Diario de Sesiones 82/2013, de fecha 11/6/2013
Punto 7

· 8L/PO/P-0953 Pregunta del señor diputado don José Ignacio Álvaro Lavandera, del Grupo Socialista Canario, sobre resolución judicial obligando al Gobierno a ejecutar el aval de Vanyera 3, dirigida al señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.

El señor presidente: Siguiente pregunta, del señor diputado don José Ignacio Álvaro Lavandera, del Grupo Socialista Canario, dirigida al señor consejero de Economía y Hacienda.

Don José Ignacio.

El señor Álvaro Lavandera (Desde su escaño): Buenos días, señor presidente, señorías, señor consejero. También buenos días a los medios de comunicación y al futuro de Canarias, que no es otro que la juventud.

Sé que a algunos diputados de la bancada popular les incomoda esta pregunta, una pregunta que tiene como finalidad aclarar una gestión más que dudosa. ¿De quién? Miren, no lo digo yo, lo dice el Decreto 53 del año 2008, por el que se autorizaba al entonces consejero de Economía y Hacienda para dictar cuantas resoluciones fueran oportunas, apartado decimotercero del Decreto 53.

El Partido Socialista advirtió la pasada legislatura la gravedad del asunto. Por desgracia, teníamos razón. El resultado final es que los pequeños proveedores no cobraron, la empresa quebró y una empresa posteriormente se enriqueció con la operación de compra de la ya liquidada. Ahora toca pagar, pero no a quien se equivocó, sino a todas y todos los canarios.

Señor consejero, este Parlamento nunca autorizó que este aval se concediera sin las mínimas garantías necesarias para la hacienda pública. Señor consejero, la tramitación de este procedimiento ha sido un cúmulo de despropósitos y permítame transmitirle el sentimiento de frustración e indignación que me genera. Una dejación que nos ha salido cara, de un político que ya estaba haciendo méritos para ocupar una silla ministerial en vez de defender el interés general.

Construir colegios, centros de salud, dotar a los hospitales, contratar a 170 docentes, a 120 médicos especialistas o incrementar recursos contra la exclusión social son gastos que se podían haber hecho con más de 5 millones de euros.

Señor consejero, desde el Partido Socialista hay una cosa que queremos dejar meridianamente clara. Las cosas se podían y se debían haber hec ho de otra manera, no hemos llegado a esta situación empujados por el destino, y se deben depurar responsabilidades, y nos da igual quién haya sido y si ha sido un ministro.

Mire, señor consejero, en el Partido Popular, que tanto le gusta privatizar, en una empresa privada una persona que pierde más de 5 millones de euros de esa empresa no dura una semana en el puesto.

Señor consejero, ¿podría decirnos cuánto va a costar a las arcas públicas la mala gestión realizada con el aval concedido a Vanyera 3? Y me refiero al coste del aval, intereses, costas, etcétera. ¿Se van a depurar responsabilidades hasta las últimas consecuencias, señor consejero?

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don José Ignacio.

Señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, don Javier González Ortiz.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz) (Desde su escaño): Señor presidente. Señores diputados.

El Gobierno de Canarias llegará hasta el final. Este Gobierno pondrá en marcha todos y cada uno de los medios y mecanismos a su alcance para intentar devolver ese dinero a las arcas públicas. Estamos obligados a ello y así lo haremos. Aclarar lo que sucedió y por qué sucedió es el primer paso para intentar recuperar los 5,2 millones de euros que tendrá que afrontar la comunidad autónoma.

Identificadas y delimitadas esas cuestiones, ejerceremos todas y cada una de las acciones pertinentes para restituir esa cantidad. Habrá que esperar, por tanto, al informe encargado en este momento a los servicios jurídicos para avanzar en ese proceso.

Es verdad, fue este Parlamento quien, por unanimidad, aprobó la concesión del aval a Vanyera. En cumplimiento de ese mandato, hubo un decreto, como usted ha hecho referencia, donde se establecieron las bases para esa concesión. Fue en ese momento la Consejería de Economía y Hacienda el órgano encargado de realizar los trámites y, por lo tanto, supervisar la operación. Así lo estableció el decreto al que usted ha hecho referencia, que de forma expresa y explícita encomendó a ese departamento esas tareas. Entre otras, diseñó las siguientes: requerir a Vanyera para que en el plazo de un mes constituyera la garantía como respaldo al aval, elegir otras distintas si la ofrecida no fuese suficiente, desistir de la operación si la empresa no cumpliera con los requisitos y controlar e inspeccionar a la sociedad para verificar toda esta operación. Sin embargo, no consta en el expediente que en su momento se requiriera la constitución de la garantía, no consta la valoración técnica, no consta la inscripción, por tanto, del aval.

En este punto, el de la inscripción, pues, es lo ha hecho perder, en parte, los derechos de cobro del Gobierno de Canarias y ese es el motivo por el que en su momento perdimos la preferencia en el listado de deudores de Vanyera durante su posterior liquidación y venta.

Después de estos hechos, los servicios jurídicos hay que recordar que actuaron en todo momento en defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma de Canarias. El juzgado, hay que recordar, finalmente, estimó parcialmente el recurso del Gobierno de Canarias, rebajando en un millón de euros la cifra inicialmente estimada en concepto de costas e intereses, es decir, la actuación, en su caso, posterior salvó el que tuviésemos que pagar un millón de euros más.

Ante estos acontecimientos, le puedo asegurar que el Gobierno está trabajando, está, como dije al principio, en recuperar las cantidades que se ha visto obligado a pagar por una sentencia judicial.

El señor presidente: Muchas gracias, don Javier González, señor consejero.