Diario de Sesiones 77/2013, de fecha 24/4/2013
Punto 3

· 8L/C-0945 Comparecencia del Gobierno -consejera de Sanidad-, instada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el Real Decreto 16/2012 que cambió las bases del SNS.

El señor presidente: Siguiente comparecencia: de la señora consejera de Sanidad, instada por el Grupo Nacionalista Canario, sobre el Real Decreto 16/2012 que cambió las bases del Sistema Nacional de Salud.

Doña María del Mar Julios Reyes tiene la palabra.

La señora Julios Reyes: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y todas las presentes. Señora consejera.

Hace muy poquito, el 20 de abril, se cumplió el primer año de la aprobación y la puesta en marcha del Real Decreto-Ley 16/2012, lo que más popularmente se ha conocido como el inicio de la contrarreforma sanitaria del Partido Popular. Una contrarreforma que generó y sigue generando un profundo rechazo entre los profesionales y entre la sociedad y además una gran polémica, no solo por el fondo, que también, sino también por la forma. En el fondo porque con esta contrarreforma, pues, se ha dado pie o se ha iniciado un profundo cambio del modelo público del sistema sanitario en nuestro país. Se ha expresado legalmente la pérdida de derechos y de prestaciones y además esto ha venido acompañado de unos recortes sin precedentes en los servicios públicos sanitarios por parte del Gobierno del Estado. El Partido Popular está imponiendo un cambio de modelo, y digo bien, imponiendo, a pesar de que tenga mayoría absoluta, porque no fue eso lo que prometió a los ciudadanos a los que les pidió el voto. Esos ciudadanos que día a día se están manifestando en las calles de muchas comunidades autónomas en contra de las decisiones del Partido Popular. Se consumó un gran engaño electoral, por eso digo que también en las formas. En las formas porque justamente pocos días después del segundo consejo interterritorial en esta nueva legislatura, sin haberles dicho a los consejeros, el contenido de ese real decreto se conoció por una rueda de prensa. Cuatro meses nada más de haber sido nombrada la nueva ministra. Desde luego deberían o la conclusión que uno saca es que deberían...; seguramente ya lo tenían pensado antes, en la propia campaña electoral, pero no fueron capaces de, con valentía, defender lo que querían hacer con el sistema sanitario público.

Llevamos ya un año sin sanidad universal en España y en Canarias. Un año en que miles de personas, se estima que incluso 900.000, han perdido el derecho de acceso incluso a la Atención Primaria. Me pregunto, señora consejera, qué ahorro ha generado, de verdad, esta medida. ¿Se ha garantizado la sostenibilidad del sistema con esta medida? ¿Ha planteado la ministra algún estudio del sobrecoste que esta medida ha ocasionado en los puntos de Urgencias de nuestros centros sanitarios? ¿Ha planteado algún estudio para ver el impacto negativo en los indicadores de salud de medidas como la pérdida de la universalidad? Y ya que esta medida se tomó engañando y diciendo que era para impedir el turismo sanitario, le pregunto, señora consejera, ¿ha mejorado la facturación del turismo sanitario? ¿Esas facturas de los E-111, que no tienen nada que ver con la inmigración pero que nunca nos ha pagado adecuadamente el Gobierno del Estado, ha mejorado algo en esto? ¿En qué ha mejorado, en qué indicador de salud ha mejorado el copago en farmacia? Un copago que ha perjudicado a los más enfermos, a los pensionistas y a las personas con menos recursos. ¿Ha hecho algún atisbo el ministerio de evaluar el impacto en indicadores de salud de lo que está produciendo esta medida? ¿Ha mejorado esta medida verdaderamente la sostenibilidad del sistema? ¿Qué hay con el copago en el resto de las prestaciones, por ejemplo en el transporte, cuya orden iba a ser promulgada y todavía, que yo sepa, no se ha publicado en el boletín del Estado? Ojalá, ojalá que haya escuchado el rechazo profundo que además, desde esta comunidad autónoma, se hizo por el intento de poner también copago en el transporte aéreo en nuestra comunidad autónoma, el transporte sanitario.

¿Ha mejorado en algo la cohesión del Sistema Nacional de Salud, objetivo que se suponía perseguía este real decreto? Creo, señoría, que es que ahora hay más descohesión que nunca por la falta de liderazgo del Ministerio de Sanidad. Están seis comunidades autónomas, seis comunidades autónomas, recurriendo en los juzgados, en el Tribunal Constitucional. Cada comunidad autónoma ha resuelto como ha podido la atención a los inmigrantes. Cada comunidad autónoma ha resuelto...

El señor presidente: Sí, un minuto, doña María del Mar. Puede continuar.

La señora Julios Reyes: Sí. Concluyo, señor presidente.

...ha resuelto como ha podido el copago en la farmacia para intentar que sea lo menos lesivo a los ciudadanos. Yo diría, señoría, que cada comunidad autónoma ha tirado por donde ha podido y ahora hay menos cohesión que la que había antes.

¿Qué pasa con el Fondo de Cohesión Sanitaria? Ha desaparecido. Y además prometían un Fondo de Garantía Asistencial: ¿dónde está el Fondo de Garantía Asistencial? ¿Ha dicho algo el ministerio a este respecto? Que yo sepa, ni una norma ha desarrollado en este sentido.

Y, por último, señora consejera, ¿ha dicho algo, ha pensado hacer algo el Ministerio de Sanidad con los datos brutales del incremento del paro sanitario que se ha producido en toda España? El último dato lo teníamos en febrero: se han roto todos los datos que se habían producido a lo largo de la creación del Sistema Nacional de Salud en el incremento del paro médico en nuestro país...

