Diario de Sesiones 69/2013, de fecha 27/2/2013 - Punto 6

· 8L/PNL-0183 Proposición no de ley de los Grupos Parlamentarios Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) y Socialista Canario, sobre revisión de la cuantía de las sanciones en la normativa del transporte terrestre en Canarias.

El señor presidente: Siguiente proposición no de ley, de los Grupos Parlamentarios Nacionalista Canario y Socialista Canario, sobre revisi ón de la cuantía de las sanciones en la normativa del transporte terrestre en Canarias.

Don José Luis Perestelo tiene la defensa de la proposición, en nombre del Grupo Nacionalista Canario, la defensa de la proposición no de ley.

El señor Perestelo Rodríguez: Gracias, señor presidente. Señorías.

Permítanme saludar al colegio, niños y niñas que nos acompañan, y ojalá su presencia en esta Cámara, pues, les sirva para iniciarse en algo tan importante como es la política como servicio público, servicio a los más desfavorecidos, servicio a aquellas personas que lo están pasando mal.

Hemos tenido un debate importante sobre este asunto y también un debate en el que no hemos podido llegar al acuerdo que seguramente la sociedad nos pedía. Esta iniciativa es una iniciativa que también tiene que ver con sectores económicos que están trabajando en esta tierra, con sectores económicos que también tienen dificultades, con sectores económicos que seguramente el espacio, el marco legislativo, les afecta de manera negativa en su actividad de generar economía y de generar empleo.

Esta iniciativa que plantean hoy el Grupo Socialista y el Grupo Nacionalista de esta Cámara nace como consecuencia de un acuerdo institucional del Cabildo de La Palma, de todas las fuerzas políticas presentes en el Cabildo de La Palma, en relación con las sanciones que se imponen en materia de transporte como consecuencia de la aplicación de la ley de este propio Parlamento.

Desde el principio, desde la creación de la Comunidad Autónoma de Canarias, tenemos competencias exclusivas en materia de transporte por carretera en las islas. La Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, parte de la necesidad de regular el sector del transporte atendiendo especialmente a la realidad geográfica y a la obligada interactividad con otros modos de transporte. Tanto la insularidad como la intermodalidad obligadas han conformado un sector de transportes que presenta notables diferencias con respecto a la ordenación, dimensionamiento y funcionamiento. Básicamente, el coste de una operación de transporte por carretera en las islas es superior al de una operación homologable en territorio continental (El señor presidente abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia el señor vicepresidente segundo, Fernández González).

En su título V, la ley formula el régimen de inspección y sancionador, siguiendo el esquema de la legislación estatal, si bien se introducen tipos infractores acomodados a la realidad del transporte insular y se incorpora un listado de conductas que se consideran condiciones esenciales de las concesiones, autorizaciones y licencias administrativas en aras a la seguridad jurídica.

El Decreto 72/2012, de 2 de agosto, el Gobierno de Canarias aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera en Canarias. Un reglamento que se propone una vez oídos los cabildos insulares, la Federación Canaria de Municipios y las asociaciones representativas del sector del transporte por carretera y de los usuarios, además del dictamen del Consejo Consultivo. Con esto, señorías, quiero anunciar ya, antes de la presentación de la propia enmienda, la aceptación de la segunda parte de la enmienda que plantea el Partido Popular, que no es más que trasladar al acuerdo, a la proposición no de ley, lo que ya se recoge en el propio Reglamento 72/2012 del Gobierno de Canarias.

Como digo, señorías, los artículos 128 a 131 recogen el régimen sancionador. Desafortunadamente, no resulta ningún secreto que la crisis económica que venimos padeciendo ha puesto de manifiesto la especial incidencia que esta ha tenido sobre la mayor parte del tejido empresarial que opera en el mundo del transporte por carretera. En el caso de Canarias, especialmente frágiles se vienen mostrando las pequeñas empresas relacionadas con la actividad constructora y con el desmonte y transporte de áridos. Las dificultades de liquidez les ponen con frecuencia en situaciones de descubierto respecto a obligaciones tributarias y de Seguridad Social, lo que desencadena un mecanismo en cascada, de modo que si no acreditan estar al corriente de este tipo de pagos no están en disposición de obtener o visar la preceptiva autorización de transporte. De otra parte, si persisten en seguir trabajando para poder pagar, la amenaza de nuevas sanciones es patente. Operar, aunque sea ocasionalmente, sin autorización de transporte puede acarrear la imposición de una sanción de 4.601 euros, en el supuesto de que se trate de un vehículo pesado.

