Diario de Sesiones 83/2013, de fecha 12/6/2013 - Punto 1

· 8L/IDC-0002 Informe del Diputado del Común. Informe anual correspondiente al año 2012.

El señor presidente: En primer lugar, quiero, en nombre de todas y todos nosotros, darle la bienvenida al señor Diputado del Común, al secretario general y a todos los colaboradores de la institución.

Y, por lo tanto, vamos a entrar en el punto del orden del día que es precisamente el Informe del Diputado del Común correspondiente al año 2012.

Señor Diputado del Común, don Jerónimo Saavedra Acevedo, tiene la palabra.

El señor Diputado del Común (Saavedra Acevedo): Señor presidente. Señores miembros del Gobierno, señoras y señores diputados.

El 2 de abril comparecí ante la comisión competente para la presentación del Informe del Diputado del Común correspondiente al año 2012 y que hoy vengo a exponer ante ustedes.

Seis días más tarde, fallecía el que ocupaba el puesto de jefe de gabinete de quien les habla y en gran medida autor, coordinador, redactor en muchas ocasiones, del informe que paso a exponerles. Es, pues, obligado desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista personal, rendirle homenaje, recuerdo, al que dedicó plenamente su esfuerzo, su capacidad, a la institución.

Y hoy estoy aquí para de nuevo ante el Pleno presentar el informe que en esa fecha, como les he dicho, defendí ante la comisión.

Tratando de resumir el inicio, yo creo que se podría expresar en que este informe refleja mayor trabajo, mayor eficiencia en el trabajo, menos gastos con el mismo personal por parte de la institución.

¿Por qué más trabajo? Porque el número de quejas aceptadas presentadas a lo largo del año pasado se incrementó casi en un 30% respecto al año anterior y lo mismo ocurrió con el número de ciudadanos atendidos en las distintas oficinas que tiene la institución en cada una de las islas, de manera que un 24% más de ciudadanos fueron, estuvieron presentes, o vía telefónica o a través de otros modos. En total, 9.648 ciudadanos tuvieron contacto, presencia, ayudas, orientación, por parte de los servicios del Diputado del Común.

Los gastos se redujeron, especialmente en el capítulo de alquileres, y quiero aquí también que conste el agradecimiento al magnífico trabajo desarrollado por el director general de Patrimonio para facilitarnos el cambio de sede, de oficina, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Esperemos que podamos también alcanzar el mismo objetivo en esta ciudad de Santa Cruz de Tenerife con el fin de reducir los gastos de alquiler.

Pero también ese mayor trabajo ha sido un trabajo más eficiente, porque el año pasado había un número de quejas que se califican de "vivas, "y para aquellos que no estén en el tema, se consideran quejas vivas aquellas que fueron presentadas y que en el informe correspondiente, del año en el que se abordan y se presentan, no fueron resueltas, no fueron archivadas, y en el informe del año pasado había un número de quejas vivas nada más y nada menos que de 729, casi, no casi, pero por lo menos la mitad de las nuevas que en el año 11 se habían presentado. Esas 729 quejas vivas se han reducido a 250, de forma que en aquel informe del 2011 donde había quejas pendientes de solución o de archivo desde el año 2005 han desaparecido y hemos aproximado, diríamos, el retraso algunos años a la fecha del año que estamos analizando, el 2012.

Pero, además, esa eficiencia, no solo se reduce el número de quejas vivas que quedan solo en 250, como acabo de señalar, sino que además las quejas por solución que han sido archivadas, el 67% del total de expedientes tramitados. De ellos el 55% afecta a quejas del año 2012; el resto a quejas anteriores. O sea, que comprenderán ustedes para aproximarnos a la realidad que las quejas que se presentan en el mes de octubre, noviembre y diciembre, en los distintos plazos que hay que cumplir, solicitando información, esperando la respuesta de información de la Administración aludida, pues, es imposible que se resuelvan dentro de ese mismo año mencionado o natural, sino que forman ya, entran en el concepto de quejas vivas para el informe siguiente. Pero, en definitiva, un 67% fueron archivados, de los expedientes, entre vivos y nuevos que había.

También se aprecia una mayor colaboración de las administraciones públicas canarias. No vengo aquí solo para expresar deficiencias sino también para que entre todos compartamos el esfuerzo que las distintas administraciones vienen realizando para acortar los plazos, para respetar las normas, que en muchas ocasiones generan quejas de los ciudadanos, especialmente en los ámbitos municipales rurales, donde -luego me detendré al respecto- se aprecia una carencia de personal cualificado, y que en gran medida explica, aunque no justifica, el retraso de la tramitación de alguna de esas quejas. Pero, en términos generales, repito, ha habido una mayor colaboración. Quizás también en eso influya el estilo que he puesto en práctica de no limitarme a una comunicación escrita con la Administración referenciada sino, sobre todo, tener un contacto constante y algunas reuniones en sedes insulares para ver las quejas que están pendientes, las que están atrasadas, por qué no han emitido un informe, y ese contacto con los alcaldes, con los concejales o con los consejeros de cabildo ha contribuido también a que el funcionamiento sea más ágil, en definitiva, más eficiente.

Y también debo decir que es significativo que no haya habido ninguna declaración de obstruccionista a ninguna de las administraciones, porque, a pesar de constar el Ayuntamiento de Tuineje en el informe, eso se debe a un error que nos aclaró el propio ayuntamiento y confirmamos que el informe que no aparecía en los expedientes correspondientes, pues, había sido dirigido por el ayuntamiento a la antigua dirección, a la antigua oficina del Diputado de Común en la Rambla de Santa Cruz de Tenerife y no a la sede actual, vecina a esta del Parlamento, por lo cual ya no hubo tiempo de rectificar ese informe. De manera que no hay ninguna administración en el año 2012 que haya, por su negligencia, por su desinterés, por su escasa colaboración, forzado la declaración de obstruccionista. Y en lo que va de este año puedo anticipar que me esfuerzo para coger el teléfono, requerir al presidente, al alcalde o a quien sea para que desatasque, responda y evitar una declaración de esas características prevista en la legislación.

También la colaboración mayor con las administraciones se ha traducido en un número menor de decisiones que toma, conforme a la ley, la Diputación del Común, porque lo que más ha abundado ha sido lo que se denomina el recordatorio de deberes legales. Incluso las personas que tramitan, plantean una queja, es difícil que comprendan por qué tenemos que recordar los deberes legales a un ayuntamiento o a un cabildo o a una consejería. Las cosas son así. Pero hay que recordárselo y decirle que, si no contesta en un plazo determinado, pues, generará las medidas a las que ya he hecho alusión con anterioridad o en el caso extremo, que no he planteado en ningún momento, traslado a la Fiscalía, por si hubiese o pensáramos que hubiese alguna responsabilidad penal en la actuación de esa Administración.

De manera que los recordatorios es el bloque mayor de decisiones, un 66%, de los cuales a su vez los ayuntamientos acaparan el mayor número de esos recordatorios, y lo que ya se convierte en decisiones, que se denominan recomendaciones o sugerencias, propuestas, en definitiva, que el Diputado del Común hace a la Administración correspondiente, ese número es, de recomendaciones, un 13% y las sugerencias, un 4%. De las cuales en total han sido aceptadas por las administraciones públicas el 81% de esas resoluciones de la Diputación del Común.

En definitiva, todo ello redunda en favor de lo que hemos calificado mayor eficiencia en el funcionamiento de la institución.

Si vamos a los criterios de territorialización, hay pocos cambios. En los gráficos y en los datos que están a disposición de sus señorías hay pocos cambios en cuanto al número de quejas presentadas en cada una de las islas, figurando, como ya es tradicional, las dos islas capitalinas más una de las periféricas al frente de las demás, pero también en todas se acusa ese incremento del número de quejas que reflejábamos en la cifra inicial de 1.586.

