Diario de Sesiones 70/2013, de fecha 12/3/2013 - Punto 30

· 8L/C-0869 Comparecencia del Gobierno -consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial-, instada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre cambio de modelo de gestión de los aeropuertos.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Pasamos a la siguiente comparecencia del orden del día: del Gobierno -consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial-, instada por el Grupo Nacionalista Canario, sobre cambio de modelo de gestión de los aeropuertos.

Para la primera aproximación a la comparecencia, la señora Pulido, por tiempo de cinco minutos tiene usted la palabra.

La señora Pulido Rodríguez: Gracias, señor presidente.

(Abandona su lugar en la Mesa el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández, y ocupa un escaño en la sala. Asume la Presidencia el señor vicepresidente segundo, Fernández González.)

El motivo de esta comparecencia no es otro, señor consejero, que el que nos informe sobre el cambio del modelo de gestión aeroportuaria que se viene demandando desde el Gobierno de Canarias, porque el actual modelo, en el que AENA como titular de los aeropuertos toma las decisiones de forma centralista, se ha quedado obsoleto, pertenece al pasado y no tiene parangón en Europa. Por ello desde el Grupo Nacionalista Canario no renunciamos a asumir las competencias de gestión de nuestros puertos y aeropuertos a través de un nuevo Estatuto de Autonomía, pero hasta tanto demandamos un modelo de cogestión de los aeropuertos canarios similar al de los puertos, en el que la Administración de la comunidad autónoma juegue un papel determinante por la importancia que el transporte aéreo tiene en un territorio insular y ultraperiférico como el nuestro y por su impacto económico y su contribución social en términos de conectividad, sensibilidad y vertebración territorial.

Para definir este nuevo modelo de gestión de los aeropuertos, se debe tener en cuenta que los aeropuertos canarios son, junto con los puertos, los principales instrumentos para garantizar nuestra cohesión social y económica; que no tienen nada que ver los aeropuertos en un archipiélago ubicado en medio del Atlántico con los aeropuertos del continente y, por tanto, es precisa una política diferenciada; que el sector turístico es el principal componente de nuestro Producto Interior Bruto y un altísimo porcentaje de nuestros visitantes, más de un 80%, nos llega por vía aérea; que una mejor gestión en la política de concesiones comerciales y de servicios en nuestros aeropuertos podría contribuir a realzar la imagen turística de Canarias; que la promoción aeroportuaria con una política tarifaria apropiada podría incidir en una mayor competitividad de nuestros aeropuertos y atraer a nuevas compañías y rutas.

Por tanto, señorías, solicitar un modelo de gestión distinto con la participación de las administraciones públicas territoriales y de los agentes económicos y sociales de Canarias no solo es una reivindicación política de mayor autogobierno sino económica y de eficiencia.

En contraposición a este modelo de gestión compartida, el Gobierno del Partido Popular acaba de presentar el Plan estatal de infraestructuras, transportes y viviendas 2012-2024, en el que plantea revisar el modelo español de gestión estatal aeroportuaria promoviendo la liberalización y el cambio en la estructura de la propiedad de AENA Aeropuertos, con la entrada de capital privado de hasta un 49% en dicha sociedad mercantil, pero nada se dice de la necesaria cogestión descentralizada, en la que se dé participación a las administraciones territoriales, como ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea. Una gestión descentralizada, en la que nuestras instituciones tengan la máxima participación, tendría una incidencia positiva al poder llevar a cabo una política aeroportuaria propia y alineada con el territorio, realzando los elementos diferenciadores, atendiendo a las necesidades específicas de conectividad y desarrollando estrategias ajustadas a nuestra realidad insular y a nuestro modelo económico, pero una vez más tenemos que lamentar que el Gobierno de España continúe con la política de recentralización, adoptando decisiones que van en contra de los intereses de Canarias, como viene siendo el caso, por ejemplo, de la supresión de las bonificaciones de las tasas aeroportuarias, la paralización de la nueva pista del aeropuerto de Gran Canaria o de la negativa de ampliación del horario de los aeropuertos canarios que lo están demandando.

Concluyo, señor consejero, planteándole si este modelo de gestión aeroportuaria que plantea el Partido Popular en el citado Plan de infraestructuras, transportes y vivienda es el modelo que necesita Canarias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Muchas gracias, señora diputada.

Señor Berriel, consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente. Señorías.

Los necesarios avances que se tienen que producir en la vertebración y cohesión territorial de nuestra comunidad, la mejora de la competitividad de nuestro principal sector económico, el turismo, así como el futuro de la estrategia de internacionalización de la economía canaria, dependen en gran medida de las comunicaciones con el exterior, de las condiciones de conectividad, de acuerdo con las necesidades de la sociedad.

