Diario de Sesiones 95/2013, de fecha 17/10/2013 - Punto 3

· 8L/PNL-0284 Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con el sistema público de los servicios sociales.

El señor presidente: Entonces, ahora sí, vamos a proceder al debate de la proposición no de ley del Grupo Socialista Canario que habíamos anunciado, sobre el sistema de los servicio sociales.

Hay dos enmiendas: una del Grupo Nacionalista y otra del Grupo Mixto.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Rosa Guadalupe Jerez.

La señora Jerez Padilla: Buenos días, señorías.

Señorías, con esta proposición no de ley que hoy trae el Partido Socialista a esta Cámara pretendemos manifestar el rechazo del pueblo canario a una ley que pretende poner en marcha el Gobierno del señor Rajoy, como un despropósito total encubierto en el famoso déficit. Y lo que realmente esconde esta reforma es el desmantelamiento de los ayuntamientos y, por tanto, de la privatización de los servicios que llevan a cabo los ayuntamientos.

Esta es una ley que ha sido rechazada por todos los sectores implicados con los servicios sociales. Es más, el domingo pasado el rechazo a esta reforma consiguió unir a más de 2.500 alcaldes, de todos los colores políticos menos del Partido Popular. Alcaldes canarios a los cuales desde aquí, desde esta tribuna, quiero felicitar por la gran decisión que han tomado. Me gustaría felicitarlos porque han dicho un no rotundo a este Gobierno, que sigue aprobando leyes en contra de todos y que hacen daño a la ciudadanía. Así nos encontramos, por ejemplo, con la ley de la reforma local, con la ley de educación o incluso con la ley del aborto y, sin embargo, este Gobierno hace oídos sordos al rechazo de la sociedad en la calle, en el Parlamento, con lo cual está gobernando con un autoritarismo puro y duro y en la más absoluta soledad política.

Pero además estos alcaldes dijeron no, no, porque esta ley vulnera principios de la autonomía municipal y abre una brecha de desigualdad entre los ciudadanos.

Esta reforma, señorías, de la Administración local también cuenta con el rechazo de alcaldes del Partido Popular. Así nos encontramos con que hasta la Federación Gallega de Municipios y Provincias, presidida por un alcalde del Partido Popular, está mostrando sus quejas de una forma abierta a medida que se acerca el debate sobre el proyecto de ley.

Pero además tiene el rechazo del Consejo de Estado, que emite un informe crítico y duro, al cual el Gobierno del señor Rajoy hace oídos sordos... (Rumores en la sala.)

Señor presidente, la verdad es que me molestan los...

El señor presidente: Sí, disculpe, doña Rosa, sí.

(Comentarios en la sala.)

O sea, que aquí, porque se porta uno mal, después nos portamos todos mal, ¿no? Vaya, gracias. No es razón. Aquí la única razón, en varios sentidos, creo que hay que interpretar, es comportarnos todos con todos y el que lo haga mal, pues, lo hace mal, pero cuando está hablando una persona aquí debemos escucharla y respetarla. Eso es la democracia y eso es el parlamentarismo.

Siga, doña Rosa, por favor, y yo le agradezco que...

La señora Jerez Padilla: Gracias, señor presidente.

Decía que además tiene el rechazo del Consejo de Estado, que emite un informe crítico y duro, del cual el Gobierno del señor Rajoy hace oídos sordos de sus recomendaciones. El informe dice que revise en profundidad el texto para darle coherencia y el rigor del que carece en lo referente a las competencias y a la racionalización de la estructura organizativa. Por tanto, un varapalo, un varapalo más para este Gobierno.

Pero además hay otro informe, el informe nuevo que sacó el día 16 de este mes la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que también le dice no a esta reforma local.

