Diario de Sesiones 77/2013, de fecha 24/4/2013 - Punto 1

· 8L/C-0977 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para paliar el drama de los desahucios.

El señor presidente: Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para paliar el drama de los desahucios.

Para la primera intervención, tiene la palabra don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente, señorías: muy buenos días.

Yo creo que hemos debatido aquí de forma reiterada, porque es nuestra obligación, en el último año y medio, pues, la crisis económica que vivimos y los efectos que esta produce sobre los ciudadanos, sobre las instituciones, sobre las políticas, y de esas reflexiones y análisis, pues, todos hemos generado posiciones en torno a lo que ocurre.

Quizás hay un elemento que ha adquirido una notoriedad muy relevante en esta crisis, que es el problema de los desahucios, una parte de las consecuencias de esta grave crisis económica que estamos viviendo. Recuerdo que el grupo al que represento presentó aquí, en esta Cámara, antes de las elecciones generales últimas, una proposición no de ley que trataba de intervenir sobre este tema. Cierto es que entonces no tenía la relevancia mediática, de impacto público, que tiene hoy. Tal fue así que esa proposición no de ley que presentaba Nueva Canarias a esta Cámara fue enriquecida y enmendada por los grupos de esta Cámara y se aprobó por unanimidad. Entonces decíamos, en esa proposición no de ley, que era necesario regular la dación en pago porque este era un problema del sistema hipotecario español que necesitaba, por tanto, respuesta. En esa PNL, aprobada aquí por unanimidad, hablamos de la necesidad de retrasar las ejecuciones hipotecarias por el daño irreparable que producían a las familias; y hablábamos también de aumentar las cantidades sobre las que se podían embargar los bienes y recursos de las familias. En definitiva, en aquella proposición no de ley, que, insisto, aprobamos por unanimidad, hacíamos una primera aproximación desde este Parlamento a esa problemática.

El impacto mediático de la PNL aprobada aquí fue nulo, nulo, algún medio recogió alguna referencia. Ha sido en el año 12 donde la dimensión del problema ha adquirido un alto nivel, yo diría un fenómeno social muy significado. Los que tenemos cierta edad y alguna experiencia podemos decir que en pocas ocasiones movimientos sociales autónomos que se organicen en torno a problemas concretos hayan alcanzado tanto nivel de impacto, de conciencia, de influencia en la colectividad y a partir de ahí entre los poderes. Es el movimiento antidesahucio un movimiento digno de respetar por lo que ha significado de respuesta a los problemas de sectores ciudadanos debilitados; y digno también porque ha conseguido un tema nada fácil, y es aunar voluntades, mayorías sociales, en torno a ese problema. Es, seguro, según todos los analistas, el problema que en estos momentos más une a la sociedad española en torno a la defensa, a las soluciones de este problema. Ha sido capaz de movilizar a la gente en la calle, a la opinión pública, pero ha obligado a las entidades bancarias a mover ficha, que no lo suelen hacer sino cuando hay leyes o problemas gordos, y ha obligado también a los parlamentos, a los gobiernos, a responder a esa demanda.

Nosotros creemos que las respuestas institucionales hasta ahora a este fenómeno han sido claramente insuficientes. Lo fueron en la etapa socialista, que ya el fenómeno existía. Solo hubo un real decreto que atemperó y suavizó lo referido a los embargos, pero nada se hizo. Y en esta etapa del Partido Popular ha habido dos reales decretos-leyes, el primero, de marzo, que establece el llamado código de buenas prácticas, que no ha servido, que no ha funcionado, porque no es de obligado cumplimiento, y un real decreto-ley que se produjo en el mes de noviembre, que nosotros creemos que es confiscatorio, y luego lo explicaré.

Y sobre todo se ha producido una intervención, que es la de la Junta de Andalucía, a través de un decreto-ley que establece la oportunidad de actuar parcialmente sobre el problema para parar los desahucios y, por otra parte, movilizar las viviendas vacías. Nosotros, inmediatamente de que salió el decreto, pues, tuvimos oportunidad de leerlo y vimos que el Gobierno se puso a la cabeza de la manifestación. Ayer el presidente aquí se comprometió a promover un cambio de las leyes canarias para posibilitar esos dos grandes objetivos: parar los desahucios vía expropiación temporal y, por otra parte, movilizar el parque de viviendas.

A nosotros nos parece bien, nos parece bien y luego explicaré por qué nos parece bien, cómo creemos que se puede hacer y las dificultades con las que nos vamos a encontrar, pero hoy el Gobierno debe explicarnos con más detalle lo que ayer fue un...

El señor presidente: Muchísimas gracias, don Román Rodríguez.

Por el Gobierno, doña Inés Rojas, señora consejera.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Señorías.

Comparece el Gobierno hoy a petición del Grupo Parlamentario Mixto para informar sobre las medidas que está adoptando o que piensa adoptar el Gobierno para paliar el drama que suponen los desahucios en Canarias.

Señorías, está claro que las leyes se hacen siempre para satisfacer la demanda que en todo momento va teniendo la sociedad. También está claro que las leyes casi nunca, ni deben hacerlo seguramente, van por delante, pero lo que no pueden hacer las leyes nunca es quedarse atrás. Está claro que estamos en una situación diferente y que, por lo tanto, la legislación ya en gran parte no soluciona ni sirve para las demandas actuales que tiene la sociedad.

