Diario de Sesiones 88/2013, de fecha 10/9/2013 - Punto 19

· 8L/C-1101 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Plan de lucha contra el fraude fiscal y laboral.

El señor presidente: Siguiente comparecencia: del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Plan de lucha contra el fraude fiscal y laboral.

Don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente. Señorías.

Está esto relacionado con lo anterior. Se ha puesto de moda -y aquí ha habido alumnos aventajados- que la manera de corregir esta crisis económica, entre otras medidas, pasaba por el llamado "ajuste fiscal". Insisto, aquí hay gente con mérito en esta materia.

Como ustedes saben, el ajuste fiscal tiene dos caminos: uno, recortar; dos, ingresar más. Por donde se han dirigido casi todas las administraciones públicas, y esta anda en puestos de cabeza, ha sido en los recortes. Aquí se han recortado en el acumulado de la crisis, según presume el Gobierno, 3.643 millones, si no se actualizan los datos, 3.643. Hay reiteradas declaraciones en esta Cámara y en los medios de comunicación de que este ajuste se ha hecho aquí y por eso tenemos mérito. Y yo he calculado -y puede haber alguna imprecisión- que en la otra vía para el ajuste fiscal, que es más ingresos, no llegamos a 600 millones en el acumulado. Quiere decirse que el ajuste fiscal en esta comunidad, como en el conjunto del Estado, se ha hecho por la vía de recortar gasto público: por la vía de menos inversiones, menos sanidad, menos educación, menos servicios sociales.

Nosotros hemos reiterado aquí en nuestras enmiendas a la totalidad a las políticas presupuestarias que una de las vías para este ajuste fiscal, que han pactado los dos grandes partidos, antes y ahora, están todos de acuerdo, siguen estando todos de acuerdo en esta política de ajuste fiscal... Ponen el énfasis en función de estén en el gobierno o en la oposición. Y hemos dicho que había que explorar más el segundo camino, el de más ingresos. Y más ingresos solo cabe modificando el sistema fiscal, para hacerlo más progresivo y más justo. Y ahí hay responsabilidades en el Estado, muchas, porque una parte sustancial de las figuras fiscales con capacidad recaudatoria tiene la titularidad de las Cortes Generales, de la Administración General del Estado, algunas lo son de esta comunidad y de otras comunidades, y el otro camino es la persecución del fraude, de los que debiendo pagar no pagan, y es a lo que se refiere esta comparecencia.

Hemos reclamado al señor consejero en comisión en varias ocasiones persistir en lo que es una obligación de la administración tributaria, y es hacer un plan cada año de lucha contra el fraude fiscal. Cierto es que se hace ese plan cada año porque lo manda la ley, pero nunca conocemos ni los medios que se destinan a ello ni los resultados; y, por lo tanto, la evaluación pertinente. Y habíamos aconsejado o comunicado al Gobierno que eso debiera coordinarse con un esfuerzo similar en la otra bolsa del fraude potencial, que es el fraude laboral, que serían las dos cuestiones. Sabemos que el Gobierno ahora ha incorporado una estrategia de persecución del fraude laboral y supuestamente coordinarla con el fraude tributario. La comparecencia tiene el sentido de conocer los resultados de ambos programas. Sé que el del fraude laboral es reciente, el del fraude fiscal no está el ejercicio finalizado, pero nos gustaría conocer cuáles son las pretensiones, los objetivos. Es decir, ¿cuánto dinero pretenden ustedes recaudar con la persecución del fraude fiscal?, ¿cuánto dinero?

La Agencia Tributaria estatal establece objetivos y da cuentas de sus resultados, si no engañan. Yo me leo los periódicos, evidentemente, y hay objetivos a principios del año fiscal y se da cuenta una vez pasado el mismo. Y lo propio en materia laboral. Aquí no se ha publicado nada en relación al plan o a la estrategia de persecución del fraude laboral. Yo no pido que se detallen las acciones concretas, porque esas no se hacen nunca en la persecución del fraude, pero sí los objetivos, las pretensiones. Y, por lo tanto, nos gustaría conocer objetivos, medios, objetivos y resultados pretendidos en la persecución del fraude fiscal y en la persecución del fraude laboral.

En la segunda parte haré una serie de consideraciones de lo que ustedes opinan en los medios de comunicación y en alguna comisión de este Parlamento, pero ahora lo que queríamos remarcar es que una de las estrategias del ajuste tiene que ser mejorar los ingresos y se mejoran modificando el sistema fiscal o exigiendo el cumplimiento del sistema fiscal y laboral vigente, y en eso, desgraciadamente, los indicadores, las estimaciones, nos colocan en una mala posición, al menos en los conocimientos de los expertos en la materia, donde pone que el fraude fiscal y laboral en nuestra comunidad aparentemente, en las estimaciones que se hacen, porque no se conocen en precisión, estaríamos colocados en puestos muy relevantes. Se habla del 28,7% del PIB asociado al fraude fiscal...

El señor presidente: Tiene un minuto.

El señor Rodríguez Rodríguez: Termino.

...una organización, una asociación profesional, razonablemente prestigiada y con alto impacto en la opinión pública, que es la asociación de inspectores fiscales del Estado, que hace estimaciones sobre el fraude fiscal en el conjunto del Estado, que lo desagrega por comunidades autónomas. Sabemos que son estimaciones, porque si tuvieran lo datos supongo que actuarían, pero en estas estimaciones estamos colocados muy por encima de la media, tanto en el fraude fiscal como en el fraude laboral. Por eso es pertinente la existencia de planes en ambos espacios. Pero sería muy interesante conocer objetivos, medibles, evaluables, para ver si avanzamos o sencillamente se trata de cubrir el expediente.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Muchísimas gracias, don Román Rodríguez.

Señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, don Javier González Ortiz.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Señor presidente, señores diputados, señoras diputadas.