También sigue siendo importante señalar el distinto comportamiento del ciudadano según las islas. En las islas llamadas periféricas es mayor el ciudadano que plantea, presencialmente acude, asiste, habla con el trabajador asesor de la Diputación del Común en lugar de acudir a vías más técnicas de comunicación, más sofisticadas y más modernas o más comunes hoy, y esa presencia, esa presentación de modo presencial en las islas periféricas es más de la mitad; o sea, el 51,8% plantea las quejas directamente por la persona que necesita ese asesoramiento a que hacía referencia anteriormente. En definitiva, que hay que traducirle, plasmarle en el escrito lo que él o ella plantea como queja ante una Administración.

Por las administraciones afectadas, igualmente no se observan variaciones respecto a informes anteriores, porque la comunidad autónoma sigue siendo la más afectada por las quejas -un 38%-, seguida por los ayuntamientos, en un 29, y sorprende que sea la Administración General del Estado en materias que son de nuestra competencia, porque todas las demás son trasladadas al Defensor del Pueblo o a la Defensora del Pueblo en estos momentos, pero la Administración General del Estado sí está afectada por un 19% de las quejas, que se refieren casi todas a la Agencia Estatal de Empleo, relacionadas con problemas de prestaciones que a ellos les afectan y que no escapan al control de la Diputación del Común.

Si territorialmente, como he señalado, hay pocas variaciones de las tendencias plasmadas en informes anteriores, lo mismo ocurre en cuanto al número de quejas según las áreas, según las materias planteadas, porque sigue encabezándolo Justicia, y lo sigue encabezando porque también es verdad que hay una lentitud, una acumulación, un exceso de carga de trabajo en la Administración de Justicia en Canarias, y eso genera, obviamente, quejas. Y nosotros aprovechamos, utilizamos, el convenio que se estableció con el Consejo General del Poder Judicial y que se modificó a principios de este año para hacerlo más efectivo y más económico, evitar una reunión al año aquí o allá y reducirlo a una de control del funcionamiento del convenio a lo largo del año. Ese número de quejas en materia de justicia, también debo decir que la respuesta, el comportamiento de la Administración de Justicia, es excelente y contesta rápido, pronto, a lo que se solicita por el Diputado del Común. Nosotros no podemos entrar, obviamente, en cuestiones que corresponden a la autonomía del Poder Judicial pero sí en cuanto especialmente a las dilaciones, la falta de respuesta, algún escrito que piden algunas de las personas relacionadas con un tema litigioso. E, insisto, la respuesta, consecuencia de la aplicación de este convenio, es excelente.

Le sigue, por el tema de las quejas, las de Economía y Hacienda. Sorprende. Se han disparado, diríamos, pues probablemente como consecuencia de la mayor tributación, de la mayor carga fiscal que en este último año se ha producido en las distintas administraciones, y eso ha generado quejas. Sobre todo, también, debo señalar que estamos consiguiendo resolver muchas de ellas devolviéndose al ciudadano multas o impuestos o tasas que habían sido percibidos inadecuadamente, bien por falta de expedientes correctos desde el punto de vista legal, bien porque no tenía razón la Administración correspondiente. Y de eso daremos cifras próximamente para que sepan cuántos miles de euros se han obtenido, ser devueltos a los ciudadanos que han presentado quejas en esta materia a lo largo del año.

En tercer lugar por el número de quejas está lo que aglutinaríamos en el concepto de Servicios Sociales, que afecta tanto a temas de discapacidad, temas de dependencia, temas de mayores, temas de situaciones de emergencia, de menores, etcétera, ¿no? Luego entraremos en los problemas generales de la Administración pública canaria y concretaré más, analizar alguno de estos temas vinculados a Servicios Sociales.

Le sigue Educación y Sanidad, observándose una disminución en el número de quejas, especialmente ha habido una reducción drástica en el número de quejas vivas que los menores, el área de Menores venía arrastrando.

Todo eso, unido a la preocupación de problemas que no se trasladan en quejas pero que los medios de comunicación facilitan, testimonia la existencia de un problema social, ha motivado el incremento del número de quejas de oficio. Es decir, quejas que por iniciativa del Diputado del Común se han abierto para dirigirnos a las administraciones afectadas y solicitar información de por qué se está produciendo ese hecho que los medios de comunicación reflejan.

¿Qué problemas generales -le decía antes- tiene la Administración, las administraciones públicas canarias en su conjunto? Esto está concretado en el capítulo VII del informe y ahí yo creo que es lo que deberíamos reflexionar todos con el fin de perfeccionar cosas que no funcionan adecuadamente.

Hay problemas -anticipaba- que son la falta de personal con formación jurídica en muchos ayuntamientos. Hay algunos que incluso han generado expedientes de responsabilidad patrimonial para esa Administración como consecuencia de la deficiente actuación de un empleado público, el tratamiento de algunas cuestiones que han afectado con importante deterioro patrimonial para el ciudadano que planteó la queja y que, tramitada, comprobamos que no era responsabilidad del cargo político sino que era responsabilidad del empleado público. Esto hace también que las respuestas, en materias urbanísticas sobre todo, a las quejas, si afectan a municipios de población reducida, se prolonguen en el tiempo y sin que venga la respuesta que es necesario obtener. Algo que en un momento en que está la oferta pública de empleo congelada, pero por lo menos cara al futuro deberíamos ser conscientes de que las administraciones, especialmente la Administración local canaria tiene que incrementar el área de formación jurídica de sus empleados públicos y también reforzar los sistemas de inspección, que son también muy escasos porque se toman decisiones y luego no hay un seguimiento para ver si lo que decidió la corporación local se aplica, se ejecuta o no se ejecuta. Entonces ello está redundando, como les decía, en la tramitación de expedientes con defectos flagrantes, de incumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo.

En el tema de actividades clasificadas, pues, que afectan a temas relacionados con la salud pública, igualmente, si es en ambientes rurales, ahí hay un mal funcionamiento de no digo muchos pero algunos ayuntamientos de las islas.

Ya les he dicho que en la falta de seguimiento o inspección se recogen algunas quejas. Que nos reconoce la corporación local que, efectivamente, una obra urbanística es ilegal y pasan los meses, el ciudadano vuelve a presentarnos la queja diciendo: "nos ha dicho usted y el ayuntamiento ha dicho que es ilegal pero esta obra ilegal no la derriba el ayuntamiento".

Estas son situaciones reales que se reflejan en el día a día del Diputado del Común y esto hay que... Si no hubiese por medio posibles o presuntas responsabilidades penales, que puede haberlas, en el uso fraudulento del dejar transcurrir los plazos para que la prescripción o las caducidades se vayan acumulando en detrimento de los derechos del ciudadano, pues, en ese caso habría, probablemente, responsabilidades penales... Esta es una cuestión que una mejor Administración canaria está requiriendo su corrección en el futuro.

Otro de los problemas generales que se acusan en varias áreas, ya son referidas, de consejerías del Gobierno, no de Administración local o insular, se refiere al desarrollo normativo de disposiciones de ámbito superior o de rango superior. Han transcurrido años y se observa que hay cambios en la legislación del Estado que no se acomodan luego a las disposiciones reglamentarias que están atribuidas a la comunidad autónoma o a este Parlamento para desarrollar, para incorporar esas modificaciones de las normas de ámbito superior. Y el tema afecta especialmente al tema de la accesibilidad y no discriminación, en cumplimiento de la ley de igualdad y eliminación de obstáculos y barreras arquitectónicas para discapacitados.

La falta de regulación de un régimen de infracciones en el área, por ejemplo -y de la inspección correspondiente-, de residencias de mayores privadas y que ha generado el cierre de varias de ellas como consecuencia de quejas planteadas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria el pasado año.

También se plantea la posible mejora de la Orden de 18 de octubre de 2012, que en buena línea la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda -a lo mejor me equivoco en el orden, perdón, consejera-, que esa orden de octubre sí está en buena línea y corresponde precisamente a esa necesidad de desarrollo normativo pero que quedan pendientes todavía de regular procedimientos de reconocimiento de grado de discapacidad... No, esa era la que regulaba la orden de octubre del 12, pero en el tema de infracciones, vigilancia de actuaciones privadas que afectan a servicios sociales, es necesario hacer un esfuerzo para actualizar y para desarrollar esas leyes que han sido modificadas.

