Diario de Sesiones 58/2012, de fecha 12/11/2012 - Punto 21

· 7L/PPLP-0029 Debate de toma en consideración. Proposición de Ley, de iniciativa popular, Canaria de Educación.

El señor presidente: De conformidad con el orden del día que habíamos establecido, vamos a proceder a ver la toma en consideración de la proposición de Ley, de iniciativa popular, Canaria de Educación.

Antes de darles el uso de la palabra y la bienvenida, quería, en nombre de toda la Cámara, todas las diputadas y diputados, de esta Mesa y de un servidor, darles la bienvenida a la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Tenerife, a su presidente don Eusebio Miguel Dorta a la cabeza, acompañado de doña María del Pino Gangura del Rosario, a toda la Coordinadora de AMPA de Tenerife y también a los alumnos de 1º de Derecho de la asignatura Derecho Constitucional, de la que es profesor, y que les acompaña, don Santiago Pérez García, a quien yo personalmente también le doy la bienvenida por haber sido también parlamentario de esta Cámara.

Después de estos saludos, que hacemos con mucho gusto y nos sentimos honrados con la presencia de todos ustedes aquí, vamos a proceder, como establece el Reglamento de la Cámara, a que doña Alicia Reyes Hernández, en nombre de la promotora, presente, para su toma en consideración, la proposición de Ley, de iniciativa popular, Canaria de Educación, pero previamente el secretario primero de la Mesa debe leer el acuerdo preceptivo del Consejo del Gobierno.

Doña Alicia, un segundo, se puede volver a sentar.

El señor secretario primero (González Hernández): Gracias, señor presidente.

En primer lugar voy a leer el texto: Por el presente escrito, los abajo firmantes, doña Alicia Reyes Hernández, don Pablo Sebastián Jerez Herrera, doña Carmen Hernández Jorge, don Pablo Joel Santana Bonilla, Juan Luis Talavera Ortiz, Manuel Marrero Morales, Fernando Pellicer Melo, María Luisa Tamayo Domínguez, con unos documentos de identidad que obvio, designada a efectos de notificación la calle Laurel, 44, Tacoronte, todos miembros de la Comisión promotora de la proposición de ley, presentan a esta Mesa el escrito adjunto que contiene la proposición de Ley, de iniciativa popular, por una Ley Canaria de Educación, con una exposición de motivos, el texto articulado, la relación de los miembros que la componen, expresando los datos personales.

Tiene la firma de todos los promotores y como los señores parlamentarios tienen en su poder o acceso a la información, voy a obviar la lectura de la exposición de motivos y del texto.

Como todos ustedes saben, esto tiene que ser sometido, como ha dicho el señor presidente, a informe del Gobierno, y voy a leer la propuesta de acuerdo del Gobierno.

"Propuesta de acuerdo por el que se establece la posición del Gobierno sobre la proposición de Ley, de iniciativa popular, Canaria de Educación -la PPLP-29-.

Examinado el informe de 23 de mayo de 2012 de la Dirección General de Planificación y Presupuestos, sobre la proposición de Ley, de iniciativa popular, Canaria de Educación, y considerando que, si bien en su conclusión primera se manifiesta que la citada iniciativa legislativa implicaría un aumento de los créditos respecto de los estados de gastos de futuros ejercicios presupuestarios y que en el fundamento 3 se destaca que podría producir un impacto en la ordenación, gestión y prestación de los servicios educativos correspondientes a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en la planificación de los recursos humanos y de sus estructuras educativas, que habría que evaluar con mayor concreción.

Teniendo en cuenta, además, el interés que socialmente ha suscitado la mencionada iniciativa, no menor al expresado por distintos grupos parlamentarios, así como que una hipotética aprobación de la iniciativa como ley del Parlamento de Canarias no evidencia, en el momento actual, que hayan de ponerse en riesgo los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera fijados en el Plan económico-financiero de reequilibrio aprobado por la comunidad, por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en sesión de 17 de mayo de 2012; considerando que, asimismo, en el trámite parlamentario de la iniciativa popular puede resultar atenuado el previsible incremento del gasto para ejercicios futuros, con la finalidad de supeditarlo de forma estricta al cumplimiento de las exigencias derivadas de los principios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria; considerando que corresponde al Gobierno manifestar su criterio respecto a la toma en consideración de la proposición de ley, así como su conformidad o no a la tramitación, el Gobierno, tras deliberar, y a propuesta del presidente, acuerda expresar su conformidad a la tramitación de la citada proposición de Ley Canaria de Educación y mantener su criterio favorable en cuanto a su toma en consideración.

Y para que conste y surta los efectos procedentes, expido la presenta en Santa Cruz de Tenerife, a 11 de octubre de 2012".

El señor presidente: Muchas gracias, don José Miguel González Hernández.

Y ahora sí, le damos de nuevo la bienvenida a doña Alicia Reyes Hernández, quien en nombre de la comisión promotora procederá a presentar la proposición de ley de iniciativa popular para su toma en consideración.

La señora representante de la Comisión Promotora (Reyes Hernández): Señor presidente. Señorías. Muy buenas tardes.

Estamos hoy aquí para presentar una iniciativa legislativa popular por una Ley Canaria de Educación, que llega a nuestro Parlamento con el apoyo de más de 36.000 firmas, que representan el trabajo y la preocupación por la educación pública canaria, no solo de su comunidad educativa, sino también de numerosas organizaciones sociales y entidades locales. Desde la responsabilidad que da ser portavoces de este amplio movimiento social, la comisión promotora valora positivamente que el Parlamento que nos representa finalmente haya abierto sus puertas para dar voz y escuchar esta demanda social.

Señorías, al inicio del autogobierno Canarias presentaba un enorme retraso educativo: elevado porcentaje de analfabetismo, insuficiente escolarización y bajo porcentaje de personas con títulos universitarios, así como una penosa realidad de colegios desdoblados y plantillas docentes claramente insuficientes.

Tras las transferencias educativas, la comunidad canaria realizó un enorme esfuerzo inversor para solventar su déficit, dirigido principalmente a la creación de una red de centros y al aumento de la contratación de profesorado. Durante muchos años, Canarias fue la comunidad que realizó el mayor esfuerzo presupuestario educativo de todo el Estado. Pero esta tendencia se invirtió en la última década. Antes del comienzo de la actual crisis, ya se reduce la inversión educativa, un retroceso inversor que se agudiza tras la recesión económica iniciada en el 2007. Entre el 2009 y 2011 los presupuestos educativos canarios disminuyeron en 170 millones de euros. Hoy invertimos en torno al 3% de nuestro Producto Interior Bruto, escasísima inversión que no tiene parangón ni en España ni en Europa.

Esta progresiva descapitalización ha afectado en particular a la escuela pública, no así a la privada, financiada con fondos públicos.

El retroceso presupuestario experimentado choca con el discurso generalizado que señala que la educación es un factor esencial para superar la crisis y para hacerlo en las mejores condiciones, pero coincide con aquel que devalúa el valor de la educación pública y cuestiona sistemáticamente su eficiencia. Como señalan muchos analistas, los recortes presupuestarios solo pueden ser legitimados por ideologías que devalúan la importancia de la educación, minimizan su potencial y ponen en duda su eficiencia.

