Diario de Sesiones 78/2013, de fecha 14/5/2013 - Punto 29

· 8L/C-0880 Comparecencia del Gobierno -vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad-, instada por los Grupos Parlamentarios Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) y Socialista Canario, sobre postura del Gobierno al anteproyecto de la Lomce y a la memoria económica en la Conferencia Sectorial de Educación.

El señor presidente: Siguiente comparecencia del Gobierno: comparecencia del señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, instada por el Grupo Nacionalista Canario y Socialista Canario, sobre la postura del Gobierno al anteproyecto de la Lomce y a la memoria económica de la Conferencia Sectorial.

¿Van a intervenir los dos grupos?

Don Nicolás Gutiérrez, del Grupo Nacionalista.

Para conocimiento de la Cámara, esto es una comparecencia de dos grupos. El primer turno lo consume don Nicolás Gutiérrez, el segundo turno se lo comparten los grupos por mitad del tiempo.

Don Nicolás tiene la palabra.

El señor Gutiérrez Oramas: Gracias, señor presidente. Señorías, medios de co municación, señor vicepresidente.

Es una de esas iniciativas, la que presentamos hoy, que por lazos del demonio se propone en una fecha y se debate en otra, cuando ya parece que ha perdido su vigencia, pero permítanme que por una vez me alegre de que se haya retrasado y se incorpore a este Pleno. No solo no ha perdido actualidad sino que, al contrario, ha ganado, principalmente por la lucha que ha mantenido la sociedad en contra de la tramitación de la Lomce (El señor presidente abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández).

Voy a comenzar tal como terminaba mi intervención el pasado 11 de septiembre de 2012 con motivo de la comparecencia 495, del consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, sobre oposición al proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, a petición del Partido Popular. Decía ayer, "en definitiva, no permitan ustedes que se salgan con la suya personas que añoran la vuelta a esos tiempos en los que se vitoreaba y conmemoraba la fecha de presentación de este anteproyecto a los representantes de las comunidades autónomas". Les recuerdo que la fecha en la que se había presentado era el 18 de julio y yo hablaba desde esta tribuna del espíritu del 18 de julio. En aquel entonces el portavoz del Grupo Popular en esta tribuna dijo que él no contestaba, porque él venía aquí a hacer cosas serias, no a contestar poco menos que tonterías, y algunas veces lo recordamos en los pasillos de este hemiciclo. Hablaba, señorías, de las clases separadas por sexos, hablaba de las reválidas, de las pruebas de ingreso para empezar a estudiar Bachillerato, de la gimnasia... Hablaba de otras cuestiones que no voy a repetir ahora mismo.

Pero, miren por dónde, el pasado 8 de febrero, cinco meses después, en el periódico Diario de Avisos y en la columna "Retiro lo escrito", firmada por don Alfonso González Jerez, y bajo el título Por todos, decía textualmente: "Roger Senserrich suele decir que la reforma educativa del ministro Wert está inspirada en una profunda nostalgia por las aulas de los años cincuenta y, vistos los pilares de la reforma, creo que puede suponerse que Wert añora el sistema educativo de los años cincuenta y lo considera un modelo. Al fin y al cabo, él pasó por ese sistema y llegó a ministro y todo".

Señorías, como pueden ver, a partir de febrero éramos al menos tres los que decíamos tonterías. Pido disculpas a los otros dos que he mencionado anteriormente por nombrarlos aquí y ahora. Y, por si fuera poco, desde el pasado jueves sabemos que son decenas de miles los que piensan lo mismo y así lo han manifestado en la calle. Por primera vez el Gobierno parece que toma conciencia y constata que su mayoría parlamentaria no coincide con la mayoría de la ciudadanía, y no le ha quedado más remedio que tenerla en cuenta y retrasar la llegada de la ley al Consejo de Ministros, cosa que tenía previsto hacer el pasado viernes. Este retraso se produce, según fuentes oficiales, para afinar algunos detalles técnicos pendientes en relación con la memoria económica.

Podían haberse evitado este mal trago de tener que pararlo ahora, podían haberlo hecho durante la última reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, cuando cinco comunidades autónomas -Cataluña, Andalucía, Asturias, País Vasco y Canarias-, todas no gobernadas por el PP, habían rechazado la memoria económica de la ley por falta de rigor económico y porque creían que sería inviable ponerla en marcha. Pero no, al Partido Popular no le interesan acuerdos, no le interesan pactos a nivel de Estado por la educación. Lo que le interesa es poner ante la opinión pública globos sonda que distraigan la atención con temas como el de la religión y el aumento de horas, como las lenguas en aquellas comunidades con lengua propia. Como ven, temas que lo que hacen es reavivar las dos Españas, la división entre los españoles y entre España y las autonomías.

