Diario de Sesiones 70/2013, de fecha 12/3/2013 - Punto 26

· 8L/C-0739 Comparecencia del Gobierno -consejero de Economía, Hacienda y Seguridad-, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre las oficinas liquidadoras de la Administración Tributaria (Continuación).

El señor presidente: Por el Gobierno, el señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, don Javier González Ortiz.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Presidente. Señorías, señoras, señores: buenas tardes a todos.

El Gobierno de Canarias asumió desde el pasado 1 de enero la gestión de los tributos cedidos, procediendo a la extinción de la encomienda que mantenía hasta la fecha con los registradores de la propiedad. Y lo hizo por dos razones fundamentales. Por una parte, debido al coste económico que suponía su mantenimiento, que le recuerdo, señor Rodríguez, que ascendía a 12 millones de euros/año, 12 millones de euros/año. Eso por un lado y por el otro, como consecuencia del necesario cambio de modelo, encaminado al objetivo de mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión de los tributos. Por lo tanto, la decisión de finalizar la encomienda se traduce en cuantiosos ahorros para la Comunidad Autónoma de Canarias, además de un impulso a la recaudación y sobre todo una mejora sustancial de las capacidades de actuación contra el fraude fiscal. Hablaremos luego de eso, del fraude fiscal.

Mire, esta supresión supone, además, un cambio de modelo en el que las oficinas liquidadoras no tienen cabida. Con la asunción directa de la gestión de los tributos cedidos pretendemos, por lo tanto, ofrecer un tratamiento integral a los contribuyentes sobre todas sus obligaciones impositivas. A través de esta centralización, por lo tanto, se facilitará un mejor servicio que permitirá impulsar el cumplimiento voluntario del pago de los impuestos, al tiempo que tendremos herramientas mucho más eficaces en la lucha contra el fraude fiscal. Entre otros aspectos, y gracias a los cruces masivos de toda la información disponible, podremos detectar un mayor volumen de actos ocultos o fraudulentos.

Esta gestión integral no es compatible, no puede serlo, con la existencia paralela de oficinas liquidadoras a cargo de los registradores de la propiedad, ya que una eficiente gestión exige que la totalidad, la totalidad del sistema tributario, sea gestionado por una única organización. Estamos superponiendo organizaciones administrativas generales con organizaciones específicas territoriales y, por lo tanto, imposible adoptar ese modelo.

Pero, mire, es que esta actuación no es única de la comunidad autónoma. Puedo ponerle ejemplos, es decir, de dónde vamos actuando las distintas comunidades autónomas. Ya se ha materializado la eliminación de las oficinas liquidadoras en algunas comunidades autónomas, donde se han extinguido todas esas encomiendas, ¿no?, como prácticamente la totalidad de Galicia -sí, don Jorge-, en Asturias, en Baleares o en Navarra, y en otras están tramitando su eliminación o bien reduciendo considerablemente su ámbito de actuación. Está publicado en los boletines, lo digo por mera información.

En conclusión, el mantenimiento de esas oficinas en Canarias, con el alto coste que eso supone, 12 millones de euros, no tiene razón de ser desde el momento en el que la Dirección General de Tributos dispuso de la plataforma informática necesaria para la gestión de todos los impuestos. Es decir, ahora, con el aplicativo informático, con la capacidad de la Dirección General de Tributos, se dispone, por lo tanto, de esa visión integral de la información y, por lo tanto, se desarrolla todo el tratamiento homogéneo de los procedimientos y se ofrece, en consecuencia, por lo tanto, una mejor atención al ciudadano.

Mire, se trata, por tanto, de cambiar los modelos territoriales a los modelos de identificación de las relaciones entre la Administración y el ciudadano y, por lo tanto, la existencia única de que los ciudadanos no son el expediente de adquisición de la vivienda equis y/o zeta, sino los ciudadanos tienen una identificación, que tiene múltiples relaciones con la Administración, en este caso, Tributaria Canaria.

Es más, por lo tanto, extinguiendo esta encomienda, se da un paso más hacia la creación de la Agencia Tributaria Canaria, órgano similar a la agencia estatal, y al establecido en otras comunidades autónomas, que, por lo tanto, permitirá incrementar la eficiencia en la gestión de los impuestos, tanto los propios como los cedidos. Porque aquí hay una diferencia especial, en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, y es que tenemos determinados impuestos que otras comunidades autónomas no tienen y, por lo tanto, tenemos mucho más reforzada la posibilidad de tener esa Agencia Tributaria Canaria.

Que además el modelo con el que estamos trabajando incrementará la coordinación con otras instituciones, al estar previsto, por ejemplo, que participen en la misma los cabildos y ayuntamientos como cotitulares de algunos de los impuestos que se recaudan en Canarias.