Por ejemplo, también se acusan fallos, la demora en la tramitación de ayudas sociales, los plazos. En unos casos son por falta de personal en la administración correspondiente. Cuando digo en la administración correspondiente es porque no estoy refiriéndome solo a la consejería del Gobierno, porque influye también la colaboración, la cooperación, que tienen que prestar los ayuntamientos en materia, por ejemplo, de inserción social, las pensiones no contributivas, etcétera. Entonces ahí los plazos están en torno a seis meses y naturalmente situaciones económicamente y socialmente tan apuradas como las que solicitan esas prestaciones no parece razonable que tengan que estar esperando seis meses para obtener... Nosotros hemos propuesto precisamente al propio Parlamento -habrá, creo que lo han visto en la última reunión de la Mesa del Parlamento- una sugerencia, una propuesta, para que se modifique la ley canaria y se establezca un tope máximo de tres meses para este tipo de prestaciones y para este procedimiento.

En relación también con esto, pensemos que la Ley de Grandes Ciudades estableció comisiones especiales de sugerencias y reclamaciones en los ayuntamientos capitalinos. Y debo decir que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria funciona bien, cosa que no ocurre con el ayuntamiento, con esa mencionada comisión en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y precisamente una de las sugerencias que les hemos hecho en relación con estas prestaciones sociales, que deben informar para luego trasladársela a la consejería del Gobierno canario, el propio alcalde me ha dicho que no tienen trabajadores sociales disponibles y que no hay posibilidad de contratar. Y aprovecho esta comparecencia para plantear al Gobierno que modifique la legislación de los funcionarios en Canarias, que permita una movilidad entre las distintas administraciones. Que no es posible que haya servicios en una administración con los brazos cruzados, porque no tienen partida presupuestaria que distribuir y que gestionar y nos encontremos luego con otros con problemas, aunque sea en otra administración, que bastaría para desatascarlo simplemente con que esos que trabajan hoy en el servicio A de la administración C puedan hacer el servicio en otra administración donde está el problema planteado por los ciudadanos. Es decir, esta visión realista, flexible, ahora que está tan de moda lo de la movilidad laboral y la reforma laboral, aplicada, y eso es positivo, la movilidad, pues, que también se aplique en el ámbito del empleado público para mejorar el funcionamiento de la administración correspondiente.

En estas materias o problemas también se hace referencia a lo que está desgraciadamente de moda: el problema de las preferentes, de las acciones preferentes, o el problema de los desahucios. Hemos tenido contacto con las plataformas pero no es un tema que sea de la competencia nuestra, pero sí se está cooperando con la Fiscalía superior de la Comunidad Autónoma de Canarias para facilitarle información. Igual que en materia de desahucios ha sido, a nivel de la Defensora del Pueblo, la que nos convocó a una reunión a finales del pasado año, que tuvo lugar en Oviedo, para coordinar la actuación y sobre todo plantear lo que luego se ha reflejado en cambios normativos a sugerencia de la Defensora del Pueblo.

Yo no quisiera agotarles con el análisis detallado de las quejas, de las que son más importantes, las que afectan más o menos. Antes de cerrar esta parte de las administraciones, también debo decir que a veces se aprecia favorablemente -y lo digo por una consejera aquí presente- el cambio de algunos cargos públicos que tuvo lugar a finales del pasado año. Es una apreciación absolutamente objetiva y despersonalizada, pero que me interesa reflejarla positivamente, porque se han desatascado algunas de las áreas que han sido afectadas por esos cambios de titulares y que están en un camino mucho mejor que en el que se encontraban con los titulares anteriores.

Para concluir, debo decir -como no tengo derecho a una segunda intervención- que hubo en la comisión una sugerencia que planteó el portavoz del Grupo Popular, el señor Moreno, señalándome que había un error en la página 17, y digo que sí, tiene razón, y como tal... Una cifra que ahí aparece como quejas tramitadas, no son 1.418, sino que son 1.248. El cambio de factores no altera el producto, porque el final, el total sí es el que he señalado sino simplemente es este error.

Igual que hay otro error en la página 26, que estamos subsanando en la distribución de la versión definitiva, en la página 26, referente a la distribución de las quejas por áreas. Ahí la sectorialización no es exacta, pero sí es exacta la suma final, la suma total.

Por último, también, como no hay segunda intervención, decirles que el planteamiento o el análisis de esta institución no puede ser reducido al coste de una queja si no se tiene en consideración el resto de presencias, de contactos, de recepción, de asesoramiento al ciudadano, que hay recogido en este informe que planteo hoy. Lo digo porque también ha habido tendencia a cierta demagogia en cuanto al coste por queja, distribuyendo el presupuesto total de la institución con el número de quejas presentadas, quejas más otras cosas, más las vivas que ya no están vivas, o sea, que no solo las nuevas.

Y concluyo diciendo que en mi opinión la institución, frente a grupos que sostienen que sobramos, pues, debo decir que yo creo que en una época de crisis de la sociedad con los representantes públicos, que acreditan las distintas encuestas, esta es una institución que perfecciona la democracia representativa y la aproxima a lo que todos esos que se sienten hoy fuera del sistema expresan públicamente en las calles, en las plazas, en las plataformas, porque nos aproxima a la democracia representativa, a la democracia participativa. Y este es un dato importante que siempre deben tener, que los defensores del pueblo, los diputados del común -con las denominaciones que tenga en cada una de nuestras comunidades autónomas-, contribuyen a mantener un diálogo, un puente gratuito, objetivo, independiente, entre el ciudadano y la Administración que no le presta los servicios que el ciudadano quiere, desea y tiene derecho a obtener.

Gracias, señor presidente. Gracias a todos, señoras y señores diputados, por su atención.

El señor presidente: Muchísimas gracias, señor Diputado del Común, don Jerónimo Saavedra Acevedo. Muchas gracias por su informe.

Y en consecuencia pasamos al turno de los grupos parlamentarios.

Decirle que bien es verdad que no hay segundo turno, pero creo que, por cortesía, debemos darle un breve tiempo para que pueda despedirse y saludar las intervenciones de los grupos, don Jerónimo.

Entonces Grupo Parlamentario Mixto, doña Carmen Hernández. Los grupos saben que tienen diez minutos.

La señora Hernández Jorge: Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Diputado del Común, bienvenido a esta Cámara.

Nosotros, nuestro grupo, el Grupo Mixto-Nueva Canarias, no nos sumamos a la campaña de desprestigio de ninguna institución. Seguimos defendiendo la necesidad de tener instituciones fuertes, sólidas, eficaces y que trabajen por el interés general y, en ese sentido, enmarcamos a la que usted representa, el Diputado del Común. Si decimos que hay que fortalecerla, y eso significa que hoy, en el siglo XXI, necesitamos una institución transparente, una institución eficaz y, por tanto, una institución resolutiva. Porque no se nos escapa, usted lo ha reflejado, vivimos en un momento delicado para las instituciones públicas, estamos siendo cuestionados y además se percibe a las instituciones no como lugares donde se resuelven los problemas sino en demasiadas ocasiones el lugar donde realmente se crean los mismos.

El número de reclamaciones no es un tema secundario. Creemos que es un elemento importante en el sentido de que nos permite observar el grado de conocimiento, el grado de confianza, que la ciudadanía tiene en la misma. Parece difícil explicar que con la que está cayendo -permítame la expresión-, con esta crisis que no para de maltratar al conjunto de la ciudadanía, con unas listas de espera en sanidad insoportables, con unos expedientes en política social vinculados a dependencia o a la Prestación Canaria de Inserción también insoportables, esto no se vea claramente reflejado en las quejas. Y creemos que se debe a dos razones: por un lado, al desconocimiento de esta institución, de la institución que usted representa -y le haremos alguna propuesta en esta línea-, y a la desconfianza que planteábamos antes.

