Diario de Sesiones 77/2013, de fecha 24/4/2013 - Punto 8

· 8L/PNL-0212 Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre los pliegos de prescripciones técnicas generales en campañas institucionales de publicidad.

El señor presidente: Entonces proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre los pliegos de prescripciones técnicas generales en campañas institucionales de publicidad.

Tiene la palabra don Víctor Moreno del Rosario.

El señor Moreno del Rosario: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Como todos ustedes saben, el Gobierno de Canarias gasta cada año una cantidad considerable de dinero en publicidad institucional. Y cuando hablo del Gobierno de Canarias me estoy refiriendo también a sus organismos autónomos, entidades, sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales y fundaciones públicas. Me podrán decir que esto también ocurría antes cuando gobernaba el Partido Popular, y es verdad. La publicidad institucional, en su justa medida, es necesaria, por lo que existía antes y lo va a seguir siendo en el futuro, pero coincidirán conmigo en que la actual situación de crisis económica aconseja la racionalización de los recursos públicos, así como una gestión más eficiente, más eficaz y transparente también en este ámbito, señorías.

Si bien es cierto que por las actuales circunstancias el Gobierno de Canarias se ha visto obligado a recortar esta partida, a nuestro juicio todavía se están cometiendo auténticos despilfarros de dinero público en este sentido. Hasta hace unos meses el Ejecutivo gastaba, pagaba, 6.000 euros al día en una página vacía en los periódicos, en la que únicamente se decía "Canarias se hace aquí, ahora, contigo" (Mientras muestra un documento a la Cámara). En el 2011, por ejemplo, la Consejería de Sanidad gastó más de 638.000 euros en propaganda. Si analizamos los gastos, nos encontramos con que dicho importe ha servido para pagar, entre otros, calendarios, bolas antiestrés tipo Papa Noel, cordones con mosquetón, fundas transparentes y material de promoción de lo más sugerente, como globos, marcadores, camisetas, adhesivos y hasta piruletas en forma de corazón. Y no me quiero olvidar de los salvamanteles, lápices grabados y unidades de lata abrefácil con semillas de petunia. Sí, señorías, todo eso la Consejería de Sanidad que dirige Brígida Mendoza. En fin, que cada uno saque sus propias conclusiones.

Entre el 2007 y el 2012 el Gobierno de Canarias gastó en publicidad y propaganda casi 16 millones de euros y, según el Plan de actuaciones publicitarias para 2013, este año el Ejecutivo se va a gastar, entre otras campañas, por el Día de Canarias 90.000 euros o por la de Navidad, 180.000 euros. Quiero decir que se van a encontrar con la oposición del Partido Popular ante este tipo de gastos desmesurados y totalmente prescindibles, que únicamente tienen como fin el autobombo y lavado de imagen de un presidente en caída libre.

Señorías, otro asunto de especial relevancia y que nos preocupa es la forma en la que dichos gastos se llevan a cabo. El Grupo Parlamentario Popular entiende que hay que aportar mucha más transparencia a la política de comunicación que lleva a cabo el Gobierno de Canarias. Por ello entendemos que debe darse cuenta a este Parlamento y a los grupos políticos que lo integran de todo tipo de campañas y contratos que se efectúen en este ámbito de comunicación por las consejerías del Gobierno de Canarias, sus organismos autónomos, entidades, sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales y fundaciones.

Conforme a la legislación vigente, debe darse cuenta de aquellos contratos que superan los 18.000 euros, pero por debajo de este montante económico también se realizan muchas campañas y contratos sobre publicidad y comunicación que este grupo parlamentario desea conocer en aras a la transparencia y al control parlamentario del Gobierno, que en cualquier sistema democrático es lo habitual y lo correcto. No estamos hablando de cualquier cosa, señorías, la Administración autonómica, mediante la adjudicación de su publicidad, de forma directa o indirecta, puede afectar a la subsistencia y libre competencia de los medios de comunicación social. Por ello es exigible que se arbitren los medios necesarios para evitar toda competencia desleal promovida desde el sector público, de forma que no se altere la libre competencia y el principio de la igualdad en el ámbito de los medios de comunicación social.

