos impuestos.

Insisto en la secuencia de los hechos porque estas cuestiones importan y, como la vida sigue, habrá más situaciones de similares características.

Esa Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, que lo que pretende es llevar a la normativa lo que el Plan económico-financiero obliga, de recortar 564 millones e ingresar, si se puede, 250 a través de nuevos impuestos o subida de los preexistentes, se aprobó aquí también con una enmienda a la totalidad de la fuerza política que represento, de Nueva Canarias, y con enmiendas parciales en su momento, pero se aprobó. Esa ley tomó decisiones como las siguientes: se redujo en el capítulo I para el semestre último del año 12 en 222 millones de euros, aproximadamente 108 millones en torno a la reducción salarial y el resto en otras medidas diversas pero que, en definitiva, suponen menos efectivos humanos; en el capítulo II se promovía una reducción de 73 millones; en el IV, de 48; y en los capítulos restantes, pues, hasta los 564 millones.

Nosotros sostenemos que este año se ha destruido mucho empleo público en nuestra comunidad y especialmente en el Gobierno de Canarias, porque recortar 222 millones de euros tiene impacto en el capítulo I y si se hace en un semestre, ni les cuento. Hoy nosotros queremos preguntarle al Gobierno que nos diga cuál es la destrucción efectiva de empleo público en nuestra comunidad en aplicación de la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, cuál es el impacto en la reducción de recursos humanos. Porque, aunque yo sé que eso no es sencillo ni fácil, si ustedes no lo hacen, la realidad se les va a imponer como ocurre siempre. Y es que en la sanidad pública sostenemos los que conocemos el sistema y conectamos con el sector que se han echado a la calle a miles de personas, gente que trabajaba antes y que no trabaja ahora; que en educación los efectivos son como mínimo 1.000 personas menos a final de este año; que en las empresas públicas, en los planes que conocemos de regulación de empleo, van entre 400 y 500 personas a la calle.

Queremos saber cuál es el impacto en la destrucción de empleo de los recortes, porque si no se quedan ustedes a medias. Porque dicen en los periódicos que esto es catastrófico, que esto es terrible, que esto es la guerra, pero cuando decimos "vamos a ver las consecuencias de la guerra, cuántos muertos tiene esta guerra", pues, salen ustedes a simplificar las cosas.

Dicen las estadísticas de la Seguridad Social recientes que el tercer sector que más empleo pierde en esta crisis, ahora, en el año 12, en el acumulado, después de la construcción y las industrias extractivas es el sector público. Pues digamos las cosas como son, digámosles a los ciudadanos que los recortes no son eficiencia, que los recortes no es buena gestión, que los recortes no es hacer las cosas bien. Los recortes serán obligados pero tienen un impacto en la economía, en el empleo y en los servicios. Y digámosle a la gente que no se puede aplaudir cuando se despide a un...

El señor presidente: Un minuto, para terminar, don Román.

El señor Rodríguez Rodríguez: ...que no se puede aplaudir cuando un enseñante se va a la calle, porque esa será la manera de que la gente comprenda que los recortes en el sector público le afectan a sus vidas, a sus intereses. Porque menos efectivos humanos en sanidad son más listas de espera, son peores servicios de urgencias, es retraso en la programación de la asistencia sanitaria; porque despidos en el sector educativo son más niños por aula, es más fracaso escolar.

Y en eso es en lo que yo quiero que nos ayuden los del Gobierno, para que la gente sepa que recortar recursos públicos no es para ponerse medallas, no es para presumir, es para llorar, y lo que les pido es que nos digan cuánto empleo han destruido. Yo tengo algunos datos, no tengo todos los datos oficiales porque las estadísticas van como van, pero saldrán. Afortunadamente este es un país donde las cosas funcionan y los datos son...

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Por el Gobierno, el señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, don Javier González Ortiz.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Presidente, señorías: buenos días a todos y a todas.

Solicitaba la comparecencia el Grupo Mixto para las medidas de reducción en el capítulo I del Plan económico-financiero de reequilibrio de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2012-2014. Lo ha ligado con algunas otras cosas, intentaré ver si somos capaces de centrar la solicitud de comparecencia y la información que nos pide.

Evidentemente, el plan aprobado el pasado mes de mayo por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y ahora en ejecución no nos olvidemos que respondía a tres objetivos: uno, cumplir con el objetivo de déficit; otro, afrontar los recortes estatales del año 2012; y, el tercero, intentar sostener el núcleo de los servicios públicos esenciales en Canarias.

Contiene, señor Rodríguez, medidas duras, muy duras, pero irremediables, cuya adopción es del todo obligada para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Como sabe, las consecuencias de su no aplicación nos llevarían a una desviación del objetivo del déficit y nos abocarían a una intervención de las cuentas de esta comunidad autónoma y, por tanto, a que otros tomaran las decisiones, y, visto lo visto, señor Rodríguez, serían aún mucho peores.

Mire, el desplome de las transferencias del Estado en todas las partidas y sobre todo en las relativas al sostenimiento de la sanidad, la educación y los servicios sociales obligó al Gobierno de Canarias a verse forzado, por tanto, a elaborar este plan. Y eso ocurre mientras el resto de comunidades autónomas, salvo las islas, han obtenido inyecciones extraordinarias de fondos del Estado, derivadas, por un lado, de las liquidaciones positivas del sistema de financiación del año 2010, cosa que no ha ocurrido en el caso de Canarias, pero, lo que es más grave, todas reciben más recursos por habitante que Canarias para sufragar los servicios públicos esenciales, esos a los que usted ha hecho referencia en su intervención. Por tanto, son unas medidas forzosas, aplicadas tanto en el ámbito de los ingresos como en el de los gastos.