Las infraestructuras del transporte, los puertos y aeropuertos, juegan un papel fundamental a la hora de ejecutar los programas y las políticas de desarrollo de cualquier territorio y de forma muy determinante en nuestra comunidad autónoma. El problema, señorías, es que el modelo de gestión aeroportuario no está diseñado ni para ser un motor de dinamización y diversificación de nuestra actividad económica ni para ser una referencia constante y firme de cohesión territorial del archipiélago, porque tenemos en la actualidad un modelo de gestión heredado de otra época basado en un concepto de estatalización y centralismo de los servicios públicos. Un sistema aeroportuario que vive de la renta de un país que es un destino turístico de primer orden y que se demanda por sí solo, pero cuando las circunstancias cambian, cuando hay que abrir nuevos mercados turísticos y de nuevos orígenes, diversificar la demanda, nos encontramos con una organización incapaz de competir y de vender sus servicios, con un sistema tarifario rígido y con una organización carente de una estructura efectiva de promoción y de marketing.

Pero sobre todo nos tropezamos con una gestión al margen de los intereses de Canarias, al margen de las decisiones de sus legítimos actores. Valga como ejemplo, como usted muy bien ha dicho, la supresión unilateral de las bonificaciones de las tasas aeroportuarias o la negativa a modificar horarios de funcionamiento de los aeropuertos, etcétera, etcétera.

Esta política del Gobierno de España, excesivamente centrada en la realidad económica del sistema global y en la autosostenibilidad de la red estatal de aeropuertos, en su concepción unitaria, mediante tasas que soportan sus usuarios exclusivamente, contrasta, por ejemplo, con la política de fomento del tren de alta velocidad, que utiliza infraestructuras costeadas no por los usuarios sino por todos los contribuyentes, lo que perjudica singularmente a los territorios que por su configuración no pueden valerse de esas infraestructuras. Es evidente que hay una divergencia entre, por un lado, las intenciones del ministerio de sanear económicamente la red de aeropuertos, endeudada en más de 15.000 millones de euros, fruto de inversiones de nula rentabilidad económica y discutible rentabilidad social, en cuyas decisiones ninguna participación han tenido nuestras administraciones ni nuestros usuarios, y con el exclusivo fin de proceder a su privatización, y, por otro lado, los intereses de la Comunidad Autónoma de Canarias de atraer más tráfico aéreo y potenciar su localización geográfica privilegiada, con la triple finalidad, como hemos dicho, de la cohesión territorial y social, la competitividad de nuestro principal sector económico, el turismo, y la mejora de las condiciones de la internacionalización de la economía canaria.

Por ello, señorías, históricamente la comunidad autónoma ha venido reiterando, demandando, la necesidad de completar el proceso de descentralización política y administrativa del Estado, atribuyendo a nuestra comunidad la participación efectiva en la gestión de sus aeropuertos. Porque en nuestro caso los aeropuertos son elementos que afectan y condicionan decisivamente la aplicación de políticas autonómicas, como las políticas de ordenación del territorio, las de promoción turística, las políticas regionales de transporte o de desarrollo económico y social, razones más que suficientes para justificar la descentralización de la gestión aeroportuaria.

Se ha reiterado y demostrado con muchos estudios que nuestra situación geográfica constituye un obstáculo a la plena integración en el mercado único europeo. Somos una región ultraperiférica de la Unión Europea con un acusado déficit de accesibilidad en comparación con el resto de las regiones continentales. Hecho diferencial indubitadamente reconocido, incluso como estatus político, dentro de la Unión. No obstante, esa posición geográfica que limita o retrasa nuestra convergencia con los estándares de riqueza y bienestar del resto de la Unión Europea paradójicamente es a la vez una ventaja que hay que poner en valor.

Para obtener el máximo rendimiento de nuestra localización geográfica es necesario que el modelo aeroportuario y los servicios de transporte aéreo estén orientados a las necesidades específicas de la colectividad a la que sirven, han de ser coherentes y estar alineados con las estrategias locales que promuevan la accesibilidad y la conectividad insular, y para ello hay que transformar el actual marco jurídico y organizativo de la gestión aeroportuaria.

Es necesario para nuestra comunidad, por tanto, establecer un modelo de gestión del sistema aeroportuario canario que garantice la capacidad de decisión y de gestión de la Administración pública canaria y la participación de sus entes económicos y sociales, admitiéndose en su caso una estructura competencial compartida -por qué no- entre la comunidad autónoma y el Estado que permita como mínimo establecer un modelo de gestión, pues, similar al que viene operando, por ejemplo, con las autoridades portuarias. Por eso, señorías, desde el Gobierno de Canarias venimos insistiendo al Gobierno central en la demanda de descentralización de la red aeroportuaria estatal, porque las infraestructuras aeroportuarias deben planificarse y gestionarse atendiendo a las concretas necesidades de conectividad en la región. Los gobiernos locales y regionales están mejor situados para tratar más eficientemente las necesidades de sus ciudadanos. Esto es un principio de subsidiariedad o proximidad muy reconocido.

