Diario de Sesiones 91/2013, de fecha 24/9/2013 - Punto 26

· 8L/C-1158 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre el concurso para adjudicar los servicios de distribución y difusión de señales de televisión digital terrestre y frecuencia modulada, y transporte permanente de señales audiovisuales.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señorías, si lo tienen a bien proseguimos el pleno con la nueva comparecencia: del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre el concurso para adjudicar los servicios de distribución y difusión de señales de televisión digital terrestre y frecuencia modulada y transporte permanente de señales audiovisuales.

Señorías del Grupo Popular, si guardan silencio, proseguimos el pleno, por favor.

Doña Águeda Montelongo, por el grupo proponente, tiene usted la palabra.

La señora Montelongo González: Gracias, señor presidente. Señorías.

Mi grupo trae a esta Cámara esta comparecencia y, tengo que decirlo, señor Ortiz -porque es el único que está representando al Gobierno, supongo que es quien lo va a defender-, nos encontramos ante un caso más en la extraña forma, por decirlo de alguna manera, en la que se viene gestionando una empresa pública y que no solo despierta la curiosidad de mi grupo parlamentario sino la indignación de distintos sectores de la sociedad canaria y muy especialmente del ciudadano de a pie, que con su esfuerzo hace posible que económicamente se pueda sostener nuestra televisión y radio públicas.

Entendemos que este concurso para adjudicar los servicios de distribución y difusión de señales de televisión digital terrestre y frecuencia modulada y transporte permanente de señales audiovisuales y la forma en que se ha llevado a cabo puede, entre otras cosas, haber vulnerado la libre concurrencia y la libre competencia. Así lo ha denunciado y puesto de manifiesto a todos los grupos políticos de esta Cámara un grupo de empresarios canarios del sector de las telecomunicaciones. Espero que hoy el Gobierno en esta comparecencia parlamentaria nos dé explicaciones sobre un concurso que debiera haber contado con la máxima transparencia y de la que, mucho nos tememos, ha carecido de ella por completo.

Por ello me gustaría, señor Ortiz, formularle una serie de preguntas con el deseo de que sean respondidas, para poder rebatirles las mismas en mi segundo turno de intervención.

Me gustaría saber, señor Ortiz, si le consta al Gobierno de Canarias que este concurso de contratos fuera debatido en el Consejo de Administración de Radiotelevisión Canaria. Si no le consta, como socio único de Radiotelevisión Canaria y de sus dos sociedades, ¿no le extraña que, dada la cuantía y las características tan especiales del mismo, así como del servicio que se está contratando, no fuera debatida en el máximo órgano de Radiotelevisión Canaria? Según la información que posee el Gobierno de Canarias, ¿quién ha tomado la decisión de adjudicar este contrato de prestación de servicios con la empresa Abertis Telecom suscrito el pasado 28 de agosto de 2013? ¿Nos podría confirmar el Gobierno de Canarias si ha sido informado de este asunto por parte del director del ente y, si es así, cuándo se le informó, en qué fechas y mediante qué procedimiento?

¿Nos podría confirmar el Gobierno de Canarias si la fecha en que el contrato anterior de prestación de este tipo de servicios, suscrito en el año 2009 por Radiotelevisión Canaria con la misma empresa Abertis Telecom, finalizaba el 31 de agosto de 2013? ¿Es cierto que en este contrato existía una prórroga de hasta dos años más? Si es así, ¿por qué se ha tomado la decisión de llevar a cabo la adjudicación nueva, qué razones técnicas y económicas o estratégicas lo aconsejan y quién tomó la determinación?

¿Al Gobierno de Canarias no le extraña que solo se hubiera presentado una empresa, Abertis Telecom, para la adjudicación de este concurso, teniendo en cuenta la situación económica y sobre todo teniendo en cuenta la cuantía del mismo? Y es más, ¿no les parece extraño que no haya habido ninguna empresa o grupo de empresarios canarios que pudiera garantizar el nivel de exigencias técnicas recogidas en el pliego de condiciones para la adjudicación de este contrato? ¿No cree que a la vista de los requerimientos técnicos solicitados y los plazos establecidos, quince días, esto dejaba fuera de lugar cualquier proyecto empresarial canario?

¿Le consta al Gobierno canario que se haya presentado algún recurso o algún tipo de solicitud de intervención ante la Comisión Nacional de la Competencia pidiendo revisión o anulación del concurso?

Con relación a la puesta en marcha del sistema y los plazos impuestos en el pliego de condiciones, ¿cree el Gobierno que se ajusta a la realidad que el plazo establecido para implantar todas las infraestructuras sea solo de quince días? ¿Entiende el Gobierno que dos semanas son suficientes para montar y tener en funcionamiento una red de transmisión de señal para televisión y radio que dé cobertura a toda Canarias? ¿No es cierto que en pura lógica esto solo puede asumirlo la empresa que venía prestando ya el servicio?, ¿lo podría desmentir?

¿Cree el Gobierno de Canarias que el precio de licitación establecido -13,9 millones de euros- se ajusta a la realidad y a los precios del mercado actuales? ¿Y puede confirmar que en el contrato el valor estimado parece ser que está, en cuanto a las posibles modificaciones, en un total de 23.479.680 euros? Quiero que me lo confirme, si eso es así o no en el contrato.

¿Está el Gobierno de Canarias en condiciones de garantizar que en este proceso de adjudicación se cumplieron todas las condiciones jurídicas a las que ha debido estar sujeto? ¿La empresa adjudicataria ha acreditado fehacientemente su solvencia económica y financiera?

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Tiene un minuto para concluir, señora diputada.

La señora Montelongo González: Gracias, señor presidente.

¿Aportó todos los certificados y documentación que se indicaban en el pliego de condiciones y, por otra parte, la oferta presentada por la empresa adjudicataria cumplió con todos los criterios establecidos para la adjudicación del servicio?

Para terminar, ¿realmente considera el Gobierno de Canarias que con la adjudicación de este contrato, tal como se ha producido, se está protegiendo el tejido industrial de Canarias, a las empresas de Canarias y la generación de empleo en nuestras islas?