Por eso, señorías, decirles que, tal como anunciaba el presidente del Gobierno ayer, el Gobierno va a modificar la Ley 2/2003, de Vivienda de Canarias, con dos objetivos principales: conseguir la paralización del lanzamiento de las ejecuciones hipotecarias, es decir, de los desahucios, y lograr la movilización del parque de viviendas vacío de Canarias.

Como bien les decía, el presidente del Gobierno ya ayer fijó aquí la posición del mismo al respecto de este drama que está viviendo nuestra sociedad como consecuencia de la pérdida de su vivienda, que siempre viene aparejado, primero, de la pérdida de empleo, y, por lo tanto, anunciaba también las medidas que está estudiando el Gobierno para ponerlas en marcha.

En primer lugar contextualizar esta iniciativa, ya que los desahucios se están convirtiendo en una de las caras más amargas de la crisis. Familias que jamás sospecharon hace apenas unos años que se quedarían sin trabajo hoy ven cómo no pueden afrontar el pago de su hipoteca y, por lo tanto, no solo pierden el trabajo sino también su hogar, y encima, por si ya era poco, con una deuda, se quedan con una deuda prácticamente insostenible.

Mientras se produce esto, señorías, aunque los datos no son del todo fiables, como saben, la paradoja, en España -parece el mundo al revés-, hablan de que tenemos 3 millones en este país de viviendas vacías y con tantas dificultades en las familias para acceder a ellas.

Hoy la ciudadanía, señorías, está pagando un altísimo precio porque las leyes no se han adaptado con la suficiente premura a la realidad. Y la realidad es que por un lado hay muchísimas viviendas y, por otro, familias, como les decía, que hasta hace poco no se podía pensar en esto, la clase media, que podían comprar una vivienda con cierta solvencia, ahora son desalojadas y desahuciadas porque esas casas que eran suyas engrosan aún más el parque de viviendas vacías, porque los nuevos propietarios pasan a ser las entidades financieras, que además tampoco -dicho sea de paso- pueden venderlas. Y quizás lo más sangrante, lo más dramático, la familia permanece con una deuda.

En 2012 en España se produjeron 46.000 desahucios, 2.400 de ellos en Canarias -estamos en la media del Estado-. Y comoquiera que les decía que el escenario es distinto, que estamos ante una realidad diferente, la norma también debe ser distinta, y la norma debe proteger el bien general, el bien de la ciudadanía, y tenemos que poner toda nuestra capacidad e imaginación para que adaptemos esa legislación a la nueva realidad.

Por ese motivo, con las distintas medidas que el Gobierno tenía previsto y que ha venido incluso llevando a cabo, en lugar de una serie de medidas, abre una posibilidad bastante importante el decreto de Andalucía. Y es cuando el Gobierno decide que esas medidas, ver la posibilidad y explorar que pudiéramos hacerlo de la misma forma. No es posible en Canarias de la misma forma pero sí es posible modificando nuestra ley de vivienda, y eso es lo que va a hacer el Gobierno de Canarias por la vía de urgencia, para evitar que ya no solo estos 2.400 desahucios que se han producido en el último año, sino, señorías, los 9.400 expedientes que hay en estos momentos sobre la mesa de las distintas entidades financieras que operan en Canarias, pendientes de que en los juzgados canarios se lleven a cabo estos desahucios.

El Gobierno, por tanto, modificará la ley con dos objetivos principales. El primero de ellos, lograr... No sé cuál poner en primer lugar, pero está claro que el de los desahucios es un drama importantísimo, y quiero poner de manifiesto que es un drama importantísimo el desahucio a través de las hipotecas, pero que también es un drama, más silencioso, sí, pero un drama, el de los desahucios en las viviendas en alquiler. Y ese, señorías, prácticamente no somos capaces de cuantificarlo, pero se están produciendo desahucios. Yo diría que en estos momentos es tan importante o más el desahucio de las viviendas libres en alquiler -porque ya saben que el desahucio en la vivienda protegida no se produce en Canarias-, tan importante como el desahucio por el lanzamiento de la ejecución de hipoteca. Son 9.400 los expedientes y, por lo tanto, 9.400 familias las que en estos momentos pueden tener una esperanza al modificar esta ley para reorientar precisamente esos desahucios; lograr que aquellas familias que estén en una situación de emergencia social no sean desahuciadas de su vivienda, no salgan de su vivienda, y especialmente aquellas familias que tengan niños a su cargo. Y que además esas viviendas que el banco se queda y que, como bien decía antes, ni siquiera puede vender y que no está poniendo con la agilidad que fuera necesaria, no está poniendo a disposición de las familias, incluso en un alquiler social, el Gobierno, durante al menos tres años, expropiará el uso de esas viviendas para ponerlo, con el justiprecio, a disposición de las familias que tienen más dificultades.