En el primero de ellos, a través de la subida impositiva en vigor desde el pasado mes de julio, que para dar una referencia supone el 30% del ajuste al que tuvimos que hacer frente, siendo conscientes de que esa afección de un incremento impositivo tiene consecuencias en el ámbito de la economía.

En el área de gastos, el Plan económico-financiero establece una reducción generalizada que afecta a todos los departamentos y todos los capítulos. También al capítulo I, relativo a los gastos de personal, influenciado además por la aprobación de reales decretos del Estado en materia sanitaria y educativa. No nos olvidemos de eso, porque entonces, si nos olvidamos de esa parte, estamos trasladando toda la situación a una parte solo de los ejecutores por obligación de alguna de las cosas que nos afectan a todos.

Mire, como usted bien decía, las medidas en cuanto al capítulo I supondrán un ajuste en torno a 230 millones de euros al finalizar el año 2012, cuya ejecución al tercer trimestre asciende a unos 36 millones de euros. Eso es derivado de que la mayor parte del ajuste tiene que ver con la reducción, la supresión de la paga extra del mes de diciembre y, por tanto, en torno a los 120 millones de euros de esa total reducción se verá disminuida en cuanto a los créditos de la comunidad autónoma al finalizar este ejercicio. Asimismo, la reducción salarial de las retribuciones del personal de la Administración General, docente y sanitario, que se incluyó en la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales aprobada el pasado mes de julio, que, como usted bien sabe, han sido compensadas por la eliminación de la paga extra; es decir, nosotros previmos una reducción de las retribuciones del personal de la Comunidad Autónoma de Canarias que fue ampliamente superada por la decisión posterior del Estado en cuanto a la supresión de la paga extra de diciembre.

Esta reducción -no nos olvidemos- también incluye en cuanto al capítulo I la reducción de las retribuciones de los altos cargos del Gobierno de Canarias en un 7% con respecto a las vigentes a 1 de enero de 2012, que se suman a las dos anteriores hechas por parte del Gobierno de Canarias.

Asimismo, y dado que usted solicitaba y preguntaba por las medidas del capítulo I, no debemos olvidarnos que se relaciona también en el plan el aspecto que tiene que ver con las jubilaciones, por las que está previsto un ahorro total de unos 6 millones de euros, procediéndose a revisar las condiciones de acceso, a ampliar la permanencia en la comunidad autónoma, con el fin de que la edad establecida en la legislación básica del Estado se asimile y, por tanto, se incorpore en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Asimismo, se ha dado continuidad al proceso de mejora de la racionalización de los efectivos y se ha intensificado el control del gasto en sustituciones, refuerzos y nombramientos interinos, reteniendo créditos para aquellos casos en los que se hayan detectado determinadas desviaciones. A estas medidas, a las medidas anteriormente descritas, se añade la posibilidad de diseñar nuevos complementos, la imposibilidad de diseñar nuevos complementos retributivos o retribuciones variables para evitar crecer el gasto del capítulo I.

En cuanto al personal dependiente del Servicio Canario de la Salud, se han establecido varias acciones para lograr una acción mucho más eficaz y eficiente con la intención de salvaguardar el funcionamiento del núcleo de este servicio básico. Destacan, además, el control general del gasto de las sustituciones, la introducción de mejoras en el sistema del control horario, así como en los sistemas de información dedicados a gestión del personal en materia de evaluación. En este sentido también se avanza en la aplicación de programas especiales por objetivos y la vinculación de las retribuciones a la consecución de esos logros. También se refuerza el control previo para la aprobación de programas especiales que supongan un necesario aumento de personal. No podemos llegar a esos niveles.

Las medidas adoptadas responden, por otro lado, a una restructuración de determinados servicios y a una reorganización de los módulos de guardia y la eliminación de algunas direcciones de área en aquellos lugares con menor población. Es decir, se actúa en todos y cada uno de los aspectos del gasto referentes al capítulo I.

Desde hace algunos meses quedó instaurada una modificación de la jornada ordinaria de trabajo del personal estatutario. No nos olvidemos que eso también tiene determinadas implicaciones. Digo, del personal estatutario, funcionario y laboral, y la reorganización de los periodos vacacionales y, por tanto, eliminación de algunas duplicidades detectadas. Esa ampliación de jornada tiene un efecto importante en el ámbito del personal.

En cuanto a las medidas adoptadas en el sector educativo, se ha pretendido limitar a toda costa la reducción impuesta por el Estado encaminada a incrementar la ratio de alumnos por aula y lo que se ha hecho es trabajar en el ámbito de las horas lectivas, ¿no? Esta decisión de la ratio por aula en el ámbito educativo, bueno, propiciada por el real decreto del Estado, tiene especiales implicaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Como bien usted sabe, cuando medimos las ratios de alumnos por profesor hay diferencias significativas en función de las islas. Hay determinados servicios educativos que tienen unas ratios muy bajas, pero son derivadas de nuestra condición insular.