Digo desconocimiento porque así nos lo refleja la ciudadanía. Nosotros, al igual que la institución del Diputado del Común, somos diputados, nos reunimos con los ciudadanos, y dentro de nuestras competencias también y dentro de nuestras obligaciones está atender las quejas de los ciudadanos y nos sorprende, a mí personalmente que atiendo a mucha ciudadanía -que coinciden además las quejas que nos plantean a nuestro grupo de manera significativa con las que le plantean a usted-, me sorprende aún que sigan sin conocer la institución y que cuando se les invita a que utilicen la institución del Diputado del Común percibimos cierta reticencia. Por tanto, entendemos que no lo consideran útil y por ello le seguimos pidiendo que se redoblen los esfuerzos para que sea una institución realmente cercana y percibida como válida.

Decía que las reclamaciones siguen siendo insuficientes. Es cierto que han subido, han subido un 30%, 1.586, pero sigue siendo realmente poco significativo, sobre todo además en algunas áreas que, como veremos después, pues, casi es inexplicable.

En el aspecto de favorecer el conocimiento de la ciudadanía le reiteramos hoy aquí, como hicimos en la comisión, la necesidad de poner en marcha, con los recursos de que ya dispone el Diputado de Común, un plan de comunicación hacia toda la ciudadanía e incluso enfocarlo a sectores ciudadanos concretos. Estoy hablando de introducir la figura de la institución -es una oportunidad además para mejorar la imagen de todas las instituciones a través de la que usted representa- en los centros educativos, en las universidades; un plan de comunicación que llega a sectores, a colectivos organizados, como puede ser el ámbito de la cultura, el ámbito de las políticas sociales, el ámbito vecinal, el ámbito cultural, deportivo, etcétera.

Valorar positivamente la segmentación que se hace del análisis por género en los demandantes.

Y en la línea de esa campaña le reiteramos la propuesta de que se potencien los medios telemáticos, que se potencie en el futuro esa herramienta que está hoy en manos de todos, que son las redes sociales, y no solo por la posibilidad de emitir quejas, que se puede hacer a través de ellas, buscando las fórmulas que garanticen, pues, que esas quejas se presentan con parámetros correctos, sino que también es una herramienta para promocionar la labor del Diputado del Común.

En cuanto a las reclamaciones por áreas de trabajo, está claro que continúan primando las reclamaciones en el sector de los servicios sociales. Si aunamos discapacidad, mayores, menores, vivienda y el propio, el propio departamento de Servicios Sociales, casi llega al 30% de las reclamaciones. Sigue habiendo un importante número de quejas en mayores y en menores, casi el doble de las demandas. Se notan aquí también por supuesto -ya usted lo ha dicho- los continuos recortes, esto tiene un impacto en estas políticas.

Y en el ámbito de la sanidad, reiterar que siguen pareciéndonos inexplicables 72 quejas. Por las listas de espera que hay no lo podemos entender. Felicitarle porque, efectivamente... Decía, 72 quejas en el ámbito de la sanidad nos parecen insuficientes. Felicitar al Diputado del Común por, efectivamente, esa reducción drástica de las quejas vivas en un 93%. Yo creo que es algo que hay que reconocer. Debe ser el Diputado del Común una institución que dé ejemplo al resto en cuestión de agilidad y de respuesta a las demandas. Es fundamental, quisiéramos preguntarle hoy aquí qué respuesta ha tenido por parte de la Consejería de Política Social en relación a la recomendación que usted ha hecho en materia de resolver los expedientes de la Prestación Canaria de Inserción. No tengo tiempo, pero desde nuestro grupo venimos reiterando desde hace dos años que hay que abordar con firmeza la problemática que se ha generado con la Prestación Canaria de Inserción, que hay que recortar los plazos de respuesta y una vez que se aprueba la prestación hay que agilizar que efectivamente se le haga llegar al ciudadano la prestación económica en su caso.

De las actuaciones de oficio animarle a que lo haga más, a que lo haga más, que copie en ese sentido a la Defensoría del Pueblo del País Vasco, al Ararteko, que con una población similar a la canaria en los últimos años ha actuado de oficio en una media superior a las 60, mientras que nosotros solo 24. Por tanto, animarle más a que utilice la figura de la actuación de oficio.

También consideramos imprescindibles las actuaciones de oficio sobre problemas vinculados a las personas mayores y a las personas con discapacidad. Creemos que es un sector social que está en una situación muy complicada, de los sectores más vulnerables con esta crisis y con estos recortes que estamos sufriendo.

Importante también la iniciativa de protección a los ciudadanos que usted ha emprendido en relación al número de quejas presentadas en los procedimientos de segunda adjudicación de viviendas dirigidas al Instituto Canario de Vivienda. También hay que insistir en esta materia.

Sigo insistiendo, porque aparece de nuevo cuando hace referencia a los problemas generales del funcionamiento de las administraciones públicas, insiste el informe en el área de Discapacidad. Esto es algo que nosotros hemos venido reclamando antes de estar en esta Cámara: la necesidad de abordar la respuesta a las personas en situación de dependencia y sobre todo en lo que tiene que ver también en aspectos como la accesibilidad universal de estas personas.

En el área de Deportes, nos pareció interesante. Usted ha emprendido, ha abordado esta materia de manera colectiva, trabajando con los colectivos. Esto además tiene, diríamos, genera interesantes perspectivas desde el punto de vista de defender los derechos de manera colectiva.

Y en el área de Hacienda, pues, aparecen quejas relacionadas con la lentitud, así como en el área de Justicia.

También aborda el área de Medio Ambiente la problemática que tenemos en Canarias en materia de residuos. Animarle a que en esa materia se siga en el sentido que planteaba antes de más actuaciones de oficio. Estamos hablando de un tema muy importante para Canarias, la gestión de los residuos, y además la inacción de las administraciones en esta materia muchas veces lo que hace es fomentar las malas prácticas de los ciudadanos en relación al cuidado medioambiental.

En el área de Sanidad, hay tres aspectos que nos parecen dignos de destacar. Por un lado, las lista de espera. Tenemos ahí un problema y que tenemos que abordar sin más dilación. Por otro lado, aparecen dos nuevos, que son el copago farmacéutico, la ciudadanía percibe esto como un daño clarísimo y más en este contexto, y los aspectos relacionados con la obesidad mórbida, que hay que decir que es una queja que ha aparecido sistemáticamente en los medios de comunicación, que nos llega a nuestro grupo, la problemática de personas con obesidad mórbida y los retrasos que se están provocando en la atención y en las cirugías a esta población, y me alegro de que esté la consejera aquí porque tenemos que abordar ese tema. Es verdad que desde el punto de vista estadístico es una población pequeña, pero es una situación dramática para quienes lo viven.

Y, por último, felicitarles en el área del Menor. Nosotros hemos sido muy críticos con el anterior Diputado del Común, porque nos parecía escandaloso, escandaloso, que un área tan sensible, de tanta necesidad de protección por parte de las administraciones públicas, como era el área del Menor, tuviera la cantidad de expedientes vivos que tenía. Usted lo ha dicho pero quiero resaltar que se ha pasado de 114 expedientes pendientes a tener 17. Esperamos que el próximo año ese número de 17 sea...

El señor presidente: Tiene un minuto, señoría, para que vaya concluyendo.

La señora Hernández Jorge: Gracias, señor presidente.

Y acabo.

Valoramos, para acabar, positivamente la explicación final del trabajo desarrollado en las oficinas y de la agenda del Diputado del Común. Animamos a que, como ocurre en el Defensor del Pueblo de Cataluña, se estudie la posibilidad de implementar alguna fórmula para que a través de la web del Diputado del Común se pueda estar al corriente de las actividades de su agenda, de los gastos ocasionados por sus funciones como diputado y de toda la institución. En definitiva, le animamos a que sea usted, señor diputado, su institución, un ejemplo de transparencia para el resto de las instituciones canarias.

Gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Carmen Hernández, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto en este asunto.

Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Francisco Manuel Fajardo.