Señorías, la ley de bases actual atribuye a los ayuntamientos competencias en servicios sociales, promoción y reinserción social. De ahí que los municipios, especialmente aquellos de más de 20.000 habitantes, fueran desplegando y creando, a la mitad de los años 80, pues, una amplia red asistencial con un elevado volumen de gasto. Sin embargo, esta reforma, señorías, de la Administración local es una reforma que vulnera el principio de la autonomía local, es una reforma que introduce controles preventivos y discrecionales prohibidos por la Constitución, es una reforma que establece controles preventivos de oportunidad sobre asuntos de competencia municipal, es una reforma que ignora los principios de la máxima proximidad de la gestión a los ciudadanos. Es una reforma que va contra el artículo 137 de la Constitución española y contra el artículo 4.2 de la Carta Europea de la Autonomía Local. Pero además es una reforma que ignora, entre los servicios obligatorios a prestar por todos los municipios, cualquiera que sea su población, que se deben incluir los servicios sociales primarios o comunitarios, pues esta clase de servicios se demanda y debe ser prestado en el ámbito municipal y constituye una de las señas de identidad de lo municipal.

Una reforma, señorías, que introduce limitaciones que impiden la continuidad territorial de servicios, como la recogida de residuos, la limpieza viaria, el abastecimiento domiciliario de agua, etcétera, etcétera. Una reforma que, en lo que a las administraciones canarias les atañe, señorías, nuevamente ignora que las circunstancias territoriales, sociales e institucionales que ocurren en las islas obligan a adaptar las medidas que plantea la reforma legal a esa realidad para conseguir los propios fines que persigue.

Señorías, quiero que tengan una cosa clara. Todos estos calificativos que he dicho en esta tribuna y estas valoraciones que acabo de dedicar a esta reforma de la Administración local deberían ir entrecomillados. ¿Por qué? Porque los formula el Partido Socialista, pero además los formulan otras personas, como, por ejemplo, el señor Cardona en Las Palmas de Gran Canaria, el señor Hernández García en Tías o lo dice el señor Lemes en Arafo. Estas afirmaciones han sido extraídas del acuerdo unánime de la Asamblea General de la Fecam del pasado 18 de septiembre, sobre enmiendas a este proyecto de ley. Una respuesta unánime del municipalismo canario y que debe contar, señorías, con el respaldo de esta Cámara.

Lo que está claro es que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, señorías, es una bomba de relojería. Es una bomba de relojería para todos los ciudadanos, para todos los ciudadanos, porque tiene una deriva mayor, más preocupante para los ciudadanos que la simple pretensión de hacer desaparecer ayuntamientos, cargos políticos o estructuras administrativas: amenaza la prestación de los servicios sociales.

Miren, ¿y saben lo que pasaría? Pues, miren, que la desaparición de los servicios sociales y de los ayuntamientos va a suponer el abandono a su suerte de a miles de familias, que solo subsisten a duras penas gracias a ese sistema. Y quizás estas familias no estén enteradas de lo que les va a venir, y hay que denunciarlo y hay que decirlo también en la calle. Creo que esta reforma iguala proximidad a despilfarro y sustituye rentabilidad social por equilibrio financiero.

Y lo más grave de todo esto es que para Canarias va a suponer el vaciamiento de todos los servicios en los pueblos más lejanos de la capital de la isla. Por tanto, los servicios sociales, que han significado para los pueblos canarios el no sentirse aislados, con esta reforma pretendida los destruyen. Esta es la aplicación más cruel de los recortes del Partido Popular. Es desalmada, es antieconómica, además de poner en riesgo la cohesión social de todo un país, de todo un país. Pero además nadie aún ha desmentido la cantidad de puestos de trabajo que se van a perder, van a ser más de 100.000 puestos de trabajo. Bueno, sí, sí lo han desmentido, es decir, hay personas y entidades que han dicho que se van a perder, pero, señorías, hay una bancada, la de la derecha, pero que está a mi izquierda, que no lo ha desmentido, que no lo ha desmentido. Es decir, tendremos también que pagar, señorías, por los servicios sociales que ahora prestan los ayuntamientos. Esto es incomprensible, esto es una maldad más de un gobierno que está, que en este caso utiliza la excusa de las cuentas municipales para dar una vuelta de tuerca más a la destrucción de un Estado de bienestar, esta vez a través de la desaparición, la privatización, de toda una red de servicios sociales y de toda una red de servicios públicos, porque esa es la verdad, municipales, que atienden y sirven a miles de españoles, a miles de canarios y canarias.