En líneas generales, señor Rodríguez, el Plan económico-financiero en materia de personal lo que intenta es amortiguar el efecto de la normativa básica impuesta a través de los reales decretos, que, en caso de aplicarse en toda su extensión, nos conduciría no solo a un importante deterioro de los servicios esenciales sino también a incrementar de forma más que notable esa reducción de personal a la que usted hacía referencia, y esa es una línea que el Gobierno de Canarias intenta no traspasar, a pesar de que tiene unas enormes limitaciones presupuestarias derivadas de unos recursos insuficientes que son los que provocan finalmente el resultado. Déjeme darle después dos datos para hacernos referencia de dónde y cómo estamos, ¿no? No nos olvidemos de que en este caso la Comunidad Autónoma de Canarias está destinando recursos de otras partidas al ámbito sanitario, educativo y de servicios sociales para compensar el déficit de financiación y, por lo tanto, tiene sus efectos, ¿no?

En esta tesitura, en la disminución de los recursos, por lo tanto, se enmarca el mantenimiento del empleo público, especialmente el vinculado a la prestación de la sanidad, la educación y las políticas sociales. Es firme intención del Gobierno intentar que esa afección sea la menor posible, con el objetivo de no mermar la calidad de estos servicios, pero nos enfrentamos a un Presupuesto del 2013 todavía aún más preocupante, todavía aún más sangrante, y, por tanto, ante ese déficit de financiación, ante esas dificultades en cuanto a las partidas que nos vienen del Estado, implicarán nuevos ajustes, ¿no?

Ahora bien, señor Rodríguez, para saber dónde estamos y cómo estamos, hay que tener algunas referencias de datos. Por ejemplo, mire, el porcentaje que destinamos al capítulo I, tanto en sanidad como en educación, con respecto al porcentaje total, supera la media de todas las comunidades autónomas de régimen de financiación común, la media de todas. Es decir, en la comunidad autónoma...

El señor presidente: Tiene un minuto, don Javier. Perdón.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Gracias, presidente.

En la Comunidad Autónoma de Canarias lo que destinamos proporcionalmente al gasto en capítulo I de sanidad y al gasto en capítulo I de educación supera la media de lo que destina el resto de comunidades autónomas por el mismo concepto. Tiene también mucho que ver con la forma en que nos hemos dado en la Comunidad Autónoma de Canarias de la prestación de los servicios públicos esenciales, donde, por ponerle un ejemplo, el porcentaje de educación pública es muy, muy superior al del resto de comunidades autónomas o el porcentaje de sanidad pública es muy superior al del resto de comunidades autónomas.

En definitiva, señor Rodríguez, creo que no se puede ni mucho menos afirmar que el Gobierno de Canarias esté haciendo un esfuerzo mucho más importante en la reducción del capítulo I, en la reducción de las estructuras del Gobierno, en la prestación de los servicios públicos esenciales. Y, eso sí, tampoco el Gobierno puede mantener estructuras de gasto en capítulo I cuyos presupuestos se han visto disminuidos de forma notable producto de menores recursos.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero.

Por los grupos no solicitantes de la comparecencia, Grupo Socialista Canario, don Emilio Mayoral.

El señor Mayoral Fernández: Buenos días, señor presidente. Señorías.

El solicitante de la comparecencia le ha pedido al Gobierno que nos diga cuál es el impacto que sobre el empleo público han tenido las medidas que se han adoptado en este Plan económico-financiero. He escuchado atentamente al Gobierno y no le he escuchado decir si han tenido impacto directo en lo que es el empleo o en cuánto se ha producido esa disminución del empleo público. Básicamente, las medidas que se contemplan en el PEF, hablan de sanidad, de educación y en general de los funcionarios públicos. Una primera medida que afecta a todos los funcionarios públicos es la rebaja de la paga extra, que tendrá lugar, efectivamente, en el mes de diciembre, pero efectivamente también respecto a sanidad y a educación, y producto de los decretos que se dictaron por el Gobierno de Madrid, tenía que haberse producido una serie de afectaciones en cuanto a este empleo.

El PEF tiene como objetivo, en primer lugar, cumplir con el déficit, el déficit del 1,5%. Señor consejero, sería muy agradable escucharle decir que vamos a cumplir con el déficit al menor coste posible respecto a los empleados públicos, porque eso significaría que lograríamos el objetivo principal sin menoscabo de que se produzca una disminución del empleo en sanidad y en educación. Creo que sería lo mejor, a pesar de que quizás los planteamientos iniciales de estos decretos pudieran producir, sobre todo en educación por la aplicación de la ratio de alumnos por aula, una disminución del número de profesores de más de 3.000, que yo creo que no se ha producido, creo que no se ha producido en este comienzo del curso, al menos no se ha detectado que se haya producido una rebaja en el número de funcionarios públicos en educación, que si se aplicase directamente en esos límites o en esas cantidades que se establecían, pues, podría llegar a cerca de 3.000 profesores.

Si esto es así y no se ha producido, y podemos cumplir el déficit, creo que vamos por muy buen camino. No sé si eso está usted en condiciones de responderme en la respuesta que luego hará en su intervención, pero sería muy satisfactorio que esto fuera así. Y conocer cuál es el efecto entonces que sobre el empleo público han tenido estas medidas o estas decisiones que se van a adoptar, aparte de la rebaja del sueldo, que todos conocemos, que se aplicará en el mes de diciembre.

Por lo tanto, señor consejero, creo que, por centrar un poco y como es muy clara la comparecencia del peticionario, que es cuál es el impacto sobre el empleo público, creo que se refiere básicamente a estas dos consejerías, Sanidad y Educación, aunque con carácter general al resto, pero donde tienen más efectos es en estas dos, pues, podríamos un poco aclarar en su segunda intervención estos aspectos. Por lo menos a mi grupo nos interesaría conocerlos.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Emilio.

Por el Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Barragán Cabrera.

El señor Barragán Cabrera: Gracias, señor presidente.