Vaya si el tema es importante que son muchas las comunidades autónomas que lo tienen regulado por ley. Es cierto que en Canarias existe una ley reguladora de las campañas institucionales realizadas por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma, pero la misma no profundiza en ningún aspecto. ¿Qué ocurre en otras comunidades autónomas? En Castilla y León su ley dice que reglamentariamente podrán establecerse los criterios que han de incluirse en los pliegos para la adjudicación de contratos que tienen por objeto acciones de publicidad institucional, en los que, en cualquier caso, se tendrá en cuenta la utilización de procedimientos de acondicionamiento para permitir la accesibilidad con arreglo a las normas técnicas aplicables, así como los datos o índices comparativos precisos y fiables sobre la difusión y audiencia de los medios en los que se vayan a llevar a cabo dichas acciones. En Baleares, para la determinación de los medios de difusión a utilizar en cada campaña publicitaria y para la distribución de la inversión entre ellos, solo se tendrán en cuenta los criterios objetivos de alcance territorial, de difusión de cada medio y de coste económico. ¿Y qué ocurre en Andalucía donde gobierna el Partido Socialista? Pues resulta que la ley reguladora de la actividad publicitaria de las administraciones públicas en Andalucía, en su artículo 3, dice que los contratos de difusión publicitaria institucional que se suscriban por las administraciones públicas andaluzas no podrán excluir a ningún medio que llegue a la publicidad de que se trate, modulándose la participación en el contrato de los distintos medios exclusivamente sobre la base de criterios objetivos de ámbito territorial y difusión del medio correspondiente, tal y como pedimos en nuestra proposición no de ley.

Sin embargo, en Canarias, donde gobierna el Partido Socialista junto a Coalición Canaria, el Ejecutivo regional aprobó el pasado 8 de febrero un decreto que regula el reparto de la publicidad institucional. La norma, que está recurrida en los tribunales, cambia los criterios de distribución de la publicidad del Gobierno de Canarias, restando peso a conceptos como la difusión y priorizando otros que dejan entrever que, bajo una aparente igualdad, el Gobierno obvia parte de lo que debe ser su filosofía: la defensa del interés general.

¿Es acaso intención del Gobierno de Canarias castigar o presionar a los medios que no le son afines? ¿Hay vetos o listas negras a la hora de contratar la publicidad que pagamos todos los canarios? En este sentido, el Partido Socialista, a través de su secretario general en La Laguna, Javier Abreu, lo tiene bastante claro; dice que hay medios proscritos por parte del Ejecutivo que preside Paulino Rivero. A su vez el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, el señor Spínola, el pasado 19 de marzo, a preguntas de los periodistas, atribuyó directamente a Paulino Rivero la aprobación del referido decreto. Y parece que en Coalición Canaria también lo tienen claro, al menos su secretario general en Tenerife, que ha dicho que lo que se persigue con este decreto es el castigo a un medio de comunicación (El señor presidente abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández).

Desde el Grupo Popular instamos al Gobierno de Canarias a no discriminar a medios de comunicación en sus campañas de publicidad y a seguir criterios objetivos en su adjudicación, con independencia de su cuantía, de manera que se vea garantizada la libre concurrencia e igualdad.

Por todo ello, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara esta proposición no de ley, en la que el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a modificar el Decreto 31/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueban los pliegos de prescripciones técnicas generales en campañas institucionales de publicidad, con la finalidad de que la contratación que en este sentido se lleve a cabo por los departamentos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma, así como sus organismos autónomos, entidades, sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales y fundaciones, se adjudique de conformidad con criterios objetivos que garanticen la libre concurrencia y la igualdad, sin que pueda excluirse a ningún medio de comunicación social que llegue a los destinatarios de la publicidad de que se trate, modulándose la participación en el contrato de los distintos medios exclusivamente sobre la base de criterios de ámbito territorial y difusión del medio correspondiente.

Y en segundo lugar, dar conocimiento o copia, trimestralmente, a los grupos políticos de este Parlamento de todos los contratos sobre comunicación y publicidad institucional que las distintas consejerías del Gobierno de Canarias, así como sus organismos, celebren, con independencia de su cuantía, en aras a la transparencia y al control parlamentario del Gobierno, que en cualquier sistema democrático es lo habitual y lo correcto...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señor diputado, se le acabó su tiempo. Le voy a dar excepcionalmente treinta segundos porque, dado el tiempo que tenemos hoy, la Mesa ha considerado que no vamos a dar ningún tiempo extra. Se lo digo a sus señorías para que concluyan en los tiempos justos. Treinta segundos tiene.

El señor Moreno del Rosario: Y por todo ello, señorías, les pido el apoyo a esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias.