El señor Fajardo Palarea: Buenos días, señor presidente, buenos días, señorías, buenos días, señor Diputado del Común y el equipo de trabajo que le acompaña.

En primer lugar, quería dejar constancia de que desde el Grupo Socialista nos sumamos a la mención que usted ha hecho a la persona del fallecido don Jerónimo Samuel. Lamentamos su pérdida y, como usted bien ha puesto en conocimiento de la Cámara, valoramos la labor que ha llevado a cabo o que llevó a cabo durante el tiempo que estuvo trabajando para el Diputado del Común.

Diputado del Común que, como se define en la propia memoria de su institución, es el último reducto donde acuden los ciudadanos cuando entienden que ven vulnerados sus derechos y el último reducto o la última instancia donde acuden para exigir de alguna manera a las administraciones públicas en general de esta comunidad autónoma que cumplan con la ley. Y Diputado del Común -hago la reflexión- que para estar legitimado o más legitimado de lo que está debería ser ejemplo en el cumplimiento de la ley, principalmente en el cumplimiento de la ley que rige la propia institución del Diputado del Común.

Ya analizamos en la comparecencia hecha en comisión el número de quejas, la evidencia de una descoordinación que existía y que daba lugar a la disfuncionalidad en la tardanza de las resoluciones, abordamos el cuadro de esas quejas, abordamos los medios de presentación de esas quejas, abordamos las quejas por área de trabajo, abordamos las quejas por sectores administrativos, abordamos las causas de inadmisión de las quejas, las quejas pendientes -usted acaba de hacer hoy también un correlato sobre este tema- y abordamos los recordatorios de los deberes legales de colaboración, las sugerencias, las recomendaciones, las advertencias. Y hoy ha hecho usted algo que comentábamos antes de entrar en su comparecencia, que era un reconocimiento del error sufrido al declarar obstruccionista a una Administración pública canaria, cuando fue, efectivamente, un error por una notificación defectuosa, en este caso el regidor de los destinos del ayuntamiento correspondiente.

Yo le dije en esa comparecencia en comisión que me iba a reservar para el capítulo VII, De los problemas generales del funcionamiento de la Administración pública canaria, que, como usted bien ha dicho, no solamente comprende a la comunidad autónoma, o sea, al Gobierno autónomo, sino también a los cabildos y a los ayuntamientos.

En cuanto al área de Actividades Clasificadas, comentábamos antes de entrar en este Pleno la paradoja que se da, ¿no? Usted advierte, porque además es un problema cronificado igual que otros que se relatan en el Informe del Diputado del Común, dice: "un año más hemos observado una pasividad generalizada en la actuación de la Administración ante las denuncias formuladas por los ciudadanos". Sigue diciendo: "la experiencia en el área nos indica que el retraso habido se debe a la escasez de medios, tanto personales como materiales, de las corporaciones locales. La colaboración y cooperación de otras administraciones generalmente es lo que se solicita por esas administraciones locales". Y yo reflexionaba con usted antes y decía: ¡qué curioso, ¿no?, estamos haciendo o se está elaborando una ley a nivel nacional de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y, sin embargo, aquí estamos evidenciando que falta personal. Falta personal no solamente en el área de Actividades Clasificadas, usted habló antes de falta de personal en los ayuntamientos, en el área de Servicios Sociales, para temas muy importantes. Entonces esta es la reflexión.

Y hablando de actividades clasificadas, también comentábamos: fíjese usted, en época de crisis las actividades clasificadas son menos porque hay menos actividades; imagínese en época de bonanza, si atisbáramos una recuperación económica en el futuro -ojalá sea así, por el bien de todos los canarios y el bien de todos los españoles y el bien de los ciudadanos en general-, imagínese usted el problema que tendríamos si no complementamos los servicios humanos y materiales a favor de las administraciones públicas.

En el área de Comercio y Consumo, y hoy precisamente en una entrevista en un medio de comunicación se me hablaba de que el día 15 de junio acaba la posibilidad de los ciudadanos de denunciar aquellas cláusulas abusivas que pudieran intuir que existen en los contratos que tienen firmados con las entidades crediticias. Usted habla precisamente de que es necesario articular campañas o medidas de difusión destinadas a concienciar y a educar a los consumidores de cuáles son sus derechos. Y se me vino a la mente que es una pena, porque hay muchos ciudadanos que desconocen esta circunstancia, este hecho, de que tanto a nivel nacional como también a nivel, no hay que eximirse de responsabilidad, a nivel autonómico, se hayan hecho campañas institucionales para informar a los ciudadanos de que existe ese derecho, el de denunciar las cláusulas abusivas que puedan tener en este caso firmadas con entidades bancarias.

En el área de Discapacidad, solamente voy a hacer una mención, porque ya se ha relatado bastante por las personas que me han precedido en el uso de la palabra, que es que usted hacía una referencia a una diferencia que hay entre Gran Canaria y Tenerife en cuanto a la no existencia de lista de espera en Tenerife con respecto a los servicios residenciales para personas mayores con alguna patología de carácter de trastornos mentales y sí en Gran Canaria, y hablaba usted de que se rompía el principio de igualdad. Decía usted que no tenía el informe de las islas menores y que, por tanto, no podía hacer una comparación con las islas menores. Recuerda usted que yo en la comparecencia le dije que si lleváramos hasta las últimas consecuencias este principio de igualdad, las islas menores o mal llamadas menores con respecto a las islas capitalinas o islas mayores necesitarían un capítulo especial dentro del informe del Diputado del Común para hablar de que si efectivamente el principio de igualdad, el principio de igualdad de derechos no formales sino de hecho se da en esta comunidad autónoma.

En el tema del área de Economía y Hacienda, creo que hay una cronificación de un problema que yo como abogado me resisto, me rebela cada vez que lo veo. Esto viene desde el 2007, que yo conozca, seguramente vendrá de antes: el tema de reclamar tributos indebidos a las personas, el tema de que, una vez reconocido ese derecho de que es un tributo indebido, no se devuelva el dinero a las personas en un tiempo, el tiempo marcado por la ley, y el tema de que la comunidad autónoma tenga que estar gastando dinero porque después tiene que pagar intereses de demora.

Y luego algo que me parece grave, que es algo que se suele dar, que es que la Administración muchas veces acude al sistema de notificación mediante edictos, edictal; dice que no sabe dónde está la persona pese a que en el expediente aparece el domicilio y precisamente en la vía de apremio se notifica en el domicilio, pero previamente se había hecho por vía edictal. Creo que son temas que se tienen que corregir.

En el área de Educación, hay diferentes quejas, pero voy a hacer una mención especial, porque, señor Diputado del Común, de una recomendación que usted hizo o una sugerencia o una petición que hizo a la Defensora del Pueblo aquí, en este Parlamento, se habló mucho, que era -recuerda usted- el tema de la reducción del 20% de las retribuciones a determinado personal de la comunidad autónoma. Pero es que usted hace mención en este informe a la disconformidad de las comunidades escolares de varios institutos de Enseñanza Secundaria ante los recortes presupuestarios en los servicios educativos que repercute gravemente en la calidad de la enseñanza. Y nos dice usted: "por medio de esta institución se ha solicitado, se inste la declaración de inconstitucionalidad del Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, publicado en el BOE número 125 del pasado 25 de mayo". De esto no se ha dicho nada por algún grupo de la Cámara; sí se dijo de lo otro. De esto yo creo que es importante reseñar que usted también ha dado cuenta a la Defensora del Pueblo de que se declare inconstitucional el real decreto dictado por el Gobierno central.

En el área de Justicia, coincido con usted: una justicia que no es ágil no es justicia. Y no creo que sea una solución el tema de las tasas judiciales, y lo digo porque, gracias a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Social, ya se ha dictado una resolución diciendo que están exonerados de pagar tasas judiciales para los recursos de suplicación y de casación los trabajadores, los que cobran de la Seguridad Social. Pero también la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en su pleno no jurisdiccional -que es cierto que no vincula pero sí marca tendencia- ha dicho exactamente lo mismo.