Pero también es importantísima -por eso les decía lo del desahucio de los alquileres- la movilización del parque de viviendas vacías en Canarias. Creo que es una medida absolutamente extraordinaria que va a beneficiar a todos; que desde luego, ante una situación como la que tenemos, es absolutamente insostenible que tengamos una situación, las familias, tan complicada para asegurarse un techo y haya tantos techos sin uso en Canarias, construidos en Canarias. Creo que ni es justo para las familias que lo necesitan ni siquiera para las propiedades de esas viviendas. Hay que recalcar muchísimo, tal como hacía el presidente ayer, que cuando hablamos de poner a disposición en el mercado del alquiler, con bastante posibilidad de un alquiler social, o por lo menos un alquiler acorde a la realidad socioeconómica de donde está ubicada la vivienda, hay que decir bien claro y alto que no se está afectando, no se afectará la modificación de esta ley a personas físicas, que tengan una, dos, tres, un par de viviendas, y que a lo largo del año, en distintas épocas, pudieran tener alquiladas; que estamos hablando de bancos, de entidades financieras, de empresas, de promotoras, de sociedades, que desde luego tienen promociones ingentes de viviendas, no tienen salida, y para ellos también tiene un coste, hay que decirlo, esa vivienda vacía. Y, por lo tanto, es absolutamente imprescindible que pongamos los medios, los mecanismos, para que ambos, desde luego, puedan ser posibles y se pueda conciliar el beneficio de todos. No los beneficios que hemos tenido en los años atrás, pero sí el beneficio suficiente para hacer sostenible la situación de la realidad social que tenemos en estos momentos.

Decirles, señorías, que así como en Andalucía estas medidas ya pueden empezar a ejecutarse porque lo han hecho por decreto, nosotros tenemos que ser muy ágiles, muy rápidos, modificar una ley lleva sus tiempos. El presidente ha dicho que se hará por la vía de urgencia. Vamos a trabajarlo para que llegue al Parlamento lo antes posible. Y lo que sí nos gustaría a todos, y el presidente ayer hacía también ese llamamiento, es que aportemos en la medida de las posibilidades para que esta ley salga con absoluto consenso de este Parlamento y podamos marcarnos todos una norma para la situación que tenemos en este momento, para la realidad social que tenemos en este momento. Creo que desde luego podríamos ser, absolutamente igual que hemos visto con alguna otra comunidad, como ha podido ser la de Andalucía, ha tomado esas medidas, que otras comunidades puedan hacer lo mismo y de verdad este país pueda empezar a salir adelante.

Yo sé que no es fácil que en un primer momento modifiquemos... Ya lo decía el promotor de esta comparecencia: en aquel momento aquella PNL -todos la recordamos-, sí, nos preocupaba, estaba ahí, y además dijimos "se cae el sistema financiero"; o sea, no podemos decretar esa dación en pago, porque todo lo que eso puede suponer. Y tuvo el impacto que tuvo: casi nulo, casi nada. En estos momentos por encima del empleo se ha puesto la vivienda. Por encima del empleo está, en el punto número 1, el primer problema que tienen las familias, que tienen las personas en estos momentos. Por eso aquello que ya iniciamos y que pudo ser importante tiene que ampliarse muchísimo más, recordando que el Gobierno de Canarias, allí donde sí podía, porque su ley de vivienda lo permite, que es en la vivienda protegida, tomó dos iniciativas importantes: el no desahucio a las familias que viven de alquiler en una vivienda protegida y, otra muy importante, señorías, la dación en pago. En la disposición adicional novena del decreto que regula el Plan Canario de Vivienda 2009-2012 aquello también pasó desapercibido, señor Rodríguez. Solo algunas comunidades, cuando lo presentamos en la sectorial de Vivienda, nos dijeron, "¿por qué hacen ustedes eso, la dación en pago, ustedes no creen que...?". Pues fíjense la importancia que tiene, señorías, que decretamos la dación en pago, pero además le decíamos al banco: "por la deuda que tiene pendiente de esa hipoteca se queda usted la vivienda, pero, es más, la vivienda que usted se queda usted la ha de poner en alquiler a un precio razonable, asequible para las familias, y tiene prioridad la familia que ha dado la vivienda en pago". Y eso está decretado en Canarias, señorías, también había pasado desapercibido, pero que cobra muchísima...

El señor presidente: Sí, tiene un minuto, doña Inés, para concluir.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Gracias, señor presidente.

...pero que cobra muchísima actualidad en estos momentos, porque aquello que el Gobierno reguló en su momento para las viviendas protegidas es bastante factible hoy con la modificación de la ley de vivienda también para la vivienda libre.

Por lo tanto, señorías, volverles a reiterar, la modificación de la Ley de Vivienda de Canarias para ayudar a que esa ley responda a las necesidades sociales que tiene en estos momentos la sociedad canaria, con esos dos objetivos: evitar los desahucios a las familias que estén en una situación complicada y desde luego movilizar el parque de viviendas vacías.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Inés Rojas, señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

Para los grupos no solicitantes de la comparecencia, el Grupo Socialista Canario, don Manuel Fajardo.

El señor Fajardo Palarea: Buenos días, señorías.

Señora consejera, compartimos desde el Grupo Socialista la reflexión de que un gobierno, consciente de la cuota de responsabilidad que han tenido las entidades financieras y los propios organismos públicos en lo ocurrido en el tema de las hipotecas, no debería dudar en colocar el derecho de la vivienda a las personas susceptibles de ser desalojadas por encima de los beneficios de la banca. Y este es el parecer que subyace en la sentencia que el día -como usted bien sabe- 14 de marzo dictó el Tribunal de Justicia europeo, Sala Primera, que ha abierto la puerta a que muchos jueces no solo paralicen los desahucios o lanzamientos como consecuencia de la ejecución hipotecaria, sino que también anulen cláusulas abusivas de esas hipotecas e incluso lleguen a anular las hipotecas, hasta el punto de que el día 8 de mayo están citadas las cúpulas de los diferentes tribunales de justicia de todo el Estado para unificar criterios para poder dar solución a este problema. Y este es un problema que ha puesto encima de la mesa de debate, en el centro político, la sociedad civil organizada, y hay que reconocerlo.

