Diario de Sesiones 79/2013, de fecha 15/5/2013 - Punto 7

· 8L/PNL-0223 Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre defensa de la actual Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El señor presidente: Siguiente proposición no de ley: del Grupo Parlamentario Mixto, sobre defensa de la actual Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Carmen Hernández tiene la palabra.

La señora Hernández Jorge: Gracias, señor presidente. Buenas días, señoras y señores diputados, medios de comunicación.

Debatimos hoy con esta proposición no de ley un tema que afecta directamente a la libertad individual, a la dignidad de las personas y a los derechos de las mujeres. La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye una de esas decisiones, de esos asuntos importantes, de los más importantes de la vida de una persona, y estarán de acuerdo conmigo en que es ese tipo de decisiones trascendentales que a lo largo de nuestra vida tomamos las mujeres.

Vivimos envueltos en sobresaltos, en los sobresaltos que nos provocan las contrarreformas pretendidas por el actual Gobierno del Partido Popular. Cambios que afectan a todos los ámbitos -ayer hablábamos del ámbito educativo, ámbito económico, etcétera- y que ponen en juego avances duramente conquistados por la sociedad española, por la sociedad canaria, por las mujeres también, porque muchos de esos avances tienen que ver con reformas que afectan a las mujeres. Avances que se han ido acumulando a lo largo de esta democracia joven que tenemos. Entre esos importantes avances lo son, sin duda, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

La actual ley, la Ley 2/2010, de la Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, fue una ley aprobada en 2009 por la mayoría de los grupos parlamentarios. Por tanto, es una ley que tiene apenas tres años de su entrada en vigor y ya sabemos, por los anuncios del Gobierno de Mariano Rajoy y por los anuncios del señor ministro de Justicia, que se prepara una reforma legislativa, aunque es cierto que no conocemos el texto, que no conocemos el documento, pero sí los pronunciamientos preocupantes del señor ministro. Frases como que "la ley será en lo sustancial como la de 1985 pero haciendo que se cumpla" se oyen, a la vez que se escucha que se pretende eliminar el supuesto de malformación fetal. Por tanto, interpretamos que consideran que esto es un hecho insustancial o secundario cuando para nosotros es un hecho importantísimo. Por tanto, estamos ante una reforma regresiva, una propuesta que es aún más restrictiva, si cabe, que la de 1985.

Sin duda estamos ante un tema importante. Importante para la vida de la sociedad, para la vida sobre todo de las mujeres, pero también ante un tema polémico, con posiciones muy encontradas y con una gran influencia de la moral católica.

No es fácil debatir sobre el aborto, ni siquiera lo es dentro del propio Partido Popular. Somos muchos los que no entendemos que se abra este debate hoy, que se abra un frente de este calado, porque no es una prioridad de la ciudadanía y porque hacerlo en un momento como el actual, de grave crisis económica y con demasiados frentes abiertos, nos parece una auténtica temeridad.

La idea de volver a ver mujeres sentadas en el banquillo creo que nos inquieta, creo que nos preocupa a todos y a todas. Han abierto un conflicto innecesario, y eso lo expresan las voces más moderadas del propio Partido Popular. Lo hemos visto, los dos portavoces en el Congreso del Partido Popular se han desmarcado abiertamente del plan de Gallardón; o la diputada Celia Villalobos, que el otro día abandonaba el Congreso de manera coherente para no votar una moción del Partido Socialista contra la reforma de Gallardón.

Creo que es bueno recordar brevemente lo que dice la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la ley en vigor. Primero reconoce en su preámbulo el derecho de las mujeres a la autonomía en el ámbito sexual y de prevención de embarazos no deseados. Un derecho, por tanto, que el Estado tiene que garantizar. El aborto es considerado una prestación sanitaria, a la que la mujer tiene libre acceso hasta las catorce semanas de gestación, tras un periodo de reflexión de tres días. Es posible abortar hasta las veintidós semanas en caso de malformación fetal o de riesgo para la salud física o psíquica de la madre. Permite interrumpir un embarazo sin plazo en el supuesto de malformación muy grave o incompatible con la vida, tras la aprobación de un comité clínico compuesto por tres especialistas en medicina prenatal, en diagnóstico fetal y en ginecología.