A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas que han sido admitidas por la Mesa: una del Grupo Nacionalista Canario y otra del Grupo Socialista.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Nacionalista, doña Nuria Herrera tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

La señora Herrera Aguilar: Gracias, señor presidente.

Vamos a aclarar aquí en esta tarde una serie de cuestiones. Habla la iniciativa que nos ha planteado el Partido Popular de varias cuestiones en su exposición de motivos y que creo que deben realizarse sobre las mismas una serie de reflexiones.

Habla usted, señor portavoz del Partido Popular, de que en época de crisis hay que, especialmente en épocas de crisis, hay que racionalizar los recursos públicos. En eso estamos de acuerdo. Usted sabe que desde el año 2008 esta comunidad autónoma ha venido racionalizando sus recursos públicos y aún está en esa tarea.

Pero es más, partiendo de la base de que esta idea la compartimos, relacionada con la misma usted habla de la publicidad institucional y, aunque aquí lo ha dicho pero con la boca chica, yo no sé si con buena intención o con mala intención, generalmente cuando habla el Partido Popular de publicidad institucional suele definir la publicidad institucional como propaganda. Y he de decirle, señor portavoz, que cuando hablamos de campañas y de publicidad institucional estamos hablando de campañas de interés general, estamos hablando de campañas que inciden sobre información que necesitan tener los ciudadanos al objeto de que las políticas de los gobiernos, de los diferentes gobiernos, sean mucho más entendibles. ¿Cree usted que estamos hablando de propaganda cuando se realizan campañas institucionales en defensa y en la lucha para erradicar la violencia de género? ¿Cree usted que es una campaña de propaganda el fomento de la lectura entre los jóvenes? ¿Cree usted que es una campaña de propaganda la vacunación contra la gripe?, ¿la promoción de El Hierro? Eso es lo que hace el Gobierno de Canarias con las diferentes campañas institucionales.

Es más, le voy a hacer una pregunta, señor portavoz. Usted sabe que el Estado y las diferentes comunidades autónomas realizan campañas institucionales, usted sabe que no son gratuitas, ¿no?, porque parece ser, de todas las intervenciones que hace el Partido Popular, que la actuación del Estado y otras comunidades autónomas donde ustedes gobiernan, lo hacen todo perfecto y todo es gratuito en este caso. Yo le diré que no. ¿Sabe usted cuánto destina el Estado en campañas institucionales para el presente año?: 33 millones de euros. Si yo utilizara la misma demagogia que usted, yo haría virguerías con 33 millones de euros para esta comunidad autónoma. ¿Y sabe cuánto se gastó el año pasado el Estado en campaña institucional?: 45 millones de euros. Y en el anterior, 50 millones de euros.

Y además, ¿sabe que le digo?, yo estoy de acuerdo con las campañas institucionales. Yo estoy de acuerdo porque son necesarias para informar a los ciudadanos de aspectos que son de interés general, porque yo doy un voto de apoyo a las actuaciones de todas las administraciones públicas, porque yo presupongo que las actuaciones de las administraciones públicas se basan en el principio de la buena fe y con las actitudes y comportamientos del Partido Popular lo que se está generando es un aumento de una animadversión hacia la clase política y hacia el trabajo de las administraciones que no nos merecemos, ni se lo merecen los trabajadores de las diferentes administraciones públicas. Yo también le puedo sacar muchas fotos en muchas campañas institucionales que les echan a ustedes, como la de los salvamanteles del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia cuando ustedes dirigían la Consejería de Sanidad. Yo no me burlo de las campañas institucionales, yo defiendo las campañas institucionales y el principio de buena fe de la actuación de las administraciones.

Habla usted también, habla de los contratos menores. Según todas las intervenciones del Partido Popular, sobre todo siempre hay que desplegar un halo de oscuridad. ¿Usted sabe que los contratos menores están dentro del ordenamiento jurídico? ¿Usted sabe que los contratos menores están regulados en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas? ¿Por qué se establecieron los contratos menores? Con las intervenciones que ustedes realizan pretenden determinar que los contratos menores están fuera del ordenamiento jurídico, cosa que no es verdad, y, lo que es peor, que están exentos de control, cosa que tampoco es verdad. Porque usted sabrá que los contratos menores, señor portavoz del Partido Popular, gozan de una doble fiscalización, igual que cualquier actuación de la Administración: una fiscalización interna, aunque sí es verdad que la intervención o la actuación fiscalizadora es a posteriori, y una externa. ¿A través de quién? Léase usted el artículo 29 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Es decir, sobre toda actuación que realiza la Administración, si no la hace el Partido Popular, hay que sembrar un halo de oscuridad y todo es... Esa presunción de la buena fe de la actuación de la Administración, no, no, eso hay que obviarlo. Pero a mí me hace gracia, porque el Partido Popular, porque lo motiva todo en las campañas institucionales y pone de ejemplo otras comunidades autónomas, que aquí podemos poner el ejemplo de todas las comunidades autónomas, incluso de algunas que usted ha nombrado.