Con respecto al área de Medio Ambiente, que se puede unir al área de Política Territorial, usted vuelve a incidir en que ocurre algo que no debería ocurrir según mi modesto entender, que es que en el área de...

El señor presidente: Sí, continúe, sí, para que vaya terminando.

El señor Fajardo Palarea: Gracias.

La tardanza de las administraciones públicas en dar respuesta a las denuncias que se presentan da lugar a que se dé la sensación de que infringir sale gratis y de que no se siguen los procedimientos hasta llevarlos a término. Y en el área de Medio Ambiente, exactamente igual. Bien es cierto que usted, en el área de Medio Ambiente, habla de que hay que constatar que hay muchos expedientes que dan lugar a que se está dando un hecho que para mí es grave, que es un descuido en las playas, zonas recreativas, parajes naturales, etcétera, parques, pero sobre todo debido a una falta de concienciación medioambiental de los ciudadanos, y usted solicita, y yo coincido con usted, que se hagan campañas también en ese sentido.

Voy terminando, porque sobre política de salud y sanidad pública se ha hecho referencia al copago, a la obesidad mórbida, a las listas de espera; se ha hecho también mención a los servicios sociales.

Y quiero terminar haciendo una mención, igual que hizo una mención en vivienda, en vivienda hacer una mención a lo que usted dice también en su informe, que es la cantidad de quejas que está recibiendo con respecto al tema famoso de los desahucios. Por cierto, por cierto, conocerá la Cámara que la Unión Europea antes de ayer ya ha dado el visto bueno a la recomendación, con el voto en contra del Partido Popular Europeo, del sí a la dación en pago en el tema de los procedimientos de ejecución hipotecaria.

Y hace usted una reflexión de carácter general que yo comparto. Con respecto a los menores, decirle que estoy totalmente de acuerdo que, con respecto al absentismo escolar, usted inste la promulgación de un cuerpo normativo único que regule las actuaciones a desarrollar con el objetivo de garantizar la asistencia del alumnado a los centros educativos.

Señor Diputado del Común, terminar diciendo que también estoy de acuerdo con un viejo informe de contenidos audiovisuales que usted ha archivado debido a que la Administración autonómica se ha hecho cargo de su recomendación. Decirle que siga usted con su labor, que nosotros no vamos a entrar en una campaña de desprestigio de la institución, pero sí que le pedimos que la institución cumpla con la propia ley que la regula.

El señor presidente: Muchas gracias, don Manuel Fajardo.

Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña Flora Marrero Ramos.

La señora Marrero Ramos: Muchas gracias, señor presidente. Señor Diputado del Común.

Hay personas que conoces unos minutos y en esos minutos sabes la energía que transmiten desde el punto de vista positivo. Sabes que son buenas personas, que son buenos profesionales, y este es el caso que quiero recordar aquí de Samuel Ramírez Santana. Tuve oportunidad de conocerlo durante poco tiempo, pero desde luego fue un hombre afable, profesional y sobre todo las buenas energías positivas que transmitía.

Quiero, señor Diputado del Común, darle la bienvenida a esta Cámara. Es la primera vez que usted presenta su informe, porque el año pasado usted decía que no era su informe, y también darle la bienvenida a todo su equipo.

En comisión parlamentaria le planteamos algunas cuestiones y desde el día 2 de abril, cuando se celebró la comisión, su institución sigue la actividad normal que hace a lo largo del año.

Quiero destacar una recomendación que está recogida en la propia página web, que seguramente estará en el informe del próximo año, pero que me parece interesante, que es la creación del consejo canario de la infancia. Es una iniciativa interesante por cuanto serán los propios niños y las niñas y los adolescentes quienes elijan a sus propios representantes. Y quiero hacer referencia, y lo voy a hacer a lo largo de la exposición, pues, a parte del trabajo que se refleja en la página web, porque a mí me parece que cuando estamos hablando de la institución del Diputado del Común no hay que limitarse solamente a este informe anual, que es importante, que lo vemos de manera pormenorizada, pero me parece que es importante englobar todo ese trabajo.

Nosotros, desde el Grupo Nacionalista, apoyamos la institución del Diputado del Común. Señor Diputado del Común, usted no sobra como institución, es el alto comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía de nuestro archipiélago, y también de las mujeres y hombres que están en el exterior. De hecho en el propio informe hay muchas quejas y reclamaciones de personas que no residen en Canarias y que también le hacen llegar las quejas.

Decía usted con motivo del Día de Canarias, en una comunicación que está en la página web, que las administraciones públicas deben estar ahora más que nunca pegadas a la realidad y estar al lado de la sociedad, y pide -yo diría que debería exigir- respuestas ante un horizonte cargado de incertidumbres. Y cuando estamos hablando de incertidumbres, desde luego, cuando vemos las reclamaciones, las quejas o las recomendaciones que usted hace a las diferentes administraciones, nosotros nunca lo hemos entendido como un ataque a las mismas, como parece que muchas veces se puede recoger por parte, pues, de algunos representantes que están al frente, ¿no? Yo creo que cuando se denuncia una irregularidad en el anormal funcionamiento de las administraciones públicas, repito, no hay que verlo como un ataque sino como un instrumento para corregir.

Siempre queda la pregunta de si este incremento del 30% de las reclamaciones supone que con su trabajo hay un mayor acercamiento o un mayor conocimiento de la institución o si hay un mayor funcionamiento irregular de la Administración. Desde luego nosotros, en cualquier caso, siempre vamos a considerar de manera positiva que la ciudadanía presente quejas, porque para eso está la institución que este Parlamento creó y desde luego sobre todo que se le escuche.

Nosotros decíamos que, en su primera visita, cuando usted hizo ese recorrido por todas las administraciones, que iba a ser bienvenido. Lógicamente fue así, pero que en la segunda, tercera y cuarta visitas ya va usted a trabajar, ya va usted, pues, a recordar aquellos incumplimientos y no iba a ser tan bienvenido, pero usted nos ha dicho por su exposición, lo ha dicho en la comisión y lo ha dicho ante este Pleno, que todo lo contrario, que está habiendo una mayor receptividad y que su auctoritas, pues, usted la está ejerciendo, que eso también es importante.

Nos parece positivo, como no puede ser de otra manera, porque además es preceptivo, el que se recojan estadísticamente las diferencias por género. No voy a renunciar a que siga usted pensando, o en la medida de lo posible, en que se cree la adjuntía de Igualdad. Sabemos las dificultades que hay, pero sabe que se lo vamos a decir siempre, porque está recogido en la Ley de Igualdad.

Y nos llama la atención, pues, que la mayoría de las quejas -y estamos hablando de un 51,8%- sean presenciales y que todavía, casi un 40%, un 39,8, sean por correo, y cuando hablamos por correo estamos hablando del método tradicional, la cartita, el sello e ir al buzón. Desde luego, y solo una cantidad muy pequeña, un 3,1%, por e-mail. A nosotros nos parece que la asignatura pendiente es esta de las redes sociales. Sigo, como he dicho, las quejas diariamente a través de las consultas exprés, que están recogidas en la propia página web, pero que nos parece que tiene que ser un instrumento de acercamiento a la ciudadanía, sobre todo porque las mayores quejas se producen en las islas capitalinas y nosotros entendemos que si se está más presente en las redes sociales puede haber más reclamaciones, que, repito, nosotros no entendemos una reclamación como un ataque a la Administración.

En las 25 áreas que usted desglosa, siguen siendo, aunque en su época recuerdo que la mayor era la de Menores, pues, Discapacidad, Justicia, Vivienda y, curiosamente, Hacienda, Economía y Hacienda, en los últimos años, es una relación directa como consecuencia de la crisis económica, son las áreas con más reclamaciones.