El señor presidente: Muchas gracias, doña María del Mar Julios.

Quería, en nombre de todos nosotros que estamos presentes en la Cámara, darles la bienvenida a los alumnos y alumnas de 3º de Civil de la Universidad de La Laguna, de Derecho, y a los profesores que los acompañan. Esperemos que pasen un rato agradable y que les sea instructiva esta visita. Muy buenos días.

Tiene la palabra la señora consejera de Sanidad, doña Brígida Mendoza, para responder a la comparecencia.

La señora consejera de Sanidad (Mendoza Betancor): Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Buenos días a los alumnos y profesores de la Universidad, de Derecho, de La Laguna. Bienvenidos.

En esta comparecencia a solicitud del Grupo Parlamentario Nacionalista, de mi grupo, quiero responderles, señores diputados, que la norma a la que hoy estamos haciendo referencia, y que es un aniversario, efectivamente, unos días más, ha supuesto cambios fundamentales en el sistema sanitario público e inicia una verdadera, como usted decía, una verdadera contrarreforma sanitaria. Y además utiliza el estilo habitual en las leyes de acompañamiento y reúne gran cantidad de medidas de ámbito y características muy diversas que poco o nada tienen que ver con su supuesto objeto.

Todos fuimos testigos, y vivimos, la alarma social y las dudas que respecto a su constitucionalidad se generaron y varias comunidades autónomas, entre ellas Canarias, respondieron al Gobierno del Estado recurriendo ante el Tribunal Constitucional. En concreto, el recurso promovido por el Gobierno de Canarias fue admitido a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional.

Las principales modificaciones llevadas a cabo, que no las únicas, afectaron a los siguientes ámbitos: a los titulares del derecho a la asistencia sanitaria pública, la cartera de servicios, el Fondo de Garantía Asistencial y los recursos humanos. Las principales modificaciones llevadas a cabo -voy a empezar con la primera- las voy a desglosar, y empiezo en cuanto a los titulares del derecho a la asistencia sanitaria pública, y se requiere de nuevo la condición de asegurado o beneficiario para ser titular del derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos. El concepto de "beneficiario" pasa a ser más restringido y quienes no estén incluidos en los colectivos que puedan tener derecho podrían suscribir un convenio con la Seguridad Social y lo obtendrán mediante el pago de la correspondiente cuota o convenios especiales. Un año después esta figura aún no ha sido regulada de forma reglamentaria por el Gobierno de España, con lo que quienes tuviesen interés en acceder al derecho por esta vía se van a encontrar con una puerta que todavía está cerrada.

Este decreto, a partir del 1 de septiembre, dejó también desprotegidos a extranjeros no registrados ni autorizados como residentes.

Ante esta situación, con el máximo respeto a la normativa básica, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha garantizado a este colectivo la ampliación a la asistencia sanitaria con cargo al Servicio Canario de la Salud en diferentes supuestos.

En relación a la cartera de servicios, se articuló en torno a tres modalidades. Aquella cartera de servicios única del Sistema Nacional de Salud que conocimos, ahora dividida en básica de servicios asistenciales, la suplementaria y la de servicios accesorios, delimitando en cada caso las prestaciones que incluye y su forma de financiación.

La cartera común suplementaria incluye las prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria. Ahí está la farmacéutica, la ortoprotésica y los productos dietoterápicos, y el transporte sanitario no urgente. Quedan sujetos a copago. Ese día, a través de una comunicación muy breve en el consejo interterritorial y que luego fue además la misma fruto de una rueda de prensa, ese fue el día en que realmente nació el copago o repago, llámenlo como quieran, pero ese fue el día en que en la letra pequeña, que todavía no conocíamos, había que leerla en negativo para poder darnos cuenta de que aparecía este tipo de prestaciones con copago.

Estas medidas -lo he dicho y lo continuaré repitiendo- penalizan a los enfermos crónicos, a las rentas más pobres y a los ciudadanos que no tienen recursos, imponiendo limitaciones en aspectos relacionados con la resolución de los problemas de salud, como son el acceso al sistema mediante un transporte sanitario no urgente, imprescindible para muchos tratamientos, como puede ser la diálisis o tratamientos oncológicos, y que va a suponer una traba insalvable el acceso a ellos para muchas personas.

En cuanto al transporte sanitario no urgente, el mismo real decreto-ley establece que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad debería haber elaborado en el plazo de seis meses, a contar desde su entrada en vigor, una orden ministerial recogiendo los acuerdos del pleno del consejo interterritorial sobre transporte sanitario no urgente. Orden ministerial que aún no ha sido publicada.

En cuanto a la prestación farmacéutica, para la que desde los años 60 del siglo pasado se establecía la aportación del usuario, también vio alterado su régimen clásico. Cambia el copago en este ámbito estableciéndose en función del nivel de renta, lo que llevó como novedad la aportación de determinados pensionistas. Así, por ejemplo, para intentar minimizar sus efectos negativos la Consejería de Sanidad, de forma conjunta con los colegios oficiales de farmacéuticos, habilitó una aplicación informática para que ningún pensionista canario pagase más de lo que le correspondía. En su día ya manifesté a la propia ministra de Sanidad que el Gobierno de Canarias era contrario, y sigue siendo contrario, a esta medida y le propuse que en vez de gravar a los pensionistas se estableciese en toda España -cosa que aún no existe- la receta electrónica continua como modo eficaz de ahorro, tal y como hemos demostrado en Canarias, liderando el ahorro en gasto farmacéutico con respecto a todas las comunidades autónomas.