La prevención y persecución de la economía sumergida es una demanda social y una exigencia a las administraciones públicas. Todos convenimos en que el fraude fiscal y laboral afecta gravemente a la financiación de los servicios esenciales y distorsiona, asimismo, la actividad económica.

Los distintos estudios realizados, con las cautelas necesarias en este tipo de informes, apuntan a que el fraude fiscal y laboral en España está en torno al 23% -es el último dato publicado- y apuntan a que hay algunos puntos más de este fraude en Canarias. Luego hablaremos un poco, un poco de eso.

Se trata en esto de comportamientos insolidarios que las administraciones debemos detectar y perseguir. Una línea, por tanto, que asume este Gobierno como un eje más, estratégico, de sus actuaciones. Y lo que hace el último plan aprobado en Consejo de Gobierno es hacerlo de forma integral, es decir, utilizando los recursos de forma coordinada para dirigirlos a luchar contra el fraude en todas sus modalidades. En esta senda, el Gobierno de Canarias ha dado un paso más y a los planes habituales, a los que usted ha hecho referencia, señor Rodríguez, desarrollados en el ámbito laboral y tributario, sumamos un acuerdo en el pasado mes de junio para hacer un plan especial contra la economía sumergida. Es decir, estarían los planes normales y habituales, tanto tributarios como en el ámbito laboral, pero aquí lo que necesitamos es un plan de coordinación y, por lo tanto, mejorar esa vía.

Con el fin de aflorar el empleo no declarado y el fraude fiscal, desarrollamos un nuevo programa con medidas aplicadas de forma coordinada por varias consejerías, preferentemente las áreas de hacienda, empleo, industria y comercio y turismo. Y el plan se dirige no solo a la represión sino a la prevención y pivota sobre cuatro grandes objetivos. Yo sé que el señor Rodríguez insistirá después en los objetivos, en las cantidades y tal, pero le llamaré la atención sobre qué dicen, por ejemplo, los expertos a los que usted cita, ¿no?, es decir, esa asociación a la que usted acaba de citar, que dicen qué hay que hacer para la lucha contra el fraude fiscal. Lo digo porque si les hacemos caso sobre algunas cosas les hacemos caso para otras, y no solo.

Por tanto, desde esa visión integral, el plan pivota sobre los objetivos, solicitud de su comparecencia. El primero es potenciar la conciencia social sobre estas conductas. Un elemento fundamental: es imposible concebir la lucha contra el fraude fiscal si no generamos conciencia social. Lo segundo es estimular el cumplimiento voluntario de las obligaciones; lo tercero es prevenir las situaciones irregulares y el cuarto, perseguir el fraude en todas sus formas.

Entre las medidas incluidas en la primera de estas líneas, destaca el desarrollo de determinadas campañas informativas y de sensibilización con el objeto de reforzar un elemento fundamental, y es esa conciencia colectiva de rechazo a los comportamientos habituales, desgraciadamente, en algunas economías de este tipo. En este objetivo se incluyen acciones formativas en centros educativos, que sobre todo lo que muestran son los beneficios de la responsabilidad en este sentido. Hemos hablado de un elemento fundamental, de la incapacidad de las administraciones para hacer frente al conjunto de sus gastos. Sin recursos, difícilmente se pueden llevar a cabo.

La segunda de las acciones previstas impulsa el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Para ello, pues, se están mejorando los servicios on-line, que facilitan de forma sencilla y ágil las gestiones por internet, así como la próxima habilitación de medios de pago telemáticos para el abono de tasas, tributos o sanciones. Esta ampliación de fórmulas para agilizar el cumplimiento voluntario se ha iniciado con la reciente incorporación de trámites, como la obtención del certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias en todas las islas, para facilitar el cumplimiento, o la inmediata puesta en marcha del sistema de notificaciones del registro electrónico, con el objetivo fundamental de asegurarnos primero que el ciudadano recibe las notificaciones de la Agencia Tributaria.

Y por supuesto es un hecho el incremento de medios para mejorar la asistencia y atención al contribuyente. En el pasado mes de agosto se abrieron las últimas dos oficinas comarcales en el caso de la isla de Tenerife. Tenemos, por tanto, dependencias en todas las islas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y en algunas de las islas, sobre todo en las dos islas centrales, tenemos oficinas en los nortes y los sures de las mismas.

El tercer eje es el relativo a la prevención del cumplimiento tributario laboral. Establece, entre otras actuaciones, un nuevo protocolo para los servicios de inspección, con el fin de recopilar de forma conjunta tanto la información fiscal como laboral durante sus visitas a las empresas. Este es un elemento fundamental y que tiene que ver con la coordinación. En este ámbito se actualizará de forma permanente el catálogo de las conductas que llamamos irregulares y los perfiles de riesgo, para poder precisar con mayor exactitud los distintos subsectores que componen la economía fraudulenta.

En cuanto a la última y cuarta línea, se dirige a las medidas de control y persecución del incumplimiento de las obligaciones laborales y tributarias, donde adquiere especial protagonismo la cooperación. Una cooperación con la que se pretende dar una mayor intensidad a los acuerdos con otras administraciones, como cabildos, ayuntamientos, Agencia Tributaria estatal, Seguridad Social o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con el objeto de aumentar la cantidad y la calidad de la información que nos cruzamos, que detecte sobre todo el empleo sumergido y el fraude fiscal. En este aspecto, la información es uno de los elementos esenciales para combatir la economía sumergida. Por este motivo, la colaboración se complementa con otros organismos e instituciones, como los colegios profesionales, las asociaciones empresariales y sindicales, como pilares básicos en este plan integral. A lo que se añade un canal confidencial que posibilite las denuncias de los ciudadanos y el refuerzo de las actuaciones de comprobación a pie de calle, a través de visitas a empresas, comercios y despachos profesionales.