Pese a los indudables avances educativos experimentados en Canarias, después de tres décadas de democracia y autonomía no podemos sentirnos satisfechos. Seguimos teniendo altas tasas de fracaso y de abandono escolar temprano. En parte porque la sociedad canaria no constituye un ejemplo de equidad, como así afirman diversos estudios sociológicos. Persisten enormes desigualdades sociales y culturales que inevitablemente se reflejan en nuestro sistema educativo. Según los datos de Pisa 2009, un 39% del alumnado procede de familias de un entorno sociocultural bajo, 10 puntos por encima de la media española. Esto sucede en el contexto de una sociedad que sigue teniendo elevadas tasas de desempleo, bajos niveles culturales y formativos en la población adulta y que además manifiesta, lamentablemente, una insuficiente valoración y preocupación por la educación. Por tanto, es evidente que no bastará solo con cambios en el sistema educativo para que este mejore.

Pese a los esfuerzos de muchas personas, colectivos e instituciones, la educación canaria no ha sido capaz de cohesionar a la sociedad y de compensar desigualdades. Un reflejo de ello se aprecia en la adquisición de las capacidades para defenderse adecuadamente en la vida, las denominadas competencias básicas, donde seguimos teniendo significativos retrasos con la media española y europea, pero este no es un problema exclusivo de la escuela pública.

Como bien destaca el informe Orientaciones de Pisa para Canarias, el alumnado de los centros privados también presenta resultados por debajo de sus homólogos del conjunto de las comunidades autónomas. Y añade algo más que no suele destacar: el alumnado que acude a centros privados proviene de entornos socioeconómicos más ventajosos.

Una vez realizados ajustes, considerando las características socioeconómicas del alumnado y de los centros, según los propios estándares de Pisa, los centros públicos de Canarias tienen mejor rendimiento que los privados.

Señorías, con este panorama educativo y en el actual contexto los recortes en educación dañan doblemente a Canarias, dificultan la superación de su histórico retraso en materia educativa e inciden en una población castigada en mayor medida que el resto de las comunidades por nuestra situación económica. Así, tenemos unas elevadas tasas de paro, unos altos niveles de pobreza infantil, un 38,2, según datos de Unicef, 12 puntos más que la media española, a lo que se suma contar con los salarios más bajos de todo el Estado español.

En este contexto desesperanzador, la educación, junto al resto de los servicios públicos, constituye un elemento central de equidad, de redistribución social.

La educación puede evitar que se produzca una auténtica fractura social. La educación debe permitir que nuestros niños y niñas, que nuestra juventud, se formen como ciudadanos y ciudadanas responsables y logren los máximos niveles de preparación para acceder c on opciones al mercado laboral, preferentemente en Canarias, pero reuniendo las condiciones para hacerlo, si fuera necesario, en España o en Europa.

La elaboración de una ley propia de educación pretende ayudar a superar la actual situación, para que tras el necesario diagnóstico de nuestra realidad educativa y social podamos llegar a los acuerdos que permitan adoptar las medidas y las acciones prioritarias para la mejora de nuestro sistema educativo.

Reconocemos el trabajo realizado en nuestro Parlamento, que a través de la Comisión de estudio sobre la situación de la educación en las islas ha posibilitado escuchar las voces de muchos sectores y agentes sociales y educativos. Esperamos con mucho interés sus conclusiones.

Canarias necesita una ley de educación propia que garantice de manera efectiva que la educación sea motor de impulso económico, apostando por la investigación y la innovación, desde nuestras potencialidades y nuestras necesidades. Canarias precisa superar sus elevados índices de fracaso y de abandono escolar. Debemos incrementar notablemente la oferta de plazas públicas de Educación Infantil de 0 a 3, determinantes en el futuro rendimiento del alumnado y en la compensación temprana de las desigualdades.

Nuestra comunidad debe aumentar los recursos en la educación pública de personas adultas, claves para la formación y empleabilidad de una parte importante de la sociedad, que arrastra déficits formativos básicos, así como disponer de más medios para quien más lo necesita. Es urgente y prioritario establecer más recursos para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Canarias debe incrementar la oferta de plazas en la Formación Profesional, hoy aún claramente insuficientes, especialmente en la modalidad presencial, y vincular estos estudios a nuestra economía y a sus sectores emergentes e innovadores. Extender el aprendizaje de otras lenguas a todo el alumnado es, por diversas razones, con tiempo para explicar aquí, imprescindible en Canarias. Y ello requiere inversión en formación del profesorado y en auxiliares de conversación. Entendemos que el actual modelo de secciones bilingües es un modelo insuficiente y segregador.

También es imprescindible contar con plantillas docentes adecuadas y estables y que se aborde la asignatura pendiente de la formación inicial y permanente del profesorado.

Por último, es preciso mantener unos servicios concurrentes básicos e incorporar los contenidos canarios dentro de los currículos.

Para alcanzar estos objetivos, para que Canarias pueda aspirar a lograr resultados similares a los de países de nuestro entorno, es necesario mejorar la eficacia y la eficiencia de nuestro sistema educativo, así como incrementar progresivamente la inversión en educación, con el horizonte de llegar en un tiempo razonable a una inversión lo más cercana posible a los países de la Unión Europea que más invierten en educación.

Señorías, la educación constituye un medio de formación, de socialización y de aprendizaje para la vida, incluida la capacitación para el mundo del trabajo. La educación es un derecho de la ciudadanía que deben garantizar los poderes públicos. La educación es un medio de cohesión social, contribuye a mayores cotas de equidad. Sabemos, además, que una sociedad con altos niveles educativos está más capacitada para afrontar nuevos retos y para resolver mejor los problemas.

Esta iniciativa legislativa popular pretende contribuir a que nos pongamos de acuerdo como sociedad en qué debemos hacer para mejorar la educación, qué prioridades establecemos y qué financiación aspiramos a destinar para alcanzar esos objetivos prioritarios.

Entendemos, por último, que las medidas contenidas en esta iniciativa legislativa popular son necesarias para la mejora de la educación pública canaria, aunque su puesta en práctica pueda implementarse progresiva y razonadamente en el tiempo.

Señor presidente, señorías, finalizo. Con estos intereses y preocupaciones, con esta voluntad, hemos venido a nuestro Parlamento arropados por un amplísimo grupo de ciudadanos y ciudadanas sin cuyo apoyo esta iniciativa no hubiera sido posible. El resto de la tarea, que no es poca, corresponde a ustedes, señorías, como legítimos representantes de la soberanía popular. Tienen ustedes el derecho y el deber, si lo estiman oportuno, de enriquecer el texto que hemos traído a esta Cámara. Tienen ustedes el derecho y la responsabilidad de enmendarlo y de consensuarlo para que Canarias disponga de un instrumento útil, una ley de educación pensada por y para Canarias, que tras el imprescindible diagnóstico establezca objetivos claros destinados a mejorar nuestro sistema educativo público.

Señorías, convertir la educación en una prioridad social y política de la comunidad canaria será, sin duda, el mejor legado que puedan dejar a los canarios y a las canarias de hoy y de mañana.

Muchas gracias.

(Aplausos.)

El señor presidente: Muchas gracias a doña Alicia Reyes.

Y continuamos con el debate para la toma en consideración de esta proposición de ley de iniciativa popular.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, doña Carmen Hernández tiene la palabra.

La señora Hernández Jorge: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señoras y señores diputados. Buenas tardes a las personas, a los hombres y mujeres que nos acompañan, a los alumnos de la Facultad de Derecho, a los miembros de las federaciones de padres y madres de Gran Canaria, a la Federación Fanuesca, su presidenta, que nos acompaña, a algunos miembros de las corporaciones locales, de los ayuntamientos de Gran Canaria, y también al resto de padres y madres que nos acompañan, como a miembros de la promotora.

Quisiera comenzar mis palabras destacando la importancia de este momento. Por dos razones: porque se abre la posibilidad de que Canarias tenga una ley educativa y, en segundo lugar, porque esta nueva norma nacerá con los mejores padres que pudiera desear, con la propia comunidad educativa.