Por otra parte, dar por finalizados los servicios hasta ahora prestados por los registradores supondrá, a lo largo de las próximas semanas, ampliar la red de atención al público que actualmente existe. En las próximas semanas estarán operativas las oficinas tributarias de los municipios de Gran Canaria de Guía, San Bartolomé y Vecindario, así como los tinerfeños de La Orotava y Arona. No había, señor Rodríguez, 25 municipios atendidos en oficinas, lo digo por la información que le han podido dar. Es decir, la red territorial de puntos de información y asesoramiento al contribuyente quedará completada también a través de distintos convenios de colaboración suscritos con los cabildos insulares, con los cuales hemos avanzado en este proceso. Y para facilitar aún más la presentación de autoliquidaciones de los impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones estamos ultimando la prestación de esos servicios también a través de las oficinas notariales, como ocurre en convenios en otras muchas comunidades autónomas de España, creo recordar que hay cuatro que no lo tienen. Estamos en el proceso de coordinación de los aspectos informativos, sin coste para la comunidad canaria, para que quede claro.

Por tanto, todo este proceso de transición se está llevando a cabo con la negativa, y no nos olvidemos, señor Rodríguez, de los registradores de la propiedad a finalizar los expedientes pendientes a 31 de diciembre y por los que entendemos ya han cobrado sus honorarios, y explico por qué. Mire, mientras estuvo en vigor esta encomienda, los registradores retenían el importe de los honorarios en el momento en que los ciudadanos presentaban su autoliquidación; es decir, por tanto, han cobrado de forma anticipada y, en consecuencia, entendemos que mantienen la obligación de concluir la tramitación de tales expedientes. Pero, mire, puede acudir a la ley de cesión de estos tributos a las comunidades autónomas, donde la misma situación transitoria se mantiene, si usted quiere hablar en términos estrictamente jurídicos. Estas retribuciones, le recuerdo, señor Rodríguez, alcanzaban el 5% de las cuotas autoliquidadas y el otro 5% añadido para el caso de que los asuntos generaran otras actuaciones que podían conllevar recargos o sanciones.

Mire, ¿y qué estamos haciendo para esta situación que se está produciendo?, pues muy bien, para hacer frente a esta situación, y sin perjuicio de que el Gobierno de Canarias, le anuncio que iniciará las acciones legales para la reclamación de los gastos generados, por la Dirección General de Tributos, como consecuencia de que no se han culminado estos procesos, digo, la Dirección General de Tributos ha puesto en marcha un plan especial de actuación. Con él, señor Rodríguez, se está haciendo frente a la sobrecarga de trabajo derivada de los expedientes no culminados para impedir que estos puedan caducar o prescribir, evitando así que la recaudación pueda verse afectada. Este plan intensificará las acciones que ya estaban previstas para la asunción de las tareas que hasta ahora venían desarrollando los registradores. Le recuerdo, señor Rodríguez, que por eso nosotros, en el Gobierno, siguiendo lo que entendemos que debemos hacer, estamos reestructurando los efectivos y se han reforzado los servicios de la Dirección General de Tributos con 100 empleados procedentes de otros centros directivos, algunos de los cuales tienen la capacidad ya porque han trabajado en el área tributaria y otros que deberán someterse a algún proceso de formación específica que se está desarrollando. 100 efectivos movidos de otros departamentos del Gobierno a la Dirección General de Tributos para encauzar esta situación. Además, se han reforzado los puntos de atención ubicados en las oficinas centrales de Santa Cruz y de Las Palmas de Gran Canaria, se han creado grupos de trabajo específicos para dar salida a los expedientes que dejaron de tramitar, dando prioridad a aquellos que evidentemente tienen una fecha más próxima a su prescripción o caducidad.

En resumen, todas estas actuaciones garantizan una amplia red de atención al ciudadano, permiten afrontar el aumento de la carga de trabajo ocasionada por el fin de las funciones de las anteriores oficinas liquidadoras y evitarán sobre todo perjuicios en la recaudación prevista.

De forma paralela, se ha puesto en marcha el Plan de control tributario para 2013, basado en dos ejes estratégicos. Por uno, el favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones y, por otro, intensificar la prevención y detección del fraude fiscal. En esta línea, el plan prevé aumentar la colaboración y coordinación con el resto de las administraciones, en particular con la Tesorería de la Seguridad Social, con la Agencia Tributaria Estatal y con los cabildos y ayuntamientos del conjunto de las islas. Esta tarea emprendida contra el fraude fiscal, señor Rodríguez, es propia de la Dirección General de Tributos; es decir, el fin de la encomienda no impide ni frena la continuidad de esas acciones, ya que el colectivo de registradores, ya que el colectivo de registradores nunca realizó labores de investigación y afloramiento de actos fraudulentos, para que quede claro. Es decir, los trabajos de inspección siempre han sido desarrollados por esta dirección general, con sus propios medios y en coordinación con el resto de administraciones y organismos.