Y no nos vale el argumento de que los aeropuertos son infraestructuras que trascienden al territorio de la comunidad autónoma y, por tanto, deben gestionarse desde una perspectiva estatal, porque, como hemos dicho, también sucedería lo mismo con los puertos y, sin embargo, no hubo obstáculo para que el Estado decidiera compartir, hace ya tiempo, su gestión con las comunidades autónomas y que tal decisión haya resultado satisfactoria desde la perspectiva de la eficiencia. Y tampoco el de que con la gestión unitaria se permita que los aeropuertos más rentables contribuyan solidariamente a cubrir pérdidas de los aeropuertos menos rentables, pues la realidad ha demostrado que los aeropuertos medianos y rentables han contribuido a costear el déficit de los aeropuertos pequeños, pero principalmente, principalmente, señorías, han contribuido a cubrir las exorbitantes inversiones de los aeropuertos más grandes y que teóricamente deberían ser por sí mismos más rentables, por su economía de escala, como Barajas o el Prat, pero que paradójicamente han resultado los más deficitarios, haciendo soportar a todos la carga de sus obras faraónicas.

El actual sistema de gestión centralizado para explotar 47 aeropuertos en 17 comunidades autónomas distintas implica tomar decisiones a partir de criterios que no tienen por qué responder a las necesidades de cada región en particular. Decisiones unilaterales y a distancia, propias de políticas autárquicas, uniformadoras, que en modo alguno cuentan con la opinión de las administraciones territoriales ni de los usuarios locales afectados, y por ello en muchos de los casos esas decisiones acarrean colisión de intereses, no solo entre aeropuertos sino también entre las propias comunidades autónomas.

Las decisiones sobre inversión en nuevas infraestructuras y equipamiento, la comercialización y la promoción del aeropuerto, el fomento de nuevas rutas, tienen que estar alineadas con el territorio, con la implicación de las administraciones territoriales. Por eso reitero que desde el Gobierno de Canarias defendemos un modelo que por un lado garantice la participación efectiva de las administraciones públicas canarias en la gestión de sus aeropuertos, pero que, por otro, también permita la presencia de los agentes económicos y sociales locales en la explotación de los mismos y en los negocios y actividades conexas, así como en la representación de los usuarios para la defensa de sus intereses y derechos.

En la actualidad la inmensa mayoría de los aeropuertos de todo el mundo están gestionados a través de empresas participadas por las administraciones públicas locales, ya sea mediante una aportación total o parcial. En el caso de la Unión Europea, tenemos que destacar que en relación con los que tienen un gran mercado, los de más de 100 millones de pasajeros, solo España tiene una forma de gestión centralizada y unificada. El resto, señoría, el resto de países, como Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Australia, tienen una gestión descentralizada o individual, así como una amplia participación en muchos casos de los gobiernos locales.

Para el archipiélago, la gestión de un aeropuerto no consiste en maximizar beneficios a toda costa sino en atender las necesidades de accesibilidad y conectividad de la región. Los aeropuertos de las islas no deben considerarse solo en términos de rentabilidad económica sino también en términos de utilidad social.

Por todo eso, defendemos y reclamamos una política equilibrada de sostenibilidad económica del sistema aeroportuario canario y de contención de los costes de transporte en un marco de ingresos equilibrados y de contribución solidaria en el mantenimiento de la red canaria, repercutiendo los beneficios en la reducción de tarifas para una mayor competitividad de nuestros aeropuertos.

Los aeropuertos constituyen uno de los negocios en los que se extrae la mayor rentabilidad de toda la cadena de actividades económicas del sector aeronáutico. Son muy atractivos para los inversores, porque la demanda de transporte aéreo tradicionalmente, salvo adopción de políticas equivocadas, crece por encima del Producto Interior Bruto. Son inversiones de poco riesgo y con amplio abanico de oportunidades para el desarrollo de actividades comerciales dentro de las terminales y ofrecen un excelente potencial de desarrollo en su entorno: ciudades aeroportuarias, polígonos logísticos, etcétera.

¿Me da un minuto?

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): No ha terminado el tiempo.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente. Sí.

Las pérdidas de los de débil tráfico y reduzcan sus precios, repercutiendo sus beneficios, como hemos dicho, en pro de la tarifa del transporte aéreo. A cambio, señorías, las decisiones sobre las inversiones y desarrollo de los aeropuertos tienen que ser consecuentemente proporcionadas y dimensionadas a las necesidades de cada territorio insular y a la realidad de su tráfico...

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Tiene un minuto más, señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente. Termino enseguida.