Señor vicepresidente, solicitamos esta comparecencia los Grupos Parlamentarios Socialista y Nacionalista para que nos informe sobre los aspectos tratados en la anteriormente señalada conferencia sectorial del día 7 de febrero. Nos gustaría, por lo tanto, señor vicepresidente y consejero de Educación, conocer la postura y las propuestas presentadas por nuestra comunidad en relación con la memoria económica, así como saber si el señor ministro se ha dirigido a usted estos últimos días, se ha dirigido a las comunidades, para afinar esos detalles que, según él, le faltaban a la memoria económica.

Gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Gobierno, el señor vicepresidente y consejero de Educación, don José Miguel Pérez, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

El señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad (Pérez García): Señor presidente. Señorías,

Empezaré por contestar a la última pregunta que nos hace. No ha habido, por lo menos hasta hace un pequeño rato, ningún tipo de pregunta, de sugerencia, a esta comunidad autónoma por parte del Ministerio de Educación tras el paréntesis que el ministerio o que el Gobierno en este caso ha hecho con el proyecto de la Lomce.

Voy a dar mi opinión, y la compartiré en dos turnos, acerca del contenido -y así se lo hemos hecho llegar reiteradamente al ministerio- que tiene esa ley. Si vale un símil, tengo que decirle que el ministro está circulando en dirección equivocada, pero el ministro piensa que son todos los demás los que van en dirección contraria. Realmente esta es la percepción que tenemos después, sobre todo, de ver la imposibilidad de llegar a ninguna clase de acuerdo con ninguna comunidad autónoma y con ninguna fuerza política distinta a la del Partido Popular, con la que, por cierto, ha sido ya también bastante complicado llegar a acuerdos, puesto que la mayor parte de los problemas que ha tenido la dilación señalada en las conferencias sectoriales han tenido que ver con problemas internos con las propias comunidades del Partido Popular.

Por nuestra parte, ante el conocimiento que tuvimos del anteproyecto de ley, intentamos mantener una posición que viene caracterizada por dos elementos principales. Primero, mantener lo que a nuestros ojos es el logro principal que esta comunidad autónoma ha conseguido a lo largo de todo este tiempo, de todo este tiempo que caracteriza su andadura autonómica, y es mantener uno de los sistemas educativos que hacen gala de que el principio de igualdad de oportunidades y el principio de equidad es un valor esencial. Y, en segundo lugar, hemos intentado mantener una actitud responsable basada en la prudencia, la prudencia de advertir al ministerio, cuando detectábamos lo que, a nuestro entender, eran serios problemas en ese anteproyecto, trasladarle las consecuencias negativas que los cambios que proponía contenían.

Hasta ahora tengo que decirles que la respuesta del ministerio a quien disiente desde otra fuerza política, o desde otra comunidad que no sea la suya propia, ha sido siempre negar la mayor.

Entrando en materia, voy a intentar resumir en esta primera parte cuál es la razón de nuestra discrepancia profunda y la alegría que nos hemos llevado ante el hecho de que el proyecto quede encima de la mesa. Confío en que sea para algo positivo, para algo más allá que para ganar tiempo ante una campaña de comunicación o para perfilar algunos de los graves inconvenientes, o para maquillarlos, que, entre otros, el propio Consejo de Estado hizo llegar al ministerio.

Nosotros pensamos que muchos de los cambios que contiene el anteproyecto carecen de fundamentación científica, y así se lo hemos dicho por escrito al ministerio. No están avalados por ningún sistema educativo de los que llamamos de referencia, y lo intentaré demostrar. En nuestra opinión, el sistema educativo que puede surgir de ese proyecto de ley es una apuesta muy arriesgada que puede traer consecuencias enormemente negativas para el conjunto de nuestro sistema. Cuatro elementos marcan esta afirmación.

Primero. Frente a toda la opinión generalizada del actual Gobierno de que el sistema educativo en España es un desastre, nosotros sostenemos lo contrario. La ventaja es que no lo sostenemos solos, lo sostiene prácticamente todo el mundo.

Segundo. El conjunto de cambios que propone el ministerio no pueden ser confiables, puesto que no aparecen conjuntamente en ninguno de los sistemas de referencia a los que hace alusión el propio ministerio.

