Diario de Sesiones 96/2013, de fecha 29/10/2013 - Punto 22

· 8L/C-1248 Comparecencia del Gobierno -consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad-, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre distribución de efectivos de la administración general para atender necesidades de la Dirección de Tributos.

El señor presidente: Bien. Señorías, comparecencias. Vamos a ver una comparecencia y después continuamos esta tarde a la cinco. ¿De acuerdo? Comparecencia del señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, instada por el Grupo Parlamentario Popular.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular doña Maite Pulido.

(La señora Pulido García hace uso de los medios audiovisuales.)

La señora Pulido García: Gracias, presidente.

Señor consejero, el director general de Tributos de la Consejería de Hacienda pidió efectivos para una medida de reordenación de empleados públicos, que parecía ser buena, pero, señor Spínola, ustedes estropean todo lo que tocan, y le voy a explicar por qué.

El director general de Tributos pedía ingenieros agrónomos para su oficina de valoración, pedía arquitectos -ahí lo tiene- y su consejería le mandó ingenieros de caminos, canales y puertos. Analicemos esta actuación de su departamento. La Dirección General de Tributos pide efectivos para valorar fincas urbanas y rústicas. La Consejería de Agricultura pide que un ingeniero que lleva la dirección de cuatro obras hidráulicas, de su especialidad, y que es jefe de estudio e hidráulica de su departamento, sea enviado a Hacienda, más bien exiliado o desterrado a Hacienda, y usted, a través de su director general, pues, lo hace.

¡Qué papelón, señor Spínola, qué papelón! Pero, claro, cómo nos va a extrañar de un director general de Función Pública que verbalmente le da permiso al alcalde socialista de Icod de los Vinos para que contrate personal en su ayuntamiento incumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria, o por lo menos, por lo menos, eso es lo que pone su compañero de filas, el alcalde socialista, en un decreto que usted bien conoce. La verdad es que, viendo esta componenda, nada nos extraña de su director general de Función Pública. Pertenece a su departamento, señor consejero, y sin temblarle la pluma mandó al ingeniero a Hacienda.

El director general de Tributos, que ya sabe bastante de cómo se las gastan algunos con las plumas, se desmarca de la decisión y le deja a usted al pie de los caballos. El 13 de septiembre hace un contundente informe, en el que le dice a usted que su consejería debe reenviar, revocar la resolución y devolver a este ingeniero a Agricultura, porque es cierto que, aunque tenga voluntad, muy buena voluntad, el ingeniero, no ha encontrado en esos dos meses y medio ninguna función que atribuirle.

En resumen, que este funcionario está durante dos meses y trece días con los brazos cruzados, mirando al techo, en Hacienda, mientras en Agricultura, en una clara optimización de los recursos, hay dos ingenieros del Cabildo de Tenerife en comisión de servicios que han asumido las cuatro obras que antes llevaba un ingeniero, ahora hay dos y ni siquiera pertenecen a Agricultura. ¿Eso llaman ustedes optimizar recursos?

Mire, el director general de Tributos le pide al director general de Función Pública haga una resolución, revoque esta atribución general de funciones, porque este ingeniero no tiene el perfil necesario para el desarrollo de un puesto en la oficina de Valoraciones.

Usted intercambia escritos con el consejero de Agricultura. Se presta a tapar sus vergüenzas, las vergüenzas del consejero de Agricultura, cuando los propios nacionalistas, porque la Consejería de Hacienda la dirige un nacionalista, se desmarcan.

Luego disimula usted con la excusa de pedir un informe jurídico, un informe jurídico. ¿Por qué no lo pidió antes, señor Spínola? ¿Por qué no lo pidió cuando le pidieron algo tan extraño como que mandara a un ingeniero de caminos, canales y puertos a medir fincas, a medir fincas rústicas y casas, sabiendo perfectamente que el director general de Tributos lo que pedía era ingenieros agrónomos? Lo tiene ahí, no me lo invento yo, está en los papeles; el director general de Tributos pedía ingenieros agrónomos y arquitectos, y usted lo sabe perfectamente.

¿Por qué, señor consejero, si el director general de Tributos le pidió esos efectivos usted le mandó a este ingeniero de caminos? ¿Sabía usted que era el mismo ingeniero que denunció presuntas irregularidades en la certificación de obras hidráulicas y al que Agricultura ha abierto un expediente por ejercer su libertad de expresión?

En el pleno anterior no me contestó a estas preguntas, a ninguna. Por ello se las vuelvo a reiterar. Señor Spínola, supongo que usted no ignoraba nada de esto y espero que hoy tenga alguna respuesta, señor consejero.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Maite Pulido.

Por el Gobierno, el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Señor presidente. Señorías.

