Diario de Sesiones 96/2013, de fecha 29/10/2013
Punto 6

· 8L/PO/P-1140 Pregunta del señor diputado don Manuel Marcos Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la decisión de recurrir el veto del Estado a la financiación a través de entidades financieras extranjeras, dirigida al señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.

El señor presidente: Señorías, pasamos a las preguntas al Gobierno. La primera, del señor diputado don Manuel Marcos Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista, al señor consejero de Economía y Hacienda.

Don Manuel Marcos.

El señor Pérez Hernández (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Señor consejero.

No existe duda alguna de que por primera vez estamos ante un gobierno que antepone la estrategia política del Partido Popular en Canarias a los intereses de esta comunidad. Al igual que cada día más aumentan las razones para que se produzca una desconfianza clara y manifiesta hacia el Gobierno de España por tales comportamientos. Se han puesto en marcha todos los mecanismos para interferir de manera arbitraria en la autonomía financiera de esta comunidad autónoma: ni facilitan los fondos, al incumplir con los preceptos del REF, con los convenios firmados, ni nos permiten buscarlos.

Señor consejero, pretenden que cuadremos el círculo. Ejercicio tras ejercicio han mermado la capacidad de ingresos de esta comunidad autónoma, el reparto del déficit es insuficiente y, sin duda ninguna, nos imponen ahora, nos impiden financiarnos de manera más ventajosa en los mercados internacionales al negarle a Canarias la posibilidad de acudir a firmar un crédito con la banca extranjera que supone un ahorro de 7,5 millones de euros mensuales a esta comunidad autónoma. En este sentido, los socialistas hemos presentado una enmienda a los Presupuestos del Estado para evitar que el Estado pueda denegar a una comunidad autónoma, que cumple, como la canaria, con el objetivo del déficit, que pueda acudir a financiarse a los mercados de forma más ventajosa.

Leía en días pasados, señor consejero, que nadie puede afirmar que la prosperidad ha regresado. Solo un cuarto del vaso, como mucho, está lleno; para la mayor parte de la gente las tres cuartas partes están vacías.

Señor consejero, como usted decía, no hay criterios objetivos para negar a Canarias, ni un solo razonamiento para negar a Canarias la posibilidad de financiarse con un crédito en condiciones más ventajosas. De ahí que le preguntemos qué ha motivado la decisión del Gobierno de recurrir el veto del Estado a que Canarias se financie con entidades extranjeras.

Muchas gracias, presidente.

El señor presidente: Muchas gracias, don Manuel Marcos.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, don Javier González Ortiz.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz) (Desde su escaño): Presidente. Señorías, buenos días a todos y a todas.

Pues son varios y graves los motivos, señor diputado: distorsión intencionada de la ley, decisión arbitraria sin fundamentar, vulneración de nuestra autonomía financiera, desviación de poder y una resolución dictada en contra del interés general. Esos son los motivos.

Por todos estos motivos, los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma formalizaron ayer la interposición del recurso contra la negativa del Estado a suscribir préstamos con la banca extranjera. Al Gobierno de Canarias no le ha quedado otra alternativa que recurrir a los tribunales después del silencio administrativo del Ministerio de Economía y Competitividad a nuestro requerimiento para que rectificara su decisión. No podemos admitir que ninguna administración, y menos la del Estado, tome decisiones contrarias al interés general, porque ir en contra de los intereses públicos de Canarias es limitar el acceso a la financiación a los bancos españoles, con peores condiciones de financiación, mientras podemos captar fondos, gracias a nuestra solvencia, en los mercados exteriores a mucho menor coste. Una factura que nos obliga a pagar unos 7,5 millones de euros más en intereses al año y que Canarias debe, por tanto, detraer de otras partidas del presupuesto.

Esta decisión del Gobierno central es, por tanto, una distorsión intencionada de la ley. Cumpliendo con todos los requisitos, se actúa en contra de lo que pretende la norma, que es facilitar la financiación a las comunidades autónomas en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, para las comunidades autónomas, que cumplimos lo que era meramente un aspecto formal, esto es, solicitar la autorización al Gobierno central para emitir deuda en moneda extranjera, se ha convertido en una negativa que, además, señorías, son incapaces de justificar. Una falta de argumentación que viene a demostrar que se está cometiendo un acto arbitrario, como así se recoge en abundante jurisprudencia. Es precisamente la motivación de una decisión administrativa lo que garantiza que se ha actuado de forma correcta y lo que permite, por tanto, conocer los criterios que la originaron. Con todo, el Gobierno central utiliza sus facultades administrativas con fines distintos a los previstos en la ley, y eso, señorías, se llama desviación de poder.

Pero al margen de esta vulneración, suficientemente grave, a la que se une el quebranto del principio de la autonomía financiera, nos encontramos con decisiones incomprensibles. Esta administración del Gobierno central no solo nos obliga a financiarnos...

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero, don Javier González Ortiz.

Don Manuel Marcos, le quedan unos segundos (El señor Pérez Hernández rehúsa intervenir).

Gracias.