Diario de Sesiones 68, de fecha 26/2/2013
Punto 10

· 8L/PO/P-0776 Pregunta de la señora diputada doña María Luisa Zamora Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre valoración de las políticas del Ministerio de Justicia, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Pasamos a la siguiente pregunta: de la señora diputada doña María Luisa Zamora Rodríguez, del Grupo Nacionalista Canario, sobre valoración de las políticas del Ministerio de Justicia.

Para la formulación de la pregunta, la señora diputada tiene la palabra.

La señora Zamora Rodríguez (Desde su escaño): Gracias, presidente.

Señor consejero, el pasado miércoles se celebró en todo el país una huelga convocada por la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales debido a la incapacidad del Gobierno de Mariano Rajoy y del ministro de Justicia, el señor Gallardón, de escuchar a dichas asociaciones y de abrir espacios de diálogo para la búsqueda conjunta de soluciones a los graves problemas que afectan a la Administración de Justicia.

Las políticas y reformas que está poniendo en marcha y piensa poner en marcha en el futuro el Ministerio de Justicia se están haciendo a espaldas de los profesionales, de los ciudadanos y de su programa electoral.

Entre las reivindicaciones de las asociaciones de jueces y fiscales se encuentra un incremento de la planta judicial y fiscal, conforme a las previsiones establecidas por el Consejo de Europa. Piensen que estamos en el puesto 36 del ranking europeo en cuanto al número de jueces por cada 100.000 habitantes, concretamente 10. Estamos en el vagón de cola y es imposible que con este escaso número de jueces se pueda hacer frente a 9 millones de asuntos anuales. La paralización del anteproyecto de Ley de Reforma del Consejo General del Poder Judicial, cuyo objeto, poco disimulado, es la asunción por parte del Ministerio de Justicia del gobierno de los jueces; la demanda de una mayor inversión pública en justicia, que es fundamental para el correcto funcionamiento de esta Administración. Pensemos que en España el presupuesto de justicia no llega al 1% del PIB, mientras que la media europea está entre el 3 y el 4%. La retirada del proyecto de reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial, que afecta también al estatuto profesional de jueces y fiscales. Dicha reforma no solo no se retiró sino que se aprobó por real decreto-ley el pasado 28 de diciembre y ello ha supuesto la supresión automática de entre 900 y 1.000 jueces sustitutos y magistrados suplentes y 300 fiscales, y ello implica más sobrecarga de trabajo para los jueces y fiscales titulares, lo que está ya provocando suspensiones y agrandando de forma terrible las dilaciones de los procedimientos. La retirada total de la Ley de Tasas, aunque ahora, cuando han pasado solo dos meses, el ministro Gallardón ha dado marcha atrás reduciendo la tasa variable de algunos pleitos, tal como le ha solicitado formalmente la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y que además se devuelvan las tasas que ya han sido cobradas. No rotundo a la privatización de los registros civiles para que se sigan manteniendo como un servicio público y gratuito. También piden las asociaciones convocantes la reforma de la ley del indulto, que actualmente propicia la discrecionalidad política de forma arbitraria al no requerir explicación alguna para su concesión y dejar sin efecto las condenas.

Señor consejero, por todo ello le pregunto cuál es su valoración sobre las políticas que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia y...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Gobierno, señor consejero, tiene usted la palabra.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola) (Desde su escaño): Señoría, nosotros como Gobierno hacemos una valoración negativa, bastante negativa, porque hay un desconcierto que se ha generalizado entre los operadores jurídicos. ¿Por qué?, pues sencillamente porque el ministro de Justicia, el señor Gallardón, ha puesto en marcha un conjunto de reformas legislativas impuestas. Lo ha hecho sin consenso, lo ha hecho sin tener en cuenta el parecer de los distintos operadores jurídicos y llega hasta con desprecio porque ni les ha recibido en muchas ocasiones. Es decir, que esa política de Estado que precisa una reforma de la justicia en España no se ha llevado a cabo por el Gobierno de España, por el Gobierno del señor Rajoy, por el ministro señor Gallardón.

Por tanto, la convocatoria de huelga era previsible, no nos ha sorprendido al Gobierno, porque después de todos los intentos fallidos de negociación, pues, los jueces y fiscales llegaron a la conclusión de que no tenían otra salida que, frente a estas reformas, entre las que destacaría la aprobación de la Ley de Tasas, la reforma proyectada de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que supone, en opinión de los jueces y fiscales, un auténtico atentado a la independencia del poder judicial y de su órgano de gobierno, que es el Consejo General del Poder Judicial, pues, es lógico que se haya producido esta huelga. Que tengo que reseñar que es la huelga más importante que ha habido en el país desde que tenemos democracia y desde la Constitución de 1978.

Por tanto, el Gobierno de Canarias lamenta, lamenta el estancamiento y el bloqueo de la relación del Ministerio de Justicia con los jueces y fiscales, porque al final eso termina perjudicando y dañando a los ciudadanos.

La Ley de Tasas supone un ataque frontal al principio de igualdad, porque hay muchas personas que no pueden acceder a la justicia. Ahora están planteando una reforma, eso sí, de manera muy improvisada y solo dos meses después de haber publicado en el Boletín Oficial esa Ley de Tasas.

Por tanto, la huelga y las consecuencias de la huelga espero que hagan reflexionar...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.