De este modo la explotación de los ocho aeropuertos canarios dentro de un sistema común no puede considerarse como una debilidad del modelo sino más bien como una fortaleza, en la medida en que la presencia de tres o cuatro aeropuertos muy rentables de Canarias da solidez y equilibrio financiero al conjunto y permitiría por sí solo las mejoras políticas, comerciales y de producción y eficiencia, contribuyendo definitivamente a la cohesión económica y territorial de nuestra comunidad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señor consejero.

Ahora por parte de los grupos no solicitantes, tiene el Grupo Mixto, señor Román. Tres minutos.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente. Señorías.

Algunas consideraciones muy generales.

No cabe duda, yo creo que es una evidencia, de que puertos y aeropuertos para nosotros son los instrumentos básicos de conexión entre nosotros y el resto del mundo. La importancia es estratégica, indiscutible.

Creo que también es poco realista colocar como algo posible a corto plazo en la agenda política española que se vayan a producir cambios competenciales en la materia. Otra cuestión es que los nacionalistas lo tengamos en nuestro programa, en nuestra agenda. Eso es así desde hace mucho tiempo. Pero no va a haber cambios en la estructura competencial, ni siquiera se vislumbran cambios en el modelo de gestión, tipo puertos. De forma que yo creo que, siendo realistas, en esta etapa lo que habría que tratar es de influir sobre quienes desgraciadamente tienen todas las competencias en la materia y el monopolio de la organización y de la gestión para permitir cosas tan razonables como la ampliación de horarios que se reclama ahora para el aeropuerto del norte de Tenerife, para rebajar las tasas aeroportuarias que hagan más competitiva la conectividad turística de nuestros aeropuertos, para bonificar incluso a los que van y vienen en esa actividad, para gestionar de forma eficiente la quinta libertad, para promover actividades económicas en los entornos de los aeropuertos, porque no parece muy posible a corto plazo.

Porque, mire, cambiar el modelo competencial significa una reforma profunda del Estatuto, y eso no toca, no porque no queramos los nacionalistas sino porque no va a haber ninguna posibilidad en los próximos años de que se produzca esa modificación. Y cuando la hubo, esta comunidad no aprovechó la oportunidad por otros egoísmos, que fue hace una legislatura y media. Hubo una oportunidad de modificar sustancialmente nuestro Estatuto de Autonomía, entre otras cuestiones para esto y para salvar los muebles de un sistema electoral injusto y absolutamente desproporcionado. Quebramos la posibilidad de un cambio estatutario que habrá ahora, habrá que acumular mucha fuerza para conseguirlo.

Yo creo que lo que toca ahora es poner en la conciencia colectiva la necesidad de influir en la gestión de los aeropuertos, que la gente comprenda la importancia estratégica que tienen estas infraestructuras y que las políticas que dominan hoy no son buenas para los intereses generales de Canarias y de manera especial para el sector turístico.

Y en cualquier caso no acabo de comprender, a ver si usted me lo explica, y lo digo en tono amigable, eso de que si no bajan las tasas reclamamos los aeropuertos. No sé si hay alguna estrategia por parte del Gobierno que podamos conocer los diputados. ¿En qué consiste la estrategia de tomar los aeropuertos canarios si el Gobierno español no nos hiciera caso? No sé si hay alguna lógica ahí. Lo digo por algunos titulares de los últimos días. En cualquier caso, lo importante será influir sobre estas infraestructuras y su gestión, porque sí que es vital para los intereses económicos del hoy, y creo que sinceramente quien tiene esto hoy en sus manos no lo hace bien.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Muchas gracias, señor Román.

Por parte del Grupo Socialista, don Julio.

El señor Cruz Hernández: Señor presidente, señorías: muy buenas tardes.

Es evidente que estamos ante un modelo centralizado, un modelo que no fue adecuado, no se ha adecuado al Estado autonómico en nuestro país ni a las necesidades económicas y sociales, en este caso, de Canarias. Situación que se ha agravado de una manera considerable con el actual Gobierno del Partido Popular. Ya mañana tendremos la oportunidad de debatir una proposición no de ley que viene muy al hilo de esta situación, es decir, la cogestión, los aeropuertos, no prestan el servicio que Canarias necesita ni están a la altura de las circunstancias que Canarias necesita.

La autosuficiencia económica y la rentabilidad del sistema es el objetivo del Partido Popular, pero, señorías, ya esto no nos llama a engaño por el Partido Popular, ya no es algo nuevo. El Partido Popular, cada vez que gobierna en el Estado, hace siempre lo mismo: una empresa, de las pocas que quedan rentables, que es AENA, la pretensión es sanearla con dinero público, con dinero de todos, por supuesto, pagar los 15.000 millones de euros que debe AENA y, cuando lo tenemos, pues, bueno, se lo privatizamos, se lo regalamos al compañero de pupitre y así tenemos otro negocio por ahí. En definitiva, el Partido Popular pretende privatizar los aeropuertos españoles. Por eso se niega a algo que está establecido y se oye el runrún ya en Madrid, cuando se habla desde AENA, de que no es necesaria la transferencia a las comunidades autónomas sino que el modelo debe ir desgajado a las comunidades autónomas, pero privatizado.