Por tanto, señorías, esta reforma no soluciona las necesidades de la Administración local. ¿Por qué?, porque no clarifica competencias, no evita duplicidades, porque las va a haber, no simplifica la estructura de la Administración local, señorías, no resuelve los problemas de financiación que tienen los ayuntamientos, porque los van a seguir teniendo. Lo único que hace esta ley, señorías, es daño, es mucho, mucho daño: daño a los ciudadanos, daño a la autonomía local y sobre todo, señorías, daño a la vida democrática, daño a la vida democrática. Por eso el Partido Socialista pide al Gobierno del señor Rajoy, pues, la retirada de este proyecto de ley, de forma que se haga otro no impuesto sino acordado y que dé una respuesta eficaz a las necesidades reales del mundo local.

Señorías, mi grupo parlamentario pide además al Estado defender y potenciar la red pública de servicios sociales de atención primaria, que ha demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan, así como la eficacia de su trabajo y la capacidad de generar empleo.

Señorías, los ciudadanos de Canarias están esperando que se le diga un no a esta ley, porque son realmente los perjudicados, los que están en la calle, los que van a ese ayuntamiento a pedir una solución a ese alcalde, los que van a tocar a la puerta del alcalde. Señorías, no nos olvidemos que Canarias cuenta con muchos ayuntamientos de núcleos urbanos...; (Corte en el sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo.) decía que Canarias cuenta con muchos pueblos de la periferia y personas que viven en ella que no tienen posibilidades de trasladarse a otro municipio mayor para arreglar un simple papel y que el ayuntamiento puede hacerlo, su ayuntamiento puede hacerlo sin la necesidad de trasladarse. Yo estoy aquí y estoy pensando en mi isla, donde hay muchos pueblos de mi isla que se van a ver afectados, que se van a ver afectados y se van a ver con la necesidad de tener que trasladarse para poder hacer un simple papel; o de la isla de mi compañero Alpidio, que, Alpidio, pues, desaparecería casi la isla de El Hierro con el tema de los servicios sociales; o en Gran Canaria, Artenara.

Señorías, seamos prudentes, vamos a decirle un no rotundo a esta ley por parte de esta Cámara y yo creo que esto está en nuestras manos.

Nada más, señor presidente, y muchas gracias.

El señor presidente: Muchísimas gracias, doña Rosa Guadalupe.

Hay una enmienda del Grupo Nacionalista Canario. Doña Flora Marrero.

La señora Marrero Ramos: Muchas gracias, señor presidente.

En este momento, pero en otro lugar, en el Congreso de los Diputados, se van a debatir hoy diez enmiendas a la totalidad, diez enmiendas a la totalidad, al proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que, completando la intervención de la compañera del Grupo Parlamentario Socialista, supone al final la recentralización del reparto de competencias.

Se hace referencia a la manifestación y a la declaración presentada por más de 2.000 alcaldes en Madrid la semana pasada, un hecho histórico en la historia de la democracia, pero yo quiero completarlo también con la preocupación de, por ejemplo, Cáritas en el día de ayer, donde señalaba, pues, el alejamiento que va a suponer para la ciudadanía en los servicios sociales. Y no solo Cáritas sino cualquier colectivo que sabe, que trabaja cerca, con los temas, con temas de bienestar social, que sabe de la problemática, sabe que cuando una persona tiene un problema a donde primero acude es al ayuntamiento. Y a partir del 1 de enero, porque hay que decir que esta ley entraría en vigor, si al final no se llega a un consenso, el 1 de enero, cuando una persona, un hombre o una mujer, con necesidades, vaya al ayuntamiento, pues, le van a decir que simplemente no le pueden ayudar. Y es muy grave, es muy grave, porque sabemos que la Administración local es la más cercana.

Además sabemos que el propio origen de los ayuntamientos, de los municipios, que fue en el Medievo, que era para la administración de sus propios intereses en torno a un núcleo urbano, y se hizo con un objetivo: para deshacerse de los vínculos de vasallaje frente a la nobleza. Y estamos volviendo a eso, estamos volviendo a eso, a esos vínculos frente a la nobleza.