Sobre el papel de las unidades de tarjeta sanitaria, cuando se trata de hacer balance, una de las unidades que se han visto más afectadas por la reforma ha sido, qué duda cabe, este tipo de unidades. La adaptación de la nueva normativa al trabajo diario nos ha supuesto un importante esfuerzo que se ha llevado a cabo muy satisfactoriamente por la totalidad de las unidades, con una importante implicación del personal ante una situación delicada para ellos habida cuenta del impacto negativo que ha tenido la mayoría de las medidas que se incluyen en el real decreto-ley para los ciudadanos. Las unidades de tarjeta, además de gestionar de forma diaria el elevado número de incidencias que se reciben, han pasado a convertirse además en auténticos servicios de información ciudadana, atendiendo a los usuarios, que en la mayoría de los casos han sufrido cambios importantes, bien en su derecho a la asistencia sanitaria, bien en el copago farmacéutico, siendo la causa principal de esta situación la falta de información que, como nos han venido trasladando los propios usuarios, se estaba produciendo en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social y que además esto se repite en distintas comunidades de todo el territorio del Estado, y que se ha puesto en conocimiento de la ministra en el último consejo interterritorial.

Siguiendo con el orden establecido para la exposición, paso ahora a referirme al Fondo de Garantía Asistencial que el real decreto-ley crea con carácter extrapresupuestario, destinado a la compensación entre las comunidades autónomas por las actuaciones que sus servicios de salud realicen en el marco de aplicación de la cartera común básica de servicios asistenciales y de la suplementaria a los asegurados del Sistema Nacional de Salud en sus desplazamientos temporales. Para su puesta en marcha se requería que, mediante disposición reglamentaria al efecto, se estableciesen los criterios para la determinación del importe a liquidar a cada servicio de salud, que a su vez vendrá determinado en función de si el desplazamiento es de corta duración -inferior a un mes- o de larga duración -igual o superior a un mes-. Actualmente, desde el ministerio competente, solo se han puesto en funcionamiento de trabajo para el desarrollo reglamentario.

Finalmente, en cuanto a recursos humanos se refiere, en lo que afecta a las competencias de gestión del personal estatutario, este real decreto-ley establece diversos cambios en el Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud y existe un grupo del que formamos parte y en el que estamos participando de forma activa.

Y finalizar diciendo, señorías, que desde el momento en que apareció el real decreto-ley el Gobierno de Canarias ha mostrado su total desacuerdo ya que perjudica, además de al pensionista, al que más enfermo está. La Consejería de Sanidad se puso frente a este real decreto, frente al copago en todas y cualquiera de sus manifestaciones. Lo estuvo, lo está y lo estará, y así lo sigue manifestando allí donde sea necesario, aunque digan de ella lo que quiera cualquiera de los partidos políticos.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchísimas gracias, doña Brígida Mendoza, señora consejera.

Por los grupos no solicitante de la comparecencia, don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente. Señorías, muy buenas tardes ya.

Un saludo especial a las alumnas, porque creo que casi todos..., y algún alumno, de Derecho de la facultad me imagino que de la Universidad de La Laguna. Es bueno que aparezcan por aquí porque lo que hacemos aquí teóricamente les debe importar, aunque en ocasiones no lo consigamos.

Se trata de hablar hoy del Sistema Nacional de Salud, que es seguramente de las cosas que en el Estado español hemos hecho en esto de la democracia mejor que otros. Hay pocas cosas de las que la ciudadanía y las instituciones españolas podamos presumir. Bueno, pues, hasta ahora tenemos, o teníamos, un Sistema Nacional de Salud que ha sido referente mundial. Primero, por lo que hacía, cómo lo hacía y por cuánto costaba. Hemos logrado hacer un sistema sanitario que con poco esfuerzo fiscal conseguía grandes objetivos, es decir, que todo el mundo tuviera derecho a las prestaciones sanitarias sin importar la condición de partida ni de residencia ni la condición laboral, ni siquiera de nacionalidad. Lo hacíamos con una cartera de servicios muy amplia. Pocos sistemas sanitarios daban tantas prestaciones como el sistema sanitario público español, y además lo hacíamos esencialmente de forma gratuita. Bueno, pues, el decreto dichoso que hoy estamos discutiendo aquí trastoca algunos de estos principios y pone en crisis el futuro del sistema tal como lo hemos concebido. Los beneficiarios ahora no son todos los ciudadanos, no son todas las personas que residen entre nosotros; existe gente que pierde esta condición. En Canarias, que sepamos, calculamos... calculamos no, 48.000 personas tenían antes tarjeta sanitaria y ahora no la tienen, la han perdido porque la mayoría de ellos son extranjeros no comunitarios que no tienen los papeles. Este era un derecho que habíamos conquistado y aquí se ha eliminado, y en Canarias hay 48.000 personas que deben deambular cuando tienen un problema de salud por los centros de salud y hospitales, porque este derecho se les ha retirado.

Ahora se paga por servicios que antes no se pagaban y habitualmente son servicios que afectan a personas enfermas, a personas con pocos medios. El dichoso copago, que existía solo para algunas circunstancias excepcionales, para los trabajadores en materia del medicamento se ha extendido, y eso o genera quiebras en los derechos de la gente y además no sirve para resolver los problemas financieros del sistema. Y también se introduce una cartera de servicios de otra naturaleza y se establecen niveles.

De manera que este decreto, al margen de que en tres minutos es muy difícil diseccionarlo, lo que hace es retroceder sobre las conquistas, sobre el valor, sobre el sistema sanitario que habíamos conquistado.