Señorías, nosotros, la Comunidad Autónoma de Canarias no se puede permitir el lujo en un modelo que, si queremos garantizar la cohesión territorial, la cohesión económica, la cohesión entre las islas, la conectividad es esencial, y la conectividad pasa por que el sistema aeroportuario canario, los ocho aeropuertos, sea un todo, y sea un todo que siga en manos públicas, que siga gestionándose desde la Administración pública, y si el Estado, el Gobierno del Partido Popular lo quiere privatizar, evidentemente nosotros tenemos el Estatuto de Autonomía, señor consejero, y en todo caso siempre será mejor que lo gestione la comunidad autónoma. Y creo que el modelo, que ya lo tenemos en nuestro pacto de gobierno, aunque don Román, pues, parece que piensa que no es posible, nosotros, el Grupo Socialista sí cree que es posible que en esta legislatura avancemos en una cogestión. A nosotros nos parece que el modelo portuario es un buen modelo, un modelo en el que se nos permite influir de manera decisiva en el consejo de administración de ese ente descentralizado, en este caso en Canarias, y la comunidad autónoma, los cabildos, las instituciones, los colectivos, los operadores que influyen en materia de transporte, poder opinar y decidir. Porque en Canarias el sistema es rentable; lo que hace falta es un gobierno que ponga en primer lugar a los ciudadanos, que ponga en primer lugar la conectividad de Canarias y, en segundo lugar, la rentabilidad y la privatización de los aeropuertos.

Gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Muchas gracias, don Julio.

Por parte del Grupo Popular, doña Astrid Pérez.

La señora Pérez Batista: Señor presidente. Señorías, muy buenas tardes.

Como bien conocen, la gestión aeroportuaria en España se basa en un modelo de gestión integrada, en el que el ente público empresarial AENA, pues, gestiona el conjunto de todos los aeropuertos españoles. De este modelo debe resaltarse, evidentemente, las eficiencias y los aspectos positivos que pueden derivarse de esa gestión conjunta, pero sí es cierto que se está agotando el esquema económico basado en que unos cuantos aeropuertos generan el cash flow para financiar el resto de otros aeropuertos que tienen operaciones deficitarias.

Pero desde luego este debate sobre la gestión aeroportuaria no es nuevo. Mire, señor Cruz, tengo que decir que me vuelve a sorprender el cinismo del discurso político del Partido Socialista. De verdad. Mire, ya en agosto del 2008 el Consejo de Ministros, siendo la ministra de Fomento la socialista Magdalena Álvarez, reveló que el Gobierno de España consideraba necesario un cambio de modelo en la gestión de los aeropuertos. Entre esas acciones, además -planteó el Partido Socialista-, era dar entrada a las comunidades autónomas en la gestión de aquellos aeropuertos cuya gestión fuera especialmente compleja. Sin embargo, es cierto que el Partido Socialista se mantuvo tres años después en el Gobierno y no fue capaz de cumplir ni una sola de su programa y su proyecto electoral en materia aeroportuaria, pero ¡que venga usted a subirse aquí a hablar de privatización...!

Mire, don José Blanco, ministro de Fomento, compareció en el Congreso de los Diputados en enero del año 2010 anunciando que llevaría al Parlamento un proyecto de ley para la creación, ojo, de la sociedad estatal AENA Aeropuertos, SA, que se encargaría de la gestión de todos los aeropuertos -y palabras textuales-, en la que se daría entrada al capital privado, que no superaría el 40% del capital. Privatización del Partido Socialista, ¡sí, señor, sí, señor, señor Cruz!

Mire, es más, en el año 2010 se presentó una iniciativa de cogestión aeroportuaria entre el Estado y las comunidades autónomas. ¿Y sabe qué hicieron ustedes? El Partido Socialista en el Senado, votaron todos en contra y a favor el Partido Popular.

Y, mire, actualmente el Gobierno español sí tiene un planteamiento claro y está trabajando en las propuestas de modificación de gestión aeroportuaria. Mire, señorías, la ministra de Fomento Ana Pastor ha expresado su postura favorable a la participación de los gobiernos autonómicos en las decisiones estratégicas, de manera que se integren los aeropuertos en el contexto de la planificación territorial, y para ello -fíjese qué exactitud- creará los comités de coordinación aeroportuaria entre el Estado y la comunidad autónoma.

Por lo tanto, lo único que esperamos desde el Grupo Popular es que haya consenso entre el Estado y las comunidades autónomas, en este caso el Gobierno de Canarias, para que el cambio en ese modelo de gestión mejore lo que desde luego nos debe interesar, que es la eficiencia de nuestras infraestructuras aeroportuarias.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Muchas gracias, señora doña Astrid Pérez.