Creo preciso recordar brevemente las dificultades por las que ha atravesado esta iniciativa. De entrada, y a instancias del Gobierno, se decidió rechazar su trámite el pasado mes de octubre, argumentando criterios relacionados con el aumento presupuestario. Ya desde nuestro grupo, y a través de una pregunta al vicepresidente, pusimos en evidencia lo erróneo de tal decisión y la necesidad, por tanto, de corregirla. Al final el Gobierno ha rectificado. El recurso de queja presentado por la promotora de la ILP y la proposición no de ley presentada por nuestro grupo, por el Grupo Mixto-Nueva Canarias, en esta línea, quizás, solo quizás, hayan influido en esta sabia decisión; hecho, en definitiva, del que nos alegramos.

Decía al inicio que esta propuesta, que esta iniciativa legislativa popular por una ley educativa canaria, nacerá con los mejores padres, porque viene de la mano de los padres y de las madres canarios, de los alumnos y de las alumnas, del profesorado, de la sociedad canaria en general, representada a través de los sindicatos, de colectivos vecinales, de municipios, de asociaciones de diversa índole, del movimiento, del tejido asociativo canario y de las más de 35.000 firmas, que expresaron a través de su rúbrica la voluntad de que Canarias tenga en el futuro una ley educativa propia. Quisiera felicitar a la promotora por el trabajo de recogida de firmas y sobre todo por no cejar en el intento, pese a las dificultades encontradas en el camino, de que esta iniciativa se debatiera aquí, en el Parlamento canario, en la Cámara donde se expresa la soberanía popular.

¿Qué significa esta iniciativa legislativa popular para nosotros, para el Grupo Mixto, para Nueva Canarias? Dos cosas que consideramos importantes. Por un lado, es una viva expresión de la participación ciudadana en política, la expresión de un compromiso por la mejora del sistema educativo. Quiero poner en valor, en un momento como el actual, el hecho de que una amplia representación ciudadana haya dado un paso al frente para ejercer su derecho de participación democrática. En un momento en el que la ciudadanía se aleja peligrosamente de sus instituciones nos resulta verdaderamente tranquilizador que hoy los ciudadanos y las ciudadanas canarios participen activamente en la vida de esta institución. Y también es la expresión de la necesidad de un consenso social y político. Un consenso que nos permita mejorar nuestra educación para poder definir una nueva hoja de ruta, un nuevo tiempo, partiendo de nuestra historia, de nuestras singularidades como territorio, partiendo de nuestro hecho insular, diagnosticando cuáles son nuestras debilidades y también cuáles son nuestras fortalezas.

Una iniciativa popular que tiene como objetivo que Canarias disponga de un marco normativo que contribuya a la mejora y modernización del sistema educativo canario, que dé respuestas así a la escuela del siglo XXI, conforme a los parámetros y exigencias de la sociedad del conocimiento. Una futura ley de educación que entiendo nacerá, como decía, con buen pie, con un amplio respaldo, con un amplio entendimiento social tras un extenso proceso de diálogo y debate con toda la comunidad educativa y que a través de su trámite parlamentario estamos seguros de que todos los grupos, los grupos parlamentarios, los cuatro grupos, estaremos a la altura y haremos el esfuerzo necesario para enriquecerla.

Ya desde mi grupo anunciamos nuestro apoyo a esta iniciativa legislativa popular y anunciamos que nuestras aportaciones, además de contener los aspectos que conformaron los elementos nucleares de nuestro compromiso con la ciudadanía canaria, compromiso que se expresó en nuestro programa electoral, también incluirá aquellos aspectos debatidos y de amplio nivel de consenso que se han planteado a lo largo de los meses en la comisión de estudio creada en el Parlamento. Una comisión en la que tengo que destacar que han participado 54 instituciones de toda la comunidad canaria: Consejo Escolar de Canarias, departamentos del Gobierno, representantes de las familias, alumnado, sindicatos, empresarios, ayuntamientos, cabildos y un largo etcétera. Y también destacable, pues, la presencia durante este tiempo de personalidades de reconocido prestigio, tanto de ámbito canario como de ámbito estatal, que entendemos que han aportado importantes propuestas de mejora. Todo este trabajo, las conclusiones que resulten de esta comisión, más esta propuesta legislativa, permitirán que Canarias cuente -entiendo- con un buen marco normativo.

Algunos se podrán preguntar si necesitamos, si hoy Canarias necesita una ley educativa. El Estatuto de Autonomía de Canarias, en el Título II, De las competencias de la comunidad autónoma, recoge en su artículo 32 la competencia en el desarrollo legislativo y la ejecución en materia educativa. Parece poco razonable que, teniendo Canarias competencias legislativas en materia sanitaria, en servicios sociales y educativas, tengamos leyes propias en los dos primeros servicios públicos esenciales y no en la educación. Máxime si tenemos en cuenta la complejidad del sistema educativo y del hecho educativo, una complejidad que requiere del concurso de todos y de todas, de la sociedad canaria al completo, porque educar, señoras y señores, es mucho más que escolarizar. El fin último de la educación es formar ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la sociedad a la que pertenecen, responsables, críticos, con una formación científica y humanista que les permita comprender el mundo que les ha tocado vivir, el mundo que les rodea, desarrollarse plenamente tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Difícil tarea, entendemos, difícil abarcar esta tarea si no lo hacemos con el concurso de todos y de todas.

Por ello, para nuestro grupo, para Nueva Canarias, la educación debe considerarse como una prioridad social y política, ordenándose este principio en una Ley Canaria de Educación, favorecedora de la igualdad y de la modernización del sistema educativo, que impulsará acuerdos y compromisos con el profesorado, con las familias, con las administraciones locales, con los agentes socioeducativos y los centros sostenidos con fondos públicos y además que incorpore medidas reales de financiación y de calidad educativa. Una futura ley que, entendemos, debe tener entre sus principios rectores, por un lado, garantizar la calidad del servicio público educativo, incrementando el conocimiento de idiomas y de las nuevas tecnologías, vinculando la formación con el empleo, mejorando las instalaciones y los recursos, aumentando los equipos multidisciplinares de especialistas y de apoyo, reforzando valores democráticos como la tolerancia y la convivencia pacífica, fomentar la participación democrática de las familias en los centros educativos, incentivando la participación en los mismos y la integración en su comunidad. Por otro lado, impulsar un modelo de escuela inclusiva y promotora de una igualdad de oportunidades reales, que incremente los niveles de formación y el éxito escolar para todo el alumnado; impulsar la capacidad educadora de los municipios, cuestionados hoy, pero desde nuestro grupo entendemos que la concepción de la ciudad como agente educador es fundamental para avanzar en el éxito escolar; apostar por un modelo de universidad comprometida con el desarrollo social, cultural, educativo y económico de Canarias, reforzando las universidades públicas canarias, de modo que ofrezcan una formación a nivel superior adaptada a la sociedad canaria y con el máximo nivel de excelencia, garantizando la igualdad de oportunidades en su acceso y apostando por los programas de investigación, desarrollo e innovación. Una escuela pública canaria definiéndola como plural, al servicio de nuestra sociedad, enraizada social y culturalmente en su entorno, participativa, compensadora de las desigualdades e integradora de la diversidad, convirtiéndola, por tanto, en el principal agente de construcción de la identidad canaria.

Lograr todos estos objetivos y todos estos principios que he relatado requiere lograr una educación y una formación de calidad. Requiere, señoras y señores diputados, no nos engañemos, de un esfuerzo presupuestario, de un esfuerzo inversor, como la mayor expresión de nuestro compromiso con la mejora de la educación canaria. Un esfuerzo presupuestario que debe plasmarse en una mayor inversión, acercándonos en el horizonte 2020 como mínimo a la inversión de la Unión Europea. Esto, por supuesto, acompañado de una eficaz gestión de los recursos públicos.