Y, por último, ¿puede asumir el Gobierno de Canarias el compromiso ante esta Cámara y ante todos los ciudadanos de Canarias de que este concurso se ha llevado a cabo con suficiente garantía de total transparencia?

Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Gobierno, señor consejero de Economía y Hacienda, don Javier González Ortiz. Tiene usted la palabra por tiempo de diez minutos.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Presidente, señorías: buenas tardes de nuevo.

Pues, señora Montelongo, aunque sea una cierta obviedad, porque como parece ser que esto fue una liberalidad del ente público para sacar un contrato, pues, vamos a decir que el servicio de distribución y difusión de la señal de la televisión y la radio es un gasto imprescindible; si no, no hay señal, si no no se ve y si no no sirve de nada, porque eso es algo que usted parece obviar. Mire, de no acometerse, por tanto, de no existir esa prestación de ese servicio, se produciría, por lo tanto, la interrupción y el fin de las emisiones en ambos medios públicos.

Dicho esto y que además resulta forzosa esta asistencia de empresas externas, Radiotelevisión Canaria inició un procedimiento de contratación bajo las siguientes premisas: obtener las máximas garantías al menor coste posible. Las máximas garantías, porque, como he explicado, la difusión de la señal es un elemento básico para el funcionamiento de estos medios y al menor precio posible, porque convendrá conmigo -bueno, no lo sé- en que es una exigencia para un riguroso control del gasto público. Ya tengo serias dudas.

Y eso es exactamente lo que se ha hecho: convocar un nuevo concurso para garantizar las emisiones con la calidad y fiabilidad que se precisan y reducir sustancialmente el gasto de esa misma prestación. Hasta ese momento mantenían un contrato adjudicado en el año 2009, que se extendía por cuatro años, 2009, cuatro años, con una posibilidad, con una posibilidad de prórroga por dos anualidades más. Por lo tanto, ese contrato, en el 2009, tenía fecha de finalización el 31 de agosto de 2013. Y lo voy a repetir, 31 de agosto de 2013, porque he oído... Porque, claro, estas cosas, como se empiezan a verter afirmaciones y acusaciones a lo largo de los últimos meses, pues, hombre, llegamos al punto, digo, se ha llegado a hablar de que es sospechoso que se licitara en pleno verano. ¡Hombre!, no, la realidad viene a ser mucho más simple, y es que los contratos terminan cuando terminan, señora diputada, y este terminaba el 31 de agosto. Es así.

Pero, mire, con anterioridad, para hacerle referencia de cómo hemos llegado aquí, con anterioridad a su vencimiento, durante el año 2012, el ente público ya dio un primer paso. ¿Encaminado a qué?: pues, a reducir el costo. Ese coste que ha reducido, el coste de la Televisión Canaria, de los gastos completos que ha reducido este Gobierno, para intentar ajustarlo a las nuevas realidades. Hablemos de los medios que ustedes gestionan, si ustedes quieren. Digo, por lo tanto, ya en el 2012 el ente dio un primer paso encaminado, por lo tanto, a la reducción de ese coste y, mediante un acuerdo con la adjudicataria, se ejecutó una disminución de los servicios y, por lo tanto, del precio estipulado en más de un 9%, motivado fundamentalmente por el cierre del segundo canal de la Televisión Canaria, amén de otras cuestiones.

Llegados a este año, en el 2013, y dado que se vencía el contrato el 31 de agosto de 2013, se tomó una decisión que creo que no solo es ajustada a Derecho sino además oportuna y ventajosa para los intereses públicos, y esa fue la de no ejercer la posibilidad de la prórroga, repito, ejercer la posibilidad, no es un contrato que se prorroga, sino la posibilidad de una prórroga durante dos años siguientes.

La razón de por qué, pues, es muy sencilla, y es obtener nuevos ahorros con una licitación por un importe inferior al pliego anterior. Yo entiendo que a lo mejor usted no sea capaz o ustedes no sean capaces de entender por qué un ente público como la Televisión Canaria intenta reducir los costes, porque ustedes están obligados o acostumbrados a otra forma de hacer las cosas, pero es la realidad. Es decir, hay que hacer un nuevo contrato para poder reducir los costes. Mire, porque esos ahorros, con la nueva licitación, no hubiesen sido posibles con la prórroga. Es decir, porque habría que cumplir las estipulaciones pactadas y, por tanto, pagar un mayor precio y otra serie de prestaciones si no se licitaba nuevamente. Yo creo que eso podemos ser capaces de entenderlo todos.

Es decir, a mí, hombre, ya llega un momento que sorprende que se realice la crítica a una actuación que lo único que genera en este caso es un ahorro sustancial del presupuesto público, porque evidentemente el ente lo que ha hecho es convocar un nuevo concurso. No, como alguien dijo esta mañana, es rescindir un contrato que vencía dos años posterior, más que nada por clarificar nuevamente algunos de los aspectos que hablamos esta mañana.

La disminución del contrato total está cifrada en 2,6 millones de euros, en el total del concurso. Comparando el precio final del anterior contrato, que ascendía a 15,6 millones de euros, por las cuatro anualidades que estaba, el mismo servicio se adquiere ahora por 13 millones de euros. Por lo tanto, el resultado final, un 16% de reducción. Eso sin contar con las subidas teóricas de IPC, etcétera, etcétera, que podía haber sufrido ese concurso. Luego, 2,6 millones de euros teóricos desde la licitación del 2009 a la licitación del año 2013.

Por tanto, son datos incontestables con los que espero que algunos empiecen a rectificar, bueno, aquellas posiciones que pedían la anulación del concurso, bueno, que debíamos quedarnos en una prórroga... Sí, claro, pagando bastante más, pero, bueno, digo, opciones hay para todos los gustos, ¿no?

Hombre, se ha llegado a decir que se convocaba la licitación con sospechosas urgencias. Repito, el contrato vence cuando se vence y lo que hace falta es intentar aplicar cuanto antes una disminución de los costes.