Señora proponente, tiene usted la palabra por tiempo de diez minutos.

La señora Pulido Rodríguez: Gracias, señor presidente. Señorías.

Quiero aprovechar este turno de réplica para volver a reiterar, aunque el compañero de Nueva Canarias no lo crea posible, que desde el Grupo Nacionalista Canario seguiremos reclamando las competencias sobre nuestros puertos y aeropuertos y para ello seguiremos intentando... Perdón, ¿qué dice? (Ante los gestos desde los escaños ocupados por el Grupo Parlamentario Popular.) ¡Ah!, perdón, perdón.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Continúe, señora diputada.

La señora Pulido Rodríguez: ...y para ello seguiremos intentando que salga adelante la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, donde estas competencias se regulen a nivel de ley orgánica.

Pero mientras no se apruebe este nuevo marco estatutario reclamamos -como dice el compañero de Nueva Canarias, es lo que toca ahora- la cogestión de los mismos, ya que este modelo de gestión compartida sí es posible con la regulación de la que hoy disponemos. Y como ejemplo de ello tenemos el modelo de gestión que se viene aplicando para los puertos, un modelo de gestión compartida con el que se han alcanzado importantes avances, en el que las autoridades portuarias gestionan de manera centralizada el dominio público portuario, desarrollan las infraestructuras básicas y asumen la coordinación, regulación, control de actividades y servicios portuarios, en términos de calidad, eficiencia operativa y a unos precios competitivos. Pero este cambio de modelo para los puertos, tal como se recoge en el citado plan estatal, ha sido uno de los factores influyentes en la positiva evolución del papel de los puertos en la escena europea y mundial, lo que demuestra que la descentralización no tiene por qué disminuir la eficiencia y la competitividad sino todo lo contrario.

Pero lamentablemente, señor consejero, nos volvemos a tropezar con la posición de aquellos que conciben una España centralista, que no quieren reconocer el hecho nacional diverso, y por eso mantienen posiciones que van en contra de la necesaria descentralización de la gestión aeroportuaria. Volvemos a tropezarnos con aquellos que quieren recortar la autonomía de los gobiernos locales y regionales, aquellos que cuestionan la legitimidad de las autoridades territoriales para tratar directamente con los operadores aeroportuarios. Autoridades que representan el interés de los ciudadanos que les han elegido democráticamente. Nos tropezamos con aquellos que quieren recortar las competencias de las instituciones mejor situadas por su proximidad, el principio de proximidad, como usted decía, para resolver las necesidades de su ciudadanía, manteniendo una posición contraria a la que defienden las instituciones de la comunidad europea, que han reconocido que los gobiernos locales y regionales están mejor situados para tratar más eficientemente las necesidades de su ciudadanía.

Nos tropezamos con aquellos que no tienen en cuenta que la accesibilidad del territorio, el desarrollo económico y la promoción del empleo son prioridades irrenunciables de las autoridades autonómicas y que por ello no se pueden desaprovechar las ventajas de un elemento económico tan importante como son los aeropuertos.

Aquellos que de lo único que hablan es de crear un comité de coordinación aeroportuaria con meras funciones -señorías del Partido Popular-, con meras funciones de colaboración, de información y de asesoramiento de AENA, y de eso no se trata, lo que nosotros estamos solicitando, que es de tener facultades en la gestión aeroportuaria, no de ser unos meros colaboradores de AENA, para que le quede claro si tenía alguna duda. Que con el modelo que propone el Partido Popular, a pesar de crear estos comités de coordinación aeroportuaria, AENA en solitario seguirá teniendo las competencias de gestión de nuestros aeropuertos. Comité que, por cierto, señor consejero, no tenemos constancia de que se haya reunido, ni siquiera de que se haya constituido, después de haber transcurrido más de dos años de su creación por real decreto y casi un año de la comparecencia de la ministra de Fomento en el Congreso de los Diputados en la que anunció su inmediata puesta en funcionamiento.

Pero para lo que sí demuestran una gran eficacia, para eso sí, es para seguir tomando decisiones que van en sentido contrario a lo que Canarias necesita. Mientras fuera de España los aeropuertos tanto públicos como privados han transformado sus estrategias captando clientes y nuevos ingresos a través de actividades comerciales, en Canarias lo que se ha hecho es encarecer los servicios eliminando las bonificaciones de las tasas aeroportuarias, que habían permitido recuperar el tráfico aéreo de nuestros aeropuertos y alcanzar en el 2011 el récord de operaciones y pasajeros. Eliminación de bonificaciones que, unida a la agresiva política de AENA de actualización de las tasas a través de las Leyes de Presupuestos, 5 puntos por encima del IPC, ha sido especialmente dañina para los aeropuertos insulares. Lo que ha supuesto unos incrementos de costes para las aerolíneas que se han traducido en una inmediata caída del tráfico durante el 2012 y en estos primeros meses del 2013.