Por tanto, estamos ante una ley, la actual, que es una ley mixta, que combina los plazos, hasta las catorce semanas de gestación, y los supuestos en indicaciones de riesgo para la salud o malformación a partir de la citada semana. Es una ley, la ley de plazos, donde los expertos tienen una clara, diríamos, expresión de conformidad. Los expertos coinciden en que el sistema de plazos ofrece mayores garantías jurídicas tanto a las mujeres como a los profesionales sanitarios y por eso, por eso, es este modelo legislativo, el de plazos, el que domina en nuestro entorno, en Europa, porque es el más claro y porque es el más transparente, mientras que el modelo de los supuestos es un modelo menos objetivo, más subjetivo y, por tanto, menos seguro.

Existe, además, un alto consenso social sobre la actual legislación de interrupción del embarazo. Un 46% de los españoles encuestados recientemente apoyan, apoyan, una legislación basada en la actual. Incluso más de un tercio de los ciudadanos que se consideran católicos aprueba la actual ley de plazos y solo un 10% se opone a cualquier legislación que entienda... en la línea de que se debe considerar el aborto un delito.

Por tanto, es importante recordar hoy aquí el contexto europeo. Todos los países europeos, con la excepción de Malta, que tiene prohibido el aborto, o Irlanda y Polonia, con supuestos muy restrictivos, el resto, la Europa moderna, la Europa en la que queremos converger en lo económico, contempla leyes que permiten a las mujeres acogerse a la interrupción voluntaria del embarazo mediante el sistema de plazos o de supuestos que recojan aspectos como la indicación, el aspecto social o el riesgo para la salud de la mujer o la malformación fetal o la violación.

Es cierto que no conocemos el texto, es cierto que lo único que podemos debatir hoy aquí son las anunciadas propuestas del señor Gallardón que van en la línea de derogar la actual ley. Eso lo ha manifestado. Volver, por tanto, a considerar el aborto un delito, salvo supuestos aún más restrictivos, como decía, que los de 1985. Además plantea suprimir el supuesto de malformación fetal, según dicen, en cumplimiento del convenio de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, un convenio que España firmó en el 2008, y que es bueno saber que firmaron otros países, como son Alemania, Países Bajos, Francia, Dinamarca. Todos estos países han firmado el convenio y tienen leyes de plazos aún más amplias que la española. Aquí el referente más claro para que el argumento esgrimido por el señor Gallardón no tenga validez es Holanda, que tiene una ley de plazos más laxa que la nuestra porque contempla hasta las 24 semanas. Pero es paradójico escuchar al Partido Popular hablar de derechos de personas en situación de dependencia y simultáneamente practicar los mayores recortes, prácticamente el desmantelamiento de la Ley de Dependencia. Pareciera, pareciera, que una vez nacidos al Partido Popular le importan poco los derechos de las personas dependientes.

Las chicas entre 16 y 18 años, según esta anunciada reforma, podrán casarse, podrán tener hijos o hijas pero no podrán decidir no tenerlos. Esto aumenta la posibilidad de que accedan a prácticas de riesgo, sobre todo en aquellos casos en los que contar con el consentimiento de los padres puede suponer un grave riesgo para su integridad física.

Me gustaría, en lo poco que me queda de tiempo, desmontar algunos de los falsos argumentos que ha utilizado o que utilizan aquellos que defienden el cambio normativo.

Que una ley restrictiva evita miles de abortos. Falso, falso, porque países con leyes más laxas tienen una incidencia de aborto menor que la española, y eso lo confirma la OMS. En una reciente publicación de una prestigiosa revista médica, se confirma que la tasa de abortos no es inferior, al contrario, en los países que la prohíben. Lo que sí aumentan son los abortos clandestinos, aquellos abortos que se practican, por tanto, con grandes riesgos para la salud de la mujer.

