Diario de Sesiones 61/2012, de fecha 5/12/2012 - Punto 11

· 8L/PNL-0154 Proposición no de ley de los Grupos Parlamentarios Socialista Canario y Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia.

El señor presidente: Siguiente proposición no de ley: de los Grupos Socialista Canario y Nacionalista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia.

¿Quién defiende la proposición? (Ante un comentario que se suscita.) Socialista y Nacionalista. Don Julio Cruz Hernández.

Hay una enmienda del Grupo Mixto.

El señor Cruz Hernández: Señorías. Señor presidente.

El objetivo de esta proposición no de ley, señorías, es que estamos ante un verdadero drama social cuyas consecuencias se han ido agravando con la evolución de la crisis económica. Gracias a la movilización social, y quiero resaltarlo hoy aquí, al trabajo continuo de las plataformas de apoyo a las personas afectadas por los desahucios, hoy este problema es un problema de primer orden. Un problema de primer orden no solo en la agenda de los ciudadanos sino sobre todo también en la agenda política. Y es un problema de primer orden porque además hay mucho riesgo de que intente empeorar en los próximos tiempos. Intenta empeorar y va a empeorar porque, desgraciadamente, las propuestas y la esperanza que se plantearon con un decreto-ley del Gobierno del Partido Popular no tienen el alcance, no tienen la profundidad, desde nuestro punto de vista, que vayan a solucionar el problema de los deudores hipotecarios. Se ha intentado negociar unas medidas urgentes, de acuerdo, de paralizar los desahucios. Hay cambios de hacer una modificación de la legislación hipotecaria y de la legislación de enjuiciamiento civil, y no ha sido posible. No ha sido posible porque, desgraciadamente, lo que ha hecho el Gobierno de España es una moratoria al lanzamiento, pero no una moratoria al desahucio, a la pérdida de la propiedad. Me explico.

¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno de España? El Gobierno de España no paraliza ningún procedimiento de desahucio con el decreto-ley. Lo único y exclusivamente que hace es que el procedimiento, una vez acabado todo el proceso de desahucio y el lanzamiento del ciudadano cuando ya ha perdido su propiedad, lo que hace es retrasar, una vez perdida la propiedad, retrasar el lanzamiento, la salida de la vivienda durante dos años. Y esto, en definitiva, parece que el Gobierno de España está más preocupado por los problemas del telediario, de lo que está saliendo continuamente, que por el problema de los ciudadanos, de solucionar el problema.

Porque, miren, nosotros lo que queremos es que se pare todo, se pare el procedimiento. Lo que queremos es que ninguna persona se vaya a la calle porque, por circunstancias sobrevenidas y de buena fe -por paro, por otras circunstancias-, se vea en la calle por unos bancos, por una ejecución hipotecaria, por unas decisiones que tiene una legislación que es de 1909. Podemos decir, "oiga, todos somos responsables"; todos somos responsables y el Partido Socialista también tiene responsabilidades ahí, porque estamos hablando de una ley hipotecaria de 1909 que les da más fuerza a los bancos, que les da más fuerza que, según dicen incluso los jueces, les da más fuerza que una propia sentencia. Es decir, la sentencia se puede recurrir; la ejecución hipotecaria, la fuerza de los bancos, no es recurrible, no hay manera de atacarla. Y hay que afrontar este proceso equilibrando la situación.

En estos momentos el procedimiento hipotecario le da una preponderancia a la banca, le da una preponderancia al ejecutante, que desequilibra totalmente la relación jurídica. Es tan desequilibrante la relación jurídica que incluso el tribunal de la Unión Europea va a dictar una sentencia en los próximos meses, conforme a todos los indicios, que va a decir que esto es injusto, que esto va en contra de directivas de la Unión Europea, que es leonina la posición, que son abusivas las cosas que se plantean.

Y nosotros lo que queremos es dar una segunda oportunidad. La banca en este país ha tenido en los últimos tiempos unos recursos extraordinarios, unos recursos de todos los ciudadanos españoles, que tenemos que pagar, pero esa misma banca, la que recibe ingentes ayudas de dinero público, ahora se comporta de una manera leonina con los ciudadanos, y los ejecuta echándolos a la calle, y nosotros creemos que hay que dar una segunda oportunidad a esas personas por circunstancias sobrevenidas.