En cuanto a la dotación de medios humanos y materiales para luchar contra la economía sumergida, este Gobierno no ha cesado de incrementar el presupuesto y los recursos humanos destinados a este objetivo. Estos recursos humanos han registrado una evolución ascendente este mismo año. Sé que el señor Rodríguez dirá todo lo contrario, pero, digo, este mismo año, y por primera vez en la comunidad autónoma, la Dirección General de Tributos ha sido reforzada con 100 nuevos efectivos, que hemos movido de otros departamentos. Por tanto, todos los medios personales de la Administración Tributaria Canaria están implicados en la lucha contra el fraude fiscal, tanto para conseguir el cumplimiento voluntario de las obligaciones como para evitar un conjunto de actividades ilícitas.

Señor Román Rodríguez, que usted sepa que el Servicio de Inspección cuenta con 58 efectivos, entre los que destacan los 19 inspectores. A estos debemos sumar los 58 vigilantes fiscales y el personal del Servicio de Planificación, que asciende a 10 personas. Y también se añaden los 76 liquidadores, que dedican una parte importante de su labor a la comprobación de los valores declarados. Este personal, solo, exclusivamente de la Administración Tributaria Canaria, se complementa con el personal de la Agencia estatal Tributaria y se complementa con los 84 inspectores que realizan funciones encomendadas de la Administración General del Estado y de la comunidad autónoma -estoy hablando de inspectores de la Seguridad Social- y se suman a los 7 destacados en el área de turismo.

Y, no obstante, hay que señalar que estos efectivos no trabajan aisladamente. Durante el año 2013 hemos intensificado las acciones en colaboración con la Policía Canaria, la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de las operaciones desarrolladas de forma continua con la Agencia Estatal Tributaria.

Mire, en este último caso, en cuanto a cómo actúa el Gobierno de Canarias, la Administración Tributaria Canaria con la agencia estatal tributaria, permítame reseñarle que Canarias es la comunidad autónoma de España con mayor número de actuaciones conjuntas de inspección tributaria con la citada agencia, Canarias es la comunidad autónoma con mayor número de actuaciones conjuntas de inspección entre, en este caso, la Administración Tributaria Canaria y la Agencia estatal Tributaria. Además de liderar el volumen de intercambio y suministro de mutua información entre la Administración Tributaria Canaria y la Agencia estatal Tributaria. Lo digo para avanzar un poco e intentar transmitir en esa vía.

Muestra, por tanto, del esfuerzo continuo que realizamos es también el avance que estamos dando a la gestión integral de los tributos. Discutimos aquí sobre la decisión del Gobierno de retirar la encomienda de gestión en el ámbito de los liquidadores a las oficinas liquidadoras, de los registradores de la propiedad. Bueno, de esta forma podemos tener una base única, por tanto, en cuanto a la información, atender al ciudadano, con una única carpeta del ciudadano, frente a la atención exclusiva del hecho tributario, y, por lo tanto, una mayor y mejor capacidad de la lucha contra el fraude.

Otras acciones que están dando significativos resultados son los peinados fiscales, es decir, esos por los que usted ha preguntado en alguna ocasión cómo han ido esas cuestiones. Mire, en el último, del año 2012, se realizaron 9.500 visitas a lo largo y ancho de todas y cada una de las islas de Canarias y se han recaudado hasta el momento, por esa vía, 9 millones de IGIC oculto. Peinado fiscal que de lo que se trata es de visitar el conjunto por zonas y no tanto procedente del cruce de información sino simplemente visitar el conjunto de lugares donde se produce la actividad económica, solicitar o no si se está dado de alta en la Seguridad Social, en el IGIC o en la Agencia estatal Tributaria, para detectar aquellas conductas ilícitas o actividades, no ya que declaran menos de lo ingresado sino que no declaran siquiera su existencia. Y a nosotros nos parece fundamental continuar por esa vía de los peinados...

El señor presidente: Un minuto, don Javier. Gracias, disculpe.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Por poner algún ejemplo, en el conjunto de estas actuaciones las últimas acciones llevadas a cabo en coordinación la Agencia Tributaria Canaria con la Policía Canaria en el municipio de Telde, en Gran Canaria, o las actuaciones en Lanzarote, para detectar una serie de supuestas actividades irregulares en el ámbito de los talleres de reparación de coches. Ahí se utilizan los canales de denuncia.

En el ámbito laboral, la lucha contra el fraude en combinación con el Estado hizo posible que en el año 2012 afloraran 3.800 empleos, una cifra que se prevé incrementar en el 2013, ya que hasta el mes de junio se habían detectado cerca de 2.200 empleos irregulares. Unos resultados que, junto con los obtenidos por la Agencia Tributaria, son fruto de la colaboración de todos, de los ciudadanos, de las administraciones, de los agentes empresariales, organizaciones sindicales. Por esta vía es por la que entendemos que debemos seguir luchando y es el objetivo fundamental del plan contra la economía sumergida.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero, don Javier González.

Los grupos no solicitantes de la comparecencia. Por el Grupo Socialista Canario, don José Ignacio Álvaro Lavandera.

El señor Álvaro Lavandera: Gracias, señor presidente. Señorías. Buenas tardes, señor consejero.

En julio de este año el Consejo de Gobierno, como ya se ha dicho, aprobó la puesta en marcha de un plan integral de lucha contra la economía sumergida con el fin de aflorar el empleo no declarado y los comportamientos irregulares en el ámbito fiscal. Un plan que, como también ha comentado, se desarrolla en cuatro ejes principales, los cuales darán sus frutos, algunos a corto plazo, como pueda ser el caso de las inspecciones, y otros más a largo plazo, que es el caso de potenciar la conciencia social sobre estas conductas. Un objetivo este último, el de potenciar la conciencia social, de difícil consecución pero más que nunca ahora necesario. Educar en valores como la solidaridad, concienciar sobre que el fraude lo pagamos todos, subiendo impuestos, especialmente impuestos sobre el consumo y las rentas del trabajo, concienciar acerca de la necesidad de la financiación pública para infraestructuras, sanidad, transportes, educación, prestaciones por desempleo, pensiones y servicios sociales. Servicios públicos y prestaciones sociales cuyo grado de satisfacción es positivo por parte de los contribuyentes -y así lo dice el Instituto de Estudios Fiscales-, excepto, también hay que decirlo aunque no venga mucho a cuento, las prestaciones por desempleo y las pensiones por jubilación, que en este país siguen siendo escasas.