Tercero. Es un sistema que justifica la desigualdad, en nombre de diferencias naturales, castigando especialmente a las familias más desfavorecidas socialmente.

Y en cuarto lugar, lo veremos con rotundidad, el sistema educativo que sale de ahí será insostenible económicamente para las comunidades autónomas.

Nuestro actual sistema es un buen sistema que requiere ser mejorado, que debe ser reformado y que tiene que ser mejorado, pero es un buen sistema. Insisto, no lo comento yo, les remito a la consultora internacional McKinsey. Sus informes de 2010 y de 2012 -por tanto, nada lejanos en el tiempo- afirman, textualmente, que para poder evaluar un sistema educativo hay que vincularlo a las posibilidades de mejora que en cada uno de esos sistemas identifique el estadio en que se encuentran. Ningún cambio que se proponga podrá ser considerado como una mejora si no se tienen en cuenta las características del sistema educativo en el que se implantan. Pues bien, el resultado de lo que analiza este prestigioso centro, junto con los informes de la OCDE, es que nuestro sistema se encuentra entre los aceptables y buenos. Señala, además, la línea de las mejoras por dónde podrían ir, que compartimos, y en ningún caso considera necesario una reforma estructural del sistema, más bien la considera lesiva.

Segundo. El conjunto de cambios que no aparecen juntos en un sistema educativo son justamente los que propone el ministerio, en varios sentidos. Se habla del sistema finlandés de referencia como modelo. Lo que se ignora, no se dice, ni siquiera en la memoria justificativa, es el modelo de escuela pública y comprensiva que ha hecho posible en Finlandia tener ese modelo referencial. Otro ejemplo: se elogia la contribución que puede hacer determinada clase de pruebas externas al sistema, pero se oculta que el único sistema educativo que contiene la clase de pruebas al sistema que pretende la Lomce es el de Corea del Sur, es el de Corea del Sur.

Y tercero. Se postula un nuevo modelo de Formación Profesional dual, pero no se dice que lo que se postula en concreto en el concepto del modelo que propone la Lomce no existe ni en Alemania ni en ninguno de los lugares de referencia en los que se aspira a implantar o está implantada la Formación Profesional dual.

Un modelo que justifica la desigualdad. Las pruebas externas para obtener la titulación, los itinerarios educativos, la doble titulación al finalizar la enseñanza obligatoria, la limitación de las competencias del consejo escolar del centro, la incorporación del principio de atención a la demanda en la programación educativa, suponen el reconocimiento de un conflicto entre equidad y excelencia. Un conflicto que siempre conviene evitar, pero el ministerio lo considera inevitable.

El nuevo sistema educativo pretende premiar exclusivamente a los mejores estudiantes y castigar a los peores, a la vez que obliga a todos a competir permanentemente por unos recursos educativos que, como diré ahora, serán cada vez más escasos.

Me gustaría que leyeran con atención el cambio previsto en el artículo 16 de la Lomce con respecto al artículo 27 de la actual legislación. Si se pudiera seguir lo que ahí se propone, ocurriría lo siguiente: hace 30 años un niño disléxico, un niño disléxico, una niña disléxica, hubiese sido considerado como alguien que no se esforzaba; ahora, afortunadamente, y en virtud precisamente de elementos que han permitido identificar y actuar, y actuar e intervenir, en gente que se consideraba que no se esforzaba, se ha podido contrastar, comprobar y tirar para adelante con gente cuyo problema no era que se esforzara o no, cuyo problema era que existía otra clase de dificultad que en su momento no se consideraba tal.

Y la cuarta cuestión es que nos encontramos ante un sistema educativo insostenible, basado en un cálculo de costes que no puede ser creíble. La Lomce plantea un cambio del sistema para lograr mejores resultados sin incrementar la inversión. Luego lo contradice el propio texto y la propia memoria de la Lomce, pero este principio queda falseado ya de entrada. El ministerio, y, por lo tanto, el Gobierno de España, ha enviado a Bruselas el compromiso de reducir el presupuesto educativo del 4,9 del PIB al 3,9. Esto significa 9.000 millones de euros menos para el sistema educativo en España. Por tanto, sí se ha comprometido el Gobierno a bajar la inversión. ¿De dónde sale el coste? De la reducción, nos planteamos. Verán ustedes que saldrá, seguramente, de las administraciones que tienen como competencia básica el prestar este servicio.

Ojalá sirva para el acuerdo, para retomar el diálogo, porque, insisto, hay quien va en una dirección...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señor consejero, tiene un minuto para concluir, por favor.

El señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad (Pérez García): ...y quien entendemos que no va en la adecuada dirección es quien se ha quedado solo.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

Pasamos a las intervenciones de los grupos no solicitantes de la comparecencia. En primer lugar, desde el Grupo Mixto, doña Carmen Hernández, por tiempo de tres minutos tiene usted la palabra.

La señora Hernández Jorge: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados, medios de comunicación.

Nosotros vamos a reiterar nuestra posición en relación a un anteproyecto que consideramos inoportuno, porque llega en un momento donde los recortes en materia educativa han sido los más importantes a lo largo de la historia de la democracia, casi 900 millones en solo dos años. Por tanto, nos parece que abordar una ley, no es que sea sin ficha financiera sino con menos recursos que hasta ahora, nos parece absolutamente inoportuna y además entendemos que es innecesaria, que no aborda los problemas que tiene la educación en España ni en Canarias. Y, por tanto, no solo no es garantía de mejora del sistema educativo, no es garantía de mejorar el rendimiento ni de mejorar en cuestión de abandono escolar o de repetición sino de todo lo contrario. Y existen ejemplos en Europa de leyes estables, como el caso finlandés durante décadas, con amplio nivel de éxito. Por tanto, cambiar las leyes no es sinónimo de nada y de hecho también hay ejemplos en España, territorios como las comunidades del norte, como el País Vasco o Navarra, donde con la misma ley básica que el resto de España tienen, no buenos resultados sino resultados tan buenos como muchos países del entorno europeo.

Decía recientemente un científico, un astrofísico prestigioso, que era posible viajar a través del tiempo pero solo hacia el futuro. Yo creo que el Partido Popular está demostrando que no, está luchando contra las leyes de la Física y está demostrando, con esta contrarreforma como con otras, que sí se puede viajar al pasado, que por lo menos lo intentan. Algunos empujamos y hacemos lo que podemos para intentar que cuando se viaja a través del tiempo sea siempre hacia el futuro para avanzar en los retos y no para colocarnos en el vagón de cola de las mejoras, en este caso, en el sistema educativo.

También me gustaría decir que es motivo de alegría que el Partido Popular haya decidido paralizar, aunque solo sea momentáneamente, la tramitación de esta ley. Entendemos que ha sido consecuencia de la movilización ciudadana, de que las familias, los docentes, el propio Consejo Escolar del Estado, se hayan manifestado en contra de esta reforma, el Consejo Escolar de Canarias, porque una ley educativa que nace sin consenso está abocada al fracaso y, por tanto, está abocada a que no mejore ninguno de los indicadores que todos queremos mejorar: avanzar hacia el éxito escolar, disminuir el abandono y conseguir que los alumnos, que nuestros chicos y chicas repitan lo menos posible, que es otro de los objetivos que tenemos en Canarias como en el resto del territorio español.

Gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, doña Maribel Oñate, por tiempo de tres minutos tiene usted la palabra.

La señora Oñate Muñoz: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Señor consejero, el 13 de septiembre de 2012 usted hacía unas declaraciones que no eran en una radio, que podían ser, pues, improvisadas, era un comunicado de prensa, con lo cual era pensado, donde usted decía: "Desde la consejería se está haciendo un muro de contención contra las consecuencias negativas del Gobierno de Mariano Rajoy y del ministro Wert". Ya con esta declaración, señor consejero, todo lo demás que usted pueda decir está inutilizado, porque usted ha creado desde el minuto uno un enfrentamiento y un cerramiento a cualquier medida que pudiera mejorar la educación.

Y me llama la atención que usted hable de equidad y le dije ya el otro día que equidad es igualdad, es justicia y es acceso al sistema educativo de todo el mundo, y eso es cierto que se da en España y en Canarias, pero la equidad tiene que durar todo el proceso y al final del proceso usted no puede mandar a la cuneta y su consejera de Empleo a otros países mucho más lejos a todos los alumnos que no han podido tener un título, que han abandonado los estudios o que han fracasado. Por lo tanto, la equidad se pone en cuestión. Usted se complace hablando de equidad, pero no existe equidad. Si usted tiene a más del 60% de los jóvenes en paro y sin título, no hay equidad posible, y eso lo tiene usted que comprender. Usted es el único responsable de la Consejería de Educación, usted tiene en las manos la educación de Canarias y, por lo tanto, tiene que asumir esa responsabilidad. Usted, con el dinero que tiene, puede quitar o poner, encima es vicepresidente del Gobierno. Si usted ha quitado la acogida temprana, si usted ha bajado profesores en las escuelas de idiomas, si usted ha quitado una serie de elementos, auxiliares de inglés o lo que fuera, de eso no es responsable el ministro Wert, eso es responsabilidad suya y del Gobierno de Canarias, en el cual usted es vicepresidente y consejero de Educación. Por lo tanto, creemos que ahí tiene que autoexaminarse.