Ayer se hablaba, en los Presupuestos Generales del Estado del 2014, de lo que está sucediendo en Canarias y estoy convencida de que también en el resto de las comunidades autónomas, que es la desafectación de la ciudadanía. En Canarias esta ley de administración local, de la reforma, va a afectar a 68 de los 88 ayuntamientos que hay en Canarias, repito, 68 de los 88. En Tenerife hay 16. Y por eso nosotros, y lo quiero relacionar con la enmienda, hemos puesto, porque nos parece importante, en el punto c), después, cuando habla de "las singularidades de los municipios canarios", incorporar "el hecho diferencial como territorio insular y discontinuo", "como territorio -repito- insular y discontinuo". Es una obviedad pero es que, en este ámbito centralizador que tiene el Partido Popular, la derecha española, se olvida de las islas, se olvida; se ha hecho referencia a El Hierro, se ha hecho referencia a La Gomera y a lo que es la propia situación de nuestro archipiélago. Y estoy convencida de que la ciudadanía no es consciente de lo que va a suponer, cómo le va a afectar a su vida diaria si entra en vigor esta ley, porque no va a tener, repito, la cercanía que ha tenido hasta ahora.

Esta ley, y lo decían los alcaldes, los más de 2.000 alcaldes, y yo he hablado, yo he hablado con representantes del Partido Popular en el ámbito municipal, por lealtad al partido no expresan públicamente su opinión, pero saben y son conscientes del hachazo que va a suponer para las competencias municipales. Nosotros estamos de acuerdo en que exista una ordenación de las competencias, pero no a este precio, no a este precio. Nosotros queremos que a una persona que vaya a un ayuntamiento se le pueda, el alcalde o la alcaldesa le pueda dar respuesta.

Y este proyecto de ley, que espero, que espero que al final impere el consenso del Partido Popular con las diez enmiendas a la totalidad que se presentan, se decía que se basa en el argumento de la carga financiera y económica que las corporaciones locales significan para la economía del país. Se trata de una afirmación sin fundamento, pues el endeudamiento público de las entidades locales está en torno al 4% del Producto Interior Bruto, mientras que su déficit, conjunto público total, alcanzó, en el 2012, el 0,3% y será del 0% para el periodo 2013-2015.

Estamos ante una apreciación errónea de los fines constitucionales de la Administración pública, que no son otros que servir eficazmente a los intereses de la ciudadanía, y donde las restricciones presupuestarias constituyen una limitación, que se respeta totalmente por las corporaciones locales y no un fin en sí mismas. Además, las administraciones locales son las únicas que están disminuyendo su nivel de endeudamiento, repito, las administraciones locales son las únicas que están disminuyendo su nivel de endeudamiento, de tal modo que en el 2012 más de 3.000 ayuntamientos, de los más de 8.000 que hay en el Estado español, tuvieron un superávit, y muchos de ellos en Canarias, en sus liquidaciones presupuestarias.

La ciudadanía, a quien nos debemos, acude a quien le presta mejor los servicios y si acude a los municipios en lugar de a otros entes de mayor ámbito territorial es porque percibe que la cercanía en la prestación...; se proporcionan servicios donde sus necesidades particulares tienen mejor acomodo.

La eliminación de alternativas a la ciudadanía no provoca mayor bienestar a esta, sino pura prestación monopolística de los servicios y la clara tentación de privatizar su gestión, que es lo que hay detrás, y requerir mayores pagos o copagos por el acceso a los mismos, lo que indudablemente redundará en unos servicios de menor calidad y de mayor coste para la ciudadanía. Esta va a ser la consecuencia ineludible de la nueva ley: servicios de peor calidad con un coste más elevado.

El proyecto del Gobierno del Partido Popular, de la derecha, no es sino una apuesta por la decadencia de las referidas comunidades ciudadanas, que no resuelve en absoluto los problemas reales de estas entidades, que no son los de los alcaldes y alcaldesas, sino los de los vecinos y vecinas, en un texto que en lugar de profundizar en los derechos democráticos de la participación ciudadana atenta decididamente contra ellos.