He preparado una respuesta del Gobierno sobre la comparecencia que se ha pedido, y al Gobierno se le ha pedido una comparecencia para que informe sobre la distribución de efectivos de la administración general para atender las necesidades de la Dirección General de Tributos. Pero esto no ha ocurrido, la diputada no ha formulado un planteamiento sobre la redistribución de efectivos que ha llevado a cabo el Gobierno sobre determinado personal que se ha incorporado a la Dirección General de Tributos. La diputada ha venido a hablar aquí de un caso concreto, de un funcionario concreto; de un funcionario de los 60.000 empleados públicos que tiene la comunidad autónoma. Y la primera pregunta que tengo que hacer es la siguiente: ¿está esta Cámara para tratar asuntos particulares, asuntos individuales? ¿Dónde está el interés general? Ahora hablaremos de eso.

Lo grave de todo esto, señorías, es que esta diputada se sube aquí y cuenta mentiras y falsedades, una detrás de otra. Y voy a estar aquí hoy en esta comparecencia, que agradezco que haya formulado, porque las mentiras no pueden prosperar. La gente tiene que saber lo que pasa y usted hoy aquí ha venido a decir varias mentiras.

La primera, que el director general de la Función Pública ha dicho lo que no ha dicho nunca. ¿Cómo se atreve usted, cómo se atreve usted a venir a esta Cámara a hablar del director general de la Función Pública en relación a un asunto del Ayuntamiento de Icod que es falso, absolutamente falso? Ya está bien de utilizar esta tribuna para venir a contar falsedades y mentiras, y no se lo voy a permitir, ni a usted ni a ningún diputado o diputada que venga a decir mentiras. Se lo digo con absoluta claridad.

Habla usted de tapar vergüenzas. ¿Vergüenzas de quién?, ¿vergüenzas de quién? Voy a contar el proceso, voy a contar el proceso. El proceso de redistribución de efectivos se lleva a cabo en la comunidad autónoma por virtud de una ley que aprueba este Parlamento, la Ley 4/2012, en su artículo 14, y es un mecanismo innovador, un mecanismo pensado para redistribuir cargas de trabajo, para que los empleados públicos que han dejado de tener cargas de trabajo puedan ocupar, puedan ir destinados a otros puestos de trabajo donde realmente se necesitan. Y esta comunidad autónoma, el Gobierno de Canarias, decidió que había que incrementar las dotaciones de la Dirección General de Tributos, a petición, por supuesto, del departamento, de la Dirección General de Tributos. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Voluntariamente, un buen día se les ocurrió eso? ¡No!, había una razón y había una razón muy objetiva, y es que esta comunidad autónoma tenía una encomienda que había hecho a los registradores de la propiedad, que gestionaban y liquidaban determinados tributos de la comunidad autónoma, concretamente transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones. Y, como hemos decidido y decidimos en su momento acabar con esas encomiendas, había, era necesario, incrementar las dotaciones de personal de la Dirección General de Tributos.

Y la Dirección General de Tributos pide 121 empleados públicos. En una primera fase la consejería, a través de la Dirección General de la Función Pública, traslada 39 efectivos y con posterioridad hasta un total de 80 efectivos. Y si no se han enviado más es porque la propia Dirección General de Tributos ha dicho que se paralice el proceso.

Viene aquí la diputada a decir, falsamente, que el director general de Tributos ha pedido arquitectos o ingenieros agrónomos y yo tengo que decir que eso es mentira, en los términos en que lo ha dicho, porque la peor de las mentiras son las medias verdades. ¿Qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha dicho el director general de Tributos por escrito?: "solicito preferentemente arquitectos e ingenieros agrónomos". "Preferentemente" no es "exclusivamente", ¡no lo es!, y usted ha obviado eso, que es fundamental para este debate. Ha pedido preferentemente ingenieros agrónomos o ha pedido preferentemente arquitectos y el Gobierno de Canarias decidió, por acuerdo del Consejo de Gobierno, que se podían enviar, podían adscribirse a la Dirección General de Tributos ingenieros o arquitectos del Cuerpo Superior Facultativo, sin concretar especialidades en principio. El Consejo de Gobierno hace una mención específica... No me enseñe los papeles, porque los papeles los va a ver usted aquí (Dirigiéndose a la señora Pulido García, que en ese momento le nuestra desde el escaño un documento.); sí, no me enseñe los papeles, porque los papeles los tengo y tengo el acuerdo de gobierno, y el acuerdo de gobierno faculta a los departamentos a remitir ingenieros, sean agrónomos o sean de caminos, canales y puertos, y eso es lo que hizo la Consejería de Agricultura. Esta es la realidad, y no confunda usted a los diputados, o pretenda confundirlos, cuando se hace una solicitud de preferencia con lo que es la exclusividad. El Gobierno autorizó a la Consejería de Agricultura a que pudiese remitir un ingeniero -adscribir, perdón-, un ingeniero de caminos, canales y puertos.

