Diario de Sesiones 91/2013, de fecha 24/9/2013
Punto 5

· 8L/PO/P-1046 Pregunta de la señora diputada doña Rita Isabel Gómez Castro, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre consecuencias de la nueva política de becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para los alumnos de las islas no capitalinas, dirigida al señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.

El señor presidente: Siguiente pregunta, al señor vicepresidente del Gobierno, de la señora diputada doña Rita Isabel Gómez Castro, del Grupo Parlamentario Socialista Canario.

Doña Rita.

(Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente y le sustituye el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández.)

La señora Gómez Castro (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Buenos días a todos.

Asistimos en este inicio de curso escolar 2013/2014 a una regresión histórica en lo que es la igualdad de oportunidades mediante el modelo de becas y ayudas al estudio del Partido Popular. Si bien estamos ante un cambio que se está poniendo en marcha en este curso, estamos en condiciones, señor consejero, de afirmar y de decir que el alumnado español, en concreto el alumnado canario y sobre todo los alumnos y alumnas de islas no capitalinas se van a ver seriamente perjudicados por la nueva política de becas que el Partido Popular en solitario ha impuesto. Resulta absolutamente incomprensible que quien tiene recursos económicos, aunque tenga un 5, sí puede estudiar, mientras que el que carezca de recursos, aun con un 5, no puede estudiar, y aquí se pone punto y final al discurso de excelencia educativa que está intentando vender el Partido Popular. Es una cuestión de recursos económicos, les guste o no les guste.

El gasto público, señor consejero, señorías, en becas y ayudas al estudio en España aún está lejos de alcanzar la media de nuestro entorno, pero lo que es indiscutible es que el incremento permanente, antes de la llegada del Partido Popular al Gobierno central, en los presupuestos de las partidas de becas y ayudas al estudio, al igual que su consideración como derecho, había supuesto un avance histórico en el número de beneficiarios, en el número de alumnas y alumnos y en la cuantía de las ayudas.

Señor Pérez, señor vicepresidente del Gobierno, ningún alumno, ninguno, puede dejar de estudiar por no poder hacer frente a los costes económicos que ello ocasiona. El rendimiento académico, aunque importante, no debe ser en ningún caso determinante a la hora de acceder a una beca.

Por ello la pregunta del Grupo Parlamentario Socialista es que, con los datos que tiene el Gobierno de Canarias, con la situación que maneja el Gobierno de Canarias, ¿cuáles van a ser las consecuencias de este decreto, de esta nueva política del Partido Popular que, en contra de la comunidad educativa, está iniciando en este curso escolar 2013/2014?

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Gobierno, señor vicepresidente.

El señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad (Pérez García) (Desde su escaño): Buenos días, señor presidente. Señorías.

En el informe que hace el Consejo Escolar del Estado, informe preceptivo, cuando este real decreto va a entrar en vigor, alude, con toda nitidez, a que es imposible encontrar conciliación en la nueva normativa de becas del Estado entre el principio de mejora del rendimiento académico y el de igualdad de oportunidades.

Bien. A día de hoy es imposible saber cuál, de forma cuantificada, cuál va a ser el impacto definitivo, en Canarias o en cualquier otro lado, pero sí podemos adelantar algunos aspectos que están recogidos también por el propio ministerio.

Hay tres aspectos donde la normativa cambia sustancialmente. Primero, porque hay una disminución real de las partidas de cada modalidad de becas, disminución importante; segundo, porque hay algunas que desaparecen, y aquí en Canarias todo lo referido al transporte y a la movilidad se ve muy negativamente afectado; tercero, porque además hay una elevación de los requisitos académicos para el acceso a los estudios universitarios. Como ustedes saben, aquí se está produciendo una ecuación que no tiene resolución posible.

El gasto que hacen las administraciones públicas en los estudiantes universitarios representa entre el 80 y el 85% de coste de cada plaza universitaria. Si distinguimos en que el resto lo pague quien pueda pagarlo y no quien, aprobando, no tenga recursos para ello entramos en un retroceso que no tiene precedentes a lo largo de estos cuarenta años últimos.

Por tanto, en mi opinión, el resultado va a ser muy negativo.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor vicepresidente.