En los tiempos de recursos para afrontar tan elevados costes, con lo que una sanción de esta cuantía podría significar el cese total de la actividad de una pequeña o mediana empresa de transporte, no se trata, señorías, de aminorar el importe de las sanciones para fomentar precisamente la comisión de la infracción sino sencillamente adecuar dichos importes a la dura realidad socioeconómica actual.

Ante la inminente reforma legislativa que se está planteando desde el Gobierno de Canarias en materia de transportes por carretera resulta plenamente procedente recordar esta situación, toda vez que la situación empresarial que atraviesa el gremio de transportistas en las islas no solo no ha mejorado sino que, desgraciadamente, ha continuado deteriorándose.

Por todo ello es por lo que se somete a la consideración del Pleno de la Cámara, si procede, esta propuesta de proposición no de ley: "el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a revisar, dentro de los trabajos que se están llevando a cabo de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre de Canarias, la cuantía de las sanciones establecidas en la actual normativa para que estén también acordes con las actuales dificultades económicas que atraviesa en general el sector del transporte terrestre en Canarias".

Muchas gracias, señorías.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Muchas gracias, señor diputado.

Esta Presidencia aprovecha este momento para darles la bienvenida a los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Cruz Santa, de Los Realejos, a presenciar un debate parlamentario. Gracias por la visita.

Tiene la palabra, por parte del Grupo Popular, enmendante, una de las enmiendas presentadas.

El señor Afonso El Jaber: Señor presidente.

Señorías, público que nos acompaña para el debate de una PNL de un tema que, aunque no suele estar en el debate político, nos afecta de manera importante todos los días, que es la ordenación del transporte terrestre, transporte de personas, transporte de mercancías y, en definitiva, todo tipo de transporte.

Señorías, el fin de las sanciones administrativas nunca puede ser la recaudación o la financiación de los servicios públicos. Sobre eso parece, señorías, que hay un gran consenso. Para financiar el sector público están los impuestos, las tasas, los precios públicos, los ingresos patrimoniales, entre otros, pero no las sanciones ni las multas. El fin de las multas es disuadir o sancionar pero no recaudar y esta disuasión, obviamente, debe ser proporcional a la gravedad de la infracción cometida y a la situación económica, al menos la situación económica general, evitando las multas excesivas de carácter general. Por lo tanto, es lógico que en una época de bonanza económica las sanciones sean más altas para conseguir con eficacia el fin disuasorio y la proporcionalidad en un momento de dura crisis económica, cuando las cuantías de las sanciones deben ser más bajas. Por lo tanto, señor Perestelo, apoyamos que en la próxima reforma de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre en Canarias se revisen a la baja las cuantías de las sanciones establecidas en la actual normativa.

Por cierto, como le había comentado, creemos que se debe decir expresamente que la revisión es a la baja, porque aunque va implícito en todo el texto, y es el sentido del texto, no se dice expresamente en la propuesta del acuerdo. Por lo tanto, le proponemos, aunque no forma parte de la enmienda escrita, que usted acepte esa revisión.

Como se sabe, en el Consejo de Ministros del pasado viernes 7 de diciembre se ha aprobado, en segunda lectura y de manera definitiva, una vez escuchadas las comunidades autónomas y las alegaciones del sector, el anteproyecto de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, cuyos principales fines son garantizar y mejorar la transparencia y el control de los servicios públicos, además de mejorar la competitividad y la eficiencia empresarial, reduciendo rigideces y adaptándolas a cuatro reglamentos de la Unión Europea, algo que no debemos obviar tampoco a la hora de reformar nuestro texto territorial.