Y aunque no creo que me haga falta recordarlo, una vez más quiero remarcar que los socialistas defendemos la financiación y la gestión de la oferta pública de servicios y prestaciones, pero no solo nosotros, también en los estudios indica que la mayoría de la ciudadanía española.

Por ello, señor consejero, frente al liberalismo individual, socialismo solidario. Solo de esta forma saldremos de la crisis, todos juntos, porque a menos fraude menos recortes. Un modelo de sociedad en el que el paradigma del éxito no puede ni debe ser tener un chófer para conducir el Jaguar, unas cuentas en Suiza o tomarse un café relajante en la plaza Mayor.

Señorías, el fraude se produce de muchas y variadas formas, pero no podemos olvidar que los técnicos de Hacienda apuntan que el 72% del mismo se concentra en grandes empresas y patrimonio, y es ahí donde deben centrarse los esfuerzos, y más cuando análisis internacionales destacan que España es el décimo país del mundo en fraude fiscal.

Frente a este escenario, la Agencia española de la Administración Tributaria ha reducido su presupuesto, su plantilla y, por tanto, los recursos para la lucha contra el fraude. En España se destina poco más del 0,1% del PIB en la lucha contra el fraude, frente a otros lugares como los Países Bajos, donde se destina el 0,5% del PIB. Por ello el aumento de los recursos destinados a la lucha contra el fraude, como han hecho los departamentos de Hacienda o Empleo, es imprescindible, ya que redundará en una sociedad más justa en términos fiscales y más solidaria en términos de gasto presupuestario.

Señor consejero, usted es el que nos ha dado cuáles son las claves del plan, medida en la que todos los expertos coinciden, con lo cual en ningún momento pueden ser criticables. Solo me queda animarle y desearle suerte en sus intervenciones.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don José Ignacio.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, don Isaac Castellano.

El señor Castellano San Ginés: Muchas gracias, señor presidente. Señorías.

Como dicen muchos oradores en esta tribuna, resulta tremendamente complejo abordar un tema como el que nos ocupa en tan solo tres minutos. En cualquier caso, sí que me gustaría introducir una serie de reflexiones.

En primer lugar, acerca de la magnitud del fenómeno. Por su propia naturaleza, resulta difícil encontrarnos con cifras que sean precisas, pero los estudios con más reconocimiento estiman que en el conjunto del Estado las cifras de economía sumergida se situarían entre el 19 y el 25%, algo superior en Canarias, lo que supondría una pérdida de ingresos fiscales de entre 60.000 y 90.000 millones de euros. Esto, sin duda, tiene muchos efectos perversos, entre otros la necesidad de incrementar la carga fiscal en los cumplidores para cubrir unos servicios sociales de los que también se benefician los defraudadores.

También me parece que es importante analizar, aunque sea de una forma somera, cuáles son las causas del fraude fiscal, y aquí es verdad que también hay muchos estudios que hablan al respecto y algunas de las causas resultan recurrentes. Se habla de la complejidad, de la regulación fiscal y laboral como una de las causas, de tal forma que si esta se simplificara, se reducirían las cifras de fraude fiscal. Aquí también se ha hecho mención a una serie de estudios, como pueden ser los de Eurofound o los del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, que hacen alusión a la profundización de las políticas de austeridad y a las desigualdades que eso conlleva como factores que inciden en el fraude fiscal y laboral, de tal forma que si combatiéramos estas desigualdades, es decir, combatiendo las causas subyacentes al fenómeno del fraude, podríamos también combatir -valga la redundancia- el fraude que se produce en determinados perfiles de defraudadores, como pueden ser los defraudadores yo llamaría de subsistencia. No estamos hablando de las grandes bolsas de fraude, estamos hablando de aquella persona que para tener unos recursos extras para subsistir se ve abocada, digamos, a trabajar fuera de lo que es el ciclo oficial. Estamos hablando de la necesidad de, por lo tanto, abordar estas causas subyacentes.

Y, por otro lado, también se menciona de forma reiterada la aceptación social del fenómeno del fraude fiscal y laboral, de tal forma que el defraudador no siente que exista una condena social y, por lo tanto, no inhibe los comportamientos defraudadores.

En ese sentido, creo que la estrategia expuesta por el Gobierno de Canarias incide en las diferentes vertientes del fraude fiscal y laboral y, por lo tanto, resulta adecuada. Los resultados no dependerán solo de las medidas que adopte el Gobierno, porque, como bien señala el mismo plan, dependen de la implicación del conjunto de la sociedad en la lucha contra este fenómeno. Pero estamos convencidos de que si existe la colaboración ciudadana, si existe la concienciación social acerca de este problema, sin duda las medidas adoptadas por el Gobierno verán sus resultados.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Isaac Castellano.

Por el Grupo Parlamentario Popular, don Afonso.

El señor Afonso El Jaber: Señor presidente. Señorías.

Es una obviedad, es una obviedad que luchar contra el fraude fiscal y laboral, luchar contra la economía sumergida, es favorecer la equidad, la justicia, la sostenibilidad de los servicios públicos y los derechos sociales. Esto se sabe, ya lo han dicho quienes me han antecedido en esta tribuna, por eso yo quiero incidir más en otros temas.