¡Esta es una cuestión controvertida! Usted no es jurista, y los juristas, y los juristas tenemos, sabemos que estamos ante una controversia, hasta tal punto que este señor, este funcionario, este funcionario es adscrito en el mes de junio, en el mes de junio, es adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, y el director general, pasan tres meses hasta que expresa sus dudas y la posible idoneidad o no, o inidoneidad, de que preste esas funciones de valoración. Han pasado tres meses, de junio a septiembre, y el 13 de septiembre se dirige a Función Pública y le dice: "considero que este funcionario es inidóneo".

¿Y cómo actúa la Consejería de Presidencia, cómo actúa Función Pública? Inmediatamente, el primer día hábil, no paso ni un día, ni veinticuatro horas, lo comunica inmediatamente a Agricultura y le dice a Agricultura: "mire, el director general de Tributos entiende que ese funcionario es inidóneo para hacer valoraciones". Por tanto, dice el director general de la Función Pública: "voy a revocar, voy a revocar la resolución".

Dos días después, 18 de septiembre, la Consejería de Agricultura responde y dice: "no, no estoy de acuerdo con el criterio de que sea inidóneo, hay sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que avalan que los ingenieros de caminos pueden hacer valoraciones". Por tanto, asunto controvertido, 18 de septiembre, dos días después, lo dice Agricultura.

Y entonces la Consejería de Presidencia, Dirección General de Función Pública, se encuentra con el siguiente dilema: tengo un departamento, el de Tributos, que dice que este funcionario es inidóneo, tengo otro departamento, Agricultura, que entiende que es idóneo. ¿Qué es lo sensato, qué es lo lógico, qué haría cualquier responsable político? Pues lo que hizo la Consejería de Presidencia: solicitar un informe a la Dirección General del Servicio Jurídico para que determinara la idoneidad o inidoneidad del funcionario. Y esto se hace.

El resultado es que los servicios jurídicos consideran que es inidóneo. ¿Y qué hace Función Pública? El primer día hábil que recibe el informe de los servicios jurídicos revoca, revoca, la adscripción de ese funcionario y, por tanto, vuelve a Agricultura.

Estos son los hechos, esta es la realidad. Ha sido intachable, intachable, la gestión del expediente por la Consejería de Presidencia, y el Gobierno ha actuado correctamente, todos sus departamentos, ante un asunto conflictivo. Mire, tengo un informe del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de su servicio jurídico, que acreditan que los ingenieros de caminos, canales y puertos pueden realizar esas valoraciones, hay sentencias del Tribunal Supremo que lo justifican y viene usted aquí a decir barbaridades, disparates, desde el punto de vista jurídico, porque la peor de las mentiras es decir medias verdades. No se lo voy a consentir, señora diputada, no se lo voy a... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo.)

Bueno, tendré ocasión en la segunda intervención de profundizar más en las ventajas que ha supuesto para la comunidad autónoma la utilización de este instrumento que ha creado el Gobierno de Canarias, que es muy poderoso, que es muy conveniente, que ha supuesto que hasta 131 personas, funcionarios, empleados públicos, laborales, funcionarios y laborales, hayan sido readscritos, redistribuidos, en el conjunto del Gobierno, produciendo un ahorro y una mayor productividad, porque en estos momentos de crisis hay que buscar la mejora de la productividad de los empleados públicos. Y yo quiero hoy aquí, al terminar mi primera intervención, lanzar un mensaje de apoyo a los empleados públicos, a los funcionarios públicos, que están realizando una tarea excelente en su inmensa mayoría, y que desde luego intervenciones como las que hoy estamos teniendo aquí no pueden poner en cuestión en absoluto el trabajo que viene realizando, trabajo profesional, que viene realizando la inmensa mayoría de los empleados públicos.

El señor presidente: Sí, muchas gracias.

Los grupos no solicitantes de la comparecencia. No interviene el Grupo Parlamentario Mixto.

Don Emilio Mayoral, por el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Mayoral Fernández: Señor presidente.

La verdad es que lamento que tengamos que asistir en un Parlamento al debate o a la comparecencia de un caso particular de un funcionario de la comunidad autónoma. Yo supongo que habrá miles -y en los tribunales están- de funcionarios que se sienten o maltratados o que se han equivocado con ellos y que o hacen su recurso correspondiente de reposición o van, si no es así, a los tribunales de justicia. Que un Parlamento vaya a dedicar cuarenta y cinco minutos a ver que un amigo de alguien se haya interesado y que lo traigan aquí para hacerse eco del malestar propio me parece un disparate, me parece un verdadero disparate. Y me parece un disparate además que la Mesa haya admitido que se tramite un caso como este, también tengo que decirlo aquí.