En definitiva, el Grupo Mixto-Nueva Canarias trabajará para que Canarias cuente con una ley que exprese las metas, los retos presentes y futuros de la educación. Trabajaremos para que Canarias cuente con una ley que impulse unos centros educativos bien dotados que alberguen una comunidad educativa formada por familias copartícipes de la vida escolar de sus hijos e hijas; con un profesorado que cuente con los recursos necesarios para ejercer su importante labor y también con el reconocimiento y el prestigio social necesario para ello; con un alumnado motivado por su aprendizaje y que vislumbre el horizonte del éxito escolar como una oportunidad real; centros que coordinen y compartan su acción con el resto de la comunidad que les rodea -con el barrio, con la ciudad-, siendo el centro educativo un verdadero escenario donde poner en práctica los valores de la ciudadanía, los valores de una convivencia democrática.

Esa, señoras y señores diputados, es la escuela que muchos y muchas queremos, es la escuela con la que muchos soñamos.

Gracias.

(Aplausos.)

El señor presidente: Muchas gracias, doña Carmen Hernández.

Decirle muy cordialmente al querido público que se le agradecen los aplausos pero que no los pueden hacer. Simplemente eso. Solamente aquí en los escaños. Pero de todas maneras entendemos los sentimientos, no se preocupen que los entendemos.

Continuamos. Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Rita Gómez Castro.

La señora Gómez Castro: Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, miembros de la promotora por una Ley Canaria de Educación para mejorar la enseñanza pública en Canarias. Buenas tardes, está por aquí también Santiago Pérez, diputado de este Parlamento, que hoy nos visita como profesor de la Universidad de La Laguna.

Nos encontramos esta tarde defendiendo y apoyando la toma en consideración de una iniciativa ciudadana ampliamente respaldada. Está avalada esta iniciativa popular por más de 36.000 firmas, que indican y que ponen de manifiesto la sensibilidad de la mayoría de la sociedad canaria. Una iniciativa ciudadana popular que supone en estos tiempos la mejor forma de canalización de la democracia participativa.

Una iniciativa, una defensa de la escuela pública canaria, para una Ley de Educación en Canarias, que viene hoy a este Parlamento por la mera convicción de la mayor parte de la sociedad canaria en la defensa de la educación canaria y por el esfuerzo de los promotores, por Ampa Coordinadas y por el movimiento social Otra Educación Es Posible, que no han cejado en su esfuerzo para que Canarias cuente con una ley de educación. Una iniciativa popular, por lo tanto, que ha aglutinado en todo este tiempo a un conjunto de organizaciones sociales e instituciones de todo el archipiélago canario, aunque representado por Ampa Coordinadas de Tenerife y otro movimiento social por una educación pública. Por lo tanto, a todos... Veo muchas caras conocidas, veo a Paqui, de Fanuesca, veo a Fernando Pelliser, veo a José Luis Talavera, veo a Manolo Marrero, veo a Pablo Jerez, a muchas caras que sé que seguirán defendiendo por mucho tiempo la educación pública en esta comunidad. Por lo tanto, felicitarlos en nombre de mi grupo parlamentario y en el mío propio. Los felicito y los emplazo hoy a seguir trabajando coordinadamente en este proceso que se inicia; un proceso para que Canarias cuente con una Ley Canaria de Educación, que contribuya, sin lugar a dudas, a la mejora de la calidad del sistema educativo canario. Una ley que nace hoy con vocación de futuro para crear una nueva política educativa que haga posible otra educación en Canarias.

Señorías, miembros promotores de esta iniciativa, el sistema educativo canario, según el último informe emitido por el Consejo Escolar de Canarias, la realidad educativa, y en referencia al contexto estatal y europeo, presenta importantes retos para la consecución de los objetivos previstos por la Unión Europea y el Ministerio de Educación, que en su momento pretendían converger con Europa. Todos los informes, llámense diagnósticos realizados por el ministerio, llámense evaluaciones internacionales como Pisa, han puesto de manifiesto nuestras debilidades formativas, referidas a nuestras competencias básicas, así como han puesto de manifiesto en todo este tiempo nuestros indicadores -malos- de las tasas de graduación en la ESO o de las tasas de matriculación o de las tasas de idoneidad, nuestros indicadores, no muy positivos, de fracaso y abandono escolar.

Todo ello, todos estos diagnósticos, todos estos informes, nos obligan -y este ha sido el objetivo de esta iniciativa, pero también ha sido la iniciativa de gran parte de la sociedad canaria y de este Grupo Parlamentario Socialista, de todos los agentes de la comunidad educativa canaria-, nos obligan, como he dicho, a avanzar tanto en los objetivos propios de nuestra comunidad como en los estatales y europeos para alcanzar la meta de la Estrategia Europa 2020. Objetivos que este Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, al inicio de la VIII Legislatura, asume, pues se marca, como bien saben sus señorías, como meta, incluso en estos tiempos de dificultad, situar el abandono escolar en un 10% y que al menos un 40% de la generación más joven tenga estudios superiores. Algo que debe pasar necesariamente por evitar el abandono temprano y por aumentar el éxito escolar, además de otros objetivos como el fortalecimiento y el apoyo a la Formación Profesional, la formación inicial y continua del profesorado, la conexión e implicación de las familias, el fortalecimiento de las áreas básicas, la compensación, la convivencia y la colaboración entre todas las administraciones públicas y privadas.

Señorías, compañeros todos de la promotora de esta iniciativa popular, el aprendizaje es un valor inestimable y hoy más que nunca lo sabemos, ya que solo a través del aprendizaje y del aprendizaje conjunto es posible que los pueblos puedan asumir la responsabilidad de su propio futuro. Pero sin éxito -todos somos conscientes- en el aprendizaje no podremos aprovechar las oportunidades que marcarán nuestro futuro personal y social.

Para todos la educación siempre ha desempeñado la misión de garantizar el futuro de la sociedad a través del aprendizaje eficaz de sus ciudadanos y ciudadanas. Por ello, cuando las condiciones creadas para educar no logran alcanzar ese propósito, ese fin, nos enfrentamos a una gran amenaza -ya lo ha dicho Alicia en esta tribuna-. Nos enfrentamos -y eso tiene que quedar claro- a la pobreza, fruto de un inadecuado desarrollo económico; nos enfrentamos a la exclusión, fruto de la distribución injusta de las oportunidades educativas; pero sobre todo nos enfrentamos a un círculo vicioso muy difícil de superar que hace que la desigualdad social se transforme en desigualdad educativa, que a su vez esta desigualdad educativa se transforma en desigualdad social.

En nuestra comunidad el sistema educativo, ese sistema educativo que en otras comunidades obtiene mejores resultados, en nuestra comunidad, en Canarias, produce uno de los mayores índices de fracaso escolar. Y la razón de este elevadísimo fracaso escolar -convendremos todos, los miembros de la comisión promotora- está, radica, sobre todo su persistencia, en que Canarias tiene uno de los índices más bajos de idoneidad de todo el Estado. Por lo tanto, resulta obvio que nuestro principal problema, ese elevado índice de fracaso escolar, no podrá resolverse hasta que no aumente el índice de idoneidad del sistema educativo, para lo que resulta necesario construir a partir de este momento unas bases sólidas y bien consensuadas.