La ley del 85 funcionaba bien. Esto es cuando menos dudoso. Funcionaba en el sentido de que hacía posible que se practicaran los abortos por el cauce legal, pero el detonante del cambio legislativo en el 2009 fue precisamente que se constató que la ley del 85 generaba enorme inseguridad jurídica a los profesionales y a las mujeres.

Existe una violencia estructural que empuja a las mujeres a abortar. Esto es algo que todavía no conseguimos que nos explique nadie: a qué se refería el señor Gallardón, de qué violencia estructural hablaba, quién empuja a las mujeres a abortar. Quizá se estuviera refiriendo a circunstancias que presionan a que la mujer tenga que decidir interrumpir su embarazo, como puede ser el paro, con mayor incidencia en las mujeres; la precariedad laboral; una reforma laboral que no solo no ayuda a la maternidad sino que dificulta la conciliación de la vida familiar y laboral; el poco acceso a la vivienda; el incremento de la pobreza y la exclusión que hemos visto con los informes de Unicef que tiene cara de infancia. Todas estas circunstancias...

El señor presidente: Un minuto, sí, doña Carmen, para ir terminando.

Cuando usted quiera, cuando usted quiera.

La señora Hernández Jorge: Acabo diciendo que, efectivamente, todas estas circunstancias pueden conducir, de hecho empujan, a muchas mujeres a tomar una decisión como esta, pero estas circunstancias, todas estas variables, que yo creo que estamos todos de acuerdo en que dificultan y que no apoyan la maternidad y que pueden presionar a favor del aborto, todas estas variables han ido a peor con el Gobierno del señor Rajoy y, por tanto, no necesitamos una reforma legislativa, necesitamos, como diré en mi segunda parte de la intervención, políticas que de verdad apoyen la maternidad y que permitan que la mujer ejerza, en el absoluto ejercicio de su libertad personal, en el derecho a la libertad que tienen como personas adultas e independientes, ejercer un derecho como es el derecho a la maternidad de manera libre y de manera responsable.

Gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Carmen Hernández.

Si me lo permite, amablemente indicarle que no hay segunda intervención sino para hablar sobre las enmiendas.

Para la defensa de la enmienda, el Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Dolores Padrón Rodríguez.

La señora Padrón Rodríguez: Buenos días otra vez. Buenas tardes ya, señores diputados. Señor presidente.

El ministro Alberto Ruiz Gallardón se ha empeñado, por cuestiones meramente ideológicas, en crear un problema donde no lo había. Lo ha abierto incluso en las filas del Partido Popular, como ha tenido que reconocer públicamente la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría el pasado viernes. Y es que Ruiz Gallardón lleva mal eso de la libertad individual. Él prefiere que los poderes públicos, como en los regímenes totalitarios, impongan sus criterios sobre decisiones personales de la ciudadanía, porque en el fondo estamos hablando de criminalizar a las mujeres nuevamente al volver a someter la decisión libre y responsable de la mujer a unos supuestos tutelados por el Estado, que pretende obstaculizar una decisión personal. Ser madre es una decisión que no puede imponer el Estado, señorías. A la derecha más rancia y a la Conferencia Episcopal le cuesta entenderlo.

Modificar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo no es el principal problema que debe afrontar España. Solo es una cortina de humo para contentar a los sectores más retrógrados de la derecha española frente a los reiterados fracasos y promesas incumplidas del señor Mariano Rajoy. Un presidente al que ya abandonan sus principales barones para intentar no quemarse con él. Por eso Ruiz Gallardón se alía con la derecha preconstitucional y la Conferencia Episcopal y quiere colocar a España en los años previos al 85.

