Diario de Sesiones 85/2013, de fecha 25/6/2013
Punto 17

· 8L/PO/P-1013 Pregunta del señor diputado don José Ignacio Álvaro Lavandera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre protección de los consumidores y usuarios en relación con cláusulas abusivas en los contratos con las entidades financieras, dirigida a la señora consejera de Empleo, Industria y Comercio.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Pasamos a la siguiente pregunta: del señor diputado don José Ignacio Álvaro Lavandera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre protección de los consumidores y usuarios en relación con cláusulas abusivas en los contratos con las entidades financieras, dirigida a la señora consejera de Empleo, Industria y Comercio.

Para la formulación de la pregunta, el señor diputado tiene la palabra.

El señor Álvaro Lavandera (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera.

Le preguntaba hace relativamente poco tiempo, en nombre de una ciudadana, qué medidas había puesto en marcha el Gobierno de Canarias en el ámbito de sus competencias para garantizar que los compradores recuperen su inversión en el caso de entregas a cuenta por la compra de viviendas y que finalmente no han sido construidas. Una pregunta que venía derivada del incumplimiento de la Ley 57, de 1968, Reguladora de las Percepciones de Cantidades Anticipadas en la Construcción y Venta de Viviendas, clara en cuanto a la obligatoriedad de los avales que aseguren las entregas a cuenta y la responsabilidad que tenían y que tienen las entidades financieras en ello.

Señora consejera, es un derecho básico de los consumidores el derecho a la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales. Así viene establecido en la Ley del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Una ley que también provee a las administraciones públicas de Canarias y, por tanto, también al Gobierno de Canarias la potestad sancionadora en materia de consumo. Todo ello no deja duda alguna sobre la posibilidad que tiene este Gobierno, máxime cuando el Gobierno del Partido Popular no reacciona adecuadamente a determinadas quejas de la ciudadanía, para proteger a los consumidores ante las prácticas que, día sí y día también, son declaradas nulas, abusivas o ilegales en el sector financiero y que ha venido además aplicando este sector dada su posición dominante a la hora de negociar con los clientes, en este caso consumidores, ya sean préstamos personales, hipotecarios, tarjetas, preferentes, seguros, frente a las variaciones del tipo de interés y un largo etcétera de productos financieros. De hecho ya hay otras comunidades que están estudiando seriamente el establecer sanciones a aquellas entidades financieras que no eliminan las cláusulas suelo, como está haciendo la Junta de Andalucía ante las denuncias de las asociaciones de consumidores.

En definitiva, señora consejera, ¿qué gestiones está llevando a cabo la Consejería de Empleo, Industria y Comercio para la protección de los consumidores y usuarios de las islas en relación con el uso de las llamadas cláusulas abusivas contenidas en los contratos suscritos por aquellos con las entidades financieras?

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Gobierno, señora consejera, doña Francisca Luengo, tiene usted la palabra.

La señora consejera de Empleo, Industria y Comercio (Luengo Orol) (Desde su escaño): Gracias, presidente.

Estamos cumpliendo con un compromiso, que es la defensa de los consumidores, y por ello visitaremos 90 oficinas bancarias, dentro de la campaña de inspecciones sobre cláusulas abusivas.

Como le decía, está en marcha dicha campaña de inspección de productos financieros a las entidades bancarias para comprobar que no contienen cláusulas abusivas para los consumidores. Esa campaña se ha iniciado el 17 de este mes y finalizará el 31 de julio. Se prevé visitar 90 oficinas pertenecientes a 15 entidades bancarias, a razón de 6 sucursales por cada una de ellas.

Los productos financieros sobre los que se requerirá información son préstamos con garantía hipotecaria, préstamos personales, tarjetas de crédito, cuentas corrientes, libretas de ahorro e imposiciones a plazo fijo.

Teniendo en cuenta algo que nadie puede obviar, como es la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo en las hipotecas, se va a prestar una especial atención a las contrataciones de préstamos con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. Los inspectores requerirán en esas oficinas la información sobre los productos financieros que les he dicho.

Una vez obtenida esa documentación, los técnicos de la Dirección General de Consumo analizarán su contenido para verificar que las cláusulas incorporadas a los distintos contratos cumplen con las exigencias establecidas en la normativa vigente.

Se pretende alcanzar la máxima transparencia en la información que las entidades bancarias transmiten a los usuarios y llevar a cabo una efectiva protección cautelar de los intereses económicos, de tal manera que, en el caso de que se detecten incumplimientos por parte de las entidades, estas podrían enfrentarse a sanciones de entre 3.000 y 15.000 euros por contrato.

Se trata, en definitiva, señoría, de llevar a la práctica, como le dije al empezar la contestación de mi pregunta, ese compromiso de este Gobierno con los consumidores, que, en definitiva, no es otra cosa que ayudar de una manera dicha a los que menos tienen, no, a los que siempre en la sociedad están más indefensos, puesto que los que tienen recursos acuden a un abogado -y más ahora con las tasas judiciales- y pueden defenderse. Por consiguiente, creo que es otra acción encaminada siempre a ese colectivo de la sociedad que necesita ayuda de lo público y que también da la casualidad de que son objeto de las cláusulas abusivas de que estamos hablando.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora consejera.