Por otro lado, la Lomce es una ley que está apoyada por 11 millones de españoles, que no diga el señor del Grupo Nacionalista que estamos solos. El 20% fue a la huelga, y yo les digo cómo fue esa huelga: entraban los profesores a clase y decían "qué alumnos no quieren venir mañana", y todos levantaban la mano, y eso es así. Y les preguntaban en la calle a los alumnos por qué están en huelga y no sabían ni lo que era la Lomce. Ustedes han manipulado y han intentado ayudar a que la huelga tuviera éxito. Pero, mire, saben lo que les digo, les voy a frustrar una alegría, aquí han venido a decir que ha parado el llevar al Consejo de Ministro la Lomce por la manifestación. No es verdad, esa ley va a ir al Consejo de Ministro a lo largo de este mes de mayo y va a ir como estaba, porque la Lomce ha sido una ley que ha tenido 26.000 consultas y ustedes tienen una...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Rita Gómez.

La señora Gómez Castro: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero.

Realmente inicio esta intervención... pues, sí, me ha frustrado una alegría, una esperanza, porque esperaba realmente que el Partido Popular, por una vez en su vida, tuviera humildad y abandonara la prepotencia. Esto no es una cuestión ideológica, quienes han salido a la calle el pasado 9 de mayo, el jueves, fueron madres, padres, alumnos, docentes, fuerzas sindicales y también partidos políticos que sí sabemos cómo se mejora la educación y no como lo está haciendo el Partido Popular. Por lo tanto, qué pena, qué pena que este Partido Popular carezca de lo que tiene que carecer o de lo que tiene que tener una persona, que es humildad. La prepotencia para otros momentos y no para la educación.

Y decirle que esta ley no está avalada por la mayoría de los españoles. Ustedes mintieron y ustedes han incumplido el programa. El ministro de Educación, tanto en el Congreso como en el Senado, dijo que nunca haría una nueva ley sino que haría propuestas y cambios de mejora. Por lo tanto, no está avalada, ustedes han mentido y esta es una más de las mentiras del incumplimiento del programa del Partido Popular.

El pasado 9 de mayo, tenemos que decir que asistimos a una huelga general en educación como nunca se había producido en la etapa democrática, desde infantil hasta las universidades. Y esas manifestaciones fueron en contra de unas medidas de una ley que apuesta por una educación selectiva y segregadora, por una ley que se ha hecho desde una óptica recentralizadora, que devalúa la Formación Profesional en estos momentos y sobre todo -he aquí lo más importante- que no va a resolver los problemas del sistema educativo. Esta ley o las metas que persigue esta Ley Wert o el anteproyecto de ley, la Lomce, las metas que persigue no tienen nada que ver con la mejora del sistema educativo, tienen que ver con lo que el Partido Popular, la derecha española, quiere que sea esta sociedad.

Por lo tanto, vamos a dejarnos de discursos que no se cree la comunidad educativa, que no se cree la sociedad, que no se cree el Consejo de Estado, que en el último informe puso en duda y echó abajo la mayoría de los cambios que propone este anteproyecto de ley, y hablemos y basémonos en mejoras educativas, en lo que dicen los expertos, en lo que dicen otros sistemas educativos de referencia o en lo que dice, por ejemplo, señora Oñate, que usted tanto lo nombra, el informe McKinsey, que dice precisamente que la LOE es un buen sistema, que necesita, eso sí, mejoras pero nunca los cambios estructurales que está promoviendo el Partido Popular.

Y, por último, no podemos hacer una reforma educativa tan brutal como pretende el Partido Popular sin consenso, sin diálogo y sin dinero, y precedida de una serie de recortes, los máximos en época democrática en este país, y con el compromiso con la Unión Europea de garantizar, de la reducción del déficit público con la Unión Europea, como he dicho, y sobre todo condicionada por ese real decreto de racionalización del gasto público.

