Diario de Sesiones 60/2012, de fecha 4/12/2012 - Punto 10

· 8L/PO/P-0682 Pregunta de la señora diputada doña Belinda Ramírez Espinosa, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre honorarios a abogados y procuradores por la prestación del servicio de justicia gratuita, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

El señor presidente: Siguiente pregunta: de la señora diputada doña Belinda Ramírez Espinosa, del Grupo Socialista Canario, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

La señora Ramírez Espinosa (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Señor consejero.

Mi pregunta es relativa al anuncio que hizo la semana pasada sobre la revisión que se llevará a cabo para las cuantías que se pagan a abogados y procuradores por la prestación del servicio de justicia gratuita ante la necesidad de ajustar así sus remuneraciones a la nueva realidad presupuestaria.

Estamos ante momentos de graves dificultades económicas que están causando que se realicen ajustes a todo el personal de las distintas administraciones de nuestra comunidad autónoma, ajustes que se extienden también ahora a los abogados y procuradores, precisamente entiendo que para poder garantizar el mantenimiento de dicho servicio, y garantizando así el derecho a la asistencia en los tribunales, que toda aquella persona que no tenga recursos pueda acudir a los tribunales a proteger sus derechos.

El proyecto de Ley de Presupuestos autonómico prevé una partida destinada a este fin de 18.300.000 euros, partida con la que espero que se pueda cumplir con ese firme compromiso de su consejería con la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita y se garantice la igualdad de los ciudadanos ante la justicia, es decir, el derecho a la tutela judicial efectiva. Un derecho que elimina de un plumazo y que vulnera totalmente la reciente ley de tasas judiciales aprobada por el Partido Popular, de tal manera que han hecho que ahora solo pueda acceder a la justicia quien tenga dinero, porque esta ley obstaculiza que la mayoría de los ciudadanos pueda acceder a la justicia en defensa de sus intereses y derechos. Una ley que es totalmente incomprensible puesto que no es aceptable limitar un derecho fundamental como este tomando como justificación el aumento de la litigiosidad o el elevado coste de la justicia, porque para estos problemas hay otras alternativas. Alternativas que defienden todos los profesionales que intervienen en los procesos judiciales, así como los sindicatos y asociaciones de consumidores, que han expresado todos su rechazo total a esta ley de tasas. Por lo tanto, yo me temo que estamos ante una cuestión de ideología más que ante una medida de ahorro económico.

Por lo tanto, señor consejero, ante esta situación y ante la preocupación ciudadana por esta nueva ley, yo le pido, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que la revisión de esos honorarios de abogados y procuradores se lleve a cabo en base a criterios razonables en un proceso de diálogo y consenso, de tal manera que estos profesionales vean garantizada su estabilidad profesional y, lo más importante, que se garantice el derecho de todos los ciudadanos a la justicia y no solo a aquellos que tienen dinero, como es la pretensión del...

El señor presidente: Muchas gracias, doña Belinda.

Señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola) (Desde su escaño): Buenos días, señor presidente, señoras y señores diputados.

Señora diputada, efectivamente la gratuidad de la justicia es un derecho reconocido en la Constitución en su artículo 119, de forma tal que este derecho constitucional ha sido regulado y establecido, regulado por una ley, la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, que recoge el derecho esencial establecido en la Constitución. Pero en el contexto actual, en el contexto en el que estamos, de profunda crisis económica, debemos tomar medidas porque se está produciendo un incremento de los beneficiarios y al mismo una disminución del crédito presupuestario, en torno a 3 millones de euros, para cumplir el Plan económico-financiero, el llamado PEF, que hemos suscrito con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Quiero recordarle que tienen derecho a la asistencia gratuita los ciudadanos españoles, los nacionales de los Estados miembro de la Unión Europea y también los extranjeros que residan legalmente en España cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Hemos tenido un proceso de diálogo, varias reuniones, con los abogados, con los colegios profesionales de abogados y procuradores, buscando una fórmula de acuerdo y consenso. Es evidente que a nadie le gusta que haya una reducción de los honorarios de los profesionales, pero más o menos el Gobierno tiene ya perfilada una posición. Esta es la siguiente: consistiría en una reducción de los baremos en torno al 7,5% de forma lineal para los abogados; se igualarían los baremos de los procedimientos de familia, contenciosos y de mutuo acuerdo; se igualan, asimismo, los procedimientos abreviados sin conformidad, con conformidad y juicios rápidos; se limita el cobro de las guardias por juicios rápidos al 30% del total. En cuanto a procuradores, hemos determinado dos baremos: procedimientos civiles y penales, 45 euros y recursos de apelación, 40 euros.

En todo caso, podemos garantizar, que es lo importante, la tutela judicial efectiva para todos los justiciables, que tendrán derecho a letrado y a procurador y la comunidad autónoma tiene recursos suficientes en sus Presupuestos para atender este derecho fundamental...

El señor presidente: Gracias, señor consejero, señor Hernández Spínola.

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  • 8L/PO/P-0682 Sobre honorarios a abogados y procuradores por la prestación del servicio de justicia gratuita, dirigida al Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.


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