Con la ley del 2010 que se quiere modificar nuestro país se colocó a la par que la mayoría de países europeos, que cuentan con leyes de plazos. Pero el ministro quiere generar inseguridad sanitaria y jurídica, porque le molesta que las mujeres puedan decidir libremente en las 14 primeras semanas de embarazo sin que ningún psicólogo o desde luego sacerdote del Opus Dei pueda intervenir. Quiere que las mujeres que tengan dinero puedan abortar en clínicas privadas, puedan abortar en clínicas privadas, mientras que aquellas más vulnerables vuelvan a jugarse la vida sin garantías sanitarias y obligarlas a ser madres de hijos con malformaciones graves.

Como ha asegurado Jorge Martínez Reverte en un artículo publicado en El País, el Estado que defiende el ministro garantizará el derecho a nacer pero no el de vivir dignamente.

El Grupo Socialista está de acuerdo con todos los argumentos expuestos por la portavoz de Nueva Canarias, del Grupo Mixto, porque esta Cámara debe decir claramente que la reforma ideológica del PP de la ley del 2010 representa un atentado a la libertad de las mujeres y a los avances logrados en materia de igualdad de oportunidades y en materia de derechos de salud sexual y reproductiva. Y es que conviene recordar que la ley del 2010 fue avalada plenamente por el Consejo de Estado, que en aquel momento argumentaba que era necesario reformar la regulación de 1985 para adecuarla a la realidad y además destacaba la plena constitucionalidad de su articulado.

Pero es más, el Tribunal Constitucional dejó claro en 1985 que en relación al aborto no estamos ante un conflicto entre dos derechos fundamentales, porque los únicos derechos fundamentales implicados aquí son los derechos de las mujeres, siendo el no nacido un bien jurídico que queda debidamente protegido por la legislación actual. Eso dice el Tribunal Constitucional.

Pese a ello, el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la actual ley, al igual que hizo contra la de los matrimonios homosexuales, que todavía desde luego este no ha sido resuelto por el Constitucional y el anterior sí. Pero como es una cuestión ideológica, que no legal ni constitucional, el ministro prefiere no esperar al dictamen del Constitucional, para que no le deje sin argumentos, y ha pisado el acelerador para plegarse a las demandas de los sectores más ultraconservadores de nuestra sociedad. Y es que ya dije anteriormente que de lo que está hablando Gallardón, de acuerdo con la Conferencia Episcopal, es en realidad de eliminar el derecho a decidir de las mujeres y que esa eliminación se haga a costa de poner en riesgo su salud y su vida.

Es patético que en pleno siglo XXI tengamos que volver a recordar que las leyes restrictivas del aborto no reducen el número de interrupciones voluntarias del embarazo, solamente incrementan el número de mujeres muertas o que pierden su salud porque abortan en la clandestinidad o en condiciones insalubres.

Si esta anunciadísima reforma sale adelante, si no se impone la facción más moderada y europeísta del PP frente a la más cavernaria y decimonónica, es seguro que se estarán quitando dos derechos a las mujeres: el de la libre decisión y el de la salud.

La propuesta del Gobierno sobre el aborto nos llevaría a la cola de Europa, a la clandestinidad, a una regulación que estará a la altura de Malta, Andorra o Polonia, los países más restrictivos y conservadores en sus normativas. Si sale adelante, a las mujeres nos vuelven a colocar en la clandestinidad o en el extranjero. Es más, en los últimos 28 años 36 países han liberalizado sus leyes de aborto, pero ninguno ha retrocedido. España sería el único país que lo haría.

Antes me refería a las voces europeístas del PP y hay una razón: la inmensa mayoría de los países europeos permiten la interrupción voluntaria del embarazo sin justificación hasta la semana 14, oscilando entre la semana 10 de Portugal y las 24 semanas de Holanda. Y también quiero recordar que en el año 2008 ya el Consejo de Europa aprobó una recomendación a sus 47 países, donde consagraba el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo legal y sin riesgos, garantizada por el Estado, para convertirla en accesible y segura para las mujeres. Además la Unión Europea invitaba a despenalizar el aborto en aquellos países miembro donde aún fuera un delito. Y lo más importante para la polémica artificial que se ha creado el ministro respecto a la legislación española se ha mostrado a favor de una ley de plazos y reclama clases de educación sexual obligatoria para los jóvenes.