Y simplemente para concluir, señor Rodríguez, algunas de las afirmaciones que usted ha hecho, sobre todo al principio, en cuanto al convenio o no de las retribuciones de los registradores, denota claramente que se ha leído usted solo las alegaciones de los registradores. Me hubiese gustado que se leyese usted también, hubiese pedido, las alegaciones de la comunidad autónoma y a lo mejor podríamos llegar a entender algunas de las afirmaciones que usted ha hecho.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero, don Javier González Ortiz.

Turno para los grupos no solicitantes de la comparecencia, don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente. Señorías.

Le adelanto al señor consejero que me he leído las declaraciones de los registradores y de los responsables públicos.

Vamos a ver, a mí me parece bien lo que pretende la consejería: potenciar la estructura de los tributos, hacerla más eficiente y recaudar más y mejor. Nada que objetar a lo que les mueve. Hombre, sí estará usted conmigo en que el proceso de tránsito entre los registradores a que la Agencia Tributaria haga este tema ha estado salpicado de malas noticias. Primero, la norma que lo instrumenta la discuten los tribunales y obliga a revisarla, la estructura acogedora de esta actividad no estaba adecuadamente dimensionada y, deprisa y corriendo, el Gobierno trata de recolectar trabajadores públicos interesados en ir a la Agencia Tributaria, y eso me consta que se ha hecho a trompicones.

Yo no me voy a meter con el objeto que persigue la consejería, porque estamos de acuerdo. Nosotros creemos que hay que pagar, que los ricos paguen más y que todo el mundo pague, ¿no? Esto lo tenemos claro y nos parece que es una gran asignatura de esta y del conjunto de la sociedad española, y que esto esté altamente profesionalizado y que las estructuras sean diligentes. En eso va a contar siempre con nuestro apoyo. Lo que decimos es que el tránsito de la situación anterior a la nueva se ha hecho a trompicones, se ha hecho con problemas, se ha hecho con intervenciones judiciales, se ha hecho con falta de personal. Y la pregunta es cuál es el resultado, en términos económicos, de esta gestión. ¿Va a haber expedientes que se queden sin tramitar? ¿Habrá expedientes que caduquen? ¿Habrá recursos que tiene que ingresar esta comunidad y por estas circunstancias no lo va a hacer? Porque esto es lo que está todos los días en los medios, de un bando y de otro, y yo creo que eso es lo que tiene que aclarar el señor consejero: ¿se va a perder recaudación por esta gestión? Porque, insisto, el objeto que pretende lo compartiríamos.

Se trataría, en definitiva, señor consejero -y hoy no tenemos tiempo-, de que la estructura de recaudación de impuestos en nuestra comunidad estuviera bien dimensionada, altamente profesionalizada, con la mejor tecnología, para conseguir que este injusto sistema fiscal que tenemos, insuficiente, poco progresivo, que habrá que cambiar algún día, pero el que tenemos se cumpla y pague todo el mundo, y sobre todo paguen los que más tienen.

Me gustaría que nos respondiera a las consecuencias recaudatorias y de caducidad de expedientes que pueda tener la tramitación de este tránsito entre las oficinas liquidadoras comarcales y la Agencia Tributaria o sus organismos.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Emilio Mayoral.

El señor Mayoral Fernández: Gracias, señor presidente.

Bien. El planteamiento que hace el Partido Popular es oponerse -o le he entendido mal- a una medida que filosóficamente ustedes han venido defendiendo permanentemente, es decir, que no hagan otros -empresas públicas o alguien de fuera- lo que pueda hacer la propia Administración con sus funcionarios. Yo creo que esta es una medida que lo que persigue es precisamente volver a lo que es la Administración, a llevar en este caso la recaudación de unos tributos que estaban encomendados fuera. Por lo tanto, no entiendo bien esa posición o, si no, pues, luego me la explica. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la medida. Creemos que si la Administración tiene unos funcionarios cualificados, que además están gestionando todos los tributos, no tienen por qué estar fuera, en este caso, dos tributos, como es el impuesto de transmisiones, sucesiones y donaciones. Por tanto, ahí no hay nada que objetar. No solamente no hay nada que objetar sino, como digo, lo defendemos. Si además los cálculos que ustedes han planteado son correctos, nos estaríamos ahorrando un 50% del coste de lo que supone, de los 12 millones que anualmente supone realizarlo fuera.