Esta es la segunda comparecencia que tenemos sobre el Plan económico-financiero de reequilibrio en este Pleno, en este salón de plenos.

Decía don Román Rodríguez: "serán obligadas las medidas pero tienen consecuencias". Sin lugar a dudas. Fíjese usted que cuando teníamos establecidas las posibilidades de endeudamiento o las de cumplimiento del déficit, el Estado, cuando Europa le da una nueva concesión, lo que hace es reducirles a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales esa capacidad y se queda con toda la posibilidad de que ellos puedan recurrir al déficit. La primera medida que obliga incluso a que este Plan económico-financiero de reequilibrio pueda tener consecuencias también, que pueda haber una revisión en los próximos meses como consecuencia, insisto, de la actualización de las cifras. Tiene obligaciones pero dese cuenta de una cosa que es una cosa muy distinta: destrucción de empleo, personal funcionario, personal laboral fijo, es decir, las personas que están contratadas por la comunidad, que se pierda la capacidad de la comunidad de contratar de forma temporal a empleados para la Administración pública. Tiene un matiz y la situación en la que estamos es que no podemos contratar temporalmente a la cantidad de gente que antes podíamos contratar. Esa es la realidad y, efectivamente, son personas y son empleos públicos, pero no podemos cubrir las interinidades como se cubrían antes, no podemos cubrir todas las bajas por jubilación y, efectivamente, también ha habido un ajuste en lo que son las empresas públicas. Pero, aun así, aun así, hay que decir que esta comunidad, su nómina representa el 43% del Presupuesto y que los servicios públicos que se prestan en esta comunidad en régimen de servicios públicos de forma directa suponen más del 97%. Esto quiere decir que, frente a otras comunidades que tienen un capítulo I muchísimo más bajo, pero a costa de privatizar los servicios públicos, en esas otras comunidades, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo por mantener el empleo público.

Por supuesto que tiene complicaciones y, como decía el consejero, muy probablemente si vamos al rescate de España, si se confirma el rescate de España, las medidas serán todavía muchísimo más severas sobre los servidores públicos, sobre los funcionarios, sobre el personal que trabaja para la Administración, pero esas -y vuelvo a repetir su frase- serán obligadas, tienen consecuencias y lo que tiene que hacer la comunidad es ver de qué forma tiene la menor consecuencia posible para los servicios públicos que presta el Gobierno de Canarias.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don José Miguel Barragán.

Por el Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Jorge Blanco.

El señor Jorge Blanco: Gracias, señor presidente.

El señor consejero ha subido a la tribuna en relación a la petición de comparecencia y nos ha explicado a todos el Plan de reequilibrio económico-financiero, el plan que ya todos conocíamos porque había sido expuesto ya en este Parlamento. No nos ha dado las cifras; yo le pediría, si es posible, señor consejero, que nos diga cuánto ahorro, de los 222 millones de euros que están previstos en ese plan, ha podido materializarse en este periodo que llevamos ya del año 2012, desde el punto de vista sanitario, de la Administración de justicia, reducción general de salarios... bueno, en cualquier caso de las medidas salariales en su totalidad de los funcionarios. Lo digo porque hay determinadas medidas que están en ese plan de reequilibrio que no se han puesto en marcha todavía y que hacen que se imposibilite la posibilidad del ahorro producido o previsto en el Plan económico-financiero de reequilibrio.

Mire, hay un dato que a nuestro juicio es catastrófico: el empleo público en Canarias creció, entre 2007 y 2011, un 7% y el privado cayó un 19,4%, y esto en cualquier sitio es insostenible. ¿Para qué han servido los programas de empleo que el Gobierno de Canarias ha hecho? Por lo visto, por estos datos, para crear empleo público, no para crear empleo privado.

Y yo quiero decirle al Gobierno de Canarias algunas cosas -y con esto ya termino-. Mire, antes de despedir busquemos otras alternativas, y las hay, y creo que de verdad el Gobierno de Canarias ha estado, se ha instalado en la inmovilización. En esta tribuna yo mismo y algún otro compañero de partido hemos estado hablando de la reducción de la Administración pública, de los altos cargos de la Administración pública. Ya el Partido Socialista, según dicen los medios de comunicación -no sé si será verdad-, ha dicho o le ha presionado al señor presidente del Gobierno para que reduzca la Administración, los altos cargos de la Administración pública. Es que es verdad, es que hay altos cargos que están duplicados. Es que hay viceconsejeros del Gobierno de Canarias que hacen lo mismo que los directores generales del Gobierno de Canarias; es que hay altos cargos de la Administración pública que hacen lo mismo que lo que están haciendo los cabildos insulares una vez se produjeron los procesos de transferencia. Y ahí hay mucho por hacer y el Gobierno de Canarias tiene que empezar dando el ejemplo para reducirse, la Administración reducir sus altos cargos para después aplicar otras medidas de ajuste en el resto del personal. Pero, como están en otra cosa, están en comités de inversiones, que, en fin, han puesto en ese comité de inversiones a los mismos que torpedean las inversiones, "coloco a los dirigentes"...

El señor presidente: Muchas gracias, don Miguel Jorge.

Por el grupo solicitante de la comparecencia, don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señorías. Señor consejero.