Esta reforma también busca hacer más proporcionales con el tiempo que vivimos las sanciones y multas, además de facilitar el pago de las mismas, aumentando los descuentos por pronto pago y ampliando los plazos para el pago voluntario. Creemos que, en coherencia con la ley nacional y con la situación económica, se debería sumar a esta propuesta de acuerdo, y es la primera de nuestra enmienda escrita, el aumento de los descuentos por pronto pago y los plazos previstos para el pago voluntario, porque ya el anteproyecto aprobado por el Gobierno de la nación aumenta estos importes y, por lo tanto, no sería lógico que no estuviera recogido en la legislación territorial ni legal.

También creemos que debe ser consensuado con cabildos y ayuntamientos. No es en vano. Es importante la experiencia acumulada por las corporaciones locales a la hora de gestionar e inspeccionar el sector del transporte. Esto nos puede llevar a importantes reflexiones sobre los ámbitos competenciales, pero hoy nos conformamos con que la propuesta de la segunda parte de nuestra enmienda, donde proponemos que la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre se consensue con la Fecai, con la Federación Canaria de Municipios, además de con los sectores empresariales, profesionales y de usuarios y consumidores afectados. Seguro que todos tienen mucho que aportar a una reforma de la ordenación de esta actividad económica y organizativa.

Y también, en coherencia con la normativa europea y con la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre en trámite, en nuestra comunidad autónoma debemos reformar nuestra normativa territorial, debiendo buscar más flexibilidad, simplificando las autorizaciones, menos coste y menos tiempo para una licencia por un proceso automático, sin perjuicio de las inspecciones posteriores. La normativa nacional pretende que se pueda tramitar una licencia en una hora, sin perjuicio, repito, de las inspecciones que sean convenientes a posteriori.

Importantes también son los requisitos de honorabilidad, que, de acuerdo a la normativa europea, tienen que tener aquellas personas que trabajan en el sector del transporte y cuáles son las consecuencias por la pérdida precisamente o el incumplimiento de esos requisitos de honorabilidad. Ni la empresa ni los gestores de transporte podrán haber sido condenados por faltas o delitos penales ni sancionados por faltas en los ámbitos mercantil, social, laboral y de seguridad.

Otros de los aspectos importantes que debe tener en cuenta nuestra ley territorial para adecuarse a la normativa europea y nacional son los siguientes: el reforzamiento del arbitraje, como instrumento ágil para discernir sobre las diferencias contractuales -en este sentido se aumentarán los importes que podrán ser objeto de arbitraje-; la lucha contra el intrusismo profesional, solamente debe contratar y facturar servicios de transporte quien tenga autorizaciones para ello; el reforzamiento de la libertad mercantil, reduciendo intervencionismos anacrónicos, realizando la actividad del transporte a riesgo y ventura, así como consagrando la mayor transparencia. También se podrán realizar todas las gestiones por internet, promoviendo la existencia de medios informáticos obligatorios por parte de los empresarios del sector del transporte, además de promover el uso del medio telemático para el pago de las sanciones.

Finalmente, señorías, se aclaran títulos competenciales y se incluyen disposiciones aplicables a los transportes realizados por organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo la Cruz Roja y todo su personal voluntario, así como el deber de colaboración entre las distintas administraciones, especialmente en el ámbito de las inspecciones.

Los tiempos cambian, las condiciones tecnológicas, económicas y sociales cambian y, por lo tanto, deben cambiar las normas y sus sanciones. Estamos con una reforma legislativa muy técnica y muy importante en el día a día de la actividad económica, por lo que lleva a escuchar a todo aquel que esté relacionado con los distintos subsectores. Cuente con nosotros para la redacción de esta nueva norma, que estaremos encantados de contribuir a que sea una buena reforma.