Mire, por darle algunos datos que parece usted obviar y para clarificar la situación. Hoy usted ha hablado de falta de transparencia. Pues, mire, el inicio, se inicia oficialmente el expediente. Tras varias semanas de intenso trabajo, el 27 de marzo se pide el primer informe a la Dirección General de Telecomunicaciones. Sucedieron otros preceptivos, por ejemplo el de la Intervención General, y se llega al acuerdo del Consejo de Gobierno, del día 3 de mayo, donde se autoriza el gasto. Al ser un gasto superior a 2 millones de euros tiene, como bien sabe, por la Ley de Presupuestos, que ser autorizado por el Consejo de Gobierno. Es decir, el recorrido de un expediente normal, administrativo, complejo, como es en este caso; por lo tanto, se cumplió el conjunto de normas que rigen la contratación pública.

Entre otros, entre otros, pues, mire, el de "es que se ha alterado la libre concurrencia". Hombre, vamos a ver, por ser serios en todo este planteamiento. Mire, el 4 de junio se publicó en la web de Radiotelevisión Canaria, al día siguiente se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea -repito, en el Diario Oficial de la Unión Europea-, una semana más tarde se publica en el boletín del Estado y en el boletín de Canarias. Por clarificar un poco las fechas sobre cuándo empieza este proceso y algunas de las cuestiones.

Luego, cumplido el principio de publicidad, el concurso se limitó a establecer algunos de los requisitos que, no debemos olvidarnos, son exigidos por la ley. Bueno, repito, algunos pretenden olvidarse o pretenden no tenerlos en cuenta, pero hay que tenerlos en cuenta. Por lo tanto, que quede claro que no se impide el acceso a ningún participante ni hubo discriminación con unas empresas. No, mire, tal lo prueba así que los pliegos no fueron recurridos. Es decir, que los pliegos objeto del concurso no fueron recurridos por nadie. Luego, no podemos hablar de esa falta de transparencia, de esa limitación de la libre concurrencia. Los pliegos no fueron recurridos, señora Montelongo. Seamos serios en el conjunto de los planteamientos que hacemos en este tema, porque trasladamos hacia la sociedad apariencias de cosas que no son cuando menos ciertas.

Incluso ha dicho, "no, es que se ha impedido la participación". Mire usted, señora Montelongo, la Ley de Contratos del Estado fija la necesaria, para determinados contratos, fija la necesidad de establecer una serie de clasificaciones que tienen que ver con la categoría objeto del contrato y con el volumen del contrato y, cuando es un contrato de este tenor, que supera los 600.000 euros/año, vale, pues, se exige la máxima clasificación, y eso es así. Hombre, repito, a lo mejor alguien pretende que nos saltemos la ley, pero, hombre, este Gobierno intenta no saltársela, en el sentido de una licitación, para que quede claro.

Por lo tanto, se hizo la publicación en el DOCE, en el BOC, en el BOE. Se estableció la clasificación exigida por la ley, porque es el decreto que rige el sistema de contratación el que regula, por tanto, las clasificaciones que se tienen que pedir en función del volumen del contrato.

Mire, para que quede claro dónde está, ¿no? Esto, creo, digo, en contratación, pues, es algo habitual, las empresas obtienen esa clasificación para poder concurrir a los concursos.

Porque además es que se habla, ha llegado usted a repetir aquí sobre quebrar el principio de libre concurrencia. Hay 23 sociedades acreditadas, dos en Canarias. Es más, dice, en la posibilidad de concurrir, por tanto, en UTE al concurso, podrían haber acudido en torno a 350, más de 350 empresas, ¿no?, por poner alguna cifra.

Es decir, por tanto, señora Montelongo, yo lo que le pido es que no vierta esas acusaciones tendenciosas en ese sentido, porque transmitimos a la sociedad por lo menos un mensaje equivocado. Me parece perfecto que usted solicite la información y que el Gobierno se la pueda facilitar, pero no intentemos darle una lectura...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Un minuto, señor consejero.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Nada, menos, señor presidente.

...intentar darle una lectura partidista y sobre todo intentar confundir a la ciudadanía trasladando elementos que, cuando menos, no son tan siquiera realidad.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

Por parte de los grupos no solicitantes de la comparecencia, Grupo Mixto, don Fabián, por tiempo de tres minutos tiene usted la palabra.

El señor Martín Martín: Muchas gracias, presidente.

Tuve la oportunidad esta mañana en la sesión plenaria de formularle una pregunta al consejero que no fue del todo respondida. Decía también esta mañana que no sabía exactamente si las explicaciones suyas, consejero, iban a valer para apaciguar los ánimos de los empresarios canarios del sector, que están muchos de ellos agrupados en la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales y a quienes les doy la bienvenida, porque quizás esa no era ni siquiera su voluntad, algo que ha quedado demostrado en la tarde.

Lo que sí resulta evidente, y vuelvo a decir, es que las manifestaciones del consejero valen de poco sustento al manido eslogan de "trabajo para los canarios". Probablemente sí: para algunos, para los de ellos. Porque queda de manifiesto que si de algo se queja unánimemente el sector y la Oposición de esta Cámara -ya lo dije esta mañana- es de que se consigue favorecer muy poco a los canarios y a las empresas de esta tierra. Y es que hay cuestiones todavía que quedan pendientes de resolver, incluso después de que la proponente de esta comparecencia se las solicitase.

Cuando existe una posibilidad de prórroga de dos años más, ¿por qué se precipita la convocatoria? ¿Por qué no se busca consenso en el sector? ¿Se quiere acaso, como le dije, evitar coincidencias con las elecciones del 2015? ¿O existe premura por alguna circunstancia que esta Cámara desconoce? Sabedores de la fecha de la extinción del contrato, como usted dice, ¿por qué no lo motivó con más antelación que la que finalmente tuvo? Una antelación, un plazo temporal de solo dos meses, para que aquellas empresas canarias se pudieran presentar. ¿Por qué se excluye en las bases a esas empresas canarias que están predispuestas a trabajar? Mire, usted en el procedimiento probablemente haya sido excepcionalmente correcto, pero en la base, en el principio, ha excluido a aquellas empresas canarias del sector que quieren, como le decía, participar. ¿Se quiere de algún modo allanar el camino a la empresa que ya prestaba el servicio? ¿Existe temor en el Gobierno de Canarias a un verdadero proceso de libre concurrencia? ¿Por qué se introdujeron requisitos técnicos imposibles de cumplir para casi la totalidad de las empresas canarias? Además, ante las manifestaciones de algunos de los representantes del sector, que dicen que es posible prestar este servicio a mitad del precio de la base de licitación, es decir, a la mitad de los 13 millones de euros, ¿existe alguna explicación convincente por parte del Gobierno de Canarias a este respecto? ¿Es verdad que se puede prestar este servicio entre 6 y 7 millones de euros?