Me anima en esta comparecencia como en otras, en relación a la crisis económica y sus efectos, contribuir a aclarar las cosas, a que entendamos lo que nos pasa y las consecuencias de las decisiones que tomamos, porque puede dar la sensación equivocada -yo diría que por ahora bastante en el ambiente- de que reducir el gasto público es bueno para la economía, para el futuro, para los servicios públicos, y yo lo que quiero decirles es que la reducción del gasto público será obligada por las circunstancias de los acuerdos europeos, será obligada por la reforma constitucional, será obligada por la Ley de Estabilidad, será obligada por los decretos-leyes que se han promulgado en este país en los últimos ocho meses, será obligada por muchas razones legales, pero en términos de impacto en la economía, de impacto en el nivel de vida de la gente, de los derechos ciudadanos, está siendo profundamente negativa. Y lo que pretendo es que el Gobierno, que supuestamente discute una parte de lo que yo he puesto sobre la mesa, lo discuta todo y no se quede a la mitad, porque se va a quedar en tierra de nadie.

Un dato -del que el Gobierno presume-: hemos recortado en los últimos tres años 3.800 millones de euros. Un montón de titulares con este elemento. Por cierto, 9,3% del PIB canario en el acumulado. Hemos retirado de la economía de Canarias 3.800 millones en los tres años de recortes. No son mis datos, son los del Gobierno. En el acumulado son 9,3 puntos del PIB. Algunos sostenemos que esto es malo para la economía. Las inversiones han desaparecido prácticamente y eso deprime la economía. Estos 3.800 millones que se han recortado por las circunstancias que hemos apuntado han puesto en la calle a miles y miles de trabajadores públicos, aunque ustedes lo nieguen -y ahora les daré algún dato del Instituto Nacional de Estadística sobre el comportamiento del empleo público en nuestra comunidad, incluyendo al resto de las administraciones-. Miles de empleos públicos desaparecidos, gente que antes cotizaba y ahora no cotiza, que antes trabajaba en un centro sanitario, educativo o en una empresa pública y ahora no. Y es malo para los servicios, porque habrá algunos de esos que se han ido a la calle que no harían nada, pero a los 270 médicos que se jubilaron el año pasado porque cumplieron la edad se han sustituido 30 y las 240 plazas restantes no se han cubierto. ¿Y saben qué significa esto en el funcionamiento de la sanidad?: más carga para los que quedan, más listas de espera en las consultas, más masificación en las urgencias, aumento de las listas de espera. Por ejemplo las de más de seis meses en el último semestre han aumentado un 130%.

Lo que quiero es que nos ayuden a decirles a los ciudadanos que los recortes son malos, que les complican su vida, que les afectan, que no es un mérito echar médicos a la calle o maestros, que es una desgracia, es un drama. Y entonces hay que contar toda la película, ustedes se quedan a la mitad y dicen: "el PP recorta los Presupuestos" -es verdad, en eso estamos de acuerdo-, "le quita a esta comunidad lo que le toca, en financiación, en aplicación del REF, en las leyes presupuestarias" -todo eso lo hemos discutido y lo compartimos-. Y eso tiene consecuencias, y es que ustedes ejecutan esa política de forma bastante inevitable, pero digan lo siguiente a los ciudadanos: "esto ha representado poner en la calle a 5.000 trabajadores". Dicen, "no, no son de los fijos". No, por ahora no son de los fijos, porque los anuncios para el año que viene, de titulares que aparecen en medios de comunicación relevantes, es que se ponen en peligro 10.000 empleados públicos el próximo año.

Lo que quiero yo es que digan, para que no les pase lo que les pasó con la financiación autonómica, que la defendieron y luego se tuvieron que desdecir de ella. Tarde. Para que no les pase lo del Plan Canarias, que lo defendieron y luego se quedó en nada. Para que no les pase lo del FLA -el Fondo de Liquidez Autonómico-. Yo he escuchado a dirigentes del Gobierno decir lo siguiente: "que esto es lo mismo que pedir el dinero al Banco Santander, con la ventaja de que es más barato". ¡Pues no es verdad!, no es verdad. Pedir al Fondo de Liquidez Autonómico tiene consecuencias, tiene condiciones. Son tan evidentes las condiciones que ustedes han publicitado esta semana que las condiciones -que no están en los decretos ni en las órdenes, aunque sí la información al respecto- pueden suponer 10.000 empleos. No lo han desmentido, lo he visto yo en un periódico, que lo tengo ahí. De manera que el FLA -el Fondo de Liquidez Autonómico-, te obligan a ir a él pero tiene consecuencias. Claro que tiene consecuencias, tiene condiciones, ¡claro que tiene condiciones!

Pues yo lo que creo es que el Gobierno tiene que decirnos, porque los datos sí que los tienen ustedes... -nosotros los vamos a tener oficialmente pronto, porque las estadísticas funcionan: la Encuesta de Población Activa, el Instituto Nacional de Estadística, el ISTAC, todo eso funciona y vamos a tener los datos-. Los datos que yo manejo son que desde el segundo trimestre del 2011 al segundo trimestre de este año se han destruido en Canarias en todo el sector público 14.300 empleos. ¡14.300 empleos!, gente que antes trabajaba en el sector público y ahora no. Eso tiene consecuencias en las cifras de desempleo, eso mete a 14.300 familias en la miseria porque no conseguirán trabajo de nuevo. Esos 14.300 empleados públicos, muchos de ellos sanitarios, educadores, etcétera, no harán su función, y no la hará nadie o la harán sus compañeros de manera masificada.

Y yo lo que quiero es que les digan ustedes a los ciudadanos, como lo decimos nosotros, que los recortes tienen consecuencias sobre sus vidas, sobre sus intereses y que cuando vayan a urgencias de un hospital público y antes te atendían en 40 minutos y ahora en cuatro horas sepan que eso es así. Que sepan los señores farmacéuticos, que nos escuchan y a los que les doy la bienvenida, que no cobraron el año pasado en tiempo debido, ni este ni el próximo, porque los recortes están haciendo imposible soportar los gastos corrientes del sistema sanitario.