Es verdad que, como ha dicho mi antecesor en el uso de la palabra y que también ha dicho el portavoz del PP, se producen en esta situación transitoria algunos problemas. Algunos problemas derivados, entre otras cosas, de que los registradores de la propiedad, que se llevaban el 5% más otro 5% en las recaudaciones como premio a esa gestión, pero que no entraban ni en la inspección ni en el afloramiento del fraude fiscal, como digo, que en este caso en la situación transitoria no han querido culminar los expedientes los cuales estaban gestionándolos desde el principio. Hay ahí hay unas resoluciones judiciales, ahí hay una problemática judicial y ya veremos en qué acaba.

Pero, en cualquier caso, en el tema de fondo, en el tema de que sea la Administración a través de los funcionarios los que gestionen los tributos en general y en su conjunto, y además obedezca a un plan perfectamente estructurado para que toda la gestión sea de acuerdo con las propias estructuras, digamos, del planeamiento que se haga desde el punto de vista fiscal, creo que ahí evidentemente no podemos estar en desacuerdo. Yo creo que no estamos en desacuerdo, nadie: oiga, si vamos a conseguir mayor eficiencia a un costo menor y además hecho por la Administración, ¿por qué vamos a seguir encomendándolo fuera? Creo que es algo que evidentemente tiene por lo menos la simpatía del Grupo Socialista.

La única cuestión que se nos plantea, señor consejero, efectivamente, es que hay que hacer en este periodo transitorio un esfuerzo para evitar las prescripciones y las caducidades de los expedientes, porque esas prescripciones y esas caducidades sí que nos podían llevar a una menor recaudación de esos expedientes que han dejado colgados los registradores de la propiedad.

Gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Emilio Mayoral.

Por el Grupo Nacionalista Canario, don David de la Hoz.

El señor De la Hoz Fernández: Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días de nuevo.

Efectivamente, se ha dicho ya aquí casi todo. Lo decía el portavoz del Grupo Mixto y el portavoz del Grupo Socialista, yo creo que en el fondo nadie puede estar en desacuerdo, aunque a veces las posturas que toman algunos en diferentes temas varían según su interés, pero en el fondo de la cuestión, como se dijo ya por parte del consejero, a partir del 31 de diciembre la encomienda que tenían las oficinas registradoras de la propiedad del cobro de los tributos pasa a gestionarse directamente por recursos de la comunidad, bien directamente por empleados o bien a través de empresa pública, como se ha dicho aquí, de Grecasa. En definitiva, la decisión lo que busca es mayor eficiencia, ahorro de costes, y efectivamente se ahorra, se estima -esperemos que eso se constate al final del año 2013-, un 50%. Estamos hablando de que le costaba 12 millones de euros anuales mantener la encomienda de las oficinas de los registradores públicos y podemos estar hablando en torno al coste de 6 millones. Por lo tanto, ya con esa medida comprenderán que yo creo que el Grupo Nacionalista Canario y toda la Cámara estarán de acuerdo.

Pero además si se estimula ese ahorro del que estamos hablando, pero hay un planteamiento de fondo, ideológico, de decisión política, que lo que se pretende es la búsqueda de un cambio de modelo, un cambio de modelo encaminado a mejorar la eficiencia de la gestión tributaria, basado en el tratamiento integral de los contribuyentes, en una mejora de la herramienta para la lucha contra el fraude y ese cambio de modelo pretende que el sistema tributario sea gestionado por una sola organización, como se ha dicho, máxime cuando ya existe una plataforma informática única para la gestión de todos los impuestos, con una visión integral de la información.

Pero es verdad que aquí se han puesto algunas sombras, algunas dudas, esos 160.000 expedientes que mencionaba el portavoz del Grupo Popular, señor consejero, nos gustaría que nos aclare, en la medida de lo posible, qué peligro, qué riesgo corren esos expedientes de poder caducar y, por lo tanto, que se ponga en riesgo el cobro de esos tributos. ¿Para cuándo, señor consejero, tendrá Canarias una agencia tributaria propia, en colaboración y coordinación con los cabildos y ayuntamientos?

Pero, para finalizar, parece lógico y de sentido común, incluso de justicia, que si esas oficinas de registradores de la propiedad han cobrado por la tramitación de esos 160.000 expedientes tengan la obligación de finalizar dicha tramitación.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don David.

El grupo solicitante de la comparecencia, don Jorge Rodríguez.

El señor Rodríguez Pérez: Gracias, señor presidente. Señorías. Señor consejero.

Reconozca que se trató de una decisión unilateral de la consejería que usted preside proceder a la extinción del convenio, que obligó a los registradores de la propiedad de las oficinas técnicas tributarias comarcales a tramitar un despido colectivo del personal afecto a las mismas. Un acto, déjeme decirlo así, un acto de imposición normativa unilateral que, con el debido respeto, nos parece incluso constitutivo de abuso y desviación de poder.