Señor consejero, lo penoso de todo esto es que, además, como hemos vaticinado en la Oposición, muy probablemente se verán los representantes de las empresas canarias con el Gobierno de Canarias en los tribunales.

Y decía usted anteriormente que, si no se promueve el concurso y no se ve la Televisión Canaria, no sirve de nada. Lo triste es que a día de hoy, aun viéndose, la Televisión Canaria de poco sirve para esta tierra.

Muchas gracias.

(Aplausos.)

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Fajardo, tiene usted la palabra.

Guarden silencio, señorías, por favor.

El señor Fajardo Palarea: Buenas tardes, señorías.

Señor consejero, muchas son las dudas que sobre este concurso nos han hecho llegar las empresas encuadradas dentro de la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales mediante un escrito que recibimos todos los portavoces de los grupos parlamentarios y, sin perjuicio de que he solicitado el total del expediente administrativo y también hemos solicitado otra comparecencia, voy a empezar por el final de mi intervención, porque tengo tres minutos nada más, que es haciéndole una serie de preguntas.

¿Por qué no se prorrogó el contrato y se fue a un concurso?

En segundo lugar, ¿qué ahorro supone sacar el nuevo concurso, en el caso de que exista tal ahorro?

En tercer lugar, ¿qué hubiera supuesto económicamente prorrogar un año o dos la actual adjudicación, en vez de haber optado por el concurso como se ha hecho?

Cuarto, ¿por qué no pasó el concurso por el Consejo de Radiotelevisión Canaria?

Quinto, ¿tiene el director de Radiotelevisión Canaria la facultad para contratar este servicio?

Sexto, en el caso de tener datos comparados, señor consejero, ¿cómo funciona el resto de las televisiones y radios en este servicio, cómo lo hacen y cuánto les cuesta?

Séptimo, ante la duda expresada de un beneficio injustificable e injustificado -lo ha hecho el portavoz que me ha antecedido en el uso de la palabra-, ¿cómo se calculan los precios para este servicio?

Octavo, ¿hay precios tasados, señor consejero, por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones?

Novena, ¿cuántas empresas hay en Canarias que puedan ir solas a un concurso de estas características? ¿Cuántas en España? ¿Y en Europa?

La once: ¿cuántas empresas podrían ir en UTE a un concurso de estas características en Canarias, España y la Unión Europea?

La doce: ¿qué procesos ha pasado este concurso por los servicios de la comunidad, por los de Radiotelevisión y por informes externos, en el caso de que se hubiesen solicitado?

La trece: ¿se recibieron observaciones del sector -ya ha dicho usted que no- sobre el concurso? ¿Se han impugnado las bases por alguien? ¿Se han impugnado las bases del concurso por algún partido político?

La catorce: ¿si una empresa no tuviera montadas -esta es importante, señor consejero- las infraestructuras necesarias y ganara su oferta, el concurso, podría ofrecer los servicios por un tercero, por ejemplo Abertis, hasta que las tuviera?

La quince: ¿se podría negar quien las tuviera a alquilarlas a quien ganara el concurso? Muy importante.

Y la dieciséis, y para mí la más: ¿por qué se optó por un nuevo concurso, a la baja, y no se intentó la negociación, que es optativa, de una prórroga en iguales o mejores condiciones que las del concurso?

Señor consejero, nosotros no le pedimos a usted ni que infrinja la ley ni que beneficie a unos ni que perjudique a otros; a lo que sí le instamos es a que haga la normativa, los cambios normativos en Canarias que sean necesarios para que las empresas canarias puedan concurrir, en libre concurrencia y con la publicidad necesaria y competir con las empresas de la Península y de la Unión Europea; y a que también, si hay que instar al Gobierno del Estado para que cambie las leyes, como usted bien ha dicho, que las cambie.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Grupo Nacionalista Canario, doña Nuria, por tiempo de tres minutos tiene usted la palabra.

La señora Herrera Aguilar: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, a mí francamente este tipo de comparecencias me parecen positivas. Parecen positivas porque es importante, en muchísimas ocasiones, con respecto al objeto de la misma, pues, disipar dudas que en ocasiones pueden surgir en el seno de la sociedad, unas veces de forma espontánea y otras de forma malintencionada. ¿Por qué le digo esto, señor consejero? Se lo digo porque olvídese de que el partido de la Oposición, de que la Oposición presenta este tipo de iniciativas por que realmente busque la transparencia, la claridad. En eso estoy totalmente de acuerdo: todo debe hacerse lo más transparente posible, se deben aclarar todas las dudas en todos los ámbitos que sean necesarias, pero olvídese de que ese sea el objetivo de la Oposición.

El objetivo de la Oposición es el desgaste político, independientemente del asunto que estemos o que estemos debatiendo en esta Cámara. Un ejemplo, y en función de lo que estamos hablando, ¿piden transparencia, piden claridad?: ¿pero qué hace la Oposición en aquellas comunidades autónomas donde está gobernando? ¿Qué está haciendo con la Televisión Española en Canarias, que la está dejando morir? ¿Piden transparencia, realmente la piden? ¿Este es el objetivo de este tipo de comparecencias, que tendrían que satisfacer las dudas que puedan surgir, cuando resulta que recientemente, en el Congreso de los Diputados, han rechazado una enmienda que tenía como objetivo clarificar y evitar posibles irregularidades con la gestión de la publicidad institucional? ¿Y aquí me hablan y me esgrimen el argumento de la Ley de la Publicidad Institucional? ¿Pero de qué estamos hablando?