Miren, ayer decía en mi intervención sobre la ley de transparencia que los partidos políticos estamos en deuda con la ciudadanía y, como estamos hablando de política, de desahucios y de lanzamientos, les voy a poner un ejemplo didáctico. Miren, yo creo que nosotros, esa deuda, estamos hipotecados porque hemos hipotecado gran parte de nuestra credibilidad por no haber sabido dar respuesta a este gran problema. Señora consejera, ¿podemos pagar nuestra hipoteca?: sí, con una dación en pago. Y le voy a decir: la dación en pago que nosotros tenemos que hacerles a los ciudadanos son propuestas legales que den solución a ese gran problema, instrumentos legales, porque no hay otra.

Mire, estamos en la misma situación de muchos de los que van a ser desahuciados: los políticos podemos ser lanzados con un reproche de desafección con respecto a nosotros de imposible solución si no hacemos las cosas bien. Le conminamos a usted y al Gobierno de Canarias a que hagan las cosas con estudio, que hagan las cosas rápidas, de forma contundente, eficaz pero con estudios, porque no es un tema fácil. Esta no es una cuestión, señoría, de arrancarle la cabeza a nadie, es una cuestión de ponerle la cabeza al asunto, y yo confío en que el Gobierno que preside esta comunidad, el Gobierno que dirige esta comunidad, con esas medidas que se han anunciado y con otras que pudiéramos aportar en el trámite de ese proyecto de ley, podamos dar solución de una vez por todas a lo que usted ha calificado como el primer problema de los ciudadanos después del paro.

No voy a hablar de la iniciativa legislativa popular, no hay que buscar culpables, vamos a intentar que ustedes, porque es lo que nos pide también la plataforma, que se ha reunido con todos los grupos, también coadyuven para que el Gobierno central, que todavía está a tiempo, cambie de rumbo y pueda dar solución a este grave problema.

El señor presidente: Muchas gracias, don Manuel Fajardo.

Por el Grupo Nacionalista Canario, don José Luis Perestelo.

El señor Perestelo Rodríguez: Gracias, señor presidente. Señorías. Buenos días, señora consejera.

Decía mi abuelo que la soga siempre se rompe por lo más débil. Seguramente él se lo escuchó a sus abuelos y desgraciadamente sigue vigente hoy, que yo también tengo edad para ser abuelo. Y eso, señorías, pone de manifiesto nuestro fracaso en las políticas sociales, nuestra incapacidad para garantizar los derechos a los ciudadanos, y algo falla cuando en el año 2012 se han producido, como decía la consejera, casi 2.400 desahucios en Canarias, casi seis diarios. Seguro que ha sido nuestra preocupación en estos años pero toca ahora que sea nuestra ocupación, porque así nos lo piden los ciudadanos, que son quienes sufren en primera persona esta situación.

La señora consejera ha puesto de manifiesto algunas actuaciones llevadas por su departamento y otras que plantea llevar y activar en los próximos meses. El presidente del Gobierno ayer, en su comparecencia en la sesión de control, anunciaba que se pondrán en marcha medidas para intentar dar una solución a este problema, porque sigue siendo un sinsentido que entidades que han sido rescatadas con el esfuerzo económico de la ciudadanía, porque necesitaban de ese apoyo para salir del peligro de la bancarrota, de la quiebra, de la insolvencia o incluso de la liquidación o la ruina, son las mismas que cuando esa ciudadanía les pide ayuda se la niegan. Los mismos a los que se les dio dinero rápidamente ahora se quedan con la vivienda de unos ciudadanos que no pueden pagar algo a lo que -es verdad- se habían comprometido pero que por circunstancias imprevistas, sobrevenidas, no pueden afrontar y, lejos de buscar una solución, como se les buscó a ellos en su día, aun sabiendo que el esfuerzo nos iba a costar a todos, se quedan con unas viviendas que ni siquiera podrán ocupar, con las que no ganarán nada. No pueden, no podemos demonizar a esos ciudadanos porque son personas de buena fe que intentan salvar lo poco que les queda o les quedaba y estoy seguro de que están dispuestos a llegar a un acuerdo para darle a su familia un techo bajo el que estar.

Ya nos lo ha dicho la propia Unión Europea de forma muy clara: la ley hipotecaria española es injusta. De nada sirve ir echándonos la culpa los unos a los otros, lo que importa en estos momentos son las soluciones.

En definitiva, como decía al principio, en caso de salir mal un asunto, quien sufre las consecuencias siempre es el más débil.

Luego, señora consejera, toca oír a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, porque han tenido la valentía de poner en el debate público y político el drama de muchas familias que vivían, silenciadas y en la más absoluta soledad, un drama que se agotaba en sí mismo. Toca poner a disposición de las familias el parque de viviendas vacías de las propias administraciones. Toca escuchar, repito, para que con el adecuado consenso buscar fórmulas que resuelvan de una vez un drama que lleva demasiado tiempo conviviendo con nosotros, al que muchas veces le hemos colocado una sordina que ahora se nos convierte en un sonido al que los poderes públicos necesitamos dar respuesta adecuada...

El señor presidente: Termine, don José Luis, termine (El señor Perestelo Rodríguez señala que ha finalizado su intervención.)

Ah, bueno, pues, muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, doña María Australia Navarro.

La señora Navarro de Paz: Gracias, presidente. Señorías.