Usted sabe, porque aquí lo tengo, que por un lado el plan de publicidad y comunicación institucional del Estado, sabrá usted que ha recibido muchas críticas, primero porque todavía no he averiguado cuáles son los criterios objetivos del plan institucional de la política del Estado, por la asociación española de editores de publicaciones periódicas.

Usted sabe que las campañas institucionales, porque usted me habla aquí de transparencia y me pone de ejemplo comunidades autónomas... Yo, la de Baleares, he de decirle, por ejemplo, según tengo aquí, que dicen que el PP en Baleares hace público un comunicado sobre la publicidad institucional en la que ...(Ininteligible.) facturas irregulares, difícil equilibrio para contentar a todos los sectores internos del partido. ¿Esos son los criterios de los que usted habla cuando habla de publicidad institucional en otras comunidades autónomas? ¿O lo que ocurre también en Castilla-La Mancha, que mejor no lo menciono porque me da vergüenza ajena?

Habla usted también del decreto, que hay que garantizar, hay que modificar el decreto porque hay que garantizar la finalidad. Vamos a ver, vamos a centrarnos un poquito. Tengo aquí el decreto, ¿me puede decir -lo tengo aquí-, me puede decir en qué parte del decreto, en qué anexo del decreto, se excluye algún medio de comunicación, en qué parte? ¿Me puede decir si en este decreto no están explícitos los ámbitos de ejecución y territoriales? ¿Me puede decir en qué parte de este decreto se descarta algún spot, por ejemplo, en teles no auditadas por un medio, por ejemplo ...(Ininteligible.)? ¿Me puede decir en qué parte de ese decreto no se tiene en cuenta la distribución de campañas en función de la difusión y la cantidad de las personas que lo lean, de ahí el target de campaña "todos los individuos de Canarias"? ¿Usted no entiende que con este decreto, usted no entiende que con este decreto se pretenden establecer unos criterios para dar una mayor transparencia a la hora de establecer los criterios para tener o para distribuir o asignar las campañas institucionales de publicidad?

Además hay una cosa que yo no entiendo. Sepan ustedes, señorías, que esos criterios que ahora mismo tienen o pretenden establecer una ordenación dentro de una norma eran los criterios que se estaban utilizando cuando el Partido Popular estaba en el Gobierno. Y, si no, que se lo pregunten a los jefes de comunicación del Partido Popular. ¡Es que no lo entiendo, no lo entiendo!

El Partido Popular en todas las comunidades autónomas en las que gobierna pide a los grupos políticos que están en la Oposición responsabilidad, respeto, crítica constructiva y coherencia. Pues ese respeto, crítica constructiva, responsabilidad y coherencia se lo pedimos los partidos que en este momento apoyamos al Gobierno y concretamente el Partido Nacionalista Canario.

Habíamos presentado una enmienda al objeto de determinar y potenciar que sí estamos de acuerdo. Primero, defendiendo que la actuación de las administraciones son actuaciones basadas en el principio de la buena fe, de todas las personas que las componen, y tenemos que defender eso. Y, segundo, que estamos de acuerdo en que todo es mejorable, que estamos trabajando en aumentar la transparencia en las actuaciones de las administraciones públicas. Este decreto puede gustar o no puede gustar. Intenta realizar, potenciar, ayudar y colaborar para aumentar la transparencia. Y en este sentido, por tanto, presentamos una enmienda en un sentido positivo, crítica positiva. Por eso la hemos presentado.

He de decirle que si no acepta esta enmienda presentada por el Grupo Nacionalista nosotros tendremos que votar en contra de su proposición no de ley.

Muchísimas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario... (El señor Moreno del Rosario solicita la palabra.)

Don Víctor, ¿a qué efecto?

El señor Moreno del Rosario (Desde su escaño): Señor presidente...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Dígame, don Víctor, a qué efectos, por favor (Rumores en la sala).