Al igual que el Grupo Mixto, el Grupo Socialista entiende que no se puede legislar a espaldas de la realidad, y la mayor realidad es que las mujeres en todas las partes del mundo interrumpen voluntariamente sus embarazos, estén legalizados o no, esté el Estado de por medio o no. Por eso esperamos que se acepte nuestra enmienda y que la mayoría de la Cámara apoye la libertad individual de la mujer sin injerencia ideológica o religiosa por parte del Estado, porque la mejor forma de reducir el número de abortos es, no negar el acceso a procedimientos legales y seguros a las mujeres, sino darles el poder de controlar su fecundidad y prevenir los embarazos no deseados.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Muchísimas gracias, doña Dolores Padrón.

El grupo autor de la iniciativa para fijar posición sobre la enmienda, doña Carmen Hernández.

La señora Hernández Jorge: Gracias, señor presidente.

Coincidimos en la exposición del Partido Socialista, en la línea de que una ley regresiva y prohibitiva no va a resolver un tema que, como responsables públicos y como miembros de una sociedad, deberíamos intentar resolver, que es la prevención y el control de los embarazos no deseados. Y los datos están ahí: Holanda, la incidencia del aborto en Holanda es de 7 de cada 1.000 mujeres, con una ley más laxa, como dije antes, que la española, y, sin embargo, en España, el último dato publicado por la OMS, es de 12,4. Por tanto, no es una cuestión legislativa pero sí hay mucho por hacer todavía en la ley actual, en la Ley 2/2010, en la línea de trabajar de verdad de manera concienzuda en que se cumpla el título primero de la misma, el capítulo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, donde se establecen medidas públicas de prevención y educación sexual. Esto es algo de lo que al Partido Popular no le hemos oído hablar, parece que no le interesa la prevención y la educación afectivo-sexual, tanto en el ámbito educativo como en la formación de los profesionales de la salud, porque esta es la verdadera garantía de reducir los problemas de salud y los conflictos psicológicos que se generan cuando una mujer decide o se ve abocada a abortar. Por tanto, insistir en la idea de que los esfuerzos políticos deben ir en la línea de que se cumpla esta parte de la ley, la parte que tiene que ver con la prevención de embarazos no deseados, el fomento o el acceso a métodos anticonceptivos seguros y la prevención y la educación afectivo-sexual; y por supuesto políticas públicas para apoyar de verdad la maternidad y no políticas públicas que recortan los recursos y el acceso de la mujer a ayudas y a prestaciones, como hemos visto, por ejemplo, con el recorte de los partos múltiples, las subvenciones que se deban a partos múltiples, o los recortes a familias numerosas.

En cuanto a las enmiendas que plantea el Partido Socialista, decir que estamos de acuerdo en la primera: reconocer que esta reforma pretende negar el derecho de las mujeres a decidir. Nosotros compartimos que las mujeres tenemos que tener la última palabra en el ejercicio de nuestra libertad individual a la hora de tomar esta decisión y que el poder público, y que el Estado, no debe interferir en esta decisión, que su papel debe ser única y exclusivamente el de garantizar que esta decisión se adopte de manera libre y responsable. Por tanto, estamos de acuerdo en el punto número 1.

Y en el segundo punto, que tiene que ver con la condición de la aconfesionalidad proclamada por la Constitución y que rechazamos cualquier injerencia en el derecho a una maternidad libremente decidida, al dictado de ninguna moral religiosa, por supuesto. Esto debería no tener que ser clarificado, pero como lo que abunda no daña...