Hablar siempre de política fiscal, pues muchas veces da la impresión de que el único objetivo de la política fiscal, de la política tributaria, es garantizar los ingresos de las administraciones públicas. Evidentemente es uno de los objetivos, pero hay otro más: la política fiscal es un instrumento importante de las políticas económicas. En los últimos años, en España, el objetivo de la política económica era evitar la quiebra de las administraciones públicas, era evitar la intervención de España, pero ese miniciclo o ese ciclo se ha acabado. Ahora España está iniciando una nueva fase; ahora los objetivos de las políticas económicas y, por tanto, los objetivos de las políticas fiscales tienen que ser otros. Tienen que ser favorecer el desarrollo económico, tienen que ser apuntalar el crecimiento del empleo, en definitiva, entrar en una nueva mentalidad. Por eso yo quisiera aprovechar este debate para pedir al Gobierno de Canarias un compromiso, un compromiso de que se sume a la reforma fiscal importante que va a haber en España en el próximo año, en el 2014. Una reforma fiscal que favorezca la creación de empleo, una reforma fiscal que favorezca el desarrollo económico.

También he de decir que luchar contra el fraude fiscal y laboral no solamente significa hacer un plan cada seis meses o hacer una declaración cada seis meses. En una, anunciar un observatorio, en otra anunciar una página web y, mientras tanto, ir repartiendo subvenciones a sindicatos, a empresarios e incluso a ayuntamientos para informar o para sensibilizar sobre la lucha contra el fraude laboral. Es mucho más que eso y en eso se ha gastado en el último año el Gobierno de Canarias 416.000 euros en subvenciones. Y yo le pregunto: ¿cuáles han sido, cuáles han sido, los resultados de esas subvenciones? Pregunto también: ¿sigue pensando, como dijo hace poco, el Gobierno de Canarias que en Canarias hay 122.000 trabajadores en la economía sumergida, lo que es, más o menos, un tercio de los parados, del equivalente a los parados en la Encuesta de Población Activa? Hombre, a mí me parecen muchos y desde luego no debemos criminalizar ni a los trabajadores ni a los emprendedores. Lo que, repito -y termino como empecé-, no quita, que es una obviedad, que hay que luchar contra el fraude fiscal, que hay que luchar contra el fraude laboral y la economía sumergida. Eso favorece la equidad, la justicia, la sostenibilidad de los servicios públicos y los derechos. Y cuando hace política social uno también tiene que saber, si no hay economía sumergida, que la persona que está presentando su expediente, efectivamente esos son sus ingresos y no son otros. Ayuda mucho a esas cosas. Pero también es y debe ser, antes que todo, un instrumento de las políticas económicas.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Felipe Afonso.

El grupo solicitante de la comparecencia, don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: Vamos a ver, para que esto pueda ser algo útil yo creo que sería interesante colocar el valor de la fiscalidad como un elemento básico de la convivencia. Es imposible que las administraciones públicas, lo que se llama Estado, cumpla con su función si no existe un sistema fiscal que aporte recursos para el desempeño de esas funciones.

En esta etapa que hemos vivido, de deterioro de la economía, de políticas conservadoras, insisto, se ha puesto de moda el llamado "ajuste fiscal" casi como la receta mágica para sacarnos de la crisis. El tiempo, desgraciadamente, ha puesto en evidencia que este camino en exclusiva no solamente no resuelve sino que nos coloca en peores condiciones para el futuro.

Y hemos dicho y reiterado que el ajuste fiscal ha estado basado esencialmente, en las administraciones públicas españolas y canarias, en recortes de gasto público, que ha llevado a las administraciones públicas a prácticamente no invertir, que ha llevado a recortes en los servicios básicos que los colocan décadas hacia atrás en el tiempo y que el ajuste fiscal, por lo tanto, se ha hecho sobre la base de recortes de derechos, de recortes de servicios, a costa de la actividad económica.

Y esto, insisto, solo tiene dos caminos: ese o el de aumentar los ingresos. Y se aumentan los ingresos si se revisa el modelo fiscal injusto y escasamente progresivo que domina en Canarias y en España. Soy plenamente consciente de dónde se sitúan las competencias y no me voy a referir a la campaña, a la propuesta que ha iniciado el presidente del Gobierno de España, que hará una modificación fiscal en el 2014, porque lo que hará, si lo hace, por razones electorales, será rebajar impuestos a costa de más recortes públicos, y si no al tiempo.

Nosotros sostenemos, y aquí modestamente hemos hecho nuestros aportes en las leyes de Presupuestos en tramitación, que hay que revisar el modelo fiscal para hacerlo más progresivo y que las pocas modificaciones que ha habido hasta ahora -y no me refiero solo a Canarias sino al conjunto d el Estado-, los incrementos de presión fiscal se han hecho sobre consumidores y sobre el IRPF, sobre los que ya pagamos, y poca presión se ha ejercido, sí alguna, sobre las sociedades y sobre el capital. Por lo tanto, nosotros reclamamos, y aunque no toque en este debate estrictamente, un modelo fiscal más progresivo, que haga pagar más a quien más tiene, y sobre todo reclamamos que se cumpla la fiscalidad vigente.