Todas las dudas que se dejan y que están en la sociedad con respecto a este objeto o a este tema que estamos tratando aquí tienen que ser solventadas. Eso es obvio, pero los argumentos que utiliza la Oposición son falaces. Y le voy a poner un ejemplo: si se hubiese prorrogado el concurso, malo, porque está intentando favorecer o que la empresa que estaba prestando el servicio siguiera; si convoca el concurso, también está mal, que lo sepa, porque siempre hay que buscar la duda.

¿Se han incumplido los principios de publicidad y concurrencia? ¿Entiende la Oposición que se incumple ese principio cuando se publica en los boletines oficiales y en el diario de la comunidad, de la Unión Europea? ¿Se entiende que se está rompiendo ese principio cuando se cumplen los preceptos establecidos en el artículo 65, Real Decreto 3/2011, y el artículo 38 del Real Decreto del 2001?

¿Sabe lo que le digo, señor consejero? Da igual las explicaciones que usted dé, en este tema y en otras cuestiones, da igual, porque no las van a oír. Yl objetivo es el desgaste político. Da igual.

La Oposición generalmente utiliza una política tendente al autoengaño, a la frustración...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada. Sabe que tiene tres minutos.

Por parte del grupo parlamentario proponente, el Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de diez minutos, doña Águeda Montelongo, tiene usted la palabra.

La señora Montelongo González: Gracias, señor presidente.

Señor Ortiz, hoy usted se ha quedado solo, y me alegra. Bienvenida la incorporación del Partido Socialista a la fiscalización de lo que ustedes se creen que es una finca privada, tanto en la gestión como en la emisión de contenidos, y me refiero a la Radiotelevisión Canaria. Solo basta escuchar hoy el informativo del mediodía para ver cómo sale el presidente del Gobierno en un mitin, única y exclusivamente solo, sin la intervención de la portavoz de mi grupo, porque se quedó desautorizado ante las mentiras que ha dicho de las prospecciones petrolíferas. ¡Se acabó la finca privada de la Radiotelevisión Canaria!, en emisión y también en gestión, y hoy hablamos de gestión, señor Ortiz, y usted hoy sabe que lo tiene complicado. Yo le voy conociendo, ese tono apagadito, hablando a media lengua, cuando usted no quiere dar la cara ante las evidencias que se han puesto de manifiesto en esta tribuna por todos los grupos parlamentarios. Está claro que siempre hay alguien que tiende una mano.

Pero, mire, usted no ha respondido a casi nada y está obligado a hacerlo en esta Cámara. En cualquier caso, en el Diario de Sesiones quedan las preguntas y quien calla otorga.

Mire, no sabemos si el director de Radiotelevisión Canaria le informó o no le informó, pero es que si no le informó, ¿a usted no le parece raro que no le haya informado de esto, máxime cuando hay un informe demoledor de la Audiencia de Cuentas en la que pone en tela de juicio los modos y procedimientos en los que los gestores de Radiotelevisión Canaria llevaron a cabo las contrataciones del ente público y sus dos sociedades mercantiles? Pero es que si le informó, le pregunto también: ¿no le sugirió usted que este asunto debía de ser debatido en el seno del Consejo de Administración de Radiotelevisión Canaria?

Y dice usted que nadie recurrió las bases. ¿Pero cómo las van a recurrir si los diputados nos enteramos por los empresarios de las telecomunicaciones de Canarias? ¿Cómo iban a recurrir, dónde...?, si no se dio ni la difusión ni lo trajo usted a esta Cámara, ni siquiera lo ha traído al Consejo de Radiotelevisión Canaria.

Mire, yo le voy a decir una cosa: usted tiene que responder a una serie de preguntas aquí, porque se las hemos hecho todos los grupos, y son preguntas bastante serias. No tienen nada que ver con el politiqueo de "tú más y yo más", tienen que ver con gestión, tienen que ver con irregularidades y tienen que ver con transparencia, que permita la libre concurrencia y la libre competencia.

Mire, usted tiene que explicar hoy que no hay ninguna empresa en el mundo, hoy por hoy no hay ningún fabricante que pueda garantizar lo que establece el pliego de condiciones, que en quince días se instale lo que dice el pliego con la señal. O sea, ¡no hay hoy por hoy ninguna empresa que lo garantice! Y dice usted, "bueno, hay posibilidades"; y decía usted, en una respuesta parlamentaria por escrito al señor Rodríguez, "bueno, que lo hagan a través de coubicación". Mire, para hacer eso, que la coubicación es el alquiler de los espacios emisores, tiene un periodo mínimo de 60 días para responder al estudio y a la petición del mismo. Y usted tiene que saber que una persona que gane el concurse tiene que comprar los aparatos, tiene -en quince días, ¿eh?- que instalarlos, en 128 centros -muchos de ellos de fácil acceso pero otros muchos de difícil acceso-, tiene que hacer las pruebas, sincronizarlas con el audio, y dice usted que lo pueden hacer mediante un tercero, que están obligados a hacerlo. ¿Y si surge un conflicto? Bueno, usted sabe que si surge un conflicto con la oferta de referencia de acceso al centro -la ORAC- tiene que intervenir la Comisión de Telecomunicaciones. ¿Y sabe cuánto tiempo tiene para resolverlo?, ¿cómo se puede garantizar en quince días? Y si la empresa que ya estaba dice, "bueno, yo no tengo potencia suficiente para hacerlo", y ahí surge el conflicto. ¡Es imposible que en quince días nadie pueda instalar esa señal! Por lo tanto, este asunto tiene usted que explicarlo, porque la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tendría que intervenir y tiene el tiempo para responder.