Lo que sí creo que es importante decir es que en estos momentos en los cuales sobre todo estamos hablando de una crisis, de que hay que conseguir una mayor eficiencia, una mayor productividad, no solamente en la empresa privada, que ya se aplica, sino también en la función pública, y que, por lo tanto, estemos -y yo creo que ese sí es el debate que nos interesa tener aquí- diciendo, "oiga, ¿qué podemos hacer en la Administración para conseguir que los objetivos que se plantean se puedan conseguir con los menores recursos posibles?". Todos conocemos que en muchos casos un departamento tiene funcionarios que están sobrando, mientras que en otros faltan, y normalmente se acudía al sistema de contratar nueva gente, con lo cual la masa total del funcionariado se incrementaba. Yo creo que este es un buen ejemplo, la situación de que se puedan readscribir los funcionarios de un departamento a otro en función de las necesidades que vayan surgiendo, un buen ejemplo de lo que debe hacerse en el futuro para lograr precisamente ese incremento de productividad o esa eficiencia en el trabajo de la Administración. Ha debido ser esta crisis la que nos haya puesto las pilas para que se empiecen a producir acciones de este tipo por parte del Gobierno de Canarias.

Por lo tanto, yo lo que diría, aprovechando este debate y que, en fin, que me parece que no tiene ningún sentido, es que el Gobierno debe profundizar en este tipo de actuaciones, siempre respetando, como es lógico, los derechos de los funcionarios. Y por eso en este proceso de la Dirección General de Tributos abrió un procedimiento de carácter voluntario, que luego fue un poco más allá para poder conseguir al fin el objetivo, que es defender el interés general y conseguir que los objetivos de la Administración se cumplan de cara a defender los intereses de los ciudadanos. Eso es lo que debemos nosotros perseguir, ese interés general, y no un caso particular, por muy amigo nuestro que pueda ser.

El señor presidente: Muchas gracias, don Emilio Mayoral, en primer lugar.

Quería aclararles dos cuestiones absolutamente reglamentarias: una, que es que la Mesa califica los asuntos por los derechos de los diputados, que es prioritario. Entonces la Mesa un asunto que se plantea normalmente lo califica. Quien decide lo que venga al pleno, se decide de conformidad con la Junta de Portavoces. Y el Reglamento, es verdad, que es lo que creo que ha querido decir don Emilio Mayoral, advierte de dos cuestiones: una, que asuntos de interpretación de sentencias judiciales, asuntos, en fin, en vía judicial, no proceden y asuntos personales tampoco. Por lo cual no es el asunto lo que ha venido sino que quizás son las intervenciones las que deben respetar el Reglamento por los asuntos personales. Hago esta advertencia porque me ha sido planteada y la hemos estado comentando. Entonces ni cuestiones personales ni asuntos que se refieran a sentencias judiciales. Yo lo he dicho y eso está en el Reglamento, no lo está inventando el presidente del Parlamento.

Seguimos. Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, don José Miguel Barragán.

El señor Barragán Cabrera: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, obviamente, si hubiera algún interés en saber cómo estaba la distribución de los recursos humanos de esta comunidad, intentando que el personal esté allí donde más carga hay de trabajo e intentando aprovechar esos recursos donde menos cargas hay, pues, seguramente el debate hubiera transcurrido de otra forma; o se hubieran interesado hace muchísimo tiempo de qué es lo que se estaba haciendo en la comunidad. Pero, como usted bien ha dicho, ese no era el objetivo, esa era la trampa de cómo presentar la comparecencia para hablar de lo que se ha hablado en el día de hoy.

No obstante, señor consejero, a mí sí me gustaría, en estos tres minutos que tengo, pedirle que si es posible en su segunda intervención nos diga si, cuando se hacen estas oportunidades de trasvase, hay algún proceso voluntario, de si se le da alguna oportunidad o es por imperativo de las necesidades del recurso cómo se toman todas las decisiones para saber cómo está el modus operandi en esa situación.