Y no hablemos ya de la valoración económica de la inversión pública en las actuaciones previstas en el Plan de infraestructuras y transportes 2012-2024, en las que se propone invertir más de 106.000 millones de euros, pero, eso sí, el 50% se destinaría a obras de ferrocarriles, especialmente al AVE, al tren de alta velocidad, movilizando, por tanto, una ingente cantidad de recursos públicos para unas infraestructuras ajenas a Canarias y en un país que es ya el segundo del mundo, por detrás de China, en contar con la mayor red de alta velocidad ferroviaria y además infraestructuras ferroviarias que solo mueven el 1% de los pasajeros en España. Para eso sí hay miles de millones de euros, mientras que para puertos y aeropuertos, infraestructuras vitales para la conectividad de un territorio fragmentado y alejado como el nuestro, en este plan destinan menos del 15% de la inversión total prevista.

Y no digamos ya de la sinrazón de la negativa a la ampliación del horario de los aeropuertos canarios que lo están demandando. Demanda que no es un mero capricho sino que con ello se contribuye a paliar la pérdida de turistas que estamos padeciendo, debido sobre todo a la reducción de las bonificaciones de las tasas aeroportuarias, a la que se une la pérdida de conexiones por la desaparición de importantes operadores turísticos como Orizonia, que traía cerca de medio millón de turistas anuales a Canarias, o la de la compañía Spanair. Solo en el aeropuerto de Tenerife Norte la ampliación horaria en tres horas supondría la llegada de unos 67.000 turistas más a la isla, aparte de que permitiría abrir nuevas líneas de conexión.

Concluyo, señorías, haciendo un llamamiento a la responsabilidad para evitar este tipo de arbitrariedades y de políticas contrarias a los intereses de Canarias, reclamando la unidad de las fuerzas políticas y de los agentes económicos y sociales de las islas para remar todos juntos en la defensa de la cogestión de nuestros aeropuertos, con la participación de las comunidades autónomas, de los cabildos insulares y del tejido social y económico en torno a los mismos.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Muchas gracias, señora diputada.

Para concluir, el señor consejero tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente.

Bien. Coincidiendo todos en la necesidad de que podamos influir en las decisiones aeroportuarias que afectan a la comunidad canaria y que los usuarios, los agentes económicos y sociales, las administraciones más próximas, no pueden permanecer ajenas a las decisiones que se toman, como sucede actualmente en algo tan, en las infraestructuras de transporte más importantes de nuestra propia comunidad, parece que eso es obvio y no admite discusión, es una cuestión dogmática. Pero, efectivamente, la cuestión está, ¿tenemos capacidad para decidir, para exigir, para negociar con el Estado que tenemos que tener nosotros una cogestión de los aeropuertos? Fíjense que ni siquiera estamos planteándole de momento al Estado tener la competencia exclusiva o la competencia en la ejecución en la gestión de los aeropuertos, que por sí mismos, en atención a lo que pasa en todo nuestro entorno, en todos los países europeos y demás, pues, estaríamos legitimados para hacerlo y sería lo lógico. Estamos planteándole al Estado que utilice fórmulas ya probadas ampliamente, como ha pasado con los puertos, que han sido exitosas y que han dado satisfacción, han mejorado muchísimo la gestión de los puertos y desde luego, pues, los puertos funcionan en atención a múltiples intereses que concurren en su propia funcionalidad. Y por eso no se ha roto España, quiero decir. Existe incluso, pues, esa cogestión, donde está el Estado, las comunidades autónomas, cabildos, ayuntamientos, representados, usuarios, etcétera. Pues una cosa parecida es lo que pretendemos con los aeropuertos.

Sin embargo, esa pretensión nuestra es peccata minuta, comparada con la salida del tiesto que quiere hacer el Estado, porque el Estado se plantea, de forma absolutamente inequívoca, manifestada, confesada, puesta, entre otras cosas, en su plan, descrita en su propia página web, la privatización. Y por eso todas las actuaciones que hace a día de hoy, todas las restricciones o todo su autismo a todos los planteamientos que se le puedan hacer que supongan un gasto viene motivado por esa necesidad de rentabilizar al máximo las infraestructuras para ponerlas en el mercado y recibir las correspondientes compensaciones económicas por esa privatización. Y ahí sí es verdad que va a tocar con un derecho inalienable de esta comunidad autónoma, porque, si bien es verdad que nuestro Estatuto de Autonom ía no nos da la competencia directa en materia de gestión, sí es cierto que, de forma indubitada, establece que "será competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias la ejecución -por tanto, la gestión- en el caso de que el Estado, para los aeropuertos de interés general, no se reserve la gestión directa". Ni siquiera la indirecta les vale, es decir, la directa.