Se necesita en esta comunidad más diálogo, se necesita un compromiso firme de todos los agentes, de los distintos agentes sociales y educativos, se necesita una alianza, una amplia base social para que respalde con su apoyo una nueva política educativa, cuyo punto de partida es esta iniciativa popular y cuyo punto de partida también es la comisión de estudio iniciada y que ya está a punto de concluir con el debate de sus conclusiones en este Parlamento. Una comisión que buscará las conclusiones, el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales para lograr los niveles de calidad educativa, excelencia y equidad que Canarias necesita para un desarrollo sostenible y para nuestra cohesión social.

Con esta iniciativa, con la iniciativa por una Ley Canaria de Educación, para mejorar la enseñanza pública, Canarias debe ocupar el lugar que le corresponde en educación como en otros ámbitos sociales y económicos. Un lugar destacado entre todos los territorios más comprometidos con la educación de sus ciudadanos y ciudadanas.

Con esta iniciativa, que el Grupo Parlamentario Socialista siempre la ha hecho suya, nuestro grupo parlamentario se compromete a definir una propuesta educativa que haga de la sociedad canaria una sociedad educadora y de sus instituciones educativas, unas verdaderas sociedades para el aprendizaje. Solo así, señorías, miembros compañeros de la comisión promotora, solo así será posible romper ese círculo vicioso al que hacía referencia al principio de mi intervención, ese círculo que transforma la desigualdad social en desigualdad educativa, que a su vez vuelve a transformarse en desigualdad social.

Por lo tanto, como no podría ser de otra manera, el éxito educativo es y será la preocupación de los socialistas canarios y del Grupo Parlamentario Socialista, como lo es también la preocupación de toda la sociedad canaria. Hemos desarrollado en distintos ámbitos -el Consejo Escolar de Canarias, por parte de instituciones sindicales, asociaciones de padres y madres, por parte también de la comisión de estudio parlamentaria- una visión del problema, del problema que presenta Canarias, y queremos los socialistas, junto con el resto de la comunidad educativa canaria, desarrollar, a partir de este momento, una nueva estrategia, una nueva forma de hacer política educativa. Estamos convencidos, supongo que todos estamos convencidos, de que el fracaso escolar no es un fenómeno inevitable. No estamos ni ante una fatalidad biológica ni ante una fatalidad social. Estamos ante un fenómeno que está vinculado al modo en que históricamente se establecen las condiciones en las que es necesario que los estudiantes adquieran los aprendizajes previamente definidos.

Estamos entonces hoy, con la aprobación de la toma en consideración de esta iniciativa -que creo que ha quedado claro que el Grupo Parlamentario Socialista la apoya sin duda alguna-, estamos ante una apuesta, estamos ante una nueva estrategia que cuenta con un fundamento muy sólido, que recoge las lecciones aprendidas de muchas décadas de investigación e innovación, así como las recomendaciones de diversos organismos internacionales.

Disponemos ya de evidencias, lo sabemos todos. Los centros, por ejemplo, que obtienen los mejores resultados de aprendizaje presentan algunos rasgos comunes. Presentan una visión, por ejemplo, compartida de la educación, un compromiso con el aprendizaje activo y democrático, conexiones con la familia y con la comunidad, una cuidada atención personal a todo el alumnado, una valoración positiva, positiva, que no negativa, de la diversidad y un fuerte sentido de la corresponsabilidad en todo el profesorado. Profesorado canario al que aprovecho -no podía dejar de aprovechar esta oportunidad- para valorar públicamente y de manera positiva el trabajo, el buen trabajo que en estos tiempos de dificultad económica siguen desempeñando como buenos profesionales que son.

Son muchas las recomendaciones, señorías, recomendaciones muy útiles para definir una política educativa destinada a superar el fracaso escolar. Ya se han nombrado muchas: detectar y actuar lo antes posible, constituir acuerdos sociales amplios, coordinar eficazmente los esfuerzos de distintos agentes, tener en cuenta las necesidades individuales y educativas de nuestros alumnos... Nos queda, por tanto, dar un marco legal, un marco normativo, a todas estas acciones. Un marco legal que contemple nuestra singularidad, pues nuestro sistema educativo presenta singularidades que hacen necesario un planteamiento adaptado a las necesidades existentes, aprovechando nuestras fortalezas y diseñando cuantas políticas sean necesarias para poder superar nuestras debilidades existentes.

No se nos oculta el delicado momento que vivimos con la necesidad de reducir el presupuesto, lo que nos obliga a distinguir muy bien las medidas, pero también a ser conscientes, conscientemente responsables, y a no olvidarnos de que invertir en educación es esencial, pues, como comenta Lipovetsky, la educación es el punto de partida para cualquier sociedad y las sociedades venideras estarán condicionadas por la inversión que hagan en materia de educación. Invertir en educación -no me cansaré nunca de repetirlo- es la mejor salida a la crisis. Que nuestro capital humano tenga una formación resulta imprescindible para mejorar la competitividad de la economía. No invertir -sepámoslo bien esta tarde- supone dejar en el camino a gran parte de la sociedad canaria. No podemos seguir recortando en educación. Hay que incrementar la inversión en esta área, acompañado, eso sí, de la rendición de cuentas y de mejoras en la eficiencia del gasto educativo.

Ahora más que nunca, ante el alejamiento y la divergencia con Europa, el Grupo Parlamentario Socialista hace suyo el reto social, como pone el texto de esta iniciativa, el reto social de asumir la educación como piedra angular de un cambio estructural para el progreso de nuestra sociedad. Hacemos nuestro avanzar hacia un nuevo modelo más sostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental, prestando atención especial al conocimiento, la formación y la educación como factores determinantes del progreso y del bienestar social.

Canarias lleva -ya lo ha dicho Alicia en su intervención- un considerable retraso en la situación media de la educación. Nuestro punto de partida, también es verdad, ha sido muy diferente, con mucha dificultad, al resto de las comunidades. Y esta...

El señor presidente: Un minuto para concluir, doña Rita.

La señora Gómez Castro: Acabo, señor presidente.

Y esta iniciativa supone, como dicen sus promotores, un cambio urgente y visible de las decisiones en materia educativa, decisiones encaminadas a incrementar la calidad, la equidad, nuestra fortaleza, la eficacia y la eficiencia de nuestro sistema educativo. Esta iniciativa supone colocar a la educación en el centro de la agenda política canaria, en poner en valor la educación. Estamos ante un derecho de la ciudadanía y ante una responsabilidad de los poderes públicos, y el Partido Socialista Canario y el Grupo Parlamentario Socialista apoyan hoy lo que siempre hemos defendido.

Una vez más felicidades a los promotores de esta iniciativa y, como ya he dicho al principio, nos queda un largo camino, pero enriquecedor camino para la sociedad canaria.

Muchas gracias.

(Aplausos.)

El señor presidente: Muchas gracias, doña Rita Gómez Castro.

Por el Grupo Nacionalista Canario, don Nicolás Gutiérrez.

El señor Gutiérrez Oramas: Gracias, señor presidente.

Gracias, Alicia, por tu exposición serena y clara ante este Pleno.

Permítanme también saludar y dar la bienvenida a este Parlamento a los representantes de la comisión promotora de esta iniciativa ciudadana, que se encuentran entre nosotros, así como a los alumnos, estudiantes, y a su profesor, don Santiago Pérez.

Esta iniciativa ciudadana, desde luego, tengo que decirles que va a ser apoyada por el Grupo Nacionalista Canario, como no puede ser de otra forma.

Quiero reconocer la labor desarrollada por los promotores de esta ley de iniciativa popular y también a cada uno de los que apoyaron con su firma su presentación. No podemos infravalorar la aportación de 36.070 firmas, que una vez depuradas por los servicios jurídicos, y aprobadas por la junta de control se quedaron en 29.376 firmas, cantidad muy superior, como saben todos ustedes, para la presentación de esta iniciativa. Estos datos, evidentemente, indican la importancia que se ha dado a la participación ciudadana.