Y de todo esto yo creo que se deduce una consecuencia, que sé que puede ser esquemático decirlo de esta manera, y es que detrás de este proceso se tensiona el sistema, se debilita, pierde la gente confianza en él y se generan las condiciones para lo que algunos lo han pensado: para privatizar el sistema sanitario. Y esto es en gran medida lo que nos está pasando y nos va a seguir pasando si la ciudadanía no pone remedio construyendo mayorías sociales que defiendan conquistas como esta.

He hablado para ustedes.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Muchísimas gracias, don Román Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Jesús Morera tiene la palabra.

El señor Morera Molina: Buenos días.

Se cumple hoy un año de la publicación en el BOE del Real Decreto 16/2012, el sábado pasado hizo el año de su aprobación por el Consejo de Ministros, ese real decreto en el que subyace el inicio del desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud. Un real decreto denominado "de medidas para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud", queriendo hacer ver que la sostenibilidad es una cuestión de dinero, cuando la sostenibilidad del sistema no es solo una cuestión exclusivamente económica, sino sobre todo de voluntad política. Voluntad que no tiene el Partido Popular para sostener el Sistema Nacional de Salud, porque se hace sostenible lo que se quiere sostener (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Le sustituye el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández.)

No vamos a dejar de mantener nuestra actitud crítica con este real decreto, en particular en lo referente a la desatención de los inmigrantes irregulares, lo que supone la pérdida de la universalidad de nuestro sistema. Incluso presentamos en este Parlamento una proposición no de ley, que fue aprobada por el Pleno, en la que se instaba al Gobierno de Canarias a articular un mecanismo para garantizar a las personas inmigrantes en situación irregular que residían en nuestra comunidad autónoma el mismo derecho a la cobertura sanitaria que la establecida para el conjunto de los españoles.

Insistimos en que esa decisión del Gobierno central ha supuesto un ahorro poco relevante en cuanto a la reducción del déficit público, pero, sin embargo, sí ha tenido relevancia en cuanto al impacto en términos de salud pública.

Con esta disposición no se ha conseguido tampoco ningún ahorro en términos organizativos, posiblemente lo contrario, al distorsionar el sistema de atención dirigiendo a estos colectivos exclusivamente hacia los ya colapsados servicios de urgencias, lo cual, paradójicamente, tendrá un gasto mayor.

Estos argumentos que hemos esgrimido desde el inicio de esta polémica son similares a los que ha utilizado el Tribunal Constitucional para levantar la suspensión cautelar sobre el decreto del Gobierno vasco que pretende dar atención a todos. Exactamente el alto tribunal afirma que "el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de los inmigrantes sin papeles y la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser ni siquiera concretado". Esto dice el Tribunal Constitucional.

Por otra parte, lamentamos que en la instrucción emitida por la Dirección del Servicio Canario de Salud, la instrucción 10/2012, y la posterior Orden de la consejería de 14 de diciembre de 2012 no se haya ido más lejos, como han hecho comunidades como el País Vasco o Andalucía. No dudamos de que la intención de la consejería sea asistir a todas las personas que conviven entre nosotros y que simplemente su cautela por no quedar al margen de la ley ha hecho que nos quedáramos cortos, pero no perdemos la esperanza de que esta instrucción se modifique para abrirla más, pero el hecho de que solo 20 personas se hayan podido acoger a las condiciones puestas por la consejería habla de lo leoninas de estas condiciones.

Y, por último, felicitamos que se haya admitido, ya hace unos meses, el recurso de anticonstitucionalidad que presentó esta comunidad contra este real decreto.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, doña Mercedes Roldós, por tiempo de tres minutos tiene usted la palabra.

La señora Roldós Caballero: Gracias, señor presidente. Bienvenidos a los alumnos y a los profesores a esta su casa, al Parlamento de Canarias.

Señorías, el Gobierno socialista, tras ocho años, dejó nuestro Sistema Nacional de Salud, la joya de la corona de España, lo dejó al borde de la quiebra, con un agujero económico de 17.000 millones de euros. 17.000 millones de euros de agujero económico y una alta morosidad a los proveedores de la sanidad española. ¿Y qué ha hecho el Gobierno del Partido Popular?: un real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad y además un plan de pago a proveedores y dotar al Fondo de Liquidez Autonómico también para pagar a los proveedores sanitarios. Señora Mendoza, usted pagó el año pasado 534 millones de euros a proveedores sanitarios, a los que usted les debía, que les debía la sanidad canaria.

Y además les digo, señorías, que esta medida es una medida eficiente, equitativa y sostenible. ¿Por qué?, porque es una medida para ahorrar, y ya se han ahorrado en un año más de 3.000 millones de euros. Aquí, en Canarias, de ahorro en gasto farmacéutico, 76 millones de euros en el 2012. Un ahorro, a través de las compras centralizadas, solamente en la vacuna de la gripe del año 2012 nos hemos ahorrado en Canarias más de 800.000 euros.

Y además se les ha pedido un esfuerzo a los ciudadanos, pero más a quien más tiene y menos a quien nada tiene o que menos tiene. Señorías, 125.000 familias canarias de parados de larga duración sin prestación por desempleo que hasta entonces pagaban el 40% de los medicamentos hoy pagan cero, cero, gracias al Partido Popular. Pero también se le ha exigido a la industria y más de 1.000 medicamentos han bajado de precio durante este año.