Soy plenamente consciente, porque sigo a esta asociación profesional desde hace bastante tiempo, de que ellos no solamente hablan del fraude fiscal y sus estimaciones, sino de las estrategias propias de los países más desarrollados para perseguir el fraude fiscal, y es evidente que la conciencia colectiva es el instrumento más importante. Cuando los ciudadanos tienen esto como valor, pues, se impone. Y ha sido un flaco favor a la conciencia social de la fiscalidad, por ejemplo, una decisión tomada por el Gobierno de España, que es la amnistía fiscal. Por cierto, amnistía fiscal que estableció objetivos y que hoy todo el mundo reconoce que ha sido un fracaso, porque cuando uno toma una medida de gobierno, de acción, tiene que pretender conseguir objetivos, para poder medir los resultados, para poder rectificar, para poder cambiar. Ahí se hicieron unas previsiones por parte del Gobierno de España con la amnistía fiscal y no se ha conseguido ni el 30% de lo previsto y, sin embargo, el daño generado a eso que usted llama conciencia social, y que yo comparto, ha sido terrible. Porque, ¿qué piensa el contribuyente de a pie?: "yo, que pago mis impuestos en mi pequeña empresa, yo que pago mi IRPF, que pago mis impuestos al consumo, no me perdonan una y resulta que a los grandes defraudadores, que es a quienes iba destinada la amnistía fiscal, se les rebaja el impuesto que debieran pagar, pues, hasta el 7, el 8, el 9%, cuando debía estar en el 30". Y la lectura del contribuyente de a pie, dice, "oye, está claro que cumplir sirve de poco y está claro que los que incumplen al final son amnistiados".

Por lo tanto, de acuerdo en lo de la conciencia social y por eso hemos sido críticos en la decisión de la amnistía fiscal, que no ha conseguido los objetivos y, sin embargo, ha generado yo creo que una reacción muy perversa ante la ciudadanía.

También dicen los inspectores fiscales que una de las claves del éxito, además de la conciencia, que es un tema de medio plazo, son más medios para desempeñar la función. Y ellos dicen que allí y aquí los recursos humanos destinados a la fiscalidad están por debajo de la media, también lo dicen de Canarias. Incluso dicen más, dicen que el Plan de lucha contra el fraude tributario en Canarias es un corta y pega, lo he leído de sus declaraciones. De manera que tenemos que hacer un esfuerzo en más medios humanos. Si hay alguna acción de la Administración pública que tiene retorno monetario es esta: el esfuerzo que se haga. Por eso hemos presentado enmiendas aquí. Cierto es que en el año 12 se hizo un esfuerzo por parte de la comunidad autónoma de unos 12 millones de euros, que yo recuerde, muy importante. Hay que reforzar la administración tributaria con medios humanos y técnicos y hay que reforzar las competencias, también lo dicen los inspectores fiscales. Más medios humanos, más medios técnicos y más competencias para poder ejercer la función de control, de persecución, de recaudación.

Pero una cuestión que yo les reclamo a ustedes en esto y en otros ámbitos de la política es que establezcan objetivos. Es que el Gobierno español se arriesga cuando hace la amnistía fiscal y dice "pretendo esto", y luego no le sale. Y uno puede decir lo que pretendió el Gobierno con su política de amnistía fiscal no ha salido porque no han conseguido ni el 30% de los objetivos perseguidos. Nosotros les exigimos, como ciudadanos, como oposición, que midan ustedes los resultados. Hay un fraude fiscal del 27-28% de nuestro PIB en Canarias, entre fraude laboral y fiscal. Yo sé que eso no lo vamos a corregir en tres ni en cinco años, pero uno se puede plantear en el ámbito competencial propio rebajar 3 puntos, 2 puntos, 1 punto.

No se puede decir, al menos yo no conozco estudios que lo sustenten, que hay 125.000 empleos irregulares en Canarias. Primero porque me gustaría ver qué metodología permite una aproximación tan precisa a un mercado irregular, a un mercado fuera de control. Me gustaría ver qué afirmación y qué estudio sustenta la afirmación del Gobierno de 125.000 empleos irregulares, no 125.000 irregularidades, que son cosas distintas. 125.000 empleos irregulares en sentido estricto son 125.000 personas que trabajan a jornada completa y que lo hacen fuera de la legalidad. Al margen de que me dan miedo estas cifras si no están muy sustentadas, porque se traslada una sensación demonizadora sobre los trabajadores. Da la sensación de que las cifras de paro que tenemos, pues, no son muy importantes porque la mitad cobra prestaciones y la otra está en la economía sumergida. Esta es una idea muy conservadora que circula por ahí, que es demonizadora de los trabajadores, y que yo no comparto porque sencillamente es falsa.

Al margen de la cuantificación de la supuesta irregularidad, nosotros lo que le reclamamos es que tanto en el plan o en la estrategia, o como lo quieran llamar, de reducción del fraude tributario establezcan ustedes objetivos que podamos medir para saber si estamos avanzando. Y que en el tema del fraude laboral, exactamente igual. No nos sirve de nada decir que hay 125.000 empleos irregulares en Canarias y no tener un papel, que conozcamos, que lo sustente, porque se traslada esa idea demonizadora, y no plantearse un objetivo. Oiga, si yo sé que hay 125.000, en tres años voy a rebajar 10 puntos este fraude laboral.

Por eso nosotros sostenemos, conciencia social, clave; medios humanos y materiales, determinantes; más competencias para ejercer más eficazmente las funciones, sin duda, y mecanismos concretos, medibles, evaluables, revisables, porque, si no, pasarán años y años y no sabremos cuál es el impacto de las medidas. Y yo creo que se trataba de eso.

Yo me alegro de que a mitad de esta legislatura el Gobierno haya considerado lo del fraude laboral como una estrategia formal. No me gusta mucho la publicidad que le han dado al entorno, con los 125.000, que puede ser que tengan ustedes información que desconocemos, pero sería muy interesante que dentro de un año pudiéramos decir, "oiga, la actuación planeada, organizada, coordinada, con medios, del Gobierno ha conseguido aflorar 17.000 empleos irregulares, ha conseguido tal porcentaje". Esto me parece muy importante, porque además traslada una cuestión -y vuelvo al principio- muy importante, que es la de la conciencia, es decir, la conciencia social de que la gente tribute y legalice a sus trabajadores en cualquier caso.