Aprovecho para felicitar también a las personas que dentro de la comisión tuvieron que coordinar todo el papeleo de las firmas, la comprobación que se hizo en este Parlamento y la labor que desarrolló con su aprobación la junta de control que realizó la misma.

Desde el Grupo Nacionalista Canario valoramos que en estos momentos, donde se pone en duda la participación de la sociedad en aquellos temas que afectan directamente a los servicios básicos, léase sanidad, servicios sociales y educación, hayan sido ustedes capaces de ponerse manos a la obra y poner en marcha esta iniciativa ciudadana, ahora que es tan importante la participación de todas y todos para defender el Estado del bienestar, que tanto trabajo nos ha costado conseguir a todos.

Sostener los servicios públicos debe ser una prioridad de todos, pero no solo de los gobiernos autónomos, a los que algunos ponen en tela de juicio y quieren acabar con ellos, y que son los que en este caso tienen responsabilidad de gestión. Aparte de los gobiernos autónomos, el Gobierno del Estado también tiene responsabilidades de financiación para estos servicios públicos.

Señorías, señores invitados, no nos confundamos, que no nos confundan, porque no es justificable que se aproveche esta crisis para debilitar derechos esenciales de la ciudadanía, como se está produciendo en estos momentos con los continuos recortes que se están imponiendo desde el Gobierno del Partido Popular. No se pueden estar imponiendo estos recortes mediante decretazos y pensar que no van a afectar a la calidad de la prestación de los servicios básicos. Esta ley necesita también del compromiso del Estado.

Señorías, se presenta hoy en este Parlamento una iniciativa que, como he señalado, viene avalada por 29.070 firmas. Una iniciativa de la que debe salir una Ley Canaria de Educación. Una iniciativa que comenzó a andar el viernes día 9 de julio de 2010 con su entrada en el Registro general de este Parlamento. No ha sido un camino sencillo hasta llegar al momento en el que nos encontramos. El primer rechazo del Gobierno a su tramitación nos dejó a todos con un amargo sabor de boca y más que a nadie a ustedes, los promotores, y a todos los firmantes de la misma, pero también a nosotros, los representantes de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Ustedes nos hicieron llegar, a través de distintos medios, el malestar que tenían en relación con este motivo.

También poner de manifiesto que algunas instituciones se manifestaron en contra de la negativa a su tramitación, como, por ejemplo, entre otras, una moción presentada en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y que nos hicieron llegar para que abogásemos en el sentido de que se tramitase esta ley.

El Grupo Nacionalista Canario quiere agradecer al Gobierno que, con fecha 11 de octubre de 2012, tomara el acuerdo de examinar nuevamente el informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto para dar su conformidad a la tramitación. Influyó positivamente, y así se indica en la certificación remitida a este Parlamento -y leo textualmente, aunque el secretario lo ha leído anteriormente-: "teniendo en cuenta además el interés que socialmente ha suscitado la mencionada iniciativa, no menor al expresado por los distintos grupos parlamentarios". Entre esos grupos estaba, evidentemente, el Grupo Nacionalista Canario y también, como acaban de indicar, el Grupo Socialista, el Grupo Mixto y espero que también el Grupo Popular se manifieste en el mismo sentido. Juntos han hecho que el Gobierno recapacite o juntos hemos hecho que el Gobierno recapacite.

Quiero creer que esta iniciativa va a contar con el apoyo de todos los grupos con representación en esta Cámara, que al fin y al cabo es la que tendrá la última palabra como representante de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra, de Canarias. Es, por lo tanto, ahora responsabilidad de este Parlamento, como se indicaba anteriormente, trabajar con la seriedad que nos obliga el aval con el que se presenta la iniciativa para que de aquí salga una ley consensuada y que contribuya a la mejora de nuestro sistema educativo. El Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario Socialista y nosotros, el Grupo Nacionalista, hemos dado nuestro apoyo y espero que el Grupo Popular también lo haga.

Señorías, llegado este momento, me gustaría hacer una reflexión sobre la ley y la educación. Si me permiten, la realizaré a través de un juego de palabras: los problemas de la educación en España y, por consiguiente, en Canarias es un problema de leyes. Me explico recordándoles lo manifestado por mi compañera Nuria Herrera en la mañana de hoy, en pregunta realizada al señor consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad. La reforma puesta en marcha por el Partido Popular recientemente será la decimotercera del sistema educativo español. Desde 1970 se han aprobado en España 12 leyes orgánicas sobre educación: 7 han legislado la enseñanza obligatoria y 5 de ellas se hicieron para reformarla; 3 han regulado los estudios universitarios y una la Formación Profesional. Les hablo de la Ley General de Educación de 1970, conocida como Ley Villar Palasí, les hablo de la Loece, les hablo de la Lode, les hablo de la Logse, les hablo de la Lopeg, les hablo de la Loce y les hablo de la Loe, puesta en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En la Formación Profesional, la Ley Orgánica de Cualificaciones, del año 2002; en la enseñanza universitaria, la Ley Orgánica de Reforma de la Universidad, la Ley Orgánica de Universidades y la Lomlou, que rectificaba o modificaba la anterior.

Señorías, como hemos visto, si la solución a los problemas del sistema educativo fueran las reformas de las leyes de educación, es evidente que estaríamos a años luz por encima de los países más avanzados. No es mi intención caer en el pesimismo ni restar importancia a esta iniciativa popular que traemos hoy a este Parlamento; al contrario: quiero que reflexionemos conjuntamente y valoremos que la ley por sí sola no traerá la solución a nuestros problemas educativos. He señalado la cantidad de reformas, contrarreformas, leyes con las que hemos contado en los últimos años. Para acabar con este sinsentido normativo, muchos agentes sociales, educativos y políticos hemos venido reclamando desde hace muchos años un pacto de Estado por la educación, un pacto social y político como el presentado durante la anterior legislatura por el ministro Gabilondo y que pretendía alcanzar la estabilidad normativa en materia de educación en España, sobreviviendo a los diferentes cambios de gobierno, así como el éxito del sistema educativo.

La reforma no salió adelante, como usted bien sabe, por la falta de apoyo de los partidos de la Oposición y de algunos agentes sociales. Recordar que Coalición Canaria apoyó desde el primer momento en Madrid y en Canarias la firma de ese pacto. Desgraciadamente, los diferentes gobiernos de España, presididos unas veces por un partido y otras por otro, han sido incapaces de concitar ese gran acuerdo en favor de la educación.

En este momento de mi intervención hay dos temas que consideramos desde el Grupo Nacionalista fundamentales para lograr la mejora de nuestro sistema educativo. Les hablo de vertebrar la futura Ley Canaria de Educación, que saldrá de este Parlamento con el gran pacto educativo firmado por todos los grupos con representación en esta Cámara y que esperamos que pronto se vea reflejado. Saben ustedes, señorías, que en el seno de esta Cámara se constituyó una Comisión de estudio sobre la situación de la educación en las islas y lo saben también los promotores de esta ley porque ellos fueron invitados a comparecer en la misma. Esta comisión, como se ha dicho anteriormente, está pendiente de presentar sus conclusiones ante el Pleno.

Tenemos, señorías, plena confianza, los integrantes de esta comisión, en lograr un acuerdo que cuente con la unanimidad de esta Cámara y que quede reflejado... -creo que la importancia del tema merece la atención de sus señorías, gracias- en un pacto por la educación canaria para evitar la imagen de que con la alternancia política también se cambian las bases, las estructuras, de un campo tan sensible como la educación. Espero que esas 29.376 firmas y los promotores de las mismas presten su apoyo a este pacto, un pacto que debe ser económico, político y social.