Después de haber escuchado algunas de las intervenciones que me han precedido en este Pleno, la verdad es que me pregunto si hemos abordado con seriedad y rigor el problema de los desahucios o hemos asistido por parte de algunos a un ejercicio de hipocresía política. La verdad, no lo sé. Lo que sí sé es que gracias al Partido Popular vamos a contar por primera vez en este país con una ley que defiende a los deudores hipotecarios y les protege frente a los desahucios. Eso sí lo sé, como lo saben todos ustedes, señorías.

También, como saben que durante los siete años del Gobierno socialista no se aprobó ninguna medida en defensa de los ciudadanos afectados por las ejecuciones hipotecarias y los desahucios. Todo lo contrario. El Gobierno del PSOE, con el apoyo o el silencio cómplice de Coalición Canaria, endureció la legislación en esta materia. Sí, señorías, en esos años el PSOE en las Cortes rechazó hasta 10 iniciativas parlamentarias en defensa de los ciudadanos afectados, 4 de aquellas 10 iniciativas fueron presentadas por el Partido Popular. Ninguna, ninguna, por Coalición Canaria. Tampoco por el PSOE, claro. Por el contrario, el Partido Popular, en el 2012, aprobó no uno sino dos reales decretos. Y esta es la realidad, señorías, y esta es la diferencia entre unos y otros. Por eso, señorías, produce vergüenza ajena escuchar manifestaciones en este hemiciclo de aquellos que entonces legislaban contra los afectados o simplemente guardaban silencio. Hay que tener vergüenza política, señorías, sí, porque por mucho que algunos pretendan hoy levantar la voz ni unos ni otros hicieron nada, ¡nada!, absolutamente nada, para proteger legalmente a las familias amenazadas.

Señorías, dicho esto, me gustaría resaltar que, expropiando, como ha dicho el señor Rivero, créanme, con ello no se soluciona el drama de los desahucios. Es más, yo creo que el señor Rivero tendrá que explicar por qué y con qué dinero pretende expropiar las viviendas a los bancos, cuando el Gobierno, señora consejera, tiene vacías 900 viviendas que puede utilizar perfectamente para paliar este drama y, además, señora consejera, lo haría de forma inmediata.

Y en cualquier caso, dado que el proyecto de ley del Gobierno de la nación está más avanzado y es muy ambicioso, yo entiendo, señorías, que el proyecto de ley del Gobierno de Canarias, el proyecto de ley del señor Rivero, el corta y pega del decreto-ley de la Junta de Andalucía, señorías, resulta inútil, ineficaz, pero sobre todo llega tarde.

Por lo tanto, señorías, si quieren seguir quejándose, háganlo, si quieren seguir o pretender seguir engañando a la gente, háganlo, pero desde luego nosotros, los hombres y mujeres del Partido Popular, este grupo parlamentario, el Gobierno de la nación, va a seguir trabajando por estos ciudadanos, porque de verdad lo necesitan.

Muchas gracias.

El señor presidente: Gracias, doña María Australia.

Por el grupo solicitante de la comparecencia, don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: Yo quiero empezar esta segunda intervención reconociendo a quien de verdad ha hecho el mejor trabajo frente a este desastre, que son los ciudadanos y sus organizaciones. Yo creo, lo he creído siempre, ahora más que nunca, que la sociedad organizada tiene capacidad para revertir y cambiar las cosas y que afortunadamente la historia de la humanidad lo pone en evidencia, ¿no? De forma que la movilización y la conciencia son instrumentos básicos para cambiar y han sido los ciudadanos los que han forzado una parte sustancial de los cambios.

Esta es una problemática grave pero es solo uno de los efectos de la crisis. Hay otros efectos de la crisis que desgraciadamente no se expresan con la claridad, con la contundencia, con la visibilidad que se han expresado en el movimiento antidesahucios. Pero la crisis tiene más caras y más rostros y hoy hablaremos de algunos de ellos en la sesión no sé si de esta mañana o de la tarde.

Y, por lo tanto, quiero reconocer a los ciudadanos que, de forma autónoma, organizada, han estado en solitario, en silencio, casi en la marginación, peleando por los más débiles, y eso es un buen síntoma de que tenemos una sociedad civil, una ciudadanía capaz, consciente y dispuesta a pelear por lo justo. Pero han conseguido un tema muy relevante, y es colocar esto en la conciencia colectiva, y eso no es nada sencillo. En una sociedad muy material, muy individualista, donde lo principal es lo de uno, por no decir que lo único, que hayan logrado penetrar en la conciencia colectiva y que hoy esto sea una preocupación de la mayoría es expresión, producto, del trabajo de ese movimiento social, al que yo quiero reconocer su trabajo y su influencia en que hoy, en esta y en otras instituciones, estemos hablando de esta problemática.

Dicho esto, soy plenamente consciente de que la política de vivienda es mucho más que frenar los desahucios. Hoy no tenemos condiciones para hablar de la política de vivienda, que es un elemento mal resuelto en los países desarrollados y mal resuelto en España, pero no toca, creo yo, hoy abarcar el conjunto de la política de vivienda, que es compleja, difícil, donde se han producido avances pero donde también hay muchas asignaturas pendientes. Estaríamos hablando esencialmente de frenar uno de los aspectos más dramáticos del sistema de la vivienda en España, en este caso del sistema hipotecario: los desahucios. Sé que la pretensión, la lógica, es que no nos conformemos con esto. Esto no es sino un paso para resolver una parte de los problemas. Aquí hay asuntos como el de los alquileres que tienen tela o hay asuntos como la gente que no tiene vivienda y no la ha tenido nunca, ni en régimen de alquiler ni en régimen de propiedad, la gente que espera a acceder a este derecho algún día, que aquí tenemos listas de 26.000 familias. Por lo tanto, de todo eso podíamos hablar, pero creo que lo que toca es hablar del problema de los desahucios.