Sí que nos parece que el tercer punto no ha lugar, en cuanto a que en la propia exposición de motivos de nuestra proposición no de ley se remarca el rechazo a la anunciada reforma, pero nos parece que expresar de esta manera un rechazo a una contrarreforma que ni siquiera es anteproyecto, pues, puede resultar cuando menos poco indicada para un Parlamento.

Está claro que con esta proposición no de ley lo que intentamos es que el Gobierno de España escuche a los parlamentos de los diferentes territorios en relación a algo que es una intención, para ver si así desiste, desiste, de esta intensa abatida de contrarreformas que no hacen sino ponernos en sobresalto y podemos superar esta coyuntura de crisis y estas dificultades a las que nos tenemos que enfrentar los españoles y los canarios garantizando aquellos aspectos que teníamos garantizados. Nos tememos que no lo vamos a conseguir, puesto que esta intensidad de contrarreformas no solo la lideran en España sino que los eurodiputados también trabajan en el Parlamento Europeo para devolvernos al pasado -lo decíamos ayer-, empeñados en que viajemos al pasado y empeñados en que nuestras hijas tengan que reiniciar luchas que nuestras madres o que nosotras creíamos haber ganado.

Gracias.

El señor presidente: Muchísimas gracias, doña Carmen Hernández.

Los grupos que no han intervenido. Grupo Nacionalista Canario, doña Flora Marrero.

La señora Marrero Ramos: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros, lo primero que quiero decir es que en una proposición no de ley que todavía no ha sido debatida en este Parlamento, que presentamos el 23 de febrero, en el punto 8 recogíamos lo que es el objeto de esta proposición no de ley, donde decíamos: "el mantenimiento de la Ley actual de la Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo". Con ello quiero decir que desde el Grupo Parlamentario Nacionalista vamos a apoyar esta proposición no de ley porque ya está recogida en esta que presentamos el Grupo Nacionalista desde el 23 de febrero. Es verdad que ustedes la han presentado en el mes de abril -meses más tarde- y no ha sido debatida esta. Imagino que será por un tema de cupos.

Quiero decir una cosa que es importante. Aquí se ha hecho referencia, y es verdad, a que la Organización Mundial de la Salud, también la ONU y también Unicef, señala que no es partidaria de restringir el derecho de la mujer que quiera interrumpir su embarazo y además no es partidaria de las leyes que lo restringen. Dan datos donde dicen que casi la mitad de los abortos que se realizan en el mundo son inseguros.

Y después además me parece importante señalar que en la propia plataforma de Pekín, en la IV Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, que se celebró en el año 95, se reconocen los derechos humanos de las mujeres, que incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia. Es decir, siempre decimos que los derechos de las mujeres son derechos humanos y también el derecho de la mujer que quiera interrumpir su embarazo también es un derecho humano.

Desde luego el endurecimiento de las condiciones para abortar significa -y repito, lo dice la ONU, lo dice Unicef, lo dice la Organización Mundial de la Salud-, significa penalizar a las mujeres. Se ha dicho aquí, y es verdad, que sería incrementar el aborto clandestino, donde el aborto clandestino no es un problema de salud sino es un problema de los derechos humanos. El endurecimiento de la ley significaría directamente llevar a miles de mujeres a abortar, como ha ocurrido toda la vida, y además significaría que las chicas pudientes, las chicas ricas, seguirían abortando, volverían a Londres o donde fuese, y las mujeres que tuviesen menos medios económicos, pues, tuviesen más riesgos, pero también abortarían si esa es su decisión.

Hacía referencia a lo que señalaba la ONU, donde además insta a los gobiernos del mundo a facilitar servicios accesibles para las mujeres que desean interrumpir su embarazo. Hay que decir que la ley del año 2010, la ley de plazos, en el artículo 3, habla -porque a mí me parece que es importante- del mismo derecho para las mujeres que deseen interrumpir su embarazo como para las mujeres que deseen proseguir con su embarazo; es decir, se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida.