Y quiero darles un dato. Las ejecuciones hipotecarias a los privados solo es el 3% del volumen de la banca, de inejecución o de falta de devolución del crédito; el 25% es de los promotores inmobiliarios. Por lo tanto, no es un problema bancario, no es un problema de estructura financiera, el que los pequeños ahorradores, los pequeños propietarios, no paguen la hipoteca. Eso no genera un problema, lo que sí genera es un problema social de envergadura. Y ese problema social se puede acotar, se puede y se debe afrontar.

Y en esta proposición no de ley lo que pretendemos es que el Gobierno de España, las Cortes Generales, en base a una iniciativa que ha presentado el Partido Socialista... Que no es una iniciativa estrictamente del Partido Socialista, sino que es una iniciativa hecha en colaboración con todos los agentes económicos y sociales, con todas las plataformas. Es una iniciativa abierta al diálogo y que lo que pretende es afrontar de una vez este problema. ¿Afrontarlo de una vez, cómo?, pues modificando la legislación hipotecaria, modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil, equilibrando las situaciones entre el deudor hipotecario y la banca, de tal manera que ninguna persona pierda la vivienda por causas sobrevenidas de buena fe, dándole una segunda oportunidad. Y si en último caso se produjera el lanzamiento, si esa persona perdiera la vivienda, pudiera quedarse en esa vivienda con un alquiler social, que nosotros estimamos no superior al 20% de ese valor que tiene esa vivienda con carácter anual.

Es decir, estamos en un procedimiento, en una situación, realmente grave. Que en Canarias afecta también a muchas personas. Afecta en toda España pero en Canarias se calcula que entre 8.000 y 8.500 familias pueden estar en estos momentos en procesos de desahucio hipotecario. Y nosotros creemos que hay que modificar esta situación para garantizar ese equilibrio, pero garantizar el equilibrio no para ahora, no para esas familias, sino también para resolver el problema de futuro. ¿Cómo es posible, señoría, que la banca...? Porque aquí se dice, "oiga, es que no haber pedido el crédito, no haber solicitado un crédito si no se sabía o si se tenían dudas de poder pagarlo", pero eso, aunque pudiera ser verdad, lo que es cierto es que también la banca, que sabía cuál era la situación, que sabía cuál era la burbuja inmobiliaria, dio los créditos correspondientes. ¿Por qué?, porque engordaban su cuenta de resultados. Y ahora cuando estalla la burbuja, cuando estalla, dice la banca, "no, no, yo me acojo a mi preponderancia con la legislación hipotecaria en la mano". Y nosotros creemos que hay que equilibrar esa situación, y el equilibrio pasa por que la tasación sea una sola. Lo que no es posible es que la banca, cuando nos va a dar el crédito, una vivienda la tase en 150.000 euros y nos dé hasta 170 y cuando, ocho meses después, se produce una situación familiar desagradable o que no se puede pagar, la saca a subasta, la vuelve a tasar y lo que antes eran 150 y nos daban 160, ahora la tasan en 70 y pretenden quedársela por el 60%. Esa es la realidad. Por lo tanto, esa situación hay que cambiarla. La tasación para la banca tiene que ser la misma para dar el crédito que para hacer la ejecución hipotecaria.

Los intereses de demora. No puede ser que los bancos españoles reciban créditos del Banco Europeo del 0% de interés y tres años de carencia y con ese dinero, público, de todos los europeos, a cero de interés y tres años de carencia, se lo dé a los ciudadanos o les exija a los ciudadanos que no pagan su hipoteca un 29% de intereses.

En definitiva, estamos ante un grave problema social. Un grave problema social que afecta no solo a las familias que pidieron el crédito y que tienen la cédula hipotecaria, sino también a los garantes, a los fiadores. Que este decreto-ley no los cubre, no los cubre. Y, por lo tanto, estamos hablando de familias, al padre que avala a su hijo para adquirir una vivienda y pierde la casa del hijo, porque se tasa mucho menos, y además pierde la casa de origen del padre, porque no puede afrontar ese crédito, que se multiplica por dos o por tres la deuda hipotecaria.