Por lo tanto, yo creo que apelo, sigo apelando, a la humildad, a la sensatez individual de miembros del Partido Popular -en otros aspectos ya lo estamos viendo, cómo esas voces discordantes han hecho que se retiren reformas que están ahora mismo, pues, justo a la entrada del Consejo de Ministros-. Les pido diálogo, les pido consenso, porque estamos hablando de algo muy importante como es la educación. Y evidentemente: estamos hablando de la retirada de una ley que va a romper con la equidad, una de nuestras fortalezas -tendríamos que hablar en este Parlamento de qué es equidad, que no es precisamente lo que entiende el Partido Popular, que es igualdad de oportunidades-, que atenta contra y conculca las competencias educativas y lingüísticas y sobre todo que nos aleja de los objetivos de la Unión Europea y de otros países.

Sabemos, los que estamos aquí, sabemos los que conocemos mínimamente el tema de educación, que la LOE no es un mal sistema. De hecho hay muchas comunidades en España, en...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Tiene treinta segundos para acabar, señora diputada.

La señora Gómez Castro: ...resultados o que se equiparan a regiones europeas.

Y, por lo tanto, mejoras sí, las que estuvo a punto de consensuar el anterior ministro con su diálogo y con su consenso, pero no a una ley que quiere cambiar ideológicamente la sociedad según el punto de vista del Partido Popular. No hay consenso, no hay dinero y mucho menos, señora Oñate, señores del Partido Popular, esta ley no está avalada por esa mayoría absoluta a la que ustedes apelan, porque ustedes se presentaron a las elecciones con otro programa y no con este anteproyecto de ley.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Grupo Nacionalista Canario, don Nicolás, por el mismo tiempo de cinco minutos tiene usted la palabra.

El señor Gutiérrez Oramas: Gracias, señor presidente.

La verdad es que admiro el optimismo del Partido Popular y de la señora representante en este aspecto sobre la lectura que hacen de la huelga y los participantes en la huelga, o sea, todos los que no van a la huelga están a favor de lo contrario. Si es así, lo que hacemos es que todos están o mayoritariamente están a favor nuestro.

Señorías, estamos ante un cambio muy profundo y de mucho calado político y social y desde luego un cambio de modelo educativo. Les pongo como ejemplo lo que señala la LOE y lo que propone la Lomce en su exposición de motivos o en unos apartados de su exposición de motivos. La LOE habla de un medio para transmitir valores, respeto, convivencia democrática, respeto a las diferencias individuales, solidaridad para evitar discriminaciones, para lograr la cohesión social, con el fin de garantizar una ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica. La Lomce nos dice en uno de sus apartados: "la educación como medio para crear ciudadanos empleables y capaces de competir con éxito en el libre mercado". Y esto, señorías, lo intenta imponer el Partido Popular con una ley de la que el Consejo de Estado y el Consejo Escolar de Canarias señalan en sus respectivos dictámenes e informes como leeré a continuación. Podría enumerar las muchas apreciaciones que hace el Consejo de Estado en su dictamen, por ejemplo la poca clarificación que existe en relación con los costes, como bien ha señalado el señor consejero; la necesidad de buscar un acuerdo político y social que dé estabilidad a la educación, como se ha logrado en este Parlamento -a ver si lo podemos trasladar al Estado-, con el compromiso del ministro de hablar con las comunidades, porque bien es cierto que, como dice la señora portavoz, ha habido muchas consultas o mucha participación ciudadana, pero que les pregunte a las comunidades autónomas que no están de acuerdo con ello, que no son las que están avalando esta ley, la participación que les da. La necesidad también de incorporar una asignatura obligatoria sobre valores éticos y sociales, se han cargado la Educación para la Ciudadanía. Destaca la importancia también de la enseñanza mixta y pone en duda la educación diferenciada por sexos, porque fundamentos jurídicos le llevan la contraria a este tipo de escolarización; también le hace reflexionar sobre los conciertos con centros que incorporan grupos separados por sexos; la representatividad que les quita a los consejos escolares, que solo los dejan como entes consultivos; y la poca participación que va a tener la comunidad escolar en lo que es la vida de los centros educativos.

Nos dice el Consejo Escolar de Canarias, en su informe del 12 del 9 de 2012, una cosa bastante fuerte, que la ley es innecesaria, que es inconveniente, que es inoportuna, que es poco innovadora, segregadora y parcial, que no tiene memoria económica, y que no es necesaria, como bien se ha señalado por alguna de las personas anteriormente, una nueva ley sino ajustar la que tenemos para poder lograr los mejores resultados. Y también nos habla el Consejo Escolar de Canarias de lo que señalaba anteriormente, del necesario pacto político y social. Los cambios, señorías, de leyes no garantizan los mejores resultados, y eso creo que lo tenemos claro y aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones. Recuerden ustedes la reforma de la Formación Profesional y el Bachillerato, que se había anunciado para iniciarla con este curso y que se ha tenido que abortar, y es el primer fracaso de esta ley.