Creemos que las dos enmiendas que hemos presentado por escrito, así como la sugerencia que hemos realizado in voce, mejoran el contenido de esta PNL. La enmienda que nosotros proponemos es que en el acuerdo se añada, al final del mismo: "así como ampliar el plazo para poder abonar las sanciones y aumentar el descuento por pronto pago". Esto en coherencia con la normativa europea y en coherencia también con la nueva normativa nacional. Y añadimos un nuevo párrafo de adición que diga: "El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a consensuar la reforma de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, se entiende de Canarias, con la Fecai y la Fecam, así como con los sectores profesionales y organizaciones de usuarios afectados". Y también le propondría que en el primer párrafo, cuando dice "la revisión de la cuantía", se diga "a la baja". Pero, en fin, es un tema que va implícito pero tampoco pasa nada porque quede claro.

Vale. Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Muchas gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el grupo proponente para posicionarse con respecto a las enmiendas planteadas. Tiene la palabra.

El señor Perestelo Rodríguez (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Brevemente desde el escaño.

Señorías, en primer lugar valorar y agradecer el apoyo del Grupo Popular a la iniciativa que hemos presentado conjuntamente el Partido Socialista y Coalición Canaria.

En cuanto a la enmienda primera, nos parece que indudablemente va en la línea que planteamos tanto el Grupo Socialista como Coalición Canaria al presentar la iniciativa, pero me parece que puede encorsetar o condicionar el trabajo de la ponencia y la comisión de este Parlamento en el debate de la propia ley. Nos parece que es en ese marco de la ponencia o en el marco de la propia ley, si no viene incorporado del texto del Gobierno, cuando se tienen que producir esas propuestas, esas modificaciones, y en esto seguro que vamos a entrar en un consenso claro las fuerzas políticas de esta Cámara. Luego, por tanto, nos parece que no añade sino que, por el contrario, puede dirigir o condicionar o puede darse como si se condicionara el trabajo después de este propio Parlamento en el debate de la ley.

En cuanto a la segunda enmienda, y ya se lo decía desde mi intervención anterior, nos parece positiva. Es decir, los cabildos son los que gestionan el transporte, los cabildos conocen la casuística que está ocurriendo con la aplicación y con los problemas de la aplicación de estas sanciones a los transportistas. Le decía, y les decía a sus señorías, que precisamente esta iniciativa nace de un consenso y de una declaración institucional del Cabildo de La Palma. Por tanto, la segunda parte, la del consenso, que también estaba establecido ya en la ley anterior y que también estaba establecido como condicionante en el decreto que desarrolla la ley en Canarias.

Por tanto, a nosotros nos parece que la segunda enmienda se incorpora, si no tiene inconveniente el Partido Popular, incorporamos la segunda enmienda y dejamos la primera enmienda para el debate que se produzca en esa fase de tramitación de la ley. Y, por tanto, la proposición no de ley quedaría con el texto que conoce la Cámara más la enmienda de adición, como punto segundo, del Partido Popular.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Muchas gracias, señor Perestelo.

Tiene ahora la palabra por parte del Grupo Mixto para fijar posiciones. Ah, es desde el escaño.

El señor Rodríguez Rodríguez (Desde su escaño): Señor presidente.

Desde el Grupo Mixto vamos a apoyar la iniciativa. Nos parece oportuna, es una vieja demanda del sector que en estos momentos de crisis tan intensa los mecanismos deben flexibilizarse y las cuantías deben ser más acordes con el momento. De manera que en el marco de esa reforma de la Ley de Transportes nos parece bien que se puedan generar mejores condiciones en relación a las sanciones, a los mecanismos y sobre todo a las cuantías. De manera que apoyaremos la iniciativa.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señor Román.

Tiene la palabra el Grupo Socialista.

El señor Cruz Hernández: Señor presidente, señorías: muy buenos días o muy buenas tardes ya.

Estamos tratando un tema importante, que es lo que afecta al sector del transporte, en este caso el transporte terrestre.

Es cierto un escenario de muchas dificultades, el que ha sido expuesto, que está llevando al sector a una situación sin salida en muchas ocasiones. Sin salida porque estamos hablando de un sector muy atomizado, tanto en el transporte de mercancías, muy disgregado en todo el territorio autonómico, igual que el del transporte discrecional de viajeros.