Mire, señor consejero, el trabajo material y llevanza ordinaria implica una altísima especialización en Derecho fiscal, y lo debe ser para los funcionarios y para los empleados que se ocupan de esa cuestión, que es de imposible improvisación, señor consejero, y sin empleados formados y conocedores de los procedimientos tributarios, de los procedimientos ahora en marcha, es irrealizable la continuación de los procedimientos conforme a la ley de cada uno de ellos, de cada uno de esos impuestos, sin que sea posible suplirlos por otros empleados inexpertos a los que usted va a formar ahora, en breve espacio de tiempo.

Y dato también nada desdeñable es que el perjuicio económico por no seguir investigando la lucha contra el fraude con los medios personales y materiales con los que contaban las oficinas tributarias comarcales podrá suponer una pérdida económica de más de 90 millones de euros anuales para la Administración canaria, como se puede contrastar en el informe de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. No creo, no creo, que esto lo pueda usted suplir a través de Grecasa.

Mire, señor consejero, las oficinas tributarias comarcales de Canarias, al 31 de diciembre, disponían de 30 sedes de atención a los ciudadanos canarios para todo tipo de gestión fiscal: 7 sedes de comarcal, 8 oficinas desconcentradas y 15 oficinas de extensión en las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y La Palma, con servicio público al 70% de la población canaria y dando información directa a 15.000 ciudadanos, gestorías, asesores fiscales, etcétera. Este servicio público desaparecerá, señor consejero, desaparecerá. Pretender suplirlo con un servicio web o con las administraciones insulares y dos oficinas implicará un grave perjuicio al servicio público y un encarecimiento real al ciudadano en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y la repercusión negativa para esos miles de ciudadanos le afectará a la hacienda canaria, a la hacienda tributaria canaria, señor consejero.

Mire, la desaparición de la encomienda de funciones en tributos cedidos y este quebranto grave a la hacienda canaria no tiene tradición legal alguna, se lo voy a decir de esa manera; y es porque la normativa de la encomienda de la gestión comenzó con la propia comunidad autónoma, con la propia aparición de la comunidad autónoma, usted lo sabe bien. Siempre se ha desarrollado con excelentes resultados económicos y bajo la supervisión de la Intervención General de la Comunidad a través de la fiscalización y las auditorías a las que se han sometido las oficinas tributarias comarcales, con resultados siempre favorables. Casi todas las comunidades -y le contesto a su intervención anterior-, casi todas las comunidades autónomas, a excepción, ciertamente, de Asturias y Navarra, mantienen la encomienda de gestión de tributos cedidos a las oficinas liquidadoras a cargo de los registradores de la propiedad y con excelentes resultados, señor consejero, con excelentes resultados de gestión, siendo compatible -y se lo diré-, siendo compatible perfectamente con las agencias tributarias, como ocurre en Andalucía y como ocurre en Cataluña. No hace muchos días, la Generalitat de Cataluña firmó un nuevo convenio de encomienda con los registradores, además de la existencia de la agencia tributaria propia.

Señor consejero, mire, eliminar las oficinas tributarias comarcales supondrá que la administración tributaria canaria pierda gran parte de los 90 millones de euros al año y durante mucho tiempo, ya que el sistema alternativo en el que está usted teorizando es mucho menos eficaz, mucho menos eficiente.

De verdad, no lo entendemos, señor consejero. No alcanzo a entender el sentido de una supresión de la encomienda a los registradores, que a corto y a medio plazo supondrá una disminución de los ingresos, un aumento del déficit y una modificación administrativa de calado, no prevista además en el plan de ajuste aceptado por el Gobierno de la nación para la concesión del apoyo financiero a Canarias, cuando el resultado de la gestión de las oficinas comarcales, titularidad de los registradores de la propiedad, ha sido tan beneficioso para la comunidad autónoma desde el punto de vista recaudatorio.

Cuando se inició esta encomienda, señor consejero, ya entonces el director general de Tributos, don Alberto Génova, decía en una revista especializada: "la apuesta por un nuevo modelo de participación de los registradores en la gestión tributaria nos ha permitido conciliar el interés de proximidad al ciudadano". O también dijo: "la labor de los registradores como titulares de oficinas liquidadoras es muy importante, pues nos permite facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones fiscales". Pues aquel director general de Tributos es el mismo que ahora, de un plumazo, finiquita la colaboración, sin que registradores y ciudadanos en general sepamos el porqué, señor consejero.

Déjeme decirle que con la adopción de tal medida se desvirtúa el propio plan de ajuste consensuado entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Hacienda. Cabe preguntarse si, en el caso de haberse dispuesto en el plan de ajuste la supresión de las oficinas comarcales, cosa que nunca sucedió, la postura del Ministerio de Hacienda hubiera sido la misma y si no se habría realizado alguna corrección al mismo por parte del comité de política fiscal y financiera.