Y eso es lo que yo quiero que nos digan porque ustedes tienen los datos. ¿Cuánto empleo se ha destruido este año en la comunidad autónoma y cuánto se va a destruir en el próximo año? Porque han dicho que hay 575 millones de recortes como mínimo. Yo digo que como mínimo, lo dijimos en diciembre del año pasado y en junio vimos el recortazo. Están anunciando 575 millones y yo sospecho, desgraciadamente, que van a ser más. ¿Qué impacto va a tener eso en el empleo público? Porque ya no es un mérito echar gente a la calle, nunca lo ha sido para nosotros, nunca lo ha sido. Pues digámosles a los ciudadanos que se han perdido 14.000 empleos desde el último año -lo dice el Instituto Nacional de Estadística- y en España, 175.000. Es que hay 3,2 millones de empleados públicos en el año 10 y la cohorte de los jubilados es el 2,5% -me lo he estudiado porque está en los papeles de los ministerios; por cierto, los ministerios dan muchísima información-, y eso son 95-100.000 personas que se jubilan cada año y ahora solo se puede reponer el 10% en los servicios esenciales. Hoy se están perdiendo 80.000-90.000 empleos, cada año. La destrucción de empleo público es masiva, va a impactar en las cifras de desempleo, va a generar un daño terrible en la economía, va a destruir a una parte de la clase media y yo lo que quiero es que ustedes reconozcan todo eso.

Y luego no me vale, porque está trucado el argumento, que el capítulo I aquí es más grande que en otros sitios. No, no, el capítulo I es más grande porque la composición de los servicios públicos es distinta. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. El gasto público no es más grande que en otros sitios, ni en sanidad ni en educación, que es lo que importa, cuánto esfuerzo hacemos en sanidad y en educación en relación a lo que representamos en economía y en demografía, y ahí estamos a la cola, estamos a la cola. Aquí gastamos menos en educación y en sanidad que la media española, entre otras cuestiones porque la financiación nos quiebra nuestros derechos, pero lo que no se puede decir es, como tenemos una composición más pública del tema, pues, el capítulo I es más grande. ¡Hombre!, claro, porque es la estructura. Pero lo que estamos diciendo es, en sanidad y en educación nosotros tenemos menos gasto público consolidado en relación a nuestra riqueza y en relación al peso demográfico que la media española, y los datos son incontestables. Si no, serían ustedes unos artistas y no lo son, y no lo son. De manera, señorías, que me gustaría que esas cosas quedaran claras.

En definitiva, que los 3.800 millones de recortes, que algunos llaman de racionalización, de austeridad, le digamos a la gente que han significado perder inversiones y que eso nos empobrece porque no hay obra pública; que esos 3.800 millones de menos significan menos consumo y menos servicios y que eso nos empobrece; que esos 14.000 trabajadores del conjunto del sector público -Administración del Estado, ayuntamientos, cabildos y Gobierno- que han ido a la calle aumentan las cifras de paro y además complican la vida a esas personas. En definitiva, que esto que nos está pasando en el sector público y que hasta ahora parece casi un mérito es un drama, es una desgracia y se lo tenemos que decir a los ciudadanos. Porque pudiera haber sectores de opinión pública, sectores de opinión pública...

El señor presidente: Un minuto, don Román.

El señor Rodríguez Rodríguez: ...sectores de opinión pública que aplaudan los despidos de los trabajadores públicos. Yo me he encontrado, que saben ustedes que nos movemos todos por las islas, con gente diciendo: "ya va siendo hora de que echen funcionarios a la calle". Si echan a los de la póliza, que no deben quedar muchos, no pasa nada, pero si echan a los pediatras, a los médicos de urgencias, a los enfermeros, a las enfermeras, tenemos un problema y lo tienen los ciudadanos. Tenemos que decirle a la ciudadanía que esta política frente a la crisis es un fracaso, que deprime la economía, genera más paro y perjudica los servicios públicos básicos y les perjudica a ellos porque sus hijos tendrán peor enseñanza y sus padres, si necesitan los servicios sanitarios, tendrán peores servicios sanitarios. Por eso les pedimos que le digan a la gente cuánto empleo se ha destruido por parte del Gobierno este año, cuánta gente trabajaba antes y no trabaja ahora, cuánta gente trabaja ahora y no trabajará el año que viene. Esa es la petición que no me ha contestado el señor consejero.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Para concluir la comparecencia, el señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, don Javier González Ortiz.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Señor presidente. Señorías.

Mire, señor Rodríguez, señor Rodríguez, don Emilio, porque pedían los datos, para que quede claro: en julio del 2011 trabajaban en la Comunidad Autónoma de Canarias 62.019 personas. Julio del 2011, datos oficiales. Julio del 2012, un año de este Gobierno: 60.649. Pérdida efectiva: 1.370, Comunidad Autónoma de Canarias, ámbitos educativo, sanitario, administración general, justicia. Esos son los datos oficiales, reales, del registro. Eso es la realidad.

Don Emilio, no se ha despedido a gente, evidentemente no se han renovado contratos, salvo en el caso, como usted bien sabe, de las afecciones que tienen que ver, de los planes de viabilidad de las empresas públicas, porque hemos tenido, tenemos, como hacemos en todos lados, es decir, como hacen las empresas, como hacen las familias... La reducción de ingresos nos obliga a inviabilizar ese tema y si tenemos que priorizar los servicios públicos esenciales, evidentemente tenemos, por tanto, que ajustarnos a la disposición de ingresos y, por tanto, a eliminar una serie de los gastos.