Sin embargo, tenemos que decir también cuáles son las causas, señorías, porque muchas de las situaciones que se están generando tienen una causa, y la causa es el sablazo del Partido Popular, del Gobierno de España, a decisiones, a acuerdos, a convenios pactados con esta comunidad autónoma. Cuando el Gobierno del Partido Popular suprime o anula el convenio de infraestructuras turísticas, cuando anula el convenio de infraestructuras educativas, cuando da un sablazo importante al Convenio de Carreteras, suprimiendo o reduciendo de 207 millones a 57 millones en un año y en dos años 300 millones de inversión menos, está afectando a un sector fundamental, que es el de la construcción y a las empresas de transporte muy ligadas a la construcción. El transporte de mercancías pesadas, prácticamente son las empresas constructoras quienes tienen o quienes lideran ese sector, pero al mismo tiempo generan alrededor de ellas muchas pequeñas empresas que ayudan, subcontratan, en ese sector. Cuando se suprimen esas ayudas, se suprimen esos convenios, se está afectando a los contratos, se está afectando a los pagos. Y la falta de recursos del Estado a esta comunidad autónoma implica que la comunidad autónoma ha tenido que parar un montón de obras y esa paralización de obras ha llevado a esas empresas a no poder pagar la Seguridad Social o a no poder pagar los impuestos de Hacienda y, consecuentemente, no tener las autorizaciones, no tener los certificados para poder visar las autorizaciones de transporte; y al no poder visar o no poder renovar las autorizaciones de transporte conlleva una multa, y esa multa es muy grave. Son 4.601 euros de mínima a 6.000 euros. Y esa es la pescadilla que se muerde la cola y, por lo tanto, no pudiendo visar, esas empresas tienen que hacer una actividad muchas veces irregular que las lleva a nuevas sanciones.

En definitiva, estamos ante un escenario, un escenario que tiene una causa, es la crisis económica global. También tiene una causa añadida, que es la poca sensibilidad del Partido Popular con las inversiones en Canarias, que está afectando de una manera muy notable, y el sector tiene que...; tenemos que garantizar seguir teniendo un sector del transporte en Canarias.

Por eso el planteamiento del Grupo Nacionalista y del Grupo Socialista que en esa reforma de la Ley del transporte terrestre no solo es adecuarlo a las directivas de la Unión Europea, que hay que adecuarse evidentemente, sino también que a corto plazo pudiéramos hacer una reforma que permitiera reducir esas sanciones, hechas en un escenario donde había mucha competencia, un escenario donde fluían los recursos del Estado en Canarias, y donde la actividad económica era importante en esta tierra.

La petición, la propuesta que se hace, que evidentemente es conjunta y apoyamos, es reducir esas cuantías. Reducirlas de una manera que no se pierda tampoco el efecto disuasorio, porque las sanciones en materia de transporte terrestre, como se ha señalado y todos coincidimos, no es recaudar sino disuadir a aquellas personas o a aquellas empresas que no quieren cumplir con las normas. Y, por lo tanto, no puede perder ese efecto disuasorio, pero sí es evidente que en la situación actual no es disuasorio sino que es eliminatorio de las muchas empresas del transporte en Canarias (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor presidente.)

Por lo tanto, dar las gracias también al Grupo Popular y al Grupo Mixto en nombre del Grupo Socialista en el apoyo de esta iniciativa y sí desear que el Partido Popular no solo apoye la iniciativa sino que restablezca los convenios para poder ayudar al sector en la causa, que son los recursos públicos, para que el transporte pueda levantar la cabeza, junto con el sector de la construcción.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente: Muchas gracias, don Julio Cruz.

Bien, señorías, vamos a votar la proposición no de ley de los Grupos Parlamentarios Nacionalista Canario y Socialista Canario, sobre la revisión de la cuantía de las sanciones en la normativa de transporte terrestre en Canarias. La proposición no de ley con, entiendo, don José Luis, con la incorporación de la primera del Grupo Parlamentario Popular, del punto primero..., perdón, del punto segundo, del punto segundo, correcto, del punto segundo. Por lo tanto, se vota, en una sola votación se vota ya incorporada la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

¿Estamos todos, no? Comienza la votación (Pausa).

Resultado de la votación: 41 presentes; 41 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Queda aprobada por unanimidad.

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