Esperamos y deseamos, señorías, que la futura Ley Canaria de Educación salga reforzada de este Parlamento y vaya de la mano de ese ansiado pacto educativo, porque, si no, estaríamos nuevamente en un camino que lo que hace es crear más incertidumbre en nuestra sociedad, en la familia, en el profesorado y en el alumnado. Y de eso, señorías, señoras y señores, compañeros y compañeras, con falsas esperanzas están ya las comunidades educativas bastante desencantadas.

Señorías, los que creemos en la escuela pública luchemos por que la escuela que queremos para nuestros hijos sea la escuela que queremos para todos y para todas.

No voy a entrar a analizar la proposición presentada porque no es el momento, pero sí les comunicamos desde el Grupo Nacionalista que realizaremos cuantas aportaciones creamos necesarias y siempre encaminadas a mejorar su texto articulado, para dar estabilidad al sistema educativo, evitando vaivenes según el color político del momento.

Como he señalado al inicio de mi intervención, el Grupo Nacionalista Canario apoya la toma en consideración de esta iniciativa popular.

Muchas gracias y mucha suerte en la tramitación parlamentaria.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Nicolás Gutiérrez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, doña María Isabel Oñate Muñoz.

La señora Oñate Muñoz: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy, tanto representantes de la promotora de la ILP como asociaciones de padres, a Eusebio, de Fitapa, alumnos, Santiago Pérez, etcétera. Bienvenidos a todos. Bienvenidos en nombre de mi grupo, del Grupo Parlamentario Popular. Y les quiero, en primer lugar, agradecer el esfuerzo y el trabajo que han realizado a través de la iniciativa, así como la preocupación que siempre han tenido por la educación. A muchos los conozco de mucho tiempo y sé que siempre han trabajado por la mejora de la educación.

El Informe Pisa se publicó en 2009 y más tarde uno específico sobre Canarias, que vino a ver la luz en 2011, aunque se entregó en el 2010, encargado por el propio Gobierno canario. Es digno de remarcar que nuestro país da malas cifras y, más aún, es digno de remarcar la diferencia que hay dentro de las propias comunidades autónomas. Nuestro país está mal situado en educación, pero las propias comunidades autónomas, dentro del mismo país, tienen grandes diferencias entre unas y otras. Es curioso, por ejemplo, cómo invirtiendo más recursos económicos Baleares está peor que Galicia o cómo, teniendo muchos más inmigrantes, La Rioja, que siempre se les achaca el retraso o el fracaso, tiene muchos más resultados óptimos en educación que otra comunidad autónoma que no tiene tantos inmigrantes en sus aulas, que tienen que ponerlos al día en la lengua en la que se integran. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que realmente no es tan fácil decir: la causa de cómo estamos es una. Es complejo y son muchas.

Partiendo de esa base, sabemos, porque lo ha analizado todo el mundo, que tenemos el diagnóstico... Es que precisamente lo más difícil es tener un diagnóstico. Es como un enfermo: si tienes el diagnóstico, sabes qué aplicar. Y el diagnóstico no hay que pararse ya a verlo, el diagnóstico nos lo han dicho en todos los idiomas; nos lo ha dicho Pisa, nos lo ha dicho la Unión Europea, nos lo ha dicho la CEOE, nos lo han dicho los sindicatos, nos lo han dicho los informes de ministerio, nos lo ha dicho todo el mundo, y todo el mundo, clarito, clarito, ha puesto sobre el papel en qué estamos fallando. En múltiples cosas, pero cuántas son y por qué y cómo estamos en este momento.

Dicho esto, Canarias, dentro de nuestro Estado español, de España, está situada en unas cifras estadísticamente muy malas. Esa es la realidad. En las tres materias básicas -Matemáticas, Ciencias y Lenguaje- somos los peores, los segundos peores de las 15 comunidades autónomas. En Matemáticas puntuamos con 435 puntos, que nos sitúan entre los 442 de Serbia y los 431 de Azerbaiyán. Y esa es la realidad de cómo estamos en Matemáticas. O cómo estamos en Lenguaje, con la puntuación que tenemos, o cómo estamos en Ciencias. En las competencias básicas estamos mal, los niños tienen los currículum muy cargados, muy sobrecargados, y tienen que estudiar demasiadas cosas. Está todo medido, está medido hasta cuando una clase empieza con un buen profesor y con un profesor malo. Está medido. Y está medido al cabo de cinco años dónde está situado ese alumno con un mal profesor y dónde está situado este alumno con un buen profesor. No se le puede echar la culpa únicamente a una cualidad, a una característica, hay muchas características.

Pero en estos momentos quedarnos como estamos no es una opción, no es una opción. No nos podemos quedar como estamos porque no tenemos salida. Y por eso la iniciativa se puso en marcha, que ustedes la registraron en el 2010, en julio, la registraron. Habían trabajado a partir del 2009, que Pisa hizo un estudio general. Toda la gente, motivada por este desencanto y por esta bola que se nos avecinaba de los alumnos sin preparación, abandono escolar, abandono prematuro, fracaso escolar, el 50% de nuestros jóvenes sin una titulación en el paro... Era catastrófica, la situación como estamos es catastrófica. Por lo tanto, ahí es donde nos encontramos. Y en ese momento, en el 2010, termina la iniciativa de un montón de personas, con muchísima buena voluntad, donde participan de todos los colectivos, de trabajar para mejorar la educación en Canarias. Educación que, por otro lado, no vino del cielo, que se ha hecho todos estos años atrás, porque ha funcionado una Consejería de Educación, han funcionado los sindicatos, han funcionado los colectivos de padres, hemos funcionado los colectivos de profesores, año tras año, y nos encontramos con que estamos en este momento en el que estamos.

Pero, pasado dos años, casi tres, porque vamos a entrar en el 2013, resulta que a nivel nacional está tramitándose una Ley Orgánica de Educación. Una Ley Orgánica de Educación que es el marco donde va a estar una Ley Canaria de Educación, porque no somos independientes todavía, estamos dentro de España, y tenemos una Ley Orgánica de Educación. Y me llama la atención porque esta Ley Orgánica de Educación, esta Ley Orgánica de Educación, que se está trabajando en el Congreso de los Diputados, que es la representación de toda España, se está trabajando allí, si ustedes se leen los Diarios de Sesiones pueden ver perfectamente... -lo que dice el señor Bedera, portavoz del Partido Socialista, lo que dicen los partidos nacionalistas, vascos, catalanes, etcétera, lo que dice la Izquierda Plural-, allí está reflejado lo que dicen todos. ¿Y qué dicen todos? Todos están de acuerdo con la mayoría de las cosas que el ministro Wert está llevando a esta comisión. Todos están de acuerdo. ¿Por qué?, porque es meridianamente claro que en lo que nos pasa estamos todos de acuerdo. ¿Es que quién no está de acuerdo, quién no está de acuerdo con que los centros tengan mayor independencia? ¿Quién no está de acuerdo con que los alumnos sepan expresarse correctamente, entiendan un texto y tengan las competencias básicas al dedillo? ¿Quién no está de acuerdo con que los alumnos sepan hablar inglés, que no saben, el 60% no se entera, después de dar montones de años de Inglés? ¿Quién no está de acuerdo con que los profesores tengan estímulos? ¿Quién no está de acuerdo en todo eso? ¿Quién no está de acuerdo en el bilingüismo, que va a ser una ley que va a salir para el curso que viene? ¿Quién no está de acuerdo? Pues, si todo esto, que se está viendo en el Congreso, es lo que aporta la iniciativa, entre otras cosas, pues, querrá decir que será bueno esperar a que esté el marco para podernos enganchar y poder hacer luego una ley canaria que desarrolle las especificidades, las características, de Canarias. Eso será bueno. Eso será bueno.