Pero luego dice usted... Tiene que responder: por qué el Gobierno de Canarias ha elegido la máxima clasificación, la máxima. Mire que hay clasificaciones, ha elegido la máxima. Mire, ¿sabe cuántas empresas hay en Canarias con esa clasificación? Solamente hay dos, mire, una con sede en Gran Canaria pero que es gallega. ¿Y sabe a lo que se dedica?: al servicio de conexión satélite a buques en alta mar. Y la otra, que también tiene sede en Canarias, no se dedica al objeto de este contrato. Por lo tanto, si en Canarias no hay, de verdad, ¿cómo pueden soportar ustedes el discurso, esos golpes de pecho, de que los trabajos son para los canarios, que las empresas canarias, cuando ustedes han sacado directamente del mercado a los únicos y posibles que había en Canarias?

Pero, mire, es que yo le pregunto una cosa más: ¿por qué este concurso no lo hicieron ustedes como la fórmula que utilizó para la extensión de la TDT, que se hizo isla por isla y posibilitó una mayor concurrencia y también posibilitó más empleo? Y detrás de todas estas empresas existe una logística importante de empresas de menor tamaño para llevarlo a cabo. ¿Por qué se utilizó la fórmula para la extensión de la TDT isla por isla y en esta se hace en un bloque compacto, con un importe voluminoso de 13,9 millones de euros? Eso tiene usted que responderlo. ¿Esa es la forma de defender a los canarios? ¿Esos son los golpes de pecho de que el trabajo de Canarias es para los canarios y a la mínima de cambio les dan una patada a las pocas empresas del sector de telecomunicaciones que hay en Canarias?

Pero es que usted también se ha atrevido a decir, "no, bueno, pueden hacer una UTE y así concurrir". Mire, señor consejero, ¿sabe usted lo que decían las empresas externas cuando se ofrecieron para esa UTE?: "mire, no vamos a ir porque este concurso es un pijama a medida, es un traje a medida, y está hecho para el actual operador", y esa es la respuesta que le daban a nuestra gente.

Pero, mire, tiene usted que responder a más cosas. Hay un tema importante, y es el coste. Dice usted que está ahorrando y que hay un menor coste. Bueno, el menor coste es porque cerró el segundo canal, que, por cierto, no tenía presupuesto, pero es que vamos a ver una cosa: nos encontramos con un apunte de las cuentas de Radiotelevisión Canaria... Por cierto, y no están aprobadas en el consejo de administración. A ver su plan de viabilidad si se tambalea. Las primeras cuentas de su plan de viabilidad están todavía sin aprobar en el Consejo de Administración de Radiotelevisión Canaria, pero se han presentado las cuentas en este Parlamento. Y en un apunte dice que los acreedores por operaciones pendientes de aplicar el presupuesto, dice que el grueso de dicho importe de estos acreedores, que es 2.421.493, corresponde a un acreedor único. ¿Sabe qué empresa es?: la empresa Retevisión I, SA, por los servicios de distribución y difusión de señales de TDT. 2 millones de euros, ¿qué solvencia, verdad?: ¿2 millones de euros y no protestan? 2 millones de euros que usted le tiene que pagar. ¿Están esos 2 millones de euros aquí, están aquí, dentro de estos 13 millones de euros? Pues es que entonces 13 más 2 son 15, que es la misma cuantía por la que usted adjudicó en el año 2009, en el año 2009.

Pero hay más, hay más. Yo le preguntaba si usted podría explicar que en el contrato, dígamelo y desmiéntamelo, si no es verdad que en el contrato dice que el grueso de dicho importe no son 13 millones, sino 24 millones, para aquellos posibles cambios o negociaciones futuras. Dígamelo, si no es verdad, dígamelo, y yo, pues, diré que no es así y lo comprobaremos cuando tengamos en mano el contrato suscrito en el nuevo concurso.

Y, mire, para ir concluyendo porque el tiempo apremia, mire, nosotros le vamos a pedir que anule el concurso antes de que le obliguen, y hay antecedentes en todo lo que es la gestión audiovisual y de telecomunicaciones del Gobierno de Canarias. No le voy a citar la adjudicación del concurso de la televisión digital terrestre, no estuvo exento de conflicto; no le voy a comentar hoy el informe realizado por la Audiencia de Cuentas al ente público Radiotelevisión Canaria y sus dos sociedades, que yo si quiere le leo textualmente, porque usted no se lo cree. En la página 23 dicen que las sociedades de Radiotelevisión Canaria no contaron durante la VII Legislatura con procedimientos de control interno adecuados, vinculados a la gestión de la contratación. Le podría citar la página 54 del informe, donde se produjeron modificaciones de los contratos originales y adendas sin ningún tipo de informe; le podría citar la página 62, donde también establece que solo cinco de tres expedientes, tres tramitados por la TPC y dos por la radio, constaban de la documentación justificativa; o en la página 63, donde dice que no se incluía la documentación justificativa de la supervisión y verificación por parte de esos contratos.

Pero lo importante, lo que queremos es...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, señora diputada, tiene un minuto para concluir, por favor.

La señora Montelongo González: Gracias, señor presidente.

Lo que le queremos decir, y usted tiene que dar respuesta a todo lo que se le ha planteado hoy aquí y las razones que han llevado al Gobierno a hacer esto de esta manera y no intentando hacer un concurso que permita la libre concurrencia, la libre competencia, y sobre todo, se lo digo yo, yo, del Partido Popular, que estén nuestros canarios trabajando aquí, que estén las empresas canarias aquí y que de verdad ese trabajo, como ustedes manifiestan a los cuatro vientos, no se lo queden multinacionales o compañías que no son para nada de las que invierten en Canarias.

Pero, mire, solo para terminar, todas estas cuestiones que les hemos planteado hoy aquí en esta sesión, aunque no tengan respuesta tienen su porqué, y veremos, señor consejero, si los argumentos y las respuestas dadas por el Gobierno regional cuentan con fundamento o se caerán por su propio peso y ante las evidencias que aún están por llegar le volvemos a pedir que usted suspenda este contrato.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Gobierno, señor González Ortiz, tiene usted la palabra por tiempo de diez minutos.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Gracias, señor presidente.