Y acabo con una consideración de orden general que yo creo que vale la pena. El fraude fiscal es masivamente de las grandes fortunas, es masivamente del gran capital, es masivamente de las multinacionales. Estos análisis que apuntamos hablan de que más del 70% del fraude se sitúa ahí. Sé que la capacidad competencial de esta comunidad para perseguir esas actuaciones -porque el impuesto de sociedades ahí es determinante-, la ingeniería fiscal de las multinacionales es terrorífica y se escaquean, no pagan ni aquí ni en Francia y a lo mejor tampoco en los Estados Unidos, aunque allí si te trincan lo pagas, ¿no?... El planteamiento es, tenemos que generar conciencia también persiguiendo a los verdaderos defraudadores, que son los más poderosos y que siempre se van de rositas. Digo esto para tratar de no demonizar al pequeño empresario, al contribuyente de base, al trabajador, de los males del fraude fiscal, porque el fraude fiscal y laboral se sitúa en las grandes empresas. Y solo cito al anterior presidente de la patronal española, con lo que conocemos y lo que conoceremos con la investigación del actual vicepresidente de la patronal española.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Para concluir de nuevo esta comparecencia, don Javier González Ortiz, señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.

(El señor presidente abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia el señor vicepresidente segundo, Fernández González.)

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Gracias, señor presidente.

Señor Lavandera, evidentemente uno de los elementos fundamentales -señor Rodríguez, señor Afonso, hemos coincidido todos, señor Castellano- es la conciencia social. Evidentemente o lamentablemente eso conlleva periodos de tiempo mucho más largos, pero no, por tanto, menos importantes. En la medida en que consigamos avanzar en esa conciencia social, en que el defraudador, si me lo permite la expresión, no es un héroe sino que es un villano y que en el conjunto de la sociedad se vean actitudes de ese tipo como actitudes detestables, habremos ganado mucho en la consecución del objetivo final. No nos puede llevar a la melancolía porque, repito, no son cuestiones a corto plazo, son cuestiones que tienen que ver con la conciencia ciudadana y, por tanto, se producen a lo largo de mucho tiempo.

Evidentemente que a menos fraude, señor Lavandera, menos recortes, porque al final es el conjunto de los intereses. El último informe, uno de los últimos informes referentes a la subida del IVA en España, venía a concluir que el efecto porcentual de la subida de los tipos del IVA se había visto disminuido en una mayor cuantía en cuanto a la recaudación total, es decir, que el fraude fiscal, querían concluir que el fraude fiscal se había comido todas las subidas porcentuales de los tipos en el IVA. Creo que es una conclusión en parte parcial, porque olvida la disminución de la actividad económica. Lo digo porque, hombre, pongamos por lo menos en solfa algunas afirmaciones y sepamos de dónde vienen determinados informes, pero nos sirven para apuntarnos no solo la situación sino, como ya hemos hablado antes, de algunas cosas cómo corregirlas, ¿no?

En ese aspecto, por lo tanto, señor Lavandera, la decisión del Gobierno de Canarias ha sido incrementar los recursos, la decisión del Gobierno de Canarias ha sido incrementar los recursos en esta materia y la decisión del Gobierno de Canarias ha sido trabajar en el proyecto de redacción de una ley para la creación de la Agencia Tributaria Canaria que nos ayude a luchar contra la economía sumergida, contra el fraude fiscal, en línea con lo que apuntan no solo los técnicos sino los últimos informes realizados en el seno de la Unión Europea, y, por tanto, la necesidad de la coordinación en el conjunto de las administraciones. El plan que aprobó el Gobierno en el mes de junio, repito, viene a complementar las actuaciones específicas que se llevan en el ámbito laboral y en el ámbito tributario y, por lo tanto, hacer una mayor coordinación.

E incidir, de la experiencia conjunta, entre todos, salimos todos ganando y de la reflexión contenida en el plan, hecha por técnicos de una y otra consejería, pero sobre todo de la acción coordinada. Una de las grandes quejas que viene a reflejar el ámbito empresarial es que son visitados, inspeccionados, por una multiplicidad de inspectores de los distintos departamentos del Gobierno de Canarias. De lo que se trata, por lo tanto, es de mejorar esa coordinación, de actuar una sola vez, de habilitar el curso de información interna, actuando solo en el ámbito de la comunidad autónoma, del Gobierno de Canarias, cruzar esa información para mejorar la coordinación de los departamentos.

En el ámbito de la coordinación con otras administraciones ya lo hemos dicho. Pues por poner un ejemplo, es decir, la Agencia estatal Tributaria y la Administración Tributaria Canaria trabajamos con un único censo fiscal, es decir, en eso no hay censos fiscales distintos; es decir, la Agencia estatal Tributaria y la parte de tributos de la Agencia Tributaria Canaria en ese aspecto trabajan sobre un único censo, es decir, no es que crucemos información, es que trabajamos sobre el mismo. En el ámbito de las importaciones y exportaciones, la coordinación con la Agencia estatal Tributaria, bueno, trabajamos en el mismo ámbito de las relaciones con el exterior en este ámbito tributario, trabajamos sobre la misma plataforma informática y los datos van a una u otra Administración en función de la administración competente. Lo digo por si alguno piensa que todavía estamos en esos papeles. Luego, en el ámbito de la coordinación con la Agencia estatal Tributaria funciona, en el ámbito de la coordinación con la Guardia Civil o la Policía Nacional o, en este caso, de actuaciones con la Policía Canaria, funciona, ahí están los datos, de forma importante.