Porque yo les voy a decir una cosa aquí, y lo quiero decir muy alto y muy claro: los profesores existen, la Administración existe, todo eso existe, los padres en educación, porque existe un elemento, que son los alumnos. Si los alumnos no existieran, los demás sobrábamos, no servimos para nada. El alumno es el foco central de la educación y es al alumno al que hay que proteger, con el que hay que debatir, porque tiene que formar parte de su propio procedimiento, y con el que hay que llevar a buen término un sistema educativo que no lo deje tirado en la cuneta como lo está dejando en este momento. Eso es lo importante, el alumno, que pocos lo nombran aquí. Pocos nombran al alumno aquí. Casi todo el mundo lo nombra, no: los puestos de trabajo que no se pierdan; no, vamos a hacer más centros porque hay pocas infraestructuras; no, vamos a ver... ¿Pero y el alumno, el alumno que lo estamos dejando fracasado y sin empleo, sin empleabilidad? ¿Dónde está el alumno, que gracias a él existen todos los demás? ¡Hombre!

El consejero no está porque no le parece importante esto.

Ustedes saben, ustedes saben que hay unas competencias, derechos fundamentales, según la Constitución, el artículo 27, y luego se desarrolla en el 149, 150.1 y 3, la armonización, el que todos los alumnos del mismo país tengan los mismos derechos elementales y básicos. Ese es el punto de partida. Después en las cosas accesorias... Ustedes saben, por cierto, que en estos momentos la parte que les compete a las comunidades autónomas ha subido de un 65 a un 75%, 65% para los que tienen lengua propia y 75% se reserva el ministerio en la parte que le compete. Exactamente igual que en Finlandia. Da la casualidad de que siempre miramos para Finlandia, a ver si lo miramos también para esto. Finlandia también tiene un 75% que le corresponde al Estado y el 25% es el que hace cada comunidad autónoma en función de sus características.

Bien. Pues, siguiendo esto, el Estado es competente -porque parece que aquí el Estado no existe y no tiene ninguna competencia y lo estamos ninguneando-, el Estado es competente, a), en el establecimiento y definición de las competencias básicas de cada enseñanza y los criterios de evaluación; b), en la fijación de los contenidos comunes y necesarios. Quiere decirse esto que empezar ahora por el tejado de una Ley Canaria de la Educación para luego tener que modificarla, porque lo que se está creando es realmente el marco que nos obliga en lo común y en las competencias del Estado, me parece que no estamos acertados en eso. Con todo el trabajo que han hecho, con todo lo importante que es que haya una Ley Canaria de Educación, y que la tendrá que tener Canarias, su propia ley, pero no al mismo tiempo que se está debatiendo una serie de modificaciones que van a transformar la educación. Porque la educación en estos momentos, señorías, es un cambio de mentalidad y el Gobierno de Canarias todavía no ha llegado a ese cambio de mentalidad. Le falta un poco. Entonces, mientras no tenga el cambio de mentalidad en su mente, esto no va a avanzar para ningún lado.

Como habrán visto, lo que estoy intentando decir aquí es que valoramos desde mi Grupo Parlamentario Popular el esfuerzo y el trabajo y creo que no es un trabajo y un esfuerzo baldío. Creo que está ahí y que va a servir para hacer la Ley Canaria de Educación, de eso no me cabe ninguna duda, pero también valoramos que en estos momentos se está, como digo, trabajando por todos los grupos políticos de España la ley de educación, que nos va a dar el marco necesario para luego nosotros introducirla en Canarias.

Por otro lado, también quiero decir que me llama la atención que los portavoces que me han precedido en la palabra han hecho una loa maravillosa a la Ley Canaria de Educación, pero le cerraron la puerta, y eso lo tengo que decir aquí, ¡le cerraron la puerta!, porque cuando el Gobierno, el Gobierno, con los dos grupos que lo apoyan, Partido Socialista y Partido Nacionalista, el Gobierno dijo que no a esta ley, a tramitar esta ley canaria, esta iniciativa popular. Dijo que no. ¿Por qué?, porque los técnicos del propio Parlamento le habían dicho que no se podía tramitar. Ahora sí se puede tramitar, porque hubo una presión y sí se puede tramitar. ¿Saben lo que les digo?: que no me parece serio, no me parece serio. Yo creo que en esto hay que ser más honestos. ¿Para qué la van a tramitar, para cambiarla después para meterla en un cajón? Nosotros no estamos en esa línea, con nosotros no van a contar, en esa línea no, porque si lo que está haciendo el Gobierno es quedar bien delante de la prensa, con los titulares como nos acostumbra, para luego coger la ley que ha llegado aquí, hacer que la tramita, modificarla y ya no es la misma ley, y cambiarla... ¿Qué es lo que se va a hacer con esa ley?: nosotros no lo sabemos. No sabemos si la va a modificar o la va a cambiar y, como no lo sabemos, nosotros, en este punto, vamos a abstenernos, simplemente.

No vamos a votar en contra. Nos parece que hay un esfuerzo hecho. Creemos que el momento será más tarde, pero nosotros, nuestro voto, el voto del partido, del Grupo Parlamentario Popular, es abstención. Y es abstención porque creemos que no debemos colaborar en este momento con el comportamiento del Gobierno, con la incoherencia con que el Gobierno ha tratado esto, que ni siquiera el consejero nos acompaña en este día, ni siquiera nos acompaña en este día, y que hayamos tenido que ir aquí, que ha sido muy importante para ellos, cuando han intentado que ni siquiera se tratara, me parece que no es de recibo.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Maribel Oñate.

Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la votación para su toma en consideración, si procede, de la proposición de Ley, de iniciativa popular, Canaria de Educación. El voto afirmativo, evidentemente, significa que se toma en consideración; el voto negativo, si lo hubiera, que se está en contra de la toma en consideración. Comienza la votación (Pausa).

Resultado de la votación: 50 presentes; 31 afirmativos, 2 negativos y 17 abstenciones.

(Rumores en la sala.)

Señorías, calma, calma.

Sí. Me piden los compañeros de Mesa que, por un error en el sistema de votación, por favor, se repita la votación. Eso le puede pasar a cualquiera, eso le puede pasar a cualquiera y en más de una ocasión lo hemos hecho. Se anula la votación anterior. Doña María del Mar, por favor, no puede pasar, no puede pasar, no puede. La votación estaba en marcha, lo siento, y esto es para todos, son las reglas del juego.

Queda anulada la votación anterior y se repite la votación.

Votación de la proposición de Ley, de iniciativa popular, Canaria de Educación. Toma en consideración de esa ley. Comienza la votación (Pausa).

Resultado de la votación: 50 presentes; 31 a favor, ninguno en contra y 19 abstenciones.

Por lo tanto, se toma en consideración. El Parlamento solicitará dictamen del Consejo Consultivo de Canarias y posteriormente se inician los plazos de enmiendas y los trabajos en ponencia y en comisión.

Yo quiero, si me lo permiten, brevemente, agradecer a doña Alicia Reyes, agradecerle su intervención aquí, darle la enhorabuena y que se la traslade a todo el grupo promotor. Y decirles que en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, siempre hay vías para solucionar los problemas y que la vía del diálogo y del consenso es la mejor consejera en política para lograr los objetivos, ateniéndose, evidentemente, siempre a las circunstancias que haya en cada momento. Les deseo la mejor suerte para la educación, para la ley esta de educación, porque si se acierta será un acierto, no para la ley de educación, será un acierto para todas las generaciones venideras de Canarias.

Enhorabuena y muchas gracias.

(Aplausos.)

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