De modo que se ha producido la incoherencia. Se ha producido, señor consejero, la incoherencia de que el Gobierno de Canarias, al solicitar la ayuda al Fondo de Liquidez Autonómico, pero basado en un plan de ajuste que se aprobó en mayo de 2012, oculta la realidad y no la acuerda con el Ministerio de Hacienda. Decisiones, a mi juicio, de gravísimo calado desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista de la recaudación de los tributos cedidos y de las que no es conocedor en absoluto el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Incluso desde el punto de vista de la emisión de deuda autorizada por el Consejo de Ministros en septiembre pasado y si la adhesión al FLA amplía las posibilidades de la emisión de deuda parece quererse desdibujar, señor consejero, con la denuncia del convenio, desde la vía de los ingresos por impuestos, las previsiones recaudatorias del Gobierno de Canarias al suprimirse las oficinas comarcales, sin que el Ministerio de Hacienda haya consensuado dicha medida con usted, más cuando la comunidad autónoma ha solicitado y obtenido la ayuda y la financiación del FLA.

El artículo 5 del real decreto de creación del FLA establece que, junto al plan de ajuste, la comunidad autónoma ha de remitir al Ministerio de Hacienda un plan de tesorería y de deuda, con información de la previsión mensual de ingresos. Ello unido al hecho de que en los primeros días de cada mes la comunidad autónoma enviará al ministerio las actualizaciones que correspondan de la información contenida en el plan de tesorería. Producirá que en estos meses habrá de producirse una situación difícil de abarcar, porque tendrá que manifestar las bajadas de ingresos que por gestión obtenía de las oficinas comarcales; y además deberá explicar cómo es que adoptó tales medidas sin la aplicación del Ministerio de Hacienda.

Señor consejero, con la denuncia del convenio incumple usted el plan de ajuste, incumplimiento que se producirá porque no se podrá hacer frente a las previsiones de ingresos, y ya sabe las medidas coercitivas que le van a ser de aplicación.

Mire, ¿la revocación de la encomienda de manera tan precipitada la considera usted una solución eficiente para la gestión de los tributos en un momento tan crucial en la lucha contra el fraude fiscal y de necesidades de financiación?

Dado que se dejarán de comprobar miles de expedientes cada año y, por tanto, se perderán los ingresos resultantes de esa lucha contra el fraude, ¿cómo se puede sostener que habrá rebaja de costes con el nuevo sistema si los registradores cobraban un pequeño porcentaje de recaudación? Sí, se dejarán de pagar 10 millones a los registradores, 11 millones, 12 millones, pero se dejarán de recaudar 90 millones de las revisiones que había y que se hacían por parte de las oficinas. Luego, Canarias no se ahorrará 10, no se ahorrará 12, sino que perderá 80 millones de euros y los defraudadores sí que dejarán de pagar esos 90 millones de euros. ¿Por qué no optó por prorrogar mientras empezara a rendir el nuevo sistema, señor consejero?

El señor presidente: Don Jorge, un minuto, por favor.

El señor Rodríguez Pérez: Gracias, señor presidente.

Los funcionarios y los registradores cumplían cada año los planes de control y cumplían las instrucciones reservadas que remitía la Dirección General de Tributos, en las que se señalaba la cantidad porcentual de cada clase de expediente que debía revisarse para cumplir los objetivos, según consta en el informe de la Inspección General de Servicios.

El convenio era temporal, era prorrogable anualmente, señor consejero. ¿Cómo entonces puede mantener que los registradores han dejado sin terminar expedientes, como se ha dicho aquí, si han cumplido los objetivos del plan de control y su convenio no era por obra o servicio determinado sino por tiempo cierto, señor consejero?

Insisto, no encontramos justificación alguna para la decisión adoptada de suprimir las oficinas tributarias comarcales. Usted sabrá, señor consejero, ¡usted sabrá!

Nada más, señor presidente. Gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Jorge Rodríguez.

Señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, don Javier González Ortiz.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Gracias, señor presidente.

Señor Rodríguez Rodríguez, Román, se ha hablado aquí mucho del proceso de tránsito, ¿no?, y de lo que ha ocurrido durante este tiempo, y se ha informado de que está salpicado de malas noticias. Hombre, lógico y natural. Vamos a ver, si una decisión del Gobierno hace que un determinado colectivo pierda 12 millones de euros de ingresos, lo lógico y natural es que a ese reducido colectivo no le guste. Y, por tanto, se recurre, y se recurre ante las instancias judiciales. Afortunadamente tenemos la posibilidad de acudir.

Y el cambio del modelo ya he explicado en qué se basa, y se basa en la necesidad de establecer un sistema en el que se cambie el ámbito territorial exclusivamente de las oficinas liquidadoras por un nuevo modelo que tenga una gestión integral.