Señora Montelongo, le agradezco lo del tono. Debe ser que después de la última pregunta en la sesión anterior sobre el informe de la Audiencia de Cuentas ha aprendido la lección. Pensé que así había sido y veo que no, veo que no; veo que intenta justificar todas aquellas afirmaciones que usted -sí, señora Montelongo-, que usted entre otros ha hecho, calificando de irregularidades la gestión de la Televisión Canaria basándose en un informe de la Audiencia de Cuentas que finalmente les ha dado una bofetada política a todos ustedes en ese aspecto, que todavía parece que se están lamiendo las heridas. Porque fueron ustedes los que hablaron de irregularidades, fueron ustedes, y el informe de la Audiencia de Cuentas, al que usted ha hecho referencia una tras otra en su intervención, no dice nada al respecto. ¿Pedirán disculpas a los ciudadanos por verter falsedades con respecto a ese tema? ¿Pedirán disculpas sobre una acción política que lo que ha intentado es una y otra vez minar la credibilidad de la Televisión Canaria? Da lo mismo, sé que no lo van a hacer. ¿Sabe lo que pasa? Que día tras día, mediante el intento de manipulación de los medios de televisión, en este caso, que ustedes manejan en Canarias, quienes les dan la bofetada política son las audiencias.

Pero vamos sobre el objeto de la comparecencia para hablar del mismo.

Señor Martín, para que quede claro, porque dice, "no, usted no ha logrado apaciguar los ánimos del ámbito empresarial"; yo no puedo apaciguar los ánimos del ámbito empresarial mediante una realidad objetiva. Para que quede claro. Tampoco es mi misión en ese sentido. Se solicitó una comparecencia para clarificar algunos de los aspectos del contrato y, por tanto... Mire, cuando se está jugando en este caso en el ámbito de las empresas, obtienen un concurso o no lo obtienen y, por tanto, de eso depende la continuidad en mejor o menor medida de una determinada actividad económica, no va a apaciguar a nadie, ni mucho menos en ese aspecto.

Pero sí le recuerdo que usted, en su pregunta de esta mañana, hizo algunas afirmaciones, que, repito, para que quede claro, no hubo urgencia. Le he contado el proceso de cuándo se inicia el expediente administrativo y, por tanto, que se vence el contrato el 31 de agosto.

Y usted hizo alguna pregunta, dice, "oiga, ¿pero qué hubiese pasado?". Pues que nos gastábamos 2,6 millones de euros más. ¿Le parece eso suficiente? Bueno, no, a lo mejor a alguno no le parece suficiente, pero creo que la cuestión económica es un elemento importante a tener en cuenta.

Hombre, yo, en lo de allanar el camino hacia un adjudicatario, señor Martín, digo, prefiero no entrar ahí, creo que ha sido respondido. Pero creo, como le decía, en el ánimo de colaboración, no es bueno hacer esa serie de insinuaciones, porque generan determinadas inquietudes.

Señor Fajardo, mire, creo que sobre el expediente hemos sido en su caso, en la exposición que yo hice, al margen de algunas afirmaciones que ha intentando hacer la señora Montelongo, claros en cómo ha sido el expediente, ¿no? Algunas de las preguntas -no pude tomarlo todo-. Mire, la Ley de Contratos del Estado fija alguna posibilidad, y es la negociación hasta un 20% del precio de un contrato adjudicado. Como bien le dije antes, el contrato había sido modificado en el año 2012. Esos son los límites. Pero, mire, señor Fajardo, lo que fija es la capacidad de negociación, no la capacidad de imposición, porque en el momento la capacidad de imposición, lo que puede hacer el contratista es no aceptarla porque tiene un contrato. Digo, en los márgenes de la legalidad vigente es como ha actuado en este caso el ente para llevar ese asunto.

Decía usted, bueno, creo que era la pregunta, si no me equivoco, la principal, que usted quería saber en cuanto a ese proceso; he contado cuál es el ahorro, cuál es el coste y por qué se optó.

Mire, como bien dijo la señora Herrera, da lo mismo: si hubiésemos optado por la prórroga, estábamos permitiendo, manteniendo una situación de privilegio a una empresa no canaria y si hubiésemos optado por... una vez optado por el concurso, estamos perjudicando a la empresa canaria. Da lo mismo en este sentido, haga lo que se haga, y, por tanto, una vez llegados a esta situación...

La señora Montelongo, el problema que tiene en este caso, señora Montelongo, no nos olvidemos, es que durante los meses, creo recordar, de julio, finales de agosto, se hicieron determinadas afirmaciones que hoy se le han desmontado, porque, claro, decir que no se publican las bases o que la señora diputada no se entera de la convocatoria del concurso, pues, mire usted, evidentemente entiendo que usted no mire el DOCE, entiendo que usted no mire el BOE, entiendo que usted no mire el BOC, pero es que es donde se hacen las publicaciones de los concursos en la legislación española. Hombre, a lo mejor pretendía usted que le mandaran a usted una carta especial para que usted se enterase de la situación. Es que, claro, en ese momento se sabía que ustedes estaban en el cambio de responsables en materia de radiotelevisión en el ámbito del Partido Popular.

Seamos serios, ¿vale? En la contratación en el ámbito de España está regulado cómo se hace la publicidad. Por los importes, en un momento determinado, cuando supera determinados importes, hay que publicarlo en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, en el Boletín Oficial del Estado y en el boletín de la Comunidad Autónoma de Canarias, y encima, desde hace bastante tiempo, en los perfiles de contratista de las páginas web de las empresas. Si a usted no le basta con eso, pues, trabaje usted.