Y sí, vamos a hacer todo lo posible, porque no nos queda otro remedio, por cumplir el déficit. Pero hablaba usted y preguntaba sobre si vamos a cumplir el déficit sin tener o no que eliminar empleo público. Mire, lo que vamos a tener, el objetivo de este Gobierno siempre, lo primero, es cumplir el objetivo del déficit sin menoscabar la prestación de los servicios públicos esenciales, que, en definitiva, es a lo que estamos obligados, y evidentemente intentando que la afección sobre el empleo público sea la menor posible, pero, repito, con la prestación de los servicios públicos esenciales, que es el objetivo fundamental, porque nos debemos al conjunto de los ciudadanos.

Y evidentemente no se ha aplicado, ni mucho menos, en los términos referentes al real decreto. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, los cálculos que hacíamos en el ámbito de la consejería de la aplicación estricta del real decreto implicaban la salida de 3.400 personas, aproximadamente, en el ámbito educativo y ni mucho menos lo hemos hecho, porque además creemos que eso afectaría de forma notable al objetivo fundamental que nos hemos planteado, que es la prestación de los servicios públicos esenciales.

Al señor del Partido Popular, hombre, es que no se puede decir una cosa y la otra. No se puede decir que hay que ajustar el gasto y criticar el ajuste del gasto.

Mire, hacía usted referencia al incremento del empleo público del 2007 al 2011 y la destrucción del empleo privado del 2007 al 2011 en la Comunidad Autónoma de Canarias. Eran esos datos. ¿Le recuerdo quién era el consejero de Economía y Hacienda en ese momento y qué responsabilidad tenía? Lo digo porque parece que ustedes no han pasado por aquí, ¿no?

Y hablaban antes, antes de despedir, de otras alternativas. ¿Pero cómo que antes de despedir otras alternativas?, pero si ustedes están diciendo, "¡oiga!, no, no, lo que tienen que hacer es reducir y eliminar las empresas públicas", por poner un ejemplo que están diciendo ustedes. Pues eso implica despidos, porque es imposible. Porque si no se despide hay gasto y, por tanto, no se ahorra el gasto. Dice: "antes de despedir, otras alternativas". Sí, sí, no, claro, es que es fácil olvidarse del resultado.

Mire, y evidentemente el resultado tiene que ver también con el sistema de financiación. Por supuesto.

Pero, miren, cuando hablan ustedes de reducir el gasto, mire, el grupo de gobierno, quienes se sientan en el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, que gestionan 15 veces más de presupuesto, por ejemplo, que el Cabildo de Gran Canaria, son muchos menos que el equipo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria, por ponerle un ejemplo de en dónde ustedes tienen la oportunidad de demostrar aquellas cosas que dicen. 9 personas sentadas en el Consejo de Gobierno de Canarias: ¿cuántas hay en el Cabildo de Gran Canaria? ¿Eso es lo que ustedes...? Miren, cuando ustedes hablan de austeridad, hacen lo contrario. Digo, tienen los ejemplos. No le cuento la proporción del número de asesores que tienen en el Cabildo de Gran Canaria, por poner un ejemplo comparado con el resto. Para que ustedes digan que es falso, que es falso, absolutamente falso, que cuando gobiernan donde gobiernan hacen todo lo contrario de lo que están reclamando a los demás. Esa es una realidad.

Mire, señor Rodríguez, ustedes criticaron la Ley de Presupuestos, criticaron la Ley de Medidas y evidentemente dijeron que no se basaban en realidades macroeconómicas, que no se basaban... Bueno, en lo que no se basaban en ningún aspecto es en las enmiendas a la totalidad que ustedes presentaron en ambas leyes, a la de Presupuestos Generales del 2012 y a la Ley de Medidas, porque los incrementos impositivos que ustedes decían hacer no ajustaban el problema, no ajustaban el problema. Es decir, criticaban por un lado unas subidas impositivas; por el otro, exigían que no se ajustara el Presupuesto.

Mire, para darle el dato y repetirle el dato: en un año 1.370 personas menos dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ese es el impacto real de esas medidas, en el ámbito sanitario, educativo, la administración general, de lo que hemos hecho, y evidentemente sí -sigue preguntando- hay una afección en el ámbito de las empresas públicas. Luego, la simplificación de las cosas, 1.370, 1.370 en el sector público.

Y pide usted que digamos que los recortes no son la solución. Se lo digo: los recortes no son la solución. No, no, no, pero evidentemente. Que la austeridad provoca depresión en la economía, que la austeridad provoca depresión en el ámbito de la economía, ya lo he dicho mil veces. Evidentemente, cuando nosotros reducimos el gasto de cualquier compra de la Administración pública, estamos afectando al conjunto de la economía, pero es que esa es la realidad. Pero es que usted también está afectando a la economía, porque está teniendo menos gasto porque tiene menos ingresos. Pero es que es la realidad, es decir, que tenemos que ajustarnos a ese tema. ¿Nos rebelamos? Rebelémonos contra esa realidad, pero, mire, al final tendremos que cuadrar los ingresos y los gastos, porque si no cuadramos los ingresos y los gastos resulta que tenemos que pedir prestado y tener que pedir prestado alguien habrá quien nos lo tenga que prestar, y mientras no haya confianza en la economía española, no habrá nadie que le preste ni al Estado ni a las comunidades autónomas. Esa es una pura realidad. Y contra eso nos podremos rebelar, pero no tenemos la maquinita para darle dinero, señor Rodríguez, no la tenemos. Ojalá tuviésemos pero no la tenemos.