¿Que ha sido difícil? Claro que ha sido difícil. Es la primera vez que hacemos un proceso de movimiento de personal en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias de 100 personas. Complejo, claro que sí, pero desde la más absoluta racionalidad, es decir, coger a 100 personas, movilizarlas y moverlas de otros departamentos; adelgazar, por tanto, adelgazar, por tanto, la Administración central de la Comunidad Autónoma. Lo digo por las expresiones, señor Rodríguez, que es que cuando hacemos aquellas cosas que ustedes supuestamente dicen que hacen, dicen, porque no las hacen después, digo, y las hacemos nosotros, también las critican. Claro, es una lógica diferencia en lo que defienden unos y otros, y hablaremos luego de eso. Por lo tanto, no ha sido a trompicones, ha sido difícil, pues, movilizar en torno a 100 personas.

Y preguntaba el señor Rodríguez, Román, sobre algunas cuestiones. ¿Se va a perder recaudación? No. ¿Van a quedar expedientes sin tramitación? No. ¿Hay expedientes que van a caducar? No. Para que no quepa la más mínima duda al respecto.

Señor Mayoral, no se sorprenda usted de las incoherencias porque son continuas; es decir, dicen una cosa y hacen la contraria, hacen una cosa que dicen que no hay que hacer, pero eso es una situación habitual.

Nosotros estamos trabajando en un modelo que es distinto, y es distinto a otras comunidades autónomas entre otras cosas porque tenemos determinados tributos propios que otras comunidades no tienen. Por ejemplo, aquí gestionamos el IGIC o el AIEM que no existe en otras comunidades autónomas y, por tanto, como mínimo los modelos serán distintos, como mínimo. Y, por tanto, estamos optando por un modelo que creemos que nos va a dar los grados suficientes de eficacia necesaria para corregir y cambiar esa tendencia. Y no va a ser fácil ni mucho menos, pero, dado que, aparte, de esos impuestos son cotitulares cabildos y ayuntamientos, creemos en la necesidad de establecer esa agencia. Se ha aprobado aquí en resoluciones parlamentarias, y con la participación de cabildos y ayuntamientos en la gestión de la misma.

Señor de la Hoz, evidentemente los datos de ahorro son como mínimo esos los estimados, por no dejar constancia de otras situaciones.

Preguntaba usted para cuándo la aprobación. El Gobierno aprobó el otro día la lista de evaluación y, por lo tanto, la primera... el inicio del expediente de la ley para la creación de la Agencia Tributaria y esperamos, por tanto, que entre en el Parlamento en los próximos meses y pueda estar, por tanto, en funcionamiento. Los pasos están bastante avanzados.

Señor Rodríguez, don Jorge, aquí está con unas afirmaciones, literales, copiadas de las demandas presentadas por los registradores, porque ha hecho usted una referencia, y es que se fijaron por consentimiento de ambas partes las retribuciones. Mire, señor Rodríguez, pero por qué actúan los registradores bajo una encomienda, es decir, primero porque los registradores son funcionarios públicos del Estado y, por tanto, la comunidad autónoma les puede encomendar a esos registradores el ejercicio de esas funciones, por dejarlo claro dentro del marco en el que estamos. Luego, si les puede encomendar -usted bien lo sabe-, la actuación, la actuación es de obligado cumplimiento. Y sí, es de una decisión normativa. Exactamente igual que el Estado, cuando, en la Ley de los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, de sucesiones y donaciones, fija que las comunidades autónomas podrán encomendar porque ya lo venía haciendo el Estado. Evidentemente esa encomienda la deriva a la comunidad autónoma cuando el Estado cede a las comunidades autónomas esos impuestos, de algunos propios y otros cedidos. Evidentemente. Luego, ¿quiere usted decir que esa imposición normativa se podía hacer en el Estado y no en la comunidad autónoma? ¿O cómo es? Porque la encomienda está fijada en la ley y, por tanto, sí es un acto normativo, el ejercicio de la encomienda. Otra cosa muy distinta es el ámbito de las retribuciones, cuestión que no se ha discutido; se ha discutido el ejercicio propio de la encomienda.

Mire, usted ha dicho aquí que nosotros hemos, por tanto, causado un perjuicio a los registradores. Sí, claro, en beneficio del interés general, en beneficio del interés general. Sí, hay quienes defienden a un núcleo reducido de personas y hay quienes defendemos a la mayoría de la gente. Son posiciones distintas, pero son normales y habituales. Si a mí en este sentido, señor Rodríguez, me parece normal. Porque ha hablado usted de quebranto a la hacienda pública y hablaba usted de los ERE, pero, vamos a ver, ¿no hemos quedado que necesitamos racionalizar la Administración y, por tanto, el ejercicio de las funciones propias de la Comunidad Autónoma de Canarias? Lo digo por intentar coordinar los mensajes y evidentemente hay funciones materiales.