Y, señorías, la gran mentira es que ustedes digan que se ha acabado con la universalidad cuando por primera vez se garantiza la universalidad de la prestación sanitaria por ejemplo para los parados de larga duración, que perdían ese derecho, por ejemplo para colectivos profesionales, por ejemplo abogados, que no tenían derecho a la asistencia sanitaria gratuita en España, a día de hoy la tienen. Y, señorías, se ha acabado con el fraude, ese fraude del turismo sanitario, que el Tribunal de Cuentas del 2009 decía que nos habíamos gastado los españoles 1.000 millones de euros solamente en un año en atender a personas extranjeras que tenían aseguramiento en su país de origen. ¿Saben ustedes por qué?: por una negligente transposición de una directiva europea a nuestro ordenamiento jurídico español por parte de un Gobierno socialista. 1.000 millones de euros al año nos gastábamos indebidamente, detrayéndolo de las arcas públicas españolas. Y...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Sabe que concluye, tiene tres minutos, no tiene más, tiene tres minutos igual que el resto de los grupos, señora diputada.

La señora Roldós Caballero: ...(Sin micrófono.)

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señora diputada, si le doy tres segundos a usted, le tengo que dar diez segundos a todos los grupos que no solicitan la comparecencia. Le ruego que abandone el escaño, no tiene la palabra.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el Grupo Nacionalista, doña Mari Mar Julios tiene la palabra.

La señora Julios Reyes: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días también a las personas que hoy nos visitan.

Este es el Parlamento de Canarias y este es un ejemplo de los debates que aquí se dan.

Señoría, el Partido Popular nos dice ahora que, señora consejera, usted recibe cada vez más dinero del Gobierno del Estado. No es cierto, no es cierto. Cada vez recibe menos dinero. Ya me imagino que quisiera usted poder disponer de los 2.900 millones que había en los presupuestos de sanidad cuando quien me precedió en el uso de la palabra era consejera de Sanidad y ahora, desgraciadamente, por culpa del Gobierno del Partido Popular, no es que no los tenga este Gobierno, es que no los tienen los canarios, que estamos financiados muy por debajo de lo que nos corresponde y del derecho que tenemos.

Y, miren, haciendo limpieza, qué curioso, me encontré con una entrevista de la anterior ministra del Partido Popular, la señora Ana Pastor, cuando estaba en la Oposición, y le preguntaban... Por cierto, decía aquí el titular: "los canarios deben exigir a Madrid los 1.800 millones que se les deben de la sanidad". Sí, claro. Las cosas ahora nos han cambiado, nos dicen. ¡Sí han cambiado, ya no nos deben 1.800, nos deben 2.000 millones! Y ahora el Partido Popular en Canarias está mudo, está mudo, ya no defiende los intereses de los canarios. Esa es la diferencia, eso es lo que ha cambiado.

Aquí también le preguntaban a la ministra qué opina usted del copago sanitario. ¿Qué decía la exministra, además de echarle la culpa al PSOE de todos los males del mundo mundial? Decía: "lo rechazo totalmente, rechazo el copago sanitario". Y le preguntaba el periodista: ¿es consciente de que muchos creen que eso es lo que dicen ahora porque está en la Oposición y si gobernaran ustedes lo implantarían? Vuelve otra vez a echarle las culpas del mundo mundial al Partido Socialista y concluye diciendo: "es un auténtico travestismo político -se refería al Partido Socialista-, sin embargo, el Partido Popular tiene mucha credibilidad porque ya ha estado en el Gobierno, ya ha demostrado lo que es capaz de hacer". ¡Claro que lo ha demostrado!, claro que desgraciadamente ha demostrado que no tiene coherencia en mantener lo que promete en campaña electoral y lo que hace cuando está gobernando.

El balance de este año de este real decreto: se han roto todos los consensos desde la democracia en este país por el mantenimiento del sistema público sanitario. Los han roto ustedes, los ha roto el Partido Popular y serán los responsables ante las generaciones futuras. Han provocado una gran alarma social, miedo le han metido ustedes a la población de que va a perder sus derechos. Le han generado inseguridad, inseguridad y falta de confianza en el sistema. Y esto no es una casualidad, no es una casualidad. No es eso lo que le exige la Unión Europea. No se puede justificar eso por esta crisis, señorías. Ustedes lo que están haciendo es allanar el camino al modelo sanitario que ustedes quieren promover, el del sistema del aseguramiento privado, basado en una gestión privada de los centros públicos. Esa es la verdadera verdad de lo que está ocurriendo en este país. Y, señorías, es que eso ya ha ocurrido en el mundo, ya ocurrió, señorías, con anterioridad en el Reino Unido, ya ocurrió en Inglaterra. Deberían ustedes aprender, señorías.

Miren lo que decía una prestigiosa revista de gestión, The Lancet, decía lo siguiente cuando la derecha en Inglaterra acabó con el NH inglés, con el Sistema Nacional de Salud inglés. Decía, decía lo siguiente: "toda la estructura del que fuera una vez el gran sistema nacional de salud es ahora una fachada infestada de gusanos, un desvencijado edificio que consume vastas y crecientes cantidades de dinero de los presupuestos nacionales, mientras que los servicios que provee son cada vez peores", porque además, después de privatizarlo todo, ahora les cuesta más en el presupuesto y les cuesta más a los ciudadanos. Y decía: "aquel sistema, de cuyo formidable éxito presumían, que atendía con calidad a todos -a ricos, a pobres- día y noche, en casa o en el hospital, la envidia del mundo, y que además era notablemente barato, con profesionales dedicados, etcétera, etcétera, está ahora en la bancarrota y con unos servicios con muy baja calidad". Aprendamos, esto es lo que ha ocurrido, parece que están hablando del sistema nacional español. Esto es lo que ocurrió.