En definitiva, señorías, cojamos el toro por los cuernos. No paremos este asunto dos años para que el telediario no nos esté dando en la cara todos los días y afrontemos el problema. Y el problema hay que afrontarlo mediante una modificación de la legislación hipotecaria, de la legislación de enjuiciamiento civil. Hay que afrontarlo equilibrando la situación entre el deudor y el ejecutor, entre el banco y el ciudadano. Ninguna familia quiere no pagar, todas las familias quieren pagar, y la prueba está en la tasa de morosidad del 2%. Todos quieren pagar su vivienda, pero quieren pagarla en las posibilidades que tienen. Hoy a los bancos se les han dado muchísimas posibilidades, se ha rescatado a todo el sistema financiero. Rescatemos también a las familias, rescatemos a los ciudadanos de Canarias, rescatemos a los ciudadanos españoles.

Por eso les pido que apoyen esta proposición no de ley, que trata, en definitiva, de que, respetando ese núcleo y con el apoyo inestimable de los ciudadanos, de las ONG, de las plataformas que están implicadas a fondo en esta materia, le digamos por una vez a la banca que ya está bien, que aquí hay que equilibrar la situación, y que a la banca la vamos a ayudar, hay que reflotar el sistema financiero, pero también hay que reflotar a las familias y que el dinero de todos no se puede utilizar para echar a personas, para echar a familias, dejarlas en la calle, dejarlas en la marginalidad y no protegiéndolas, como tenemos que protegerlas, por un Estado social y democrático que tenemos en este país. Este país, este Gobierno, tiene que proteger a las familias, y desde este Parlamento creo que debemos hacer votos por ello.

Gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Julio Cruz.

Para la defensa de las enmiendas, don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: Nosotros vamos a apoyar la iniciativa porque lo que abunda no daña, pero he de recordar aquí algunos antecedentes.

Hace más de un año el grupo que represento presentó a este Parlamento una proposición no de ley, que consensuamos, que esencialmente pretende lo que pretende esta. Cierto es que fue hace un año, y a lo largo de este año se ha puesto en evidencia, una vez más, que el problema de los desahucios es la cara, una de las caras dramáticas de la crisis, que ha sacudido las conciencias colectivas e incluso a las organizaciones e instituciones democráticas, y que afortunadamente está hoy en la agenda política, porque el problema no es nuevo, el problema se ha expresado desde el inicio de la crisis con mucha crudeza.

Y yo quiero aprovechar esta intervención para hacer un homenaje, un reconocimiento, a los que en solitario, arriesgando la cara, se han dedicado en los últimos años a defender a aquellas familias que perdieron su vivienda. A esos que nunca salen en el telediario, si no es para ser criticados, que han estado apoyando a las familias desahuciadas para impedir, para llamar la atención sobre semejante expresión de la crisis. Ese movimiento contra los desahucios es el que ha posibilitado que hoy esté en la agenda política y en la preocupación de los parlamentos regular, buscar soluciones a este grave problema.

Por eso nos parece oportuna la enmienda que proponemos. He tenido la oportunidad de seguir este debate, insisto, desde hace bastante tiempo. Fue una de nuestras primeras iniciativas en este Parlamento, cuando no tenía el peso mediático que tiene ahora. He seguido este debate y conozco personas, profesionales, que dedican su tiempo a defender a los que no tienen nada, que son las víctimas de los desahucios, y sé que conocen el problema en profundidad. He escuchado y participado en debates donde me han parecido más solventes el análisis, las aportaciones técnicas sobre el problema de los desahucios y las necesarias modificaciones legales, por parte de los abogados y abogadas de los desahuciados que por parte -escuchen bien- de algunos jueces que participaban en positivo sobre este tema. Me han parecido mucho más solventes, más realistas, más posibles las posiciones. Por eso en una de las enmiendas de adición que proponemos a la propuesta del Grupo Socialista se trata no solamente de reconocer a estos colectivos su trabajo y el mérito de que hoy esto esté en la agenda política, sino que participen de manera efectiva en las negociaciones con los grupos parlamentarios para enriquecer las modificaciones legales para mejorar esta situación y también para buscar solución a los problemas ya ocasionados, las consecuencias de este tema.