Y ahora hablamos de ese caso en particular, ¿no?, ese ingeniero que, por lo visto, es una lumbrera, que la comunidad autónoma lo ha machacado y que lo ha metido en una especie de almacén donde no puede trabajar y donde no puede hacer las cosas. Le han dado cobertura mediática y, como le han dado cobertura mediática, entonces viene este tema al Parlamento. Miren, siendo Isabel Tocino ministra del Ministerio de Medio Ambiente, siendo ministra -dado que ya han sacado ustedes a la persona, es decir, no les gusta, ¿no?, no les gusta sacar los papeles de las ministras del PP-, dice: como consecuencia de la situación actual del desarrollo de la obra, aconseja tomar medidas que activen la normal ejecución del contrato, a fin de conseguir el ritmo de gasto inicialmente previsto; en consecuencia, esta dirección general retira la conformidad dada en su día a la designación del citado ingeniero. Esto es en relación a las obras que se ejecutaban en el trasvase de aguas de la vertiente este a la oeste en la isla de La Palma. Y ahora les voy a leer el último, el último que nos manda en este caso el ministerio, en este caso el ministerio del señor Arias Cañete, que le dice al Gobierno, le dice: dado que se trata de la misma dirección de obras de los tres expedientes -estos son unas obras en La Gomera-, esta subdirección quiere llamar la atención a esa consejería sobre la posible conveniencia de nombrar otro equipo de dirección de obras, de las que se están ejecutando, a fin de que no se demoren y se gestionen debidamente y sin mayores sobrecostes que mengüen la posibilidad de invertir en otras infraestructuras de las islas Canarias como el convenio vigente.

Señorías, como diría cualquier otra persona, esto no lo dice el PP, esto lo dice el ministerio del PP, pero no lo dice el PP con carné del Partido Popular.

Señorías, aquí tienen ustedes a la persona que les dice a ustedes que lo están tratando mal. Las dos veces que se ha actuado ha sido por indicación de dos gobiernos del Partido Popular...

El señor presidente: Gracias.

Segundo turno, doña Maite Pulido.

(La señora Pulido García hace uso de los medios audiovisuales.)

La señora Pulido García: Gracias, presidente.

Señor Spínola, mire a la pantalla, porque la verdad es que lo que sí que yo no le voy a tolerar es que ponga en mi boca y me llame mentirosa. Lea, a ver si sabe leer: "que preferentemente tenga experiencia o conocimientos en materia tributaria y que pertenezca a alguno de los siguientes cuerpos" -escuche, señor Spínola, porque creo que no lo entiende-. Los cuerpos, "Cuerpo Superior Facultativo". ¿Qué escala?: "ingeniero agrónomo". Lo pone ahí, lo tiene usted. Esto no es mío, esto es del director general de Tributos. ¡No mienta usted, que usted sí está mintiendo, señor Spínola! No, no, está aquí. Es el mismo que tiene usted en su expediente, lo que pasa es que usted no se lo ha leído y yo sí me lo he leído. "Ingeniero agrónomo", señor Spínola, no de caminos, canales y puertos.

Y, mire, el interés general, ¿sabe cuál es el interés general?: el de los ciudadanos de Canarias. ¿Sabe que cualquier funcionario, que es apartado de su puesto de trabajo por denunciar presuntas irregularidades, por denunciar que se le está obligando a certificar en falso en la Consejería de Agricultura, ha sido desterrado a la Consejería de Hacienda? ¡Es vergonzoso, señor Spínola, que usted diga que eso es un caso particular! Eso es interés general.

Y, mire, no es amigo de nadie, por lo menos en el Partido Popular. Es posible que en un momento dado estuviera cercano a algunos consejeros de Coalición Canaria. Pero, mire, yo aquí no traigo casos de amigos sino cualquier funcionario que sea acosado laboralmente en esta comunidad autónoma y que se dirija al Grupo Popular es defendido en esta Cámara.

Mire, ¿sabe qué es interés general, señor Spínola, sabe qué es interés general? ¿Ha leído usted el informe jurídico que le hicieron para revocar esa resolución de su director general de la Función Pública?, ¿lo ha leído? Porque dice perfectamente que los actos tributarios podían haber sido declarados nulos si no llega a ser por el señor Génova, que decidió que este funcionario durante dos meses y medio estuviera mirando para el techo y contemplando las paredes y pagándole con dinero de los canarios, y sabe usted que tiene un contencioso-administrativo contra usted, también lo sabe porque ya se lo ha dicho, y eso también va a costar dinero a los canarios.

¿El requisito de idoneidad del perito le parece a usted de interés general? ¿No se ha leído ese informe jurídico que dice que tiene en el expediente? ¿Sabe lo que decía?: que se podía haber perjudicado a Hacienda y al bolsillo de los canarios.

Me habla usted de jurisprudencia. Pero ¿qué jurisprudencia, señor Spínola, si el propio director general de Tributos le está diciendo a usted "no me es útil este funcionario, no le puedo dar funciones"? O sea, yo, que le he pedido a usted que mande efectivos a la oficina de Valoración, no puedo asignarle ni una sola función a este funcionario, a pesar de la buena voluntad que manifiesta.

Mire, un ingeniero que además llevaba cuatro obras y ahora hay dos ingenieros llevando esas mismas cuatro obras. Dos ingenieros que ni siquiera pertenecen a la Consejería de Agricultura y que pertenecen al Cabildo Insular de Tenerife, que ni siquiera saben cómo pagarles las dietas. ¡Una vergüenza, señor Spínola, que usted se preste a esto!