Erosiona la autonomía local, no respetando las competencias municipales, no tiene en cuenta los principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios públicos, no respeta las competencias de las comunidades autónomas ni las distintas peculiaridades y realidades históricas reconocidas en los respectivos Estatutos de Autonomía y pone en peligro la prestación de los servicios sociales básicos, que tanto necesita la ciudadanía en estos momentos de dura crisis. Hace referencia a la Carta Europea de la Autonomía Local en 1985, que establece que el contenido del compromiso adquirido con la adhesión se manifiesta en que las entidades locales tengan libertad plena para ejercer su iniciativa en toda la materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra comunidad, pero sobre todo que el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a la ciudadanía y que, por tanto, la atribución de una competencia a otra autoridad debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o las necesidades de eficacia o economía.

Este desprecio en poco coadyuva a mantener una credibilidad exterior, imprescindible en estos momentos de crisis como la actual, máxime cuando claramente el modelo propuesto no es ni más eficaz ni más económico. Estamos hablando de que este modelo significa que va a afectar a los servicios básicos: a la recogida y tratamiento de los residuos sólidos, a la limpieza viaria, a la ayuda domiciliaria, a la teleasistencia, a los menores, a las personas con discapacidad, a la inclusión de emigrantes, a la infancia, a la dependencia, a los mayores, etcétera. Y esto, señorías, lo decían más de 2.000 alcaldes y alcaldesas el pasado domingo y nosotros, repetimos, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa.

Nos preocupa, además, el anteproyecto de los servicios sociales, porque los va a dejar en una situación compleja desde el punto de vista jurídico; va a generar, además, un problema en el traspaso de personal.

Y, de verdad, yo creo que ahora más que nunca, más que nunca, cuando vemos que va a afectar a los más de 8.000 ayuntamientos, esperemos que en el día de hoy, en el Congreso, impere el consenso, que se escuche a todos los grupos parlamentarios y desde luego que no marque un antes y un después esta ley de reforma de la Administración local.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Flora Marrero.

Hay otra enmienda del Grupo Mixto. Doña Carmen Hernández.

La señora Hernández Jorge: Buenos días de nuevo, señoras y señores diputados.

Efectivamente estamos ante un proyecto ya de ley importante, que pudiéramos pensar, cuando el Gobierno del Estado, cuando el Partido Popular, decide afrontar este reto, que podía ser un reto necesario después de treinta años de municipalismo, revisar cómo se desarrollan las funciones y cómo se presta una serie de servicios en el ámbito local. La cuestión es al final el documento que se está tramitando y el documento que probablemente será el definitivo.

Primero queremos decir que este proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, del Gobierno Popular, compartimos también que supone un retroceso en los avances que supone el municipalismo, en España y en Canarias, por lo menos que pretende, que pretende, provocar un retroceso en el municipalismo. Algunos expertos ya hablan de que probablemente estemos ante un proyecto inconstitucional, porque no solo atenta contra el municipalismo sino que atenta o puede atentar contra las competencias de las comunidades autónomas.

Es un proyecto presentado con la supuesta intención de ahorrar, ese eufemismo que han creado de racionalizar y de ahorro, en la gestión de las administraciones locales, bajo ese argumento de que hay que adecuar todo lo que es el ámbito local a la reciente Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero realmente, si aterrizamos en el documento, lo que busca es recentralizar las administraciones públicas en general, desmantelando los municipios, para a partir de ahí dejar los servicios públicos prestados por estos municipios en manos o abocados a estar en manos de las empresas privadas. Y esto se percibe claramente en la justificación de este proyecto, la cual, como digo, se basa fundamentalmente en una cuestión de ahorro económico, y nosotros lo sustentamos en una serie de elementos.