Y, miren, concluye diciendo: "es que hay una gran diferencia fundamental entre lo que es un servicio y lo que es un negocio". ¡Hay una gran diferencia! ¡Esa es la gran diferencia, señorías! Lo he dicho muchas veces: no es lo mismo la tarjeta sanitaria que la Visa para poder acceder a una prestación sanitaria. Los que han intentado reducir el coste del Sistema Nacional de Salud usaron los métodos de negocio y el resultado ha sido el fracaso.

Y lo peor, más recientemente esta revista, el resultado, el resultado es que, según esta misma editorial, el NH, el NHS inglés, no está dando la atención que los pacientes necesitan. Los pacientes con cáncer, por ejemplo, tienen menos probabilidades de sobrevivir en el Reino Unido que en Alemania, que en Australia, que en Canadá, que en Suecia, que en Noruega, en definitiva, en los países de igual nivel económico que el inglés. Y en este sentido concluye también que son países que siguen teniendo un acceso universal a la asistencia sanitaria y en Inglaterra se ha perdido. Aprendamos, aprendamos, señorías, aprendan de lo que ha ocurrido, porque serán ustedes los responsables de explicarles a las nuevas generaciones por qué se perdió un sistema que era ejemplo, era ejemplo a nivel del mundo entero.

Señorías, señora consejera, hemos visto cómo las personas con menos recursos cada vez pagan más. Lo hemos visto en el copago de las farmacias, lo hemos visto en las ortoprótesis, lo seguiremos viendo. Han ralentizado, si acaso en algo, la velocidad de las reformas por el rechazo profundo de la ciudadanía que está en la calle en contra de esta reforma, por eso lo han ralentizado un poco, pero, no nos confiemos, van a seguir desmantelando el sistema público sanitario.

Y además el ejemplo lo tenemos también muy cercano. Miren, en su momento, en su momento, el servicio nacional inglés tuvo que rescatar a muchos de los hospitales porque estaban en la bancarrota. Eso ya también ha ocurrido en España. Ese modelo, es el caso Alcira, ya tuvo que ser rescatado por el Partido Popular a los tres años de haberle adjudicado el hospital a la empresa adjudicataria... -(Rumores en la sala.) Normalmente somos respetuosos cuando hablamos pero hay algunas personas que insisten en no guardar el respeto cuando alguien está hablando en la tribuna. Lo digo por el ejemplo que no siempre se da, pero desgraciadamente hoy se está dando-. En el caso de Alcira, ¿qué es lo que hizo el Partido Popular?: tuvo que rescatar a la empresa -60 millones fue el rescate-, más de lo que le costó a la empresa construir el hospital, más de lo que le costó, y después sacó nuevamente el concurso sacando la tasa, la tasa por usuario atendido, con un incremento del 68% -la rentabilidad de la gestión privada-. La incrementó en un 68% para que el negocio fuera más beneficioso. Y, miren ustedes, fue a parar a la misma empresa que con anterioridad había sido rescatada. Ese es el modelo del Partido Popular.

Señora consejera, desgraciadamente me preocupa muy mucho ese anuncio de revisión de la cartera de servicios, porque en manos del Partido Popular y en manos de un ministerio y de una ministra que no tiene liderazgo en este sentido en el sector me temo que sean el ministro de Hacienda y el ministro de Economía los que terminen recostando nuestra cartera de servicios, y todo lo que se saca de la cartera básica sabemos que va a lo otro, y lo otro es copago; es decir, que el que tiene dinero y lo paga recibe la prestación y el que no lo tiene no la recibe. Este es el modelo del Partido Popular.

Señorías, 7.000 millones de ahorro decía el Partido Popular que iba a generar este real decreto. ¿Ha generado ese dinero, ha generado ese ahorro? No, no lo ha generado. Lo único que ha generado es más miseria y más dolor entre muchas personas que cada vez tienen menos dinero para pagarse sus prestaciones. Son muchas las personas humildes que están asustadas y que incluso han contratado seguros privados, que están haciendo el agosto -y permítanme que lo diga así-, están haciendo una presión, llamando por teléfono a los ciudadanos, a las casas, para que compren un seguro privado, y te dicen -a mí me lo han dicho personalmente, que he recibido varias llamadas-, te dicen que si quieres ser responsable con tu familia compres el seguro privado, porque no sabemos -pero ellos sí- que el Estado -parece ser que saben más que usted incluso, consejera-, que el Estado va a generar todavía reformas que nos van a dejar con menos derechos. Eso es lo que está...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señora diputada, tiene usted un minuto para concluir, por favor.

La señora Julios Reyes: Esa es la presión, pues, del poco negocio que parece ser que en este país se está generando, que es el negocio del sector sanitario, y para eso lógicamente hay que desmantelar primero el público, porque si no es muy difícil competir con un sistema de calidad como el que teníamos en España, que es el Sistema Nacional de Salud.

Señorías, les pido, señora consejera, que hagamos un frente común para defender el servicio público sanitario en España y en Canarias. Tenemos que exigir que paralice esta reforma y que volvamos a la senda de la negociación para hacer las reformas que son necesarias pero preservando la esencia del servicio público sanitario.

Señorías, de verdad, señora consejera, le pido que esto debe ser denunciado, denúncielo públicamente y alto, bien alto. Le pido que se rebele, le pido que busque cualquier resquicio legal para no ser esta comunidad autónoma el brazo ejecutor de estas políticas del Partido Popular que privan a los ciudadanos de sus derechos esenciales.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Gobierno, la señora consejera de Sanidad, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra (Pausa).