¡Silencio, señorías!

El señor Moreno del Rosario (Desde su escaño): En referencia a que la portavoz del Grupo Nacionalista tenía un turno para explicar su enmienda y ha pasado toda su intervención sin hacer referencia a ella.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Como usted sabe, los grupos se pronuncian en relación a las proposiciones no de ley y al mismo tiempo defienden su enmienda. Es lo tradicional. Por lo tanto, fijan posición en relación a cualquier proposición no de ley, y les recuerdo a sus señorías que, si cada vez que no se trata del asunto o se desvían cortamos las intervenciones, les aseguro que muchas de sus señorías no hablarían en este Parlamento casi nunca.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para defender su enmienda, por favor.

El señor Fajardo Palarea: Buenas tardes, señorías.

Doña Nuria, lo ha hecho usted muy bien, porque les ha dolido muchísimo. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta el punto de que ha tenido el presidente de la Mesa que recordarles que, efectivamente, cuando uno presenta una enmienda, aparte de defender la enmienda, tiene que fijar posición sobre la PNL presentada. ¿Por qué?, por un sentido de lógica, porque si no habría que darnos un turno para fijar posición también sobre la PNL.

Pero bien, usted lo ha explicado muy bien, ahora, ¡qué curiosidades!, ayer me espetaban desde esta tribuna el poner de ejemplo a Andalucía y hoy lo ponen ellos, basándose en el artículo 3 de la ley de Andalucía para el tema de publicidad. Y yo les voy a espetar a ellos una cosa, ¡hombre!, señor Moreno, no hable usted de Baleares y de la publicidad de Baleares: ¿hablará usted del señor Urdangarín y del Instituto Nóos, señor Moreno?, ¿hablará de Valencia, del señor Urdangarín y del Instituto Nóos? ¡Hombre, por Dios!, ponga otros ejemplos, otras comunidades, pero esas no. Otras, esas no.

Bien. Entrando en el debate, yo reitero lo que doña Nuria dijo en su intervención con respecto a la primera parte de la PNL. Usted, señor Moreno, yo no dudo de su buena voluntad, explicita una exposición de motivos y habla de la austeridad en el gasto de las administraciones públicas a la hora de hacer campañas institucionales, habla de que la Administración pública, mediante la adjudicación de la publicidad, pues, bueno, no puede incurrir en que se dé la competencia desleal -no sé lo que usted entiende por competencia desleal-. Y, tras ese análisis, nos viene a decir en el primer punto... Bueno, y habla también -curioso, después desde el punto de vista legal se lo voy a aclarar- de que se publicitan aquellos contratos superiores a 18.000 euros, pero aquellos que están por debajo de este montante económico, también se realizan muchas campañas y contratos sobre publicidad y comunicación. Y, mire usted, tiene usted razón. Solamente en una de las consejerías que ustedes rigieron en la legislatura pasada se gastaron 202 millones de euros en contratos de menos de 18.000 euros, 202 millones de euros. Y, mire, en Promotur, tanto que le preocupaba a usted -ahora, parece ser- la publicidad, se gastaron del año 2007 al año 2010 en que ustedes se marcharon 60 millones de euros; 15 millones de euros más, más, que toda la cantidad que piden ustedes para un plan de pobreza para toda Canarias en el día de hoy. Y en el 2008 y en el 2009, y en el 2008 y en el 2009 y en el 2010 había crisis en Canarias. Digo, porque hay que manejar todos los datos a la hora de intentar predicar cuestiones y ser coherente con lo que se ha hecho en el pasado.