Sé que hay un párrafo ahí, que yo estoy dispuesto a retirar, que hace referencia a que ahora esto es una prioridad, y yo otorgo el mérito, no a la PNL que propusimos aquí hace más de un año, sino al movimiento social que ha estado detrás del Stop Desahucios. Y a estos, además de reconocerles, hay que darles participación, y proponemos un tercer punto, instando -ya lo están haciendo algunos ámbitos institucionales, en este caso el Gobierno de Canarias- para que interceda ante las entidades financieras que operan en Canarias, que si tienen en su agenda desahucios a corto los aplacen hasta tanto la legislación se modifique, porque parece que se han generado condiciones para que se produzca una modificación con impacto, con consecuencias.

De manera que las dos aportaciones tienen el sentido de reconocer a estos colectivos su papel, de implicarles en las propuestas, en las soluciones operativas, porque conocen bien el problema, y tratar de implicar, con las limitaciones que esto tiene, a nuestra primera institución, al Gobierno de Canarias, para que intermedie ante las entidades que operan en el territorio para que retrasen lo que tengan en su agenda de ejecuciones, porque creemos, al menos hay una oportunidad, que la legislación sea modificada.

Sé que el real decreto del Gobierno español no da respuesta a todas las demandas y sé que la propuesta que presenta el Partido Socialista, como las propuestas que han presentado otros grupos en las Cortes Generales en los últimos años, han tenido poco eco. Valga, por lo tanto, el nuevo estado de opinión para generar las condiciones para modificar este tema.

Y acabo diciendo que los que creemos que las instituciones son muy relevantes en la representación de los intereses de los ciudadanos y que a través de las instituciones se encauzan muchos de sus derechos e intereses, yo he creído siempre, y ahora lo creo más oportuno, que además de nuestra presencia en las instituciones los movimientos sociales autónomos contribuyen también a los cambios, a promover esos cambios, y creo que el movimiento ciudadano que, en solitario y casi denostado, ha promovido en los últimos cuatro años la lucha contra este desastre merece reconocimiento y da una oportunidad a lo que a mí me parece una de las esperanzas. No solo aquí vamos a encauzar el problema, sino las movilizaciones, la lucha de los ciudadanos, contribuye a cambiar las cosas. El ejemplo de estos desahucios es un ejemplo, pero también esta mañana discutíamos, con distinto nivel de sosiego, el tema de la cirugía cardiaca infantil, y han sido las familias, razonablemente organizadas, las que han generado un estado de opinión que ha permitido la rectificación al Gobierno de Canarias. Con esto pongo en valor las movilizaciones, la necesidad de no estarse quieto, cuando uno pierde lo básico, que son sus derechos.

Por lo tanto, al señor proponente le digo que apoyaremos la iniciativa, que elimino el párrafo que sé que pudiera ser, pues, no pertinente, referido a los partidos mayoritarios, pero que las dos aportaciones solo tratan de enriquecer y reconocer a los que han tenido el verdadero protagonismo, afortunadamente.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Don Julio, don Julio Cruz.

El señor Cruz Hernández: Sí, señor presidente.

Muy brevemente, don Román.

Efectivamente nosotros estamos de acuerdo con la enmienda, es una enmienda de adición. Creo que es pertinente el quitar esa línea o esa parte de que no era una prioridad en las fuerzas políticas mayoritarias, porque creo que, no siendo una prioridad, no era una prioridad en toda la sociedad española. Hoy sí es una prioridad -y ya lo manifesté en mi intervención inicial-, porque los ciudadanos, las plataformas, las ONG, los afectados han generado esa situación. No nos olvidemos que la legislación hipotecaria es de 1909, es decir, que tiene más de cien años, y, por lo tanto, hasta ahora... Y hay algún dirigente político que sigue defendiendo la legislación hipotecaria tal y como está y no quiere su reforma. Nosotros consideramos que hay que reformarla y que hay que adecuarla, y, por lo tanto, tiene que tenerse en cuenta. Le puedo asegurar que la propuesta del Partido Socialista en las Cortes Generales ha tenido en cuenta esa participación ciudadana, esas plataformas, y se ha hecho en colaboración con esas plataformas y con expertos en esta materia, no solo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista social.