Mire, ¿que usted actuó con premura? El 1 de junio mandan al funcionario, su departamento, su departamento, el que hace el trabajo sucio, lo manda a Hacienda; el 13 de septiembre el señor Génova, aterrorizado de ver la que se le venía encima, le pide que revoque la resolución. Esa resolución que usted hizo sin informe jurídico y que ahora, no entiendo por qué, ahora ya no le parece tan lógica y la revoca rápidamente desde que le llega, pero rápidamente significa, señor consejero, que el 16 de septiembre informa usted a Agricultura de lo que está pasando, el 18 de septiembre le contesta usted a Agricultura; vale, el 1 de octubre le llega un informe jurídico demoledor, demoledor, informe que ya usted sabía que le iba a llegar y que solo lo cogió para cubrirse las espaldas. Sí, sí, sí, señor Spínola, sí, lo sabe perfectamente. Y entonces, cuando le llega ese informe, pues, no le queda otra que devolver al fu ncionario a Agricultura, donde, por cierto, este funcionario, este funcionario, sigue sin dirigir ninguna obra. ¡Qué cosa más curiosa!

Mire, señor consejero, le voy a leer lo que dice exactamente el decreto de su compañero de partido, del alcalde de Icod de los Vinos, porque yo no miento, y usted tiene este decreto porque yo misma se lo he dado, señor Spínola. ¡Usted sí está mintiendo! Mire, "habiendo consultado el nombramiento de dicha persona para el puesto anteriormente mencionado, el director de Función Pública ha prestado su conformidad verbalmente". Usted tiene un problema en su partido: o lo tiene con el alcalde de Icod o lo tiene con el director general de Función Pública. ¿Y sabe qué le digo?: que este caso está en Fiscalía y que la funcionaria a la que le dieron la interinidad renunció, renunció. ¡Cualquiera no, con todos estos chanchullos que hacen ustedes...! ¿Y que usted venga aquí a llamarme mentirosa...? ¡Vergonzoso, vergonzoso! (Desde los escaños se hacen comentarios acerca del sonido en la sala.)

El señor presidente: ¿No se oía demasiado bien?

Venga, pues, hable un poco más retirada.

La señora Pulido García: Mire, señor Spínola, yo creo que usted debería ser honrado hoy aquí y decir que sí, que efectivamente usted está en un pacto de gobierno, que le pidieron que aceptara este conchabeo de coger a un funcionario y, como era molesto en Agricultura, mandarlo a Hacienda; que en Hacienda el señor Ortiz y el señor Génova dijeron, "¿a mí?, ¿conmigo?, no, no, no, que se encargue Spínola". Y usted se la tragó, se la tragó, y, como el sillón de don José Miguel Pérez es caro, es caro, pues, hubo que tragársela y usted le hizo el trabajo sucio al consejero de Agricultura. Es así, es que no hay más.

Y me gustaría que usted leyera el documento en el que usted está diciendo que yo miento. Sí, es una vergüenza que usted venga aquí a mentir y encima me acuse a mí de mentirosa. Léalo, léalo a la Cámara, lea las especialidades que pone aquí. Sí. La verdad que es una vergüenza que los consejeros del Gobierno de Canarias se dediquen a perseguir funcionarios por denunciar, por denunciar, que les obligan a certificar presuntamente cosas que afectan al bolsillo de los canarios y que no están bien. Eso sí es interés general, señor Spínola, eso sí es interés general.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Maite Pulido. Muchas gracias.

Señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Señor presidente. Señorías.

Llevo diez años de diputado, diez años. Nunca, nunca ¿eh?, en estos diez años había asistido a un debate de esta catadura. Se lo digo de verdad, ¿eh? Me parece lo peor de lo peor de lo peor.

Creo que es una iniciativa parlamentaria que debe dar lugar a una reflexión. En primer lugar a la Mesa, que con la mejor voluntad del mundo, con la mejor voluntad del mundo, ha aceptado una comparecencia para hablar de un asunto general, la redistribución de efectivos de la comunidad autónoma a una dirección general. Un asunto que merecería la pena discutir y que lógicamente debe y puede llevar a cabo el grupo de la Oposición respecto de una actuación concreta del Gobierno de Canarias. Pero lamentablemente eso no ha ocurrido: desde el minuto cero de la intervención de la diputada no ha hecho otra cosa que hablar de un caso particular, de un funcionario de los 60.000 que tiene la comunidad autónoma.