Señorías, los comentarios sobre la memoria económica evidentemente son múltiples. Podríamos añadir ahí que no se contempla la creación de los ciclos de FP básica de dos años, la incidencia económica derivada de impartir las lenguas extranjeras en el idioma correspondiente, el coste de las dos reválidas informativas y la financiación de los planes de mejora derivados de sus resultados, el coste de la división de las dos opciones del actual curso 4.º de la ESO, el coste de los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento escolar de 1.º y 2.º de la ESO, los costes de la reválida de la ESO y el Bachillerato, los costes de los sistemas de evaluación nacional e internacional, la dotación presupuestaria para la identificación del alumnado con altas capacidades y los planes de mejora para desarrollar al máximo sus capacidades, la financiación de las instalaciones de mantenimiento y el entorno.

Señorías, creo que con esto que se ha dicho hoy, por lo que estamos diciendo, evidentemente lo que merece el ministro es que recapacite y que la ley sea consensuada con todas las comunidades autónomas, las que están de acuerdo y las que no están de acuerdo, para que así pueda perdurar en el tiempo.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Para contestar a las distintas intervenciones de los grupos parlamentarios, por parte del Gobierno, el señor vicepresidente y consejero de Educación, don José Miguel Pérez, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

El señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad (Pérez García): Gracias, señor presidente.

Antes le sugería que le echara un repaso a lo contemplado en el artículo 16 del proyecto de reforma. ¿Por qué?, porque estoy de acuerdo con la diputada del Partido Popular, la equidad, la igualdad de oportunidades, no es solo una cuestión de inicio, es una cuestión también de llegada. Si se fija, en la reforma que se propone de ese artículo, podrá comprobar que, por ejemplo, en los alumnos de la ESO, los programas de refuerzo, justo cuando llegan a la posibilidad de titular en el último curso, se les retiran. Justo es ahí cuando no se les garantizan. En el inicio y en la llegada. Lo que ocurre es que ni en el inicio ni en la llegada garantiza esta ley la equidad.

Pero voy a centrarme en un aspecto que antes señalaba: la credibilidad de esta ley desde el punto de vista de poder llevarla adelante desde quien va a tener que gestionarla, que son las comunidades autónomas. En mi opinión, como les dije antes, hay dos condicionamientos muy graves para esta ley. El primero es el que se deriva del compromiso de descender la inversión educativa en 1 punto del PIB, 9.000 millones de euros; o, lo que es lo mismo, dejarla en la inversión educativa más baja de toda la historia de la democracia reciente en España.

Por si esto fuera poco, la ley incorpora a su articulado los contenidos del famoso real decreto del pasado año, del 2012, de contención del gasto educativo. Y para que no le duelan prendas a nadie, este año, hace un par de viernes negros atrás, el Gobierno de España ha vuelto a remitir a Bruselas el compromiso de mantener ese real decreto, cifrando las partidas de gasto de ahorro que supone para el conjunto del sistema educativo, y para Canarias esas medidas traducen 180 millones de euros que compromete el Gobierno de España a que no se gasten en Canarias a Bruselas.

La memoria todos estos elementos los convierte en norma estructural. Pero vamos a analizar los cálculos de coste y algunas de las contradicciones importantes que tiene esta memoria. Primero, la memoria económica de la ley, que ha sido, insisto, el primer elemento de juicio crítico del Consejo de Estado, plantea dos clases de gastos, dos clases de incremento de gasto. Por cierto, decían que no. Hemos visto que ha bajado y ahora vuelve a plantearse que tiene que haber gasto. El primero es el gasto de implantación de la ley durante tres los primeros estadios. ¿A cuánto se eleva? La cantidad es importante: según los cálculos del ministerio, el primer año, 23 millones; el segundo, 130; el tercero, 255. ¿Cómo se financia? Se plantea, "hombre, compactando el Bachillerato". Pero, aun creyendo que se puede compactar de la manera el Bachillerato como lo plantea el proyecto del Partido Popular, no llega ni al 40% de este coste, y al cuadro que adjunta la memoria justificativa de la ley me remito.