Perdón, señora consejera. Les ruego a sus señorías que guarden silencio, por favor, que cuando se está en la tribuna, pues, si el resto de los grupos guardan silencio y escuchan a los que intervienen, debemos ser respetuosos cuando intervienen otras personas que no somos nosotros. Y, por lo tanto, les ruego a sus señorías que guarden silencio y que si quieren hablar, pues, pueden salir al pasillo sin ningún tipo de problemas.

Señora consejera, proceda, por favor.

La señora consejera de Sanidad (Mendoza Betancor): Gracias, señor presidente.

La comparecencia que nos ocupaba hoy, y que nos ocupa todavía, era para hablar de la evolución del Real Decreto 16/2012. En absoluto entendí que fuera para hablar fondos de liquidez autonómica, que fuese para hablar de los presupuestos...

Me hubiese gustado, como usted decía, señora diputada, haber tenido al inicio o en cualquiera de estos dos años que van pasando, un presupuesto como el que hubo en el año 2009: 2.900 millones de euros para la sanidad pública. Sí que se podían hacer cosas con eso. Ahora tenemos 2.430 millones. La diferencia, pues, es una simple resta. Simple resta que se traduce en una gran cantidad de efectos y en que hoy, pues, para no utilizar el mismo término, pues, cualquiera en esta sala, en algunos de los escaños, se permita llamar constantemente "esta consejera falta a la verdad", "falta a la verdad", "falta a la verdad", de forma repetida. Ya me lo he aprendido.

Creía que veníamos también a hablar del real decreto y tampoco veníamos a hablar entonces de la deuda que en la legislatura anterior consejeros anteriores dejaron, desde el año 2010 para el año 2011, a mi llegada. Y desde luego, y desde luego...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Vamos a ver -señora consejera, perdón-, señora diputada, le voy a llamar al orden y no quiero hacerlo, por favor (Dirigiéndose a una señora diputada del Grupo Parlamentario Popular). Si quiere hablar, háblelo que no se oiga desde aquí, porque lo estoy oyendo desde esta Mesa y está interrumpiendo a la señora consejera, que está en el uso de la palabra, con contradicciones permanentes. Le voy a llamar al orden y no quiero hacerlo, por favor.

Proceda la señora consejera.

La señora consejera de Sanidad (Mendoza Betancor): Gracias, señor presidente.

Y desde luego en absoluto pretende esta consejera ir hacia la privatización, cosa que quizás otros partidos estén abriendo el camino hacia ello.

Bien. En cualquier caso, volvamos al Real Decreto-Ley 16/2012 y que es en sí mismo, efectivamente, una gran reforma del Sistema Nacional de Salud, esa joya de la corona que decía la señora Roldós y que ahora se nos ha roto, se nos ha roto porque se ha roto la universalidad, se ha roto la equidad y se ha roto la cohesión, que eran los pilares fundamentales del Sistema Nacional de Salud, de ese sistema del que todos estábamos y seguimos estando orgullosos y al que añoramos, y que seguimos queriendo mantener cueste lo que cueste, pese a quien pese y a pesar de todos los problemas que podamos tener por delante. Modificó unos artículos muy importantes de la Ley de Cohesión y Calidad, afecta a los derechos de la población, ¿pero de la población de cuál, del turista sanitario, el que venía...? Teóricamente era el grave problema que teníamos. No, mire, vamos a ver, al final de esto, cuando vamos tachando, en el 16/2012 y en el 11/92, cuando vamos tachando nos quedamos con un conjunto de personas. Personas que son las más vulnerables, las más desprotegidas y las que no tienen nada, las que hoy, sí -como hemos dicho en esta sala, muchas veces aquí, y se lo he escuchado a todos ustedes-, lo están pasando realmente mal.

Mi posición ante este real decreto fue contraria desde su inicio, ha sido contraria, sigue siendo contraria y continuaré en contra de todas estas medidas que gravan al que más problemas tiene, al más enfermo, y eso me lo han escuchado decir en multitud de ocasiones y las repetiré las veces que haga falta, y me llamen como me llamen. Y mi compromiso ante la publicación de este real decreto-ley, con todas esas consecuencias que veíamos dentro, fue intentar con todo mi equipo minimizar para todas las personas que viven en nuestra comunidad los efectos adversos, como las medicinas, que pudiera tener.

Dio lugar a cambios en la cartera, la cartera básica común se irá adelgazando, no cabe la menor duda, pero aún ahí anda. Sigue trabajando un grupo de trabajo en ella. La cartera común suplementaria, qué decirles; la cartera accesoria, de la misma manera. En la cartera suplementaria aparece el copago farmacéutico y nosotros tenemos que recordar que tenemos un alto índice de pensionistas, un alto número de personas con enfermedades crónicas que dependen de unos medicamentos para mantener una vida con un mínimo de calidad.

Y además, por otra parte -y no lo podemos olvidar-, tenemos un gran número de personas en búsqueda de trabajo. ¿Y qué es lo que ha pasado desde el 1 de julio? Esos pensionistas, esos que antes no pagaban, empezaron a tener que pagar, y es que además con estas pensiones que tenemos y que son de renta baja en nuestra Comunidad Autónoma de Canarias... -y no voy a volver al déficit de financiación, lo dejó la señora diputada muy claro- están sometidos a un copago que antes no tenían, pero ahora además tienen que también ayudar a sus familias, con lo cual más gastos todavía.

