Diario de Sesiones 82/2013, de fecha 11/6/2013
Punto 14

· 8L/PO/P-0972 Pregunta de la señora diputada doña Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre alquiler social de viviendas públicas construidas para la venta, dirigida a la señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Pasamos a la siguiente pregunta: de la señora diputada doña Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del Grupo Nacionalista Canario, sobre alquiler social de viviendas públicas construidas para la venta, dirigida a la señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

Para la formulación de la pregunta, la señora diputada, doña Nieves Pulido, tiene usted la palabra.

La señora Pulido Rodríguez (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Señorías.

En las dos últimas décadas Canarias ha desarrollado una de las políticas de vivienda socialmente más avanzadas del conjunto del Estado, iniciada como consecuencia de una importante movilización social que reclamaba la vivienda como un derecho básico y como... no como un bien especulativo. Aquella demanda social tuvo mucho que ver con que Canarias cuente hoy con un importante parque de casi 47.000 viviendas de promoción pública y de ellas unas 30.000 se destinaran a facilitar el acceso a la propiedad de las familias adjudicatarias, continuando las otras 17.000 en régimen de alquiler social.

A este respecto, ya en el estado de la nacionalidad el presidente anunció que a las 16.500 viviendas que en la actualidad ya estaban dedicadas a alquileres sociales se sumarían otras 440 promovidas por el Instituto Canario de la Vivienda. Viviendas que se destinarán, como he dicho, al alquiler social; por tanto, a familias con ingresos inferiores a 11.000 euros anuales y que pagarán, como hace el resto de familias adjudicatarias, entre 2 y 100 euros mensuales, lo que convierte a Canarias en la comunidad que mayor nivel de ayudas otorga a los adjudicatarios de las viviendas de promoción pública, de forma que las familias con menos recursos económicos gozan de un altísimo nivel de protección, pues las rentas de alquiler mensual que tienen que abonar nunca superan el 12% de sus ingresos.

A ello habría que sumar cerca de 500 viviendas construidas por la empresa pública Visocan, que iban destinadas a la venta, pero que, como consecuencia de la desaparición de las ayudas estatales a la compra de vivienda y las dificultades que las familias están teniendo para acceder a los créditos bancarios, no han podido comercializarse, por lo que el presidente anunció que se destinarán a alquileres sociales, dándose la posibilidad de que estos sean con opción a compra.

Por ello, señora consejera, ¿en qué situación se encuentra el proceso que permitirá convertir en viviendas de alquiler social a las viviendas públicas que fueron construidas para la venta y que como consecuencia de la crisis no han podido venderse?

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Gobierno, la señora consejera, doña Inés Rojas, tiene usted la palabra.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León) (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Señoría.

Tal como anunciaba el presidente en el debate de la nacionalidad, además de las iniciativas que usted ha comentado, porque el Gobierno de Canarias ha reorientado sus políticas de vivienda en el sentido de facilitar no solo esos alquileres sociales a las 16.500 familias que ya ocupan estas viviendas sino que están en un proceso de adjudicación 443, más 500 viviendas aproximadamente que había construido la empresa pública Visocan para la venta y que, como bien dice, ante la coyuntura económica, cada vez con menos ingresos, cada vez con menos crédito por parte de las entidades financieras, las familias cada vez con más dificultades para hacerle frente al pago también de alquileres de sus viviendas, el Gobierno decidió, primero, no desahuciar a nadie en las viviendas públicas porque no pudieran hacerle frente al pago; segundo, también decidió, a través de un decreto, que desde luego nadie fuera desalojado de su vivienda si había hecho una hipoteca para comprar una vivienda protegida; y, tercero, decidió que las viviendas que estaban para la venta desde luego fueran en alquiler, y no en cualquier alquiler sino en alquiler social. En estos momentos tengo que decirle que de esas 500 en apenas dos meses ya se han alquilado 280 viviendas a día de hoy y tenemos ya en cartera unas 30 o 35 más en la isla de Gran Canaria para ser ocupadas por personas con dificultades económicas.

Pero por si eso fuera poco, señorías, porque no es suficiente la reorientación que hemos hecho hasta ahora, sino que tenemos que tener en cuenta que la legislación que tenemos en estos momentos no es la legislación que corresponde a la necesidad actual que tiene la sociedad que tenemos en estos momentos... Por eso es absolutamente necesario, al igual que hacía antes dentro de la estrategia canaria para hacerle frente a la pobreza y la exclusión social y desarrollo humano, les decía que desde luego íbamos a modificar la PCI, junto con esta modificación de esta ley, está en proceso ya de modificación también la Ley de Vivienda, para adaptarla a los nuevos tiempos. Porque la Ley de Vivienda hasta ahora regula muchísimo en vivienda protegida pero no así en vivienda libre y pretendemos que no solo la vivienda protegida sino que la vivienda libre también esté a fácil acceso de la gente que en estos momentos tiene pocos ingresos.

Por lo tanto, decirle que ha sido una decisión del Gobierno poner las viviendas en alquiler, las que teníamos para la venta, y una necesidad demandada por la ciudadanía de modificar la Ley de Vivienda para poder adaptarla a la necesidad real que tiene hoy la sociedad.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora consejera.

La señora diputada, le quedan seis segundos. No hace uso de ellos.