Primero, que los ayuntamientos tienen ya establecido por ley el cumplimiento del equilibrio presupuestario, por esa Ley de Estabilidad que mencionaba antes, y que no pueden aprobar en ningún caso presupuestos con déficit, viéndose obligados, en caso de existir el mismo al finalizar el ejercicio, a aprobar el siguiente presupuesto con un superávit suficiente para cubrir el déficit. Por tanto, el Gobierno estatal se ha garantizado amarrar que nadie gaste más de lo que tiene presupuestado para conseguir el objetivo del déficit cero.

Segundo, que la aportación de los municipios al déficit del conjunto de las administraciones en nuestro Estado es absolutamente irrelevante. Hablamos de que en el montante total de la deuda pública española la municipal no llega al 3%. Por tanto, no podemos pensar que es el ámbito local quien ha generado esta situación de descalabro y de deuda, puesto que los datos no lo avalan.

Por lo tanto, nosotros, Nueva Canarias, entiende que existen otros objetivos encubiertos en las intenciones del Gobierno estatal y creemos que estos objetivos encubiertos se plasman claramente en la siguiente secuencia de acciones propuestas por este proyecto. Primero, eliminar el principio de autonomía local. La reforma incorpora la posibilidad de fusionar municipios pequeños. Y además incorpora una medida de esta entidad por una mayoría simple. Es decir, que los municipios pequeños podrán fusionarse, es decir, firmar o ratificar su autoextinción, con una mayoría simple, cuando hay temas de menor calado dentro de la actual ley de las administraciones locales que requieren mayoría absoluta. Segundo, que bajo el subterfugio del control de la estabilidad presupuestaria de los municipios el PP le da al Estado facultades de intromisión a través de los interventores -es decir, una auténtica intervención del ámbito local-, que podrán controlar a través del gasto la capacidad política de gestión y el programa comprometido con los ciudadanos. Es decir, que serán los interventores quienes decidan qué cuestiones se podrán desarrollar y qué cuestiones no. Por tanto, los programas electorales y los compromisos de ejecución de acciones con los ciudadanos quedarán en un segundo lugar.

Decíamos al principio que atenta contra las competencias de lo local, pero también atenta contra las competencias autonómicas. En el caso, por ejemplo, de la materia educativa y de la materia en políticas sociales, Canarias, la comunidad autónoma, tiene competencias plenas. Por tanto, una ley estatal que viene a regular las competencias locales de algo que es efectivamente, y por ley, competencia de la comunidad autónoma.

Por tanto, nosotros creemos que ese intento, solo intento, de reservar a los ayuntamientos solo tareas relacionadas con el mantenimiento de la ciudad -recogida de residuos, alcantarillado, cementerio, mantenimiento de calles...-, es decir, esa visión absolutamente de prestar servicios, que nada tiene que ver con el proceso de construcción de ciudadanía y de creación de comunidad, eliminando todo lo que tiene que ver con la promoción de la educación... Y, por cierto, en el ámbito de la educación habría que decir que atenta contra la ley educativa, la actual ley educativa ya recoge -la LOE- competencias a los municipios en el ámbito de la programación, por ejemplo, de las enseñanzas. Algo que esta ley de bases elimina. Por tanto, ahí hay un conflicto normativo que tendrán que resolver.

Evidentemente es en el ámbito de los servicios sociales donde nos genera a todos mayor nivel de incertidumbre. Nuestro grupo ha llevado tanto a la Comisión de Política Social, Cultura, Deportes y Vivienda como a la Comisión de Educación una comparecencia para que los consejeros nos digan desde el ámbito del Gobierno el análisis que con los departamentos jurídicos se está haciendo de cómo va a impactar esto en el desarrollo de las políticas educativas y sociales. Y hemos de decir que nos hemos encontrado con que el Gobierno tiene cierto nivel de incertidumbre y que sería bueno que el Gobierno pusiera a trabajar a sus departamentos jurídicos para que analizaran realmente si la interpretación que todos estamos haciendo de esta ley es la correcta, porque pudiera ocurrir que esto que estamos dando por hecho, que es que se van a vaciar de contenido las políticas sociales en el ámbito local, no tuviera que ser así, salvo que la comunidad autónoma lo permitiera. Por tanto, cuidado con estas interpretaciones ligeras que estamos haciendo de este proyecto de ley, porque a lo mejor resulta que estamos haciendo una interpretación más política, con ansia de cuestionar las acciones del Partido Popular, que lo que es realmente la realidad. Es decir, pudiera ocurrir que no fuera cierto que hubiera que vaciar de contenido el ámbito local, porque la ley deja abierta la posibilidad -o el proyecto- de que sea la comunidad autónoma quien decida si efectivamente recentraliza las políticas sociales o las mantiene tal y como están. Además no es una interpretación nuestra sino que de expertos jurídicos y constitucionalistas, que nos hacen llegar esta reflexión. Pero evidentemente que preocupa, se ha mencionado hoy aquí, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales están muy preocupados por esa incertidumbre y es necesario clarificar todo este marco competencial.