Ha hecho usted afirmaciones de la caída drástica de la recaudación y ha hecho...; expresión literal, señor Rodríguez, repito, del documento de registradores, cuando hace referencia a los 90 millones de euros de pérdida de recaudación.

Y ha hecho usted nuevamente referencia al fraude fiscal. Ya le expliqué antes que los registradores no hacían actividades de investigación en el ámbito del fraude fiscal.

Mire, ha hecho usted referencia a algo que me parece interesante que se conozca, a las resoluciones, decía usted, claras y meridianas del Tribunal Superior de Justicia. Sí, claro, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, miren la actuación: el día 31 de diciembre se publica el decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias; el día 31 de diciembre se presenta el recurso por parte de los registradores; el día 31 de diciembre se reúne la sala, en un día teóricamente inhábil, según la Ley Orgánica del Poder Judicial; ese mismo día, el 31 de diciembre, se dicta un auto de suspensión cautelar...(Ininteligible.); y ese mismo 31 de diciembre se convoca, al siguiente día hábil, esto es, el 2 de enero, y se notifica al servicio jurídico por fax esa convocatoria. El día 31 de diciembre se hicieron todas esas cosas.

Mire, en esto se trata de tener la paciencia suficiente, señor Rodríguez, para la creencia de la defensa del interés general, tomar las decisiones y al final, al final, al final te acaban dando la razón.

Pero más importante, señor Rodríguez, porque ha hecho usted referencia a algunas cosas que me preocupan, ¿no?, ha hecho referencia al plan de ajuste. Otro argumento utilizado en la pérdida del acceso al Fondo de Liquidez Autonómico por los registradores en su escrito inicial -veo que le han informado relativamente bien-. Mire, vamos a ver, el que la comunidad autónoma se acoja al Fondo de Liquidez requiere la presentación de un plan de ajuste. Luego, el plan de ajuste que presentó la comunidad autónoma en el 2012 es para acogerse al Fondo de Liquidez del 2012 y nada tiene que ver con el plan de ajuste que presenta al consejo, que presenta al ministerio, para acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico para el 2013. Lo digo por separar, porque, bueno, es que usted dijo aquí la confusión. ¿Y entonces qué decisiones no conocía el ministerio en su momento, qué decisiones? Era para el Fondo de Liquidez del 2012, señor Rodríguez.

Mire, es que vuelve usted, señor Rodríguez, a confundir déficit con deuda, vuelve usted a confundir a los ciudadanos con la ayuda del Estado. No, mire usted, con el Fondo de Liquidez Autonómico no se incrementa la capacidad de endeudamiento de la comunidad autónoma, no se incrementa, es exactamente la misma. Le recuerdo, señor Rodríguez, que aparte de los límites de déficit a las comunidades autónomas se nos ha fijado un límite de deuda y, por tanto, el Fondo de Liquidez Autonómico está dentro del margen de ese límite de deuda. Lo digo porque de sus palabras podría entenderse alguna otra afirmación.

Señor Rodríguez, en definitiva, estamos sorteando enormes dificultades; dificultades derivadas de actuacio­nes impropias de dirigentes, dificultades derivadas de la situación injusta de un sistema de financiación que nos ahoga, dificultades derivadas de las dificultades añadidas, con afirmaciones como las que usted ha hecho aquí, de poner en duda la posible recaudación de la comunidad autónoma, o de afirmaciones que llegaron a decir que la comunidad autónoma podía ser intervenida. Estamos haciendo frente a todas esas dificultades, pero lo estamos haciendo en la creencia de que la política que se está llevando a cabo desde el Gobierno es la correcta y la adecuada; en la creencia de que, frente a esos ataques a la solvencia de la comunidad autónoma, debemos seguir teniendo una línea clara.

Y, mire, señor Rodríguez, ahora mismo lo que queda por discutir del plan de ajuste de la comunidad autónoma es cómo va a hacer frente el Estado a la pérdida de los, como mínimo, 30 millones de euros...

El señor presidente: Disculpe. Sí, señor consejero, puede continuar un minuto.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Gracias, señor presidente.

Decía que lo que queda por resolver es una duda importante, es cómo va a hacer frente la comunidad autónoma a los 30 millones de euros del impuesto sobre depósitos a las entidades bancarias que ustedes con su decisión les perdonaron a los bancos y ahora va a tener que pagar el conjunto de los ciudadanos. Eso es lo más importante. Espero contar con su ayuda para resolver ese problema.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero.

Señorías, pues se suspende la sesión hasta las cuatro y media. Cuatro y media.

Gracias.

(Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta y seis minutos.)

(Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cuarenta minutos.)

El señor presidente: Señorías, muy buenas tardes.

Continuamos. Comparecencias, del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre potencialidades y debilidades de la economía canaria en la coyuntura mundial y factores para la recuperación.

Don Fabián.

(Pausa.)

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