Es evidente que las Cortes Generales no han estado a la altura de las circunstancias, ni antes ni ahora, es superevidente. Es tan evidente que han sido gobiernos territoriales los que han empezado a actuar aprovechando los resquicios que la legalidad vigente permite. Es evidente que los jueces, aquí y en Luxemburgo, están interpretando, con los resquicios que permite la actual legislación, que esta legislación es un desastre. Y en Burgos y en Castellón y en Lanzarote hay jueces que dicen "esto hay que pararlo". Y el tribunal europeo ha dicho que las cláusulas del sistema hipotecario español son abusivas. Hay movimientos de jueces, fiscales y magistrados, de gente del mundo de la justicia, que dicen que hay que parar los desahucios hasta recomponer esta situación.

De manera que las Cortes Generales no han estado a la altura de las circunstancias, ni antes, en la etapa socialista, ni ahora, en la etapa del Partido Popular. Los dos reales decretos-leyes que se han puesto sobre la mesa, el primero no ha servido para nada. Lo reconocen, por eso sacaron el segundo real decreto-ley, que yo sostengo que tiene ribetes confiscatorios, vamos a no ser más categóricos. Y digo esto porque permite, en condiciones imposibles... Porque el problema es quién accede a esta posibilidad, y las condiciones que pone el real decreto-ley de noviembre para acceder a la condición de situación de emergencia en las familias, no es que hay que ser pobre, es que no hay que estar. Es decir, es imposible o casi imposible encontrar a alguien que tenga todos los requisitos, de exclusión, pobreza, marginación, sumados. Es decir, no hay beneficiarios potenciales porque las condiciones son tan extremas que es casi imposible encontrar a alguien que las reúna todas. Pero el decreto dice, el real decreto-ley dice que quien reúna esas condiciones -imposibles- se queda en la vivienda dos años sin pagar. Eso es lo que dice y no dice quién paga.

De manera que si pusiéramos en entredicho, desde el punto de vista de la constitucionalidad de la medida, eso y lo del decreto-ley de Andalucía, yo sostengo que es muchísimo más constitucional cuando hay un justiprecio y una compensación económica cuando yo intervengo un bien particular. De manera que yo creo que eso es un cuento, un cuento. ¡Un cuento! De manera que es muy importante esa acción. Esta es una acción que no va a resolver el problema de fondo, pero va a impedir que la gente que tenga una ejecución hipotecaria y se va a ir a la calle, lo pares por este procedimiento.

Además sostengo lo siguiente. Porque me he leído las opiniones de los banqueros, yo ya he detectado en dos o tres opiniones de los banqueros que lo que menos les preocupa -fíjense lo que les voy a decir- son las expropiaciones temporales. ¡Lo que menos les preocupa! Por una razón, entre otras cuestiones porque van a ser las que van a ser; segundo, porque van a recibir algo, frente a otras que tienen vacías, otras casas que tienen vacías; y porque además yo creo que va a tener una notable regulación e incluso pueden mejorar hasta su imagen. Donde están preocupados es en el parque de viviendas vacías. Ese asunto tiene tela y ahí -el Gobierno tendrá que pensar qué pretende proponer sobre la materia-, en el parque de viviendas vacías, sí que hay tela, porque ahí hay millones de viviendas privadas. Estamos siempre dejando fuera a los particulares -esto es muy importante que el Gobierno lo deje claro-. Aquí no estamos hablando del ciudadano o la ciudadana que a lo largo de su vida se ha hecho con dos viviendas y las tiene alquiladas; estamos hablando de entidades financieras, estamos hablando de inmobiliarias, estaríamos hablando de sociedades de gestión de activos, estamos hablando de bancos malos. De eso estamos hablando. Es a estos a quienes se dirigen las medidas expropiatorias, porque son los que han hecho hipotecas y son los que se quedan con el bien. Y en relación a las viviendas vacías también estaríamos hablando de estos, pero estos son los poderosos, y esta segunda parte de la película, sí, sí, esta segunda parte de la película, las viviendas vacías, es donde hay que afinar, porque lo primero yo sostengo que es perfectamente posible.

Yo ayer me he llevado una de las pocas alegrías que me he llevado en este Parlamento en el año y medio. Se lo tengo que decir. Yo creo que es una buena noticia para la sociedad canaria y sería bueno que los que no lo perciban así por razones partidistas se sacudan el partidismo y piensen en general, en el común. Yo creo que esa medida es una medida positiva, positiva; una medida inteligente, si se cumple. De manera que ahora el Gobierno tiene que ser rápido, diligente, claro y pedagógico en explicar este tema. Me refiero a las expropiaciones temporales, a las ejecuciones hipotecarias que reúnan unos requisitos, que no pueden ser los de los reales decretos-leyes de España porque son incumplibles. Como mínimo tienen que ser los del decreto-ley de Andalucía, que son más flexibles, más realistas. Y eso lo tiene que hacer rápido y de forma explicada.