Segundo, el proceso de consolidación de la ley. El gasto total está cifrado en el mismo texto de la memoria justificativa entre 500 y 900 millones de euros, según si la ley pueda tener algún éxito o pueda tener éxito. ¿De dónde salía ese gasto? Sale, evidentemente, de los incrementos en las mejoras de las tasas de titulación de los distintos niveles educativos, así como de la reducción de las tasas de abandono escolar. Pensemos que en la memoria de la ley se dice que mejorar la tasa de titulación en el Bachillerato solo un punto cuesta 75 millones de euros; hacer lo propio en la formación de grado medio, solo un punto, 89 millones de euros -estoy dando cifras redondas, ¿eh?-; o tener una tasa de titulación adecuada en esa Formación Profesional Básica implicaría también otra cantidad muy relevante.

Por tanto, el ministerio dice: "las tasas de titulación y su mejora suponen aumento de costes". ¿No habíamos dicho que no, que los resultados de mejora no estaban vinculados a la inversión, que la inversión no tenía nada que ver con eso; es más, que había en sentido contrario demasiado gasto que provocaba malos resultados? Pues aquí el ministerio en su memoria, contradictoriamente, dice que no.

Ahora, los cálculos son muy poco realistas y les voy a poner un ejemplo. Como saben ustedes, el Ministerio de Educación introduce en la enseñanza obligatoria lo que se llama el nivel de Formación Profesional Básica para los alumnos a los que segregará de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. ¿Cómo se implantará esto y con qué costes? Se dice: "prácticamente será el coste de los actuales PCPI". Bien, ¿es así? Les voy a desmontar el argumento con una sola afirmación: Canarias fue de las comunidades iniciales en implantar este tipo de programas. Madrid o Cataluña más que nos triplican en población. Nosotros tenemos, a fecha del 2010 -no estoy dando ni siquiera fechas actuales-, más de 4.000 alumnos matriculados en estos programas. Madrid o Cataluña, que, insisto, más que nos triplican en población, tienen entre 7 y 10.000. ¿Puede calcularse el coste de la Formación Profesional inicial o Básica, de la que se habla aquí, atendiendo al cálculo de los PCPI? Les aseguro que de ninguna manera, de ninguna manera.

Se dice también que estos programas pueden durar dos años, uno o dos años. Se dice también que estos PCPI nuevos irían dirigidos a alumnos de 15 y 16 años en toda España. Esta operación también es ficticia, porque en la mayoría de los PCPI actuales se incluye a los alumnos entre 16 y 18 años, excepcionalmente a los de 15 años. Por tanto, de esta manera es imposible conocer la cifra potencial de alumnos que podrían ir a los programas de Formación Profesional Básica. ¿Qué hacemos con los jóvenes de 17 años?, ¿qué hacemos con los jóvenes de 18 años que hoy están en estos PCPI?: ¿los excluimos?

La Formación Profesional Básica requerirá de profesorado especializado, de centros que estén preparados con instalaciones adecuadas y por supuesto requerirá gastos de funcionamiento equiparables a lo que es la Formación Profesional. En ningún centro hoy tenemos estas condiciones. ¿Cuánto cuesta ponerlo en marcha? Nadie lo puede calcular; desde luego el ministerio no lo hace. ¿Quién lo va a pagar, quién lo va a pagar? Dice el ministerio: "desde luego el ministerio no, las comunidades autónomas". Es decir, entre 500 y 900 millones de euros, que es tirando por lo bajo, este tipo de reformas, en los tres años de consolidación, comunidades autónomas. ¿Y cómo lo dice? -otra perla de la ley-. Dice la ley -o el proyecto-: "debe advertirse que la ley se limita a establecer las condiciones más favorables posibles para que el sistema educativo alcance estos objetivos, pero no impone a las comunidades autónomas nuevas obligaciones de gasto que deban ser objeto de compensación financiera. Cada administración educativa mantiene su plena capacidad decisoria para determinar la dimensión y configuración de su oferta educativa, siempre dentro de sus disponibilidades presupuestarias". O, lo que es lo mismo: nos quitan un punto del PIB, nos reducen obligatoriamente el presupuesto en toda España, nos incrementan el gasto a ejecutar por las comunidades autónomas, tanto en la fase inicial como en la fase de consolidación, y se nos dice: "ustedes lo pagan, pero, ojo, dentro de sus disponibilidades presupuestarias".

¿Y este es el sistema homogéneo de mejora que se quiere implantar para todo el conjunto del sistema educativo español? Ahora entiendo por qué le van a tener que dar unas cuantas vueltas.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

Habiendo acabado esta comparecencia, pasamos a la siguiente.

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  • 8L/C-0880 Sobre -Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad-, sobre postura del Gobierno al Anteproyecto de la LOMCE y a la Memoria Económica en la Conferencia Sectorial de Educación.


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