Y yo quiero recordarles que en este real decreto-ley el Gobierno de España buscaba un efecto disuasorio. Y no es que lo diga yo, se decía desde el Ministerio de Sanidad: se busca el efecto disuasorio. Y yo lo que he dicho, y ustedes me han escuchado aquí repetir en una y otra ocasión, es que en Canarias no queremos disuadir a nuestros enfermos de que cumplan sus tratamientos, porque es la única garantía de poder tenerlos con la mejor calidad de vida posible, mantener la esperanza de vida que tienen, que no tengan complicaciones y no tengan que terminar en hospitales, porque hoy ellos son los que están haciendo también, se están haciendo cargo también de otras personas más jóvenes que viven en sus casas probablemente, y tuvimos una comparecencia a primera hora de la mañana muy relacionada con esto muy interesante. No podemos separarla, son cosas que nos unen.

Ante este efecto del copago, también establecimos los topes en colaboración con los colegios oficiales de farmacéuticos buscando que no paguen sino el mínimo, es decir, si el pensionista este mes tiene que pagar 8 euros, que el próximo mes se lo restemos, se le devuelva en fármacos, solo pague 4. ¿Tiene que hacer copago? Claro, es un real decreto-ley de obligado cumplimiento, pero no se le tendrá que devolver, no se le tendrá que devolver y no va a pagar ni un euro más. Al contrario, si se pasa en este mes, al mes siguiente tendrá que pagar menos. Y eso se ha hecho en colaboración entre los técnicos de la Consejería de Sanidad y los colegios oficiales de farmacéuticos. ¿Objetivos? No es otro que minimizar el impacto que ha tenido el copago.

Apareció también el copago en la prestación ortoprotésica. Es cierto que en nuestra comunidad y en muchas otras ya existía alguna aportación y en otras, reintegro y devoluciones. El copago, establecido por este real decreto, generaliza el copago prácticamente en todas las medidas. Aún no está terminado pero desde luego habrá una aportación en prácticamente el 100% de las ortoprótesis.

En cuanto al transporte sanitario no urgente, mi posición fue la misma que en el copago farmacéutico: no al copago en el transporte sanitario. Es más, llevé allí las iniciativas dadas, lo que ustedes me mandataron desde este Parlamento, y además la solicitud que hicieron algunas asociaciones de enfermos que hiciera llegar a la ministra en ese consejo interterritorial, como por ejemplo los enfermos de diálisis o los enfermos oncológicos, que necesitan un traslado no urgente como para encima estar pagando el tiempo que lo necesiten. Y una diálisis no es un tratamiento de una semana ni de un mes, es un tratamiento crónico, y tres veces a la semana como mínimo. Esta medida aún, aunque hay un grupo trabajando y dentro de ese grupo hemos querido tener a alguien de nuestras personas, de nuestros equipos, siguen trabajando y no han llegado todavía a conclusiones.

Y parece, por otra parte, que alguien o algunos o muchos se olvidan de que es el Gobierno de España el que ahora ha cambiado, a través del Real Decreto 11/92, que deriva del Real Decreto 16/2012... El que ahora tiene que darle el derecho a la asistencia sanitaria, a tener una tarjeta sanitaria, no era como antes un servicio de salud, ahora es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, dependiente a su vez del Ministerio de Empleo, quien tiene ahora esa capacidad, otorgar el derecho, conceder el aseguramiento, o denegarlo y quitarle el derecho, y esto en función de las rentas. ¿Y quién se ha quedado en peores condiciones? Pues un colectivo concreto: aquellos que no están registrados ni autorizados y afortunadamente en el camino -corregir es de sabios he escuchado yo en esta sala ya en un par de ocasiones-, corrigieron en el camino, porque aquellos que tenían los 26 años y dependientes de sus padres estaban abocados a ese mismo grupo, y en el camino el Ministerio de Sanidad corrigió.

Y que mientras nosotros anunciábamos que estábamos estudiando la forma más adecuada para asegurar una atención completa -y en este Parlamento hubo dos comparecencias-, dije: "mantenemos a los pacientes con problemas de salud pública atendidos y que pudieran afectar negativamente a ellos, a su entorno". Hemos mantenido a los que estaban en las listas de espera, del tipo que fueran, a los que tenían procesos abiertos en aquel momento y a los pacientes con enfermedades crónicas, como no puede ser de otra manera, porque el derecho a la salud es básico, y a la atención sanitaria, y esto se transmitió a todos los centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y estudiamos, desde la consejería...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señora consejera, le ruego que concluya en un minuto, por favor.

La señora consejera de Sanidad (Mendoza Betancor): ...más idónea en nuestra comunidad de ampliar el derecho a la atención sanitaria a través de un programa, de un programa en salud pública, facilitando tarjeta sanitaria, que ampliaba el abanico para aquellas personas que se habían quedado sin cobertura de tarjeta, sin cobertura sanitaria. Y eso lo hemos hecho, tenemos un seguimiento, tenemos un seguimiento semanal. Durante el tiempo que estuvimos arreglando este problema -señor presidente- estuvimos trabajando con diferentes organizaciones no gubernamentales, estuvimos trabajando con distintos organismos, y en la actualidad todas las semanas, todos los viernes, tiene una reunión, se lleva a cabo una reunión para hacer seguimiento de cómo va la tarjeta sanitaria.

Y creo que, como no tengo tiempo, me voy directamente a algo que creo que sí es muy importante. Mire, como consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, no le quepa la menor duda a ninguno de los señores diputados y diputadas de esta sala de que la Consejería de Sanidad va a seguir trabajado por una sanidad pública y sostenible y trata de mantener la cohesión. Hasta ahora lo hemos hecho. Y el compromiso de minimizar los efectos de este real decreto en lo...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora consejera.

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  • 8L/C-0945 Sobre -Consejera de Sanidad-, sobre el Real Decreto 16/2012 que cambió las bases del SNS.