Y luego tiene que echar una buena pensada a la segunda parte de la película, que es la de las viviendas vacías. Es razonable buscar mecanismos que incentiven la movilización del parque de viviendas vacías, 130.000 en Canarias, 3 millones en el conjunto de España, y ahí puede haber instrumentos fiscales, puede haber instrumentos de todo tipo, y es donde el Gobierno ahí yo creo que tiene que afinar, porque es aquí donde las dificultades jurídicas yo creo que se acrecientan.

En cualquier caso, lo que sí le pedimos al Gobierno es, se ha comprometido de forma clara y categórica ante la opinión pública a promover una reforma legal que garantice que las ejecuciones hipotecarias en determinadas condiciones de vulnerabilidad, que tienen que ser razonables, insisto, razonables las condiciones, se produzcan de forma casi inmediata, por los procedimientos que permita esta Cámara, de forma rápida; y que en el segundo tema, el de la movilización del parque de viviendas, que piense bien cómo lo van a hacer, porque esta, insisto, tengo la impresión de que es bastante más complicada.

Y tercera cuestión, hay que buscar los cuartos, las perras, el dinero, que no es baladí, que no es baladí. Primero porque estamos hablando de situaciones que pueden ser miles. El presidente apuntaba ya dos fuentes... Al presidente ayer no se le entendió bien, ¿eh? Yo lo entendí porque yo... yo sé leer entre líneas, digamos. No se le entendió bien. Las fuentes financieras que él aportó ayer son de entrada, de entrada, una quimera. Lo digo porque las hemos estado analizando. Es muy importante que sobre este asunto afinen de dónde van a sacar las perras, porque hay justiprecio, y yo estoy de acuerdo en que haya justiprecio. No, no, está claro. Es que, señorías... (Rumores en la sala.) Es que les tendría que explicar lo que son las expropiaciones. No, yo creo que no lo saben.

El señor presidente: Por favor, termine, don Román.

El señor Rodríguez Rodríguez: Yo no interrumpo nunca a nadie. ¿Ustedes me han visto a mí interrumpir alguna vez a alguien? Alguna cosa le digo cariñosa a Barragán de escaño a escaño, pero yo nunca interrumpo a nadie. Además es feo.

Les digo, sobre el tema de las viviendas vacías afinen el procedimiento y busquen un mecanismo para financiar este tema, que puede tener significación. Nosotros hemos hecho cálculos de posibles casuísticas en los próximos tres años, donde la crisis va a continuar. Ese rollo que viene soltando todo el mundo, que esto se acaba en dos años, no es verdad, y ojalá me equivocara. Es que no es verdad...

El señor presidente: Muchísimas gracias, don Román Rodríguez.

Para concluir la comparecencia, la señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, doña Inés Rojas.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Gracias, señor presidente.

Señorías, tal como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el tribunal europeo lo ha dicho bien alto y bien claro, que desde luego se producen cláusulas abusivas en las hipotecas españolas y, por lo tanto, yo creo que yo también voy a empezar esta segunda intervención agradeciendo, primero de nada, al movimiento ciudadano, que es realmente quien cambia las cosas, quien realmente mueve cimientos es precisamente la gente. Y también agradecer hoy especialmente a aquellos jueces que se están acogiendo precisamente a esta sentencia para evitar añadir más drama a las familias en Canarias. Por lo tanto, mi agradecimiento en nombre del Gobierno a esos jueces que, acogiéndose al tribunal europeo, logran que el movimiento ciudadano que se ha hecho a través de la plataforma de los no desahucios, pues, está logrando que desde luego haya un hilo de esperanza o un halo de esperanza en esta sociedad.

Y también tengo que decirles, señorías, porque todos estamos machacándonos mucho últimamente, que no nos viene nada mal que nos machaquemos, y me refiero al sector público, al sector de las personas que estamos trabajando en política y a las personas que estamos trabajando en las instituciones públicas. Estamos diciéndonos, porque es verdad, que nos hemos preocupado pero no nos hemos ocupado lo suficiente o con la contundencia necesaria que la realidad desde luego venía demandando y que no fuimos capaces de ver por las circunstancias que fuera. Pero yo creo que lo importante, una vez reconociendo que, efectivamente, nos ha pasado eso, señorías, tenemos una oportunidad brillantísima, siempre la dan los momentos duros, siempre dan esas oportunidades, de que desde luego nos conciliemos con la ciudadanía, la gente vea, sepa que somos la solución, que la parte institucional, la parte política en una democracia es la herramienta que canaliza lo que el movimiento ciudadano está pidiendo que se haga. Somos los servidores de la gente; por lo tanto, machacarnos, sí, porque no lo hemos hecho bien, pero desde luego no nos quedemos en ese lamento de decir que somos tan malos y que lo estamos haciendo tan mal, sino al revés, nos ha pasado esto y estamos aquí para responderle a la gente, porque para eso somos servidores públicos.

Desde el Grupo Nacionalista -que además me gustaba eso de ocuparse y no solo preocuparse-, hablaba el Grupo Nacionalista, el señor Perestelo, de que dinamicemos las viviendas vacías, incluso las viviendas vacías públicas, y quiero con esto decirle a la señora Navarro, del Grupo Parlamentario Popular, que, por favor -para estar a la altura de lo que estábamos diciendo antes-, el Gobierno ha anunciado, el presidente del Gobierno lo hizo además en el debate de la nacionalidad, es una buena noticia... El informe de la Defensora del Pueblo además así lo dice, dice dos cosas sobre Canarias. La primera, que somos el segundo parque público más grande de España después del País Vasco, lo primero; y lo segundo, que somos la única comunidad que en estos momentos está en un proceso de adjudicación de viviendas públicas.