Señor Castellano, hemos hablado de la magnitud del fenómeno, ¿no?, y, bueno, sobre la magnitud del fenómeno, pues, se ha escrito mucho. Parece, parece, que se apunta a ese 20%. Parece que hay claro como mínimo que hay diferencias porcentuales importantes en el conjunto de los países de la Unión Europea o en el conjunto de los países de la OCDE y España en su conjunto no sale bien parada ni mucho menos. Tiene que ver también con determinados aspectos culturales. Los técnicos apuntan a que en una situación de crisis como la actual, pues, se incrementan de forma notable las actividades fraudulentas. Hay un elemento fundamental que llama la atención, y son aquellas actividades empresariales que han tenido fracasos y que, por lo tanto, tienen deudas atrasadas y quieren empezar una nueva actividad. Las dificultades para empezar nuevamente son importantes dado que arrastran una deuda importante con las administraciones y, por lo tanto, eso puede llevar en un momento determinado... O la propia complejidad, como hizo usted referencia, del sistema tributario o del sistema de la Seguridad Social, llevan a acciones de fraude, ¿no?, y evidentemente ahí está uno de los elementos fundamentales de dónde actuar. Por eso decía que uno de los objetivos del plan es la continua actualización del perfil de actividades susceptibles de llevarse a cabo mediante acciones fraudulentas. Es un elemento fundamental que trabajamos con la Agencia estatal Tributaria.

Señor Afonso, habla usted de la obviedad; sí, pero también una necesidad. Usted no lo dijo pero seguro que coincide conmigo. La lucha contra el fraude fiscal y laboral es una obviedad, estamos todos de acuerdo, pero también una necesidad.

Y nada que discutir sobre que la política fiscal tiene un elemento fundamental con la política económica. Por supuesto no es lo que ha llevado a cabo en este momento, hasta este momento, el Gobierno central, ni mucho menos. Me consta que es intención del Ministerio de Hacienda, ha puesto en marcha la reforma fiscal. Estemos muy atentos a esa reforma fiscal, porque hay, por dar un ejemplo, determinadas decisiones, a las que usted hacía referencia, fiscales al servicio de la política económica, cien por cien de acuerdo, pero, hombre, medidas como perjudicar a determinadas comunidades autónomas que pusimos en marcha el impuesto sobre depósitos bancarios, cuando menos dejan ciertas dudas de cuál es ese objetivo final. Y, por lo tanto, seamos muy prudentes en ese aspecto.

Por supuesto que al llamamiento que usted hacía al Gobierno de Canarias a que se sumara a las continuas reformas. Porque hablaba usted de que una reforma fiscal nos ayudara en el incremento de la confianza, en el incremento de la actividad económica, ayudara y sobre todo ayudara al empleo. Muy bien, yo espero, confío y deseo que hablaremos después, en ese aspecto, en la siguiente comparecencia sobre el Régimen Económico y Fiscal, en su afección sobre las directrices de ayudas de Estado de finalidad regional, y, por tanto, en la acción conjunta de toda esta Cámara para que, en este caso con medidas competentes, porque le competen al Gobierno central, a la Administración General del Estado, ayudemos en el ámbito de la mejora de la política de la economía canaria y ayudemos en el ámbito del empleo.

Mire, señor Rodríguez, algunos apuntes, ¿no? ¿No llama algo la atención el hecho de que se afirme que en Canarias el fraude fiscal es muy superior, o algo superior, a la media del conjunto español, al mismo tiempo se afirme que la mayoría -el 72%, el 75, en función del estudio que se analice- del fraude fiscal que se produce en España es llevado a cabo por grandes fortunas, grandes empresas, de las cuales convendrá conmigo -porque ahí nos vamos a los datos del Circe- en que hay bastante pocas en el ámbito de la comunidad autónoma? Lo digo para llamarle, para llamar a la reflexión de algunas conclusiones que se ponen sobre la mesa, que se afirman, y que por lo menos llama la atención de que se den las dos afirmaciones al mismo tiempo. Como mínimo será imposible que esas dos afirmaciones al mismo tiempo se den en Canarias. Se podrán dar, pero no en Canarias las dos al mismo tiempo. Me refiero al porcentaje del fraude en las grandes empresas.

Sí es cierto, y es algo indiscutible, que el tipo medio en el impuesto sobre sociedades que pagan las grandes empresas es sensiblemente inferior al tipo medio de las pequeñas y medianas empresas, en el impuesto de sociedades. Eso es un dato objetivo, entre otras cosas porque tienen más capacidad las grandes empresas, mediante la ingeniería fiscal, para eludir esos aspectos.

Y algún comentario, señor Rodríguez, a lo que ha hecho usted referencia de que hay dos vías. Bueno, dos vías no, hay una tercera, y es la conjugación de ambas. Dice usted que las dos únicas vías para resolver los problemas es con más recortes o con más ingresos y yo digo que hay una vía intermedia, y es la combinación de todas, porque lo que no podemos hacer tampoco es gastarnos lo que no tenemos, salvo que nos lo gastemos para invertir y, por tanto, para generar actividad en el futuro. En eso seguro que no discutiremos. Como usted en ocasiones aquí ha propuesto, evidentemente, primero, que nos gastemos lo que no tenemos y, segundo, ha propuesto algunas modificaciones tributarias...

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Sí, perdone, señor consejero, tiene un minuto para concluir.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Gracias, presidente.

Algunas modificaciones presupuestarias sí las ha propuesto, pero que ni en mucho soportaban o daban soporte a las modificaciones o incrementos de gastos que sostenían. Simplemente ese ámbito de la coherencia.

Sí, es cierto, por tanto, que se está produciendo una reforma en el ámbito fiscal español, como decía antes. Ha encargado el Ministerio de Hacienda esa reforma fiscal. De las conversaciones que hemos tenido está previsto que se produzca esa modificación final en torno a marzo del próximo año y yo espero y deseo que vaya en el sentido originario del encargo que se le hizo por parte del ministerio al grupo de expertos que la lleve a cabo, y es incrementar las bases imponibles y no reducirlas; o poder reducir determinados tipos impositivos pero incrementando las bases imponibles para que paguen más los que más tienen, para que no se produzca que el tipo medio efectivo de las grandes sociedades sea sensiblemente inferior al de las pequeñas y medianas empresas, como hoy en día se produce en España.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señor consejero.

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  • 8L/C-1101 Sobre -Gobierno-, sobre el Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal y Laboral.


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