A mí me parece que esta ley pretende una división innecesaria en la sociedad. El Gobierno, y me parece positivo, las noticias que yo he oído en las últimas horas, donde el Gobierno popular está pensando en dar marcha atrás, a pesar de las exigencias que está haciendo una serie de colectivos, que desde luego se unen a algunas declaraciones de los representantes de mujeres y hombres del Partido Popular, que lo que denotan es su intransigencia. Porque hay una realidad: las personas que son partidarias del aborto respetan a las personas que no quieren abortar, pero las personas que no están a favor del aborto no respetan a las personas que quieren abortar, y me parece que esto es lo que es intransigencia.

Y además no estoy de acuerdo con lo que ha dicho la representante de Nueva Canarias, que un sector de los católicos, porque yo me considero católica y desde luego estoy a favor del aborto. Me parece que hay que, por encima de todo tiene que estar la libertad de la mujer, que es una decisión siempre dura, responsable y que está condicionada por una serie de circunstancias que ninguno de los que estamos aquí somos capaces de saber.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Flora Marrero.

Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Milagros Bethencourt.

La señora Bethencourt Aguilar: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

Estamos ante un tema muy complejo, tremendamente sensible, que obliga a un debate pacífico y sosegado. Les he escuchado con mucha atención y sinceramente el tono utilizado hoy aquí no ha sido el adecuado para un tema de tanta sensibilidad. Porque, miren, esto no es blanco o negro, hablamos de derechos fundamentales y no de uno, como ustedes están defendiendo, sino de dos, de dos derechos fundamentales que entran en colisión y que ninguno tiene a priori prevalencia sobre el otro.

Y por ese tono utilizado y por esas aseveraciones hechas yo, señorías, comenzaré por el final. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a las mujeres. Decirles que el derecho a decidir sobre la maternidad está garantizado.

Señorías, el Grupo Mixto nos trae hoy a debate una proposición no de ley que mi grupo parlamentario considera fuera de tiempo. Una proposición no de ley que en puridad no está basada en una propuesta legislativa definitiva, ni siquiera en una propuesta provisional de la que podamos extraer conclusiones y sobre esta base actuar, porque, señorías, ¿cómo vamos a debatir sobre algo de lo que ni siquiera tenemos un texto, un borrador, algo consistente? Solo sabemos que es posible que la ley sea modificada pero desconocemos en qué términos.

Por lo tanto, en mi grupo parlamentario consideramos que se ha abierto un debate innecesario, fuera de tiempo y fuera de lugar, oportunista y sin rigor. Llegado el momento, si es que llega, porque tampoco tenemos, no existe un cronograma, ese debate se celebrará en el Congreso de los Diputados, con la garantía, por un lado, de la mayoría reforzada de toda ley orgánica y, por otro lado, tengan claro, señorías, que el Gobierno de España trabajará en el marco de las leyes y en la búsqueda del consenso, y por supuesto respetará las decisiones del Tribunal Constitucional y respetará la opinión y recomendaciones de los órganos consultivos.

Decíamos que este tema es muy sensible y requiere para afrontarlo mucho, mucho, sosiego, porque, señorías, no es este un tema banal. Estamos nada menos que ante la convivencia de dos bienes jurídicos protegidos, dos derechos fundamentales en colisión. Y además sabemos que ningún derecho es absoluto. La vida en gestación no es en general un bien disponible por la mujer. No lo es, señoría, por eso hay que buscar el equilibrio.