Llama la atención -usted ha hecho mención- ese 19% de la Administración General del Estado y después de todas las administraciones, de los 88 ayuntamientos, pues, 16 no tienen ninguna reclamación. Y yo los voy a nombrar, porque me parece que es importante nombrarlos, ¿no?, que son Agaete, Artenara, Betancuria, El Pinar, El Sauzal, Garafía, La Matanza de Acentejo, Puntagorda, San Juan de la Rambla, Tazacorte, Valle Gran Rey, Vallehermoso, Valleseco, Valsequillo, Vilaflor. Y lo digo porque usted ha dicho en el informe, cuando lo ha redactado, que los ayuntamientos son las administraciones que menos colaboran con la institución. Por eso me parece que es importante poner en valor, pues, estos ayuntamientos que no tienen ningún tipo de reclamación.

Llama la atención o es curioso, por eso es importante el desglose por género, ¿no?, que el 63% de las quejas inadmitidas, es decir, porque no están bien formuladas -esto no es un ataque, líbreme Dios-, sean las presentadas por hombres y, en cambio, la mitad sean presentadas por mujeres, es decir, que las mujeres cuando nos quejamos sabemos por qué lo hacemos. Pero por eso es importante que se recojan por género, ¿no? Y a mí me parece también, haciendo una reflexión y viendo el informe, y sobre todo cuando he consultado las consultas exprés por áreas, que son muy interesantes, ¿no?, si es posible, una vez que se piden los datos, también por edad, porque tengo la impresión de que hay algún tramo de edad, entre los 40-55 años, por las quejas que he visto, que es el tramo que más reclamaciones hace. Y a mí me parece que es importante que se pueda recoger por edad, porque está en el mismo cuestionario. No costaría nada. Y además, por la aportación, que yo suscribo, de la compañera de Nueva Canarias, de ese trabajo de estar presente en las redes sociales, de ese trabajo de ir a los centros educativos, de estar presente en las universidades, porque al final es importante educar a la ciudadanía y a la ciudadanía hay que educarla desde la infancia. Por eso yo ponía el valor, la creación del consejo de la infancia, que desde pequeños los niños elijan a sus representantes, ahora que la democracia está en cuestión, cuando es el mejor sistema de gobierno.

Y después ha dado usted datos sobre su trabajo, sobre el recordar los deberes legales, en un 66%, lo ha hecho 202 veces, y es volverle a decir a la Administración de turno que no ha cumplido con su recomendación.

Me parece que, cuando he leído algunos de los motivos de queja, desde luego me llama la atención, ¿no?, cuando las personas anónimas, pues, se quejan porque se les ha denegado la ayuda a los estudios, por los recortes en educación, por el tema de las viviendas y sobre todo muchas de las consultas que le hacen a usted son como consecuencia de la información que leen en los medios de comunicación, y me gusta que les responda, sobre todo cuando son anónimos, que les diga: "nosotros le podemos ayudar pero venga usted personalmente, tráiganos la documentación, tráiganos los expedientes y le podemos seguir ayudando". Es decir, que no se limita a dar una información desde el punto de vista de la norma a aplicar. Lo digo porque, por ejemplo, hay una queja de una persona que no pudo cobrar la Ley de Dependencia porque se le había muerto su madre y sí la cobró, pero es que iba al centro que la cuidaba, y entonces ella entendía que debía...

El señor presidente: Vaya terminando.

La señora Marrero Ramos: ...que debía cobrar directamente por haber cuidado a la persona, por haber sido cuidadora durante diez años. Por eso me parece que es importante leer las quejas.

Y después le felicito sobre todo por los expedientes que están siendo archivados por el límite de las actuaciones, porque finalizan, y sobre ese incremento del trabajo que es importante. Nosotros lo animamos a seguir en la misma línea y sobre todo que siga con ese trabajo directo con las administraciones, porque al final está defendiendo los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, y eso es importante ahora que nos preocupa a todos el retroceso del Estado del bienestar.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Flora Marrero, del Grupo Parlamentario Nacionalista.

Para concluir, el Grupo Parlamentario Popular, don Emilio Moreno.

El señor Moreno Bravo: Muchas gracias, señor presidente. Señorías. Señor Diputado del Común, don Jerónimo Saavedra, y demás personalidades y funcionarios de la institución que le acompañan, bienvenidos en nombre del Grupo Parlamentario Popular.

Desde mi grupo nos unimos al pésame por el fallecimiento de su anterior jefe de Gabinete, don Samuel Ramírez Santana.

Y por segundo año consecutivo acude el señor Saavedra al Pleno de esta Cámara para dar cuenta detallada del informe que como Diputado del Común debe exponer conforme al artículo 194 del Reglamento del Parlamento de Canarias. Y nuevamente, como es mi deber y es mi obligación en cuanto a integrante del Grupo Parlamentario Popular, debo traer a esta Cámara, desde el respeto y la humildad, un conjunto de consideraciones que a la postre vienen a poner o vienen a defender el replanteamiento de la institución del Diputado del Común desde diversos posicionamientos políticos y económicos.

En primer lugar, la institución del Diputado del Común está muy vinculada, en cuanto a su organización, funciones y legitimidad, con la defensoría del pueblo nacional. Y de ahí que la primera interrogante que debamos plantearnos es si las defensorías de los ciudadanos son o no son necesarias. Pues bien, unos dirán que sí y otros dirán que no. Y la respuesta válida, a entender del Grupo Parlamentario Popular, es que el Defensor del Pueblo nacional, en cuanto magistratura de opinión, tiene plena cabida en nuestro sistema constitucional. De ahí que los propios constituyentes patrios quisieron introducir esta institución, siguiendo la línea marcada por el Ombudsman sueco de 1809. De modo que se institucionaliza una figura que ejerce el control de los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos en su relación con las distintas administraciones públicas. Pero, fíjense, señorías, ya en esa época se decía por algún constituyente que el Defensor del Pueblo no era más que un híbrido condenado al fracaso; sin embargo, el tiempo ha puesto en valor a la institución del Defensor del Pueblo nacional y puede argüirse, sin temor a equivocarnos, que la labor desempeñada por los distintos defensores del pueblo nacionales ha sido y es plenamente satisfactoria.

Ahora bien, ¿se justifica la existencia de un lado de una defensoría del pueblo nacional y de otras tantas defensorías del pueblo autonómicas como comunidades autónomas hay en nuestra nación? Pues bien, unos dirán que sí y otros dirán que no. Para ser exactos, es bueno recordar que en otras comunidades autónomas no existe en su estatuto de autonomía la figura del defensor del pueblo autonómico. Y voy más allá, hay comunidades autónomas que, aun teniendo esta previsión legislativa, no han desarrollado a día de hoy dicha figura. Me estoy refiriendo a comunidades autónomas tales como Cantabria, Extremadura, Madrid o Murcia, estas dos últimas sin referencia expresa en sus estatutos de autonomía.

Ello permite deducir, por tanto, que el debate político no es tan pacífico como parece. Si no, ¿cómo se explica que en algunas comunidades autónomas en las que existe la previsión legislativa de la defensoría del pueblo autonómica no se ha desarrollado a día de hoy? Pues muy sencillo, señor Diputado del Común, y muy sencillo, señorías: porque, pese a dichas previsiones, con la que está cayendo y en la situación que nos encontramos de crisis económica, es mejor ni generar duplicidades ni generar solapamientos con instituciones ya existentes, como es en este caso el Defensor del Pueblo nacional. Así lo hemos dicho una, dos, tres mil veces. Lo más conveniente en esta época de crisis sería transformar su institución, la institución del Diputado del Común, de modo que su labor fuese desempeñada por los 60 diputados de la Cámara.

Y los criterios son varios, no solo políticos, como le he ido exponiendo, sino también económicos. Entendemos que ello implicaría una medida de ahorro económico y presupuestario notable.