Es un proyecto de ley que, efectivamente, no afronta el verdadero reto que tenía o que había que resolver después de todas estas décadas de municipalismo, que es la financiación de las competencias en el ámbito local. Se circunscribe a cumplir la obligación de estabilidad. No resuelve una gran asignatura pendiente de la actual Ley de bases de régimen local, que es el papel de control de la Oposición. No resuelve la necesidad de democratizar más el ámbito local dándole un verdadero valor a la Oposición en el ámbito local y que ejerza lo que debe ser, un contrapeso del gobierno. Esto además ha tenido efectos clarísimos en todo el territorio español y en Canarias de actitudes incorrectas, rozando la ilegalidad, o incluso de presuntas actitudes de corrupción, precisamente por no poder ejercer desde la Oposición el control necesario. Es decir, una Oposición que de verdad ejerza como verdadero control de los gobiernos locales.

Bueno, nosotros hemos presentado una enmienda que tiene que ver con el hecho de que entendemos nosotros -y así también lo entiende la Fecam- que este proyecto de ley incumple la Carta Europea de la Autonomía Local, una carta aprobada en Estrasburgo en el año 85 y ratificada por el Estado español en el año 88. Es una carta de autonomía local, un instrumento jurídico del Consejo de Europa, cuyo objetivo programático es reconocer, promover y garantizar un estándar común y uniforme del principio de autonomía local en todos los Estados miembro. Este marco jurídico reconoce a los ayuntamientos, a las entidades locales, como poderes públicos constituidos democráticamente, cuya misión es ordenar y gestionar los asuntos públicos que afectan a los intereses de la colectividad local, cuya defensa, cuyo fortalecimiento y salvaguarda, compromete de forma común a todos los Estados miembro del Consejo Europeo. Una carta esta, de la autonomía local, que pretende fortalecer el funcionamiento democrático y eficaz de las instituciones locales, al propugnar...

El señor presidente: Un minuto, doña Carmen.

Puede continuar.

La señora Hernández Jorge: Decía que una carta que pretende fortalecer el funcionamiento democrático y eficaz de las instituciones locales al propugnar que las entidades locales estén investidas de aquellas competencias que permitan una adecuada administración de los intereses propios, a la vez que sean eficaces y próximas al ciudadano.

Gracias.

El señor presidente: Muchas gracias.

Para fijar posición con respecto a las enmiendas, doña Rosa Guadalupe.

La señora Jerez Padilla (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Tanto la enmienda que ha presentado el grupo de Coalición Canaria como la enmienda presentada por el Grupo Mixto, pues, ambas van a enriquecer el texto de la proposición no de ley, van incluso a complementarlo, con lo cual no hay ningún problema por nuestra parte en aceptar tanto una como otra.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Rosa Jerez.

Para fijar posiciones, Grupo Parlamentario Popular, doña Milagros Bethencourt.

La señora Bethencourt Aguilar: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

El Grupo Parlamentario Socialista nos trae a este pleno una proposición no de ley a todas luces fuera de lugar, abriendo un debate duplicado e innecesario en esta Cámara autonómica. Un debate que corresponde al Congreso de los Diputados y que además hoy inicia su debate. Lo más sensato, por lo tanto, señorías, hubiera sido que hubieran retirado este texto. Esta Cámara legislativa está siendo desvirtuada cada vez más por los grupos que apoyan al Gobierno, que olvidan los verdaderos problemas de los canarios y se limitan a fiscalizar al Gobierno del Estado trayendo debates estériles y superfluos.