Pero bien, se lo ha dicho doña Nuria Esther, yo me he leído la exposición de motivos y entonces me voy a la primera parte de la proposición no de ley, "modificar el decreto", y mi pregunta es por qué, por qué hay que modificar el decreto. ¿Qué punto del decreto contraviene alguna parte del ordenamiento jurídico español? ¿Alguna parte que tenga que ver con la ley canaria que regula este tema, la ley estatal que regula este tema? Y aparte de la ley estatal el Decreto legislativo de 14 de noviembre, el 3/2011. Usted no es capaz de explicitar en su proposición no de ley cuál es el punto por el que habría que reformar el decreto. ¿Y sabe por qué?, porque no hay ningún punto. Mire, si eso fuera cierto así, manteles, figuritas de Navidad... ¿eh? -de lo que podríamos hablar muchísimo en esta Cámara; lo que pasa es que cuando hay que hablar, cuando se habla de manteles, figuritas de Navidad, hay que dar los nombres de los medios de comunicación; no hay que arrojar la piedra y esconder la mano, hable usted claro, hable usted claro-. Lo cierto es que usted no nos da ni un solo fundamento para que nosotros podamos votarle, por lo menos estudiar y decir, "mire, pues, puede usted tener razón". ¿Y sabe por qué no la tiene? Porque si no hubiera pasado lo mismo que con algunas medidas... perdón, solicitud de medidas cautelares mediante una interposición de un recurso contencioso-administrativo contra este decreto del Gobierno. Yo no conozco hasta el día de la fecha que todos los medios de comunicación que están aquí representados hayan presentado ningún recurso. Es cierto que está judicializado, en vía penal, allá quien no conoce bien el principio de mínima intervención del Derecho Penal, como usted bien sabe, habiendo otras fórmulas administrativas para poder reparar los posibles errores de la Administración. Pero esto es lo que hay, esto es lo que hay con respecto al primer punto.

Con respecto al segundo punto, dar conocimiento o copia trimestral a los grupos políticos de los contratos que se realizan en la comunidad autónoma. Pero si es que se viene haciendo, se viene haciendo. Cierto es, porque yo no cambio de opinión dependiendo de esté en la Oposición o esté en el Gobierno, que yo he tenido que solicitar en solicitud de documentación -valga la redundancia- mucha de esa documentación, y cierto es que la respuesta de alguna consejería que ustedes regían era, "como es tan abundante la documentación, venga usted a verla personalmente a la sede de la consejería", y te señalaban día y hora para ir a verla. Eso es así.

Pero es más, es más, le decía la señora Nuria Esther: "nosotros estamos de acuerdo con la publicidad institucional, pues claro que sí". Mire, usted sabe, igual que yo, don Víctor, lo que pasa es que no quiere dar las cifras o no las conoce a lo mejor, que la publicidad institucional en Canarias ha bajado del 2010, no hablo del 2007, del 2010 a ahora, un 72%. O sea, cuando ustedes dejaron.

Pero es que el Gobierno nacional publica todos los años el Plan de publicidad y comunicación institucional, y lo tengo aquí -lo ve, don Víctor (Mientras muestra un documento a la Cámara)-, aquí, y sabe... Yo no voy a discutir esto, dice, dice su Gobierno, que no el mío: "en el capítulo IX se incluye la evolución de las principales magnitudes de este año, 2007, año de elaboración del primer Plan de publicidad y comunicación institucional. Esta evolución demuestra el esfuerzo llevado a cabo para compaginar la eficacia y la eficiencia de las campañas planificadas y la austeridad en el gasto. En este sentido es muy significativa la reducción de la previsión presupuestaria dedicada a esta materia. Desde el año 2007 -Zapatero, Za-pa-te-ro-, 2007 al 2011 la reducción ha sido del 87%". Mire, yo le he puesto el ejemplo desde el 2010, porque si calculáramos desde el 2007 seguro que la comunidad autónoma superaba al Estado, pero yo no me quejo de lo que hace el Estado, porque yo creo que la publicidad institucional es buena, es buena y es necesaria.

Mire, aquí tenemos los gastos del 2013 (Muestra un nuevo documento a la Cámara.): todos los ministerios bajan, todos -usted lo sabe igual que yo, seguro-. ¿Sabe el único que no baja? Sí, se lo voy a decir. Mire, todos los ministerios bajan más, unos el 80%, otros el 50, otros el 40, pero al final el total dice: "-6,50%". Digo, "bueno, ¿y cómo es posible?, tendría que ser un 80% menos". Porque si llegamos al Ministerio de Industria, Energía y Turismo -¿le suena?-, el aumento de la publicidad es un +199,69%. ¡Y es necesario, seguro, para el turismo nacional que haya campañas de publicidad!, pero si lo es en España, ¿por qué no lo puede ser en Canarias? Si en España ustedes hacen esto, si el Gobierno central hace esto, ¿por qué no lo puede hacer Canarias? Lo que ustedes no quieren para Canarias no lo quieren para el Estado también, si ustedes lo quieren para el Estado lo deberían de querer para Canarias, ¿o no, don Víctor?