Y puesto que son nuestros aeropuertos de los más rentables del país, por lo menos una serie de ellos son de los más rentables, de tal manera que aquellos de débil tráfico, que tienen que ser apoyados económicamente, como los de las islas que no cuentan con un tráfico grande y demás, pues, después de incluso amortizar o pagar esos déficits, todavía siguen siendo, en una senda creciente y mucho más creciente cuando las tasas aeroportuarias eran más baratas... Pues, resulta que evidentemente primero se privatizarán o se tratará de privatizar a aquellos que están saneados; es decir, los canarios, los primeros, los más saneados. Y nosotros sí digo aquí que el Gobierno tiene clara su voluntad, su decisión, de ejercer los derechos que el Estatuto de Autonomía establece para nuestra comunidad autónoma y de forma absolutamente firme exigir, por la vía que sea necesaria, la ejecución, las competencias de ejecución en los aeropuertos, salvo que, salvo que, de forma negociada, efectivamente podamos entendernos con el Estado. Con el Estado, porque con las empresas, el Estado... Muchas veces estas empresas que se crean de forma autónoma se hacen, como decía, antes autistas, más que autónomas. Es decir, no escuchan nada, no escuchan ni al Estado. Son cuarteles cerrados que, bueno, hacen su política, sus planes, sus historias, sus planes directores los cambian, los ponen, los quitan y no cuentan con nadie. Lo dicen manu militari. Y ese tema evidentemente nosotros no podemos consentirlo aquí, porque nos perjudica considerablemente a nuestra actividad, entre otras cosas, a nuestra principal actividad, que es el turismo.

¿No se han dado cuenta ustedes...? Cuando ustedes cojan un vuelo, por ejemplo, un lunes por la mañana, a las siete de la mañana, para ir por ejemplo a Madrid, donde tiene uno que pasar por los mismos lugares donde pasan los turistas... A mí me pasó hace una semana, donde estuve más de media hora para poder pasar precisamente la seguridad. Había siete puestos de seguridad, que, por otro lado, son exigencias que están tasadas por la normativa internacional. Había abiertos dos nada más, a esa hora de la mañana, con la gran aglomeración. La cola era vergonzosa. ¿Saben por qué es eso? Por un sentido economicista de no pagar a suficientes personas para que estén por la mañana en hora punta, pues, realizando una actividad, que es una actividad pura de ejecución, que tiene que ser sensible con la necesidad de nuestro turismo, con la necesidad de Canarias. Y eso nosotros no podemos ni consentirlo ni daría lugar, en una gestión compartida, un problema de ese tipo.

¿Se pretende paliar esta situación creando un comité de coordinación aeroportuaria? Miren, eso es como el que tiene una gran enfermedad y se le da una aspirina. Bueno, a lo mejor sirve para algo en un momento, pero eso es muy poco. El comité de coordinación este, que no se ha creado por cierto, es, ya digo, como el que, bueno, tiene tos y se rasca, porque no sirve para nada, eso no tiene ejecutividad. Sí, escuchar, oír, suplicar, decirle a AENA, coordinar y trasladarle nuestras inquietudes a AENA... Eso no sirve para nada. Aquí lo que hay que conseguir, lo necesario, lo que hay que exigir, por respeto a nuestra propia comunidad, pero sobre todo por necesidad, es al menos la cogestión.

No nos negamos en principio a que el Estado siga con la gestión de los aeropuertos, pero cogestionándolos, desde un principio de paridad, cogestionándolos con las administraciones de la comunidad autónoma y con las personas, los usuarios, que, en definitiva, tienen que defender sus derechos. No es concebible que no exista interlocución, que las decisiones sobre una infraestructura tan importante se tomen, insisto, en un consejo de administración del que ninguna representación existe por parte de las administraciones canarias. No es concebible eso. No es concebible que uno se entere de ese tipo de decisiones políticas y se esté, toda la Administración canaria, todos los canarios, al margen de esas decisiones. No es posible eso sobre todo en unas infraestructuras que año a año van dando resultados operativos en Canarias más intensos. No es posible tolerar un cambio, una carestía mayor de nuestros aeropuertos cuando dan un beneficio tremendo. Y cuando se demostró que en el año 2011, cuando más baratas fueron las tasas aeroportuarias, más se recaudó, más beneficios obtuvo el Estado, más impuestos cobró, más resultado operativo tuvo.

Por tanto, señorías, termino diciendo que evidentemente claro que tenemos una tarea, una tarea negociadora compleja, pero yo espero, yo espero que el Estado, insisto, que el ministerio, al margen evidentemente de los informes, de las empresas, etcétera, pues, adopte una posición política clara e inteligente con Canarias en este asunto, porque, de lo contrario, podrá hacer muchas cosas, desde luego privatizar los aeropuertos canarios no, porque nosotros se lo impediríamos.

Nada más. Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Muchas gracias, señor consejero.

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  • 8L/C-0869 Sobre -Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial-, sobre cambio de modelo de gestión de los aeropuertos.


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