Que el Grupo Socialista está en contra de esta reforma lo sabemos, y lo sabemos porque son "los señores no": no a todo. No aportan nada, pero están en contra de todo. Desde el primer borrador, hace más de un año, vienen anunciando que llevarán la reforma al Tribunal Constitucional. No se molestan, como bien ha dicho nuestro portavoz en el Congreso, en trabajar y presentar alternativas a las propuestas del Gobierno popular. Ya hablan incluso de derogar la ley cuando ganen las elecciones. Primero tendrán que buscar candidato y luego ganar las elecciones.

Señorías, lo de siem pre: el Partido Socialista solo piensa en llegar al Gobierno para arruinar y destrozar al país como uso y costumbre, barra libre y llenar los cajones de facturas, que en eso tienen mucho arte y experiencia. No hablan de hacer, fíjense, hablan de deshacer.

Señorías, el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no va a dejar a los ayuntamientos sin competencias y mucho menos en servicios sociales. Donde ustedes hablan de perder competencias, para confundir aposta a la ciudadanía, la reforma del Partido Popular clarifica y garantiza el servicio a los ciudadanos, bajo el principio de "una administración, una competencia", y creo sinceramente que este principio debería ser defendido por todos para acabar con las duplicidades, para acabar con los solapamientos, para los límites de responsabilidad difusos tenerlos un poco claros, para acabar con la peregrinación en las administraciones públicas. Que en Canarias además tiene mucho más sentido, porque hay competencias que ejercen los tres niveles de administración a la vez.

La ley no señala, de manera tajante -como ustedes nos quieren hacer ver, engañando-, que los ayuntamientos no pueden seguir ejerciendo las competencias en servicios sociales. ¡Pues claro que no!, faltaría más. La realidad social es la que es y los ayuntamientos siguen siendo la Administración más cercana, no solo para el Partido Socialista, también para el Partido Popular. Hasta ahora los ayuntamientos han venido ejerciendo multitud de competencias impropias, asumidas indebidamente, y que estaban ocasionando, sobre todo, falta de respuesta a los ciudadanos. Por lo tanto, las desigualdades existían ahora y esta reforma viene a eliminarlas. Y, miren, les pongo un ejemplo, la ayuda a domicilio. Esta ayuda a domicilio está recogida, este servicio, en la Ley de la Dependencia en su texto original del año 2006 y el Gobierno de Coalición Canaria y PSOE, a fecha de 31 de agosto pasado, atiende a cero personas por la Ley de Dependencia, llevando esta gravosa carga los ayuntamientos con cargo a sus propios recursos. Y les pido reflexión: ¿les parece lógico que los ayuntamientos sufraguen solitos una competencia que atribuye la ley a otra administración? ¿Qué ha hecho el Partido Socialista y Coalición Canaria por los ayuntamientos para corregir esta y otras disfunciones? Nada. ¿Y qué han hecho para garantizar el servicio a los ciudadanos? Nada. Por lo tanto, señorías, que quede bien claro que los ayuntamientos podrán seguir ejerciendo competencias en servicios sociales. Solo vemos garantía, es más, fortalece la autonomía de los ayuntamientos al clarificar y financiar las competencias.

Mi grupo parlamentario no ha presentado enmiendas ni va a apoyar esta proposición no de ley, porque entendemos que es un debate abierto en el Congreso de los Diputados y es en el Congreso de los Diputados donde debe ventilarse este tema.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Milagros Bethencourt.

Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley, del Grupo Socialista Canario, sobre la solicitud al Gobierno del Estado en relación con el sistema público de los servicios sociales, incorporadas las enmiendas del Grupo Nacionalista Canario y del Grupo Mixto. Comienza la votación (Pausa).

Resultado: 53 presentes; 33 a favor, 20 en contra y ninguna abstención.

Queda aprobada la proposición no de ley.

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  • 8L/PNL-0284 Sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con el Sistema Público de los Servicios Sociales.


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