Termino, termino mi intervención. Mire, don Víctor, la enmienda que presento es incluso más completa que la suya. Sí, más completa que su PNL en cuanto que instamos al Parlamento de Canarias a publicar todos los contratos adjudicados por las distintas consejerías del Gobierno de Canarias, así como sus organismos autónomos, entidades, sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, en los términos que se fijen por la normativa básica. A este respecto, podrá modular esta exigencia en función de la cuantía de los contratos a los únicos efectos de acumular la publicación de los contratos menores. ¿Sabe lo que he hecho? Copiar el artículo 7 de su ley de transparencia, que también pone el verbo "podrá". Lo que ustedes pueden hacer en Madrid lo podemos hacer nosotros en Canarias. Si usted es coherente, este es el texto del Partido Popular, aquí está el texto copiado de nuestra enmienda. Espero que la vote a favor, don Víctor, espero que la vote a favor.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del grupo proponente, don Víctor Moreno, por tiempo de cinco minutos, para fijar la posición en relación a las dos enmiendas de los grupos parlamentarios, tiene usted la palabra.

El señor Moreno del Rosario: Gracias, señor presidente.

A la portavoz del Grupo Nacionalista le quiero decir, en primer lugar, que hoy no estamos discutiendo sobre el gasto en publicidad institucional, que, por cierto, a nosotros nos parece mucho y por eso habíamos hecho referencia a él, sino a la forma en que se reparte el dinero público y que algunos aprovechan para financiar a unos medios en detrimento de otros.

Por cierto, al portavoz del Grupo Socialista le quiero decir que yo no me he referido a la desaparición de más de 1.000 millones de euros destinados a los parados, repartidos entre sindicatos... en la Junta de Andalucía.

Y sí quiero decir, me preguntaba por la forma, por qué presentamos esta proposición no de ley. Nosotros queremos que la publicidad institucional se adjudique de conformidad con criterios objetivos que garanticen la libre concurrencia y la igualdad, sin que pueda excluirse a ningún medio de comunicación social que llegue a destinatarios de la publicidad de que se trate, modulándose la participación en el contrato de los distintos medios exclusivamente sobre la base de criterios de ámbito territorial y difusión del medio correspondiente, algo que en la actualidad no ocurre. Y tengo aquí el decreto, por ejemplo, en el apartado de televisión dice que se adjudicará a canales de televisión digital terrestre que tengan licencia del Gobierno de Canarias. ¿Qué licencia, señorías? Que yo sepa, la justicia ha anulado el concurso y ahora mismo no existen licencias (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor presidente).

Me refiero a las enmiendas presentadas. En primer lugar, a la del Grupo Nacionalista, ¿qué quiere que le diga, señoría?, la misma es generalista y no profundiza en aspectos concretos, tal y como nosotros planteamos. Por este motivo no podemos aceptarla, ya que, aunque la misma habla de los ideales, de lo que debería ocurrir, no concretan ustedes la manera de llevarlo a cabo.

Por su parte, con respecto a la enmienda del Grupo Socialista, quiero aclararles que la normativa básica a la que usted hace referencia -y no me vale un proyecto de ley que ni siquiera está en vigor-, hace referencia a... La normativa básica obliga a publicar los contratos que superen una determinada cantidad, superior a 18.000 euros. Por eso, como decía, por debajo de esa cantidad también se celebran muchas campañas y contratos sobre publicidad y comunicación, que nosotros, mi grupo parlamentario, queremos conocer y creemos que todos los ciudadanos tienen derecho a conocer, y por eso hemos presentado esta proposición no de ley. Si de verdad fueran ustedes partidarios de dar la máxima transparencia a este asunto, no tendrían ningún inconveniente, señorías, en hacer públicos todos los contratos que se adjudican sobre esta materia, con independencia de su cuantía. Si no lo hacen, por algo será. Y por todo ello desde luego tampoco vamos a aceptar su enmienda.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias.

Fijación de posiciones. Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez (Pausa).

El señor Rodríguez Rodríguez: El presidente me recordaba el Reglamento, que no está nunca de más.