Señor Fajardo, hablaba usted de instar la modificación legislativa sobre el ámbito de las clasificaciones. Mire, este Gobierno ya lo ha hecho, se ha dirigido, en virtud de una petición que se hizo desde el ámbito empresarial, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la solicitud, dada la situación de crisis existente -la menor obra pública existente no solo en Canarias sino en el conjunto del Estado español-, le pedimos al Gobierno central que prorrogara las clasificaciones actuales, dado que... Señora Montelongo, para que usted lo sepa, la clasificación de un contrato tiene que ver con el objeto del contrato. Porque llegó usted a decir antes que es que hay una empresa que tiene la clasificación pero no se dedica a eso. Mire usted, repito, para tener una clasificación para poder optar a un determinado contrato tiene que tener los medios materiales y la experiencia suficiente para eso, tiene que estar en su objeto social, para eso. Si no, no tiene clasificación, para optar a un contrato de un servicio determinado. Y después hay una cuestión que tiene que ver con las cantidades. En función de las cantidades objeto del contrato se pedirá una clasificación de un nivel inferior o superior. Eso es como rige el sistema de clasificación de empresas que existe en España. Que, por cierto, en defensa de los intereses de los empresarios canarios, ayúdenos usted a pedirle al Gobierno central que las clasificaciones que otorga el Gobierno de Canarias sirvan para el conjunto del Estado español. Ayúdenos usted a que el Gobierno central nos permita que las clasificaciones que otorgamos en Canarias las validen ellos en el Gobierno central y les permita el uso a toda Canarias. Y no pretendan, como están pretendiendo, eliminar las clasificaciones de las comunidades autónomas para centralizarlo todo en Madrid y evidentemente que les cuesta a cada una de las empresas un mínimo 3.000 euros obtener esa clasificación. Lo digo para que el discurso lo lleven del principio al final y no se queden solo en algunas cuestiones que ustedes están planteando, señora Montelongo.

Porque usted ha hecho referencia y ha hecho una serie de preguntas. Preguntas: ¿el ahorro?, está más que contestado; ¿la publicidad?, está más que contestado; repito, diarios oficiales de las comunidades autónomas, Boletín Oficial del Estado, boletín de la Comunidad Autónoma de Canarias, páginas web. La clasificación, señora Montelongo, está más que contestada.

Es que usted ha hecho referencia y vuelve otra vez a sobre si podemos asegurar o no la legalidad del concurso. La pregunta: ¿es que van ustedes a interferir en la Comisión Nacional de la Competencia para anular el concurso? Esa es una gran pregunta, esa es una gran pregunta, esa es una gran pregunta que convendría... (Comentarios desde la tribuna destinada al público.)

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, señor diputado...

Señorías. Guarden silencio en las tribunas, por favor.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): ¿Van ustedes a influir políticamente en ese asunto? Sería bueno, sería bueno saberlo.

Señora diputada, repito, si no se impugnaron las bases, que es el elemento sustancial que da inicio al proceso... Porque, señora Montelongo, así es como está en la legislación española; cuando existen dudas sobre si un concurso convocado puede no cumplir determinadas condiciones, se impugnan las bases, porque son las bases las que supuestamente, según usted, impiden la libre concurrencia, y no se impugnaron las bases. ¿Ah, que no se enteraron? Claro, señora Montelongo, simplemente, repito, por no levantar la voz y hablar del tono, sino por ser un poquito más serios en todo este tipo de planteamientos y no trasladar al conjunto de los ciudadanos imágenes que no son, cuando menos, ciertas. Que no son, cuando menos, ciertas. Es más, son falsas, son falsas, algunas de las afirmaciones que se han hecho en este momento.

Evidentemente, sí existía la posibilidad de acudir en UTE, como en todo proceso de licitación, desde el pliego de condiciones administrativas y particulares.

Señora Montelongo, ¡no han existido irregularidades en este proceso! No han existido, no se han recurrido las bases, ni mucho menos.

Señora Montelongo, por ver un comparativo, mire, hacía usted referencia a que por qué no se siguió el mismo modelo de extensión de la TDT; a ver, señora Montelongo, ¿conoce usted que ese sistema de extensión de la TDT está ya denunciado, la Comisión Europea al Reino de España, y que nos va a costar a todos un dineral en función de la situación empleada? ¿Lo conoce? Le animo a ver las referencias sobre ese tema. Es decir, mire, no es el mejor de los ejemplos que usted podía poner sobre la mesa, ni mucho menos, so pena de que lo que usted quiera es que nos vuelvan a condenar, en este caso han condenado al Reino de España, en las acciones de las comunidades autónomas, por la forma de actuar en su momento el ministerio. No creo yo, señora Montelongo, que usted lo que espere y desee es que condenen, en este caso, a la Comunidad Autónoma de Canarias a pagar más según los modelos a los que usted ha hecho referencia. Porque además no es lo mismo, señora Montelongo, y si quiere hablar sobre eso; mire, una cosa es la transmisión de la señal y otra cosa es cómo logramos que esa transmisión de la señal, a la que las televisiones están obligadas a llegar a un porcentaje de población, cómo lo llevamos a esos núcleos de población a los que, de no ser por la extensión de la TDT, no verían nunca la televisión. Pero, claro...

Mire, señora Montelongo, en el conjunto de las cadenas de televisión, desgraciadamente, en España existe probablemente un semimonopolio sobre la transmisión de la señal. Eso viene derivado, y si no yo la animo a estudiarlo, de cómo se produjo en su momento el proceso de privatización de la...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, señor consejero, tiene usted un minuto para concluir, por favor.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Gracias, señor presidente.

...cómo se produjo el proceso de privatización, cuándo y quién lo llevó a cabo, el proceso de privatización de la empresa en su caso que hoy en día es Retevisión, para analizar de si nos encontramos en un momento, en una situación donde se puede o no actuar sobre ese sentido.

Pero lo más importante de todo, señora Montelongo, de verdad, es decir, entiendo que en la labor de fiscalización de la Oposición está la crítica, como usted ha hecho referencia, al ámbito de la gestión, pero el ataque continuado a un medio de televisión público que día tras día recibe el seguimiento mayoritario del conjunto de los canarios y las canarias les debería llevar a la reflexión de qué están haciendo en los medios que ustedes gestionan, que, día tras día, a lo que llevan es al desapego del conjunto de los ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

Señorías, habiendo acabado la comparecencia, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve y media de la mañana.

(Se suspende la sesión a las veinte horas y veintisiete minutos.)

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  • 8L/C-1158 Sobre -Gobierno-, sobre el Concurso para adjudicar los servicios de distribución y difusión de señales de Televisión Digital Terrestre y Frecuencia Modulada, y transporte permanente de señales audiovisuales.


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