En relación a la segunda enmienda, que es de adición, para que el Gobierno de Canarias interceda ante la banca radicada en esta comunidad autónoma a efectos de intentar paliar, nos parece adecuada. Ya lo decimos nosotros en el segundo párrafo de la propuesta del Partido Socialista y el Grupo Nacionalista, que el Parlamento de Canarias, exclusivamente, y con carácter individual -dice-, reconoce la labor de los movimientos ciudadanos a la hora de concienciar a las instituciones públicas para colocar entre sus prioridades la búsqueda de soluciones a los graves problemas sociales, como el impago de las deudas hipotecarias y sus consecuencias. Que este Parlamento reconozca en un párrafo expreso que los movimientos sociales están ahí y que esos movimientos sociales han ido por delante de este Parlamento, de nuestras fuerzas políticas, también hay que reconocerlo, y nosotros lo hacemos sin ambages. Lo reconocemos y además la participación ciudadana está ahí, y es esa, ¿no? Las democracias no solo son de los partidos políticos, también es la participación ciudadana. Y cada vez hay una mayor participación de los ciudadanos, y a nosotros nos parece bien, nos parece adecuado, y hay que fomentar esa participación porque nos acerca a la solución de los problemas y nos acerca a lo que quieren los ciudadanos. Y aquí, en definitiva, en este Parlamento nos debemos a lo que quieren los ciudadanos y, como nosotros creemos profundamente en ello, pues, aprobamos, estamos de acuerdo en esas dos propuestas, en esas dos enmiendas de adición, y creo que mejoran mucho esa proposición no de ley.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente: Don Julio, por favor, sí, dígame exactamente lo que hay que suprimir del... (El señor Cruz Hernández hace entrega del texto a la Presidencia.)

¿Grupo Nacionalista Canario? Don Víctor Chinea.

El señor Chinea Mendoza: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

En los últimos años, y como consecuencia de la crisis económica iniciada en 2007, unido al estallido de las burbujas inmobiliaria y financiera del año 2008, se ha producido un incremento notable de las obligaciones hipotecarias, hasta el punto de que hoy se registran cinco veces más desde el inicio de la crisis. Y por eso es la tendencia de que, siguiendo al alza, han llegado las ejecuciones a unas 400.000, de las cuales, desde el año 2007, 8.500 han sido en Canarias, y de ellas 2.193, en el presente año. Sin embargo, no se trata de cifras. Esta situación encierra un auténtico drama que lleva inexorablemente a la exclusión social de familias que, impotentes tras haber quedado en el desempleo o sufrir una auténtica reducción de sus ingresos, se ven incapaces de satisfacer las cuotas de unos préstamos que concertaron en épocas de bonanza económica.

En la anterior legislatura ya Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados apoyó varias iniciativas de algunos grupos parlamentarios en relación con la dación en pago, de la Izquierda Plural y del Bloque Nacionalista Galego, entre otros. En estos momentos es fundamental la unidad de todas las fuerzas políticas de esta Cámara para solicitar un gran acuerdo en las Cortes Generales que resuelva de una vez la dramática situación que viven miles de familias como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias, teniendo en cuenta las propuestas recogidas, como decía el proponente, junto con el Grupo Nacionalista, de la PNL, en la proposición de Ley del Partido Socialista, presentada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 31 de octubre, de Medidas contra el Desahucio, el Sobreendeudamiento y la Insolvencia.

También dos cuestiones que quería añadir son de una moción presentada en el Ayuntamiento de La Laguna, y en la que trabajó también la Federación de Asociaciones de Vecinos de Aguere, en la cual planteaban el exigir que los bancos que se incorporan en ellas... el exigir que los bancos que hayan sido rescatados destinen una parte para ayuda en los desahucios y además reconvertir estas hipotecas en unos alquileres sociales con opción a compra.

Me gustaría también incidir en que las medidas tomadas por los gobiernos del Estado, el Real Decreto 8/2011, de 1 de julio, que elevó el nivel de la inembargabilidad, y posteriormente el Real Decreto 6/2012, de 9 de marzo, denominado "el código de buenas prácticas", y lo cierto es que esos dos reales decretos han sido insuficientes para resolver al menos o paliar la situación de los deudores hipotecarios.