Señorías, vamos a ver, yo creo que este es el típico debate que justamente yo creo que no interesa a nadie. Es el típico debate que se instala en este mundo de la política del "y tú más". Y, sinceramente, que sobre lo que se discute todos debiéramos mejorar. La publicidad institucional es determinante para trasladar a la ciudadanía las políticas públicas. Forma parte del proceso de legitimación y de participación ciudadana. La gente no puede opinar sobre las cosas si no tiene información y criterio sobre ellas y en ámbitos determinantes de servicios públicos la comunicación técnica para llegar a la gente es decisiva para conseguir los objetivos. Cuestionarse la publicidad institucional, la información a los ciudadanos, es cuestionarse la esencia de la democracia. Por lo tanto, nosotros nunca hacemos demagogia con respecto a este tema. Esa es la razón por la que nosotros siempre, en el Gobierno y en la Oposición, defendemos también los medios de comunicación de titularidad pública, porque estos son determinantes para trasladar todas las informaciones y en todas las circunstancias a la ciudadanía la información más independiente y más veraz. Que no siempre está garantizada cuando los medios tienen dueños que legítimamente orientan su medio de comunicación hacia determinadas visiones e intereses. De forma que nosotros aceptamos, defendemos, sin lugar a dudas, la necesidad de recursos presupuestarios para informar, para comunicar, para ayudar a formar a la gente en un conjunto de funciones propias de lo público.

Es cierto que casi nadie se escaparía de la crítica de que al final todo el mundo utiliza este instrumento a favor propio -es casi humano, ¿no?- y lo que debiéramos hacer -y esto forma parte del debate de ayer de la transparencia- es que lo que hagan las administraciones públicas se sepa. Y la verdad es que, en esta y en otras administraciones, para saber de esto hay que ser un artista. Hay que ser... bueno, hay que dedicarle todo el tiempo del mundo, conocer todos los vericuetos, para saber exactamente cuánto nos gastamos en esto, dónde y a veces para qué. Si la ley de transparencia no resuelve esto, será una mala ley de transparencia, señor consejero de la Presidencia. Este es uno de los puntos negros de la información de las administraciones públicas, pero aquí y en el Cabildo de Gran Canaria también, también. ¿Por qué?, porque se gastan dineros, dineros, no siempre respondiendo a políticas públicas y casi siempre para colocarse uno mejor. De forma que en el debate, aunque he visto algunas cuestiones positivas, positivas, porque yo creo que debatir, si hablamos de esto es importante; si hablamos del "y tú más", yo creo que es menos importante. Afortunadamente, esta es la típica hora donde nadie nos ve ni nos escucha, en cuyo caso la capacidad de daño se limita, ¿no?

Nosotros creeríamos que en relación a la transparencia este tiene que ser uno de los puntos fuertes del documento que el Gobierno trabaja y que nosotros enriqueceremos aquí, porque es de los puntos más raros, porque los contratos de carreteras, estos no se pueden trastocar ni los contratos de otra naturaleza, pero estos de 3.000 euros, 7.000 euros, una estampita, una monedita, esto es fácil, es muy tentador, ¿no? De forma que una de las claves de la ley de transparencia será que apretando un botón sepamos esto y si no, si son dos botones, señor consejero, muchos botones para tan poca información. Esta tiene que ser una clave.

Y con respecto al debate, hombre, a mí me han gustado estos días las referencia a Andalucía, primero porque yo creo que de todos podemos aprender, también de los andaluces. Ayer recurriendo a una iniciativa yo creo que acertada, oportuna, sensible y valiente, que es la de las expropiaciones condicionadas a determinadas circunstancias y con el justiprecio correspondiente, y hoy copiando la ley en la materia. Eso está bien. Yo creo que eso es un elemento positivo.

Y yo diría que desgraciadamente, aunque hemos escuchado algunos argumentos razonables de bando y bando -yo creo que cuando uno no está en el rifirrafe este, y yo procuro zafarme todo lo que puedo y los compañeros del Grupo Mixto lo hablamos, es verdad que estamos en una posición que seguramente lo facilita-, pues, a nosotros se nos hace difícil tomar partido por cualquiera de las dos visiones, porque creemos que las dos están un poquito contaminadas, por ser benevolentes. De manera que nos vamos a abstener en esta PNL, sin que eso no reconozca que el último punto sería muy interesante hasta que llegara la ley de transparencia.

El señor presidente: Muchísimas gracias, don Román Rodríguez.

Quiero recordarles que cuando se dice "comienza la votación" nadie se mueva ya de los escaños. Es recordarlo, simplemente, por favor.

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre los pliegos de prescripciones técnicas generales en campañas institucionales de publicidad. Comienza la votación (Pausa).

Presentes, 48: 15 a favor, 30 en contra y 3 abstenciones.

Queda rechazada.

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  • 8L/PNL-0212 Sobre los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales en campañas institucionales de publicidad.


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