De otro lado -y cojo el guante que usted ha lanzado refiriéndose a mí en su intervención-, el Grupo Parlamentario Popular no considera ni demagógico ni poco riguroso el empleo a día de hoy de criterios economicistas; lo demagógico tal vez sea mantener una institución como la vigente carente de eficacia y eficiencia. Y no puedo evitar, pese a las críticas que se han efectuado, el hacer saber a los canarios que ante un presupuesto de casi 3 millones de euros, repito, casi 3 millones de euros, el Diputado del Común solo ha tramitado 1.586 reclamaciones. Mire, aproximadamente -criterio economicista básico-, 1.828 euros por reclamación. Y además de ese informe anual del Diputado del Común se confirma que año tras año la institución es ajena a los canarios. Solo el 0,07% de la población presenta alguna queja, solo el 0,07% de la población presenta alguna queja. Lo repito por tercera vez: solo el 0,07% de la población presenta alguna queja. Y no se explica que nos estemos gastando millones de euros año tras año -casi 3 millones de euros por año- en mantener una red de asesores y de oficinas en las siete islas de la comunidad autónoma, cuando se dispone de registros en todas las administraciones públicas canarias, que están habilitados para recoger sus quejas, como también se puede hacer ante este Parlamento regional y como, en última instancia, se podría hacer, como todos los españoles, ante el Defensor del Pueblo.

De teorizarse una hipotética quiebra, desde un punto de vista político, en la vigilancia de los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos en su relación con las administraciones públicas, en el caso de que, como proponemos, la actividad del Diputado del Común pase a ser desempeñada por 60 diputados de la Cámara, ese argumento cae por su propio peso. La Cámara regional recuperaría la capacidad de actuación que actualmente tiene cedida al Diputado del Común y nos acercaría a los diputados canarios aún si cabe más a la figura tradicional del síndico personero y procurador del común de los siglos XVI y XVII de Canarias, que es donde se pretende ver el origen de su institución.

Es en este momento donde quiero dejar constancia además que la figura de las defensorías del pueblo no solo tienen reflejo en el Ombudsman sueco de 1809, hay otras posibilidades. Y le cito. Tenemos la defensoría inglesa, introducida por la Parliamentary Commissioner Act de 1967 y el Mediador francés, introducido por la ley de 3 de enero de 1973. Y fíjense, señorías, y fíjese, señor Diputado del Común, en el sistema británico las reclamaciones se dirigen por escrito a los diputados de la Cámara de los Comunes, que son los que actúan ni más ni menos como filtro ante peticiones injustificadas. ¿Qué significa esto, señorías? Que existen otros medios plausibles de defensorías donde los diputados, los representantes de los ciudadanos, juegan un papel prioritario.

Miren, criticar que nuestra propuesta es un ataque o afectación a la democracia representativa de los canarios no se justifica en modo alguno. La representación de los canarios a nivel autonómico reside en esta Cámara, ni más ni menos. El Diputado del Común no es más que un alto comisionado de este Parlamento. Y parece increíble que cuando se está debatiendo en sede política cuestiones diversas y tan dispares como si España debe ser un Estado autonomista o un Estado federal, si la forma de gobierno del Estado español debe ser una república o una monarquía moderna, la actual, cuyo rey grandes servicios ha prestado a España, a Canarias, cuando se debate si debemos estar ante un sistema unicameral o bicameral, cuando se discute si debe procederse a la supresión de órganos constitucionales como son los delegados del Gobierno, según el artículo 154 de la Constitución, cuando se alientan incluso posiciones de ruptura con la unidad de España hablándose de pactos o contratos con Castilla como si estuviésemos en el siglo XVI, eso sí, se rasgan ustedes las vestiduras, señorías, cuando se mantiene la proposición de una transformación y de una reordenación de la institución del Diputado del Común. Increíble.

Y le voy a decir una cosa más -y permítame que acuda a mi experiencia profesional-: cualquier juzgado de primera instancia, capitalino, de estas islas resuelve conflictos, es decir, conflictos entre las partes, verdaderos litigios, muy por encima, en cuanto a procedimientos, de las 1.586 quejas que ha tenido este año el Diputado del Común. Y su presupuesto, el de un juzgado, está muy, pero que muy, muy, muy, muy lejos de los casi 3 millones de euros que cuesta mantener esta institución.

En definitiva, con los años el Diputado del Común se ha convertido más en un capricho político, de buenas intenciones y apenas utilidad, que en un servicio público y cuando aquello que nace para dar un determinado servicio no lo da, como es el caso del Diputado del Común, es hora de preguntarnos para qué sirve.

Agradezco que haya recogido las advertencias que le hice en la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico en relación con el error en la gráfica de asuntos tramitados en su informe anual del año 2012, pues eso significaba que picaronamente se modificaba el porcentaje de tramitación. Frente al 68% del año 2011, ahora se nos decía que desde que se ha producido la llegada del nuevo Diputado del Común la tramitación era del 89%. Gran error. Lo que habíamos modificado son los criterios de las gráficas de tramitación y admisión. Si hubiésemos utilizado el mismo porcentaje en el año 2011, no se habría resuelto el 68%, no, se habría resuelto un 80%. Es decir, solo una diferencia de 0,9 puntos entre el año 2011 y el año 2012.

El señor presidente: Don Emilio, vaya terminando, sí, por favor.

El señor Moreno Bravo: Gracias.

El señor presidente: Sí, sí, adelante. Sí. Sí, tiene tiempo.

El señor Moreno Bravo: Muchas gracias.

Voy concluyendo, porque solo quiero hacer referencia a una cuestión, muy llamativa en este año 2012, y es concretamente con relación al incremento de las listas de espera en el sistema sanitario público. Vergonzoso, absolutamente vergonzoso, y que hay que achacar a todo este Gobierno que se sienta aquí a la derecha. Nos dice que hay listas de espera para intervención quirúrgica ginecológica, en el Servicio de Neurología, Traumatología, para operaciones de hernias discales y se nos dice que hay una demora media entre 31 días en la especialidad de Traumatología y hasta los 140 en la especialidad de Cirugía Torácica. Absolutamente impresentable.

Termino. No quiero agotar más el tiempo y me quiero acoger al único minuto que se nos ha dado al Grupo Mixto, a Coalición Canaria y al Partido Popular, a diferencia de los dos minutos del Partido Socialista. Pero me voy a acoger a ese minuto.

La Cámara...

El señor presidente: Don Emilio, mire, por favor, lo interrumpo un momento.

Ya que se fijan en todo, fíjese que al principio no le puse el tiempo. Y quien maneja los tiempos no es solo el cronómetro sino la Presidencia. Yo le agradezco, señorías, este presidente es muy generoso siempre en los tiempos y no le puse a usted el tiempo al principio, son testigos todos los miembros de la Mesa. Lo digo porque al igual que miren unas cosas, miren otras.

¡Bueno, pero este que está aquí sí lo ve! (Ante un comentario que se efectúa desde los escaños).

Y disculpe, y disculpe.

El señor Moreno Bravo: ...explicaciones que me está usted aportando. Yo quiero ser igual a los restantes diputados y, como tal, me acojo a ello.

Acabo. Desde un punto de vista del debate político, se hace necesario modificar la institución del Diputado del Común.

Nada más y muchas gracias, señor presidente, por su generosidad.

El señor presidente: Y disculpe.

Este debate formalmente está concluido, estaría concluido.

El Diputado del Común es el alto comisionado de esta Cámara para atender a las quejas de los ciudadanos y el seguimiento del funcionamiento de las administraciones públicas. A mí me parece que es de cortesía, don Jerónimo, que si usted lo desea darle cinco minutos para despedirse. Porque el formato aquí sería el informe y escuchar las propuestas de los grupos. Si usted quiere saludar, despedirse... No, pues, estupendo.

Muchísimas gracias.

Concluido. Le damos de nuevo las gracias, señor Diputado del Común, y que usted traslade a todo el personal de la institución también la gratitud de este Parlamento.

Más información
Otros formatos
Iniciativas tratadas
  • 8L/IDC-0002 Sobre Informe anual correspondiente al año 2012.


Parlamento de Canarias · C/Teobaldo Power, 7 · 38002 S/C de Tenerife · Mapa · Tel: 922 473 300 Fax: 922 473 400
Glosario de términos · Mapa de contenidos · Aviso jurídico