Señoría, eso es así, tenemos 400... señora Navarro, 443 viviendas. Es que, si no somos serios, si vamos a seguir hablando así, pues, bueno, hablaremos directamente para la ciudadanía y que la ciudadanía desde luego entienda, pero por eso estamos muchas veces machacándonos como nos estamos machacando. Y hemos dicho además, ya no hay 900, porque en prácticamente un mes se han alquilado 200 viviendas... (Ante los comentarios que se producen desde los escaños.) No solo no es para burlarse sino que es para decir: ojalá el Gobierno no tuviera 900, sino tuviera 2 o 3.000.

Entonces lo importante es, viviendas que el Gobierno de Canarias ha construido, somos la segunda o tercera comunidad única en España que lo hace, que ha construido viviendas para alquilar a las familias más desfavorecidas, que solo pagan de alquiler entre 2 y 90 euros, y viviendas que ha construido el Gobierno a través de la empresa pública Visocan para la venta, viviendas protegidas para la venta. En estos momentos saben sus señorías que no hay una entidad financiera que dé un crédito a las familias y el Gobierno las ha reconvertido en alquiler, y las está alquilando a 200, 250, 275 euros, dependiendo de la realidad socioeconómica donde está ubicada la vivienda. Esa es una buena noticia, no al revés, señorías, no al revés. Por eso me gustaría que de verdad... Miren, lo bueno es bueno, venga de donde venga. Si el Partido Popular, Gobierno de España -que me gusta más decirle Gobierno de España que Partido Popular, pero siempre recuerdan "el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular"-, si ha hecho algo bueno, lo bueno es bueno venga de donde venga, venga de donde venga. Si ninguno ha hecho lo suficiente, también tenemos que reconocer que no se ha hecho lo suficiente. Si ahora en el proceso estamos ampliando cada vez más para adaptarnos a la realidad que tienen las familias en estos momentos, pues, celebrémoslo, señoría, y hagámoslo con la mayor rapidez posible y con el mayor consenso posible. Porque el pasado, señorías, hablar del pasado, de que yo no aprobé, de que el otro sí hizo, de que el otro gobierno no quiso, el pasado ya solo es eso, pasado, que nos sirva para aprender. Ocupémonos del presente, señoría, y el presente es el que hará que tengamos un mejor futuro pero sobre todo un mejor presente. Es en este momento cuando las familias lo están pasando mal. No me vale que el otro no lo hizo el año pasado y no me vale que yo no lo haré el año que viene. Es ahora cuando lo tenemos que hacer y este es el momento justo en el que necesitamos del apoyo de todos para que estas medidas que anuncia el presidente, que anuncia el Gobierno de Canarias, de modificación de esta ley, las aprovechemos para encajar en esta ley todas aquellas medidas que hagan posible que la situación sea mejor en estos momentos.

El señor Rodríguez decía que hay 26.000 personas, aproximadamente, en el registro de demandantes de vivienda protegida, señorías. Y en el registro de demandantes de vivienda protegida quiero decirles una cosa: están en ese registro las personas que ganan menos de 11.000 euros y las que ganan hasta 50.000 euros, señoría. El Gobierno, los gobiernos, la institución pública, se dedica básicamente a las personas que ganan menos de 11.000 euros. ¿Por qué es tan importante ese registro? Porque las promociones privadas pueden saber dónde hay un nicho de mercado importante, un nicho de necesidad importante de viviendas, y saben además cuál es el ingreso de esas familias. Por eso quería aclararles que ese número es bastante simbólico.

Y en lo del parque de viviendas vacías comparto con el señor Rodríguez que es lo que más les preocupa a las entidades financieras. Lo comparto, es lo que más les preocupa. Porque está en poder de los poderosos, decía usted, pero, mire, es que los poderosos viven en este planeta, no se van a poder ir a otro sitio, viven en este planeta, viven en este país y viven en esta realidad, y la realidad es que esas viviendas que tienen los poderosos la sociedad no se las puede adquirir. ¿Para qué las quieren? Habrá que por eso habilitar mecanismos, como les decía al principio de mi intervención, en la primera intervención, que conciliar herramientas que hagan factibles las dos cosas y siempre en el contexto de la realidad en la que estamos en estos momentos.

Por lo tanto, señoría, creo que es inteligente y para mí generosidad es sinónimo de inteligencia. Añado también humildad, y hay que ser inteligente, humilde y generoso para aprender, para coger, para copiar las buenas ideas que puedan tener otros. Solo siendo así, solo siendo así, porque todos tenemos la tentación de por qué no se me ocurrió a mí y por qué no soy yo el primero, solo siendo inteligente, generoso y humilde, uno coge las cosas buenas que han hecho los demás en pro de que la ciudadanía de tu comunidad, como es el caso de la canaria, pueda de verdad también verse beneficiada con medidas que tomemos en Canarias. Por lo tanto, pongamos eso también en valor, señorías. Y sobre todo pido que esta ley va a llegar al Parlamento de la forma más rápida posible, porque si no no tendría sentido, de la forma más rápida posible, para ver si somos capaces de conciliar el consenso de toda la Cámara, que sería el de toda la ciudadanía de Canarias, para lograr de verdad que esta ley luche contra las injusticias.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señora consejera, doña Inés Rojas.

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  • 8L/C-0977 Sobre -Gobierno-, sobre medidas para paliar el drama de los desahucios.


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