Señorías, la gota que colmó el vaso por parte de la ciudadanía fue el rescate bancario, porque no tiene sentido que la sociedad ayude a los bancos y después los bancos paguen a la sociedad con los desahucios. Y el impacto ha sido de tal magnitud que ha unido a los ciudadanos en movilizaciones populares contra esas ejecuciones judiciales, provocadas por la actitud miserable de los bancos, que imponen, embargan y ejecutan hipotecas tras ser rescatados con dinero de la ciudadanía y que han llevado, desgraciadamente, en este país al suicidio, con la impotencia, la soledad y desesperación, a varias personas.

Los gobiernos hasta estos momentos han bloqueado todas las iniciativas, y es el Gobierno del PP quien intenta llegar a un acuerdo para legislar al respecto, pero la negociación, tal y como sabemos, fracasó y el Gobierno, unilateralmente, aprueba el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de Medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. En vez de ser una norma imprescindible para dar una solución a los desahucios se ha vuelto a poner una cortina de humo. Este real decreto-ley, si no cambia, señorías, tendrá el mismo futuro que el código de buenas prácticas, o sea, ninguno. Ha sido criticado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, por partidos políticos, por la asociación conservadora y progresista de la magistratura, por Cáritas, por la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y hasta por la Defensora del Pueblo, que ha planteado que hay que profundizar más en la normativa por ser insuficiente, ya que tiene un alcance muy limitado y además es una norma muy restrictiva porque no va al fondo del asunto.

Señorías, todo sorprende menos al comprobar que la ley hipotecaria que regula los procesos de desahucio en España data de 1909. Una ley que tiene más de 100 años.

La norma aprobada, el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, no es una moratoria, es una suspensión del desalojo, de forma que durante dos años la deuda seguirá y los elevados intereses de demora seguirán aumentando, lo que agravará el problema, porque está claro que si alguien no puede pagar en el año 2012 120.000 euros, tampoco puede pagar 150.000 en el 2014...

El señor presidente: Un minuto, don Víctor, para terminar.

El señor Chinea Mendoza: Por lo expuesto, espero que esta iniciativa que presentamos conjuntamente el Grupo Socialista y Nacionalista Canario recabe la unanimidad de este Parlamento para dar respuesta a la lacra que ha dejado a miles de personas sin hogar y con deudas de por vida y que cada día sigue afectando a más de 500 personas en España.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, don Emilio Moreno.

El señor Moreno Bravo: Muchas gracias, señor presidente. Señorías.

Ya lo decía el pasado 29 de noviembre ante el Pleno del Congreso de los Diputados el ministro de Economía y Competitividad, don Luis de Guindos, y el diputado por Tenerife, don Pablo Matos: muchos ciudadanos que contrataron un préstamo hipotecario para adquirir su vivienda habitual hoy no pueden hacer frente al mismo y ello como consecuencia de circunstancias económicas sobrevenidas sin dolo. Son la cara amarga de la crisis, personas que han perdido su empleo, personas que también han perdido su hogar.

De todos modos no estaría mal recordar que el Gobierno Socialista de Zapatero permaneció indiferente ante los 58.682 procedimientos de ejecución hipotecaria incoados en el año 2008, permaneció indiferente ante las 93.319 ejecuciones hipotecarias del año 2009, siendo un ejemplo absoluto de indignidad, de gran pasividad. Y en el año 2010 el Gobierno socialista de Zapatero volvió a permanecer indiferente ante los 98.393 procedimientos de ejecución hipotecaria, que en el año 2011 alcanzaron la cifra de 77.854. Y es ahora, señorías, cuando el Gobierno de la nación, dirigido por el Partido Popular, ha planteado, entre otras cosas, en el Congreso de los Diputados la posibilidad de reestructurar la deuda hipotecaria, la posibilidad de hacer una quita del capital pendiente, la posibilidad de una dación en pago, tal como establece el código de buenas prácticas con el Real Decreto-Ley 6/2012, a lo que se une precisamente la aprobación del Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, que permite la suspensión de los lanzamientos y los desahucios durante dos años y constituye a su vez el Fondo Social de Viviendas; y es ahora precisamente cuando sus señorías socialistas, después de haber estado gobernando desde el año 2004 al 2011 y no hicieron nada, absolutamente nada, les parece escaso e insuficiente lo que pretende el Gobierno de la nación.