Y yo he empleado términos duros, y lo hago desde la seguridad que me da contar con el expediente administrativo. Yo no voy a estar aquí blandiendo papeles, voy a leer lo que el director general de Tributos le reclamó al director general de la Función Pública. Luego voy a leer el acuerdo de gobierno, donde verán ustedes como el Gobierno admite que puedan cubrirse esos puestos con ingenieros de caminos, canales y puertos. Es lo que voy a hacer, porque no puede quedar la más mínima duda en esta tribuna sobre el proceder de la Consejería de Presidencia y del resto de las consejerías afectadas, Economía y Hacienda y Agricultura.

Ese escrito, firmado el día 1 de diciembre del año 2012 por don Alberto Génova, director general, dice: "Área de valoración. El personal del área de valoración desarrollará tareas de valoración de bienes inmuebles, tanto urbanos como rústicos. Este personal ha de estar integrado por personal facultativo y por personal administrativo. El personal facultativo ha de ser preferentemente arquitecto o arquitecto técnico e ingeniero agrónomo superior o medio". Textualmente, justo corroborando lo que dije en mi primera intervención, por muchos papeles que aireen aquí.

Segundo papel. Acuerdo del Gobierno de Canarias, de fecha 24 de enero del año 2013. Estos papeles son los papeles oficiales, estos son los papeles registrados y son los papeles oficiales de los que el Gobierno responde. Acuerdo del Gobierno de Canarias del 24 de enero de 2013, por el que se aprueba la asignación de efectivos que debe aportar cada departamento u organismo autónomo para atender las necesidades de la Dirección General de Tributos. Hay una relación de hasta 55 empleados públicos que han de adscribirse a la Dirección General de Tributos, que provienen de todos los departamentos del Gobierno de Canarias. Nota aclaratoria -leo textualmente-: "técnicos facultativos". Incluye las especialidades de arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros de montes -ingenieros de montes- e ingenieros de caminos, canales y puertos, de la Escala de Ingenieros y Arquitectos. Esto es, textualmente, lo que dice el acuerdo del Gobierno. Por consiguiente, cuando el director general de la Función Pública adscribe, a propuesta de la Consejería de Agricultura, a este funcionario público a la consejería, a la Dirección General de Tributos, lo hace respaldado por un acuerdo de gobierno.

Ya expliqué antes que este es un asunto jurídicamente controvertido, que tengo informes del Colegio -¡no del Gobierno!-, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que dicen que están habilitados para hacer esa tarea; que hay sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que también lo avalan, igual que hay sentencias contradictorias. Por eso lo que había que hacer es lo que se hizo: pedir un informe al Servicio Jurídico del Gobierno, que determinó que era inidóneo para prestar esa función. Y con la mayor celeridad del mundo la consejería resolvió declarándolo inidóneo y, por tanto... (Ante los comentarios que se efectúan desde los escaños.) No, no, no, no, inmediatamente, porque tengo que recordar que cuando se dirige a la Consejería de Presidencia el director general de Tributos es el día 13 de septiembre, que es un viernes, y el lunes siguiente por la mañana, día 16, ya el director general de la Función Pública dice a Agricultura "voy a revocar el nombramiento". Y cuando se lo comunica a Agricultura, dice, "no, no procede, porque jurídicamente tenemos esta sentencia", que entiende Agricultura que puede ser idóneo. Y ante esa confrontación, como ya expliqué antes, el servicio jurídico emite un informe, que no es el día 1 de octubre, como también erróneamente vuelve a citar la diputada, no es el día 1 de octubre, es en otra fecha del mes de octubre, el día 11, cuando la Consejería de Presidencia termina por dictar la resolución, acorde con el pronunciamiento del servicio jurídico.

Por tanto, repito, conducta intachable, intachable. No voy a permitir de ninguna manera que usted venga aquí a hablar de trabajo sucio, ¡no se lo permito! Por el rigor que llevan a cabo los empleados públicos, los funcionarios de la Dirección General de la Función Pública, el director general, no se lo permito, porque es falso, porque además lo he podido demostrar, aquí y donde haga falta, aquí y donde haga falta. Sea más rigurosa, señora diputada, no se puede venir aquí con medias verdades, porque son la peor de las mentiras. ¡Ya está bien!

Ahora quería dar algunos datos que me han pedido algunos portavoces. Por ejemplo, cómo se ha llevado a cabo el proceso. Señor portavoz de Coalición Canaria, del Grupo Nacionalista Canario, el proceso se ha llevado a cabo, en primer lugar, de forma voluntaria. Se ha puesto un anuncio y se ha dicho a todos los empleados públicos que reúnan determinados requisitos que pueden acceder. ¿Quiénes, voluntariamente, quieren acceder? Se presentaron para ir a Tributos nada menos que 500 empleados públicos, 500. Muchísimos, muchísimos. Hubo una primera selección de 39, 39. Luego el Gobierno adoptó un acuerdo de 55 más. Propusieron las consejerías, se tuvo en cuenta en primer lugar la voluntariedad que mostraron los empleados públicos y, cuando no fue factible, se utilizó, se hizo de manera forzosa.