Y, evidentemente, hay menos efectivos, pero, mire, no haga usted referencia al fracaso escolar, como hacía referencia, o al tema sanitario. Los datos son objetivos. Es que llegó usted a decir, "no, ¿qué tiene que ver el porcentaje que destinamos en el capítulo I en sanidad". Claro que tiene que ver, evidentemente tiene que ver, tiene muchísimo que ver, tiene que ver con la forma de prestar los servicios públicos que nos hemos dado en Canarias, porque es una realidad absoluta, relativa. ¡Claro que sí!, ¿o es que no, o es que no va a ser una realidad que si nosotros hemos decidido en Canarias prestar los servicios públicos esenciales de forma pública tendremos más gastos en esa materia? Pues es lógico, natural, ¿cómo que no es, cómo que dice usted que no es?

Luego, mire, para que quede claro, no es que estemos a favor de los recortes pero no nos queda otro remedio.

Dio usted un dato erróneo. Nosotros hemos dicho que al final del 2012, en el conjunto de los ajustes, habremos recortado 3.000 millones de euros en el gasto. ¡Hombre!, convengamos, convengamos que seguro que una parte de ese gasto no era del todo eficiente. Convengamos que todas las medidas que podamos hacer en materia de sanidad, educativa, las reducciones que podamos hacer en materia de sanidad y educativa, por aplicar a los servicios públicos esenciales, no será gasto esencial y podemos, por tanto, aplicar medidas de racionalización.

Y, mire, primero, tiene usted la oportunidad de preguntar aquí, y me alegro, lo que pasa es que solo le pido que no se base en determinadas informaciones periodísticas... Primer tema, primer tema -no, es falso-, primer tema, nadie de este Gobierno... y desmentimos rotundamente la cifra de los 10.000 empleados públicos que están en riesgo para el año 2013. La desmentimos para que quede claro. Luego, el que haya publicado ese dato, quien sostenga ese dato, es falso, para que no quede la más mínima duda. Segundo, usted dice: "en las condiciones del FLA, 10.000 empleados"; ¿pero quién dice eso, dónde se sostiene? En las condiciones del FLA, ¿pero cuáles son las...? (Ante las manifestaciones del señor Rodríguez Rodríguez desde su escaño.) No, no, ¿cómo que quien lo dice?, pues quien lo dice que lo sostenga. Repito, las condiciones del Fondo de Liquidez Autonómico son el cumplimiento del objetivo de estabilidad, pero no lo digo yo, que puede creerme más o menos, lo dice el señor Montoro y el señor secretario de Estado, el señor Beteta. Las condiciones son el cumplimiento del objetivo de estabilidad y las condiciones inherentes... Otra cosa es la operativa. Cumplimiento del objetivo de estabilidad, condiciones del FLA. Luego, es falso, rotundamente falso, rotundamente falso, sostener, como usted dice, que vamos a destruir 10.000 empleos. Y usted dice, porque usted ha repetido aquí algo que ha leído y, como usted lo dice, y como usted lo dice en esta tribuna, yo se lo desmiento para que quede claro.

Y, mire, señor Rodríguez, cuando usted hace referencia a la destrucción de empleo referente a la EPA, a los datos del Instituto Nacional de Estadística, le he dado los datos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las variaciones que se producen en el ámbito del empleo público tienen mucho que ver con una parte importante de los convenios que se firman con cabildos y ayuntamientos, donde se produce la enorme variación entre el empleo público en España. Podemos ir a todas las cifras oficiales, de un lado y de otro, donde veremos que eso se produce.

Mire, señor Rodríguez, lo que pasa es que también yo lo que pido es coherencia...

El señor presidente: Un minuto, don Javier.

Gracias.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): La coherencia es fundamental en el ámbito de actuación. Es verdad que ustedes no tienen responsabilidades de gobierno, pero alguna responsabilidad tienen en algún ayuntamiento, por ponerle un ejemplo. ¿Han planteado ustedes algún ERE en algún ayuntamiento donde tienen responsabilidades de gobierno? ¿Lo han planteado? Porque si ustedes, si ustedes donde tienen responsabilidades de gobierno han planteado un ERE, significa que ustedes... ¿Por qué lo han hecho, porque están obligados o porque quieren? Es decir, ¿los demás lo hacemos porque queremos o porque estamos obligados? ¿Lo hacemos a gusto o a disgusto? (Rumores en la sala.) No, lo digo porque, claro, es que subirse aquí y hablar de la coherencia tiene ese problema. Esa es la realidad. Mire, a ninguno de nosotros, a ninguno de nosotros, a ninguno de nosotros, ni a ustedes en las responsabilidades de gobierno cuando tienen, por ejemplo, en el ámbito del ayuntamiento ni a nosotros en el ámbito de las responsabilidades con las que tenemos que ver en el ámbito de la comunidad autónoma nos gusta llegar a la situación en la que estamos. Estamos en contra radicalmente de lo mismo, creemos que hay que establecer otras políticas europeas de crecimiento porque así vamos al desastre; ahora bien, tampoco podemos llevar nosotros al desastre a la comunidad autónoma.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero, don Javier.

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  • 8L/C-0452 Sobre -Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad-, sobre medidas de reducción del Capítulo I, gastos de personal, para 2012 en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la CAC 2012-2014.


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