Y, mire, el derecho a la vida no es solo un derecho fundamental, es el pórtico de los derechos fundamentales, es el primer derecho fundamental que recoge nuestra norma suprema. Señorías, resolver el conflicto entre ambos intereses sin que ninguno se vea mermado, algo que la actual ley no reconoce, dejando indefenso al nasciturus, restándole valor. Y esa es la obligación del Estado y eso es lo que hará el Gobierno popular: la búsqueda del equilibrio entre los dos derechos, del no nacido a un proyecto de vida y los derechos de la mujer a decidir, que para el Partido Popular son igualmente importantes. Que la interrupción del embarazo sea voluntaria, una alternativa u opción personal a un proyecto vital. Que ninguna mujer, ninguna, se vea obligada a tomar la decisión de abortar por motivos económicos, porque entonces habrá fallado el propio Estado de Derecho. Y ahí también y sobre todo estará el Partido Popular, trabajando con medidas preventivas, apoyando campañas informativas, generando oportunidades en el mercado laboral, fomentando la emprendeduría, poniendo a la mujer en el lugar que se merece, nuestro lugar de mujeres del siglo XXI.

Tranquilidad, señorías, no vamos a regresar al pasado. ¿Sabe, señora Padrón, cuál ha sido la regresión o vuelta al pasado más lamentable en este país?: enviar a 2 millones de mujeres al paro. Eso sí ha sido volver al pasado y ese es el lugar donde las manda su partido. Tenga pudor y deje al menos trabajar.

Señora Hernández, sobre la base de lo expuesto, mi grupo parlamentario votará en contra de su proposición no de ley, porque, insisto, entendemos que no hay, a día de hoy, ninguna propuesta legislativa de la que extraer conclusiones.

Y, por otro lado, señora Hernández, creemos que pedir con carácter general que no se toque una ley es anclarla y no dar opción a mejorarla.

Eso es todo. Muchas gracias.

(La señora Hernández Jorge solicita la palabra.)

El señor presidente: Muchas gracias, doña Milagros Bethencourt.

Sí, dígame, doña Carmen. Sí.

La señora Hernández Jorge (Desde su escaño): Querría solicitar un minuto para aclarar imprecisiones por parte de la señora diputada del Partido Popular.

El señor presidente: Sí, tiene usted un minuto, tiene un minuto.

La señora Hernández Jorge (Desde su escaño): O inexactitudes, para ser más exacta.

El Grupo Mixto no abre en España el debate sobre la ley del aborto. Si lo hubiéramos abierto, estaría cerrado de manera inmediata, porque lo consideramos inoportuno e innecesario, reformar la actual ley. Lo que hay que hacer es que se cumpla el capítulo I al que hacía mención en mi intervención. El debate lo abre el señor Gallardón, el ministro de Justicia es quien abre el debate y quien divide al propio Partido Popular y quien intenta dividir a España en un tema, efectivamente, tan sensible, señora diputada.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Carmen Hernández.

Pues vamos a votar. Entiendo, doña Carmen, que se vota su proposición no de ley con la incorporación exacta, exacta, con la enmienda del grupo... Aclárelo. Yo he entendido que era la enmienda tal como la presentaron. Bien, pues entonces aclárelo, por favor.

La señora Hernández Jorge (Desde su escaño): 1 y 2, se admite la enmienda número 1 y número 2 del Partido Socialista...

El señor presidente: Los puntos...

La señora Hernández Jorge (Desde su escaño): El punto número 1 y 2.

El señor presidente: ¿El tercero no?

La señora Hernández Jorge (Desde su escaño): El tercero no.

El señor presidente: Lo tenemos todos delante para saber que estamos de acuerdo. Evidentemente no hay otra posibilidad sino la que usted proponga, efectivamente.

Bueno, pues, se vota la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre defensa de la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, apartado 1 y apartado 2, no así el apartado 3. Comienza la votación (Pausa).

Resultado: 50 presentes; 31 a favor, 19 en contra y ninguna abstención.

Queda aprobada.

(Aplausos.)

Más información
Otros formatos
Iniciativas tratadas
  • 8L/PNL-0223 Sobre defensa de la actual Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.


Parlamento de Canarias · C/Teobaldo Power, 7 · 38002 S/C de Tenerife · Mapa · Tel: 922 473 300 Fax: 922 473 400
Glosario de términos · Mapa de contenidos · Aviso jurídico