Y, miren, el fundamento del rechazo a las políticas actuales del Gobierno de la nación en la izquierda es porque la izquierda no soporta que quien haya planteado la posibilidad de reestructuración de la deuda hipotecaria con el Real Decreto-Ley 6/2012, a través del código de buenas prácticas, así como la paralización de los lanzamientos durante dos años y la creación del Fondo Social de Viviendas con el Real Decreto-Ley 27/2012, sea un Gobierno del Partido Popular. Y dicho Fondo Social de Viviendas tendrá como objetivo impulsar la creación de una bolsa de alquileres a precios asumibles, con la finalidad, la única finalidad, de que aquellas personas que reúnan los requisitos y hayan perdido su hogar puedan acceder a una vivienda. Y eso la izquierda no lo perdona, y no perdona que sea el Partido Popular quien esté haciendo algo después de tantos años de inactividad y de falta de rumbo.

Señorías, no deben olvidar que, pese a la convalidación del Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, en el Congreso de los Diputados, se va a proceder a su tramitación como proyecto de ley, habiéndose anunciado por parte del ministro de Economía y Competitividad, para mejorar, en vía tramitación parlamentaria, varios aspectos, como, por ejemplo, revisar los intereses de demora para que las personas situadas en el umbral de exclusión, que están en el umbral de exclusión puedan afrontar con mayor solvencia el coste de su deuda; dar más independencia a las sociedades de tasación frente a las entidades bancarias; evitar en el futuro el sobreendeudamiento fomentando conductas más prudentes, especialmente las compras de vivienda habitual; evitar cláusulas abusivas en las condonaciones hipotecarias; o por ejemplo clarificar la comercialización de hipotecas extremadamente complejas, como las contratadas en moneda extranjera.

Y esto es lo que está haciendo el Gobierno de la nación. ¿Y el Gobierno de Canarias, qué hace, si tiene competencia en materia de vivienda? Nada. Se anticipa por parte del Grupo Parlamentario Popular que hemos presentado una proposición no de ley en la que se instará, por parte del Parlamento de Canarias se inste al Ejecutivo a intervenir en esta materia, impulsando la puesta a disposición del parque de vivienda social y de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para las familias más desfavorecidas, perjudicadas por la crisis; reorientar la actividad de las empresas públicas de suelo y vivienda de Canarias, como Gestur y Visocan, para dar respuesta a las familias canarias afectadas por los procesos de desahucio, etcétera, etcétera. Como será también necesario en algún momento provocar la reforma de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, para contemplar medidas favorables en materia de vivienda a los colectivos más vulnerables y especialmente a los afectados por procesos de ejecución hipotecaria. Y eso hay que hacerlo aquí, no en Madrid.

Finalizo. Única y exclusivamente para fijar posición, anunciamos que nos abstendremos ante esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Nacionalista Canario y realmente por una cuestión de coherencia...

El señor presidente: Don Emilio, un minuto, por favor.

Sí, puede continuar.

El señor Moreno Bravo: Muchas gracias, señor presidente.

...por una cuestión de coherencia parlamentaria. No se nos puede pedir al Grupo Parlamentario Popular que nos ciñamos a respetar el núcleo de las propuestas contenidas en una proposición de Ley de Medidas contra el Desahucio, el sobreendeudamiento e insolvencia presentada por el Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados y que actualmente se encuentra en fase de tramitación. Acójanse precisamente al diálogo que ha ofrecido el ministro de Competitividad en la tramitación del proyecto de ley y del Real Decreto-Ley 27/2012. Y es verdad que no dudamos de la bondad de sus argumentos, en cuyo caso eso traerá como consecuencia que nos abstendremos ante esta cuestión.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Emilio Moreno.

Señorías, votación de la proposición no de ley de los Grupos Parlamentarios Socialista Canario y Nacionalista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con las medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia, con las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, una vez suprimida la frase que se les leyó aquí. Supongo que no hay que leerla otra vez. Bien. Comienza la votación (Pausa).

Resultado de la votación: 41 presentes; 27 a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones.

Queda aprobada.

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