Hubo un interés especial, especial, del director general de Tributos para cubrir el Servicio de Valoración en Santa Cruz de Tenerife, con carácter urgente, y por eso se remitieron, por eso se cubrieron inmediatamente esos puestos de trabajo del Servicio de Valoración de Tenerife.

Voy a dar un dato también muy importante. Mire, en la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, que está publicada en el boletín oficial, en el Servicio de Valoraciones de Santa Cruz de Tenerife, el puesto de trabajo del jefe del Servicio de Valoraciones puede ser cubierto por -dice la RPT, vayan al boletín- por arquitectos o ingenieros. Es decir, Cuerpo Superior Facultativo, ingenieros o arquitectos. Y no discrimina, no dice que tenga que ser un ingeniero agrónomo o industrial o de montes, o cualquier otro; no, no lo dice. Es decir, que esa RPT está en vigor. Con esto lo que quiero decir es que no se sostiene de ninguna manera. Este proceso, como antes he explicado, es un proceso muy importante. Ha sido exitoso, este proceso de redistribución de efectivos ha sido muy exitoso.

Mire, ahora les voy a dar unos datos de lo que se gastaba la comunidad autónoma cuando teníamos a los registradores de la propiedad. Y ahora ya no los tenemos y, por tanto, nos hemos ahorrado todo este dinero. En el año 2009 nos costaron 12,5 millones de euros; en el año 2010, 11.758.000 euros; en el año 2011, 12.007.000 euros; en el año 2012, 10.731.000 euros. ¿Sabe cuál es el total de estos cuatro años que el Gobierno les ha pagado a los registradores de la propiedad por la gestión de estos dos impuestos?: 46 millones de euros, más de 46 millones de euros. A partir de ese momento, ¿cuánto nos cuestan? Cero. ¡Cero! Imagínense lo que eso representa, la bondad de la medida, el éxito de la medida. De eso me gustaría hablar aquí hoy, en esta Cámara, en esta comparecencia. Yo creí que íbamos a hablar de eso, yo creí que íbamos a hablar de las ventajas que supone para la comunidad autónoma haber suprimido esa encomienda a los registradores de la propiedad, pero no.

El señor presidente: Un minuto, don Paco. Un minuto, sí.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): ...del espectáculo que hemos tenido en esta lamentable, en esta lamentable tarde.

Yo creo que después de este debate, que no es el primero que tenemos, que es reiterativo, que ya en el pleno anterior hubo una pregunta, debate, por tanto, reiterativo y cansino... A mí cuando estaba ahí me recordaba mucho a las Catilinarias, sí, a las Catilinarias, cuando Cicerón le dijo a Catilina, allá por el año 63 antes de Cristo: "¿hasta cuándo, hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?"; y yo le digo hoy: "¿hasta cuándo, hasta cuándo, diputada, abusará de nuestra paciencia?", "¿dónde, dónde se detendrán los arrebatos de tu desenfrenado atrevimiento?". Eso le decía Cicerón a Catilina, lo mismo le digo... (Rumores en la sala.)

El señor presidente: Sí. Un momento, señorías, un momento, un momentito, por favor, señorías.

Quería aclarar, porque es conveniente que lo sepamos, que el señor consejero de Presidencia ha reiterado la intervención de la Mesa. Quería decirles que el escrito que presenta la señora diputada, iba con nombre propio, la Mesa le pide que lo corrija, y lo corrigió. Entonces venía a un debate general, que es el que ha habido -(Comentarios en la sala). Señorías, por favor-. Cuestión distinta es que aquí digamos que se salga de la cuestión, cosa habitual, y en la Mesa lo hemos analizado aquí en este momento, pero sobre eso tenemos que hablar en la Junta de Portavoces, porque sistemáticamente aquí se sale de la cuestión con frecuencia, todos los días.

Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir?, que la Mesa ha actuado correctamente, la Junta de Portavoces correctamente y lo demás, pues, ya el Gobierno ha explicado también este asunto.

Señorías, lo que les quiero decir es que hay asuntos en los que se bordea el Reglamento, y es evidente, y eso no lo podemos resolver aquí sobre la marcha.

Muchísimas gracias. Hasta las cinco de tarde, muchas gracias.

(Se suspende la sesión a las quince horas y tres minutos.)

(Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y cuatro minutos.)

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Buenas tardes, señorías.

Se reanuda la sesión.

Ruego guarden asiento en sus escaños.

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  • 8L/C-1248 Sobre -Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad-, sobre distribución de efectivos de la Administración General para atender necesidades de la Dirección de Tributos.


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